Y usted, ¿qué fondo quiere?

En las últimas décadas el Fondo Monetario Internacional ha sido presentado ante la opinión pública latinoamericana como vampiro chupasangres, como salvador de países en bancarrota e, incluso, como aval político de última instancia sin cuyo beneplácito un candidato presidencial puede volverse demasiado riesgoso para los inversores internacionales. En la prensa, parlamentos y cafés se discute si pagar o no la deuda con la institución, si aceptar o no sus condiciones e incluso, en las últimas semanas, si comprar bonos del FMI como ha hecho el presidente brasileño Lula da Silva es una traición a los principios o una manera de independizarse de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Técnicos o politizados, amables o encendidos, estos debates han explorado todos los aspectos de la tumultuosa relación entre el FMI y América Latina menos uno: ¿Qué Fondo queremos? ¿Cómo lo reformaríamos... si pudiéramos? Esta es, precisamente, la pregunta que el FMI ha formulado a académicos, sindicalistas y activistas de organizaciones no gubernamentales, que han sido convocados a participar en un dialogo inedito, experimental pero potencialmente transformador con la institución. 

La gobernanza en cuestión, o sea el objeto del debate, es “cómo se gobierna formalmente al FMI formalmente, según su constitución, y en la práctica, o sea cómo se toman realmente las decisiones y quien influencia el resultado”.

Para asegurar la credibilidad de este proceso ante un público escéptico, el FMI confió la conducción de las consultas a Jo Marie Griesgraber de la coalición “New Rules for Global Finance”, y defensora leal de los Derechos Humanos que fue colega del asesinado ex-canciller chileno Orlando Letelier en la ONG Washington Office on Latin America.

A partir de las consultas, Griesgraber eleverá un documento con recomendaciones en Septiembre, incluyendo tanto aquellas reformas posibles a corto plazo dentro del Acuerdo actual como las de mayor aliento que requieran cambios constitucionales profundos. Ya hay, sin embargo, una base de acuerdo entre las organizaciones que han adelantado opiniones a través de Internet, que busca consagrar el principio de responsabilidad, diametralmente opuesto a la impunidad que actualmente envuelve a las actividades y funcionarios del FMI y su institución hermana, el Banco Mundial.

La responsabilidad, en opinión de las organizaciones de la sociedad civil, incluye cuatro elementos: transparencia, evaluación, participación y mecanismo de quejas.  El Fondo es una institución pública, financiada en forma pública (es decir, con el dinero de los contribuyentes) y cumple con frecuencia una función legislativa de facto, especialmente en los países miembros prestatarios. Se le deben aplicar, entonces, los mismos mecanismos parlamentarios de control que deben regir la buena gobernanza de las instituciones estatales nacionales.

Formalmente, el Convenio Constitutivo del FMI crea una organización de Estados soberanos, iguales entre sí, que funciona como una cooperativa, a la que todos contribuyen y de la que todos pueden obtener préstamos, y los que aportan más dinero reciben una proporción mayor de votos. Este régimen de jure no se da en la práctica. Las “cuotas” distribuidas por motivos políticos hace décadas no se pueden modificar por la exigencia de mayorías especiales y el poder de veto que tienen los Estados Unidos y la Unión Europea (si sus miembros votan en conjunto).

En estas condiciones, ¿qué posibilidades reales tiene una iniciativa de reforma? ¿Por qué perder tiempo en algo que no se ha logrado en seis décadas? La respuesta es que más allá del pensamiento reformista de ciertos directores de la institución, el FMI no tiene más alternativa que reformarse porque es el mundo el que ha cambiado. Para su propia sobrevivencia, el FMI necesita hoy del aporte financiero de los países excedentarios (o sea China, Brasil, Rusia y las monarquías árabes), poco proclives a contribuir sin voz ni voto. Y necesita del apoyo político del Congreso norteamericano, hoy dominado por diputados demócratas como Barney Frank, presidente del comité de apropiaciones, para quien las liberalizaciones financieras y el ajuste estructural promovidos en el último cuarto de siglo por el FMI son “una estupidez transparente”.

O sea que si el Fondo no se reforma pronto de manera convincente, la opinión finalmente triunfante puede ser aquella que en una nota al pie del documento preparatorio de la consulta, Jo Marie Griesgaber señala prolijamente como la única opinión que no ha sido tomada en cuenta: la de quienes creen que el FMI es irreformable y proponen lisa  y llanamente su cierre total.