Informe de Social Watch 2009 - Poner a trabajar las finanzas: Primero la gente

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2009
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MÁS DE SESENTA INFORMES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE TODO EL MUNDO MUESTRAN qUE LA ÚNICA SALIDA PARA LA ACTUAL CRISIS ECOLÓGICA Y ECONÓMICA ES INVERTIR EN LA GENTE.
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2009
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SOCIAL WATCH

Comité Coordinador

Emily Joy Sikazwe (Zambia) y Jens Martens (Alemania), co-presidentes. Nancy Baroni (Canadá), Leonor Briones (Filipinas), Anas El Hasnaoui (Marruecos), Javier Gómez (Bolivia), Arjun Karki (Nepal), Thida Khus (Camboya), Edward Oyugi (Kenia), Iara Pietricovsky (Brasil), Ziad Abdel Samad (Líbano), Areli Sandoval (México), Alexandra Spieldoch (Estados Unidos de América), Genoveva Tisheva (Bulgaria), Mirjam van Reisen (Unión Europea) y Roberto Bissio (Uruguay, ex officio).

El Secretariado Internacional de Social Watch se encuentra en Montevideo, Uruguay y tiene su sede en el Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

Redactor Responsable
Roberto Bissio

Editor
Amir Hamed

Producción
Ana Zeballos

Editores asociados
Karen Judd
Tina Johnson
Jon Steinberg

Asistentes de redacción
Gustavo Alzugaray
Enrique Buchichio

Equipo de Investigación en Ciencias Sociales
del Departamento de Sociología
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República
Uruguay
Gabriel Errandonea (Coordinador)
Gabriel Gómez
Daniel Umpiérrez
Ruy Blanco

Coordinadora de Cabildeo
Natalia Cardona

Campañas y comunicaciones
Jana Silverman (Coordinadora)
Agustín Fernández

Traducción
Soledad Bervejillo, Marcela Dutra, Bachir El Omari, Ana Fostik, Susana Ibarburu, Emilie Jung, Richard Manning, María Laura Mazza, Alexandra Potts, Álvaro Queiruga, Alejandra Trelles

Apoyo técnico
Arturo González

Diseño y desarrollo Web
Andrea Antelo
Ximena Pucciarelli
Ernesto Rapetti

© Copyright 2009
INSTITUTO DEL TERCER MUNDO
18 de Julio 1077/903, Montevideo 11100, Uruguay
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Fax: +598 (2) 902 0490 int. 113

Hecho posible gracias al apoyo de la Unión Europea, Oxfam Novib y la Fundación Ford.

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea, Oxfam Novib y la Fundación Ford. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y de la red Social Watch y en ningún caso debe considerarse que refleje los puntos de vista de la Unión Europea, Oxfam Novib y la Fundación Ford.

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Diagramado: FORMA ESTUDIO
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Impreso en
Gráfica Mosca

Impreso en Uruguay
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(Comisión del Papel)

ISSN: 1510-6721
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Montevideo 11000, Uruguay
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EL PROGRESO HACIA LAS METAS

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2009
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Agua y saneamiento. Se ensancha la brecha (pdf)

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Asistencia al desarrollo. Cada vez más lejos de los compromisos asumidos (pdf)

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Cómo leer las tablas de Social Watch (pdf)

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Educación. Se acentúan las diferencias (pdf)

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Información, ciencia y tecnología. El distanciamiento más acelerado (pdf)

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Notas metodológicas: tablas temáticas (pdf)

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Ratificaciones de los convenios fundamentales de la OIT (pdf)

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Ratificaciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos (pdf)

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Salud reproductiva. Marcada polarización (pdf)

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Salud. Mejora desigual (pdf)

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Seguridad alimentaria. Escenario fragmentado (pdf)

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INFORMES NACIONALES

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ALEMANIA

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2009
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La estrategia de gestión de la crisis del Gobierno alemán no incluye objetivos sociales o ecológicos. Los paquetes de estímulo y las reducciones impositivas son socialmente injustos; los despidos y el aumento de los trabajadores de tiempo parcial muestran el rostro feo de la desregulación. Aunque la AOD alemana haya aumentado y los compromisos hacia los Países Menos Adelantados (PMA) en 2009 sean más altos que nunca, todavía son insuficientes. Las declaraciones de la canciller Merkel pueden prometer un nuevo enfoque en las relaciones internacionales pero, en la práctica, las políticas de gestión de la crisis del Gobierno se han centrado en el G20.

Antes de la tormenta: los impactos sociales de la crisis financiera

Social Watch Germany
Uwe Kerkow

La estrategia de gestión de la crisis del Gobierno alemán no incluye objetivos sociales o ecológicos. Los paquetes de estímulo y las reducciones impositivas son socialmente injustos; los despidos y el aumento de los trabajadores de tiempo parcial muestran el rostro feo de la desregulación. Aunque la AOD alemana haya aumentado y los compromisos hacia los Países Menos Adelantados (PMA) en 2009 sean más altos que nunca, todavía son insuficientes. Las declaraciones de la canciller Merkel pueden prometer un nuevo enfoque en las relaciones internacionales pero, en la práctica, las políticas de gestión de la crisis del Gobierno se han centrado en el G20.

Los últimos tres años estuvieron marcados por una reducción del desempleo, pero con salarios reales estancados1. Sin embargo, cada vez está más claro que, contrariamente a las afirmaciones del Gobierno, su desregulación del mercado de trabajo no fomentó el crecimiento del empleo; el crédito debería atribuirse a una economía saneada. Ahora que el boom (financiado por el crédito) está terminando, se revela el feo rostro de la desregulación. El desempleo aumenta. Los empleos informales fueron los primeros en desaparecer: Annelie Buntenbach, integrante del Directorio Federal de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB, por su sigla en alemán), estima que hacia fines de enero de 2009, aproximadamente 120.000 trabajadores temporales ya habían sido despedidos2.

Las cifras oficiales del desempleo también aumentan, aunque todavía no son alarmantes. Según la Agencia Federal de Empleo, en enero de 2009 el desempleo se redujo en 170.000 comparado con el año anterior. Sin embargo, la tasa de desempleo, que se ajusta cada temporada, comenzaba a subir, mientras que la cantidad de puestos vacantes caía en picada3. El director de la agencia, Frank-Jürgen Weise, está preocupado porque el número de desempleados podría subir de los 3,4 millones actuales a casi 4 millones antes de fines de 2009.

La verdadera oleada, sin embargo, ha ocurrido en el trabajo de media jornada. Solamente en febrero de 2009 más de 16.900 empresas presentaron solicitudes para cambiar a 700.000 trabajadores a tiempo parcial por motivos económicos; esto es, 648.800 más que el año anterior. Los trabajadores afectados sólo reciben sueldo por las horas que trabajan, pero también reciben un complemento de trabajo parcial subsidiado por el Estado durante un período determinado, que recientemente se extendió a 18 meses. Es así que reciben dos tercios de sus ingresos normales sin perder sus empleos, al menos al principio4. A pesar de estos subsidios, está claro que la crisis económica y financiera perjudicará la asistencia social de varios millones de personas en Alemania.

La respuesta del Gobierno

Las medidas del Gobierno para aliviar la crisis incluyen lo siguiente:

  • EUR 480 mil millones reservados para un Fondo especial de Estabilización de los Mercados Financieros, para rescatar a los bancos en problemas. EUR 80 mil millones adicionales están disponibles para la recapitalización y absorción de los activos tóxicos.
  • EUR 100 mil millones para garantías de liquidez y facilidades de crédito/préstamos para la industria, con fuerte énfasis en la industria automovilística.
  • EUR 11 mil millones para un primer paquete de estímulo (Konjunkturpaket I), que ofrece deducciones fiscales y brinda financiación para proyectos de infraestructura, especialmente para el transporte.
  • EUR 50 mil millones para un segundo paquete de estímulo (Konjunkturpaket II). Además de una asignación familiar suplementaria por única vez, conocida como el Kinderbonus, e inversiones en infraestructura, este paquete incluye reducciones de impuestos y un “premio de desecho” de EUR 2.500 que reciben por su viejo automóvil las personas que compran uno nuevo.

 

Las cifras de las asignaciones de estímulo económico de los ministerios involucrados en algunos casos son mucho más altas que las mencionadas arriba. Por ejemplo, en noviembre de 2008 los Ministerios de Economía y Tecnología y de Hacienda anunciaron que el primer paquete de estímulo económico costaría un total de EUR 32 mil millones hasta 2010. Sin embargo, el Gobierno vierte entre 9 y10 veces más dinero en efectivo en la deuda privada (el “rescate”) que lo que gasta para promover la actividad económica. Dado que estos paquetes también incluyen deducciones fiscales, es probable que las inversiones con efecto directo en la economía sean relativamente pequeñas. En efecto, según algunos cálculos, el segundo paquete de estímulo probablemente sólo aportará EUR 9 mil millones anuales de inversión adicional5 – no lo suficiente, sin duda, como para romper el cuello de botella de la inversión pública. Sólo para ponerse en línea con el promedio europeo, Alemania debería gastar EUR 25 mil millones adicionales – y el énfasis puesto en construcción de carreteras, el “premio de desecho” por los autos y la renovación de los cuarteles militares no inspiran mucha confianza.

No sólo las deducciones de impuestos socavarán el impacto de los programas de estímulo; también son socialmente injustos, como indican los siguientes ejemplos:

1. Según cálculos de la DGB, se supone que las municipalidades reciben EUR 11.510 millones de los dos paquetes de estímulo económico. Sin embargo, las deducciones impositivas implementadas al mismo tiempo reducirán los presupuestos municipales en EUR 6 mil millones. “Al final, ni siquiera se dispondrá de la mitad de la cantidad prometida (...) Es discutible si esto realmente puede salvar empleos”, dice la DGB6.

2. Las deducciones impositivas para los hogares que se estructuran son también socialmente injustas. Los asalariados con ingresos anuales de hasta EUR 10.000 recibirán deducciones que suman EUR 150 millones, mientras que los que cuentan con ingresos anuales por encima de EUR 53.000 conseguirán casi 10 veces más. Según las conclusiones de un estudio, “Además del aumento del nivel de subsistencia para los niños de familias de ingresos bajos con el Kinderbonus (...), no se incluyeron otras medidas”7.   

Esta tendencia depresiva se verá reforzada por el “freno a la deuda” presentado al Parlamento alemán, cuyo objetivo es limitar los préstamos anuales netos a 0,35% del ingreso nacional bruto (INB)8. Los críticos auguran que las políticas de austeridad impuestas al sector social continuarán sin tregua debido al masivo rescate bancario. Hendrik Auhagen, integrante del Consejo de Coordinación de ATTAC Alemania, ha advertido que la “deuda pública que sirve a los intereses de los bancos y corporaciones, las deducciones impositivas a los más ricos, más el freno a la deuda en el futuro, establecen el curso hacia un nuevo desmantelamiento del estado benefactor (...) hacia una masiva pobreza y cada vez más delitos”9.

Política de desarrollo

La AOD alemana aumentó de USD 9 mil millones en 2007 a USD 13.910 millones en 2008. En términos absolutos, Alemania es el segundo donante de AOD más grande del mundo. Sin embargo, si la AOD se mide como porcentaje del producto nacional bruto (PNB), su 0,38% coloca al país en el puesto 14 entre las principales naciones donantes. También es significativo que en 2008 cerca de una quinta parte de la AOD alemana se destinó al alivio de la deuda. No obstante, el presupuesto de AOD 2009 contiene algunas buenas noticias: la cifra comprometida para los países menos adelantados (PMA) es más alta que nunca antes: EUR 827 millones (USD 1.090 millones); esto constituye más de la mitad de los compromisos de ayuda total del país.

Como parte del segundo paquete de estímulo económico, el Gobierno realizó una asignación extra-presupuestaria de EUR 100 millones (USD 132 millones) al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo a fin de “apoyar” proyectos de infraestructura del Banco Mundial10. La Asociación Alemana de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (VENRO, por su sigla en alemán) aplaudió esto como un avance en la dirección correcta, pero consideró que este “paquete de estímulo económico para países en desarrollo” es inadecuado: “Los más pobres entre los pobres están siendo engañados con caridad a pesar de ser los que han recibido los impactos más fuertes de la crisis”, objetó Claudia Warning, presidenta del Directorio de VENRO11. La ministra de Desarrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, sostuvo que “el plan financiero para el período 2008-2012 incluye más medidas para estimular el crecimiento”12, pero las posibilidades de cumplir esa promesa parecen pocas. Para alcanzar el objetivo de la Unión Europea para gastos del desarrollo equivalentes a 0,51% del PNB en 2010, Alemania tendría que aumentar su AOD a EUR 13.100 millones (USD 17.330 millones)13.

¿Un nuevo enfoque en las relaciones internacionales?

La canciller Angela Merkel causó alguna inquietud con su reciente propuesta de crear un Consejo Económico Mundial en el marco de las Naciones Unidas. “El G20 es un paso adelante, por supuesto, pero es cierto que no representa un panorama completo del mundo”, declaró en una conferencia del partido de Unión Demócrata Cristiana en diciembre de 2008. “Estoy firmemente convencida de que necesitamos un consejo económico mundial para tratar las cuestiones económicas, como tenemos (...) el Consejo de Seguridad de la ONU”14. La Canciller Merkel continuó en esa línea en la cumbre financiera del G20 en febrero de 2009 reclamando una “carta de gobernanza económica sostenible” mundial que establecería los principios de una futura arquitectura financiera mundial.

Está por verse qué tan seria es la canciller sobre estas iniciativas. Hasta ahora, las políticas de gestión de la crisis del Gobierno siguen estando firmemente enfocadas en el G20.

1 Social Watch Alemania ha decidido enfocar el informe de este año en las respuestas de política económica a la crisis sistémica ya que ahí es donde el impacto social es más evidente en Alemania.

2 Ver.

3 Ver.

4 Ver.

5  Junge Welt. Ver: <www.jungewelt.de/2009/02-07/023.php>.

6 Ver: <www.dgb.de/themen/themen_a_z/abisz_doks/k/klartext05_2009.pdf/view?showdesc=1>.

7 Junge Welt, op. cit.

8 Ver: <de.wikipedia.org/wiki/Schuldenbremse_(Deutschland)>. Consultado el 27 de febrero de 2009.

9 Ver: <www.attac.de/aktuell/presse/detailsicht/datum/2009/02/13/schuldenbremse-steuersenkungen-demontage-des-sozialstaats/?cHash=fe6adf2d10>.

10 Regierungserklärung zum Stand der Millenniumsentwicklungsziele 2015 und zu den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Entwicklungsländer [Declaración del Gobierno sobre la situación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 y los impactos de la crisis económica y financiera en los países en desarrollo], 29 de enero de 2009. Disponible en: <www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/Presse/20090129_Regierungserklaerung.pdf>.

11 Ver: <www.venro.org/404.html>.

12 Ver: <www.bmz.de/de/zahlen/deutscherbeitrag/index.html>. Consultado el 27 de febrero de 2009.

13 Ver: <www.tdh.de/content/materialen/download/download_wrapper.php?id=294>.

14 Ver.

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ARGELIA

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2009
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La principal vulnerabilidad de la economía de Argelia es su fuerte dependencia de la producción y exportación de hidrocarburos, un sector fuertemente desarrollado en el país. El sector financiero, mientras tanto, ha mostrado un notorio retraso y desconexión con respecto a las finanzas globales. Paradójicamente, este retraso ha evitado que los impactos de la crisis financiera internacional llegaran a través del sistema bancario, que se harán sentir, de todos modos, a la hora de importar bienes y servicios.

Fuera del sistema pero, ¿a salvo de la crisis?

Equipo de investigadores dirigidos por Selougha Kamel
Asociación para el Desarrollo Social EL-Amel

La principal vulnerabilidad de la economía de Argelia es su fuerte dependencia de la producción y exportación de hidrocarburos, un sector fuertemente desarrollado en el país. El sector financiero, mientras tanto, ha mostrado un notorio retraso y desconexión con respecto a las finanzas globales. Paradójicamente, este retraso ha evitado que los impactos de la crisis financiera internacional llegaran a través del sistema bancario, que se harán sentir, de todos modos, a la hora de importar bienes y servicios.

Las dificultades en los mercados financieros de Estados Unidos durante el verano de 2007 se transformaron en una verdadera crisis financiera mundial en el otoño de 2008. Los mercados del crédito se redujeron, los bursátiles cayeron y la insolvencia amenazó al conjunto del sistema financiero internacional. Directa o indirectamente, cada país del mundo, incluido Argelia, ha sentido el impacto.

El presidente argelino hace parcialmente responsable de la crisis a la ausencia de reglas y al debilitamiento de los esfuerzos por sanear el entorno económico, abandonado a las leyes de los mercados.

Al poner de manifiesto las trampas financieras y económicas a ser evitadas, la crisis financiera global debería comportar una lección para Argelia. Las directivas del Gobierno, ya por previsión, ya dictadas por otros parámetros, han protegido el interés nacional y limitado la exposición de la economía argelina a los peligrosos desajustes que la imposición del neoliberalismo ha generado en el sistema financiero mundial.

 Esta determinación es, parcialmente, resultado de la riqueza petrolera del país, sostén principal de su economía. De acuerdo al ministro de energía y minería – y actual presidente en funciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – Chakib Khelil, el mercado petrolero ha conocido una evolución espectacular, cuya volatilidad es un dato estructural que se explica por la actividad de los especuladores1. El precio del barril a la altura de poco más de USD 140 en julio de 2008 y, desde entonces, se derrumbó, para situarse a USD 59 hoy. La media anual tolerada hasta el 4 de noviembre fue de USD 103,56, contra USD 65 en 2007. El precio del barril argelino para 2008 fue de USD 108,28, contra USD 71,13 en 2007.

 Como indica la tabla de abajo, la economía argelina está bien posicionada para hacer frente a la crisis financiera y económica global, al menos durante los próximos dos años, debido a su escasa exposición a los mercados financieros internacionales, una gestión prudente de las reservas de cambio (el porcentaje de rendimiento realizado alcanzó un 4.6% en 2007), el ahorro de una parte de las adiciones presupuestarias (20% del PIB por término medio anual para los años 2005-2007) y la prioridad otorgada a la financiación interna de la economía (en dinares, la moneda nacional) debido al exceso estructural de liquidez.

La necesidad de reformas

El intento de transferir las operaciones de los bancos Crédito Popular  y Banco de Desarrollo Local a establecimientos financieros extranjeros – estadounidenses o franceses – no prosperó porque, después de un breve debate “intragubernamental”, las autoridades decidieron que el país no estaba preparado para ello. En la medida en que la economía ha sido liberalizada y privatizada, los beneficios que habían sido anticipados no se materializaron2
En septiembre de 2008 Sid Saïd, dirigente de la Unión General de los Trabajadores Argelinos, anunció que el Gobierno se retractaba en lo atinente a la política del “todo puede ser privatizable”. Una serie de empresas públicas, 220 exactamente, destinadas inicialmente a una operación de privatización que solo esperaba la aplicación de las medidas reglamentarias, fueron al final retiradas de la lista de las que debían venderse.

Además, el consejo interministerial de enero de 2008, relativo al tratamiento de los créditos de los bancos y al saneamiento financiero de las empresas económicas públicas, condonó las deudas contraídas por empresas viables. El Gobierno ha encargado de la supervisión y seguimiento de estas medidas de saneamiento a un Grupo de Trabajo interministerial (Finanzas-Industria y promoción de las inversiones-PYME).

Revitalización rural

Gracias al natural crecimiento promedio de la población de 1,62%  anual (considerablemente superior al ya alto 1,48% de 2000) el número de habitantes del país aumentó en 4,6 millones entre julio de 1998 y julio de 2007. A fines de 2010, la población alcanzará los 35,7 millones.  Para alimentar esta joven y creciente población, Argelia necesita más comida.

Sobre una biomasa de 600.000 toneladas, Argelia puede pescar hasta 220.000 toneladas al año pero, por falta de medios materiales, la cantidad no sobrepasa hoy las 170.0003.

Con una balanza comercial agrícola deficitaria, el país es uno de los diez mayores importadores de comida del mundo. El valor de estas importaciones supera el cuarto del total de las importaciones del país. Hay tres grupos principales de productos: cereales y derivados (40% del valor total de las importaciones agrícolas), leche y productos lácteos (14,3%), aceites y grasas (10,5%)4.

El país importó cereales y derivados, medicamentos, leche y productos lácteos por USD 2.600 millones en el primer semestre de 2008, y algo más de USD 2.000 millones en 2007. La inflación media alcanzó un 4,9% durante el primer semestre de 2008, esencialmente gracias al aumento de 9,2% en los precios de los bienes alimentarios, que situó la inflación anual, entre junio de 2007 y junio de 2008, en 2,5%. En un intento por moderar la volatilidad de precios, el Gobierno lanzó un sistema regulatorio en julio de 2008. Desde entonces, han sido almacenadas unas 51.700 toneladas de papas.

En las zonas rurales, donde vive parte importante de la población, el Gobierno lanzó un plan de apoyo a la renovación rural que se basa en las siguientes acciones:

· la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, rehabilitando y modernizando los pueblos y los ksours (aldeas bereberes que se extienden a lo largo de los oasis)
 
· la diversificación de las actividades económicas en el medio rural por la mejora de las rentas, al tiempo que se protegen y valorizan los recursos naturales y patrimonios rurales materiales e inmateriales.

· el refuerzo de las capacidades humanas a través de asistencia técnica. La casi totalidad de las explotaciones agrícolas son privadas, a pesar de la diversidad de las formas de propiedad. Las producciones de cereales en seco y la cría extensiva de pequeños rumiantes prevalecen. Durante estos últimos años, han crecido las producciones cuyos valores añadidos son más elevados, tales como frutas y cultivo de huerta. A excepción del tomate industrial y el aceite de oliva, los cultivos industriales siguen siendo marginales.

En otro esfuerzo por estimular la revitalización rural, el Gobierno ha iniciado más de 5.000 proyectos de proximidad en el marco del desarrollo rural de conformidad con el programa de apoyo al renacimiento rural. Estos proyectos afectan a más de dos millones de hogares, lo que representa cerca de ocho millones de personas.

El Plan Nacional de autopistas elaborado por el Ministerio de Obras Públicas incluye una red de carreteras 1.216 km de largo de este-oeste que garantizará la conexión entre Annaba y Tlemcen- Esto beneficiará directamente a 24 wilayas (provincias) y generará 100.000 empleos en fase de trabajos. El proyecto está programado para comenzar en 20095.

Conclusión:

Desde hace al menos una década, dos hechos han venido impactando fuertemente en la economía y las finanzas del país. Uno es la política de hidrocarburos que permitió un desarrollo del potencial de los recursos del país, así como un aumento correlativo del nivel de capacidades de producción (la producción de petróleo pasó de 0,9 millones de barriles diarios en 2000 a 1,4 millones en 2008, de los cuales 1,2 millones se exportan6. El otro es el apoyo sin precedentes del Estado a los bancos públicos (2,6% del PIB promedio anual para el período 1991-2002 y 1,7% para los años 2005-2006), dentro de un contexto de reformas monetarias y financieras7. Estas dos políticas generaron un masivo incremento en el nivel de reservas de cambio, una acumulación de recursos de los fondos de regulación de los ingresos, un excedente de liquidez en los bancos y un bajo nivel de deuda externa.

1 Chakib Khelil, ministro de energía y minería, presidente de la OPEP, en el foro del diario El-Moudjahid, 3 de marzo de 2009.

2 Ver: Mohamed Gacem. “Crise financière mondiale: Vers un recadrage des réformes“. <Disponible en>. 

3 Ver: <jijelli.com/htdocs/modules/news/article.php?storyid=905>.

4 Conferencia de Alto Nivel sobre Agua para Agricultura y Energía en África: los desafíos del cambio climático. El caso argelino. Sirte, Libia, 15-17 de diciembre de 2008.

5 Ver: <www.mtp.gov.dz/autoroute%20est-ouest.htm>.

6 Ver: <www.lemaghrebdz.com/lire.php?id=13393>.

7 Intervención del Prof. Farid Yaici: “Los efectos de la crisis en la economía argelina”. Jornada de estudios realizada en colaboración con el Ministerio de Industria y la promoción de  inversiones. 

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BAHREIN

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2009
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Aunque la economía de Bahrein está creciendo, y también el ingreso per cápita. Sin embargo, si bien cada vez hay más millonarios, la clase media se achica y la clase baja se empobrece. Aumentan las confrontaciones y tensiones entre los grupos empobrecidos y las fuerzas de seguridad. Es necesario elaborar con urgencia una estrategia que proteja a la sociedad de los impactos negativos de la globalización.

BAHREIN

El impacto de la globalización en el pueblo bahreiní

Social Watch Bahrein1

Aunque la economía de Bahrein está creciendo, y también el  ingreso per cápita. Sin embargo, si bien cada vez hay más millonarios, la clase media se achica  y la clase baja se empobrece. Aumentan las confrontaciones y tensiones entre los grupos empobrecidos y las fuerzas de seguridad. Es necesario elaborar con urgencia una estrategia que proteja a la sociedad de los impactos negativos de la globalización.

Bahrein tradicionalmente ha tenido una economía abierta al comercio,  a las inversiones y al  intercambio de bienes. Desde su independencia en 1971, el país ha sido una plaza financiera para los bancos internacionales e instituciones financieras, empresas conjuntas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y un punto de tránsito para el comercio y los bienes de consumo. Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1997, ha eliminado barreras al comercio y las inversiones y al movimiento de mano de obra. Bahrein firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que facilita el comercio, las inversiones y el movimiento de mano de obra entre los dos países. Como miembro del CCG, negocia con la Unión Europea (UE) el establecimiento de un TLC y recientemente fue el anfitrión de una conferencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y del CCG que debatió las perspectivas de concluir un TLC entre ambos grupos económicos.

Como en muchos otros países, en Bahrein la globalización ha influido tanto de forma positiva como negativa. El presente informe se centrará en el impacto de la globalización en el bienestar de los residentes bahreiníes, analizándolo desde diversos ángulos:

1. Liberalización de la economía: El Gobierno ha tenido como propósito constante la liberalización de la economía, lo que significa cada vez menos participación estatal en la gestión económica. Inevitablemente esto llevó a que el Estado abandonara la prestación de ciertos servicios esenciales que  antes brindaba a sus ciudadanos. También abrió el mercado a la libre competencia entre empresas nacionales y extranjeras. Además, la reducción de las restricciones para los residentes extranjeros tuvo como resultado que éstos ocuparan puestos de trabajo anteriormente restringidos a los bahreiníes, como por ejemplo, asesores legales y auditores.

2. Privatización: A fin de acompasar la globalización y estar en condiciones de competir en un mercado abierto, el Gobierno recurrió a la privatización de varias instituciones y servicios estatales, entre ellos, la electricidad y el transporte público. Además, ha aumentado la cantidad de sectores abiertos al control privado, como la educación, la atención de la salud, diversos servicios municipales, la administración portuaria y el transporte aéreo.

3. Vivienda: El Gobierno levantó progresivamente las restricciones que prohibían la adquisición de bienes inmuebles por parte de residentes extranjeros en Bahrein, sobre todo para ciudadanos del CCG, lo que llevó a un aumento de la propiedad de tierras y bienes inmuebles en barrios residenciales. Los bahreiníes, ahora, se encuentran en desventaja en términos de poder adquisitivo frente a otros ciudadanos del CCG. Esto generó una aguda crisis de vivienda: la demanda de viviendas subsidiadas por el Estado supera la oferta; actualmente hay una lista de espera de aproximadamente 60.000 solicitudes. Como resultado, muchas familias se han visto obligadas a mudarse con otros parientes, en viviendas mal equipadas para albergar superpoblación.

4. Empleo: Debido al escaso control del flujo de trabajadores extranjeros, especialmente de mano de obra barata, los bahreiníes que buscan trabajo se encuentran en una posición débil para competir por empleos que requieren habilidades y antecedentes académicos específicos. Los trabajadores extranjeros también están más dispuestos a aceptar salarios inferiores y condiciones de trabajo más duras. Por tanto, a pesar del aumento de las oportunidades de empleo generado por una economía en alza, el desempleo crece entre los ciudadanos bahreiníes, sobre todo entre las mujeres y las personas con antecedentes educativos que no se adaptan bien a los nuevos empleos (por ejemplo, artes liberales o sociología).

5. Inflación: La tasa de inflación aumenta constantemente: en los últimos años, excedió el 7% anual. No hubo ningún aumento simultáneo de salarios que fuera sustancial, sobre todo del sector público. En vista de esto, el Parlamento acordó en diciembre de 2008 dar un aguinaldo/bono anual de BHD 50 (USD 133) a las familias bahreiníes, por los próximos dos años. Sin embargo, ese monto hace poco para aliviar el impacto de la inflación sobre la mayoría de los trabajadores, incluyendo a los residentes extranjeros de ingresos bajos que están en la misma situación, con salarios que quedan rezagados respecto de la inflación. Aumenta la disparidad entre una minoría con ingresos muy altos y una mayoría con ingresos muy bajos. Hay algunas familias bahreiníes que viven con BHD 120 por mes (USD 319). Aunque el Gobierno niegue la existencia de este tipo de pobreza relativa, ha sido identificada por investigadores independientes, así como por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)2.

6. Cambio del entramado social: El aumento constante de trabajadores extranjeros, provenientes sobre todo de Asia, durante la década pasada llevó a la población extranjera, del 37% del total en 2001, al 50% en 2007, alterando así el entramado de la sociedad. Los trabajadores extranjeros tienden a vivir en campos de trabajo, aislados de las comunidades locales, en áreas abandonadas de la ciudad y en pequeños grupos adyacentes a las comunidades locales. En general, no se integran a la vida pública, las actividades sociales o las ONG. La mayoría viven solos, sin familia, lo que es visto como una desviación de la norma social y ha causado fricciones entre las dos comunidades, sobre todo las adyacentes. Es común que su inferior nivel de vida y carencia de vida social generen un ambiente propicio a los delitos, especialmente ataques sexuales, robo con allanamiento, robo y abusos/asaltos físicos. Las precarias condiciones de vida, el maltrato de los patrones, como por ejemplo la retención del salario, a menudo durante meses, han llevado a muchos trabajadores extranjeros al suicidio, debido a que se encuentran endeudados e incapaces de enviar dinero a sus familias en los países de origen.

Conclusión

A pesar de que la economía bahreiní está en auge, con una alta tasa de crecimiento e ingresos per cápita crecientes, las ventajas de la globalización no se han extendido a la población en su conjunto. Aumenta la cantidad de millonarios, la clase media se encoge y la clase baja se empobrece. El país ha sido testigo de repetidas confrontaciones y tensiones entre las comunidades empobrecidas y las fuerzas de seguridad, sobre todo en los pueblos. Debido a ello, el Banco Mundial ha bajado la clasificación de Bahrein en cuanto a estabilidad política3. Es necesario elaborar una estrategia que proteja a la sociedad de los impactos negativos de la globalización.

 

1 La Coalición Social Watch Bahrein está integrada por Transparencia Bahrain, Sociedad de Derechos Humanos de Bahrain, Sociedad para el Renacimiento de la Mujer Bahrainí, Sociedad de Mujeres Awal, Sociedad de Sociólogos.

2 El Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD da a Bahrein 0,88 puntos en el Índice de Desarrollo Humano, a pesar de un impresionante ingreso per cápita de USD 20.800.

3 El informe Governance Matters 2009: Worldwide Governance Indicators, 1996-2008 del Banco Mundial muestra que la posición de Bahrein subió por encima de .50 sólo en 2003, para luego disminuir en forma constante hasta 2007, y aumentar levemente en 2008 a .36. Disponible en: <info.worldbank.org/governance/wg/pdf>.

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Region: 
left

BANGLADESH

Publication_year: 
2009
Summary: 
En Bangladesh han crecido la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. El alto precio de los granos y la alta inflación empujaron a la pobreza a 12,1 millones de personas más. Las catástrofes son más frecuentes y severas. Dos inundaciones consecutivas, más el Ciclón Sidr, junto con los precios mundiales de los alimentos provocaron problemas de suministro alimentario. Los más pobres y los hogares de jefatura femenina son los más afectados por la suba de precios de los productos básicos.

Más pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria

Unnayan Shamannay
Taifur Rahman
Arifur Rahman

En Bangladesh han crecido la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. El alto precio de los granos y la alta inflación empujaron a la pobreza a 12,1 millones de personas más. Las catástrofes son más frecuentes y severas. Dos inundaciones consecutivas, más el Ciclón Sidr, junto con los precios mundiales de los alimentos provocaron problemas de suministro alimentario. Los más pobres y los hogares de jefatura femenina son los más afectados por la suba de precios de los productos básicos.

Desde su independencia en 1971, Bangladesh ha llevado adelante una estrategia de desarrollo enfocada hacia lo interno, con una excesiva intervención del gobierno en cada aspecto de la actividad económica. Con una visión de la agricultura de tipo socialista, se alentó el cultivo cooperativo, mientras el gobierno controlaba la obtención y la distribución de semillas, fertilizantes, pesticidas y todo tipo de equipos agrícolas. Para proteger las granjas familiares de la competencia se establecieron diversas medidas, restricciones cuantitativas, tasas tarifarias muy diferenciadas (en un rango de 0% a 400%) y enormes subsidios, junto con un tipo de cambio supervalorado. Este ambiente restrictivo se vio reforzado por intervenciones políticas del mercado interno, en la forma de topes de crédito, licenciamiento arbitrario y control de precios.

Estas políticas no causaron ni un aumento sostenido de la producción ni eficacia productiva; al contrario, con el paso de los años se amplió la brecha entre la demanda y el suministro de productos agrícolas. Buscando una salida a la crisis de los años 1980, el país optó por un cambio de política: se apartó del dirigismo estatal y aplicó medidas más orientadas por el mercado, que se tradujeron en políticas sectoriales de apoyo a la liberalización macroeconómica. Las medidas de reforma adoptadas incluyeron la racionalización de las tarifas, la liberalización de la inversión en la irrigación, la privatización del comercio de fertilizantes, las importaciones de maquinaria agrícola, la entrega de semillas y los sistemas de distribución de alimentos, así como la gestión de los sistemas de investigación y extensión agrícolas. Además, las reformas en la agricultura condujeron a una disminución del papel del gobierno que se reflejó en la distribución de bienes, la reducción de subsidios, la liberalización de mercados con incentivos de precios de los productores, la eliminación y reducción gradual del sistema público de distribución de granos, la estabilización de los precios mediante políticas de compras con licitaciones abiertas y la liberalización de las importaciones de granos por el sector privado.

Los esfuerzos de liberalización no se limitaron a la agricultura. Toda la economía comenzó a experimentar una liberalización integral, en particular después de principios de los años 1990, en lo que fue una de los procesos de apertura más rápidos del mundo. Aunque algunos reclaman que fue demasiado rápido, el Banco Mundial observó: “Aunque la liberalización comercial en Bangladesh ocurrió de golpe, se han visto compromisos más fuertes y decisivos con la liberalización comercial en la mayoría del resto del mundo. Como resultado, está rezagado en la mayor parte de las medidas de apertura comercial. Incluso después de reducir la protección nominal en el presupuesto del año fiscal 2007, Bangladesh tiene el nivel más alto de protección comercial en la región que, a su vez, es la región comercialmente más restrictiva del mundo” 1.

A pesar de la creciente presión a favor de una mayor liberalización, deben evaluarse también los resultados de las medidas de liberalización pasadas. ¿Se benefició el pueblo del proceso de liberalización o los únicos beneficiarios fueron algunas gigantes multinacionales en expansión? Una de las consecuencias principales de las reformas integrales ha sido el aumento de la dependencia de las importaciones, incluyendo la de productos agrícolas. Por consiguiente, a pesar de ser una nación agrícola, el país ha estado perdiendo el control de los precios de muchos productos básicos que las personas necesitan diariamente.

El impacto de las crisis globales

El diagrama ilustra el impacto causado por las crisis mundiales interrelacionadas – cambio climático, precios de las materias primas y crisis económicas y financieras – en la pobreza y la inseguridad alimentaria en Bangladesh.

Cambio climático. Bangladesh encabeza la lista de países más afectados por el cambio climático. Uno de los más recientes que el país enfrenta es el aumento de la frecuencia y severidad de las catástrofes. El ciclón Sidr, que golpeó el cinturón costero de Bangladesh en 2007, fue uno de los desastres más devastadores en la historia del país y causó una pérdida enorme en recursos naturales y, lo que es más importante, contribuyó a una de las escaseces de alimentos más graves desde la hambruna de 1974. Esto coincidió con la suba de los precios mundiales de los alimentos y las materias primas y una escasez sin precedentes del suministro de alimentos en todo el mundo.

El ciclón Sidr y su impacto sobre la seguridad alimentaria constituyen solo un ejemplo de los muchos problemas que enfrenta el país como resultado del cambio climático. Los cambios en los patrones y temperaturas estacionales tienen un impacto negativo en la producción agrícola y en los costos de producción2. Por una parte Bangladesh lucha para producir los alimentos necesarios y, por otra, los precios de los alimentos siguen siendo altos debido al aumento de los costos de producción.

El cambio climático afecta en particular a algunos sectores pobres, que ahora están consideradas también como “las zonas calientes del cambio climático”. Los pobres y los indigentes que viven en esas zonas ecológicamente vulnerables enfrentan una realidad cada vez más difícil debido a los patrones cambiantes de la naturaleza. Por ejemplo, en la región noroeste del país la severidad de la erosión de los suelos causada por el flujo de los ríos ha aumentado considerablemente, haciendo aún más vulnerables a la pobreza y el hambre a los habitantes pobres de la zona. Del mismo modo, en las cuencas de agua del nordeste, los patrones de avance y retroceso del agua han cambiado y tienen un impacto negativo significativo en la producción de alimentos y la agricultura.

