Boletin Social Watch - Boletín 139 - 26 de julio, 2013

Pese a que existe un aparente interés por invertir en el tema del desarrollo de las mujeres, la asignación y ejecución presupuestaria a junio, demuestran lo contrario, la realidad es que hay un estancamiento e incluso algunos retrocesos en cuento a la inversión presupuestaria a las acciones contempladas en los doce ejes de trabajo de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023. El estado de Guatemala tiene que tomar las medidas pertinentes para que estos puedan ser operativizados y cumplidos como compromisos ya asumidos.

La SEPREM Y LA DEMI, continúan teniendo grandes retos como las entidades principales de abogar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres, esto debido a que hay demandas pendientes especificas para las mujeres, relacionadas con el acceso a créditos, acceso a tierra, vivienda, mortalidad materna, educación sexual, participación política, erradicación de la violencia contra las mujeres, racismo, discriminación.

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Un estudio publicado por el Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) dice que el progreso en la eliminación de la violencia contra las mujeres en Canadá se ha detenido por la ausencia de una política coherente a nivel nacional y falta de información sobre los niveles de la violencia.

"La dificultad para recopilar datos sobre la violencia contra las mujeres ha sido una barrera para progresar en ponerle fin a la violencia", dice la autora del estudio Kate McInturff, investigadora asociada de CCPA e integrante del Comité Coordinador de Social Watch. "Sin embargo, los datos que existen nos dicen claramente tres cosas: el problema es grande, tiene un costo alto, y estamos haciendo poco o ningún progreso para poner fin a la misma."

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La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Capítulo Paraguayo de la PIDHDD, presenta la investigación “Obstáculos institucionales y jurídicos para el acceso a la tierra y su regularización por parte de la población campesina”, realizada por la organización Base Investigaciones Sociales (BASE IS).

El material, realizado por un equipo de Base Investigaciones Sociales (BASE IS), organización miembro de la Codehupy, tiene el propósito de evidenciar los obstáculos de carácter jurídico e institucional con los que se encuentra la población campesina al buscar acceder a la tierra y su regularización por la vía institucional. Además, evaluar la pertinencia del marco jurídico e institucional para el acceso a la tierra, difundir casos de estudio en relación a experiencias de comunidades campesinas y la problemática de la tierra, entre otros.

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