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Organizaciones sociales y políticas de Paraguay se movilizaron el 10 de diciembre en una gran marcha en el día internacional por los derechos humanos. La marcha, convocada por unas 17 organizaciones campesinas y urbanas, que participan de la construcción del Congreso Democrático del Pueblo, un frente de lucha común contra las políticas económicas del gobierno.

Las empresas deben ser cuidadosamente examinadas por su responsabilidad fiscal y su historial de derechos humanos antes de ser autorizados a utilizar el nombre y el logo de la ONU o unirse a cualquier asociación con las organizaciones internacionales, sostuvo Roberto Bissio, del Secretariado de Social Watch durante un panel sobre la gobernanza económica mundial que tuvo lugar en la ONU en Nueva York el 11 diciembre.

El ex congresista estadounidense Barney Frank, co-autor de la Ley Dodd-Frank para regular las corporaciones financieras, aprobadas después de la crisis mundial de 2008, también integró el panel y estuvo de acuerdo con muchos de los puntos planteados por las organizaciones de la sociedad civil.

En el panel también estuvieron el Embajador chileno Eduardo Gálvez, quien defendió el papel central de la ONU en la gobernanza económica mundial, un director ejecutivo del FMI, y representantes del Tesoro de Estados Unidos y de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

El sistema de AFP simplemente no permite mejorar las pensiones, que sus propios partidarios califican de “miserables”. Culpan a aportes insuficientes, la demografía y otros falsos pretextos. Sugieren retrasar la edad legal de retiro y aumentar aún más la carga de cotizaciones sobre los trabajadores activos y los subsidios fiscales,, reconociendo que ello sólo significaría inciertas mejoras en tres décadas más. Para resolver este problema hay que terminar con las AFP, mecanismo de ahorro forzoso que se apropia de la mayor parte de los aportes de los afiliados y el fisco, que hoy triplican las pensiones pagadas. Los primeros permiten mejorar las pensiones de hoy y mañana y ahorrar los segundos, reconstruyendo lo que tienen todos los países avanzados y Chile antes: un sistema de pensiones público basado en el esquema solidario o de reparto. Con ello se mejorará la distribución del ingreso y terminará uno de los abusos más irritantes heredados de la dictadura de Pinochet. Esta reforma es inevitable. La pregunta no es si se va a hacer o no, sino cuando se va a implementar. Cuanto antes mejor.

DECA Equipo Pueblo y el gobierno de la ciudad de México a través del Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal presentan un sitio web para Sistematizar Experiencias Ciudadanas de Incidencia en Política Pública.

El Toolkit Incidencia DF, es una Caja de Herramientas para sistematizar y difundir las experiencias de incidencia en políticas públicas que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han desarrollado en los últimos años en el Distrito Federal. El Proyecto se inscribe en los conceptos básicos de la incidencia en política pública, como una estrategia de las OSC, para influir en los distintos ámbitos o campos de actuación, entre los distintos órdenes de gobierno: Central o delegacional; frente a los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.

Las organizaciones de mujeres, campesinas, indígenas, pobladoras, jóvenes, redes locales  y feministas salieron a la calles el 25 de noviembre Día Internacional de la NO Violencia en contra de las Mujeres,para denunciar y exigir que cese la ola de crímenes y de violencia contra mujeres en Honduras.

Desde muy tempranas horas del día las mujeres se apostaron frente a casa de gobierno logrando evadir el cerco militar instalado para impedirles el paso, consiguiendo mediante el drama, gritos de consignas y una gran cantidad de pancartas con los rostros de diferentes mujeres asesinadas recientemente, entre ellas el de Margarita Murillo, reconocida luchadora por el derecho a la tierra, manifestar todo el repudio y rechazo a la violencia, a los femicidios y un alto a la impunidad, exigiendo a su vez al gobierno asuma compromisos para atender toda esta grave problemática.  (Cartas entregadas al Presidente de la República y al Presidente del Congreso Nacional).

El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR, por su sigla en inglés) es considerado uno de los principales logros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992. Veinte años después, este principio se ha convertido en un punto focal de las actuales negociaciones sobre el cambio climático y la agenda post-2015. Los países en desarrollo que conforman el Grupo de los 77 quieren preservar el principio sin cambios. Pero los EE.UU., la UE y otros países industrializados quieren eliminarlo en su forma actual. Argumentan que las estructuras de poder globales han cambiado. En su opinión, el intercambio equitativo de la responsabilidad debe incluir contribuciones a la protección del clima de las economías emergentes como China, India y Brasil. "Si no se logra el consenso, en 2015 no habrá ni un nuevo tratado climático global ni un programa mundial de desarrollo digno de este nombre", escribe Jens Martens, director de Global Policy Forum.

Los Principios Rectores de la ONU, aunque no son perfectos, proporcionan hasta ahora la expresión más clara de las expectativas de la comunidad internacional sobre las responsabilidades de derechos humanos de las empresas, incluidos los bancos del sector privado. La respuesta más notable del sector bancario hasta la fecha ha sido la formación, en 2011, del Grupo de Thun para discutir la implementación de los Principios, y su primer documento de debate, puesto en marcha en 2013.

Más de un año después del lanzamiento de este trabajo, y más de tres años desde el lanzamiento de los Principios Rectores, un nuevo estudio publicado por BankTrack cuyo título es “Banking with principles? Benchmarking banks against the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, intenta evaluar cómo los bancos están aplicando los Principios en sus propias operaciones, políticas y presentación de informes.

Prof. Leonor Briones.

El presupuesto suplementario de P23-millones solicitado por la oficina de Presidencia –Malacañang– está "esencialmente lleno de vacíos ", dijo Social Watch Filipinas.

El Departamento de Presupuesto y Gestión (DBM por sus siglas en inglés) dijo que el presupuesto adicional fue propuesto, en parte para la rehabilitación posterior al tifón Yolanda y también para financiar los preparativos para recibir a la Cumbre 2015 de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), pero Social Watch Filipinas dice que no hay suficientes datos sobre el desglose de los componentes del presupuesto.

La Red de ONG Árabes para el Desarrollo (ANND, por su sigla en inglés), en colaboración con Christian Aid y Social y el Monitor de Política Económica de Palestina, explora en el estudio comparativo sobre "Sistemas Tributarios en seis países árabes" de qué manera los sistemas fiscales de los países árabes han contribuido a la falta de oportunidades, las crecientes desigualdades, la marginación y la exclusión que sufre la mayoría de las personas que viven en la región árabe. Las revoluciones en algunos países de la región, la inestabilidad y las crisis en otros son, en parte, una manifestación de rechazo del pueblo a estas inherentes disparidades estructurales. Paradójicamente, como muestra el informe, son las políticas fiscales de estos países las que presentan uno de los principales medios por los cuales los recursos locales pueden ser redistribuidos y movilizados para restablecer la justicia socio-económica para los pobres y para fomentar más el desarrollo.

La energética es una de las políticas con mayor importancia para el análisis de la coherencia de políticas para el desarrollo. En el caso español explican esta importancia factores como su elevado impacto ambiental tanto en los países suministradores como en el propio territorio, sus impactos sociales y económicos, su influencia en la toma de decisiones en otras políticas, su carácter parcialmente transferido en el marco de la Unión Europea, la complejidad en la construcción de su modelo energético, su sistema de precios, su influencia en el creciente problema de la pobreza energética, o su enorme dependencia de fuentes energéticas externas y altamente contaminantes. Estos rasgos y efectos de la política energética evidencian también que se trata de un ámbito de análisis necesario, apasionante y extremadamente complejo.


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