Precios de los alimentos. Además de la pérdida masiva de la producción nacional en 2007 y 2008 después de dos inundaciones devastadoras y el ciclón Sidr, otro factor contribuyente fue la suba mundial de los precios de los alimentos y las materias primas. La tasa de inflación de los alimentos para los pobres fue mucho más alta, superando el 20% a fines de 2007. La tabla 1 presenta las tasas oficiales de inflación de los alimentos, incluyendo la tasa total y la estimada para la canasta de alimentos de la línea de pobreza. Vale la pena mencionar que, aunque las abundantes cosechas de 2008 y 2009 produjeron un aumento del suministro de alimentos y que, debido al control cuidadoso del Gobierno, los precios de los alimentos, en particular del arroz y el aceite comestible bajaron considerablemente, el problema sigue siendo la distribución. El nivel de inseguridad alimentaria en los hogares más pobres, en especial en las áreas ecológicamente vulnerables, no se ha solucionado. Además, los altos costos de producción redujeron el margen de ganancia de los agricultores. Un estudio del grupo de expertos del Centro para el Diálogo Político (CDP) con sede en Dhaka, indica que el 48,5% de la población no tiene suficiente dinero para comprar productos alimenticios básicos como el arroz, en comparación con el 40% en 20053. El informe del CDP destaca que, “a consecuencia de los precios altos de los granos y el nivel alto de la inflación general, unos 12,1 millones de personas más (8,5% de la población total) se volvieron pobres, entre enero de 2005 y marzo de 2008”.

Inflación. Desde fines de 2007, la tasa de inflación, que había sido prácticamente invisible durante la década anterior, alcanzó los dos dígitos – llegando al 11,21% en noviembre, según la Oficina de Estadística de Bangladesh. La carga de la inflación recayó desproporcionadamente en los sectores más pobres de la sociedad. Algunos estudios muestran que los más pobres y los hogares de jefatura femenina fueron los más golpeados por la suba de precios de los bienes esenciales4.

El resultado concreto de todo lo expuesto es que podría haber aumentado la pobreza extrema, la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. Se teme que la tasa de pobreza extrema pueda haber aumentado en términos reales, agravada por la constante inseguridad alimentaria, sobre todo en las zonas de pobreza y vulnerabilidad extremas.

1 Banco Mundial. Bangladesh: Strategy for Sustained Growth. Bangladesh Development Series, 2007.

2 Parlamento Europeo (2008). “Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh”. Disponible en: <www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195>.

3 Ver: <www.idsa.in/publications/stratcomments/AnandKumar300708.htm>.

4 UNICEF (2009). “A Matter of Magnitude. The Impact of the Economic Crisis on Women and Children in South Asia”. Disponible en: <www.unicef.org/rosa/Complete_Matter_of_Magnitude.pdf>.

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Region: 
left

BENIN

Publication_year: 
2009
Summary: 
La múltiple crisis ha tenido variado impacto sobre la productividad y economía beninesas, volviendo mayor la vulnerabilidad de las poblaciones, en particular las más pobres. La sociedad civil ha colaborado como socio y enlace del gobierno en la promoción de medidas de combate a la crisis, al tiempo que promueve, entre otras, la revolución verde, la universalización de la alimentación escolar, la inversión en investigación agrícola y sobre cambio climático, así como sobre transferencia de tecnología.

La sociedad civil a la vanguardia

SW Benin

La múltiple crisis ha tenido variado impacto sobre la productividad y economía beninesas, volviendo mayor la vulnerabilidad de las poblaciones, en particular las más pobres.  La sociedad civil ha colaborado como socio y enlace del gobierno en la promoción de medidas de combate a la crisis, al tiempo que promueve, entre otras,  la revolución verde, la universalización de la alimentación escolar, la inversión en investigación agrícola y sobre cambio climático, así como sobre transferencia de tecnología.

La crisis múltiple ha tenido variado impacto sobre la productividad y economía beninesas, volviendo mayor la vulnerabilidad de pueblos y aldeas, en particular, las más pobres. Ya se han reducido los márgenes de maniobra y podrían reducirse los recursos para la financiación de pequeñas y medianas empresas, la ayuda pública al desarrollo y los flujos de inversiones extranjeras directas.

El Presidente Yayi Boni, banquero de profesión, manifestó su indignación cuando el saliente presidente de Estados Unidos, George Bush buscó suprimir la crisis financiera en los Estados Unidos poniendo a disposición de los grandes bancos estadounidenses en quiebra USD 710.000 millones, medida imitada por Europa, que para lo mismo ha dispuesto más de EUR 1,3 billones (USD 1,7 billones). Boni se preguntó de dónde Bush podría sacar ese dinero y declaró que, al fin y al cabo, son los países pobres los que van a terminar pagando los costos de la crisis. Reclamó una mejor gobernanza mundial y una reforma de las Naciones Unidas que incluya dos asientos para África en su Consejo de Seguridad.

Crisis financiera y alimentaria
En Benín la canasta familiar ya no está surtida, el transporte rural de los productos alimenticios hacia las ciudades se ha vuelto infrecuente y el coste de los materiales para la construcción aumentó. Varias obras, se han detenido, entre ellas las del Estado, que ha tenido que hacer uso de su poder para adquirir los materiales de construcción y seguir con las obras más importantes, en detrimento de los de las poblaciones rurales – en particular, las más pobres. Estas poblaciones se han visto obligadas a agotar sus recursos económicos y no cuentan con capacidad de invertir en la educación y la salud de sus familias.

El alza en el costo del barril de petróleo, el desarrollo de los agro-combustibles y la especulación internacional condujeron al mundo entero, y especialmente a África, a una crisis sin precedentes en 2008. Benín fue afectado por un alza generalizada de los precios de los productos de primera necesidad que, por ejemplo en el producto de mayor consumo, el maíz, llegó a un 220%. La actual crisis se hace sentir incluso más, en particular por una escalada en los precios y por la escasez de los productos locales. La baja productividad agrícola y la creciente demanda condujeron a la sobrepuja de los productos alimenticios locales y a dificultar la llegada de alimentos a los hogares, sobre todo a los más vulnerables.

Las medidas del Estado

Como en 2008, el Gobierno ha respondido por medio de desgravaciones fiscales y la constitución, por parte de la Oficina Nacional para la Seguridad Alimentaria, de un stock tapón (stock temporal, utilizado como margen de reserva). Estas medidas permitieron reabsorber en algo los efectos de la crisis en 2008, si bien, por sobre todo, enriquecieron a los comerciantes, quienes siguieron vendiendo caro y lograron importantes beneficios que cargaron sobre las espaldas de los consumidores y del Estado.
 
Del mismo modo, procedió a la supresión del IVA y a la subvención de algunos productos alimenticios (25% por ejemplo para el arroz, la leche y el azúcar), a la institución del control de los precios, a una campaña de sensibilización sobre toda la extensión del territorio nacional, a la instauración de tiendas-testigo por parte de la Oficina Nacional para la Seguridad Alimentaria en los 77 municipios del país, y a la creación de un Comité nacional de gestión de la carestía de la vida, descentralizado en Comités departamentales y comunales. El país fue favorecido, además, por importantes subvenciones de cereales (arroz y maíz) y azúcar que venían de Libia y países del Golfo.

A pesar de estas medidas, los consumidores más pobres y más vulnerables siguen teniendo gran dificultad para acceder a los alimentos, sin recibir reales beneficios de las subvenciones. Los Comités establecidos funcionan muy poco a causa de la no disponibilidad de los recursos financieros prometidos por el Estado cuando fueran instalados. Para el largo plazo, se elaboraron y se aplicaron dos programas: el Programa Urgente de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, con un costo total de unos USD 128 millones y el Programa de Diversificación Agrícola por la Valorización de los Valles estimado USD 20,5 millones.

 

El papel de la sociedad civil

Las campañas de interpelación del Gobierno con respecto a la carestía de vida fueron organizadas a través de las organizaciones de la sociedad civil. Las asociaciones del consumidor acompañaron al Estado en una supervisión estratégica permanente sobre la evolución de los precios y ayudaron a elaborar propuestas a través de su participación en los trabajos de los comités de gestión de la carestía de la vida, la publicación de comunicados de prensa y la organización de ruedas de prensa.

Crisis energética

El alza en el precio del barril ha llevado a que las poblaciones, ya acostumbradas al uso de combustible “kpayo” (adulterado), incrementaran su consumo. Hay una muy escasa frecuentación de las estaciones oficiales de productos derivados del petróleo, lo que redunda en una reducción de los ingresos del Estado.
 
Por otra parte, en 2002 los resultados del censo general de la población y el hábitat (RGPH-3) pusieron de manifiesto que apenas algo más de uno de cada 5 hogares (22,4%) tiene acceso a una fuente pública de electricidad, por lo que el alumbrado a petróleo sigue prevaleciendo en un 77% de los hogares.  Al respecto, todo parece indicar que Benín no ha aprendido ninguna lección de la crisis anterior. Después de haber hecho la vista gorda durante un año, esperando que la solución viniera del exterior – en particular la interconexión entre la Transmission Company of Nigeria y la Comunidad Eléctrica de Benín – el país por fin se comprometió a comprar turbinas a gas, algo que tarda en convertirse en realidad.

Entre tanto, las actividades de la población en general se han visto paralizadas, y en particular las de industrias y microempresas, lo que redunda, entre otras cosas, en el alza del precio del cemento, la interrupción en la distribución de agua potable, la avería repetida de los aparatos (electrodomésticos, informáticos etc.) en los poblados, la imposibilidad de los empresarios de honrar sus compromisos frente a las instituciones financieras y la reducción del rendimiento en las administraciones ya sean públicas o privadas.

Durante mucho tiempo el Estado subvencionó los precios del petróleo, hasta que se declaró “desarmado” por el peso de esta subvención sobre el presupuesto. Tras la caída del costo del barril del petróleo, el Estado renunció a ganancias para desalentar la venta informal del  kpayo, que causa múltiples males a las poblaciones.

En respuesta a los compromisos de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), en las conferencias cumbre, de diciembre de 2001 y enero de 2002, para instituir un sistema de intercambio de energía eléctrica que atendiera la creciente demanda de la región, los estados miembros crearon el Proyecto de Interconexión Eléctrica 330kV Ghana-Togo-Benín. El mismo, que requiere una enorme inversión financiera, está pensado para favorecer la comercialización de la electricidad, mejorar su suministro, ayudar a reducir los costos de producción y a colmar el déficit en las centrales hidroeléctricas durante los períodos de sequía.

Por otra parte, en el marco de la Estrategia de la Creciente de la Reducción de la Pobreza (SCRP), el Gobierno inició reformas en el sector de la electricidad que deberían a largo plazo aumentar la eficacia de su gestión para permitir una distribución satisfactoria en calidad y en cantidad. Por otra parte concedió ventajas fiscales a los operadores privados para incitarles a dotarse con unidades de producción de la Sociedad Beninesa de Energía Eléctrica (SBEE).

Crisis climática

La crisis climática se manifiesta en Benín por una mayor variación de las precipitaciones, una disminución de la pluviosidad en relación a la media anual (15% hasta 2025) en el noroeste del país, mayor recurrencia de fenómenos extremos, como fuertes lluvias y tormentas, acortamiento de la duración temporada lluviosa, retraso e irregularidad del comienzo de precipitaciones, aumento a largo plazo de la temperatura media (+1 a +2 hasta el final del siglo XXI). Esto compromete la agricultura, los recursos acuíferos, los ecosistemas lacustres del bajo-Benín, el litoral y los parques y reservas naturales del país. Las tres cuartas partes de la ciudad de Grand-Popo ya se encuentran sumergidas en el mar. La capital Cotonou, al este del Puerto, se encuentra  en plena erosión. Se proyectan escenarios, para 2035-2050, en los que la erosión alcanzará los 40 cm.
 
Además, se prevén impactos en la biodiversisdad: una sensible disminución de las precipitaciones al norte del 8º paralelo habrá de modificar sensiblemente el ritmo de recambio de las capas (reducción de 20% al 40%), y la sobreexplotación de las reservas de agua de la meseta de Calavi, que va a aumentar la intrusión salina.

Las proyecciones prevén que, para 2025, un 52% de los benineses vivirán en las ciudades (hoy lo hace el 37%). Es necesario, desde ya, reconsiderar los medios de transporte urbano y el consumo de energía, para volverlos menos contaminantes. Por otra parte, el cambio climático tendrá repercusión directa en la producción rural. Se anticipa que el rendimiento del arroz bajará un 25% y el de la judía de vara un 15%, en tanto que el ñame, alimento básico de Benín central, aumentaría en un 4% para 2050. En este escenario, entre el 50% y 60% de las poblaciones del Benín meridional estarían sumidas en inseguridad alimentaria en tanto en la zona central del país entre un 25,9% y un 33%.

En términos de estrategias para una adaptación al cambio climático en la explotación duradera de las cuencas vertientes al Norte Occidental, el Gobierno, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, inició el proyecto-piloto del ProCGRN. Los ejes de intervención de este proyecto son los siguientes:

  • Sensibilización de los destinatarios finales sobre los cambios climáticos, los efectos sobre sus condiciones de vida y sobre las medidas de adaptación.
  • Gestión íntegra de las cuencas vertientes para una reducción de la erosión y una mejor infiltración del agua.
  • Mejora de la disponibilidad en agua potable y de recursos hidráulicos para la agricultura.
  • Difusión de los resultados conseguidos.

Por otra parte, Benín elaboró su Programa de Acción Nacional para la Adaptación (PANA) al cambio climático. En la aplicación de las actividades previstas en el programa, el país ya se benefició de USD 3.100 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. En el marco de la 15ª reunión del grupo de expertos de los Países Menos Avanzados (PMA) de marzo de 2009 se discutió sobre cambio climático y se buscó garantizar el éxito de la aplicación de las medidas prioritarias, inmediatas y urgentes contenidas en los PANAs al cambio climático. Se constató entonces que, a diciembre de 2008, 39 de los 48 PMA habían terminado la elaboración de su PANA pero, hasta entonces, solamente Bután había comenzado la aplicación de su primera medida de adaptación. Esto muestra la dificultad y la complejidad de aplicación de las medidas prioritarias de adaptación. Según el Ministro beninés de medio ambiente y protección de la naturaleza, Justin Adanmayi, uno de los puntos críticos en la aplicación del PANA es el acceso a los recursos del fondo PMA y la movilización de las financiaciones complementarias necesarias, en particular, la contrapartida nacional para garantizar la realización in situ de las actividades de adaptación.

La sociedad civil ha realizado campañas de sensibilización en distintas poblaciones respecto a la degradación de las formaciones de manglares que reducen considerablemente la productividad de las lagunas y amenazan su ecosistema.

Recomendaciones

Crisis alimentaria

  • Hacer frente, a corto plazo, a las necesidades alimentarias urgentes para prevenir la desnutrición.
  • Hacer efectiva la revolución verde en Benín con el fin de duplicar los rendimientos agrícolas, reforzar el crecimiento económico y combatir el hambre.
  • Aplicar programas de alimentación escolar a nivel nacional, por medio de productos alimenticios producidos localmente y procurar que la necesidad de micronutrientes sea cubierta, por medio de programas nacionales de nutrición.
  • Invertir mucho más en investigación agrícola, en particular en lo que refiere a cultivos y ganadería de alto rendimiento, a las técnicas de producción agrícola duradera, al control del agua, así como también a las repercusiones previsibles del cambio climático.
  • Promover la producción, transformación y consumo de los alimentos locales ricos.
  • Hacer económicamente activas a las poblaciones desfavorecidas a través de los AGR [por su sigla en francés, Actividades Generadoras de Ingreso] y el desarrollo de las micro-finanzas.

Crisis climática

  • Reforzar las capacidades de los protagonistas y responsables a niveles nacionales, departamentales y comunales.
  •  Integrar la problemática de cambio climático en las estrategias y planes de acción a distintos niveles.
  • Integrar el tema del cambio climático en los currículos de enseñanza primarios, secundarios y superiores.
  • Apoyar a las ONG,  verdaderas socias-enlace entre las estructuras gubernamentales y las comunidades de base.
  • Iniciar investigaciones profundas en temas de transferencia de tecnología y de la valorización de los conocimientos locales para la adaptación a los efectos perversos del cambio climático.
1 Ver: <www.togocity.com/article.php3?id_article=3138>.
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Region: 
left

BIRMANIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Gobernada por una Junta Militar, la población birmana vive en crisis perpetuas, ya sea económicas, políticas, alimentarias o ambientales. Éstas se han combinado para crear una situación de pobreza extrema, falta de derechos básicos y condiciones sociales cada vez más deterioradas. Las organizaciones populares, que pueden constituir una parte de la sociedad civil en el futuro, tienen muy poco desarrollo y están prohibidas o perseguidas por el Gobierno. Los derechos se reservan sólo para la élite militar y sus aliados, mientras que los ciudadanos más vulnerables sufren la crisis y los desastres de manera desproporcionada.

Muchas crisis sin respuestas

Burma Lawyers’ Council

Gobernada por una Junta Militar, la población birmana vive en crisis perpetuas, ya sea económicas, políticas, alimentarias o ambientales. Éstas se han combinado para crear una situación de pobreza extrema, falta de derechos básicos y condiciones sociales cada vez más deterioradas. Las organizaciones populares, que pueden constituir una parte de la sociedad civil en el futuro, tienen muy poco desarrollo y están prohibidas o perseguidas por el Gobierno. Los derechos se reservan sólo para la élite militar y sus aliados, mientras que los ciudadanos más vulnerables sufren la crisis y los desastres de manera desproporcionada.

Como resultado de 47 años de políticas desacertadas, opresión y corrupción del Consejo de Desarrollo y Paz Estatal gobernante (CDPE), las crisis mundiales actuales, que afectan a los mercados financieros, la disponibilidad de bienes básicos y el ambiente, han golpeado a los birmanos más rápida y duramente que a otros pueblos alrededor del mundo.

A fines de 2006, con un ingreso anual per cápita situado en cerca de USD 300, el costo de los bienes alimentarios básicos aumentó entre 30% y 40% – una amenaza tremenda para las personas que gastan 70% de sus ingresos en alimentos1. En agosto de 2007, el Gobierno redujo los subsidios al combustible, lo que se tradujo en aumentos del precio de la gasolina. Muchas personas ni siquiera podían ir a trabajar. Al aumentar el precio de los bienes básicos otras cuatro a cinco veces, estallaron por todo el país protestas pacíficas lideradas por los monjes budistas y los vestigios de la sociedad civil birmana. En respuesta, el Gobierno tomó medidas extremas y brutales, disparando contra muchedumbres desarmadas y saqueando monasterios por la noche. Casi 2.000 civiles se convirtieron en presos políticos2. Los participantes recibieron largas condenas de prisión.

Luego, en mayo de 2008, el Gobierno no advirtió sobre el advenimiento inminente del ciclón Nargis, que golpeó el Delta del Irrawaddy con fuerza devastadora. Aproximadamente 140.000 personas murieron, mientras que el desastre afectó directamente a por lo menos 3,4 millones. El Gobierno negó la entrada a los trabajadores de ayuda en las regiones más devastadas y cerró los campos para ciudadanos desplazados, obligándolos a volver a las zonas afectadas por la inundación sin alimentos, agua, refugio o asistencia médica3. El CDPE también embaló de nuevo los paquetes de ayuda externa para hacerlos parecer como si el Gobierno fuera el donante. Amnistía Internacional expresó preocupación de que el Gobierno estuviera usando el sufrimiento de sus ciudadanos a consecuencia del ciclón para aumentar su control y ampliar el alcance de sus programas de trabajo obligatorios entre una población carente de recursos para satisfacer sus necesidades más básicas4.

En el mismo mes, el Gobierno llevó a cabo un referéndum muy desacreditado sobre la nueva constitución, aprovechando el desplazamiento de las víctimas del ciclón. Muchas de ellas no pudieron votar el 10 de mayo (el día previsto originalmente para la votación) ni en la votación adicional que tuvo lugar el 24 de mayo bajo pretexto de tener en cuenta a los votantes desplazados. También se informa que hubo funcionarios del Gobierno que cambiaron paquetes de ayuda externa por votos y trabajo5. Las crisis mundiales actuales: financiera, ambiental y alimentaria intensificaron las privaciones que los birmanos ya sufrían. Sin embargo, ante esta situación extrema, el CDPE no ha mostrado ninguna intención de cambiar sus políticas ni su sistema de gobernanza.

La crisis financiera

Por mucho tiempo Birmania ha sufrido crisis financieras internas. La inflación de los precios de los bienes básicos, incluyendo los alimentos y el combustible, llevó a protestas generalizadas porque las personas ya no podían pagar siquiera esos bienes y porque el aumento de precios se tradujo en pérdidas de trabajo. Además, la crisis del crédito afectó indirectamente a los trabajadores por la disminución de la inversión en industrias domésticas. Prácticamente no existe el mercado de crédito para los consumidores o pequeños comerciantes. En realidad, el desarrollo de una economía de libre mercado en el país es un mito y el derecho de desarrollar industrias está reservado para la Junta gobernante, sus familias y sus aliados6.

Además, el mal uso que hace el CDPE de los fondos nacionales, con el fin de aumentar los gastos militares, sigue teniendo consecuencias graves para los más pobres y desamparados. El Gobierno fue incapaz de apoyar a sus ciudadanos después del ciclón sin una ayuda externa significativa, pero gasta casi la mitad de su presupuesto en los militares.

La crisis financiera mundial ha empeorado la realidad económica del país. Las industrias de la pesca, minería, vestimenta, alimentos y publicitaria, por ejemplo, han sufrido las consecuencias7. Los birmanos que viven en el exterior también tienen problemas económicos y no pueden enviar tanto dinero a sus familias como lo hacían antes. En los países desarrollados, la demanda por los bienes de fábricas donde trabajan los emigrantes birmanos ha disminuido, por lo que se redujo la disponibilidad de empleos para los trabajadores migrantes y, además, aumentaron los abusos de los empleadores que intentan maximizar sus márgenes de ganancia8.

La crisis ambiental

La degradación ambiental va en aumento, en tanto el CDPE pone en venta los derechos de recursos nacionales, tanto minerales como biológicos. Los países vecinos de Birmania, con la aquiescencia del Gobierno, explotan los recursos naturales del país sin prestar atención a las consecuencias ambientales y culturales. Actualmente, en el estado de Kachin, los madereros chinos extraen la madera sin considerar los impactos a corto o largo plazo, sin emplear a trabajadores birmanos y sin brindar estímulo alguno a la economía local9. Del mismo modo y por largo tiempo, el CDPE ha vendido los derechos a las ricas reservas minerales de Birmania, incluyendo oro y gemas, sin ningún tipo de supervisión de los efectos sobre el medioambiente.

Durante las dos décadas pasadas, Birmania ha tenido una de las tasas más altas de deforestación, con una pérdida de cerca del 20% de sus bosques10. Esto ocurre a pesar de las advertencias de daños ambientales generalizados cuando el desarrollo no toma en consideración la interdependencia de los ecosistemas11. Actualmente se están proyectando y construyendo varias grandes represas en los principales ríos birmanos, por parte de corporaciones y gobiernos de China, India y Tailandia que amenazan la biodiversidad del país12. Los beneficios financieros van a parar a los jefes militares, mientras la población sufre los daños.

La crisis alimentaria

La crisis alimentaria mundial ha afectado directamente a Birmania, cuya población ha sufrido durante décadas una crisis alimentaria localizada, doméstica, con una reducción dramática de la ingesta proteica13. Mientras Birmania es técnicamente un país con “superávit alimentario” porque produce más alimentos de los que consume, los inadecuados planes de distribución han dejado a la población severamente desnutrida – el 32% de los niños tiene insuficiencia ponderal14. La mayor parte de la población está en grave riesgo de sufrir escasez de alimentos cuando los desastres naturales y los incidentes ambientales son mal manejados; ejemplo de esto fueron las secuelas de ciclón Nargis. Recientemente, en el estado de Chin, una plaga de ratas puso a 100.000 personas en riesgo de inanición y, aún así, el Gobierno no proporcionó ayuda alguna15.

Crisis en la educación

La financiación para la educación, tanto como porcentaje del PIB como en cifras absolutas, ocupa el lugar más bajo a nivel mundial con un mero 1,2% del PIB16. A nivel nacional, sólo cerca de un tercio de los estudiantes que entran en la escuela primaria o secundaria completa el plan de estudios17

Crisis política

Por encima de todos los otros factores está el desmembrado sistema político. El CDPE y sus dictadores predecesores se han negado a permitir una transición verdadera a la democracia, a pesar de la decadencia aguda del país desde que los militares tomaron el poder. Los “Siete Pasos hacia la Democracia” del régimen son vistos en general como un camino de siete pasos al atrincheramiento militar permanente. Entre otros temas, la nueva constitución refuerza el control ilimitado de los militares sobre las operaciones del gobierno, no asegura una judicatura independiente y carece de protecciones significativas a los derechos humanos18. Varios grupos políticos prominentes, como la Liga Nacional para la Democracia (LND), el Nuevo Partido del Estado de Mon, el Frente Democrático Nacional de Mon y la Organización por la Independencia de Kachin, se negaron a participar en el referéndum constitucional. Varios grupos de oposición claves, liderados por la LND, planean boicotear las próximas elecciones de 2010.

Además, entre los militares se está gestando una crisis potencial entre el CDPE y el Ejército Unido del Estado de Wa (EUEW), que controla parte del estado de Shan. Aunque los grupos acordaron un alto el fuego en 1989, el EUEW rechazó la orden de desarmarse y transformarse en una milicia controlada por el Gobierno. El EUEW ha estado imprimiendo documentos oficiales como “Gobierno del Estado de Wa, Región Autónoma Especial, Unión de Myanmar”, y ha declarado que no entregará las armas ni participará en las elecciones de 2010 a menos que le concedan este estatus19.

El CDPE continúa arrestando y deteniendo a cualquiera que se atreva a criticar la política del gobierno, un claro indicador de su falta de voluntad para permitir cambios significativos en la esfera política. El año pasado, prolongaron el arresto domiciliario de Daw Aung Suu San Kyi, Premio Nóbel y líder democráticamente elegida. El popular cómico y comentarista social Zaganar fue condenado a 45 años de prisión por criticar la respuesta del Gobierno frente al ciclón Nargis. Actualmente, hay aproximadamente 2.100 presos políticos20.

La sociedad civil bajo sospecha

En tiempos de crisis, las organizaciones de la sociedad civil son cruciales para brindar ayuda y una voz alternativa que contribuya a solucionar los problemas nacionales más apremiantes. En Birmania, sin embargo, dichas organizaciones tienen muy poco desarrollo, y están prohibidas o perseguidas por el CDPE. Los grupos prominentes que tienen permiso para existir simplemente sirven de apoyo a los militares. Por ejemplo, la Cuadrilla Auxiliar de Bomberos sirve principalmente como una fuerza antidisturbios. Asimismo, los grupos de mujeres con el visto bueno del Gobierno promueven la política gubernamental en vez de cabildear para cambiarla. Aunque existen algunas organizaciones comunitarias, deben recibir permiso del Gobierno para emprender cualquier actividad21. Además, si se encuentra que algún integrante de las organizaciones hizo algo “ilegal”, que a menudo significa simplemente oponerse al Gobierno, es castigado22.

Conclusión

Bajo la Junta Militar, la población birmana vive en crisis perpetuas, ya sea económicas, políticas o ambientales. En años recientes, estas crisis se han alimentado recíprocamente, perpetuando así un pernicioso status quo. En respuesta, el Gobierno aumenta sus medidas enérgicas y arresta a las personas y se niega a brindar algún tipo de red de protección a sus ciudadanos. Esto ha creado un país con derechos reservados sólo para la élite militar y sus aliados, mientras los ciudadanos más vulnerables se ven afectados desproporcionadamente por la crisis y los desastres.

1 Head, J. “The Hardship that Sparked Burma’s Unrest”. BBC News, 2 de octubre de 2007. Disponible en: <news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7023548.stm>.

2 Head, J. “Burma Leaders Double Fuel Prices”. BBC News, 15 de agosto de 2007. Disponible en: <news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6947251.stm>. Y también: Assistance Association for Political Prisoners. Crackdown in Burma Continues, 31 de enero de 2008. Disponible en: <www.aappb.org/release100.html>.

3 Tun, A. H.  “Myanmar Cyclone Toll Rises to 138,000 Dead, Missing”. Reuters, 24 de junio de 2008. Disponible en: <uk.reuters.com/article/featuredCrisis/idUKBKK15852620080624?>.

4 Amistía Internacional. “Myanmar Briefing: Human Right Concerns a Month after Cyclone Nargis”. 2 de junio de 2008. Disponible en: <www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/013/2008/en/85931049-32e5-11dd-863f-e9cd398f74da/asa160132008eng.pdf>.

5 Yeni y Min Lwin. “Massive Cheating Reported from Polling Stations”. The Irrawaddy, 10 de mayo de 2008. Disponible en: <www.irrawaddy.org/article.php?art_id=11923>.

6 Pepper. D. “In Burma, Business Ventures Start with Military”. SFGate, 13 de noviembre de 2008. Disponible en: <www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/11/12/MNNU12SBS8.DTL>.

7 Ver, por ejemplo, Mizzima, “Burmese Fishery Export Hit Hard”, 27 de noviembre de 2008; “China Slowdown Hits Burmese Mining”, 28 de enero de 2009; “Ad Industry in Burma in Doldrums”, 14 de febrero de 2009; “Rangoon Factories Begin Cutting Jobs”, 5 de febrero de 2009. Disponible en: <www.mizzima.com/news/global-financial-crisis-a-burma.html>.

8 Entrevistas a trabajadores fabriles en Mae Sot, Tailandia, realizadas por personal del Burma Lawyers’ Council en junio de 2008.

9 Kachin News Group. “China Resumes Importing Timber from Northern Burma”. Kachin News, 17 de diciembre de 2008. Disponible en: <www.kachinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=678:china-resumes-importing-timber-from-northern-burma&catid=1:latest-news&Itemid=50>.

10 Mongobay.com (s/f). “Myanmar: Environmental Profile”. Disponible en: <rainforests.mongabay.com/20myanmar.htm>.

11 Curtis, G. “Christian Aid Warns of Burma Environmental Damage”. Christian Today, 15 de mayo de 2007. Disponible en: <www.christiantoday.com/article/christian.aid.warns.of.burma.environmental.damage/107>.

12 Pichai, U. “Environmentalists Demand Halt to USD 35 billion Burma Dams”. Mizzima, 16 de marzo de 2009. Disponible en: <www.mizzima.com/news/inside-burma/1844-environmentalists-demand-halt-to-us-35-billion-burma-dams.html>.

13 Suu Kyi, A.S. “Breakfast Blues”. En Letters from Burma. 1998, pp. 27-30.

14  WFP  (s/f). “Myanmar”. World Food Programme (WFP). Disponible en: <www.wfp.org/countries/Myanmar>.

15  Carroll, B. “Rampaging Rats Bring Starvation to Burma”. BBC News, 26 de septiembre de 2008. Disponible en: <news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7633986.stm>.

16 CIA (2009). World Factbook, Burma. Disponible en: <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html>.

17 Asian Tribune “Child Education in Burma”. Asian Tribune,3 de septiembre de 2003. Disponible en: <www.asiantribune.com/oldsite/show_article.php?id=850>.  

18 Ver: Htoo, A.U. “Analysis of the SPDC’s Constitution from the Perspective of Human Rights”. Legal Issues on Burma Journal, Nº 30, 2008; y otras dos publicaciones del Burma Lawyers’ Council. “2010 Elections: No Hope for Human Rights”. Legal Issues on Burma Journal, Nº 30, 2008, y “Statement on the Failure of the 2008 SPDC Constitution to Protect Judicial Independence”. 4 de diciembre de 2008.

19 Weng. L. “UWSP Proposes Autonomous Wa Region”. The Irrawaddy, 5 de enero de 2009. Disponible en: <www.irrawaddy.org/highlight.php?art_id=14874>.

20 France 24. “Online Mobilization for Political Prisoners in Burma”. Disponible en: <www.france24.com/en/20090319-web-mobilisation-political-prisoners-burma-egypt-activist-rio-wireless-brazil>.

21 Ni Aung, M.A. “Creating Space in Myanmar/Burma”. En Zarni (ed.) Active Citizens Under Political Wraps: Experiences from Myanmar/Burma and Vietnam. Chaing Mai: Heinrich Boll Foundation. 2006.

22 Lorch, J. “Civil Society Actors and Their Room for Maneuver in Myanmar/Burma”. En Zarni (2006), ibid.

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BOLIVIA

Publication_year: 
2009
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El país ha visto pasar un ciclo de crecimiento mundial y no supo aprovechar el aventón para acompasar a ritmo propio. Ahora que la crisis global se profundiza, la economía boliviana apenas se enteró de que hubo auge, y ya lo mira de lejos. Estas tendencias expresan el escaso efecto distributivo de los procesos económicos recientes. En Bolivia, por otra parte, la reacción del empresariado ante la crisis es impulsar negociaciones desiguales cuyos efectos caigan sobre las espaldas de los trabajadores, reduciendo beneficios y salarios y aumentando los despidos.

LA HORA DE LA VERDAD

Javier Gómez y Gustavo Luna1
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)

El país ha visto pasar un ciclo de crecimiento mundial y no supo aprovechar el aventón para acompasar a ritmo propio. Ahora que la crisis global se profundiza, la economía boliviana apenas se enteró de que hubo auge, y ya lo mira de lejos. Estas tendencias expresan el escaso efecto distributivo de los procesos económicos recientes. En Bolivia, por otra parte, la reacción del empresariado ante la crisis es impulsar negociaciones desiguales cuyos efectos caigan sobre las espaldas de los trabajadores, reduciendo beneficios y salarios y aumentando los despidos.

El primer resultado de la crisis económica mundial ha sido el sinceramiento sobre la verdadera capacidad del sistema capitalista para desarrollar procesos sostenidos de mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus hogares. Este hecho, que ahora se manifiesta de manera más palpable en los países más ricos del planeta –el epicentro del último terremoto financiero–, ha sido más persistente en la periferia subdesarrollada.

Bolivia es un testimonio fehaciente de esta sistémica incapacidad del capitalismo, de persistencia estructural, es decir, anterior a esta última manifestación de la crisis del capitalismo. En este sentido, la temprana inserción de Bolivia en el mercado mundial como proveedor de materias primas no pudo ser modificada durante casi 200 años de vida republicana y esto la ha maniatado, de forma permanente, a una vulnerabilidad estructural. Por ello, el país no aprovecha adecuadamente los ciclos económicos expansivos, mientras que los “episodios” críticos sólo hacen que su vulnerabilidad ante los shocks externos sea más evidente.

La crisis

La actual crisis económica mundial no es un “episodio grave” más, producto de la falta de regulación en los mercados financieros; se trata de una crisis sistémica expresada en la totalidad del capitalismo y en todos los ámbitos de la producción (energético, alimentario, ecológico, social y cultural), que trae a colación las contradicciones internas relativas a la sobreproducción, la tendencia estructural a la caída en la tasa de ganancia y una depresión general en el consumo, resultado de la necesidad de extraer más ganancia a través de una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Con ese telón de fondo, es más fácil comprender la “irracionalidad” en torno a la especulación financiera, que fue la salida, en el capitalismo monopólico, para obtener ganancias extraordinarias en la circulación del capital, en un contexto mundial de profundización de la liberalización del mercado financiero.

Esta es una crisis profunda, que vino para quedarse por un largo tiempo. Ya ha desnudado la terrible fragilidad de las economías subdesarrolladas, que son una muestra del carácter propio del desarrollo capitalista, es decir, economías fuertemente concentradoras de las ganancias, desiguales entre países y dentro de ellos.

Esta característica se manifiesta en Bolivia en el magro desarrollo de su base industrial, con una fuerte concentración de la riqueza y una amplísima mayoría de hogares persistentemente inmersa en la precariedad. En oposición, se ha desarrollado un sector primario exportador fuerte, con presencia importante de capitales transnacionales, que ha tenido su auge en estos últimos siete años en torno a la exportación de gas y minerales, fundamentalmente.

Detrás del espejismo

En tanto la economía mundial se recuperaba luego de la “crisis asiática” de 1999, el comercio se expandió rápidamente y creció la demanda de materias primas. La economía boliviana creció en los últimos cuatro años (2005–2008) a un ritmo promedio cercano al 5%. Lo anterior responde al incremento de su valor de exportaciones por efecto de los extraordinarios precios de materias primas (minerales e hidrocarburos, esencialmente). La administración del presidente Evo Morales catalogar de exitosa su política económica pos-neoliberal. Sin embargo, países como Perú, con una política económica fiel al neoliberalismo, mostraba tendencias mayores en el crecimiento de su producto y sus exportaciones. De hecho, el auge económico escondía múltiples deficiencias estructurales.

El desempeño de algunos indicadores sociales no acompañó al de los macroeconómicos. Por ejemplo, la reducción de la pobreza en la región fue rápidamente neutralizada por la fuerte subida de los precios de los alimentos, aspecto que impactó severamente en los pauperizados ingresos de los hogares pobres que destinan gran parte de los mismos a su dieta.

Sobre esta realidad asomó otro espejismo: el envío de las remesas generadas por los trabajadores y trabajadoras emigrantes, que en Bolivia alcanzó dimensiones importantes durante 2007 y 2008 (superaron los USD 1.000 millones, algo más del 6% del PIB)2. Este hecho contribuyó a la ampliación del consumo de los hogares y un impulso al crecimiento de sectores como la construcción y los servicios3.

Sin embargo, la sostenibilidad de las remesas siempre pendió de un hilo, y su fragilidad fue más evidente cuando los países de la Unión Europea comenzaron a implementar “directivas de retorno” ya a inicios de 2008, cuando la crisis no asomaba todavía. Este proceso se aceleró fuertemente a partir de septiembre de ese año, cuando la crisis golpeó la  construcción, manufactura y servicios personales, sectores que empleaban a la mayoría de estos trabajadores.

