La relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de ingreso se produce principalmente por dos vías: la generación de ingresos laborales directos y las políticas redistributivas que mejoran las capacidades y oportunidades que les permiten a las personas aprovechar mejor el buen desempeño económico.

El crecimiento económico es el resultado del buen funcionamiento de los diversos mercados que se traduce en mayores ingresos para quienes participan en estos. Con mayores ingresos se reduce la pobreza, se facilita el acceso a bienes y servicios y, por ende, mejora la calidad de vida y el bienestar de la población.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resolvió el 26 de junio iniciar la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos. A pesar de la fuerte oposición de los Estados Unidos y la Unión Europea, la resolución recibió 20 votos a favor de los Estados miembros en el Consejo de Derechos Humanos, mientras que 13 Estados se abstuvieron.

Esta victoria para los derechos humanos fue festejada por la Alianza para un Tratado, un grupo de redes y organizaciones en campaña por una regulación internacional vinculante para hacer frente a los abusos de derechos humanos por parte de las trasnacionales. Un llamado en este sentido fue firmado por 610 organizaciones y 400 personas de 95 países. Además, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y el Vaticano han hecho declaraciones en apoyo de la creación de un instrumento de este tipo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó la adopción de un código de conducta para las corporaciones transnacionales en los años 70 pero la idea nunca llegó a despegar debido a la oposición vigorosa del poderoso sector privado y los países industrializados. Ahora, la historia vuelve a repetirse.

La redacción de un tratado internacional que responsabilice a las compañías transnacionales por sus violaciones a los derechos humanos cobró impulso en el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas en Ginebra, que concluye este viernes 27.

"Los actores empresariales tuvieron un éxito absoluto con la implementación de estrategias de relaciones públicas que contribuyeron a presentar a las empresas comerciales como buenas ciudadanas corporativas”: Jens Martens

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la apelación de la Argentina y sostener la demanda de los acreedores que no aceptaron integrar el acuerdo alcanzado con más del 92% de los bonistas excede la cuestión particular del cumplimiento de una sentencia.

En el centro del conflicto está la tensión entre hacer prevalecer el derecho de propiedad, apoyado en las prácticas predatorias que habilita el sistema financiero, y la obligación de los Estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En este caso, un tribunal extranjero se pronuncia en favor del derecho a la propiedad de un grupo reducido de acreedores de títulos públicos con una sentencia cuyo cumplimiento estricto implicaría tomar decisiones económicas que afectarían los derechos de los habitantes de nuestro país.

Esta tensión cruza hoy uno de los debates más fuertes de la comunidad internacional sobre el modo en el que se deben alcanzar consensos que equilibren los intereses de acreedores y deudores. El análisis de la cuestión debe tener en cuenta los principios del derecho internacional público y las obligaciones de los Estados en materia de promoción y protección de derechos.

“La necesidad de un mecanismo multilateral para solucionar problemas de las deudas soberanas fue puesta de relieve durante la crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda que se desató en varios países europeos. En estos días se ha hecho dramáticamente hincapié en el hecho trágico de que un país como Argentina, que está luchando duramente para sacar a su pueblo de la pobreza, reconstruir la economía nacional destruida por dos décadas de neoliberalismo y recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales, está siendo atacado por "fondos buitre" no éticos e incluso podría verse obligado a declararse en default por una resolución sobre su deuda soberana tomada por el sistema de justicia de otro país. Esto no solo amenaza con sumergir en la pobreza a millones de argentinos, sino que incluso podría poner en riesgo a todo el sistema financiero internacional” dijo Roberto Bissio, en representación de Social Watch, durante el período extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo organizado por UNCTAD el 17 de junio de 2014 en Ginebra.