De la cooperación internacional como “bien público global”
Published on Tue, 2011-11-22 09:47
La cooperación internacional para el desarrollo “es y debe ser tratada como un bien público global” y con participación plena de la sociedad civil, según el aporte de un millar de organizaciones de América Latina y el Caribe al cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, que se celebrará la semana próxima en Busán, Corea del Sur. Lo que sigue es ese aporte regional, procesado en talleres realizados en 15 países a lo largo de tres meses enteros y sintetizados en septiembre en la capital de México y que se resume en cinco proposiciones: “1. La cooperación internacional para el desarrollo es, y debe ser tratada, como un bien público global dedicado al financiamiento del desarrollo y a la realización de los derechos humanos de todas las personas y a la superación de las desigualdades y de cualquier forma de exclusión. “2. Las organizaciones de la sociedad civil somos actoras del desarrollo y actoras políticas de los procesos de profundización de la democracia en nuestras sociedades que, cuando contamos con condiciones adecuadas en el entorno, contribuimos con nuestra acción al enriquecimiento de la agenda pública, al empoderamiento de los grupos sociales para la realización de sus derechos, al control de los bienes públicos incluidos aquellos provenientes de la cooperación internacional para el desarrollo y a la sostenibilidad de los procesos en marcha. “3. La cooperación con países de renta media debe transformarse pero debe continuar, lo que implica reconocer que la pobreza, la desigualdad y la exclusión, donde quiera que geográficamente se ubiquen son problemas que atañen a toda la humanidad y por tanto al sistema de la cooperación internacional para el desarrollo. “4. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil debe constituirse en un propósito central de los procesos de desarrollo y de la cooperación internacional para el desarrollo en su conjunto. Es crucial acordar que cualquier proyecto o acción con propósitos de desarrollo que se ejecute en un territorio, debe incluir el fortalecimiento del tejido organizativo de ese territorio como parte de sus indicadores de éxito. “5. La atención a la equidad entre los géneros y los derechos de las mujeres, incluido el fortalecimiento de sus organizaciones y redes, ha emergido como un acuerdo generalizado entre las organizaciones de la sociedad civil de la región que se ubica en el primer nivel de prioridad. Esto es tanto un mensaje para los actores públicos como para la cooperación internacional para el desarrollo y las propias organizaciones de la sociedad civil.
Mensajes a otros actores de la cooperación “A partir de nuestras deliberaciones, las organizaciones de la sociedad civil de la región instamos a los siguientes actores a considerar y debatir las siguientes recomendaciones: “A la cooperación internacional: “Honrar los compromisos hechos en el pasado y en particular profundizar la cooperación internacional para el desarrollo como expresión de solidaridad entre las naciones más que como expresión de los intereses geopolíticos o comerciales del país donante. Así mismo cumplir con los contenidos de la Declaración de París y la Agenda de Acción de Accra. “Diseñar mecanismos novedosos para la cooperación con países de renta media. Su característica desigualdad hace que la cooperación tradicional ya no sea aconsejable pero de ninguna manera eso puede significar la desaparición de la cooperación internacional para el desarrollo sino su reorientación. “Mantener, tanto en el plano declarativo como la práctica, el paso adelante dado en Accra de reconocer a las organizaciones de la sociedad civil como actores de pleno derecho en los procesos de desarrollo. Esto implica en particular garantizar la existencia de espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil y establecer un diálogo político efectivo. “Cambiar la perspectiva de la ‘seguridad’ como valor crítico en las agendas de cooperación. La desigualdad y la exclusión son también formas de violencia. “Incluir entre los criterios de prioridad y efectividad el fortalecimiento de la institucionalidad local y de las organizaciones de la sociedad civil de los territorios en los que se ejecutan programas o proyectos con apoyo de la cooperación internacional. “Recordar que la cooperación se dirige más a los Estados y a las sociedades que a los gobiernos. La práctica de cooperar sólo con aquellos países con los cuales hay afinidades ideológicopolíticas, olvidando las sociedades civiles, es una práctica inadecuada que se aleja de la noción de la cooperación como bien público. “Asumir los estándares y criterios más exigentes de transparencia, y facilitar procesos de auditoría social y evaluación de los proyectos por parte de la ciudadanía