El retorno de los trabajadores emigrantes significa una presión adicional para el mercado de trabajo boliviano, que ya está asolado por la subocupación, y promoverá aún más la depresión de los salarios por la sobreoferta de fuerza de trabajo, el incremento de la tasa de desempleo abierto y el empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Los ingresos, ese talón de Aquiles

El ingreso per cápita de los bolivianos aumentó 34,3% entre 2002 y 20074; esto hizo que, para la cooperación internacional, Bolivia pasase de ser un país de ingresos bajos a uno con ingresos medios; sin embargo, la persistente desigualdad en la distribución del ingreso impidió que la mayor parte de la población se beneficiara del crecimiento, como se desprende del comportamiento de los salarios y el empleo, entre otros indicadores.

Como consecuencia de la fuerte desigualdad distributiva, la pobreza sigue afectando al 60% de la población, aumentando incluso la pobreza extrema de 36,7% a 37,7% entre 2005 y 2007. En las áreas rurales, donde los niveles de pobreza son extremos, el Índice Gini no solamente es muy elevado, sino que aumentó de 0,62 a 0,645.

Estas tendencias expresan el escaso efecto distributivo de los procesos económicos recientes. Una vez más, queda en evidencia que el efecto rebalse del crecimiento económico es una falacia. En ausencia de políticas públicas efectivas que promuevan una mejora en el acceso a recursos productivos, para que la prosperidad económica sea disfrutada por una mayoría se requiere generación de empleos de calidad, buenos salarios, acceso a los recursos productivo  y otros ingresos derivados del trabajo.
 
De esta manera, la relación entre la expansión del producto y el empleo muestra que, en el período comprendido entre el 2001 y 2004, donde se registró un crecimiento promedio moderado de 3,1%, el empleo creció a una tasa similar con una productividad nula, lo cual significa que esta expansión se produjo a expensas de la calidad. En el área urbana se observa esta misma tendencia. Durante el período 2004-2007, la producción creció aceleradamente, a un ritmo anula promedio de 4,5%. También creció el empleo, a un 3,9% anual, pero por debajo del ritmo de expansión del producto (4,5%), con una ganancia de 0,7% en la productividad. Esto equivale a decir que, si bien se generaron más empleos, todavía se concentraban en los de más baja calidad. Esta tendencia es la misma en las áreas urbana y rural.

2008: una vez más el auge minero

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2008 el PIB de Bolivia registró un extraordinario crecimiento de 6,15%. Similar crecimiento no se registraba desde 1976, cuando la tasa alcanzó a 6,1%. El auge de demanda y precios internacionales altos hizo que en 2008 el PIB minero creciera excepcionalmente, de 9,98% en 2007 a 56,26% en 2008, por encima de las otras actividades económicas del país, que crecieron en promedio 4,33%; su incidencia  se incrementó de 0,41% a 2,41%, y la participación en el PIB de 5,81% a 8,55%6.

Y ello se explica no por un robusto sector minero que tiene a varias empresas compitiendo por exportar más, sino por la operación de una sola empresa con capital transnacional. El Proyecto Minero San Cristóbal (PMSC) fue el factor principal que explica este crecimiento: en el valor de producción de minerales del país, el PMSC representó el 40,7%. De esta manera, la tasa de crecimiento del PIB sin el PMSC hubiera llegado apenas a 5,13%; es decir, sin este proyecto, Bolivia no hubiese batido el récord de 1976. Además de la concentración, lo que quedó en el país por impuestos representó un valor mínimo del total de la producción de minerales: en 2008, de USD 2.011 millones, que representa el valor total de la producción minera, sólo USD 94,14 millones – apenas un 4,64% del total – quedaron en las arcas fiscales7.

Los grandes afectados por la crisis y la reducción de los precios de los minerales, no son precisamente las empresas como el PMSC, sino la minería chica y cooperativizada, que emplea a la gran mayoría de la gente y que presiona sobre las vetas y yacimientos con formas atrasadas en la organización del trabajo, repitiendo círculos viciosos de precariedad y bajos salarios.

Conclusión

La hora de la verdad ha llegado. Ha pasado un ciclo de crecimiento mundial y Bolivia simplemente lo ha visto pasar, dejándose llevar por su inercia, pero sin aprovechar el aventón para poder caminar a ese ritmo con capacidades propias. Eso, en el capitalismo reinante aparenta ser nada más que una quimera, pues sus ciclos de crecimiento sólo reproducen el orden vigente, con integraciones desiguales. Cuando la crisis global empieza a escribir lo peor de su reciente historia, la economía boliviana apenas se ha dado cuenta de que hubo auge. Y ya lo mira lejano.

No obstante, frente al advenimiento del coletazo en el país de la crisis global, la reacción del empresariado a las caídas de sus ganancias extraordinarias pasa por promover negociaciones desiguales, cuyo objetivo es la reducción de beneficios y salarios de los trabajadores, junto con el incremento de los despidos. Mientras se esfuerzan por colocar el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, invierten igual energía para que los honorarios, las primas y otros mecanismos de beneficios para los propietarios no sean tocados o se incrementen.

A la gran mayoría de trabajadores eventuales y “autoempleados” sólo les resta esperar que el Gobierno cree otro bono que ayude a paliar de algún modo sus necesidades básicas.

1 Javier Gómez es economista y director ejecutivo del CEDLA. Gustavo Luna es comunicador y coordinador general del CEDLA

2 Banco Central de Bolivia. Memoria 2008. La entidad oficial reporta que, en 2008, las remesas familiares alcanzaron USD 1.097,2 millones, un incremento de 7,5% respecto de 2007. Esa cifra significó un 6,4% del PIB. Pág. 87.

3 De acuerdo con el INE, en 2007 la incidencia del gasto de consumo final de los hogares representaba un 2,98% respecto del PIB, creciendo a un 3,91% en 2008. Esta cifra es superior a la alcanzada una década atrás (1998).

4 Escóbar, Silvia. Desempleo, condiciones laborales e ingresos. Mimeo. CEDLA, 2009.

5 Ibid. Para los fines de comparación, en 2006, el Índice de Gini en Argentina era de 0,519, en Chile  0,517 y solamente Brasil con 0,593 superaba al que se estima para Bolivia. Todos ellos son países de ingresos medios, por el indicador del ingreso per cápita.

6 Guachalla, Osvaldo. “Bolivia: el Producto Interno Bruto creció en 6,15%”. Mimeo. CEDLA. Mayo de 2009.

7 Ibidem.

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BRASIL

Publication_year: 
2009
Summary: 
Brasil ha debido pagar el precio de haberse “integrado” a la economía mundial. Al retirarse los inversores y especuladores extranjeros, los mercados de valores se desplomaron y la moneda sufrió una fuerte devaluación. Aunque la respuesta del Gobierno ha sido un tanto tímida, aún es posible que Brasil pueda sobrellevar la crisis. Al mismo tiempo, la economía mundial se encuentra ante una oportunidad única de promover estrategias de crecimiento ambientalmente sostenibles, así como nuevas normas para que los sistemas financieros trabajen en pro del desarrollo y de la redistribución de los ingresos y la riqueza.

¿Nadando en un maremoto?

Fernando J. Cardim de Carvalho1
Social Watch Brasil

Brasil ha debido pagar el precio de haberse “integrado” a la economía mundial. Al retirarse los inversores y especuladores extranjeros, los mercados de valores se desplomaron y la moneda sufrió una fuerte devaluación. Aunque la  respuesta del Gobierno ha sido un tanto tímida, aún es posible que Brasil pueda sobrellevar la crisis. Al mismo tiempo, la economía mundial se encuentra ante una oportunidad única de promover estrategias de crecimiento ambientalmente sostenibles, así como nuevas normas para que los sistemas financieros trabajen en pro del desarrollo y de la redistribución de los ingresos y la riqueza.

Muchos observadores consideraron que el nivel de contagio relativamente bajo, en las economías emergentes, al pánico financiero comenzado en Estados Unidos en 2007 constituía una señal de que esos países podrían lograr “desconectar” su porvenir del de los desarrollados. Se esperaba que Brasil se encontrara entre los afortunados – es decir, entre los que podrían evitar ser engullidos por la onda expansiva de la crisis financiera, mantener cierto nivel de prosperidad y frenar el desempleo redireccionando las actividades productivas hacia los mercados internos.

El enérgico crecimiento de la economía brasileña en los tres primeros trimestres de 2008 parecía justificar tal punto de vista. No fue un crecimiento al “ritmo de China”, por supuesto, pero tuvo la rapidez suficiente como para no solo aumentar las tasas de empleo sino también hacer que un grupo creciente de la plantilla de trabajadores pasara del empleo informal al sector mejor pago y más seguro de la formalidad. El consumo de los hogares condujo al crecimiento general, alimentado por el aumento del salario real (sobre todo del salario mínimo) y del empleo, así como también por las políticas sociales que fortalecieron el poder adquisitivo de los grupos de menores ingresos.

El Gobierno Federal, con el presidente Lula a la cabeza, lanzó una intensa campaña pública para afianzar la moral de empresarios y consumidores y así asegurarse de que la demanda siguiera siendo alta y estimular a las empresas para que siguieran produciendo y expandiendo sus inversiones. El Presidente a menudo recordaba a la población que su Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) funcionaría a modo de palanca para mantener el nivel de la demanda, de manera que los consumidores no le temieran al desempleo y las empresas no adolecieran de capacidad no utilizada.

La estrategia pareció tener éxito hasta que de forma repentina, en el último trimestre de 2008, el PIB cayó 3,6% en comparación con el trimestre anterior. Aunque todos los sectores de la economía se contrajeron, el industrial fue por lejos el que sufrió las peores consecuencias; decayó más del 7%. Las inversiones, que habían estado creciendo a ritmos prometedores, se redujeron casi un 10%. Ni los consumidores ni los inversores pudieron mantener los niveles de gasto anteriores, de modo que la economía en su totalidad se contrajo en forma significativa.

La tímida respuesta del Gobierno

La versión brasileña de la crisis internacional tiene raíces específicas. El sistema bancario interno no estuvo expuesto a las inversiones especulativas que arruinaron los sistemas financieros de Estados Unidos, Europa y partes de Asia. Como resultado de las altas tasas de interés que se pagaban sobre la deuda pública interna, los bancos que operaban en Brasil preferían invertir en ese tipo de valores en lugar de probar suerte con las “innovaciones financieras” creadas en Estados Unidos. No obstante, el país no pudo evitar las consecuencias de “integrarse” a la economía mundial.

En los últimos años la economía brasileña había recibido gran cantidad de capitales extranjeros, tanto como inversión directa como en forma de capitales de carteras especulativas. La bolsa de valores de San Pablo subió en forma vertiginosa y se colocaron grandes cantidades de valores en deuda pública en el mercado. Cuando estalló la crisis en Estados Unidos y poco después en Europa Occidental, muchos de los inversores y especuladores retiraron sus fondos, en muchos casos para cubrir pérdidas en su lugar de origen. En consecuencia, no solo se desplomaron los mercados brasileños de valores sino que también la moneda de la nación – el real – sufrió un rápido y brusco proceso de devaluación.

Los resultados no fueron tan catastróficos como lo habían sido en crisis anteriores, en gran medida porque los trastornos no condujeron a la fuga de capitales de residentes. De hecho, los especuladores financieros locales no tenían motivos para sacar sus capitales del país, ya que el Gobierno aún pagaba las tasas de interés más altas del mundo. Por otra parte, no existía un lugar seguro al que pudieran acudir. Además, Brasil conserva una cantidad relativamente grande de reservas internacionales. Es así que, si bien a los inversores extranjeros por lo general no les quedaba otro recurso que retirarse, los inversores brasileños prefirieron permanecer. En consecuencia, los problemas con la balanza de pagos no fueron tan serios ni paralizantes como lo habían sido poco tiempo atrás.

Sin embargo, las perturbaciones en los mercados internos de valores y la devaluación brusca del real fueron suficientes para inducir a los bancos locales a restringir los créditos otorgados a empresas y consumidores, a pesar de algunos tímidos intentos del Banco Central de proporcionarles liquidez adicional. Las restricciones crediticias causaron dificultades en forma inmediata en sectores como el de los bienes de consumo duraderos, sobre todo los automóviles, cuya demanda depende en gran medida de la disponibilidad de crédito. En la industria automotriz se adoptaron estrategias tales como la de las licencias colectivas para reducir la producción en forma temporaria, pero no se pudo evitar transmitir la caída de la demanda a otras industrias. Las amenazas gemelas de la capacidad no utilizada y el desempleo terminaron por quebrar el ánimo de los consumidores y las empresas. Al verse enfrentadas a la capacidad no utilizada, las empresas suspendieron sus planes de inversión, lo que agravó el impacto de la caída inicial de la demanda. Finalmente, solo el Gobierno continuó aumentando las erogaciones en el último trimestre de 2008.

A diferencia del año anterior, 2009 arrancó con expectativas mucho más reducidas. Las encuestas de opinión demuestran que el temor al desempleo ha vuelto a encabezar la lista de preocupaciones de la población, desplazando a la violencia urbana y la seguridad pública. En particular, lo que constituye otro serio motivo de preocupación es que se ve con claridad que, a pesar del discurso enérgico que ha adoptado el Presidente desde comienzos de 2008, las políticas contracíclicas han sido mucho menos vigorosas y eficaces de lo que tendrían que haber sido. Es bien sabido que cuando el Presidente Lula asumió el cargo tomó medidas para tranquilizar a los mercados financieros, conservando la independencia de facto del Banco Central, dirigido mayoritariamente por funcionarios de instituciones financieras privadas. No sorprende que la política monetaria haya sido pésimamente gestionada durante la crisis por autoridades monetarias tan a la derecha de cualquier otro Banco Central del mundo, que incluso incomoda a los bancos privados por su incapacidad de ofrecer aportes para la recuperación económica.

Mayor motivo de asombro, seguramente, sea la vacilante política de gastos del Gobierno. Los llamamientos del Presidente a tomar medidas enérgicas parecen haber caído en oídos sordos entre sus propios ministros. El Gobierno ha persistido con el PAC, que fue elaborado para épocas normales y que es obviamente insuficiente en la lucha contra una recesión que tal vez sea más larga y profunda de lo que parecía inicialmente. Sin embargo, incluso el PAC ha sido implementado de manera incierta y tímida. Los obstáculos burocráticos hacen demorar la implementación de los planes y, en consecuencia, el gasto público es menor y más lento de lo que debiera. El comportamiento indeciso de las autoridades que lideran el equipo económico del Gobierno denota una preocupante falta de comprensión del daño que puede llegar a causar una crisis como la actual en un país en desarrollo como Brasil.

No obstante, al seguir decayendo la economía brasileña en el primer trimestre de 2009, se han implementado políticas más enérgicas, aunque distan mucho de constituir las necesarias para paliar los impulsos de contracción que llegan del exterior. Los bancos públicos han aumentado la oferta de crédito a tasas de interés menores. La transferencia de ingresos hacia los pobres a través del programa de subvenciones familiares ha preservado el nivel de consumo entre los grupos de ingresos más bajos. La mejora general de las expectativas, luego de lo que pareció ser una reacción exagerada en el último trimestre de 2008, ha conducido en la actualidad a cierta recuperación, si bien aún es vacilante y tímida. Bien mirado, todo parece señalar en la misma dirección: una recuperación leve que en sí misma, dado el contexto internacional, es de todas maneras un alivio.

En un momento como el actual uno de los mayores riesgos al que se puede exponer un país es confundir la incapacidad para actuar con la prudencia financiera y fiscal. Temerosos de aumentar el gasto, los gobiernos pueden resignarse a observar cómo decae la demanda privada y cómo, en consecuencia, caen también la producción y el empleo. En tal situación, los ingresos fiscales se reducen mientras que aumentan los gastos de la seguridad social. Los déficits fiscales entonces aumentan, justamente debido a que los gobiernos no tuvieron la suficiente audacia para actuar en contra de la contracción de la economía. Es paradójico que al intentar parecer prudentes, los países se coloquen en una situación fiscal aún peor de lo que sería si los gobiernos hubieran actuado con decisión en apoyo de la demanda, aumentando así las rentas públicas. Dicho sea de paso, es precisamente lo que intenta lograr el presidente Obama en Estados Unidos. Es también lo que ha defendido en forma repetida desde 2007 Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)2.

Recomponer la economía mundial

La crisis financiera internacional actual representa la alteración más seria que haya enfrentado la economía mundial desde la Gran Depresión de los años 1930. Incluso su duración es señal de lo peligrosa que es: la crisis cursa el tercer año y aún no se vislumbra una salida; no hay señales de recuperación. Es muy probable que en el corto plazo la situación empeore, con el consiguiente aumento del desempleo y de las alteraciones sociales que el fenómeno causa en todas partes. Brasil todavía está a tiempo de reducir tales riesgos si el gobierno enfrenta el desafío.

La amenaza a la seguridad alimentaria
Francisco Menezes4

El programa Hambre Cero de Brasil y el fortalecimiento de varias políticas públicas han convertido al país en líder mundial reconocido en la lucha contra el hambre. No obstante, las crisis tanto alimentaria como financiera han tenido impactos significativos en la seguridad alimentaria del país.

En la segunda mitad de 2007 los precios de los alimentos comenzaron a aumentar, revirtiendo la tendencia a la baja de los años anteriores y poniendo en peligro los logros conseguidos. Los grupos sociales más vulnerables son los que reciben los golpes más duros al aumentar los precios de los alimentos, ya que éstos constituyen la parte más importante de sus presupuestos. Preocupado ante tal situación, el Gobierno aumentó en 8% los beneficios distribuidos a través de la Bolsa Família (un programa de ingreso mínimo garantizado). También incorporó un número mayor de familias al programa y tomó medidas para estimular la producción de alimentos por medio de incentivos y garantías para los productores rurales.

En la segunda mitad de 2008 los precios de los alimentos se nivelaron o incluso decayeron, siguiendo la tendencia de los bienes de consumo en los mercados mundiales. No obstante, han surgido nuevas amenazas para la seguridad alimentaria como resultado de la reducción de ingresos entre la población más pobre, el aumento del desempleo y la probable disminución del salario real. El presupuesto para la seguridad alimentaria es por cierto un indicador pertinente de la dirección que se persigue, en lo que se refiere a los fondos que se liberen para este año, como también en cuanto al proyecto de presupuesto para 2010.

Sin embargo, se debe señalar que una crisis como la actual siempre transforma, en menor o mayor grado, la forma en que funcionan la economía y la sociedad. Así, si bien es importante detener el deterioro económico en el corto plazo, también es importante, y tal vez aún más esencial, prepararse para el futuro. La Gran Depresión dio lugar a la expansión del estado de bienestar social y a la generalización de la intervención pública en la economía, ambos ferozmente combatidos por la revolución neoliberal de fines del siglo XX.

Ahora una nueva oportunidad para recomponer el camino de la economía mundial se presenta. Todo parece indicar que las llamadas “inversiones verdes” serán el próximo horizonte para la inversión y la innovación, promoviendo estrategias de crecimiento ambientalmente sostenibles que aumenten la eficiencia de la generación y utilización de la energía. Es importante también reparar el daño causado por el predominio de las ideologías neoliberales que han fomentado la desregulación financiera desde la década de 1980 y que han llevado al mundo al borde del desastre. Dado el fracaso generalizado de estas ideas, es necesario implementar nuevas estrategias de regulación y supervisión. Sin embargo, las nuevas normas deben enfocarse en cómo hacer que los sistemas financieros trabajen en pro de la promoción del desarrollo y la distribución de los ingresos y de la riqueza, no en beneficio de los especuladores financieros.

Las normas se definen ahora en foros tales como el Comité de Basilea y el Foro de Estabilidad Financiera. La crisis ha forzado a los países más ricos, que tradicionalmente han monopolizado estas decisiones, a abrir las puertas a las economías emergentes y ha convertido al G20 en el centro de atención, por lo menos por el momento. Es posible sostener que es mejor contar con un G20 que con un G7, pero en realidad ninguno de los G es capaz de proporcionar una solución verdadera. Estas instituciones deben convertirse en representativas, lo que no se logra incorporando unos pocos miembros más de manera que los clubes existentes conserven su naturaleza exclusiva. La crisis actual genera una oportunidad importante para lograr la verdadera democratización de las instituciones internacionales. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar3.

1 Profesor de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y consultor del Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (Ibase).

2 Si bien el Fondo mismo se ha resistido a adoptar este punto de vista, como lo demuestran las condiciones impuestas a los países de Europa Central que fueron rescatados por el FMI.

3 De hecho, ése es precisamente el objetivo del proyecto “Liberalización financiera y gobernanza mundial: el papel de los entes internacionales”, coordinado por Fernando J.C. Carvalho y Jan Kregel, elaborado por Ibase y patrocinado por la Fundación Ford. Ver “Crisis financiera y déficit democrático”. Disponible en: <www.ibase.br/modules.php?name=Conteudo&pid=1686>.

4 Especialista en seguridad alimentaria y codirector de Ibase.

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Region: 
left

BULGARIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Bulgaria, el país más pobre en la UE, ha venido disfrutando de algunos de los beneficios económicos de su integración a la UE. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del Gobierno en cuanto a que la economía está firme, las inversiones y exportaciones caen y el PIB no tardará en contraerse. Es probable que las medidas del Gobierno para mitigar el impacto de la crisis mundial no sean suficientes. Las ONG exigen que tanto los empleadores como el Gobierno adopten medidas de emergencia para poner freno a la inflación, que acuerden salarios para aumentar el ingreso real y evalúen el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Inquietud general

Bulgarian Gender Research Foundation y Bulgarian-European Partnership Association

Bulgaria, el país más pobre en la UE, ha venido disfrutando de algunos de los beneficios económicos de su integración a la UE. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del Gobierno en cuanto a que la economía está firme, las inversiones y exportaciones caen y el PIB no tardará en contraerse. Es probable que las medidas del Gobierno para mitigar el impacto de la crisis mundial no sean suficientes. Las ONG exigen que tanto los empleadores como el Gobierno adopten medidas de emergencia para poner freno a la inflación, que acuerden salarios para aumentar el ingreso real y evalúen el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Aunque Bulgaria, el país más pobre de la UE, no haya sufrido aún el pleno impacto de la crisis económica mundial, ya están surgiendo protestas sociales en respuesta a la decisión de la Comisión Europea de cortar el financiamiento de preacceso debido a la corrupción desenfrenada del país. En enero de 2009, la ciudadanía manifestó frente al Parlamento para exigir reformas económicas, pidiendo que el Gobierno actúe o renuncie. En el mismo mes, los agricultores manifestaron en todo el país y bloquearon el único puente a Rumania, exigiendo que el Gobierno ponga un precio mínimo para la leche y detenga las importaciones de productos lácteos baratos. Los policías, que por ley tienen prohibido hacer huelga, han llevado a cabo protestas “silenciosas” desde diciembre para obtener un aumento de sueldo del 50% y mejores condiciones de trabajo.

A pesar del malestar social y de una crisis financiera mundial que ha llevado a reexaminar las políticas económicas actuales en todo el mundo, a amplios cuestionamientos del modelo neoliberal y a pedir una regulación más estricta del gobierno, el modelo neoliberal sigue de moda en Bulgaria. El Primer Ministro Sergey Stanishev reconoce que Bulgaria experimenta su primera crisis económica como país capitalista y no es inmune a las dificultades que enfrentan sus socios económicos. Sin embargo, sigue insistiendo en que los problemas del país son menos severos que los de otros miembros de la UE.

Boom y crisis

En 1997 se estableció el control monetario después de una crisis severa en el sistema bancario nacional que resultó en hiperinflación, cierres de bancos, crisis política aguda y empobrecimiento masivo. Desde entonces cada gobierno, independientemente de su orientación política, ha estado de acuerdo en conservarlo para evitar otra crisis generalizada. La estrategia del control monetario ha sido estabilizar el entorno macroeconómico impidiendo, al mismo tiempo, cualquier aumento de sueldos – aun cuando Bulgaria tiene los salarios más bajos de la UE.

Desde 2004, cuando se llegó a un acuerdo sobre el acceso a la UE, Bulgaria ha experimentado un aumento de ingresos de capital y un boom del crédito. Las expectativas de una convergencia rápida con la UE estimularon los flujos de capital, incrementados aún más por la presencia del control monetario y una política fiscal sólida. La relación crédito: PIB se disparó de 36% en 2004 a 67% en 2007. Hacia 2008, los flujos de capital constituyeron aproximadamente el 30% del PIB1.

La oleada de capital externo generó un fuerte crecimiento del PIB, pero amplió bruscamente los desequilibrios externos e internos. El PIB ha crecido más de 6% anual, una de las tasas más rápidas de Europa.2 El crecimiento se mantuvo en un fuerte 6,25% en 2008. Sin embargo, el aumento de la demanda interna dejó atrás al del PIB, ampliando el déficit de cuenta corriente desde 5% del PIB en 2003 a más de 24% en 2008. Según el Instituto de Estadística Nacional, esta brecha se acentuó por la concentración del crecimiento en la construcción, los negocios inmobiliarios y los servicios financieros.

En tanto el desempleo disminuía y el mercado de trabajo se ajustaba, el crecimiento de los salarios se disparó a 24% en junio de 2008. El sobrecalentamiento de la economía, junto con el aumento de los precios de los alimentos y el petróleo, aceleró la inflación a un pico de 14,7% en junio de 2008, y los precios de los alimentos a más de 25%. La escalada de los precios del gas natural, electricidad, calefacción central, agua, transportes carreteros y de ferrocarril, etc., harán subir el costo de vida alrededor de 17% en base anual, mientras la inflación para todo el año probablemente superará el 12%. El pronóstico de inflación para 2009 se ubica cerca del 4%3. Sin embargo, los expertos del Centro para el Desarrollo Económico advierten que el verdadero peligro por delante es la deflación, no la inflación.

La agitación financiera mundial y la aversión al riesgo de los inversores probablemente reducirán los flujos de capital hacia Europa Central y Oriental, incluyendo a Bulgaria. Es poco probable que las filiales bancarias locales sigan recibiendo grandes transferencias de capital de las casas centrales que han financiado el crecimiento del crédito. Sin esta financiación, las empresas reducirán su producción y servicios o cerrarán definitivamente, lo que aumentará el desempleo. La metalurgia y la construcción ya se han reducido. Según datos oficiales del Instituto de Estadística, en enero de 2009 la producción industrial cayó 19% respecto del mes anterior.

Al mismo tiempo, la reducción de la demanda extranjera y el declive de los precios de las materias primas podrían conducir a una disminución de las exportaciones y el turismo. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran una contracción de más del 0,5% en el PIB del G-7, que haría disminuir el crecimiento y las exportaciones de Europa Oriental.

Perspectiva económica

Es probable que el crecimiento de PIB en 2009 se reduzca a cerca del 2%, o incluso llegue al 0% (según un pronóstico reciente) 4. Con el crecimiento más lento, está proyectado que el déficit de cuenta corriente se reduzca al 15% del PIB, aunque la brusca caída de los precios de las materias primas mundiales debería atenuar la inflación. Sin embargo, hay un gran riesgo de que el crecimiento se vuelva aún más lento. Afortunadamente, las finanzas públicas del país están en buenas condiciones, con uno de los superávit fiscales más altos en Europa. Sin embargo, el drástico revés en la balanza de pagos muestra el golpe severo que sufre el país.

En los cinco meses posteriores a octubre, los influjos netos de capital sumaron sólo EUR 800 millones, comparados con los EUR 6.100 millones de los cinco meses previos y los EUR 5.600 millones en el mismo período del año anterior. Las exportaciones en los dos primeros meses de 2009 fueron 27% menos que en los dos primeros de 2008, mientras que la caída de las importaciones fue aún más brusca (32%), lo que sugiere que la demanda interna se contrajo rápidamente. Como resultado, el déficit de cuenta corriente disminuyó desde una tasa anual de 25,8% del PIB en los dos primeros meses de 2008 a 11,6% en los dos primeros meses de 20095. En efecto, los indicadores principales de la actividad económica sugieren que la economía ya puede estar contrayéndose. Recientemente, el FMI predijo que la economía búlgara se contraerá cerca de 3,5% en 2009 y 1% en 2010, un 2% menos que la proyección de abril de 20096.

En enero de 2009 la crisis internacional del gas prácticamente borró cualquier impulso positivo que todavía quedara de 2008. Cuando la disputa entre Rusia y Ucrania cortó las provisiones de gas a Europa, Bulgaria estaba entre los países menos preparados, sin verdaderas fuentes alternativas de gas. El costo en cuanto a la pérdida de producción se estima en más de EUR 250 millones (aproximadamente USD 333 millones). El Gobierno solicitó oficialmente una compensación a Rusia, pero aun si se recibe alguna, los efectos a largo plazo de la detención de la producción podrían plantear riesgos a toda la economía.

Prioridades del Gobierno en política fiscal

En este difícil entorno, es crucial mantener la confianza tanto en el control monetario como en el sistema financiero. Los dos son mutuamente dependientes: se necesita un sistema financiero fuerte y con capacidad de recuperación para sostener el control monetario; y la confianza en él sostiene al sistema financiero. El FMI cree que el control monetario permitirá que el país sobrelleve la turbulencia, ya que Bulgaria tiene reservas fiscales y monetarias adecuadas. El FMI ni siquiera consideró medidas alternativas para compensar la balanza de pagos negativa, como la devaluación monetaria o la adopción del euro.

Recomendaciones

Mantener el superávit

La política fiscal debería apuntar a mantener grandes superávit, no sólo porque han sido un pilar para el control monetario, sino también para conservar el equilibrio de la cuenta de la reserva fiscal – un colchón importante en caso de surjan problemas. Para 2008, el Gobierno apuntó a un superávit igual al 3,5% del PIB. Conservar los superávit en un tiempo donde los aumentos de ingresos son lentos requerirá enlentecer significativamente el aumento de los gastos. Sin embargo, ni los ingresos ni los gastos proyectados en el presupuesto actual reflejan el declive esperado del crecimiento del PIB.

Hacer transparente la implementación de la regla del 10% del presupuesto

El Gobierno planea contener el aumento de los gastos restringiéndolos al 90% de lo que fue presupuestado originalmente para 2009, en vez de realizar una revisión del presupuesto. El 10% restante debe ser liberado en base al desarrollo del presupuesto. Esta solución podría ser pragmática, pero está lejos de ser transparente. En efecto, los observadores extranjeros, que probablemente no están al tanto de la regla del 10%, perciben un presupuesto basado en ingresos poco realistas.

Es importante asegurar que los mecanismos para implementar la regla del 10% se entiendan con claridad. Algunos planes y programas quizás deban ser pospuestos. Los ministerios deberían establecer sus prioridades de gastos temprano y asegurarse de que se comuniquen claramente a la población. También es esencial que el presupuesto se ejecute estrictamente. La implementación de la regla del 10% sólo reduciría el aumento de los gastos del 17% planeado en el presupuesto al 11% en términos reales.

Acelerar las reformas

Las reformas fiscales y estructurales deberían acelerarse, a pesar del período de elecciones. Los problemas en cuanto al desembolso de los fondos de la UE ponen de manifiesto la necesidad de mejorar aún más los sistemas de control. El Gobierno ha introducido varios cambios a los aportes de la seguridad social y a las políticas sociales – por ejemplo, una disminución de las tasas de las contribuciones del seguro social pagadas por los empleadores y un aumento de los beneficios por maternidad. Al implementar nuevas reformas, es esencial mantener la neutralidad fiscal para asegurar la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas públicas7. Para acelerar la convergencia con los estándares de la UE, el Estado debe completar la reforma de la educación, realizar progresos en la reforma del sistema de salud y mejorar la eficacia de los sectores público y privado.

Aumentar los salarios al tiempo que aumente la productividad

El Gobierno es consciente de que la alta tasa de crecimiento de los salarios durante 2008 no puede mantenerse. Aunque todavía sean bajos comparados con los de Europa Occidental, los nuevos aumentos deben ir acompañados por mejoras de la productividad. Según el FMI el ritmo actual de crecimiento de los salarios es demasiado rápido para el crecimiento relativamente pequeño de la productividad del país. Además, como lo ha demostrado la experiencia de otros países, durante la recesión, cuanto más rápido aumenten los salarios, más probable será que también aumente el desempleo8.

La moderación en los aumentos del costo trabajo/producción es esencial, dado que los recursos deberán desplazarse hacia los sectores orientados a la exportación. En tanto el crecimiento del sector del mercado interno se reduce, el del PIB sólo puede mantenerse si las exportaciones adquieren más importancia, pero ambos sectores deben seguir siendo competitivos. Si realmente lo son es un tema de discusión. Aunque el Gobierno expresa confianza en la rentabilidad corporativa, las ONG están menos seguras debido a la falta de datos disponibles.

El sector financiero

Las políticas sólidas también ayudarán al sector financiero, que actualmente está bien capitalizado y es lucrativo. Es probable que en el futuro próximo la rentabilidad disminuya, dado que la financiación extranjera se está volviendo escasa, que la fuerte competencia para los depósitos nacionales ha aumentado el costo de los fondos, y que se espera que el crecimiento de los préstamos se enlentezca. Al mismo tiempo, la dependencia de los bancos en la financiación extranjera para nuevos préstamos los hace vulnerables a la actual perturbación de los mercados financieros internacionales. Sin embargo, los bancos están en buena posición para afrontar un enlentecimiento, y tienen un buen colchón de capital y liquidez.

Es probable que el desempleo no alcance cifras de dos dígitos. Los que tienen más probabilidades de estar desempleados son los jóvenes, por carecer de una historia laboral, los trabajadores con pocas calificaciones, los trabajadores de más edad, los discapacitados y las mujeres. Es importante destacar que la cantidad de desempleados no registrados es al menos igual a la de registrados, y puede ser incluso más alta. Los trabajadores emigrantes también están regresando, y por esa razón se terminan las remesas que enviaban a sus familias. Algunas proyecciones estiman que aproximadamente el 20% de emigrantes de corto plazo puede volver – principalmente de Grecia, España y varios otros países de la UE donde el desempleo se está disparando.

La perspectiva de la sociedad civil

Las ONG y los sindicatos no están de acuerdo en que la reducción de los gastos sociales sea aceptable en tiempos de crisis. De hecho, los gastos han sido escasos desde el establecimiento del control monetario. Cualquier otra reducción podría destrozar la paz social del país. Aunque los expertos de las ONG apoyan el aumento de la proporción de inversión destinada a la infraestructura del transporte, son muy críticos de que el Gobierno no usara los fondos estructurales de la UE asignados a Bulgaria en sus dos primeros años como miembro pleno. Hacia fines de 2008 sólo se había gastado 0,6% de los EUR 2.200 millones. La falta de capacidad financiera, la excesiva burocracia y los procedimientos escasamente transparentes han impedido que los fondos lleguen a sus destinatarios.

Las ONG insisten en que tanto los empleadores como el Gobierno deben tomar medidas de emergencia para controlar la inflación, negociar compensaciones para la disminución de los ingresos reales, garantizar los salarios, evaluar el impacto de la crisis en los grupos más vulnerables de la sociedad y proteger los derechos sociales y económicos básicos.

1 FMI, Bulgaria. Consulta sobre Artículo IV. Informe del Personal. Declaración del Personal; Nota de Información Pública sobre el Debate de la Junta Directiva; Declaración del  Director Ejecutivo para Bulgaria. Febrero de 2009, p. 25.

2 Banco Mundial. Informe Económico ordinario UE 10, febrero de 2009.

3 Confederación de Sindicatos Independientes (2009). “Calidad de vida”. Disponible en: <www.knsb-bg.org/knsb/>.

4 FMI, Bulgaria – Visita de expertos en abril de 2009; Declaración final de la Misión del FMI. Ver: <www.imf.org>.

5 Gobierno de Bulgaria. “Plan de estabilidad y progreso económico para 2009” [sólo en búlgaro]. Disponible en: <www.government.bg>.

6 FMI. World Economic Outlook, Abril de 2009.

7 Confederación de Sindicatos Independientes, op. cit.

8 Los trabajadores y empleados búlgaros siguen recibiendo la remuneración más baja de Europa, mientras el nivel de los precios se mantiene comparativamente alto, con un salario mensual promedio de EUR 255 (USD 339). Esto significa que con el 20% del sueldo promedio europeo la población debe lidiar con niveles de precios que alcanzan aproximadamente al 46% del nivel promedio de los precios europeos. Este es uno de los reclamos principales de la Confederación de Sindicatos Independientes por un salario justo y digno, mayo de 2008.

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BÉLGICA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Habiéndose desplomado las acciones de los bancos y principales empresas del país, el Gobierno salió al rescate de los bancos y a garantizar los depósitos. La crisis, de todos modos, sigue incrementando el desempleo, en tanto el costo del rescate bancario se hace sentir en el drástico aumento del endeudamiento público, lo que tiene severas repercusiones en la provisión de seguridad social.

Los altos costos del rescate bancario

Arnaud Zacharie
Secretario general
CNCD-11.11.11
Gaspard Denis
Encargado de investigación
CNCD- 11.11.11   

Habiéndose desplomado las acciones de los bancos y principales empresas del país, el Gobierno salió al rescate de los bancos y a garantizar los depósitos. La crisis, de todos modos, sigue incrementando el desempleo, en tanto el costo del rescate bancario se hace sentir en el drástico aumento del endeudamiento público, lo que tiene severas repercusiones en la provisión de seguridad social.

