2009

La crisis ha golpeado directamente a la población de Francia, del mismo modo que a la de los demás países desarrollados – donde comenzó. Los efectos más evidentes son el crecimiento del desempleo, la exclusión social y hasta los problemas de alimentación que sufren sectores de la sociedad que, no hace mucho, estaban en una situación cómoda. Además, debido a la crisis y a la incapacidad del país para crear nuevos recursos para la Ayuda para el Desarrollo, la misma se verá severamente afectada. Difícilmente Francia cumpla sus compromisos en la materia.
Las deficiencias de la economía española, que ha demorado demasiado su ajuste, han quedado de relieve. Ante el desempleo disparado y el descenso en el crédito, el Gobierno se erige en aval y garante pero no aborda los problemas fundamentales, como la fragilidad y precariedad del empleo, el acceso a la vivienda y la extensión de numerosos derechos sociales básicos. Algo similar sucede con la ayuda internacional: en tanto España solidifica su papel de país solidario, asuntos esenciales, como el calentamiento global o los subsidios agrícolas no son abordados como se debiera.
Sin constitución o parlamento que funcionen o un sistema judicial independiente, sin prensa libre ni transparencia burocrática, Eritrea, el país más militarizado del mundo, carece de los mecanismos necesarios para abordar la crisis global. La reducción de la economía mundial ha disminuido las remesas al país, mientras los precios de los alimentos y el combustible se han disparado. Eritrea necesita una transición inmediata a un sistema democrático de gobernanza que tenga el apoyo de la comunidad internacional. La ayuda humanitaria monitoreada por ONG independientes internacionales parece ser el plan de emergencia más eficaz para salvar las vidas de la población indefensa.
Dos décadas de aplicación de las recetas económicas neoliberales dejaron al país en situación muy vulnerable para enfrentar las consecuencias de la crisis económica global. El deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales, la exclusión social y laboral, la disminución del monto de las remesas y la suba de los precios de los productos básicos son algunos de los efectos devastadores que ha tenido la actual crisis. Si bien la fuerte dependencia de los Estados Unidos ha sido parte del problema; los cambios políticos en ambos países podrían hacer que esa misma dependencia propicie una salida.
La crisis en el precio de los alimentos de 2008 reveló que, debido a décadas de desatención a la agricultura, el país carece de soberanía alimentaria. Ahora, la economía egipcia comienza a sentir los impactos de la crisis global. La caída de las remesas y el regreso de emigrados amenazan a un mercado laboral mal preparado para absorberlos. El Gobierno promueve algunas medidas para alentar la inversión y reactivar la economía. Aunque muy tardías, queda por verse si estas medidas alcanzan a generar el estímulo necesario antes de que el desempleo y la falta de seguridad alimentaria lleven a un malestar social generalizado.
El año pasado el presidente Vaclav Klaus proclamó que el país estaba viviendo un muy buen momento, con “fe en el presente”. Aquella euforia se está evaporando ahora que la economía comienza a mostrar signos de debilidad. La reforma de las finanzas públicas, como la rebaja de impuestos para los más ricos y el aumento del impuesto al valor agregado de los artículos básicos, han creado nuevas cargas para los pobres. Para algunos grupos marginados, como el de los romaníes, la situación se ha vuelto tan difícil que han empezado a emigrar. Un ascpecto positivo es que el país ha hecho algún progreso – aunque insuficiente — para disminuir la brecha de género.
: La crisis económica mundial perjudicará el turismo y los negocios inmobiliarios, dos de las industrias más importantes del país, y aumentará los niveles de desempleo de los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente los inmigrantes y las mujeres. El Gobierno debería permitir los aportes de la sociedad civil, en particular de las ONG que tienen contactos estrechos con todos los sectores de la sociedad. Esto requeriría una reforma del marco legal que reglamenta las ONG, actualmente en vías de concretarse.
La sociedad costarricense ha venido asistiendo al enfrentamiento entre dos formas antagónicas de imaginar y proyectar el país. Mientras unos sectores abogan por el modelo de mercado, otros reclaman el del Estado solidario que atienda, entre otras cosas, los derechos sociales, económicos y culturales de la gente. La crisis, y las posibles formas de salida, conforman el nuevo campo en el que estas dos visiones chocan. Mientras el Gobierno propone un paquete de medidas que parece tímido y tardío, la sociedad civil apuesta a la inclusión social y productiva.
En tanto avanzan la recesión y el desempleo, se vacían los fondos de pensiones, decrecen las remuneraciones y el gobierno presiona sobre las remuneraciones a fin de descontraer la economía, los gremios y la sociedad civil plantean otras soluciones. Mientras los trabajadores ratifican su defensa de salarios, derechos, fondos y trabajo decente para todos y cada uno de los trabajadores, las ONG manifiestan la necesidad de comenzar a construir, juntos, una economía que ponga a las personas y al planeta primero.
En lugar de disminuir, la pobreza ha aumentado sensiblemente desde 1990. Los desórdenes, saqueos y destrucciones que acompañaron la rebelión que llevó al general François Bozizé al poder destruyeron el ya deteriorado tejido económico del país. El Gobierno, ahora, presenta una estrategia para reducir la pobreza que difícilmente logre cumplir con el ODM 1 de no mediar un giro inmediato y duradero hacia la paz y seguridad, y un crecimiento que, además de excepcional, favorezca a los pobres.
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