como garantía de que los recursos se inviertan de la manera más adecuada y eficiente. “Fortalecer el nivel nacional y local utilizando los sistemas nacionales y/o fortaleciendo los existentes, para los flujos financieros, técnicos, de conocimientos y de talento humano que implica la realización de un proyecto de desarrollo. Deben eliminarse todas las condicionalidades unilaterales y avanzarse hacia el reconocimiento mutuo de los marcos internacionales de derechos humanos, trabajo decente, ‘acción sin daño’, derechos de las mujeres y los niños y niñas y protección de las minorías, como parámetros para la realización de proyectos de cooperación. “En América Latina y el Caribe es crítico incorporar a los gobiernos locales y regionales como interlocutores de la cooperación internacional, tanto para convenios de cooperación descentralizada como para la cooperación Sur-Sur y triangular. “Garantizar la sostenibilidad técnica, financiera, ambiental y social de los proyectos de desarrollo. Este valor debe relevarse como una exigencia que se hacen todos los actores a sí mismos y entre sí y elevarse a la categoría de principio de efectividad. “Mantener claramente diferenciados los campos de la inversión privada y la cooperación. Las inversiones con fines de lucro están reguladas en cada país pero además deben inscribirse en marcos de respeto por los derechos humanos, trabajo decente y sostenibilidad ambiental. “A los gobiernos nacionales de América Latina y el Caribe. “En América Latina y el Caribe, la cooperación es una fuente de recursos valiosa pero complementaria y subsidiaria de los recursos nacionales, por lo que nuestra región, siendo la más inequitativa del planeta, debe avanzar, tanto en esquemas de tributación más progresivos que permitan redistribuir la riqueza y el ingreso como en invertir de manera adecuada los recursos públicos para genuinos procesos de desarrollo. “Crear espacios institucionales permanentes de diálogo tripartito (Estado, cooperantes y organizaciones de la sociedad civil) sobre los temas de la cooperación internacional para el desarrollo para enriquecer la agenda y construir las prioridades del desarrollo. “Reconocer los Principios de Estambul como marco para el trabajo y la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Esto implica además, honrar el compromiso establecido en la Agenda de Acción de Accra de crear un ambiente favorable para el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. En toda la región se hace necesario un reconocimiento explícito y público desde el más alto nivel de gobierno, a las organizaciones de la sociedad como una instancia legítima que vela por el interés público. “Profundizar las relaciones de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, potenciando a través de mecanismos de financiación pública las capacidades de estas organizaciones para la producción de bienes públicos a través de los servicios y procesos que estas impulsan. “Desarrollar políticas públicas de cooperación internacional a nivel de los Estados, con vocación de largo plazo y la promoción de las mismas a nivel territorial subnacional y local, que permitan el compromiso y participación de todos los actores del desarrollo. El cortoplacismo en el mundo de la cooperación internacional para el desarrollo es altamente nocivo. “Crear sistemas públicos de información sobre los programas y proyectos que se estén diseñando y ejecutando en los países en la línea de fomentar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos públicos para la ejecución de los proyectos de desarrollo. “Que la cooperación Sur-Sur se oriente por criterios de transparencia, responsabilidad mutua y participación ciudadana para no repetir las falencias que la cooperación tradicional ya viene corrigiendo. “Crear una nueva institucionalidad, tanto a nivel latinoamericano como mundial, que reconozca las nuevas realidades y que genere mecanismos de gobierno y control a los flujos financieros internacionales. “A los gobiernos locales y regionales “Los gobiernos locales y regionales deben asumirse como interlocutores de la cooperación internacional para proyectos de desarrollo, por su cercanía con las poblaciones y sus demandas y para que no sean sólo prioridades nacionales las que guíen esta actividad. “Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil (locales, comunitarias, territoriales) en el diseño, operación y evaluación de los proyectos territoriales, tomando en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía. “Actuar en marcos de transparencia y rendición de cuentas, que garanticen la participación de la ciudadanía, mediante mecanismos democráticos de información pública y seguimiento. “Dar continuidad a los proyectos de desarrollo que han demostrado buenos resultados. Las organizaciones de la sociedad civil del territorio suelen tener conocimiento y memoria acumulada de lo que ha funcionado de manera adecuada y que, luego de ser evaluado, merece ser mantenido. “Construir proyectos de cooperación en zonas fronterizas tanto como forma de invertir energías y sinergias mutuas para la resolución de problemas de pobreza y exclusión, como para avanzar hacia una integración regional más cercana a las necesidades de los pueblos. “A la cooperación privada. “Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil del Sur como un objetivo estratégico de desarrollo. Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe les invitan a replantear temas como se su retirada de los países de renta media, el convertirse en competencia con las organizaciones de la sociedad civil del Sur por recursos públicos locales, la necesidad de reducir los costos de transacción y, en general, a adoptar políticas institucionales para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en todo el planeta. “Desde América Latina y el Caribe hacemos un llamado a la ‘cooperación solidaria’, para ‘re-politizar’ nuestra agenda y no reducirla a la de operadores, contratistas o subcontratistas de proyectos. Es perentorio retomar discusiones centrales, como el sistema internacional requerido para avanzar hacia la sociedad más justa y sostenible que proclamamos. “Las nuevas modalidades de cooperación como la Sur-Sur, la triangular y la descentralizada requieren que se sistematice la práctica y se construya conocimiento sobre la experiencia. “Programas de alcance global con este propósito son urgentes en los días que corren. “Al sector privado. “Debe entenderse que los marcos internacionales, especialmente aquellos en donde se reconocen cuestiones cruciales como derechos humanos, igualdad de género, trabajo decente o sostenibilidad, aplican también, como pautas éticas a la actividad privada de la cooperación. “Tomar en cuenta que las donaciones del sector se constituyen también en fondos públicos con responsabilidades de transparencia y rendición de cuentas, como las tienen otros actores de la cooperación. “Entender que una sociedad civil fortalecida es un bien público que a todos y todas conviene. “A la academia. “Que se entienda a sí misma como una expresión de la sociedad civil, de la que se espera una voz independiente y que aporte desde su lugar a los temas en debate sobre la cooperación y el desarrollo y que actúe como aliada del resto de las organizaciones de la sociedad civil en múltiples sentidos. “A parlamentos y otros poderes del Estado nacional. “Asumir que la deliberación sobre las políticas de cooperación al desarrollo (como oferentes y como receptores) son más atributos de orden estatal que gubernamental, y deben ser debatidas públicamente. El debate parlamentario enriquecería este campo de las políticas públicas y mucho más si este se hiciera con participación deliberante de la sociedad civil como corresponde a un sistema democrático. “A otros actores. “Que las distintas agencias de ONU comprendan que no es buena idea competir con las organizaciones de la sociedad civil locales por recursos públicos y que el fortalecimiento de la sociedad civil de cada país es también su responsabilidad. “Que las propias organizaciones de la sociedad civil desarrollen e implementen a fondo los principios de Estambul. “Reconocer que hay diferentes grados de fortalecimiento institucional y de dificultad para la apropiación de cada principio, y construir estrategias adecuadas para cada uno. El acceso a la cooperación internacional requiere de apoyo mutuo en esta tarea. “Entender que las organizaciones de la sociedad civil no están exentas de prácticas patriarcales a su interior y que la agenda de los derechos de las mujeres debe ser un punto crítico del fortalecimiento de las mismas organizaciones de la sociedad civil. Este fortalecimiento debe ir acompañado del respeto y reconocimiento de las organizaciones de mujeres y feministas y de sus agendas. “Reconocer claros límites para acudir a fuentes de apoyo, que puedan contradecir los principios de las organizaciones contenidos en los Principios de Estambul y otras declaraciones. Es claramente mejor decir NO a fuentes de financiamiento que puedan presentar reparos éticos por su naturaleza o proveniencia. “El grupo de organizaciones de la sociedad civil que hemos estado involucrados en estos debates hemos hecho un largo e intenso recorrido. Ha sido una experiencia realmente valiosa de construcción colectiva y progresiva de conocimientos y acuerdos. Lo que sigue es convertir todo este bagaje en herramienta formativa y de movilización para avanzar en la consecución de nuestro propósito más profundo: realizar las condiciones para una vida buena para todas las personas de nuestro planeta. Más información Fuentes
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