En 2008, dos de los mayores bancos de Bélgica, Fortis y Dexia, comenzaron a padecer serios problemas, exacerbados por la crisis financiera que otros bancos del mundo estaban atravesando. Las acciones de  Fortis y Dexia, así como las de la mayoría de las empresas belgas, se desplomaron. La reacción del Gobierno fue salir al rescate de los bancos y garantizar los depósitos, pero de todos modos, el costo del derrumbe financiero ha sido particularmente severo, no por  el monto de los recursos desembolsados por el Estado sino por el gigantesco aumento del nivel del endeudamiento público que el país, desde hacía unos quince años, venía intentando reducir.

Lo gastado por el Estado para recapitalizar el sector bancario alcanza casi EUR 20.000 millones. A esta cifra se le deben agregar los EUR 25.000 millones ofrecidos por el Estado bajo forma de garantías, por lo que, en total, la factura de ayudas públicas a los bancos alcanzaría cerca de EUR 45.000 millones. Además del endeudamiento, este rescate ha derivado en problemas presupuestales, crecimiento del desempleo e incertidumbres respecto a la capacidad del Estado de mantener el financiamiento de su modelo social.

El costo del rescate

Las operaciones de rescate que llevaron adelante el Gobierno Federal y las entidades federadas condujeron a la nacionalización de Fortis Banque, así como a la recapitalización de Dexia Banque, del grupo KBC y de la compañía de seguros Ethias. En un plazo de tres meses, los poderes públicos reaparecieron en el sector bancario belga, casi dos décadas después de haber desertado de ellas. Sin embargo, las condicionalidades para los planes de recapitalización de las instituciones financieras han sido, en buena medida, débiles y opacas. De este modo, las medidas de rescate se adaptaron perfectamente al viejo adagio liberal: “socializar las pérdidas, privatizar las ganancias”.       

En lo relativo al franco-belga-luxemburgués Dexia, éste recibió un incremento de capital de EUR 3.000 millones, asignados por las autoridades públicas belgas (Estado federal y Entidades federadas). La parte francesa, por su lado, proporcionó una suma equivalente (EUR 2.000 millones a través de la Caja de Depósitos y Consignaciones, y 1.000 millones a través del Estado), lo que le ha permitido aumentar su participación del 11,5% a cerca del 28% del capital del banco y, consecuentemente, alcanzar una minoría con capacidad de bloqueo en el grupo bancario. Por su parte, el banco KBC ha recibido hasta el presente tres sucesivos planes de rescate. Primero, en octubre de 2008, el Estado Federal intervino con EUR 3.500 millones. Después, en enero de 2009, la Región Flamenca desembolsó 2.000 millones. Finalmente, en mayo pasado, emitió nuevamente obligaciones de Estado por un monto de EUR 2.000 millones para financiar al grupo KBC. En total, ese último ha recibido hasta ahora cerca de EUR 7.500 millones de los contribuyentes belgas.

En lo que concierne al rescate del grupo belga-neerlandés Fortis, la participación en capital del Estado belga llegó, en octubre de 2008, al 99,93%, lo cual representa la suma total de EUR 9.400 millones. Sin embargo, desde un principio demostró su voluntad de vender el 75% del banco al grupo francés BNP Paribas. No obstante, la oposición de los accionsitas de Fortis Holding al desmantelamiento de su grupo obligó en dos oportunidades al Gobierno y al BNP a revisar su acuerdo de cesión de Fortis Banque. La tercera versión fue finalmente votada por los accionistas durante dos asambleas generales el 28 y 29 de abril de 2009 en Gand (Bélgica) y Utrecht (Países Bajos). En definitiva, a cambio de la transferencia de Fortis Banque a BNP Paribas, el Estado belga recibió el 11,6% del capital del grupo bancario francés.   

La deuda pública se dispara
    
Cuando Bélgica se postuló para adherir a la moneda única europea a inicios de los años 1990, se presentaba un problema mayor: el peso de la deuda pública. Mientras que los criterios de Maastricht exigían que la deuda de un estado miembro no sobrepase el 60% del PBI, la deuda pública belga lo sobrepasaba en un 130% en 1993 y 1994.

A raíz de eso se implementó un plan de austeridad que fue doloroso para el nivel de los gastos públicos pero que permitió ir aliviando la deuda del país, que había bajado al 84% del PBI en 2007.

Ahora, con el costo de los planes de rescate de los bancos y el impacto de la crisis financiera en las finanzas públicas, la tasa de endeudamiento ha experimentar una suba brutal, alcanzando 89,7% en 2008, en tanto la Banca Nacional de Bélgica proyecta que llegará al 103% en 2010. Esto representa una deuda de más de EUR 30.000 por habitante. El déficit público ha seguido obviamente la misma curva: del 1,2% del PBI en 2008, se espera que salte al 5,5% en 2009.  

Seguridad social y desempleo

Como consecuencia del déficit público, el financiamiento de la seguridad social se ve también perjudicado, registrando en 2009 un déficit de EUR 2.450 millones debido a la caída de las recaudaciones de las cotizaciones sociales y del IVA. El Gobierno prevé un incremento del déficit de la seguridad social de EUR 5.300 millones en 2010.

Finalmente, el desempleo sigue expandiéndose debido a la recesión económica. En junio de 2009, 443.574 personas estaban desempleadas, lo que equivale a 43.433 nuevos desempleados en el plazo de un año.

El Consejo Superior del Empleo, dependiente del Ministerio del Empleo y la Igualdad de Oportunidades publicó, en junio de 2009, el informe “Evolución reciente y perspectivas de avance del trabajo”1, consagrado al análisis de la crisis económica global y sus consecuencias sobre el empleo.

De acuerdo al documento la actividad retrocedió 1,7% en el primer trimestre de 2009, comparado con el mismo período de 2008. Luego de un crecimiento del empleo nulo, durante el cuarto trimestre de 2008, cerca de 10.000 puestos de trabajo desaparecieron en el primer trimestre de 2009. Las horas trabajadas en empleos temporales no habían dejado de caer después del segundo trimestre de 2008. Esta tendencia se acentuó en abril, al registrarse una caída de 28% en comparación con el año anterior. El Banco Nacional de Bélgica prevé la desaparición de 36.000 puestos de trabajo en 2009 y de otros 80.000 en 2010. Teniendo en cuenta el crecimiento continuo de la población activa, el número de personas que buscan empleo aumentaría en 2009 a 68.000 y a 111.000 en 2010. La tasa de desempleo, mientras tanto, pasaría de 7% en 2008 a 9,2% en 2010.

1 Ver: <www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=23984>.

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CAMBOYA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Después de dos décadas de guerras, Camboya está reconstruyendo las instituciones del Estado. El crecimiento económico ha sido alto, pero el país necesita una gran inversión en recursos humanos, especialmente en áreas como educación y salud. La crisis económica mundial está teniendo efectos devastadores, poniendo en riesgo la realización de algunos programas nacionales de desarrollo. Algunas ONG defienden los derechos de los pueblos indígenas, quienes se encuentran en riesgo debido a las concesiones de tierras del Gobierno para plantaciones e infraestructura de desarrollo. Otras ONG exigen mayor transparencia presupuestaria.

CAMBOYA

Redirigir el crecimiento económico

SILAKA
Gender and Development of Cambodia
COMFREL
NICFEC
NGO Committee on CEDAW
Te NGO Forum
CEDAC
Thida C. Khus

Después de dos décadas de guerras, Camboya está reconstruyendo las instituciones del Estado. El crecimiento económico ha sido alto, pero el país necesita una gran inversión en recursos humanos, especialmente en áreas como educación y salud. La crisis económica mundial está teniendo efectos devastadores, poniendo en riesgo la realización de algunos programas nacionales de desarrollo. Algunas ONG defienden los derechos de los pueblos indígenas, quienes se encuentran en riesgo debido a las concesiones de tierras del Gobierno  para plantaciones e infraestructura de desarrollo. Otras ONG exigen mayor transparencia presupuestaria.

Entre 1997 y 2007 Camboya tuvo un crecimiento económico promedio de 9,5% anual, con un aumento de dos dígitos en los años 2005-2007. Aunque el producto interno bruto (PIB) continuó creciendo rápidamente durante la primera mitad de 2008, en los últimos meses del año la economía recibió el impacto del colapso mundial. El mercado inmobiliario local se vino abajo, y las exportaciones de vestimenta y el turismo extranjero disminuyeron, arrastrando el crecimiento de 2008 que cayó a 5,5%. Para 2009 el Gobierno había previsto un aumento de 6% del PIB, pero las instituciones internacionales son mucho más pesimistas acerca de las perspectivas del país. El Banco Asiático de Desarrollo anticipa un crecimiento de 2,5%; el Fondo Monetario Internacional un magro 0,5%; el Banco Mundial pronostica una contracción de 1%.

La economía nacional depende mayormente del turismo, las exportaciones de vestimenta, la construcción y la agricultura, todas industrias extremadamente vulnerables  a la crisis mundial. Las industrias de servicios, especialmente el turismo, son la principal fuente de ingresos, pero se espera que la reciente caída del número de visitantes extranjeros – en enero de 2009 2% respecto al año anterior – empeore en el correr de los próximos dos o tres años1.

Camboya también depende de las remesas de los trabajadores en el exterior, principalmente en Tailandia, Malasia y Corea del Sur. A partir del primer trimestre de 2009, Tailandia y Malasia cancelaron todas las importaciones de trabajo, y Corea rebajó la cuota de trabajadores camboyanos a 1.000 para 2009, 25% menos que la tasa de 20082. El empleo también cayó drásticamente en la industria de la vestimenta. En marzo de 2009, habían desaparecido 51.000 puestos de trabajo de un total de 400.000. Más del 90% de los trabajadores despedidos son mujeres provenientes de comunidades rurales, que por lo general envían la mayor parte de sus ingresos a su casa para mantener a sus hermanos y hermanas en la escuela. Las fábricas de vestimenta están operando a sólo 40-50% de su capacidad, y más de 80 fábricas ya cerraron sus puertas definitivamente. El Gobierno otorgó incentives generosos para los fabricantes de vestimenta a fin de mantener funcionando el negocio, pero no ha brindado suficiente apoyo a los trabajadores de la industria. Imposibilitados de sobrevivir con un salario mínimo demasiado escaso para cubrir sus necesidades, muchos de ellos han comenzado a volver a sus granjas.

 

En la primera mitad de 2008 los precios de los alimentos y del petróleo se dispararon, acelerando la suba del índice de precios al consumo (IPC) de 13,7% en enero de 2008 a 25,7% en mayo. Sin embargo, los precios de los bienes básicos cayeron en la segunda mitad del año y la inflación del IPC acompañó lentamente, ubicándose en 13,5% en diciembre.

El incremento repentino de los precios mundiales del arroz proporcionó una excelente ganancia a los comerciantes que contaban con arroz superavitario, pero afectó profundamente la seguridad alimentaria del 31% de la población3 – casi 4 millones de personas que no producen suficiente arroz como para cubrir sus propias necesidades4. Las personas que viven en torno al Tonle Sap, el lago más grande del país, son especialmente vulnerables porque ya se habían endeudado para lograr llegar a fin de mes. En 2008 tuvieron que vender sus activos productivos y sacar a los niños de la escuela para ponerlos a trabajar. El Gobierno respondió con un programa alimentario de emergencia por un monto de USD 40 millones para ayudar a las poblaciones vulnerables de esas provincias.

Los precios inmobiliarios se fueron a las nubes de 2005 a 2008. El Gobierno respondió con un aumento de las tasas de seguridad bancaria, de 8% a 16% (que más tarde redujo a 12% cuando la crisis financiera mundial comenzó a hacerse sentir) e introdujo medidas monetarias para desalentar a los bancos a otorgar ampliaciones de crédito para el desarrollo de propiedades. Desde 2008 los negocios inmobiliarios en Phnom Penh se han venido a pique, y ya están 30%-40% por debajo de su pico de 2008, causando graves pérdidas a los inversores5.
 
En comparación con las instituciones financieras de otras partes de la región y de Occidente, los bancos camboyanos parecen estar funcionando bastante bien. Sus tasas de interés oscilan entre 3% y 7%, dependiendo del monto y la duración de la inversión. Sin embargo, algunos economistas expresaron su preocupación acerca de los préstamos con bajo desempeño (los que están cercanos a la cesación de pagos), que alcanzan el 3,4% en Camboya, comparados con el 5,7% en el Pacífico asiático y el 1,8% en los países desarrollados6, como también por lo inadecuado de la infraestructura para ampliar el crédito a los negocios agrícolas.

Desafíos al desarrollo humano

A pesar del progreso socioeconómico reciente, Camboya sigue siendo uno de los países más pobres de Asia. Durante la década finalizada en 2007, la tasa nacional de pobreza disminuyó levemente, de 34,8% a 30,1%, pero dados los altos y crecientes niveles de desigualdad y vulnerabilidad, es probable que las crisis alimentaria y energética de 2008 hayan atrasado los esfuerzos para aliviar la pobreza.

Debido a la debilidad de los servicios de salud pública, incluso las familias de medios modestos pueden caer en la pobreza cuando uno de sus integrantes se enferma. El Gobierno introdujo varios programas para brindar atención médica gratuita para las familias pobres, pero éstos tienden a ser inadecuados y poco confiables. Los responsables de las políticas han considerado diversas opciones de redes de seguridad para la población en general, pero ninguna de ellas se ha implementado aún.

Otros indicadores de desarrollo son angustiantes, especialmente la tasa de mortalidad materna. Según la Encuesta de Demografía y Salud de Camboya se ha mantenido estancada en un nivel alto: de 432 por 10.000 nacidos vivos en 2000 a 472 por 10.000 en 2005. Cinco mujeres por día mueren al dar a luz, el mismo número de hace nueve años. El Dr. Te Kuy Seang, Secretario de Estado del Ministerio de Salud, declara que su oficina no tiene fondos para implementar su plan de aumentar en 300 el número de parteras, que se agregarían a las actuales 3.000, y construir centros de atención para madres embarazadas en las comunidades rurales.

Las niñas aún sufren discriminación, tanto en sus familias como en el sistema de educación pública. En 2007, representaban el 47% de la matrícula de enseñanza primaria, el 46% del ciclo básico de enseñanza secundaria, el 40% de la enseñanza secundaria superior y sólo el 35% de la educación terciaria. A fin de encarar esta desigualdad, el Gobierno y las organizaciones internacionales han introducido programas para brindar comidas en la escuela, internado gratuito, becas y otros incentivos para las niñas. Sin embargo, estos programas todavía no han alcanzado a toda la población.

Con la tasa de crecimiento proyectada para 2009 la probabilidad de recaudar suficientes ingresos para financiar los programas sociales planificados parece muy limitada. Por diversas razones, que van desde desastres naturales a políticas agrícolas inadecuadas, tanto la distribución de los alimentos como el acceso a ellos se está convirtiendo en un problema para una porción importante y creciente de la población. El Gobierno está proporcionando alimentos al Programa Mundial de Alimentos, que actualmente asiste a más de un millón de camboyanos. Asimismo, está modificando el presupuesto actual para aumentar la asignación al Banco de Desarrollo Rural destinada a créditos granjeros. No obstante, hasta ahora ha brindado muy poca información sobre cuánto dinero se destinará a tal efecto y de qué forma asegurará que se beneficien los más necesitados.

Las comunidades indígenas y el trabajo de las ONG

Las concesiones de tierras del Gobierno para las plantaciones de caucho usurparon las tierras ancestrales de las comunidades indígenas de Stung Treng, Rattanakiri y Mondulkiri. A pesar de la aprobación de una ley comunal en 2001, ninguna de estas comunidades logró registrar sus tierras comunales. Esta confiscación viola su derecho a su única fuente de supervivencia e identidad. También existen planes para instalar plantas hidroeléctricas que amenazan el sustento de muchas comunidades indígenas en todo el país. No se consultó a las comunidades locales respecto de la mayoría de estos planes. Las ONG locales y las organizaciones internacionales están trabajando con estas comunidades para ayudarlos a conocer sus derechos y la legislación respecto de la propiedad de sus tierras.

Mientras algunas organizaciones de la sociedad civil están brindando información para proteger a las poblaciones vulnerables, otras monitorean la apropiación de tierras de las comunidades rurales que violan los derechos humanos. Algunas ONG monitorean el presupuesto nacional, identificando discrepancias entre las prioridades políticas y las correspondientes asignaciones, y están exigiendo más transparencia. Otras se concentran en capacitar a las organizaciones de la sociedad civil para promover la participación de los ciudadanos en la gobernanza local y nacional. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil reclama que el petróleo, el gas y la minería se administren de forma tal que aseguren la transparencia de los ingresos y la sustentabilidad para las futuras generaciones.

Camboya todavía está reconstruyendo sus instituciones económicas y políticas, que fueron destruidas por dos décadas de guerra. El país alcanzó un alto crecimiento económico pero no logró diversificar las inversiones económicas o hacer las inversiones urgentes necesarias para mejorar los servicios de educación y salud. A pesar del lento avance en la reducción de la pobreza, la falta de transparencia de las decisiones políticas y la mala administración de los asuntos del Estado siguen siendo motivos de preocupación.

1 Tith Chinda, Director General del Ministerio de Turismo, 12 de marzo de 2009.

2 Ministerio de Trabajo y Oficios, entrevista en la radio Asia Libre, 7 de abril de 2009.

3 Chan Sophal. “Impact of High Food Prices in Cambodia”. Annual Development Review 2008-09.

4 En las nueve aldeas estudiadas por el Instituto Camboyano de Recursos del Desarrollo entre 2001 y 2004, hasta 65% de los hogares no cultivaba suficiente arroz para su propio consumo.

5 Realidad Camboyana. Seng Bunna, Bunna Reality, 20 de marzo de 2009.

6  Ibid.

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CANADÁ

Publication_year: 
2009
Summary: 
El presupuesto de 2009 fue la oportunidad de que el Gobierno se ocupara de los ciudadanos más vulnerables. Todo quedó en un plan de estímulo económico cortoplacista que desatiende las necesidades de los miles de ciudadanos que soportan lo peor de la crisis. Los empleos creados por las inversiones públicas son para los hombres, mientras las mujeres obtienen empleos precarios o de tiempo parcial y, con frecuencia, son las primeras en ser despedidas. A las organizaciones de la sociedad civil les preocupa que los estándares ambientales y de sostenibilidad se flexibilicen mientras Canadá se dedica a desandar el traspié económico.

Estímulo económico 2009: una oportunidad perdida

Canadian Feminist Alliance for International Action
Nancy Baroni
Nancy Peckford
North South Institute
John Foster
Canadian Centre for Policy Alternatives
Armine Yalnizyan

El presupuesto de 2009 fue la oportunidad de que el Gobierno se ocupara de los ciudadanos más vulnerables. Todo quedó en un plan de estímulo económico cortoplacista que desatiende las necesidades de los miles de ciudadanos que soportan lo peor de la crisis. Los empleos creados por las inversiones públicas son para los hombres, mientras las mujeres obtienen  empleos precarios o de tiempo parcial y, con frecuencia, son las primeras en ser despedidas. A las organizaciones de la sociedad civil les preocupa que los estándares ambientales y de sostenibilidad se flexibilicen  mientras Canadá se dedica a desandar el traspié económico.

*

Durante las elecciones generales de octubre de 2008, que coincidieron con la creciente conciencia de que Canadá podría estar ante una posible recesión, el primer ministro Stephen Harper aseguró a los electores que la economía sería inmune a las dificultades mundiales, que sus ahorros, jubilaciones y capitales estarían seguros, y que su gobierno jamás entraría en déficit. Esto lo aseguró basado en que el sistema bancario de Canadá está bien regulado y es estable, e ignoró en gran medida el hecho de que el país se vería muy afectado, ya que Estados Unidos es, por lejos, su principal socio comercial.

Lo que no dijo el Primer Ministro es que el desempleo probablemente se dispare, o que los canadienses con bajos ingresos padecerían el mayor costo del debilitamiento de la economía, especialmente por lo poco que se invirtió en programas sociales en la década anterior. También dijo muy poco acerca de las opciones que su gobierno – de resultar elegido – tomaría para compensar las peores consecuencias de una posible recesión. Aunque a muchos canadienses les preocupó que su enfoque equivaliera a “esconder la cabeza en la arena”, el Partido Conservador en el poder fue reelegido con 37,6% de los votos (sobre un total inferior al 60% del electorado habilitado, la menor asistencia en la historia).1

Cuando el Gobierno recién elegido fijó sus prioridades, los canadienses esperaban un sólido paquete de estímulos económicos para proteger los empleos, invertir en una red de seguridad social fortalecida para los ciudadanos de bajos ingresos y realizar inversiones estratégicas para minimizar el impacto de la recesión. En cambio, presentó un programa sumamente partidario e ideológico que, entre otras medidas, eliminaría el apoyo financiero a los partidos políticos y ya no apoyaría la equidad salarial en el empleo público como un derecho humano, dejándole a los sindicatos la posibilidad de negociarlo a través del proceso de negociación colectivo.

Respuesta parlamentaria

En un paso sin precedentes, los tres partidos de oposición elegidos negociaron un acuerdo para formar un gobierno de coalición. Muchas organizaciones de la sociedad civil apoyaron este paso para reemplazar al Gobierno conservador por uno más progresista que representara a la mayoría de los canadienses. Sin embargo, mientras la propuesta de un gobierno de coalición adquiría fuerza y amenazaba con tomar el poder a través de un voto de censura en el Parlamento, el Primer Ministro solicitó al Gobernador General (el jefe de Estado de Canadá) una prórroga (en esencia, un receso parlamentario extendido), que le fue otorgado. El gobierno se comprometió a convocar al Parlamento seis semanas después con un presupuesto completo que planteara un plan de estímulos económicos. Durante las seis semanas de la prórroga, el líder del partido opositor oficial renunció, se designó a uno nuevo, y la propuesta de coalición fue retirada.

El presupuesto de 2009 y la sociedad civil

Durante la prórroga del Parlamento, el Departamento de Finanzas invitó a personas individuales y organizaciones a presentar propuestas sobre qué tendría que incluir el presupuesto. En este período, el Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) presentó su Presupuesto Federal Alternativo (AFB) anual, un presupuesto participativo creado por la sociedad civil con un fuerte énfasis en la creación y el mantenimiento de empleos favorables a la ecología, la inversión en infraestructura social y física, el fortalecimiento del seguro de paro y el apoyo a los canadienses con bajos ingresos. Los participantes propusieron cinco pruebas sobre la eficacia del presupuesto federal:2

  • El incremento del seguro de paro del 55% al 60% de los ingresos asegurados y la extensión del período para recibir ese beneficio a 50 semanas, ¿ayuda a los cientos de miles de canadienses recientemente desempleados?
  • El compromiso de reducir la pobreza un 25% en los próximos cinco años, ¿apoya a quienes más lo necesitan, como los desempleados, los canadienses con bajos ingresos y las comunidades más afectadas?
  • ¿Implementa un ambicioso programa de infraestructura social, física y pública ecológica para la creación de empleos en profesiones dominadas tanto por hombres como mujeres?
  • ¿Apoya a sectores clave de valor agregado con criterios de reestructura para asegurar que se transformen en ecológicos y sostenibles?
  • ¿Pone énfasis en el gasto por encima de los recortes tributarios?

El presupuesto para 2009 reprobó en las cinco pruebas.

El apoyo a los trabajadores desempleados

En cuanto al seguro de paro, el presupuesto de 2009 anunció cambios que permiten a los reclamantes cinco semanas adicionales de beneficios en los próximos dos años. Esto no es suficiente debido al récord de pérdidas de empleos que han sido denunciados. Además, relativamente pocos canadienses están habilitados para recibir esos beneficios aunque todos los trabajadores que generan ingresos imponibles realizan pagos obligatorios al plan. Aproximadamente 44% de quienes están desempleados en la actualidad reciben el seguro de paro. En 1989 esa cifra ascendía a 83%.3

Los profundos recortes al gasto público realizados en la década de 1990 debilitaron mucho el plan de seguro de paro. Aunque antes de la recesión Canadá experimentó casi una década de crecimiento económico y superávits gubernamentales, el gasto en los programas sociales nunca se reinstauró. A lo largo del espectro político y entre los analistas existe el consenso casi universal de que es necesario enmendar el seguro de empleo para mejorar el acceso al beneficio del seguro de paro. Los partidos opositores respaldaron por unanimidad una moción en la Cámara de los Comunes para reformar el programa. Sólo los Conservadores en minoría se oponen.

La debilitada red de seguridad social de Canadá

Aunque fue presentado como el paquete de estímulos económicos del Gobierno, el Presupuesto de 2009 no se comprometió a reducir la pobreza ni otras medidas para ayudar a los canadienses más vulnerables. En noviembre de 2008, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Canadá que actuara de inmediato para modificar las tasas de asistencia social, insuficientes y empobrecidas.4 Mientras se pierden empleos y la gente no califica para recibir beneficios del seguro, cada vez más canadienses deberán recurrir a la asistencia social. Hacen falta inversiones sustanciales para mejorar las tasas y emprender la reforma del sistema de asistencia pública para que se amplíen los requisitos, se eliminen las recuperaciones de los beneficios estatales dados a los receptores y los receptores puedan obtener más ingresos. Esto permitiría a un número mayor de canadienses salir de la trampa de la pobreza en que se ha convertido el sistema vigente de asistencia pública a partir de los recortes en el gasto antes mencionados.

Presupuesto de 2009 e infraestructura

El Presupuesto de 2009 tuvo alguna inversión en proyectos de infraestructura física. Canadá tiene un déficit de infraestructura municipal estimado en USD 123 mil millones debido a años de subfinanciación, y el monto anunciado es una gota en el mar. Además, depende fuertemente de la asociación entre el Estado y el sector privado.5 En la mayoría de los casos, los municipios deben igualar los fondos federales para acceder a estos dineros de infraestructura.

El Presupuesto realizó cierta inversión en sectores clave, aunque muchos representantes del sector argumentan que no son estratégicos y no fomentan el crecimiento de una economía sostenible y ecológica. A las organizaciones de la sociedad civil les preocupa que, mientras Canadá se dedica a superar el traspié económico, las normas ambientales y de sostenibilidad se flexibilizarán. Además, los empleos se están creando en industrias dominadas por los hombres. Las mujeres siguen soportando lo peor de esta crisis económica. Están excesivamente representadas en los empleos precarios y de tiempo parcial, y con frecuencia son las primeras en ser despedidas. Debido a este patrón laboral, es más probable que no sean aptas para recibir los beneficios del seguro de paro.

AOD: noticias buenas y malas

Uno de los avances más significativos de 2008 fue la aprobación de la Ley de Rendición de Cuentas de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que requiere que el Gobierno informe al Parlamento de qué manera la ayuda canadiense coincide con los compromisos oficiales de derechos humanos, reduce la pobreza y cumple las necesidades expresadas por los pobres. Todos los partidos apoyaron la moción. Sin embargo, ese mismo año, el gobierno anunció que retiraría a varios países africanos de la atención de prioridad (incluidos Camerún, Kenia, Malawi y Zambia) y se concentraría en su lugar en varios países del Hemisferio Occidental, incluidos Bolivia, Colombia, Haití, Honduras y Perú. Las consecuencias totales del cambio aún no son visibles, pero en terrenos como el VIH y el SIDA y la reducción de la pobreza, significa un traspaso de los países con alta incidencia a otros con baja incidencia. El gobierno asegura a los canadienses que su compromiso de incrementar la ayuda a África sigue en pie, en general.

Recortes tributarios para los ricos por encima de la inversión social

Las organizaciones de la sociedad civil piden desde hace tiempo al gobierno que realice inversiones sociales duraderas que beneficien más a los canadienses de bajos ingresos, pero el Presupuesto de 2009 continuó la tendencia de los recortes impositivos y los créditos dirigidos a los canadienses de altos ingresos y las empresas. Casi 40% de las mujeres y 24% de los hombres en Canadá generaron tan pocos ingresos en 2007 que no pagaron impuesto a la renta,6 y por lo tanto no pueden acceder a ninguno de los créditos o exenciones tributarias propuestas dirigidas a estimular la economía. Algunos de los recortes impositivos son permanentes. Por el contrario, todas las medidas de gasto son temporarias, con una fecha de vencimiento no mayor a los dos años tras la adopción del presupuesto.

La situación de Canadá al ingresar a la recesión era insostenible por los fuertes recortes tributarios. La crisis económica fue la oportunidad de usar los estímulos gubernamentales para mejorar el rumbo de varias cosas, como la desigualdad, el cambio climático y la infraestructura pública (incluida la infraestructura blanda como la atención sanitaria e infantil). El Gobierno decidió enfrentar las circunstancias minimizando constantemente la gravedad y potencial duración de la recesión y tratando el plan de estímulos como algo para lograr el retorno de la economía “a la normalidad”. Esto revela miras cortas y no alcanza para satisfacer las necesidades de miles de canadienses que soportan lo peor de la crisis económica.  

 

1 CBC. “Voter Turnout Drops to Record Low”. 15 de octubre de 2008. Disponible en: <www.cbc.ca/news/canadavotes/story/2008/10/15/voter-turnout.html>.

2 Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) “Five Tests for Canada’s Next Federal Budget”. Comunicado de prensa, 23 de enero de 2009. Disponible en: <www.policyalternatives.ca/news/2009/01/pressrelease2080/>.

3 Battle, K., Mendelson M. y Torjman S.. Towards a New Architecture for Canada’s Adult Benefits. Ottawa:Caledon Institute of Social Policy (2006).

4 Canadian Feminist Alliance for International Action (FAFIA). “UN Asks Canada to Report Back on Poverty and Murdered Aboriginal Women”. Comunicado de prensa, 24 de noviembre de 2008. Disponible en: <www.fafia-afai.org/files/CEDAW_PR_EN.pdf>.

5 “Federal Budget 2009 and Municipal Infrastructure”. Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE). 29 de enero de 2009. Disponible en: <cupe.ca/budget/2009-budget-municipal-infrastructure>.

6 Dirección de Aduanas e Ingresos de Canadá. “Tax Statistics”. 2007

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CHILE

Publication_year: 
2009
Summary: 
En tanto avanzan la recesión y el desempleo, se vacían los fondos de pensiones, decrecen las remuneraciones y el gobierno presiona sobre las remuneraciones a fin de descontraer la economía, los gremios y la sociedad civil plantean otras soluciones. Mientras los trabajadores ratifican su defensa de salarios, derechos, fondos y trabajo decente para todos y cada uno de los trabajadores, las ONG manifiestan la necesidad de comenzar a construir, juntos, una economía que ponga a las personas y al planeta primero.

Impacto social de la crisis y respuestas ciudadanas

Hugo Fazio y Martín Pascual
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA)

En tanto avanzan la recesión y el desempleo, se vacían los fondos de pensiones, decrecen las remuneraciones y el gobierno presiona sobre las remuneraciones a fin de descontraer la economía, los gremios y la sociedad civil plantean otras soluciones. Mientras los trabajadores ratifican su defensa de salarios, derechos, fondos y trabajo decente para todos y cada uno de los trabajadores, las ONG manifiestan la necesidad de comenzar a construir, juntos, una economía que ponga a las personas y al planeta primero.

Chile está siendo duramente golpeado, en 2009, por la crisis económica internacional, iniciada a mediados de 2007 a partir del derrumbe de la “burbuja” inmobiliaria estadounidense que derivó en una crisis financiera, que rápidamente fue global. Al tratarse la chilena de una economía extraordinariamente abierta, en la cual los fenómenos externos se expresan con extraordinaria crudeza, la crisis económica global repercute de formas diversas en el país. La caída de la generalidad de los productos básicos en los mercados internacionales, experimentada a partir de 2008, ha influido poderosamente, dado que la estructura económica y exportadora del país es fuertemente dependiente de la colocación en mercados foráneos de unos pocos recursos primarios y de bajo valor agregado.

La libra de cobre llegó a su precio nominal más elevado a comienzos de julio de 2008 al superar los USD 4 la libra. Ya al finalizar ese año promedió USD 1,40, para tener en los primeros meses de 2009 un ligero repunte. El descenso en el precio del cobre repercute entre otras variables sobre la paridad cambiaria, los términos de intercambio, la balanza de pagos y la actividad económica, lo cual, a su turno, tiene consecuencias sociales negativas.

En el cuarto trimestre de 2008 la economía chilena entró clara y abiertamente en recesión, cuando cayeron violentamente sus niveles de actividad en consonancia con tendencias similares en el ámbito global, lo que mostró claramente la alta correlación entre la realidad nacional y el curso general de la crisis. En el período octubre-diciembre el producto desestacionalizado y en cifras anualizadas cayó por segundo trimestre consecutivo, en comparación con los tres meses precedentes. En el tercer trimestre su disminución fue, según los datos de las Cuentas Nacionales, de 0,1%. En el cuarto trimestre se estima, efectuando el mismo cálculo, que la contracción fue de 5%.

La producción industrial se contrajo en doce meses durante el cuarto trimestre un 3,6%, la mayor caída desde 1999. En diciembre, la disminución anualizada fue todavía mayor: 4,3%. En el cuarto trimestre las ventas totales descendieron, con relación a los mismos meses de 2007, en 4%, mientras que las efectuadas en el mercado interno lo hacían en 4,7%1.

Consumo e inflación

En el cuarto trimestre se experimentó una sensible reducción en el consumo que fue acentuándose, llegando en diciembre a 9% en doce meses. La caída se produjo, fundamentalmente, entre la población de menores ingresos.

Por contrapartida, la caída en la cotización de los productos básicos incidió en que uno de los grandes problemas sociales de 2008, las altas tasas de inflación, en especial para los sectores de la población de menores ingresos, se morigerasen. En octubre de 2008, la tasa de inflación anualizada alcanzó 9,9%. Este porcentaje fue superior para los dos quintiles de la población de menores ingresos debido a un incremento en el precio de los alimentos superior al promedio, lo cual contrajo sus condiciones de vida. Al registrarse también contracción de la demanda interna, las presiones inflacionarias se vieron debilitadas y, en parte por este motivo, desde noviembre el Índice de Precios al Consumo (IPC) inició un curso descendente, que proseguirá en el curso del año.

Otra poderosa razón que explica el descenso inflacionario es la reducción internacional en el precio del petróleo, en porcentaje, el mayor componente de las importaciones del país. En cambio, debido a la política gubernamental de estimular las inversiones sectoriales con cargo a los consumidores, las tarifas eléctricas siguen teniendo un costo elevado. Otro tanto sucede en el sector de agua potable y empresas sanitarias.

Desempleo

Uno de los mayores costos sociales de la recesión es el incremento de las tasas de desempleo. Según estadísticas del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, en el Gran Santiago (la capital y su área metropolitana), en el trimestre diciembre-febrero el desempleo se aproximó nuevamente a los dos dígitos, al subir dos puntos porcentuales – de 7,7% a 9,7% de la fuerza de trabajo –, a pesar de que la estacionalidad del empleo en el verano es más favorable. A ello se debe agregar la reciente cifra oficial de desempleo nacional para el mismo trimestre: 8,5% – 0,5 puntos porcentuales superior al trimestre previo2.

Fondos de pensiones

Otro efecto social muy marcado de la crisis lo ha constituido la caída en los fondos de pensiones, cuyos recursos están colocados en activos financieros en Chile y en el exterior. El deterioro experimentado por los mercados financieros durante la crisis significó una reducción considerable en los ahorros con fines previsionales de la población, la que alcanzó a fines de 2008 una pérdida de USD 27.000 millones, más de un 26% del fondo total.

Un estudio del Banco Asiático de Desarrollo, analizando lo acontecido durante 2008, ubica a Chile como el país latinoamericano en el que se produjo la mayor pérdida de riqueza de los hogares, para lo cual tuvo alta incidencia lo sucedido con los fondos de pensiones. A pesar de las numerosas protestas de los afectados, ni las administradoras privadas de fondos de pensiones ni el gobierno han hecho nada para compensarlos.

Remuneraciones

Las políticas oficiales para enfrentar el curso contractivo de la economía, equivocadamente, han presionado – desgraciadamente con éxito – para reducir las remuneraciones reales. En una situación de elevada inflación anualizada como se vivió hasta octubre, y cuando resultaba evidente que debía experimentar una clara reducción por la fuerte caída de los productos básicos en los mercados internacionales y la notoria desaceleración de la economía interna, introducir el concepto de reajustar por la inflación oficial futura – como se ha hecho reiteradamente durante los gobiernos de la Concertación,  desde 1990 –  y no por la pérdida efectiva experimentada por las remuneraciones, atenta contra los ingresos de los trabajadores.

Los intentos oficiales de aplicar esta política chocaron a fines de 2008 con un gigantesco movimiento reivindicativo de los trabajadores del sector público. Con todo, el incremento real obtenido en las remuneraciones de los funcionarios del Estado, con relación a la situación que tenían un año antes, fue ligeramente superior al 1%.

La evolución del índice general de remuneraciones por hora y de costo de la mano de obra, que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas, evidencia claramente las consecuencias. El primero fue negativo desde junio de 2008, luego de no haber experimentado modificaciones durante mayo, pero menos que el segundo, que mira la evolución de las remuneraciones desde la perspectiva del empresario.

A la disminución reflejada en los cuadros de remuneraciones se debe agregar la disminución en los créditos que afectan a la población en general, pero particularmente a los menos favorecidos y a las PYMEs.

Las propuestas ciudadanas

La Central Unitaria de Trabajadores de Chile, en este periodo de crisis, ha concentrado sus propuestas por “Un Chile Justo” en 5 reivindicaciones principales:

a) impedir un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores con la excusa de la crisis,
b) defensa del empleo,
c) defensa de los salarios,
d) defensa de los fondos previsionales afectados por la crisis y la petición de compensaciones e intervención estatal en el sistema previsional y
e) la defensa del trabajo decente en todos sus contenidos.

