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El plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) vence en diciembre de 2015, dentro de 17 meses, pero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya está pregonando sus limitados éxitos, aunque con cautela en su optimismo.

“La pobreza en el mundo se redujo a la mitad, cinco años antes del plazo de 2015″, señala el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el último informe de situación de los ODM publicado el lunes 7.

En 1990, casi la mitad de la población del Sur en desarrollo vivía con menos de 1,25 dólares al día.

“Esa tasa descendió a 22 por ciento en 2010, lo cual redujo el número de personas que viven en la extrema pobreza en 700 millones”, según el informe de 56 páginas sobre las ocho objetivo de desarrollo humano fijados por 189 países en el marco de la ONU, en septiembre de 2000.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó el 26 de junio una resolución histórica que inicia el proceso de creación de una ley internacional sobre las corporaciones transnacionales. La resolución fue copatrocinada por Ecuador y Sudáfrica, y contó con el apoyo de Bolivia, Cuba y Venezuela, en América Latina. China, India, Indonesia, Marruecos, Rusia y Filipinas estuvieron entre los veinte países que votaron a favor. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, lugar de origen de la mayoría de las transnacionales, votaron en contra, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú se abstuvieron.

La resolución crea un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta que el año próximo comenzará a elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule a las transnacionales, basado en la legislación sobre derechos humanos. Esta regulación no se aplicará a las empresas locales, sujetas a la legislación nacional pertinente.

La cooperación para el desarrollo sólo puede tener éxito si va acompañada de regulaciones de comercio sostenible. La clave para conseguir un desarrollo sostenible y justo es la coherencia de políticas en las naciones más ricas. Con el fin de permitir que el comercio y la cooperación se puedan complementar entre ellas, en los próximos cuatro años el ministerio va a tener que hacer equilibrios con respecto a temas clave, lo que implicará que los distintos actores involucrados jugarán un papel crucial.

La relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de ingreso se produce principalmente por dos vías: la generación de ingresos laborales directos y las políticas redistributivas que mejoran las capacidades y oportunidades que les permiten a las personas aprovechar mejor el buen desempeño económico.

El crecimiento económico es el resultado del buen funcionamiento de los diversos mercados que se traduce en mayores ingresos para quienes participan en estos. Con mayores ingresos se reduce la pobreza, se facilita el acceso a bienes y servicios y, por ende, mejora la calidad de vida y el bienestar de la población.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la apelación de la Argentina y sostener la demanda de los acreedores que no aceptaron integrar el acuerdo alcanzado con más del 92% de los bonistas excede la cuestión particular del cumplimiento de una sentencia.

En el centro del conflicto está la tensión entre hacer prevalecer el derecho de propiedad, apoyado en las prácticas predatorias que habilita el sistema financiero, y la obligación de los Estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En este caso, un tribunal extranjero se pronuncia en favor del derecho a la propiedad de un grupo reducido de acreedores de títulos públicos con una sentencia cuyo cumplimiento estricto implicaría tomar decisiones económicas que afectarían los derechos de los habitantes de nuestro país.

Esta tensión cruza hoy uno de los debates más fuertes de la comunidad internacional sobre el modo en el que se deben alcanzar consensos que equilibren los intereses de acreedores y deudores. El análisis de la cuestión debe tener en cuenta los principios del derecho internacional público y las obligaciones de los Estados en materia de promoción y protección de derechos.

“La necesidad de un mecanismo multilateral para solucionar problemas de las deudas soberanas fue puesta de relieve durante la crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda que se desató en varios países europeos. En estos días se ha hecho dramáticamente hincapié en el hecho trágico de que un país como Argentina, que está luchando duramente para sacar a su pueblo de la pobreza, reconstruir la economía nacional destruida por dos décadas de neoliberalismo y recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales, está siendo atacado por "fondos buitre" no éticos e incluso podría verse obligado a declararse en default por una resolución sobre su deuda soberana tomada por el sistema de justicia de otro país. Esto no solo amenaza con sumergir en la pobreza a millones de argentinos, sino que incluso podría poner en riesgo a todo el sistema financiero internacional” dijo Roberto Bissio, en representación de Social Watch, durante el período extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo organizado por UNCTAD el 17 de junio de 2014 en Ginebra.

Las iniciativas de leyes secundarias de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos propuestas por el Ejecutivo Federal tienen graves implicaciones para la población y el medio ambiente de nuestro país.

- La legislación prioriza la actividad petrolera y gasífera de las empresas privadas y las empresas productivas del Estado por encima de cualquier otro uso del territorio.

- El paquete de leyes presentado fragmenta y debilita la política ambiental aplicable a los proyectos de explotación de hidrocarburos.

- El Legislativo debe aprobar la iniciativa de Ley General para la prohibición de la Fractura Hidráulica y redactar leyes secundarias que sean en beneficio de la población y protejan el ambiente.

Un nuevo documento de trabajo de Global Policy Forum, publicado conjuntamente con Brot für die Welt y MISEREOR, ofrece una visión general del debate en torno a cómo crear un instrumento internacional jurídicamente vinculante para que las corporaciones transnacionales sean responsables de abusos contra los derechos humanos. El alcance llega a los primeros esfuerzos para formular el Código de Conducta de la ONU hasta la iniciativa actual de formular un tratado vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.

El documento se centra especialmente en las respuestas de las empresas transnacionales y de sus grupos de interés que llevan a las diversas iniciativas de la ONU, especifica los actores clave y sus objetivos. En este contexto, también dispone de la interacción entre las demandas del negocio y la evolución de los debates normativos a los aspectos más destacados de la ONU. Esto proporciona una indicación del grado de influencia que ejercen los agentes empresariales y su capacidad -en cooperación con algunos poderosos estados miembros- para prevenir normas internacionales vinculantes para las empresas transnacionales en la ONU.

En este artículo de INESC se analiza la importancia de la adopción de la PL 6738/2013, que destina el 20% de las vacantes en los concursos públicos para los negros. También reitera que los movimientos negros en Brasil están luchando para "destruir la opresión, ocupar espacios de poder y tratar de transformarlos. La institucionalización de estas demandas a través de leyes específicas y de políticas públicas, es la clave para superar las desigualdades raciales en Brasil. "

El peor desempeño de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se registró en el objetivo 8: la Alianza Global para el Desarrollo. Los debates sobre la agenda post 2015 ofrecen una oportunidad política para corregir ese desequilibrio. Es importante evitar ahora el mismo enfoque de los ODM.

El plan inicial o “anteproyecto” para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) omitió incorporar los mecanismos de implementación que se hacen necesarios para darle forma a los medios de apoyo internacional. En vista que era evidente que los países en desarrollo no podrían subirse a bordo, a partir de una agenda que juzgaría duramente su desempeño en progreso y mejora con ciertos indicadores cuantificables, sobre todo por carecer de los compromisos “correlativos” de apoyo financiero, para ayudar a alcanzarlos, se añadió una meta más, y esa fue el objetivo 8 de la Alianza Global.


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