En un ámbito social más amplio y trascendiendo las fronteras nacionales, ACCION, la Asociación Chilena de ONGs que agrupa a más de 70 organizaciones de desarrollo ha enviado una carta a los líderes mundiales que se reunirán en el G-20, planteando 4 grandes propuestas ante la crisis mundial en desarrollo:

a. Garantizar la gobernabilidad democrática de la economía regulando las actividades financieras, creando nuevos instrumentos fiscales, estableciendo desincentivos y restricciones a la especulación, prohibiendo los productos financieros “de casino” y garantizando que los recursos del ahorro privado o público se canalicen efectivamente hacia la actividad productiva. Insistiendo en la reforma de la gobernanza del Banco Mundial y del FMI para garantizar que estén debidamente democratizados. Haciendo que todas las instituciones financieras, los productos financieros y las multinacionales actúen con transparencia y rindan cuentas públicamente. Esto debe incluir la eliminación del secreto bancario y de los paraísos fiscales y la introducción de controles públicos en todos los países por medio de normas internacionales de contabilidad.

b. Crear trabajo decente y servicios públicos para todos garantizando una inversión masiva en un green new deal a fin de construir una economía verde basada en el trabajo decente y una remuneración justa, invirtiendo y fortaleciendo la prestación pública de servicios esenciales y trabajando en pro de asegurar el financiamiento al desarrollo a todos los países que lo necesitan, sin condiciones perjudiciales adjuntas.

c. Poner fin a la pobreza mundial y a la desigualdad entregando el 0,7% de la renta nacional en cooperación al desarrollo para el año 2013, haciendo más eficaces estos recursos y presionando para la cancelación de todas las deudas ilegítimas e impagables de los países en desarrollo.

d. Construir una Economía Verde presionando por un acuerdo en la cumbre sobre cambio climático de Copenhague para acordar reducciones sustanciales y verificables de gases de efecto invernadero y comprometiéndose a nuevas y sustanciales transferencias de recursos del Norte al Sur para apoyar la adaptación y el desarrollo sostenible en los países pobres. Es urgente implementar políticas que se alejen de las medidas de liberalización y de desregulación que marcaron los años 1990s. Llamamos a los gobiernos del G20 y de otros países a aprovechar esta oportunidad y comenzar a construir una economía que ponga a las personas y al planeta primero, en pos de una sociedad justa y con menos inequidades.

1 Banco Central de Chile.

2 Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

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CHIPRE

Publication_year: 
2009
Summary: 
: La crisis económica mundial perjudicará el turismo y los negocios inmobiliarios, dos de las industrias más importantes del país, y aumentará los niveles de desempleo de los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente los inmigrantes y las mujeres. El Gobierno debería permitir los aportes de la sociedad civil, en particular de las ONG que tienen contactos estrechos con todos los sectores de la sociedad. Esto requeriría una reforma del marco legal que reglamenta las ONG, actualmente en vías de concretarse.

Es hora de revaluar las políticas

CARDET
Charalambos Vrasidas
Sotiris Themistokleous
Michalinos Zembylas

La crisis económica mundial perjudicará el turismo y los negocios inmobiliarios, dos de las industrias más importantes del país, y aumentará los niveles de desempleo de los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente los inmigrantes y las mujeres. El Gobierno debería permitir los aportes de la sociedad civil, en particular de las ONG que tienen contactos estrechos con todos los sectores de la sociedad. Esto requeriría una reforma del marco legal que reglamenta las ONG, actualmente en vías de concretarse.

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El colapso de los mercados en todo el mundo ha golpeado duramente a las economías emergentes. Los gobiernos enfrentan la compleja tarea de asegurar el acceso equitativo a las necesidades básicas, sin descuidar la protección de los derechos humanos de todas las personas que viven dentro de las fronteras del país. La crisis económica recién está empezando a notarse en Chipre; se espera que sus efectos se tornen más severos para fines de 2009. Los sectores más marginalizados de la sociedad serán los más afectados por el declive económico.

Chipre siempre ha tenido una economía mixta en donde el Estado desempeña un papel importante, especialmente en la provisión de servicios básicos como electricidad, agua potable, telecomunicaciones, atención de la salud, educación y transporte. En los últimos años el crecimiento ha sido fuerte y el Ministro de Hacienda anunció que el presupuesto estatal 2009 tendrá un superávit que será invertido en servicios públicos1. Sin embargo, es cada vez más claro que las fuentes principales de ingresos del Estado – el impuesto al valor agregado y otros impuestos indirectos – disminuyen cuando la economía vacila, lo que limitará la capacidad del Gobierno de financiar inversiones públicas y programas para ayudar a mitigar el impacto de la crisis2. Una baja productividad crónica en el sector público también afectará la capacidad del Gobierno para responder rápida y eficazmente a la crisis económica que se intensifica a pasos agigantados3.

El impacto de la crisis

Inevitablemente, Chipre tendrá que lidiar con el tema del desempleo que, según los pronósticos, aumentará de 3,9% en 2008 a 4,5% en 2009. Se espera que la tasa de crecimiento siga siendo positiva en 2009, alrededor de 2,1%4. Este desempeño es, sin embargo, mucho mejor que el de la Unión Europea en su conjunto, en donde se espera que la tasa de desempleo alcance 8% y que el crecimiento económico sea negativo en la mayor parte de los países5.

El turismo y los negocios inmobiliarios, dos de las industrias más importantes, ya están sintiendo los efectos de la crisis mundial. Las predicciones para el turismo, que contribuye con el 20% al PIB del país, van de pesimistas a gravísimas6. El sector inmobiliario y de la construcción también está siendo afectado duramente. Ambos sectores emplean a un gran número de inmigrantes y mujeres7. Como resultado, estos grupos vulnerables sufrirán más que la población en general.

Tradicionalmente, a las mujeres se las margina de la vida socioeconómica del país, y están ausentes en los organismos decisorios, una situación que seguramente no mejorará durante la crisis económica8. Como sector de servicios que utiliza trabajadores zafrales, el turismo emplea principalmente a mujeres, muchas de las cuales probablemente perderán sus empleos9. Incluso antes del declive económico, solo estaba empleado el 62,4% de la mano de obra femenina, contra el 80% de la masculina. Además, la brecha salarial del 20% entre los trabajadores hombres y mujeres es una de las más grandes de Europa10.

Durante la década pasada, la población inmigrante aumentó 15% anualmente. Para 2007, los extranjeros constituían el 25% de la mano de obra del país11. Además del aumento gradual de las disparidades económicas, este hecho ha contribuido a la desconfianza creciente de los chipriotas hacia los inmigrantes. Los empleadores tienden a contratar a inmigrantes indocumentados para reducir sus gastos, y los trabajadores migratorios soportan las peores condiciones de trabajo. Para desalentar las solicitudes de asilo, el Gobierno ha adoptado diversas políticas, como la de restringir el empleo de los inmigrantes y los solicitantes de asilo a determinados sectores como el trabajo doméstico, de granja o agrícola. Aunque las escuelas han hecho algunos progresos en la integración de los niños inmigrantes, las oportunidades de los inmigrantes adultos para aprender griego son limitadas.

En muchas ocasiones, los medios de comunicación han usado a los inmigrantes como chivos expiatorios, haciéndolos responsables de los problemas económicos y sociales12. Los estereotipos atraen a los lectores y espectadores; en Chipre los medios a menudo presentan informes parcializados sobre incidentes que involucran a inmigrantes, y rara vez dan cabida a sus opiniones. A pesar de su contribución a la economía nacional, los trabajadores inmigrantes siguen excluidos de los beneficios públicos. Sus derechos laborales y sociales son limitados, y no tienen derechos políticos en absoluto. Durante los últimos cinco años, se ha informado de 700 casos de racismo y xenofobia13. Aunque en años recientes el Gobierno haya intentado hacer cumplir varias directivas europeas sobre inmigración, hasta ahora estas policías no han sido totalmente eficaces14.

Respuestas a la crisis

El Gobierno ha anunciado varias medidas diseñadas para dar un impulso a la economía. En un movimiento económico Keynesiano clásico , intenta acelerar varios proyectos de desarrollo de nuevas construcciones, carreteras e infraestructura. También ha dispuesto un gasto de EUR 470 millones (aproximadamente USD 622 millones) para apoyar la industria turística. Se espera que estas medidas mantengan la tasa de desempleo baja y aseguren un crecimiento del PIB positivo. Una buena proporción de estos gastos contracíclicos se destina a la asistencia de los chipriotas vulnerables y marginados. Dichos gastos incluyen aumentos de las pensiones, ayuda financiera para estudiantes universitarios y apoyo financiero para vivienda a parejas de ingresos bajos. Además, se ha adoptado una nueva ley que aumenta las cargas sociales tanto de empleadores como de trabajadores en un 1,3% durante los próximos cinco años.

El Gobierno, los sindicatos y la federación de empresarios también han acordado recientemente un programa para combatir la contratación de trabajadores ilegales, que incluye un una línea telefónica de acceso directo para denunciar a inmigrantes ilegales y empleadores que les ofrecen trabajo. Sin embargo, esto abre la puerta a mayores discriminaciones y explotación del trabajo “barato”, porque los empleadores procurarán maximizar sus ganancias adhiriendo al acuerdo selectivamente para satisfacer sus intereses.

Los críticos sostienen que las medidas propuestas hasta ahora son inadecuadas y no serán suficientes para impulsar la economía, y tampoco protegerán los derechos de todas las personas que viven y trabajan dentro de las fronteras del país. Por ejemplo, la medida dirigida a brindar apoyo financiero a los estudiantes universitarios excluye a los extranjeros e inmigrantes. Los estudiantes extranjeros tienen permiso para trabajar sólo 20 horas por semana, y sólo en áreas como la agricultura, limpieza, construcción y restaurantes.

El papel de la sociedad civil

Dada la naturaleza multifacética de la crisis actual, los Gobiernos deberían revaluar todas las políticas y prácticas para garantizar que ayudan a proteger los derechos humanos y civiles de todos los residentes del país. Una medida inmediata para conseguir esto debería ser invitar a todos los actores de la sociedad civil a participar en un debate público sobre la crisis económica y las respuestas apropiadas para combatirla. Debido a que su trabajo especializado con los grupos de base mantiene a las ONG en estrecho contacto con las necesidades sociales, son más flexibles que el Gobierno y pueden ser más eficaces para llegar a los grupos marginalizados. Su experiencia podría utilizarse indirectamente por las instituciones estatales para lograr objetivos estratégicos. Además, las ONG podrían recomendar prácticas innovadoras y creativas para promover la educación, el empoderamiento, la igualdad de género y los derechos humanos y laborales de los que ahora están desempoderados.

Empoderar a la sociedad civil es crucial para amortiguar el impacto de la crisis económica. Uno de los desafíos principales que enfrentan las ONG en Chipre es lograr que la sociedad les preste atención. A pesar del progreso sustancial de los últimos años, las ONG que apoyan a los grupos marginados todavía deben superar la desconfianza y el prejuicio. La ausencia de un marco de cooperación coherente y transparente entre los actores de la sociedad civil y los organismos públicos reduce la eficacia de las políticas nacionales considerablemente.

Los estudios especializados del marco legal y regulatorio actual que afecta a las ONG han concluido que éste debe reformarse y modernizarse para cumplir con las exigencias europeas de mejores prácticas y para ser consecuente con las leyes internacionales. En 2008 la Oficina de Planificación, a través de CyprusAid, inició este proceso invitando a las ONG a participar y expresar sus opiniones. El organismo ha urgido al Gobierno a crear un marco legal y político coherente para la cooperación, sosteniendo que dicho marco permitiría el empoderamiento de la sociedad civil y haría posible la implementación eficaz de políticas públicas nacionales.

Especialmente en este tiempo de crisis económica, el Gobierno debe comprometer la participación de todos los grupos interesados en el desarrollo y la implementación de medidas paliativas. La ausencia de un marco legal hace difícil que las ONG tomen medidas que garanticen los derechos de toda la población. Las ONG y el Gobierno deben establecer mejores canales de comunicación e intercambio de información para que las primeras puedan convertirse en vehículos para implementar políticas nacionales en todos los rincones de la isla. Además, cuando la crisis provoca un aumento de la xenofobia en los países europeos, es esencial que el Gobierno y las ONG se pongan de acuerdo en llevar adelante una campaña de información y educación sobre las causas del desempleo y los efectos de la crisis a fin de ayudar a reducir el sesgo discriminatorio contra los inmigrantes.

1 KIPE (2008). “The Most Stable Bank System in Europe”. Cyprus News Agency (KIPE), 13 de octubre de 2008. Consultado el 25 de febrero de 2009 en<www.singmalive.com>.

2 Antoniadou, C. (2009). “Falling Psychology in the Cyprus Market”. Simerini. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

3 Hadjiloe, T. (2008). “Financial Crisis and Development”. Simerini. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

4 Ministerio de Hacienda (2009). Cyprus Economy, Overview and Potentials. Ministerio de Hacienda. Presentado por Charilaos Stavrakis en conferencia de prensa. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.mof.gov.cy>.

5 ECEFA (2009). Interim Forecast January 2009. European Commission on Economic and Financial Affairs. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <ec.europa.eu/economy_finance/>.

6 Polemitou, M. (2009). “Fears for Massive Redundancies in Hotels by April”. Simerini. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

7 Pallala Charidi, N. (2009). “Red Card on Unemployment”. Simerini. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

8 EWL (2008). “Women and the Economic Crisis - An opportunity to assert another vision of the world?”, European Women’s Lobby, Consultado el 25 de abril de 2009 en <www.womenlobby.org>.

9 Nicolaou-Pavlidi, E (2009). “Wage Gap between Genders”. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

10 Lokar, S. (2009).“Women’s Lobby of Cyprus 50-50 campaign for EU elections”. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.europeanforum.net>.

11 Michail, M, Hadjigiannis, K, Stafanidis, M, Christoforidis, L, Kliridis, S and Mixalakopoullou, M. (2008). “The Effects of Immigration on Unemployment, Part-Time Jobs and Participation in Workforce”. Essays of Economic Policies, 08-08. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.erc.ucy.ac.cy>.

12 ENAR (2008). “Communication consultation on Opportunities, Access and Solidarity Towards a New Social Vision for 21st Century Europe”. European Network Against Racism. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.enar-eu.org>.

13 Tsiartas, A. (2009). “Human Rights Issues in Cyprus”. Presentación en la conferencia Living Together (Viviendo Juntos). Nicosia, Chipre, 6 de marzo de 2009.

14 Demetriou, O. (2009). Living Together. Migrant Cities Research: Nicosia South. Nicosia: British Council.

15 El economista británico John Maynard Keynes abogaba por las políticas intervencionistas (por ejemplo, alentar el consumo mediante el aumento de la inversión pública) como forma de mitigar los efectos de las recesiones económicas.

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Region: 
left

COSTA RICA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La sociedad costarricense ha venido asistiendo al enfrentamiento entre dos formas antagónicas de imaginar y proyectar el país. Mientras unos sectores abogan por el modelo de mercado, otros reclaman el del Estado solidario que atienda, entre otras cosas, los derechos sociales, económicos y culturales de la gente. La crisis, y las posibles formas de salida, conforman el nuevo campo en el que estas dos visiones chocan. Mientras el Gobierno propone un paquete de medidas que parece tímido y tardío, la sociedad civil apuesta a la inclusión social y productiva.

Una crisis, dos visiones de país

Programa de Participación Ciudadana
CEP-Alforja1
Mario Céspedes y Carmen Chacón

La sociedad costarricense ha venido asistiendo al enfrentamiento entre dos formas antagónicas de imaginar y proyectar el país. Mientras unos sectores abogan por el modelo de mercado, otros reclaman el del Estado solidario que atienda, entre otras cosas, los derechos sociales, económicos y culturales de la gente. La crisis, y las posibles  formas de salida, conforman el nuevo campo en el que estas dos visiones chocan. Mientras el Gobierno propone un paquete de medidas que parece tímido y tardío, la sociedad civil apuesta a la inclusión social y productiva.

En Costa Rica los impactos de la crisis mundial comenzaron a ser visibles desde el segundo semestre de 2008. Algunos datos relevantes de estos impactos se encuentran en el decrecimiento (interanual) del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) expresado en un -1.0% en octubre de 2008, un -2.5% en noviembre, un -3.7% en diciembre y un -4.5% en enero de 2009. “Un análisis por sectores, con base al mismo IMAE, indicaría que los sectores de agricultura, industria manufacturera, comercio y hoteles ya estarían en recesión dado que el valor del IMAE al mes de diciembre de 2008 sería menor al logrado en diciembre de 2007”2.

En julio de 2008 la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportó 1.376.667 trabajadores(as) asegurados; seis meses después reportó 1.385.350, lo que representa un aumento de solo 0,1% de promedio mensual. En total hubo 8.683 nuevos trabajadores. Esto significa que la reducción en el crecimiento productivo ya habría impactado la generación de fuentes de empleo durante el segundo semestre de 20083.

Siendo el empleo una de las principales preocupaciones de la población, veamos dos ejemplos concretos relacionados con las personas migrantes y las mujeres. El reporte de la CCSS precisa que existían casi 90.000 trabajadores asegurados en la construcción, pero que en enero de 2009 fueron apenas 74.000 empleados4, es decir una pérdida de 16.000 empleos en 6 meses.

Según un estudio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su componente migratorio, concluye que hace dos años el 65% de unos 150.000 trabajadores de la construcción eran nicaragüenses5. Cabe destacar que las cifras reportadas a la CCSS se encuentran muy por debajo de los números reales, pues la mayoría de población migrante contratada en la construcción no cotiza en la CSSS, lo que les deja en una situación de extrema vulnerabilidad.

Crisis y género

En cuanto a los impactos en las mujeres, aumenta el desempleo y crece la brecha salarial entre sexos. Un informe de OIT dado a conocer el 8 de mayo de 2009 asegura que casi medio millón de personas – la mayor parte de ellas mujeres – perderán sus empleos en América Central durante 2009, con lo cual la tasa de desempleo femenino subirá 3,5 puntos porcentuales, hasta alcanzar 14%.

El salario promedio por hora de las mujeres respecto al de los hombres ha venido cayendo, desde 99,1% en 1999 a 83,9% en 2007. La brecha salarial es mayor en las actividades agropecuarias y la pesca – donde dedican 13 horas más al trabajo no remunerado –, luego siguen las profesionales y las trabajadoras no calificadas, con una diferencia de 10 horas. Es decir que, a pesar de que el tiempo efectivo de las mujeres en el trabajo remunerado es similar al de los hombres y a su creciente participación en el mercado de trabajo, la dimensión no remunerada del trabajo que es socialmente necesario para reproducir y cuidar tanto a la fuerza de trabajo como a las personas mayores y enfermas sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres, de modo que invierten una jornada de trabajo adicional y una hora más en atender esta demanda social6.

La respuesta del Gobierno

En enero de 2009, el Presidente Oscar Arias presentó el llamado “Plan Escudo” en respuesta – que parece tardía e insuficiente – a la crisis. El proyecto, que apunta a apoyar a las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero, consiste en la implementación de nuevas medidas – como la Ley de Protección al Empleo en Momentos de Crisis – y en la continuación de otras ya vigentes – entre ellas, el aumento de 15% en las pensiones del régimen no contributivo de la CCSS, el programa de alimentación para los niños y niñas más vulnerables durante los fines de semana, el Programa “Avancemos”7, el subsidio de vivienda y el perdón de deudas atrasadas a 2.100 familias de escasos recursos.
 
Algunas de las propuestas refuerzan las estrategias focalizadas de atención de la pobreza, que consolidan el asistencialismo y que corren el riesgo de convertirse en ofrecimientos clientelares para el período electoral. Particularmente graves son las omisiones del Plan en cuanto a la atención de las necesidades de las  mujeres. En efecto,  no se menciona ninguna medida que elimine la discriminación por sexo en el mercado laboral y la explotación de las mujeres en el ámbito del trabajo reproductivo y de cuidados, así como la calidad de sus empleos8.

Una mención especial merece el proyecto de Ley de Protección al Empleo en Momentos de Crisis, que compromete a las empresas a bajar el número de horas de trabajo sin reducir su valor ni realizar despidos.

Otras medidas anunciadas se relacionan con el impulso de micro, pequeñas y medianas empresas, la capitalización de los bancos del Estado y las inversiones en infraestructura pública, particularmente en educación y red vial nacional, para lo cual se gestionan préstamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros internacionales.

De acuerdo al Dr. Luis Paulino Vargas9, el endeudamiento externo para enfrentar la crisis según el Plan, ascenderá a USD 1.400 millones solo en gastos de obra pública. “Esto implica, de un solo golpe, un aumento de alrededor del 25% en el monto de la deuda externa (…). Como mínimo ello exige planificación meticulosa en el uso de tales recursos”10. Otro problema es el contraste entre la urgencia por dichos recursos y el complejo y lento proceso de negociación de préstamos, aprobación parlamentaria y concesión de la obra pública respectiva.

Los sectores sociales, políticos y empresariales – quizás disconformes con la forma en que el Gobierno planteó la iniciativa – dicen que, hasta el momento, los resultados del Plan Escudo están por debajo de las expectativas. El presidente Arias no generó procesos de diálogo nacional que permitieran construir consensos sociales amplios. Además, la iniciativa fue lanzada precisamente en año pre-electoral, lo que complejiza la ejecución de las medidas, distorsiona el debate parlamentario y profundiza la desconfianza de la ciudadanía sobre las “buenas intenciones” del presidente y su partido de gobierno.

La propuesta de las organizaciones sociales

Tres meses después de la presentación del “Plan Escudo”, diversas organizaciones sociales presentaron a la opinión pública nacional una propuesta llamada “Diez medidas para enfrentar la Crisis con Inclusión Social y Productiva”11.

Esta propuesta se inscribe en un contexto en el que las organizaciones sociales han logrado fortalecer sus capacidades de resistencia frente al modelo neoliberal como, por ejemplo, en la resistencia contra el Tratado de Libre Comercio con EEUU, mayor capacidad de incidencia en el debate nacional sobre la orientación del país, y una mayor capacidad de propuesta. Sus puntos son:

  1. Recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero. Redireccionamiento del sistema financiero hacia el sector productivo nacional a partir de la flexibilización de indicadores financieros y el establecimiento de requisitos de desempeño social y productivo.
  2. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario. Reactivación de la agricultura y garantía de provisión de alimentos básicos mediante la estabilidad de precios, el fomento productivo y la comercialización a la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos.
  3. PROTRABAJO / Sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente. Frente a las propuestas que proponen la disminución de costos de producción, sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral y disminución de jornada así como de salarios), proponemos un sistema de “premios y castigos” que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente, con cumplimiento de estándares fundamentales, que minimice los despidos por causas económicas, desincentive la competencia desleal mediante la informalidad, e incentive la inversión social, laboral y ambiental.
  4. Corresponsabilidad social y trabajo decente mediante infraestructura social de cuidados. Frente a una propuesta de gobierno exclusivamente compensatoria en materia de inversión social, proponemos la generación de empleo y superación de barreras para el acceso de las mujeres al mercado laboral, mediante la ampliación y la creación de una infraestructura social de cuidados que aumente el ingreso de los hogares y evite la deserción escolar.
  5. Hacia un nuevo papel del Banco Central: redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos. Debe avanzarse hacia una política monetaria transparente y sujeta a rendición de cuentas, que contemple de forma balanceada los objetivos de estabilidad de precios y el logro del pleno empleo, y dentro de la cual se retorne al sistema de minidevaluaciones.
  6. Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas. Es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas, que garantice la reestructuración de sus deudas, la recuperación de su autoestima, la capacitación en torno al consumo responsable y la gestión presupuestaria familiar. Además se deben fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10%. Estos criterios deberían aplicarse por un período de al menos dos años, para luego flexibilizarse en alguna medida.
  7. “Hecho en casa”. Promoción del consumo responsable y nacional, y promoción de mercados locales justos. Dado que entorno a cada bien y servicio nacional giran cientos de miles de empleos, se requiere dirigir nuestro consumo hacia la producción de bienes y servicios nacionales. Así mismo, es imprescindible el desarrollo de los mercados locales, sistemas de economía social y comercio justo y estrategias sociales de comercialización, entendidas y declaradas como actividades de interés público, que permita articular la oferta de la producción nacional, sobre todo de los pequeños productores por medio de cadenas cortas de comercialización.
  8. Estabilidad en el empleo público. En esta coyuntura resulta fundamental asegurar el empleo público y privado. En el caso del empleo público, el Gobierno central y el descentralizado deben brindar seguridad mediante un masivo proceso de nombramientos en propiedad, tanto mediante los concursos respectivos, como de nombramientos sin oposición en los términos establecidos por la ley. De igual forma debemos congelar por un período prudencial los procesos de despido por razones económicos o bien por procesos de reestructuración institucional.
  9. Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos. En el sector público es fundamental abordar los deprimidos salarios del personal no profesional. Además, tanto para el sector público como para el sector privado, es necesario mantener el poder adquisitivo — de la población trabajadora en general y de la que tiene menores salarios en particular.
  10. Propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad. En las comunidades costeras, la sostenibilidad de las familias depende de evitar su desalojo con el fin de construir megaproyectos que actualmente están paralizados debido a la crisis. Con megaproyectos en marcha o paralizados, el impacto social es enorme. Por eso se debe promover un régimen de propiedad comunitaria que permita la permanencia de las familias que viven en la fila costera, así como el fomento de formas sostenibles de producción, incluido el turismo sostenible y el mejoramiento de su capacidad de consumo responsable.

A la espera del diálogo nacional

La sociedad costarricense está dividida en dos visiones de país que se han venido enfrentando – por ejemplo, en la resistencia y movilizaciones contra el “Combo” del ICE12 (2000), en el proceso electoral 2006 y en la lucha contra el TLC a través del referéndum de 2007. Por un lado hay sectores que impulsan el modelo de libre mercado. Por otro, están los que impulsan el modelo de Estado solidario pero que, además, quieren avances en la ampliación de los derechos sociales, económicos y culturales y en la profundización de la democracia.

En cuanto a las tímidas respuestas del Gobierno, las organizaciones sociales advierten que “…de no asumir estos retos a partir del diálogo social y con un verdadero golpe de timón, la persistencia en las soluciones tradicionales (asistencialismo y recorte de gasto público, así como disminución de derechos) se traducirán sin duda alguna en una mayor desigualdad y pobreza, y en el ya señalado riesgo de convertir pobreza coyuntural por pérdida de ingresos en pobreza estructural, así como en la profundización de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas y las personas adultas mayores”13.

Queda aún por verse cuál es la capacidad de las organizaciones sociales de superar con sus propuestas las interpretaciones economicistas de la crisis, centrando el énfasis en la vida misma de las personas, en cómo se sitúan y son reconocidas en la producción, el trabajo, la recreación o la administración del hogar, entre otros. De no incluir este abordaje, la pretendida visión alternativa resultaría coincidente con los paradigmas económicos dominantes que excluyen una diversidad de actividades tradicionalmente consideradas propias del “ámbito privado” en el cual, recurrentemente, se invisibiliza a las mujeres en tanto sujeto del desarrollo y la reproducción de la vida, multiplicando su exclusión, subordinación y la utilización de su trabajo productivo y reproductivo para el funcionamiento del propio sistema.

1 Este artículo es el resultado del Ciclo de Conversatorios: Crisis Global e impactos en Costa Rica, organizado por el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja y la Red de Control Ciudadano en marzo de 2009.

2 Helio Fallas. Crisis Económica Mundial y la economía política en CR,  23 de enero de 2009.

3 Periódico La Nación, 5 de marzo de 2009.

4 Idem.

5 Periódico El Centroamericano, 9 de marzo de 2009.

6 Idem.

7 Programa de Gobierno de Transferencias Económicas Condicionadas  a que las familias mantengan a hijos e hijas en el ciclo educativo.  

8 Msc. María Flores-Estrada. Coordinadora Técnica de la Agenda Económica de las Mujeres. “El Plan Escudo: por qué es insuficiente para las mujeres”, 2009.

9 Vargas, Luis. “El Plan Escudo”. Extracto del Artículo presentado en el ciclo Crisis global e impactos en CR organizado por el CEP-Alforja y la Red de Social Watch en marzo de 2009.

10 Idem.

11 “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”. Varios autores, 2009.

12Intento de aprobar un conjunto de leyes que pretendían la privatización de las telecomunicaciones en CR, monopolizadas con sentido de proyección social por el Instituto Costarricense de Electricidad.

13 “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” Varios autores, 2009.

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left

EGIPTO

Publication_year: 
2009
Summary: 
La crisis en el precio de los alimentos de 2008 reveló que, debido a décadas de desatención a la agricultura, el país carece de soberanía alimentaria. Ahora, la economía egipcia comienza a sentir los impactos de la crisis global. La caída de las remesas y el regreso de emigrados amenazan a un mercado laboral mal preparado para absorberlos. El Gobierno promueve algunas medidas para alentar la inversión y reactivar la economía. Aunque muy tardías, queda por verse si estas medidas alcanzan a generar el estímulo necesario antes de que el desempleo y la falta de seguridad alimentaria lleven a un malestar social generalizado.

Una economía vulnerable

The Egyptian Association for Community Participation Enhancement (EACPE)1.
Afaf Marei

La crisis en el precio de los alimentos de 2008 reveló que, debido a décadas de desatención a la agricultura, el país carece de soberanía alimentaria. Ahora, la economía egipcia comienza a sentir los impactos de la crisis global. La caída de las remesas y el regreso de emigrados amenazan a un mercado laboral mal preparado para absorberlos. El Gobierno promueve algunas medidas para alentar la inversión y reactivar la economía. Aunque muy tardías, queda por verse si estas medidas alcanzan a generar el estímulo necesario antes de que el desempleo y la falta de seguridad alimentaria lleven a un malestar social generalizado.

Aunque la economía egipcia había venido creciendo rápidamente en el último quinquenio, el hecho de que el país importe dos terceras partes de sus alimentos lo volvió vulnerable a la suba internacional de 2008, lo que llevó a que buena parte de la población tuviera dificultades para alimentar a sus familias y creciera la tensión social. Por otra parte, la crisis global de alimentos reveló la importancia de la “autosuficiencia alimentaria” para países en desarrollo como Egipto, la mayoría de los cuales ha desatendido la inversión en la agricultura debido a los bajos precios de los alimentos durante los últimos 25 años.
Luego, con la caída continua de los niveles de fertilidad de los suelos, el cambio climático y la escasez de agua, las cosechas disminuyeron año tras año, a la vez que crecía la importación de productos agrícolas para responder al crecimiento de la población y la demanda, todo lo cual contribuyó a la pérdida total de soberanía alimentaria.

La desaceleración del crecimiento

Desde la asunción como primer ministro de Ahmed Nazif en 2004,  y su política de apertura al mercado, las inversiones extranjeras y los ingresos récord por turismo y actividades del Canal de Suez habían permitido al país el más rápido crecimiento en décadas. Sin embargo, desde el último trimestre del año fiscal 2007/2008, ese crecimiento había empezado a desacelerarse. El alza en el precio de los alimentos llevó el índice de inflación a más del 20%, lo que impactó en el consumo. De acuerdo al ministro de desarrollo económico, Osman Mohamed Osman, el crecimiento se desaceleró 5,8% en el primer trimestre del año fiscal 2008/2009.

La actual crisis económica global ha hecho predecir al Gobierno que, para 2009, las exportaciones descenderán, así como la inversión extranjera, los ingresos provenientes del Canal de Suez y del turismo. Lo mismo sucederá con los índices de crecimiento. Como el 70% del ingreso de divisas al país proviene del sector de servicios, y la crisis ha golpeado fuertemente en los países que más aportan turistas, la economía egipcia experimentará, durante el presente años fiscal, el más lento crecimiento en 5 años.

El ministro de Industria y Comercio, Rachid Mohamed Rachid, disertando durante un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio celebrada en El Cairo, en octubre de 2008, dijo que eran necesarias medidas adicionales si el país deseaba mantener el mismo nivel de crecimiento. Rachid puntualizó que, “si continuamos haciendo lo que hemos estado haciendo para alcanzar el 7% de crecimiento, está muy claro para nosotros que no lograremos ese 7% en 2008 ni en 2009”, y que tan importante como apoyar a los sectores más vulnerables era asegurar la viabilidad del sector financiero para continuar creciendo. Además, de acuerdo al ministro, el hecho de que la banca estuviera saludable y contara con suficiente liquidez era una buena noticia, y que esta liquidez debía volcarse a los sectores exportadores, la inversión y el consumo2.

El impacto en la agricultura

La falta de inversiones en agricultura redundará en una inevitable reducción de los niveles de empleo y, como consecuencia, en el aumento de los de pobreza y migración –especialmente en el Alto Egipto. Son necesarios el desarrollo integrado del sector agrícola, la asistencia a los agricultores y la adopción de políticas agrícolas alternativas, que permitan proveer seguridad alimentaria y dignificar la vida de los egipcios a través de un sistema que atienda sus derechos sociales, económicos y políticos.

Desempleo

Adham Nadim, director ejecutivo del Centro para la Modernización de la Industria, anunció la pérdida del 45% de los puestos de trabajo actuales, porque eran puestos no profesionales. El 35% de los 2 millones de trabajadores de la industria no cuentan con ninguna protección laboral, lo que requiere, según Nadim, medidas inmediatas que corrijan la situación.

En marzo de 2009, el ministro Osman declaró que el plan de desarrollo social 2009/2010 tendría inconvenientes debido a la crisis global y su impacto en la economía egipcia. De acuerdo al ministro, la desaceleración del crecimiento acarrearía un aumento del desempleo, con la pérdida de alrededor de 150.000 puestos de trabajo.

Según un relevamiento del Centro de Servicios Sindicales y para los Trabajadores, en abril de 2009 habían sido despedidos 6.100 trabajadores en varios sectores – entre ellos, 3.100 en el textil y 270 en el de turismo, que emplean predominantemente mujeres. Una compañía turística de Hurghada despidió 200 de sus 890 trabajadores. En otras ciudades turísticas, se han reducido los beneficios de los  trabajadores un 25%.

Además, perdieron sus empleos unos 1.400 trabajadores en la construcción, 700 en la alimentación y 550 en la minería. Cuando la industria Assiut Cement, perteneciente a la francesa Siemens, decidió parar la producción para realizar tareas de “mantenimiento”, apenas 680 de 4.400 empleados tenía contratos, mientras el resto realizaba trabajos diarios o temporales. Asimismo, la Orascom Construction despidió a 400 empleados temporales en marzo de 2009 y la constructora CEAC despidió a 150 trabajadores en enero3. En el sector bancario, mientras tanto, se anunciaron medidas de reducción de personal para los meses siguientes.

Inversión y ahorro

De acuerdo al ministro Osman, la reducción en la tasa de crecimiento junto al aumento de los montos de inversión pública – en  programas de desarrollo humano, infraestructura, educación y salud, entre otros – producirá un déficit entre la inversión y el ahorro interno que podría alcanzar los EGP 85.000 millones (algo más de USD 13.000 millones). En cuanto a las remesas, se espera que lleguen a EGP 40.000 millones (unos USD 7.200 millones) en el periodo 2009/2010, unos USD 180 millones menos que el año anterior. Lo mismo pasará con la incidencia de la inversión privada en la inversión total – se espera que llegue al 57%, contra el 67% del período anterior4.

La pérdida de puestos de trabajo entre los egipcios que viven en el extranjero producirá, de acuerdo a las estimaciones de algunos economistas, el retorno de unos 250.000 emigrantes, en un total estimado de 6 millones, que impactarán aun más sobre el mercado laboral. Por un lado, el Gobierno no está en condiciones de absorber la mano de obra que regresa; las empresas privadas, por otro, exigen cada vez más una mayor preparación y experiencia al momento de contratar nuevos empleados. Así, la situación solo puede desembocar en mayor desempleo.

Las respuestas del Gobierno

En respuesta a la crisis, el Gobierno ha implementado una serie de medidas y planificado acciones tendientes a fortalecer aquellos sectores desde los cuales es posible revitalizar la economía egipcia. Algunas de estas medidas son5:

1 – El aumento del gasto en inversión pública y en apoyo a la actividad económica. Esto incluye la implementación de proyectos urgentes, de intensa utilización de mano de obra para generar un aumento del consumo y revitalizar el ciclo económico.

2 – La reducción de los aranceles sobre los bienes intermedios y de capital, que ayude a las empresas a competir en el exterior y a fomentar la inversión.

3 - La exoneración de los impuestos a la importación de bienes de capital durante un año, con el fin de impulsar la inversión.

4 - La implementación de inversiones de unos EGP 15.000 millones (USD 2.700 millones) en proyectos con participación pública y privada.

5 - El diseño de planes destinados a atraer inversiones extranjeras, particularmente de la región árabe, que no deben ser menores a los USD 10.000 millones anuales.

6 - La facilitación de las oportunidades de inversión en proyectos factibles, tales como, entre otros, petróleo, irrigación, aviación civil, zonas francas, turismo, desarrollo urbano, vivienda, agricultura, comercio y tecnologías de la información.

7 - El mejoramiento de la tramitación burocrática a través de la activación de oficinas de promoción de inversiones a nivel de gobiernos locales.

8 - La resolución de problemas y facilitación de las inversiones, especialmente en aquellos sectores de trabajo intenso, como agricultura, industria y servicios.

9 - El logro de la estabilidad en los precios de la energía para la industria.

10 – La asistencia a los sectores productivos y exportadores.

11 – La provisión de tierras necesarias para proyectos de infraestructura y actividades productivas.

12 – La coordinación entre el Gobierno y el Banco Central tendientes a promover la facilitación de créditos para financiar proyectos pequeños y medianos y la explotación de grandes excedentes de liquidez en la financiación de proyectos productivos.

Además se anunciaron varias reformas bancarias, pendientes desde mucho tiempo atrás. Por ahora, de todos modos, falta ver qué impacto tendrán estas medidas en términos de la renovación del crecimiento. Mientras tanto, se hace cada vez más urgente tomar medidas para mitigar el impacto de la crisis económica sobre la población, particularmente en aquellas personas que han perdido su empleo y ya no pueden costear alimentos básicos. Sin estas medidas, es factible que el malestar social se profundice y sea cuestión de tiempo, nada más, antes de que la gente salga a las calles.

1 Utilizando como referencia los informes del Land Center for Human Rights (LCHR) y el Center for Trade Unions & Workers Services (CTUWS).

2 Rachid Mohamed Rachid. “The Financial Crisis: Repercussions on Egypt”. Disponible en: <www.amcham.org.eg/operation/events/events08/FinancialCrisis/FinancialCrisis.asp>.

3 CTUWS. “Impacts of the Global Financial Crisis on Egyptian Workers”. 2009. Disponible en: <www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Impacts_of_the_Global_Financial_Crisis_Report_3.pdf>.

4 CTUWS. op. cit.

5 Alasrag, Hussein. Impact of the global financial crisis on the Egyptian economy.

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EL SALVADOR

Publication_year: 
2009
Summary: 
Dos décadas de aplicación de las recetas económicas neoliberales dejaron al país en situación muy vulnerable para enfrentar las consecuencias de la crisis económica global. El deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales, la exclusión social y laboral, la disminución del monto de las remesas y la suba de los precios de los productos básicos son algunos de los efectos devastadores que ha tenido la actual crisis. Si bien la fuerte dependencia de los Estados Unidos ha sido parte del problema; los cambios políticos en ambos países podrían hacer que esa misma dependencia propicie una salida.

La crisis y cambios esperanzadores

Social Watch El Salvador
Mario Paniagua
Armando Pérez
Scarlett Cortez1

Dos décadas de aplicación de las recetas económicas neoliberales dejaron al país en situación muy vulnerable para enfrentar las consecuencias de la crisis económica global. El deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales, la exclusión social y laboral, la disminución del monto de las remesas y la suba de los precios de los productos básicos son algunos de los efectos devastadores que ha tenido la actual crisis. Si bien la fuerte dependencia de los Estados Unidos ha sido parte del problema; los cambios políticos en ambos países podrían hacer que esa misma dependencia propicie una salida.

El Salvador está cerrando dos décadas de gobiernos neoliberales que han llevado al país al deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales. Esta situación se complica aún más debido a que no se han previsto medidas que contrarresten los efectos de la recesión en Estados Unidos ni de la crisis ambiental, ni la del precio de los combustibles y de los alimentos.

Deterioro de los servicios públicos y de las condiciones de empleo

El deterioro en la calidad y cobertura de los servicios públicos – asociados a la erosión de la funciones del Estado y la reducción relativa de las asignaciones presupuestarias para las empresas públicas que los proveen – y de la imposición de una lógica mercantil a la provisión de los servicios públicos. Los derechos económicos y sociales, vivienda, salud, educación y el agua, son objeto de una presión cada vez mayor y, si la crisis económica adquiere carácter prolongado, provocará más tensión social, debilitando el Estado, lo que aumentaría el riesgo de inestabilidad y violencia. Entre las poblaciones más vulnerables preocupa el incremento del número de niños trabajadores, el aumento de las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, la tasa al incremento de personas con VIH, el aumento de la inseguridad ciudadana y la incorporación de niños y adolescentes a las “maras” o pandillas urbanas2.

A la exclusión social se suma la laboral, que se promueve a través de la flexibilización del mercado de trabajo como un “incentivo empresarial” para la reducción de los costes laborales y que conlleva al deterioro de las condiciones de empleo, la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, a la generación de un tipo de empleo de baja productividad y un empleo productivo que se realiza bajo condiciones precarias3. A la privación del acceso a los servicios públicos y de los medios de vida para las personas desempleadas se agrega la falta de acceso a puestos de trabajo productivos y de buena calidad, que resulten ser lo suficientemente atractivos para retener a la población ocupada4. Para el último quinquenio se estima que la población desempleada es inferior al 7% de la PEA. Según informa el PNUD solo un 20% de la población en edad económicamente activa tiene un trabajo permanente, bien remunerado y con todas las prestaciones sociales.5

Una economía dependiente de los Estados Unidos

Aunque diversos organismos financieros mundiales argumentaban que la economía de El Salvador era la más sólida de Centroamérica, los efectos de la crisis no se hicieron esperar. De acuerdo con los registros del BCR de El Salvador, el 51% de las exportaciones salvadoreñas en 2007 tuvieron como destino el mercado estadounidense.
En octubre del 2008, los bancos aumentaron las tasas de interés y a restringir el acceso al crédito y comenzó la incertidumbre. Las exportaciones, el turismo y las remesas familiares comenzaron a caer6.

Más de 300.000 familias son receptoras de dinero del exterior, un 26,7% de la población que sufraga gastos de alimentación, vestuario y servicios básicos. El Banco Central de Reserva (BCR) reportó que, entre 1998 y 2008, las remesas se triplicaron hasta llegar a casi USD 3.788 millones, la mayoría procedente de Estados Unidos. Los flujos de los envíos de remesas crecieron, en 2008, 2,5% respecto de 2007, declive  notorio al compararlas con 2004, en que aumentaron 17% respecto al año anterior. Se vislumbra que las remesas disminuirán en 2009 y 2010 en torno a 3% del total recibido hasta ahora. Uno de los sectores más afectados por la desaceleración estadounidense ha sido el de la construcción, en el cual labora una fracción importante de la población salvadoreña residente en Estados Unidos7. Esto tendrá un impacto significativo en el envío de remesas.

Crisis de alimentos y combustibles

Los esquemas privatizadores implementados por el Gobierno, que desestimaron la producción agrícola que garantizaba la seguridad alimentaria, se concentraron en la importación de granos básicos. El libre comercio, que generó inflación y falta de capacidad adquisitiva en la población por la ausencia de regulación del Estado respecto al mercado, debilita aún más al país para hacer frente a la crisis mundial.

Estimaciones hechas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que, por cada aumento de 15% en el precio de los alimentos, la pobreza en los países de la región aumenta un 2.8%. En tal sentido, considerando que en El Salvador el aumento de precios ha sido mayor, el aumento de la pobreza seguramente sea también mayor.

 

El impacto del alza en los precios del petróleo se verifica en el incremento de precios en los productos de la canasta básica, lo que genera un rápido deterioro del poder adquisitivo de amplios segmentos poblacionales y su consiguiente empobrecimiento. Desde el 2007 los precios de los alimentos se han mantenido en continuo aumento. El promedio inflacionario de los últimos cuatro años fue de 4,9%; la inflación de abril de 2008 llegó a 6,8%. En este período, la inflación acumulada fue de 19,5%. El salario mínimo se encuentra entre SVC 85,58 (USD 10) y SVC 183 (USD 21) mensuales. En febrero de 2008 la canasta básica de alimentos era de SVC 163 (USD 19), la Canasta Básica Ampliada (CBA) que incluye todas las necesidades de una familia promedio (alimentación, salud, educación, vivienda, vestuario) era de SVC 703 (USD 82)8.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 2006 los alimentos representan cerca del 30% del presupuesto de los hogares de menores ingresos. A junio de 2008, el costo de la CBA urbana registró un aumento de aproximadamente 22% con respecto a junio de 2007, mientras que la CBA rural ha experimentado en meses recientes aumentos cercanos a 25% con respecto al período equivalente del año anterior; la situación descrita estaría llevando a un rápido aumento de las tasas nacionales de pobreza y de extrema pobreza9.

Es importante señalar que, aunque el impacto del aumento en los precios de los alimentos, el combustible y otros productos básicos es mayor y más dramático en los hogares de menores ingresos, también está afectando fuertemente a los hogares de ingresos medios, debido a que los alimentos, la electricidad y el transporte, que son los tres rubros más afectados por los cambios en el entorno internacional, constituyen alrededor del 50% de la composición del gasto mensual promedio de las familias salvadoreñas10.

Dada esta situación, son necesarias políticas sociales y económicas que estimulen la producción nacional, en particular la agropecuaria. La seguridad alimentaria debe ser el eje central de la acción gubernamental. Para esto se precisa regulación de precios, inversión productiva, aumento de salarios, generación de empleos y la intervención del Estado en el control de las imperfecciones del mercado.  

Desigualdades agravadas por la crisis

La crisis climática (aumento de la temperatura, cambios en los patrones de las lluvias y la mayor frecuencia e intensidad de las sequías, inundaciones, deslizamientos, derrumbes y vientos huracanados) ha exacerbado las desigualdades ecónomicas, de género y étnicas, entre otras. Ha profundizado, además, las fragilidades ya existentes asociadas a los grupos poblacionales más vulnerables, tales como mujeres, niños, ancianos, pueblos originarios y familias pobres rurales y urbano-marginales.

El sistema económico implementado en el país multiplica los efectos de la vulnerabilidad ambiental en las poblaciones pobres; de ahí que fenómenos como la deforestación y degradación de los bosques, contaminación de los ríos y mantos acuíferos, entre otros, posibilitaran que la agricultura campesina fuera abandonada y enfrentada a un entorno económico adverso, lo que llevó a la población pobre rural y urbano-marginal a un déficit habitacional y de servicios básicos que la ubican en situación de riesgo permanente.

Año tras año, las familias rurales pierden sus cosechas y parcelas agrícolas, lo que disminuye su acceso a la tierra y al agua para consumo humano. Como consecuencia, decrecen sus ingresos económicos y abandonan sus lugares de origen, emigrando a las ciudades principales o al extranjero. Las enfermedades infecciosas y transmitidas por vectores van en aumento.

De esta situación medioambiental se evalúa que la meta 10 de los ODM: “Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico” será casi imposible de cumplir, como la mayoría de los demás ODM.

Sin embargo, la falta de información clara y objetiva sobre los indicadores en los ODM relativos a agua potable y saneamiento dificultan una medición concreta de avances y retrocesos en esta área. Las cifras oficiales muestran estadísticas distintas en relación a datos de cobertura, calidad y disponibilidad de agua potable y saneamiento que las que presentan las instituciones ambientalistas, además de no reconocer que el simple hecho de contar con un surtidor público no significa tener acceso a agua en condiciones de calidad.

Por un lado, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)11 informa que para el 2007 la cobertura total de los hogares con servicio de agua por cañería privada fue de 74%, mientras que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)12 informa que fue de un 54,2%. La EHPM indica que la cobertura por medio de pilas o surtidores públicos fue de 4,2% y ANDA informa que fue de 6,2%. Estas cifras resultan alarmantes, sobre todo cuando hay sectores de la población de ingreso medio alto que no enfrentan el desabastecimiento de agua potable que los sectores populares resienten.

El informe de progreso sobre ODM elaborado por el PNUD en 2007 presenta avances en dicho objetivo, que desde las organizaciones ambientalistas y de protección al consumidor son cuestionables, si se toma en consideración que el Gobierno ha utilizado como indicador de avance de acceso sostenible a una fuente mejorada de agua los suministros de: conexión domiciliaria, surtidor público, agua de pozo, manantiales y reservorios de agua lluvia. Sin embargo, no se especifica y no existe información confiable que asegure que estos recursos estén realmente protegidos y respondan a normas de calidad para que el agua sea apta para el consumo humano.

A modo de conclusión

El cambio en los liderazgos políticos en Estados Unidos y El Salvador permite visualizar un camino de esperanza para superar los efectos de la crisis dados los cercanos vínculos comerciales entre ambos países, pero es imperativo que se atiendan, de manera irrestricta, la autonomía, el respeto y la búsqueda de nuevas relaciones de equidad y solidaridad.

En el nuevo escenario político que vivirá el país a partir del 2009, Social Watch El Salvador asume una postura vigilante del cumplimiento de los DESC y los ODM, no sólo por el cambio de gobierno, sino porque hay una deuda pendiente de los anteriores gobiernos al respecto, que ya ha sido vista como falta de voluntad  para cumplirlos13.

 

1 Integrantes de las organizaciones que conforman Social Watch El Salvador (APSAL, CIDEP, CODEFAM, FUMA, MEC). Agradecen el apoyo de Yvette Aguilar, Ana Ella Gómez, Carolina Constanza, Jeannette Alvarado, Ana María Galdámez y Karen Martínez.

2 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y Save the Children, organizadores del foro “El impacto de la crisis en las niñas y los niños del Perú y América Latina”, alertan sobre el incremento del trabajo infantil en Latinoamérica.

3 Weller, Jürgen. “Procesos de exclusión e inclusión laboral: la expansión del empleo del sector terciario”. Serie Macroeconomía del Desarrollo, 6. CEPAL: Santiago de Chile. 2001

4 “El empleo en uno de los pueblos más trabajadores del mundo”. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador PNUD 2007-2008.

5 Ibid.

6 “Economías centroamericanas reciben impacto de la crisis financiera”. El Periódico. México, 24 de enero de 2009.

7 PNUD (2005-2006). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador.

8 Goitia, Alfonso. Crisis alimentaria y crisis del modelo neoliberal en El Salvador, p.15. 2008

9 PNUD. “Contrarrestando el impacto de la crisis internacional sobre la economía de los Hogares Salvadoreños”. Informe final de la Comisión Multidisciplinaria. 2008.

10 Goitia, Alfonso, Op. cit.

11 Ministerio de Economía. Dirección General de Estadísticas y Censos. Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007.

12 ANDA. Informe de cobertura a nivel nacional de agua potable y saneamiento 2003-2007.

13 “Derechos Económicos y Sociales: no hay voluntad política”. Informe Social Watch 2008. El Salvador.

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ERITREA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Sin constitución o parlamento que funcionen o un sistema judicial independiente, sin prensa libre ni transparencia burocrática, Eritrea, el país más militarizado del mundo, carece de los mecanismos necesarios para abordar la crisis global. La reducción de la economía mundial ha disminuido las remesas al país, mientras los precios de los alimentos y el combustible se han disparado. Eritrea necesita una transición inmediata a un sistema democrático de gobernanza que tenga el apoyo de la comunidad internacional. La ayuda humanitaria monitoreada por ONG independientes internacionales parece ser el plan de emergencia más eficaz para salvar las vidas de la población indefensa.

Una prisión al aire libre de cara a la crisis global

Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR)
Daniel R Mekonnen

Sin constitución o parlamento que funcionen o un sistema judicial  independiente, sin prensa libre ni transparencia burocrática, Eritrea, el país más militarizado del mundo, carece de los mecanismos necesarios para abordar la crisis global. La reducción de la economía mundial ha disminuido las remesas al país, mientras los precios de los alimentos y el combustible se han disparado. Eritrea necesita una transición inmediata a un sistema democrático de gobernanza que tenga el apoyo de la comunidad internacional. La ayuda humanitaria monitoreada por ONG independientes internacionales parece ser el plan de emergencia más eficaz para salvar las vidas de la población indefensa.

Mucho antes de que se agudizara la crisis financiera global a fines de 2008, Eritrea ya estaba inmersa en un profundo caos económico, social y político propio. El país tiene uno de los peores historiales del mundo sobre protección de los derechos humanos, según lo afirman diversos organismos de vigilancia de los derechos humanos regionales e internacionales, incluyendo la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. La crisis de los derechos humanos se agravó después del choque fronterizo con Etiopía, entre 1998-2000. Desde entonces, el Gobierno ha usado las secuelas del conflicto como pretexto para suprimir los derechos y libertades fundamentales.

Una prisión al aire libre

Eritrea es un país independiente desde 1991, pero aún no ha brindado a sus ciudadanos verdadera libertad. De hecho, apenas se puede distinguir alguno de los rasgos convencionales de un gobierno libre y democrático1. Prácticamente todos los países del mundo tienen un pacto o documento nacional obligatorio, o constitución. La mayoría también tiene parlamentos en funciones y llevan a cabo elecciones regulares y periódicas, independientemente de si son libres o imparciales en términos reales. Además permiten la existencia de medios de comunicación privados, aun cuando, a veces, los controles se vuelven tan restrictivos que anulan la libertad de prensa. En Eritrea, el Gobierno adoptó una Constitución en 1997, pero nunca la ha puesto en práctica. El parlamento nominal dejó de funcionar en febrero de 2002. Los medios privados (radio, televisión, prensa escrita y electrónica) desaparecieron entre 1997 y 2001; sólo quedan los medios oficiales, que siempre son más fieles a la élite dirigente que a la verdad. Peor aún, desde su independencia, el país nunca ha disfrutado de elecciones libres e imparciales.

Hoy, cuando se ven largas colas para el pan en las calles de Asmara, la vida se ha hecho muy difícil para los eritreos. Tal como las antiguas autoridades de ocupación del Derg (un comité coordinador de las fuerzas armadas, policía y ejército de tierra) en los años 1970 y 1980, el Gobierno parece haberle declarado la guerra a su propio pueblo. Un dicho muy común entre los eritreos es que la única diferencia entre el régimen del Derg y el actual del Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ) es que los funcionarios del Derg solían hablar en amárico (el idioma oficial etíope) mientras los del FPDJ hablan en tigré, un dialecto vernáculo con estatus oficial de facto.

Las personas que no adhieren a la ideología del Estado o tienen creencias religiosas no aprobadas oficialmente por el Gobierno sufren persecución sistemática y son castigadas con severidad por el aparato de seguridad y militar. Como resultado, las violaciones a los derechos humanos son endémicas; la violación es la norma y la protección la excepción. Algunas estimaciones conservadoras sugieren que más de 20 mil personas están detenidas sin el debido proceso o cualquier contacto con el exterior en más de 300 cárceles formales e informales distribuidas por todo el país. Al frente de la mayor parte de estos sitios hay generales del ejército, que no son responsables ante la policía o los tribunales ordinarios. En resumen, el país ha sido transformado en una prisión al aire libre donde los derechos y libertades fundamentales están totalmente amordazados por las dominantes y abusivas prácticas, que se tornan pesadillescas y kafkianas.

Indicadores sociales y de desarrollo

Los indicadores de desarrollo son contradictorios. Los informes de algunas fuentes indican “progreso” en ciertas áreas, como la mortalidad infantil y morbilidad materna. Sin embargo, debido a la atmósfera política extremadamente represiva y a la imposibilidad de obtener datos confiables, es difícil tomar esos informes al pie de la letra. En verdad, las políticas económicas erróneas del autoritario FPDJ han vaciado totalmente la economía nacional y local mucho antes de que se desatara la crisis financiera global, a fines de 2008.

Eritrea califica pésimamente en muchos informes de fuentes independientes. Por ejemplo, el Índice Global del Hambre coloca al país antepenúltimo, en el puesto 116 entre los 118 países clasificados por el informe2. El país recibe muy mala calificación en el Índice de Capacidades Básicas, en el que denota serias dificultades en cada dimensión del desarrollo social3. En libertad de prensa, Eritrea fue clasificada como la peor del mundo, desplazando de ese lugar a Corea del Norte, según Reporteros Sin Fronteras4. A pesar de una reducida población de cuatro millones de habitantes, el alarmante historial del país en cuanto a violaciones a los derechos humanos ha hecho que sea clasificado como la cuarta fuente más grande de refugiados del mundo. Las 19.400 nuevas solicitudes durante 2005-2006 lo dejan apenas por encima de estados destruidos y caóticos como Somalia, Iraq y Zimbabwe5.

El país más militarizado

La militarización excesiva es otro grave problema. Los estudiantes de enseñanza secundaria son obligados a matricularse en campos militares para recibir “educación formal”. Entre ellos,  el tristemente célebre Campo de Entrenamiento Militar Sawa, donde los estudiantes son disciplinados conforme al estricto reglamento militar. El abusivo Programa de Servicio Militar Nacional (PSMN), que comienza a los dieciocho años y no se termina nunca, continúa esa etapa preparatoria de adoctrinamiento. Los numerosos y detestables abusos a los derechos humanos perpetrados bajo el PSMN incluyen violaciones y otros tipos de violencia sexual contra las reclutas. En los últimos años, todas las principales instituciones académicas han estado bajo el control efectivo de comandantes militares. En 2003, el país se consideraba como el estado más militarizado del mundo; además tenía el tercer mayor porcentaje del Producto Nacional Bruto destinado a gastos militares6, después de Corea del Norte y Angola. A mediados de 2000, las fuerzas armadas contaban con 300 mil personas en sus filas, más que en cualquier otro período de su historia. Desde entonces se cree que la cantidad de efectivos ha aumentado exponencialmente. Las reclutas constituyen el 45,27% del total del ejército nacional, y su vulnerabilidad es proporcional a su cantidad.

La crisis dominante en el país se ha visto exacerbada por la recesión de la economía global, que ha provocado la detención de las remesas provenientes del extranjero. Los costos de los alimentos y el combustible se han disparado. Se dice que los precios del combustible en las estaciones de servicio estrictamente controladas por el Gobierno son los más altos del mundo. De hecho, es prácticamente imposible conseguir combustible. Los alimentos sólo se pueden comprar legalmente en tiendas del Gobierno y los agricultores tienen que vender su grano a estas tiendas a un precio prefijado. La venta de granos en los mercados locales está penada, como el propio presidente ha declarado en una rueda de prensa en enero de 2009.

Respuesta gubernamental

El Gobierno rechaza categóricamente los informes sobre problemas económicos o represión política, y los tilda de “propaganda enemiga”. De hecho, el presidente ha comentado que los informes sobre penurias económicas en todo el país son tan solo expresión de las frustraciones “de personas sobrealimentadas y caprichosas” que no saben administrar sus recursos. En realidad, la gente se muere literalmente de hambre – por una hambruna causada por el FPDJ.
Eritrea no posee herramientas legislativas, administrativas e institucionales que le permitan responder adecuadamente a la actual crisis global, desde el momento que no cuenta con una constitución o un parlamento que funcionen, un sistema judicial independiente, una prensa libre, transparencia burocrática ni un presupuesto nacional publicado oficialmente. Además, los mecanismos tradicionales para enfrentar problemas como el de la emigración son, prácticamente, inexistentes. Bajo la sofocante ley marcial los puntos de entrada y salida están cerrados a cal y canto. Después de consumir los escasos recursos de los que pueda disponer, la población hambrienta – en especial las mujeres, las personas mayores y los niños – no pueden desplazarse a ninguna parte y deben resignarse a morir en sus pueblos. El Gobierno aún no ha adoptado ningún programa para proteger a la población más vulnerable.

ONG manejadas por el Gobierno

Una agenda de desarrollo sólida con base en los derechos da preferencia estratégica al empoderamiento y la responsabilidad de las comunidades locales. Este enfoque otorga a las personas el poder y la capacidad de convertirse en los actores principales de sus propias vidas. Un modo de conseguir esto es a través de la participación de organizaciones de la sociedad civil y ONG locales independientes que representen los intereses de sus comunidades. Tristemente, la atmósfera represiva hace imposible el trabajo de la sociedad civil independiente. El país tiene sólo tres organizaciones locales activas comprometidas con la agenda de desarrollo nacional para el supuesto beneficio de la población en general: el Sindicato Nacional de Mujeres Eritreas, el Sindicato Nacional de Juventud y Estudiantes Eritreos y la Confederación Nacional de Trabajadores Eritreos. Hay otras “organizaciones de la sociedad civil” más temerosas, que existen sólo de nombre.

Pero, como es bien sabido, esas tres organizaciones activas no son genuinas ni suficientemente independientes para representar los intereses de su membresía. Funcionan como las ligas (ramas) femenina, juvenil y de los trabajadores del partido gobernante, que selecciona a sus líderes y exige su lealtad. En otras palabras, son ejemplos típicos de ONG manejadas por el Gobierno, diseñadas para ocultar la dependencia del país de la ayuda externa y para aparentar una participación de la sociedad civil que no existe7. Las únicas organizaciones de la sociedad civil independientes, como el Movimiento Eritreo para la Democracia y los Derechos Humanos, trabajan en el exilio y son tachadas por el Gobierno de “títeres del enemigo”; si son atrapados dentro del país, sus miembros son encarcelados y torturados.

Cooperación internacional

La cooperación internacional es crucial para resolver las múltiples crisis globales, que azotan desproporcionadamente a las personas en los países en desarrollo. Durante muchos años, el déficit de alimentos de Eritrea ha sido cubierto por la ayuda alimentaria donada por la comunidad internacional (aunque el Gobierno no lo reconozca). Las organizaciones de ayuda y ONG internacionales han desempeñado un papel fundamental en este aspecto. Sin embargo, muchas de ellas fueron expulsadas a consecuencia de la ilusoria política de “autosuficiencia” del Gobierno. Aunque no rechaza la ayuda alimentaria, el Gobierno complica los trámites para que pueda entrar al país. Prefiere la ayuda internacional en efectivo.

La Unión Europea sigue siendo uno de los abastecedores internacionales principales de alimentos y de ayuda par el desarrollo de Eritrea. Recientemente ha aprobado una partida de ayuda para el desarrollo de EUR 122 millones (aproximadamente USD 161 millones) del 10° Fondo de Desarrollo Europeo, pero tiene preocupaciones legítimas en cuanto al desprecio del Gobierno eritreo para con las exigencias legales que conlleva cualquier plan de ayuda al desarrollo responsable. Esas exigencias incluyen el compromiso con los principios de buena gobernanza, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos y el estado de derecho, ninguna de las cuales existe en Eritrea. El país no tiene ni voluntad política, ni medios de asegurar una política de desarrollo genuina y carece de un proceso de toma de decisiones transparente para formular y poner en práctica políticas estatales que permitan superar la crisis global actual.

Es necesario que el país transite inmediatamente hacia un sistema democrático de gobernanza respaldado por la comunidad internacional. Mientras tanto, la ayuda humanitaria monitoreada por ONG internacionales independientes parece la forma más eficaz de salvar las vidas de la población indefensa, asfixiada por la severa represión política y el colapso económico.

1 Ver Mekonnen, D.R. (2009). Transitional Justice: Framing a Model for Eritrea. VDM Publishing: Saarbrucken, Alemania.

2 Welt Hunger Ilfe (2007). The Challenge of Hunger 2007. Disponible en: <www.welthungerhilfe.de/fileadmin/media/pdf/Pressemitteilungen/DWHH_GHI_english.pdf>. Consultado el 4 de enero de 2008.

3 Informe Social Watch 2008.

4 Reporters Without Borders (2007). Annual Worldwide Press Freedom Index. Disponible en: <www.rsf.org/article.php3?id_article=24025>. Consultado el 16 de octubre de 2007.

5 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2007). Global Trends: Refugees, Asylum Seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons. Ginebra. Disponible en: <www.unhcr.dk/Pdf/statistics/global_trends_2006.pdf>.

6 Awate Team (2003). Defending Indefensible, Indulging Incompetence. Disponible en: <www.unhcr.dk/pdf/statistics/global_trends_2006.pdf>.

7 Por más información, ver: Mekonnen D. “The abolition of Female Circuncision in Eritrea: Inadequacies of New Legislation”. African Human Rights Law Journal, 2007.

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ESLOVAQUIA

Publication_year: 
2009
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Eslovaquia reformó con éxito su economía para entrar en la Unión Europea (UE). Sin embargo, el crecimiento está disminuyendo, y la industria automotriz – el orgullo nacional – ya está reduciendo la producción. Para abordar la crisis el Gobierno ha tomado varias medidas, muchas de ellas orientadas a incrementar el empleo y regular el mercado. Persiste la discriminación contra los romaníes y las mujeres, como el autoritarismo del Gobierno. La ayuda oficial al desarrollo (AOD) se ha institucionalizado legalmente y está creciendo; sin embargo, todavía está por debajo de los estándares de la UE.

Revisando los planes

Slovak Political Institute
Faculty of Economics, Technical University of Košice
Daniel Klimovský

Eslovaquia reformó con éxito su economía para entrar en la Unión Europea (UE). Sin embargo, el crecimiento está disminuyendo, y la industria automotriz – el orgullo nacional – ya está reduciendo la producción. Para abordar la crisis el Gobierno ha tomado varias medidas, muchas de ellas orientadas a incrementar el empleo y regular el mercado. Persiste la discriminación contra los romaníes y las mujeres, como el autoritarismo del Gobierno. La ayuda oficial al desarrollo (AOD) se ha institucionalizado legalmente y está creciendo; sin embargo, todavía está por debajo de los estándares de la UE.

Eslovaquia puso en práctica varias reformas sociales y económicas penosas antes y después de ingresar a la Unión Europea (UE) como miembro pleno en 2004. Gracias a ellas, el país consiguió un crecimiento económico por encima de 7% en 2008, el más alto de la UE. Además, Eslovaquia cumplió con las exigencias de la Unión Económica y Monetaria europea y sustituyó la Corona eslovaca por el Euro el 1 de enero de 2009. La Comisión Europea declaró en el noviembre de 2008 que Eslovaquia (junto con la República Checa y Polonia) no presentaba ningún panorama dramático en cuanto a la crisis mundial. Por el contrario, proyectaba un crecimiento económico de 2,7% en 2009 y 3,1% en 2010 y se esperaba que la economía permaneciera entre las de mejor desempeño de la UE para 2009 y muy probablemente para 2010.

Sin embargo, en 2009 comenzó a surgir un escenario más preocupante1. El Banco Nacional de Eslovaquia predijo en abril que la economía disminuiría 2,4% durante el año, luego crecería 2% en 2010 y 3,2% en 2011. A principios de mayo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo realizó una predicción más pesimista estimando que la economía eslovaca disminuiría 3,5% en 2009, y luego crecería 0,8% en 2010. Mientras tanto, los datos del Gobierno muestran que el desempleo aumentó bruscamente en diciembre de 2008 a casi 8,4% (en noviembre era de 7,8%). Después de estimar, en enero de 2009, que más de 15.000 empleos estaban en riesgo, el Ministerio de Economía revaluó esta cifra en abril y pronosticó pérdidas de empleo por encima de los 30.000.

Eslovaquia está considerada como la “Detroit de Europa”. Las fábricas de Kia, Peugeot y Volkswagen, junto con su red de proveedores, constituyen una industria de más de EUR 20 mil millones anuales, que brinda más de 75.000 empleos. Sin embargo, las empresas dependen de la demanda europea, ya que el mercado automovilístico eslovaco es demasiado pequeño y conservador, y a principios de 2009 redujeron la producción.

Medidas para afrontar la crisis

En enero de 2009 el Gobierno lanzó un plan de EUR 332 millones (USD 431 millones) a fin de apoyar el empleo e incrementar la demanda doméstica para luchar contra la crisis. Se estableció un Comité de Crisis – conformado por representantes del Gobierno, el Banco Central, bancos comerciales, sindicatos, empresarios, municipalidades y la oposición parlamentaria2 – para analizar los impactos de la crisis y proponer medidas para afrontarla. Al mes siguiente, el Ministerio de Economía anunció cerca de 62 medidas para eliminar o al menos aliviar algunos impactos, entre ellos, la utilización de fondos de la UE, la elaboración de proyectos de de asociación público-privados para la construcción de carreteras y el aumento del gasto estatal para diversos proyectos de investigación y desarrollo.

El Gobierno también ha comenzado a ser más proactivo en la regulación de precios, la aprobación de instrumentos de apoyo selectivos para el turismo y la publicación de exigencias y/o recomendaciones para bancos y empresas. Además, en marzo de 2009 realizó una recompra por USD 240 millones del 49% de las acciones de Transpetrol vendidas a Yukos Internacional por USD 74 millones en 2002. Potencialmente, esto significará un fuerte apoyo a la determinación de la política energética del país.

Hasta ahora, las ONG eslovacas no han abordado el tema de la crisis económica mundial. Deben hacerlo por varios motivos: los donantes cortarán las contribuciones para actividades filantrópicas; la falta de recursos significa que las ONG deberán revaluar sus prioridades y actividades; la crisis creará más demanda de ayuda o cooperación de las ONG; y habrá intervenciones políticas o estatales más invasivas y frecuentes con relación a las ONG y sus actividades. Por ejemplo, el Gobierno podría requerir el apoyo de las ONG para aquellas actividades que considere más relevantes; en tanto sólo algunas ONG son realmente políticamente independientes, el Gobierno estaría en una posición única para financiar a partidarios y castigar a opositores mediante la distribución de subvenciones y préstamos oficiales.

La “tiranía de la mayoría” continúa

A pesar de los logros a nivel europeo, el escenario político interno sigue siendo muy tenso. El Partido Popular (HZDS-LS), la coalición gobernante formada por tres partidos: el Smer-Democracia Social (Smer-DS), el Partido Nacional eslovaco (SNS) y el Movimiento para una Eslovaquia Democrática, continuó con su “tiranía de la mayoría” durante 2008 y principios de 2009. La completa indiferencia hacia la oposición política fue un acontecimiento diario. Por ejemplo, los representantes del Smer-DS así como el Gobierno – incluso el Primer Ministro – enfatizaron repetidamente que la oposición no debería aspirar a discutir propuestas del gobierno o tener oportunidad de participar en cualquier proceso de toma de decisiones.

El Gobierno también encontró un nuevo enemigo: los medios de comunicación. El Primer Ministro ha calificado a los periodistas de idiotas, prostitutas y hienas tontas y los ha acusado de ser ex agentes de la Seguridad Nacional de la República Socialista Checoslovaca (algunos de sus propios partidarios también lo son). La llamada “Carta Húngara” fue jugada en la campaña para la elección presidencial de marzo de 2009, cuando el candidato ganador y actual presidente y sus mayores partidarios (el Smer y el SNS) publicaron una declaración acusando a su opositor principal de recibir apoyo de los miembros de la minoría húngara. Esto dividió a la sociedad eslovaca y ofendió a los ciudadanos húngaros.

El populismo y la política nacionalista surgieron inmediatamente después de que la coalición gobernante tomara posesión del cargo en 20063. A principios de 2008 el Primer Ministro comenzó a crear una mitología de la historia eslovaca, acuñando el término “viejos eslovacos” 4 al tiempo que defendía la figura histórica del bandido de caminos Juraj Jánošík, apodándolo “el primer socialista”5.

Otro problema severo es la corrupción y clientelism. La coalición dirigente repetidamente aboga por su derecho de favorecer a sus propios miembros de partido u otros partidarios. Sin embargo, varios ministros así como los funcionarios mayores tuvieron que renunciar o fueron retirados debido a la presión internacional (p.ej, de la Comisión europea), los medios nacionales y la oposición política.6

Discriminación

El Centro del Derecho a la Vivienda contra los Desalojos con sede en Ginebra otorgó el Premio de Violador del Derecho a la Vivienda 2007 a Eslovaquia (junto con Birmania y China) y criticó su discriminación persistente contra los romaníes, a quienes con frecuencia segrega y/o desaloja de sus casas a la fuerza. Más de 120,000 roma residen en barrios bajos y carecen del acceso a servicios básicos como el echar agua y electricidad. El Gobierno ha hecho poco para mejorar esta situación, y las condiciones de vida de los roma están todavía muy por debajo del promedio europeo. Uno de los casos más notorios de abuso ocurrió en el marzo de 2009 cuando la policía obligó a seis jóvenes romaníes a desnudarse, golpearse y besarse unos a otros. El incidente fue grabado en vídeo y los oficiales y sus superiores directos fueron despedidos. Sin embargo, la directora de la fundación Charter 77, Zuzana Szatmáry, protestó, haciendo notar que la severidad de las sanciones debían se acordes a la ofensa – lo que claramente no sucedía en este caso.

El Comité contra la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, durante su sesión 41, en Nueva York, en 2008, señaló varios puntos preocupantes incluidos los últimos informes nacionales de Eslovaquia e instó al Gobierno a que tomara medidas para ocuparse de ellos.

Asistencia al desarrollo

Los años 2004-2007 fueron considerados un período de transición, durante el que la agencia eslovaca para la Cooperación Internacional al Desarrollo (Ayuda eslovaca) aprobó 229 proyectos, por casi EUR 14 millones (USD 18 millones). La institucionalización de la Ayuda eslovaca fue legalmente completada el 1 de febrero de 2008, cuando el Acto sobre Ayuda al Desarrollo Oficial entró en vigor.

En el abril de 2008, se aprobó el Programa Nacional sobre Ayuda Oficial al Desarrollo en 2008. Los recursos financieros fueron destinados principalmente a Afganistán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kazajstán, Kenia, Serbia y Ucrania. Hubo también una suma global para varios otros países (Albania, Kirguistán, Macedonia, Mongolia, Mozambique, Sudán, Tayikistán y Uzbekistán). Sin embargo, aunque la AOD eslovaca en 2008 fuera más alta que en 2007, estaba todavía por debajo de los estándares de Unión Europea7.

1 Pokorný, J. Global crisis – a traumatizing factor or an opportunity for Slovakia?. Disponible en: <www.stavebne-forum.sk/sk/article/12474/global-crisis-a-traumatizing-factor-or-an-opportunity-for-slovakia/>.

2 La oposición parlamentaria solo pudo nombrar un experto sin filiación política alguna.

3 Sáposová, Z. y Šutaj, Š.. “Národnostné menšiny” [Minorías nacionales]. En M. Bútora, M. Kollár y G. Mesežnikov (eds.), Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. [Eslovaquia 2008. Un informe global sobre el estado de la sociedad]. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, pp. 175-210. Mesežnikov, G.. “Vnútropolitický vývoj a systém politických strán” [Desarrollo político interno y sistema de partidos]. En M. Bútora, M. Kollár y G. Mesežnikov (eds.), Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. [Eslovaquia 2008. Un informe global sobre el estado de la sociedad]. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, pp. 17-125.

4 Aunque existe cierta controversia respecto de la ubicación de la Gran Moravia (el estado eslavo que existió entre los siglos IX y X), la historiografía dominante la ubica en ambos márgenes del río Morava, en los territorios actuales de Eslovaquia y la República Checa, queriendo decir que sus habitantes deberían ser considerados como los antepasados de los moravos y eslovacos modernos. Sin embargo, la expresión “viejos eslovacos” parece tener más relación con “viejos húngaros” o “viejos magiares”.

5 Mesežnikov, G. “National populism in Slovakia: actors, issues, strategies”. En O. Gyárfášová y G. Mesežnikov, National populism in Slovakia. Bratislava: Instituto de Asuntos Públicos, 2008. pp. 7-34.

6 En una oportunidad, el ministro de Economía, en una entrevista realizada en marzo de 2007, defendió de manera oficial el uso de sobornos para ganar contratos armamentistas, a fin de que el Estado pudiese competir con empresas privadas. Ver Sičáková-Beblavá, E. “Slovakia”. En D Zinnbauer y R Dobson (eds), Global Corruption Report 2008. New York: Cambridge University Press, p. 268.

7 D. Klimovski. “Eslovaquia: Más ayuda al desarrollo, la misma discriminación”. Informe Social Watch 2008.

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Region: 
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ESLOVENIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Los efectos de la crisis mundial comienzan a sentirse en este país orientado a las exportaciones. Se traducen en aumentos de los precios de los alimentos y la energía, desempleo y pobreza, y requieren una respuesta sistémica. Esto genera la oportunidad de enfocarse en los derechos humanos y problemas ambientales, como también en los temas de activismo de la sociedad civil, que han venido cobrando impulso a nivel nacional. Por lo tanto, la ciudadanía debe exigir más del Gobierno que un mero impulso al mercado.

Desafíos para una sociedad civil emergente

HUMANITAS Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti
[Sociedad para los Derechos Humanos y Acciones de Apoyo]
Manca Poglajen
Rene Suša

Los efectos de la crisis mundial comienzan a sentirse en este país orientado a las exportaciones. Se traducen en aumentos de los precios de los alimentos y la energía, desempleo y pobreza, y requieren una respuesta sistémica. Esto genera la oportunidad de enfocarse en los derechos humanos y problemas ambientales, como también en los temas de activismo de la sociedad civil, que han venido cobrando impulso a nivel nacional. Por lo tanto, la ciudadanía debe exigir más del Gobierno que un mero impulso al mercado.

En la segunda mitad de 2008 llegaron a Eslovenia las primeras advertencias de una posible crisis financiera y económica junto con las noticias del colapso de importantes instituciones financieras, especialmente en los Estados Unidos. Los efectos en la economía eslovena orientada a las exportaciones se hicieron visibles a comienzos de 2009, primero entre los trabajadores del sector industrial, pero muy pronto se extendieron a todos los sectores debido a la reducción del poder adquisitivo y las dificultades para acceder al crédito que se tradujo en una menor demanda de comercios y servicios.

De hecho, los precios mundiales de los alimentos, la degradación del medioambiente y el cambio climático, así como las discusiones políticas sobre el acceso a la energía, ya estaban dejando su marca en el país antes de que la crisis se desatara. La tasa de inflación promedio de 2008, siguiendo la tendencia iniciada en 2007, fue de 5,7%. Los alimentos y las bebidas aumentaron 3,8%, mientras que el gas, la energía y el petróleo lo hicieron en más de 20%1. Aunque las subas de precios afectaron a toda la población, la de mínimos ingresos fue la más perjudicada.

Desempleo

La tendencia de desempleo muestra el efecto más prejudicial y duradero de la crisis. El desempleo aumentó en todas las regiones, especialmente entre las personas que tenían contratos de corto plazo. Los datos de febrero de 2009 muestran tendencias muy negativas: 77.182 personas estaban registradas en la Oficina de Empleo, 4,4% más que en enero de 2008 y 15,2% más que en febrero de 2008. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que el número real de desempleados es sustancialmente mayor, ya que en los últimos años miles de personas fueron borradas de las estadísticas debido a “incumplimiento de obligaciones” (generalmente, no reportarse o negarse a trabajar por debajo de su nivel de calificación)2.

Las cifras de nuevos buscadores de empleo registrados son aún más reveladoras. En los primeros dos meses de 2009 había 21.052, un aumento de 83% comparado con el mismo período de 20083. Casi la mitad eran trabajadores cuyos contratos de corto plazo no habían sido renovados. También hubo un sorprendente aumento de desempleados permanentes – casi 150% comparado con el mismo período de 2008 – como también de las personas que perdieron sus trabajos debido a las bancarrotas, cifra que se duplicó con creces (219%)4. En promedio, las personas registradas en la Oficina de Empleo han estado sin trabajo por casi 22 meses.

Una débil respuesta

Los intentos de combatir el desempleo no han sido suficientes. El Gobierno aprobó, en enero de 2009, una ley sobre subvenciones parciales para el empleo a tiempo completo. La suma total de las subvenciones es de EUR 200 millones (USD 261 millones). Los empleadores pueden solicitarlas a razón de EUR 60 a 120 (entre USD 78 y 157) por trabajador por mes, dependiendo de si se reduce el horario de trabajo a 36 o 32 horas por semana. Sin embargo, tanto los expertos como los empleadores y los sindicatos consideran que esta medida es insuficiente.

Por ejemplo, las subvenciones son demasiado escasas como para ayudar a las empresas que enfrentan problemas de liquidez graves o no tienen capacidad para mantener los niveles previos de producción debido a la cancelación de órdenes. También están limitadas a un máximo de seis meses, aunque las estimaciones sugieren que la necesidad se prolongará mucho más allá de ese plazo. Más aún, no están previstos subsidios para los trabajadores por cuenta propia, que representan más del 10% de la fuerza de trabajo, o para los que ya están trabajando a medio horario, como las personas con discapacidades. Otro inconveniente es que la ley no establece criterios de elegibilidad basados en registros de negocios, por lo que las empresas no afectadas por la crisis también pueden estar recibiendo subsidios.

Los sindicatos advierten sobre posibles abusos por parte de los patrones, tales como proponer agregados a los acuerdos laborales que rebajen los salarios de los empleados en forma voluntaria, lo que significa que aún son elegibles para recibir subsidios pero al mismo tiempo reducen el pago a los trabajadores amparándose en la disminución del horario de trabajo5. Otros abusos incluyen la reducción del horario laboral sin disminuir la carga de trabajo – los trabajadores se ven amenazados y deben trabajar horas extra sin remuneración o con mayor intensidad y con descansos más cortos.

La Oficina de Empleo publicó dos nuevas licitaciones de prestación de subsidios para empleos de tiempo parcial o completo en 2009 y 2010. Ambas están co-financiadas por los Fondos Estructurales Europeos. Se otorga puntaje extra a los solicitantes que quieran contratar mujeres o personas con discapacidades, y pueden solicitarse montos mayores por los que contratan personas que se han registrado como desempleadas por más de 24 meses. Por medio de estas licitaciones se estima que 3.850 personas podrían emplearse a tiempo completo y otras 400 a tiempo parcial. También está disponible un monto adicional para co-financiar con los empleadores programas de entrenamiento profesional para los empleados a fin de aumentar la productividad y la calificación de los trabajadores.

Aunque los subsidios muestran la preocupación del Gobierno por evitar despidos masivos, es también evidente que todas esas medidas tienen alcance muy corto, tanto en lo que refiere a los fondos como a los plazos. No demuestran una planificación a largo plazo ni tampoco abordan problemas estructurales sino que, simplemente, son medidas para contrarrestar la situación actual. El empleo permanente no es requisito en ninguna de estas medidas. Esto está muy de acuerdo con la “mayor flexibilidad” del Mercado de trabajo exigida por los empresarios, esto es, cada vez más personas trabajando con contratos de corto plazo. Esto también vale para los solicitantes de subsidios estatales, que pueden despedir a sus empleados una vez que se termina el subsidio.

Titulares cambiantes

Con el declive de la economía, también hubo un cambio sustancial en la atención de los medios de comunicación. Aunque los temas relacionados con los trabajadores inmigrantes (especialmente en la construcción) y la explotación de la que eran objeto (sin contratos, condiciones de trabajo inapropiadas, bajos salarios, racismo, etc.) aparecían en los titulares de las noticias a fines de 2008, su situación actual y los problemas que enfrentan ahora debido a la baja demanda de sus servicios fueron barridas debajo de la alfombra. Los titulares de estos días se concentran en las dificultades financieras que enfrentan las grandes empresas.

Asimismo, los medios están acostumbrados a hacer más aceptables las medidas draconianas. Por ejemplo, aparecieron grandes titulares con el anuncio del director general de la Cámara de Industria y Comercio acerca de la pérdida de 30.000 a 50.000 puestos de trabajo en 2009: esto no favorece a los trabajadores; simplemente legitima nuevos despidos. El principal diario de negocios, Finanzas, dio un estimativo similar de 46.000  trabajadores despedidos. Sin embargo, las cifras de la Oficina de Empleo son mucho más bajas: habrá aproximadamente 10.000 nuevos buscadores de empleo para fines de 2009.

Cambios sociales y en los niveles de pobreza

El Defensor de los Derechos Humanos encara la pobreza como un problema que necesita solución urgente, por ser un fenómeno multidimensional que afecta profundamente la dignidad humana. Aunque en su Constitución Eslovenia se declara como un “estado social”, cada vez más eslovenos se ven sumidos en la pobreza. Según datos oficiales, 11,5% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, de EUR 500 (cerca de USD 653)6. Dichas estadísticas no toman en cuenta el hecho de que los pobres a menudo experimentan violaciones de sus derechos humanos en las áreas de atención social, salud y educación.

La pobreza va en aumento entre las personas mayores que sobreviven con magras pensiones y entre los jóvenes: cada vez más jóvenes viven en ambientes con mínimas posibilidades de desarrollo, pocos incentivos, baja autoestima, dificultades para integrarse en la sociedad y oportunidades casi nulas de encontrar empleo. Más aún, a los adultos jóvenes cada vez les resulta más difícil comenzar sus propias familias porque no pueden entrar al mercado inmobiliario. Se está generando toda una sub-clase de personas que se sienten decepcionadas, engañadas, inútiles y resentidas con la sociedad. Se necesitan nuevos enfoques sistémicos: la ayuda financiera no es suficiente; es necesario reafirmar valores como la solidaridad y la comunidad.

Derechos humanos y temas globales

Últimamente los derechos humanos han ganado un lugar protagónico en el país. El nuevo Gobierno de coalición, elegido en 2008, ha declarado que el respeto a los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho, la protección social y una sociedad abierta son valores esenciales. También se ha comprometido a cambiar a la luz de los nuevos desafíos planteados por los acontecimientos mundiales.

Esto se debe en parte al impulso que obtuvieron en 2008 las ONG y organizaciones relacionadas7 (junto con la atención a temas tales como el cambio climático, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la relevancia de la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de las instituciones públicas) cuando Eslovenia ocupó la presidencia de la UE. Es necesario aumentar la toma de conciencia sobre estos temas, tanto en la población como en los funcionarios públicos, como también crear vínculos y foros donde sea posible presentar iniciativas al Gobierno, a fin de generar un efecto duradero.

Discriminación, incumplimientos de las decisiones de la Corte Constitucional, procedimientos judiciales lentos, derechos de los niños, seguridad social y los sistemas de pensiones y de salud son algunos de los motivos más comunes de denuncias presentadas ante los organismos de derechos humanos de Eslovenia. Según el Defensor de los Derechos Humanos los valores que deberían guiar a la sociedad, especialmente en tiempos de crisis, son la dignidad humana, el respeto mutuo, la confianza, la honestidad y la voluntad de socorrer a los más vulnerables8.

Una interrogante abierta

Sin embargo, persiste la interrogante de si la sociedad eslovena, que en el pasado ignoró los temas de derechos humanos y ambientales, exigirá que su gobierno adopte un enfoque basado en derechos y garantice efectivamente su protección, o si los acuciantes problemas económicos serán prioritarios. Un ejemplo es el caso de los llamados “borrados”, es decir, los eslovenos no étnicos a quienes se les negó estatuto legal después de la independencia en 1991. Este asunto ya debería estar resuelto, pero los gobiernos sucesivos no han respetado el dictamen de la Corte Constitucional. Los partidos políticos de derecha se oponen por temor a tener que otorgar grandes sumas como compensación a las víctimas.

En cuanto al medioambiente, se proyecta instalar estaciones de energía eólica en áreas protegidas, terminales marítimas de gas, y una nueva planta de energía a carbón. Si las respuestas a las diversas crisis actuales se enfocan en revivir la economía y el consumismo, los temas de las políticas ambientales cediendo el paso a los planes para conservar empleos e impulsar al mercado.   

 

1 Oficina de Estadística de la República de Eslovenia. “Consumer price indices, Slovenia, December 2008”. 30 de diciembre de 2008. Disponible en: <www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=2098>.

2 Ver “Eslovenia: en el flanco borrado de los Alpes”, en Informe Social Watch 2008. Disponible en: <www.socialwatch.org/en/informesNacionales/619.html>.

3 Oficina de Empleo de Eslovenia. “Februarja registriranih 77.182 oseb”. 28 de marzo de 2009. Disponible en: <www.ess.gov.si/SLO/DEJAVNOST/StatisticniPodatki/2009/0209.htm>.

4 Oficina de Empleo de Eslovenia (2009). “Zavod sklenil pogodbo o subvencioniranju z 41 podjetji”. 30 de marzo de 2009. Ver: <www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/NovinarskoSredisce/NovinarskeKonference/2009/04-03-09.htm>.

5 KS90 (2009). “Subvencioniranje delovnega časa, vloga in ukrepi sindikata”. 25 de marzo de 2009. Ver: <www.sindikat-ks90.si/index.php?p=novice&id=183>.

6 Oficina de Estadística de la República de Eslovenia. “Kazalci dohodka in revščine” 27 de marzo de 2008. Ver: <www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2032>.

7 Aunque no hay una definición legal de ONG, en 2008 estas organizaciones y los temas en los que trabajan ganaron terreno gracias a la presidencia de Eslovenia de la UE.

8 Defensor de los Derechos Humanos. Thirteenth Regular Annual Report of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia for the year 2007. Versión abreviada, 2008. Disponible en: < www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/word_in_PDF/LP-2007/LP07_ANG_-_za_....

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ESPAÑA

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2009
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Las deficiencias de la economía española, que ha demorado demasiado su ajuste, han quedado de relieve. Ante el desempleo disparado y el descenso en el crédito, el Gobierno se erige en aval y garante pero no aborda los problemas fundamentales, como la fragilidad y precariedad del empleo, el acceso a la vivienda y la extensión de numerosos derechos sociales básicos. Algo similar sucede con la ayuda internacional: en tanto España solidifica su papel de país solidario, asuntos esenciales, como el calentamiento global o los subsidios agrícolas no son abordados como se debiera.

No se atiende lo esencial

Plataforma 2015 y más
Pablo José Martínez Osés
IntermonOxfam1
Deborah Itriago

Las deficiencias de la economía española, que ha demorado demasiado su ajuste, han quedado de relieve. Ante el desempleo disparado y el descenso en el crédito, el Gobierno se erige en aval y garante pero no aborda los problemas fundamentales, como la fragilidad y precariedad del empleo, el acceso a la vivienda y la extensión de numerosos derechos sociales básicos. Algo similar sucede con la ayuda internacional: en tanto España solidifica su papel de país solidario, asuntos esenciales, como el calentamiento global o los subsidios agrícolas no son abordados como se debiera.

*

La crisis en España tiene características propias que indican que las causas no residen únicamente en los “fallos” del sistema financiero internacional o en malas prácticas.  Coincidiendo con el derrumbe de las grandes compañías financieras estadounidenses, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se encontraba en Nueva York, asistiendo a la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2008, y afirmaba su confianza en la robustez del sistema financiero español. A pesar de ello su gobierno se apresuró a conceder un aval con el erario público a sus riesgos por importe de EUR 30.000 millones, lo que supone más de 650 euros por persona, mientras que el país dedica a la  Ayuda para el Desarrollo 30 euros por persona. En el actual contexto de crisis, lo que prima es la intención de capear el temporal, antes que observar en la crisis alguna oportunidad. 

La destrucción del empleo

Las cifras actuales de caída y destrucción del empleo son escalofriantes. En el período de un año, desde enero de 2008 a enero de 2009, el desempleo aumentó en más de un millón de personas, alcanzando a más de tres millones y medio de personas (niveles de 1996). Esto supone el 14% de la población activa y casi el doble de la media europea. En 2008 desaparecieron más de 840.000 puestos de trabajo y la tendencia no parece remitir.

El Gobierno ha buscado paliar el descenso del poder adquisitivo mediante rebajas fiscales para los trabajadores y facilitación de trámites para la creación de nuevas actividades económicas. También ha promovido rebajas en los intereses de mora por impagos o aplazamientos para evitar la asfixia económica definitiva de las empresas. Estas medidas pretenden, como mucho, proporcionar a los trabajadores mecanismos para resistir durante un tiempo, en espera de que la actividad económica y la confianza en los mercados se recuperen. Es preciso consignar, por otra parte, que hasta el presente el Gobierno ha sabido resistir los envites oportunistas de las patronales que han demandado, como es su costumbre, mayor precarización laboral mediante la flexibilización y abaratamiento de los despidos como condición para recuperar la senda de la creación de empleo.

El descenso del crédito

A pesar de que el tipo de interés de referencia para la Unión Europea (Euribor) ya ha descendido hasta sus mínimos históricos, las entidades financieras no parecen dispuestas a asumir nuevos riesgos y la disposición del crédito se mantiene escasa. Es evidente que el aval de EUR 30.000 millones aprobado por el Gobierno y otras medidas de reaseguramiento de operaciones con garantía pública no han logrado, hasta ahora, que el sector financiero proporcione crédito y, con ello, el circulante imprescindible para reavivar la actividad económica.  Por otra parte, en diciembre de 2008, según datos del Banco de España la cartera de créditos a las familias descendió por primera vez en los últimos ocho años, dato que contrasta con el crecimiento que presenta la cartera de créditos aprobados a las administraciones públicas. Esta aparente paradoja se explica por la predilección por las garantías públicas que tienen las entidades financieras a la hora de seleccionar los riesgos y por las enormes dificultades de financiación que presentan las administraciones locales (municipalidades).

En este sentido, el Gobierno ha priorizado servir de garante público para mantener la confianza en el equilibrio y estabilidad del sistema financiero, del que dependen gran cantidad de depósitos y ahorros de la ciudadanía. Pero el problema exige mayor decisión puesto que, mientras que las entidades financieras siguen presentando resultados trimestrales con ganancias espectaculares, la devaluación imparable de los activos financieros e hipotecarios ha hecho que, hasta ahora, la ciudadanía no pueda participar de la estabilidad perseguida. Voces procedentes de numerosos movimientos sociales, así como de sectores académicos y políticos, empiezan a plantear la necesidad de recrear entidades financieras de carácter público que permitan, en estos tiempos de crisis, priorizar las funciones de servicio público antes que el mantenimiento de los márgenes de negocio.

Tardanza en el ajuste

Contrasta la forma veloz con la que el Gobierno ha respondido a las necesidades del sector bancario y financiero con la tardía y limitada atención brindada a los problemas de la economía real, que es el ámbito donde se está dando el abrupto y tardío proceso de ajuste – y era urgentemente necesario antes del estallido de la crisis.

Los tres principales problemas, largamente mencionados en diversos análisis durante el anterior ciclo expansivo eran: las dimensiones espectaculares de la “burbuja inmobiliaria” y la importancia relativa del sector de la construcción en el PIB y en el crecimiento del empleo, el excesivo endeudamiento de particulares y empresarios y las bajas tasas de competitividad y ahorro nacionales. En el período anterior apenas se tomaron medidas para abordar algunos de los procesos de ajuste, tal vez por no querer asumir los costos sociales y políticos inherentes. La crisis financiera internacional ha acelerado y sincronizado estos procesos pendientes, afectando de forma muy severa la viabilidad de negocios con altas tasas de necesidad de endeudamiento a corto plazo y también al empleo.

Como respuesta, el Gobierno combina una doble orientación. Por un lado mantiene las resistencias a las presiones de sectores políticos conservadores y de la patronal a promover rebajas fiscales a las grandes rentas, la disminución de los impuestos de sociedades y las medidas de flexibilización de los despidos. Por otro, aprueba medidas con cierto carácter social, puesto que se destinan fundamentalmente a desempleados, personas con bajas rentas y colectivo de alto riesgo. Esta reacción dual, orientada a no deteriorar el sistema de garantías sociales (de forma que sea éste el que amortigüe los golpes de la crisis) está lejos, sin embargo, de revertir las tendencias y ofrecer resultados en la recuperación del crédito, del empleo o del índice de precios.

La apuesta del Gobierno, por lo que se aprecia, es contener presiones y consecuencias hasta que los mercados financieros internacionales recuperen la confianza y motoricen un nuevo ciclo expansivo. Sin embargo, la cuestión no se reduce a saber cuándo sucederá la recuperación ni hasta dónde podrá engordar el déficit de las cuentas públicas que soportan las medidas emprendidas (con las primeras medidas ya se agotó el superávit acumulado en años anteriores y se recibieron las primeras advertencias de la Unión Europea). Se trata, además, de cómo abordar los problemas fundamentales de la economía española, relacionados principalmente con la fragilidad y precariedad del empleo, las dificultades de acceso a la vivienda y la extensión de numerosos derechos sociales básicos para gran parte de la población.

España en el exterior

El 2009 es el año de las transformaciones profundas en materia de desarrollo económico, y entre éstas, de la forma en que se coopera en la lucha contra la pobreza. Durante 2007 y 2008, España vino mostrando su vocación de país solidario no solo en la gestión de la crisis global que afecta sobre todo a los países en desarrollo sino de manera general en los compromisos establecidos en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sin embargo también se registra, junto a iniciativas de gran valor, una timidez excesiva para abordar las cuestiones más fundamentales. Algunos aspectos a destacar son:

AOD: Entre el año 2004 y 2007, la AOD española ha aumentado más de 20% (cifras en valores corrientes). A pesar de que la situación económica ha provocado que el presupuesto de la cooperación internacional para el año 2009 se sitúe en el mismo nivel que en el año 2008 (EUR 5.500 millones), España se mantiene entre los países donantes más solidarios. En diciembre del año 2007 se firmó el Pacto de Estado contra la Pobreza, por el que todos los partidos políticos españoles se comprometieron a cumplir el compromiso internacional de canalizar 0,7% del PNB en concepto de AOD a partir del año 2012.

Acción humanitaria: Durante 2008 culminaron una serie de procesos que ayudarán a consolidar a España como actor global en la acción humanitaria. El país cuenta ahora con una estrategia coherente con los parámetros y normas aceptados internacionalmente y se ha reforzado institucionalmente para incrementar su capacidad de gestión ante crisis humanitarias2. Al respecto, España deberá evitar el condicionamiento mediático en la selección de las crisis humanitarias en las que participa.

Crisis de los alimentos: En la cumbre de la FAO de junio de 2008 España anunció su compromiso de contribuir con EUR 500 millones para dar respuesta a esta crisis. Así, en enero de 2009 España organizó, junto con la Secretaría General de la ONU, la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria (RANSA) en Madrid, con el objeto de contribuir al proceso de coordinación de las diferentes instituciones implicadas en el tema (FAO, Programa Mundial de Alimentos, Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, BM, FMI), e impulsar la iniciativa del Partenariado Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GPAFS, por sus siglas en inglés). En la Reunión, el Presidente Rodríguez Zapatero comprometió otros EUR 1.000 millones para este objetivo, a desembolsar en cinco años. Estos EUR 1.500 millones no significan nuevos recursos sino más bien un compromiso de asignación de parte del presupuesto previsto de AOD. Llama la atención, de todos modos que, como parte de esta iniciativa, no se cuestione el impacto negativo de las políticas agrícolas de la Unión Europea sobre la seguridad alimentaria mundial, lo cual pone en serio riesgo sus posibilidades de éxito.

En el marco del G20 y en línea con lo anterior, como parte del paquete de medidas que propone para gestionar la crisis financiera, España se ha pronunciado para que los Bancos Multilaterales de Desarrollo aumenten sus flujos netos hacia los países de bajos ingresos y de renta media durante los periodos de bajo crecimiento.

 

La solidaridad no es suficiente

Si bien todas estas iniciativas dan muestra de solidaridad, contrastan sin embargo con la posición de España en materias cruciales para los países en desarrollo como el comercio, la agricultura, las migraciones internacionales o el cambio climático:

Comercio: En cuanto a la respuesta internacional a la actual crisis financiera, uno de los mayores riesgos es que los países opten por el proteccionismo comercial como estrategia unilateral de salida. A diferencia de otros países de la UE, España siempre se ha alineado con aquellas posturas menos proclives a flexibilizar posiciones e incorporar el desarrollo como elemento troncal de las negociaciones comerciales. En la reunión del G20 celebrada a finales de 2008 se realizó un llamamiento para que los Estados se abstuvieran, al menos por el periodo de un año, de incrementar sus aranceles aplicados. Nada se dijo acerca de la posibilidad de usar subsidios y planes estatales de salvamento. De este modo, se pusieron en cuestión las únicas herramientas de protección al alcance de la mayoría de los países en desarrollo y se permitieron aquellas inalcanzables para éstos (que pueden, además, resultar devastadoras para sus agriculturas).

Agricultura: De la misma forma, es preocupante la incoherencia entre las iniciativas globales que España apoya y aquella que la Secretaría de Estado de Medio Rural pretende liderar para impulsar una plataforma europea dirigida a bloquear las necesarias reformas de la Política Agrícola Común (PAC). Esta iniciativa ha sido presentada con la intención de convertirla en el estandarte de la presidencia española de la UE, ignorando que los impactos distorsionadores de las políticas agrarias de los países ricos están entre las causas de erosión de la agricultura de los países pobres y de la crisis de precios de los alimentos.

Inmigración: La crisis económica internacional ha supuesto un duro golpe para el trabajo de millones de migrantes que se ven directamente amenazados por el desempleo (en los sectores de construcción y de hostelería, los más afectados por la crisis en España, intensivos en la contratación de trabajadores de origen extranjero) y también para las remesas que esos trabajadores envían a sus familias, que constituyen un salario transnacional, y que han comenzado a caer3. Ante esta realidad, la reacción del Gobierno español ha sido decepcionante: se han planteado medidas como un “plan de retorno incentivado” que no ha tenido suficiente acogida entre la población extranjera porque las muy cerradas políticas migratorias hacen que los inmigrantes, una vez superadas las numerosas barreras para residir en España, no renuncien fácilmente a este derecho4. Además, se han recortado drásticamente las plazas disponibles para la migración regular y se han intensificado los controles para detectar, detener y deportar a trabajadores en situación irregular. Muestra de ello también es la aprobación en diciembre de 2008 de la nueva Ley de Asilo y Refugio que, después de la directiva europea aprobada en la misma línea en julio de 2008, según afirma la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, “reforzará el preocupante avance de políticas insolidarias e, incluso, xenófobas, en Europa, más preocupada por los intereses de los Estados que por el derecho de asilo”5.

Cambio climático: A finales de 2009 se debe alcanzar un acuerdo global sobre el clima que suceda al actual Protocolo de Kyoto. Para ello se deben lograr consensos en cuanto a los principales temas en discusión: el reparto de los esfuerzos de reducción de emisiones y el financiamiento de la adaptación en los países en desarrollo. España contribuye con los fondos internacionales ya existentes, si bien, como sucede con el conjunto de la comunidad internacional, muy lejos de las necesidades, que Oxfam cifra en USD 50.000 millones anuales6. Además, España se resiste a asumir nuevos compromisos de financiación para la mitigación y adaptación en los países en desarrollo. En el marco de la Unión Europea, se utiliza la crisis financiera como excusa para diluir los ya reducidos planes de financiamiento. Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre mecanismos innovadores para recaudar los fondos necesarios, como la subasta de los derechos de emisión, ni sobre los compromisos que están dispuestos a adquirirse en el marco de un acuerdo global.

1 La contribución de IntermonOxfam a este informe ha sido realizada por su equipo de investigación, bajo coordinación de Deborah Itriago, y se circunscribe al punto segundo del mismo: “España en el exterior”.

2 Durante el año 2008 se hizo operativa dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) una Oficina de Acción Humanitaria.

3 Para el caso de Ecuador o México la caída se estima en torno al 20% en el año 2008.

4 El plan consiste en otorgar a los inmigrantes la posibilidad del cobro anticipado de todo su seguro de desempleo acumulado en su país de origen, en caso de que decidan regresar, y apoyar las posibles iniciativas empresariales que pudiesen emprender.
Para febrero de 2009, tan solo  unos 2.000 inmigrantes (cuando hay cerca de 200.000 extranjeros no comunitarios en situación de desempleo) se habían acogido al plan.

5 Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

6 Oxfam (2008). “Credibility Crunch, Poverty and Climate Change: An Agenda for Rich-Country Leaders”. Junio. Disponible en: <www.oxfam.org.uk/resources/policy/debt_aid/downloads/bp113_credibility_crucnh.pdf>.

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ESTADOS UNIDOS

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2009
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La crisis de desempleo subraya la realidad de un sistema que no reconoce ni garantiza los derechos sociales y económicos esenciales. A partir de diciembre de 2007, el número de desempleados aumentó a 13,1 millones – 5,6 millones más que al principio de la recesión. Los movimientos de derechos humanos, trabajo ecológico, comercio justo, asistencia médica y vivienda presentan propuestas y exigen cambios reales y estructurales. Estados Unidos no puede dejar pasar esta oportunidad para alcanzar un cambio verdadero.

¿Oportunidad en la crisis? Capeando la tormenta perfecta

Global-Local Links Project
Tanya Dawkins
Institute for Agriculture and Trade Policy
Alexandra Spieldoch
Center of Concern
Aldo Caliari
Action Aid USA
Karen Hansen-Kun
Hunger Notes
Lane Vanderslice

La crisis de desempleo subraya la realidad de un sistema que no reconoce ni garantiza los derechos sociales y económicos esenciales. A partir de diciembre de 2007, el número de desempleados aumentó a 13,1 millones – 5,6 millones más que al principio de la recesión. Los movimientos de derechos humanos, trabajo ecológico, comercio justo, asistencia médica y vivienda presentan propuestas y exigen cambios reales y estructurales. Estados Unidos no puede dejar pasar esta oportunidad para alcanzar un cambio verdadero.

La crisis económica mundial le puso un nuevo nombre a la diversidad de crisis interconectadas – vivienda, alimentos, clima, desigualdad y rendición de cuentas – que han estado gestándose en Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras la ciudadanía comienza a tomar conciencia de la naturaleza profunda, sistémica y global de la crisis, el mundo espera de Estados Unidos una acción rápida y definitiva para contener las crisis que el país contribuyó a crear.

Una confianza ciega en el mercado “libre” como el mejor árbitro para dirimir los asuntos sociales, ambientales y económicos ha creado una “tormenta perfecta”1 de instituciones financieras que se desmoronan, una infraestructura democrática débil y una red de protección absolutamente inadecuada para lidiar con la diversidad de sufrimiento y desplazamiento humanos. El resultado de planes financieros poco regulados e inescrupulosos se sigue ampliando y causando pérdidas de la vivienda, desestabilización de comunidades y vulnerabilidad económica. Millones de estadounidenses desplazados por la crisis de la vivienda y el empleo se agregan a sus contrapartes invisibles por largos años dentro y fuera del país, que han vivido en el ojo de esta tormenta por décadas. Esto brinda una oportunidad inusual de establecer el curso de una nueva era de liderazgo y alianzas para un verdadero cambio, desarrollo, sustentabilidad y derechos humanos, dentro del país y en todo el mundo.

SE BUSCA: el derecho a un lugar al cual llamar hogar

Cuando explotó la burbuja de la vivienda en Estados Unidos, hubo una reacción en cadena en la bolsa de valores – el depósito más grande de la riqueza de los estadounidenses. La caída del valor de los bienes inmuebles borró o redujo considerablemente el capital de un gran número de propietarios de viviendas particulares o de bienes inmuebles institucionales. Por ejemplo, una familia que compró una casa en 2006 por USD 189.000 vio caer su valor en 26% hasta USD 139.000 en 2008. La disminución de los precios de la vivienda ha significado que muchos de aquellos suficientemente afortunados, propietarios de una vivienda, han perdido todo o la mayor parte de su capital, o están atrapados en hipotecas que actualmente exceden por lejos el valor de los inmuebles. El capital de los bancos y otras instituciones que tienen en su posesión hipotecas y otros valores relacionados también se redujo enormemente o desapareció. Este panorama es el resultado de una generación de política gubernamental que socavó severamente la infraestructura reguladora y supervisora de la economía y los mercados financieros.

Esta dinámica agravó la crisis nacional existente de los sin techo y la vivienda asequible. La falta de vivienda crece, en gran parte debido al aumento de las ejecuciones hipotecarias, empeorada por la pérdida del trabajo, las subas de precios de los alimentos y otros gastos que socavan la capacidad de la población para pagar su vivienda. Una encuesta llevada a cabo en octubre de 2008 en 12 estados reveló que la cantidad de familias con niños que se quedan sin hogar está creciendo2. De junio de 2007 a junio de 2008 el número de solicitudes de refugio se duplicó3. En marzo de 2009, se informó que una de cada nueve personas con hipoteca estaba atrasada en los pagos o en alguna etapa de la ejecución hipotecaria para fines de 2008, cuando la creciente pérdida de trabajos exacerbó la crisis de la vivienda4. Durante 2008 se embargaron más de 2,3 millones de viviendas, esto es, 81% más que en 2007 y 225% más que en 20065.

SE BUSCA: el derecho a un trabajo decente

Desde diciembre de 2007, el número estimado de personas desempleadas aumentó a 13,1 millones – 5,6 millones más que al principio de la recesión6. Además, estas cifras subestiman el problema real porque la tasa de desempleo oficial sólo incluye a los que han buscado activamente empleo durante las últimas cuatro semanas. Esta definición excluye a los trabajadores desalentados7 y no refleja a los que están subempleados y sin posibilidades de generar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Las minorías han sido afectadas desproporcionadamente por el declive de las oportunidades laborales. Desde marzo de 2009, el desempleo entre las poblaciones negra, hispana y blanca aumentó en 4,4%, 5,2% y 3,5%, respectivamente, reflejando tendencias de desigualdad existentes desde hace mucho tiempo, en particular en las áreas de educación, empleo y acceso a la justicia. Al 30 de junio de 2009, este aumento se vio reflejado en índices nacionales de desempleo que se ubicaron en 14,7%, 12,2% y 7,8%8.

La crisis de desempleo subraya la realidad de un sistema que no reconoce ni garantiza los derechos sociales y económicos esenciales. Dado que el acceso a educación, alimentos, asistencia médica y vivienda generalmente está en función del acceso de las personas a un trabajo, estar desempleado tiene repercusiones tremendas en la capacidad de la persona o la familia de acceder a las necesidades básicas. Estados Unidos tiene los segundos subsidios de desempleo más bajos entre los países de la OCDE; casi dos tercios de esos países ofrecen el doble o más de beneficios de desempleo – además de la asistencia social – que Estados Unidos9.

SE BUSCA: el derecho a la seguridad alimentaria

Los estadounidenses también recibieron los impactos de la crisis alimentaria. Los bancos de alimentos, por ejemplo, han tenido grandes dificultades para cumplir con la demanda porque la gente dona menos y hay menos reservas de alimentos disponibles10. En el Centro y Sur del país la crisis alimentaria se agrava por las inundaciones y los huracanes, que causan una disminución de la producción que se envía a los mercados agrícolas y para la distribución local de alimentos11.

Las estadísticas del Departamento de Agricultura indican que al menos 36 millones de personas, incluyendo más de 4 millones de niños, viven en hogares con inseguridad alimentaria12. Foodlinks America informa que, “más estadounidenses de ingresos bajos recibieron apoyo alimentario del Programa de Ayuda de Nutrición Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) en enero de 2009 que en cualquier otro tiempo de la historia del programa. Más de 32,2 millones de personas dependieron del programa ese mes, borrando el récord de un mes de 31,8 millones. El aumento del número de casos fue impulsado por los 11 estados que tenían porcentajes de aumentos superiores a 20% entre enero de 2008 y enero de 2009: Utah, Florida, Nevada, Arizona, Wisconsin, Georgia, Vermont, Maryland, Texas y Massachusetts”13.

En esta crisis alimentaria, las agroindustrias estadounidenses se han beneficiado del asfixiante control que ejercen algunas grandes corporaciones sobre la producción y la distribución, justo cuando los agricultores más pequeños luchan con los crecientes costos de los insumos y las menores ganancias14.

Reincorporarse al mundo: los detalles importan

A nivel internacional, la Administración Obama ha manifestado prontamente su liderazgo a partir de la elección presidencial. A principios de abril de 2009, el Departamento de Estado anunció que buscaría una banca en el Consejo de Derechos Humanos, diciendo que “los derechos humanos son un elemento esencial de la política exterior mundial estadounidense”. La Administración también otorgó nivel de ministro de gabinete al embajador estadounidense ante las Naciones Unidas recientemente designado.

El presidente Obama también participó del proceso del G-20, prometiendo nuevos fondos para abordar el colapso económico. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su profundo escepticismo con los USD 100 mil millones de nuevos fondos para el FMI porque cuestionan si ese organismo está equipado para implementar verdaderos paquetes de estímulo económico en vez de sus programas de austeridad tradicionales y perjudiciales.

La Administración también prometió duplicar la ayuda estadounidense a más de USD 1.000 millones en 2009 para apoyar el desarrollo agrícola a largo plazo, y amplió su oferta a USD 3.500 millones en ayuda para la seguridad alimentaria por un período de tres años. Si bien este dinero es muy necesario, cómo habrá de ser gastado es un tema de gran preocupación, y existen grandes diferencias de opinión. Por ejemplo, el Congreso y la Administración siguen promoviendo soluciones tecnológicas, incluyendo inversiones en biotecnología y Organismos Genéticamente Modificados. Los activistas de la alimentación estadounidenses presionan para que se adopten enfoques que prioricen sistemas alimentarios locales y prácticas agrícolas que no perjudiquen el clima.

En cuanto a éste, la Administración se ha involucrado en el proceso hacia las conversaciones de diciembre para un nuevo tratado mundial sobre el clima, pero sus posiciones aún no son claras. Por ejemplo, aún tiene que ratificar el Protocolo de Kioto y definir sus compromisos globales de reducción de emisiones, en un momento en que son necesarias acciones urgentes.

Buenas ideas y medidas en la dirección correcta

La Administración del presidente Barack Obama ha procurado responder a la crisis con financiación adicional e iniciativas políticas enfocadas a la estabilización de los mercados financieros, la creación de trabajo a nivel interno (incluyendo trabajos ecológicos), mayores beneficios para los desempleados recientes e iniciativas dirigidas a los propietarios de viviendas que recientemente han perdido sus hogares o están en riesgo de perderlos.

Las autoridades electas están bajo creciente presión para responder a una población cada vez más conciente de que los mercados también deben servir a objetivos sociales, económicos y ambientales más amplios. Las respuestas políticas propuestas tales como la reducción obligatoria de las tasas de interés, la reestructura de la ley de bancarrota y las medidas para contener la excesiva especulación financiera nacional e internacional, así como otras propuestas, también están atravesando el proceso legislativo.

La Administración instauró nuevas restricciones diseñadas para terminar con el vaivén entre las empresas y el gobierno que tan profundamente contribuyera a políticas mal dirigidas en sectores clave como la vivienda, las finanzas, el comercio, la salud y la agricultura. Mostró su apoyo a la producción orgánica, a medidas competitivas más fuertes para regular la actividad corporativa y a una mayor supervisión de la seguridad alimentaria. También prometió aumentar la financiación para apoyar la energía renovable y estándares de combustible limpio. La Ley Granjera de 2008 incluyó también USD 100 millones adicionales para apoyar los sistemas alimentarios locales, aumentar el acceso a alimentos saludables y apoyo a agricultores orgánicos, novatos o pertenecientes a minorías. Aunque estas medidas son insuficientes para satisfacer las demandas, son pasos importantes y alentadores.

Mirando hacia delante

La intervención del Gobierno es un elemento crítico para asegurar la recuperación económica y una nueva dirección del desarrollo económico nacional. El eslabón perdido sigue siendo asegurar la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas. Por ejemplo, iniciativas como <www.recovery.gov> ponen de manifiesto el uso sin precedentes e innovador de la tecnología hecho por la Administración para mantener informada a la población. La información, sin embargo, no sustituye el tipo de compromiso y responsabilidad que debe ser el núcleo de un verdadero cambio y recuperación nacional.

Los movimientos nacionales a favor de los derechos humanos, trabajos ecológicos, comercio justo, asistencia médica y vivienda están presentando propuestas innovadoras y aumentando sus demandas de un cambio verdadero y estructural. Por ejemplo, está tomando fuerza el movimiento que pugna por la rendición de cuentas de Estados Unidos respecto de los estándares internacionales de derechos humanos, organizándose y educando sobre la naturaleza interconectada de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales15. Una Encuesta de Opinión Pública Mundial de 2008 mostró que la vasta mayoría de los estadounidenses está a favor de prácticamente todos los derechos y principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo igualdad, derechos de la mujer, justicia racial, los derechos a la alimentación, educación y asistencia médica y creen con firmeza que su gobierno tiene la responsabilidad de asegurarlos16. Traducir el cambio de actitudes en una voluntad pública sostenida y nuevas políticas sigue siendo un desafío fundamental. Son necesarias acciones y soluciones valientes. Estados Unidos no puede permitirse desperdiciar esta oportunidad.

2 “Homeless numbers alarming”, USA Today, 22 de octubre de 2008.

3 Ibid.

4 Scholtes, S. “US home loan arrears affect one in nine”. 6 de marzo de 2009. Disponible en: <www.ft.com/cms/s/0/61598348-09e0-11de-add8-0000779fd2ac.html>.

5 McNulty, S. “Foreclosure fears spread to middle class”. Financial Times, 29 de enero de 2009.

6 Shierholz, H. y Edwards, K. “Jobs report offers no sign of light at end of tunnel”. 3 de abril de 2009. Disponible en: <www.epi.org/publications/entry/jobspicture20090403/>.

7 Los trabajadores desalentados son aquellos que, aún teniendo voluntad y capacidad de trabajar, no buscan trabajo porque creen que no hay ningún empleo disponible que sea apropiado para ellos. Ver: <stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=645>.

8 Austin, Algernon. “Unequal unemployment: Racial disparities in unemployment vary widely by state.” Economic Policy Institute, 21 de julio de 2009. Disponible en: <www.epi.org/publications/entry/ib257>.

9 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Society at a Glance, 2006. OECD Social Indicators. “Out of work benefits”, p. 62.

10 Quizon, D. “Donations down, demand up at food distributors”. The State Press, 16 de septiembre de 2008. Disponible en: <www.statepress.com/node/935>.

11 Holt Gimenez, E. “The World Food Crisis: What’s Behind It and What We Can Do About It”. Policy Brief. Food First, 16 de octubre de 2008.

12 Nord, M., Andrews, M. y Carlson, S. “Household Food Security in the United States, 2007”. Economic Research Report, ERR-66, noviembre de 2008.

13 Foodlinks America Newsletter, 10 de abril de 2009. ‘SNAP’ es el nuevo nombre del programa de Vales de Comida, que ayuda a las familias y personas de bajos ingresos a comprar alimentos asequibles y saludables.

14 US Working Group on the Food Crisis (2008). “Backgrounder on the Global Food Crisis”.

15 Aunque sea signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Estados Unidos todavía no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

16 “60th Anniversary: New poll shows vast support for Universal Declaration of Human Rights principles”. The Opportunity Agenda. Disponible en: <opportunityagenda.org/60th_anniversary_poll_day_great_degree_consensus_among_americans_principles_enunciated_universal_dec>.

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FILIPINAS

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2009
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En Filipinas, la globalización económica causó la expansión del trabajo informal, la contracción de las industrias locales y una gran dependencia de las exportaciones y remesas del exterior, mientras la pobreza seguía aumentando debido a la distribución injusta de las ganancias. Hoy, la crisis mundial hace que estén disminuyendo las remesas, al tiempo que cierran las fábricas. Como de costumbre, son los pobres y los marginados quienes pagan el precio más elevado. Se necesita con urgencia un paquete de estímulo sustentable, basado en derechos y a favor de los pobres.

De mal en peor

Marivic Raquiza
Social Watch Filipinas

En Filipinas, la globalización económica causó la expansión del trabajo informal, la contracción de las industrias locales y una gran dependencia de las exportaciones y remesas del exterior, mientras la pobreza seguía aumentando debido a la distribución injusta de las ganancias. Hoy, la crisis mundial hace que estén disminuyendo las remesas, al tiempo que cierran las fábricas. Como de costumbre, son los pobres y los marginados quienes pagan el precio más elevado. Se necesita con urgencia un paquete de estímulo sustentable, basado en derechos y a favor de los pobres.

Contrariamente a las evaluaciones del Gobierno y las agencias de valoración crediticia de que Filipinas podría resistir la crisis mundial, su economía orientada hacia el exterior dejó al país muy vulnerable a los choques externos. La globalización de la producción, que causó la rápida expansión del trabajo informal, la contracción de las industrias locales debido a la competencia mundial con importaciones baratas muy subvencionadas y la gran dependencia de las exportaciones y los mercados de trabajo externos tienen consecuencias extremas para el sustento de la mayoría de los ciudadanos1.

De hecho, incluso antes de que golpeara la crisis mundial, la mayoría de los filipinos ya estaban en dificultades debido al deterioro de las condiciones económicas. Según la Encuesta de Gastos e Ingresos Familiares, los ingresos de los hogares disminuyeron desde 2003 hasta 2006; además, un gran número de filipinos estaba atrapado en empleos de baja productividad, con salarios por debajo del umbral de pobreza y niveles de hambre sin precedentes2, según el registro de las Estaciones de Clima Social3. El Gobierno admitió finalmente que la pobreza aumentó en 2006 durante un tiempo de crecimiento económico, lo que evidenció lo inequitativo de la distribución de la riqueza. A partir del 10 de junio de 2009, el Gobierno bajó las metas de crecimiento del PIB para 2009 a un rango de entre 0,8% y 1,8%4, lo que obligó al Secretario del Directorio de Coordinación de Estadística Nacional a declarar que la economía filipina “está al borde de la recesión” 5.

Remesas y exportaciones

Las consecuencias de la crisis serán muy amplias. Las remesas, por ejemplo, constituyeron el 13% del PIB en 2007. Los filipinos que trabajan en el extranjero son una décima parte de la población total (alrededor de 8 millones), posiblemente “la principal fuente de ingresos netos de divisas extranjeras a la economía filipina”6. Ahora, sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Empleo informa que hasta 575 mil filipinos en el exterior podrían perder sus trabajos, en particular en Corea del Sur, Taiwán, Macao, Singapur y Hong Kong, como también los que trabajan en los cruceros. El Banco Central de Filipinas pronostica que las remesas disminuirán entre 6% y 10%.

Las ganancias de las exportaciones cayeron bruscamente 40,4% en 2008, en comparación con el año anterior, entre ellas, la electrónica disminuyó 47,6%7. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo están nerviosos ante el número creciente de fábricas que cierran, no sólo en el sector de la electrónica sino también entre los fabricantes de vestimenta y otras compañías en zonas industriales. Casi 110.000 trabajadores fueron afectados por la crisis solamente entre octubre de 2008 y marzo de 2009. Esta cifra incluye a 50.380 trabajadores desplazados y 59.149 trabajadores con acuerdos “flexibles” (como reducción del horario de trabajo o licencia forzosa)8.

Desempleo, seguridad social y alimentos

Los filipinos no pueden permitirse el creciente desempleo y subempleo. Mientras la de tasa de desempleo está entre el 8% y  el 10%, el subempleo ya había subido a 22% incluso antes de la crisis mundial9. En efecto, el mero empleo no garantiza una vida digna: una mayoría (51%) de la mano de obra filipina, conformada por 12,1 millones de agricultores y pescadores y aproximadamente 10 millones de peones y obreros no calificados, gana salarios de pobreza, igual que los trabajadores del incipiente sector informal.

Una gran mayoría de trabajadores en las zonas de procesamiento de exportaciones son mujeres. Debido a la crisis, la cantidad de despidos o acuerdos de trabajo flexible en estas zonas afectará sobre todo a las mujeres, que son las principales responsables de la gestión y el cuidado familiar. La crisis que se hace cada vez más profunda aumentará la carga sobre las mujeres para sobrellevar sus múltiples responsabilidades. Sin embargo, en general, los trabajadores hombres comprenden la mayoría de los desempleados (64,1%) en comparación con las trabajadoras (35,9%), ya que las industrias con predominancia de mano de obra masculina como la construcción y el transporte fueron las más afectadas por la crisis10.

El seguro social filipino cubre aproximadamente al 84,5% de los trabajadores empleados. Sin embargo, los trabajadores pobres apenas se benefician de los servicios de seguridad social, y la cobertura de los que trabajan en el sector informal es limitada11. No hay seguro de desempleo y el Gobierno ha evitado implementar redes de protección para lidiar con el desempleo a causa de que serían demasiado caras. Además, el alcance de los programas de ayuda social para los que viven debajo del umbral de la pobreza es limitado, como lo es también el nivel de beneficios. La seguridad social privada tampoco está a salvo del colapso mundial: la industria de pre-necesidad12 filipina ya ha solicitado la ayuda del Gobierno para lidiar con la reducción del valor de sus fondos fiduciarios. Lamentablemente, la mala administración, la avaricia y la captura reguladora también han estropeado el funcionamiento de algunas compañías de pre-necesidad y, según se informa, algunas están al borde del colapso, lo que pone en peligro las ganancias de miles de afiliados al plan.

Los niveles de precios de los alimentos y el combustible mejoraron un poco en comparación con 2008. Sin embargo, como muchos filipinos reciben escasos ingresos, la compra de bienes y servicios para cubrir las necesidades elementales sigue siendo un intimidante desafío. A consecuencia del colapso mundial hubo aumentos en el precio del arroz, un alimento básico en los hogares filipinos, que se traduce en una mayor inseguridad alimentaria. En efecto, el Banco Asiático de Desarrollo ha calculado que, por cada aumento de 10% en los precios de los alimentos, 2,72 millones de filipinos caerán en la pobreza13. Aunque Filipinas sea un país de ingresos medios, existen disparidades regionales: mientras la capital disfruta de niveles de crecimiento altos, la desnutrición infantil en algunas regiones es igual e incluso superior a la de África Subsahariana. Esto muestra el alto nivel de desigualdad en el país; su coeficiente Gini de 0.45 es el tercero más alto de Asia, detrás de Nepal y la República Popular de China.

Servicios sociales básicos, el ambiente y AOD

La prestación de servicios sociales básicos sufrirá indudablemente debido al colapso financiero mundial14. El Objetivo de Desarrollo de Milenio (ODM) sobre educación primaria universal es ya el más amenazado a nivel nacional15. Muchos educadores están alarmados de que los estudiantes dependientes de las remesas de parientes y benefactores no asistirán a la escuela el próximo año académico debido a la caída de los ingresos del exterior16. Ya desde antes de la crisis mundial, Filipinas era el país de peor desempeño en la región en cuanto a las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna, debido en gran parte a la baja inversión pública17. En general, los fondos destinados a los ODM relacionados con la salud provienen de la AOD, aunque habría que investigar si la ayuda va hacia los más necesitados – las comunidades más pobres – según los activistas de la Iniciativa para un Presupuesto Alternativo (IPA)18.

El Gobierno también ha dependido de la AOD para implementar, en los últimos tres años, legislación ambiental como la Ley sobre Agua Potable y sobre de Aire Limpio19. Su prioridad de gastos está en la minería y la producción forestal (más que en la protección), a pesar de cuestiones no resueltas relacionadas con grandes desastres mineros y deforestación generalizada. Esto significa que si la AOD disminuye considerablemente a consecuencia de la crisis mundial, su impacto negativo se sentirá sobre todo en sectores como la salud y el medio ambiente.

Respuesta del Gobierno ante la crisis

El Gobierno se ha unido a la opinión mundial de “impulsar/mejorar la economía” en la forma ya familiar del paquete de estímulo económico y presentó un Plan de Adaptación Económica (PAE) de PHP 330.000 millones (USD 6.869 millones) para lidiar con la crisis. Sin embargo, un estudio preparado por la IPA mostró que de los PHP 1,4 billones (USD 29.141 millones) del presupuesto nacional aprobado recientemente por ambas Cámaras del Congreso, sólo PHP 10.070 millones (unos USD 210 millones) de nuevos fondos irán a un Fondo de Estímulo Económico (FEE) establecido para abordar el impacto negativo de la crisis mundial. Dentro de FEE se incluyen temas como, entre otros, la ayuda para préstamos a estudiantes universitarios, capacitación técnica y profesional para la juventud, préstamos y subsidios a pequeñas y medianas empresas, reconversión laboral para trabajadores despedidos y retornados al país y construcción de edificios escolares. Mientras muchos de éstos son loables, uno no puede menos que preguntarse por qué la mayor parte de los fondos se destinan a la educación terciaria y nada para la primera infancia, educación primaria y secundaria. Segundo, el énfasis en la reconversión de los trabajadores despedidos está bien, pero debe haber mayor énfasis en la creación de trabajo que vaya más allá de la construcción de edificios escolares. En otras palabras, no hay ningún plan integral para mitigar los efectos de la crisis. Es aun más alarmante que el presidente haya vetado la propuesta de usar y liberar PHP 10.000 millones (USD 208 millones) que ahora están sujetos a “implementación condicional” en base a pautas que serán establecidas, en última instancia, por el Poder Ejecutivo. De esta forma, el uso del FEE está ahora directamente bajo el control del presidente.

Existe una partida adicional de PHP 300 mil millones (USD 6.244 millones) para el FEE, muy manejada por funcionarios gubernamentales, que se recaudará entre las corporaciones del Gobierno y el sector privado. Al tiempo de redactar este informe, la propuesta sigue siendo vaga. Muchos analistas son escépticos ya que la mayor parte de los fondos de las corporaciones del Gobierno también provienen de los cofres públicos. Además, no hay muchos que pongan sus esperanzas en el “espíritu caritativo” del sector comercial, sobre todo en un contexto de declive económico. Incluso en tiempos de prosperidad, los ingresos del Gobierno estaban alarmantemente por debajo de los objetivos debido a la evasión fiscal masiva de las grandes compañías y las personas ricas.

Los activistas de la IPA están consternados por el hecho de que en un tiempo de creciente inseguridad laboral y hambre, los funcionarios públicos hicieron proselitismo político con el presupuesto nacional 2009 por miles de millones de pesos20. El pago de los intereses de la deudas se sitúa en PHP 302.650 millones21 (USD 6.300 millones), que constituye el 21% del presupuesto nacional 2009. Sin embargo, el Gobierno deberá recaudar una cantidad aún mayor de PHP 378.870 millones (USD 7.886 millones) para pagar el componente principal de la deuda que, engañosamente, no está reflejada en la sección de gastos del presupuesto nacional22.

Finalmente, hay gran preocupación de que la mayor parte de los fondos públicos, incluyendo los del paquete de estímulo económico, terminará en cambio como “estímulo político”, yendo a los cofres electorales de los candidatos de la administración que se preparan para las elecciones nacionales que tendrán lugar en 2010. Existe una muy difundida creencia de que la administración Arroyo utiliza regularmente fondos públicos para mantenerse en el poder y que su agenda de “gobernanza” primordial ha estado asegurando su propia supervivencia política frente al creciente malestar social y político.

Mirando hacia delante

Definitivamente se impone crear un paquete de estímulo pero, a diferencia del propuesto por el Gobierno, debería estar basado en una estrategia nacional clara que esté sujeta a derecho, a favor de los pobres, y sustentable, dirigida a fortalecer la demanda nacional, sobre todo a la luz del clima económico actual que es hostil a las exportaciones. Debería priorizar la seguridad alimentaria, la creación de empleos fortaleciendo las empresas locales para beneficiar a las mujeres y hombres trabajadores, así como la inversión en proyectos de infraestructura ecológicos y a favor de los pobres (por ejemplo, la construcción de una red de sistemas de riego, la electrificación de pueblos apartados y el desarrollo de energía limpia), así como la extensión de la seguridad social y económica para los pobres y los desempleados.

A corto plazo, es necesario el alivio inmediato para amortiguar los peores efectos de la crisis mundial en la población filipina. Esto significa garantizar que el FEE vaya a donde debe ir: alimentos, ingresos y alivio de emergencia, así como a los servicios sociales básicos. Además, la eliminación del Impuesto sobre el Valor Agregado Reformado regresivo sobre el petróleo, la implementación de un aumento de salarios generalizado de PHP 125 (USD 2,6) y un aumento de PHP 3.000 (USD 62,44) mensual en los salarios del Gobierno brindarán cierto alivio económico. Finalmente, debe considerarse seriamente la renegociación de la deuda pública de modo que el grueso de los ingresos del país se destine a cubrir las necesidades elementales y urgentes de las personas en vez de al servicio de la deuda.

1 Gonzales, E. “Social Protection in the Philippines”. En Social Watch Philippines (2007). Missing Targets, An Alternative MDG Midterm Report. Quezon City: Social Watch Philippines.

2 Malaluan, N. “Dire State of the Nation: The Crisis of Income and Employment in the Philippines”. Opinion Section, BusinessWorld, 21 de agosto de 2006. Disponible en: <www.aer.ph/index.php?option=com_content&task=view&id=437&Itemid=63>.

3 <www.sws.org.ph/>

4 <www.gmanews.tv/story/164624/Philippines-cuts-growth-goals-as-IMF-follows-suit>

5 <archive.inquirer.net/view.php?db=1&story_id=207724>

6 Pascual, C. “Remittances for Development Financing”. En Finance or Penance for the Poor. Quezon City: Social Watch Philippines (en prensa).

7 Oficina Nacional de Estadística. “Merchandise Export Performance”. Diciembre de 2008 (preliminar).

8 Fabros, M. L. “Health Insecurity: A GMA Legacy”. En Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

9 Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

10 Alave, K. L “Unemployment Rate Worsens, Hits 7.7% in January”. Philippine Daily Inquirer Online, 18 de marzo de 2009. Disponible en: <www.business.inquirer.net/money/topstories/view/20090318-194715/Unemployment-rate-worsens-hits-77-in-Jan>.

11 Social Watch Philippines (2007), op. cit.

12 Las empresas de pre-necesidad ofrecen planes para cubrir los futuros costos de educación, jubilación, etc. En tanto las cuotas de los asegurados se colocan en fondos fiduciarios que invierten en instrumentos financieros con acciones y bonos, están sujetas a los caprichos del mercado.

13 Angara, E. J. “A Gathering Storm”. Opinion, Business Mirror. 24 de noviembre de 2008.

14 Este informe no incluye una discusión de los efectos e impactos del programa de transferencia condicional de efectivo sobre la prestación de los servicios sociales, especialmente la educación y la salud, debido a que fue una experiencia piloto desarrollada sólo en algunas municipalidades en 2008. Vale la pena observarlo durante 2009.

15 Raya, R. R.. “The Missed Education of the Filipino People”. En Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

16 GMA TV News. “Educators Brace for Impact of Global Financial Crisis”. 4 de diciembre de 2008. Disponible en: <www.gmanews.tv/story/137541/Educators-brace-for-impact-of-global-financial-crisis>.

17 Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

18 IPA es una amplia red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea y cabildea a favor de un aumento del gasto social y ambiental en el presupuesto nacional. Está liderado por Social Watch Filipinas.

19 Ronquillo, J. D. y Morala, R. O. “Environmental Insecurity: The Cost of Misgovernance”. En Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

20 Ley General de Apropiaciones 2009.

21 Esto refleja lo que se incluyó en la Ley de Presupuesto 2009 y el Mensaje de Veto Presidencial, que restablece un recorte del presupuesto de PHP 50 mil millones (USD 1.060 millones).

22 Tanchuling, M. Entrevista con el Secretario-General, Coalición Freedom from Debt, Filipinas, 3 de marzo de 2009.

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FRANCIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La crisis ha golpeado directamente a la población de Francia, del mismo modo que a la de los demás países desarrollados – donde comenzó. Los efectos más evidentes son el crecimiento del desempleo, la exclusión social y hasta los problemas de alimentación que sufren sectores de la sociedad que, no hace mucho, estaban en una situación cómoda. Además, debido a la crisis y a la incapacidad del país para crear nuevos recursos para la Ayuda para el Desarrollo, la misma se verá severamente afectada. Difícilmente Francia cumpla sus compromisos en la materia.

Desempleo, marginación y ayuda ineficaz

Coordination SUD
Katia Hergott
Secours Catholique
Yves Casalis

La crisis ha golpeado directamente a la población de Francia, del mismo modo que a la de los demás países desarrollados – donde comenzó. Los efectos más evidentes son el crecimiento del desempleo, la exclusión social y hasta los problemas de alimentación que sufren sectores de la sociedad que, no hace mucho, estaban en una situación cómoda. Además, debido a la crisis y a la incapacidad del país para crear nuevos recursos para la Ayuda para el Desarrollo, la misma se verá severamente afectada. Difícilmente Francia cumpla sus compromisos en la materia.

El presente informe analiza las consecuencias de la crisis económica tanto sobre la vida de los franceses, que se verifica en desempleo, marginación e incluso en problemas de nutrición, como su repercusión en la Ayuda Oficial para el Desarrollo, que golpea a los países beneficiarios de la misma.

Desempleo y exclusión: el rostro de la crisis

Tambaleante la estructura socioeconómica desde el último trimestre de 2008, se han multiplicado los planes sociales en las empresas. En diciembre el banco Natixis anunció la supresión de 450 puestos, además de los 850 que ya habían desaparecido en mayo. PSA Peugeot Citroën estableció “retiros voluntarios” relativos a 3.550 asalariados en Francia, en noviembre de 2008. En octubre, el grupo informático Hewlett-Packard anunció la supresión de 580 puestos de trabajo, mientras que en diciembre el fabricante de equipos para automóviles Valeo informó de la desaparición de otros 1.600.

Durante el primer semestre de 2009, Sanofi-Aventis, el primer grupo farmacéutico francés, también anunció un plan inicial de “retiros voluntarios” para aproximadamente 1.300 asalariados, y la intención de cerrar cuatro sitios de investigación en Francia. El grupo especialista en telecomunicaciónes Alcatel-Lucent decidió, en febrero de 2009, la supresión de 200 cargos de la plantilla y de 400 subcontratistas. De acuerdo al Observatorio Francés de las Coyunturas Económicas (OFCE) “la economía francesa podría perder aproximadamente 800.000 empleos en 2009 y 2010”.

Según Ayuda Católica/Cáritas Francia, en total “se asignaron EUR 492.000 de ayuda suplementaria durante los ocho primeros meses de 2008. En Saboya (al sureste), jornaleros sin trabajo llegan a nuestros refugios. En el Eure (al Oeste), en un área rural, las saturadas agencias de interinidad tienen que rechazar inscripciones. En la Costa de Oro (sureste de París), el petróleo caro y los productos alimentarios se hicieron sentir severamente a principios de  año. En este rubro, las personas que necesitan ayuda vienen cada vez más a menudo a vernos, solo para intentar llegar a  fin de mes… En el Val-de-Marne, en la región parisiense, el número de paquetes alimentarios distribuidos ha aumentado mucho”. 

Mientras tanto, un estudio de enero de 2009 del Centro de Investigación para el Estudio Sobre las Condiciones de Vida (CREDOC) dejó en evidencia el impacto que tuvo la crisis económica en los alimentos: un 66% de los hogares que vivían bajo el umbral de pobreza (EUR 880 al mes para una sola persona) tuvieron que reducir su consumo de carne y pescado, de frutas y hortalizas, o incluso hasta se saltearon almuerzos o cenas.

El amor propio en el bolsillo

Se han multiplicado quienes solicitan alimentos y los desocupados, las personas endeudadas y/o privadas de acceso a los cuidados. El barómetro del sobreendeudamiento, medido por el Banco de Francia en 2009, cuenta 20.225 expedientes depositados en febrero y 21.247 en marzo, lo que representa un 16% más que durante el mismo período en 2008. Para un 85% de ellos se trata de créditos renovables. Estos préstamos sin vencimiento resultan muy costosos e incontrolables para los prestatarios. 

En su ámbito la asociación Médicos del Mundo establece un diagnóstico idéntico: “Se ve reaparecer en nuestros centros a trabajadores pobres, a menudo no declarados,  beneficiarios de las ayudas sociales, personas que no tienen los medios para pagarse un seguro de salud. La mayoría retrasó el acceso a la atención debido a problemas económicos”. Es el efecto báscula. “Para que gente incluida socialmente, pero que no llega a fin de mes, pueda acudir a nosotros, debe guardarse el amor propio en el bolsillo”, comenta  la responsable de una asociación caritativa. “Muchos nos lo confían”.

La respuesta
               
Existe una urgencia ante la perennización, o incluso el agravamiento de la fractura social. Es necesario actuar lo más cerca posible de los excluidos, estableciendo prioridades políticas claras en su favor. ¿Van las iniciativas gubernamentales en este sentido? Para ayudar a 434.300 jóvenes menores de 25 años desempleados, las autoridades lanzaron un “plan de emergencia”: se crearon cerca de 100.000 contratos en alternancia suplementarios en el sector privado (de aprendizaje, de profesionalización) y  primas excepcionales – se paga a las empresas entre EUR 1.000 y EUR 2.000 por cada contrato de ayuda creado.  La medida principal, la Renta de Solidaridad Activa (RSA),  entró en vigor en junio de 2009. Los trabajadores pobres (unos 800.000)  ganan un salario complementario – y un nivel de renta aceptable – al reanudar una actividad.

Pero, aunque la RSA funciona para aquellas personas más próximas al mercado laboral y con un mínimo de calificación, los resultados no son los mismos entre los más afectados por años de exclusión del sistema.

Crisis y AOD

Pese a que Francia reitera su compromiso de aumentar la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en cada cumbre internacional – recientemente en oportunidad del último G8 –, la credibilidad de tales promesas podría cuestionarse. En 2008, la AOD francesa progresó muy ligeramente después de haber bajado considerablemente en 2007. Según la ley de programación 2009-2012 de finanzas públicas, Francia no cumplirá con sus compromisos europeos en 20101: con una AOD cercana al 0.41% del Ingreso Nacional Bruto (INB) en 2010, Francia estaría lejos del 0.51% al que se comprometió en el seno de la Unión Europea.

Para que Francia logre cumplir con el compromiso de dedicar el 0,7% del INB a la AOD en 2015 sería necesario un incremento anual de EUR 1.500 millones. Teniendo en cuenta las restricciones financieras que enfrenta el país – agravadas por la crisis global – es poco probable que esto se pueda concretar sin una fuerte voluntad política. Al carecer la política de cooperación francesa de estrategia global, es dependiente de las prioridades de los gobiernos de turno. Además, una parte importante de la ayuda francesa no crea recursos frescos para el financiamiento del desarrollo.
 
Un aumento engañoso

A escala mundial, Francia es uno de los países que más contribuyen a la AOD. En 2008, con EUR 7.600 millones, fue el cuarto país del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE2, de acuerdo al monto neto de AOD, y el 13º según el porcentaje del INB dedicado a la ayuda (0.39%). Aun con la fuerte caída de 2007 (-16%), la ayuda oficial francesa ha crecido notablemente desde 2002.

Sin embargo, una parte importante de este aumento se explica por una inflación estadística de las cifras – en lugar de por la escasa o nula creación de recursos frescos para el financiamiento del desarrollo – sobre todo por la implementación de planes multilaterales de cancelación de deuda. A pesar de una caída de más del 50% registrada en 2007, las reducciones de deuda representan, en promedio para el período 2001-2007, el 27% de la AOD de Francia.

Ahora bien, estas cancelaciones han sido, en su gran mayoría, un mero saneamiento contable de créditos impagables, por lo que tuvieron un impacto muy limitado en los países beneficiarios. Estos países, muy pobres, habían entrado en una espiral de sobreendeudamiento y eran incapaces de pagar gran parte de su deuda. Por otro lado, una parte importante de la deuda cancelada fue generada por una activa política de apoyo a las exportaciones francesas a través de la garantía pública a las exportaciones gestionada por la Compagnie Française pour le Comerce Extérieur (Compañía Francesa para el Comercio Exterior – COFACE). Esta lógica de promoción de las exportaciones es claramente distinta a la de promoción del desarrollo. Nada justifica su contabilización como parte de la AOD.

Para evaluar la AOD “real” de Francia, Coordination SUD se apoya en las recomendaciones de Daniel Cohen3. Considerando que la gran mayoría de las reducciones de deuda constituye una liquidación contable de créditos impagables, recomienda en efecto que solamente el 10% de estas cancelaciones esté contabilizado en la AOD, mientras el 90% restante debería figurar como pérdida por reducción de deuda.

Más allá de la cancelación de deuda, desde hace unos años la AOD está marcada por el fuerte crecimiento de ciertos agregados estadísticos ex post, que no corresponden a nuevos recursos para el desarrollo – tales como la “recepción de refugiados” (EUR 275 millones en 2007) o los gastos para estudiantes extranjeros en Francia (EUR 879 millones). Igualmente, se incluyen algunos gastos (EUR 345 millones) destinados a dos territorios de ultramar: Mayotte – el primer beneficiario de la ayuda francesa fuera de la cancelación de deuda – y Wallis y Futura, así como créditos para la influencia cultural y la difusión del idioma francés en el exterior.

Cuando se eliminan de las estadísticas los principales montos de la AOD “artificial”, el nivel de contribución de Francia al financiamiento del desarrollo se ve considerablemente reducido. En 2007, mientras la AOD alcanzó, de acuerdo al Gobierno, los EUR 7.200 millones (0.38% del INB), la “real” llegó solamente a EUR 4.700 millones (0.25% del INB).

Una AOD al servicio de los intereses comerciales y estratégicos franceses

Aun en el seno de la AOD considerada como “real”, un cierto volumen de gastos corresponde en realidad a objetivos que no están ligados a la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Especialmente, en el marco de su política de asistencia, Francia otorga cada vez más préstamos a países emergentes, en una lógica diplomática de influencia y de difusión cultural del país4.

Con el fin de desarrollar sus actividades, en un contexto en el cual los recursos presupuestales son limitados, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), operador base de la política nacional de cooperación para el desarrollo, ha orientado sus actividades hacia el fomento de préstamos, especialmente a privados, a un costo menor para el Estado. Así, el volumen de préstamos que podría ser contabilizado en la AOD aumentaría 98% entre 2008 y 2009, pasando de EUR 469 millones a EUR 927 millones.

Con el fin de reducir el costo de estos préstamos para el Estado, que participa con una bonificación apuntando a bajar la tasa de interés del recurso financiero propuesto por la AFD a los países en desarrollo, esta última busca maximizar el efecto palanca5. Así, aumenta los préstamos, con tasas de interés lo más cercanas posible a las del mercado, a los países emergentes y de ingresos intermedios y destinados, especialmente, al sector privado.

El CAD subraya que “el objetivo de lucha contra la pobreza perseguido en los países más pobres de la Zona de Solidaridad Prioritaria se ve entonces limitado por los recursos en forma de donaciones, mientras que el objetivo de preservación de bienes públicos mundiales perseguidos en los países emergentes y de ingresos intermedios puede recurrir a la herramienta préstamo, para la cual las autorizaciones de compromisos son muy superiores”6. Sin embargo, como lo recuerda el CAD, la asignación geográfica y sectorial de la ayuda debe ser determinada en base a una visión estratégica y no en base a conveniencias de instrumentos. La expansión de préstamos a países emergentes y de ingresos intermedios descansa en una lógica de cooperación económica. En este sentido, no tienen ninguna razón para ser contabilizados en la AOD francesa.      

Por otro lado, la instauración del Ministerio de Inmigración, Identidad Nacional, Integración y Desarrollo Solidario (MIIDS) consagra el entrelazamiento creciente entre cooperación para el desarrollo de países del Sur y control de flujos migratorios – una tendencia que, tanto a escala francesa como europea, comienza a hacerse sentir. Eso se traduce, en particular, en la participación del MIIDS en las diferentes instancias de decisión sobre política de cooperación para el desarrollo y la negociación de acuerdos de gestión “concertada” de flujos migratorios, incluyendo un programa de asistencia para el desarrollo poco transparente del MIIDS, sin ninguna concertación con el ministerio de asuntos exteriores7.      

Mientras que los países más pobres son también los más afectados por las crisis alimentaria, climática, financiera y económica, una parte importante de la ayuda francesa no responde hoy en día al objetivo primordial de lucha contra la pobreza y las desigualdades. Además, aunque Francia supo encontrar sumas considerables para enfrentar las consecuencias nacionales de la crisis económica y financiera, ya confirmó que no cumplirá con su compromiso europeo en 2010. Si bien los medios presupuestales dedicados a la AOD no han disminuido en 2009, su nivel no le permite a Francia enfrentar los desafíos impuestos por las diferentes crisis mundiales en los países pobres.

 

1 Los países miembro de la Unión Europea se han comprometido a dedicar colectivamente el 0,56% del INB europeo a la AOD, lo que se traduce en un objetivo de 0,51% para Francia y otros 14 antiguos miembros.

2 El CAD reúne veintitrés de los principales donantes de fondos bilaterales “tradicionales”, los donantes emergentes como China o India no son miembros del CAD. Tampoco lo son los nuevos estados miembros de la Unión Europea, para los cuales, a menudo, la cooperación para el desarrollo es una política reciente.

3 Cohen, Daniel. Centro de Desarrollo de la OCDE, Technical paper nº166, The HIPC initiative: true and false promises, octubre de 2000. 

4 Coordination SUD. Analyses, PLF 2009 et budget pluriannuel 2009-2011, 3 de noviembre de 2008.

5 El monto de préstamo generado por un euro de subsidio del Estado.

6 CAD/OCDE, op. cit. p.48.

7 Ver sobre este tema la parte dedicada a Francia en el informe Social Watch Europa dedicado a las migraciones.

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GHANA

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2009
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La crisis global ya ha afectado seriamente la economía de Ghana. El daño inicial ha incluido la reducción de exportaciones y remesas del exterior y una devaluación galopante. La crisis amenaza con perjudicar los esfuerzos para reducir la pobreza, que habían registrado éxitos. Los intentos del gobierno por mitigar el impacto de la crisis parecen insuficientes. El mayor desafío es mejorar la distribución de la renta, ya que la pobreza es más profunda en las zonas rurales. Se vuelven urgentes políticas de fortalecimiento de la agricultura, un sector que venía aportando casi el 40% del PIB.

La inequidad: el mayor desafío

La crisis global ya ha afectado seriamente la economía de Ghana. El daño inicial ha incluido la reducción de exportaciones y remesas del exterior y una devaluación galopante.  La crisis amenaza con perjudicar los esfuerzos para reducir la pobreza, que habían registrado éxitos.  Los intentos del gobierno por mitigar el impacto de la crisis parecen insuficientes.  El mayor desafío es mejorar la distribución de la renta, ya que la pobreza es más profunda en las zonas rurales.  Se vuelven urgentes políticas de fortalecimiento de la agricultura, un sector que venía aportando casi el 40% del PIB.

Coalición Social Watch de Ghana

Los rigurosos vientos de la crisis financiera global ya han comenzado a castigar a Ghana. El cedi, la moneda nacional, perdió el 23% de su valor ante el dólar en 2008, y el 19% ante el euro.  Los flujos de capital privado se están agotando y proyectos importantes de inversión se están dejando en suspenso debido a problemas de flujo de efectivo y dudas sobre su verdadera rentabilidad. Se reducen cada vez más las donaciones, tanto para el gobierno como para las organizaciones de la sociedad civil. Los sectores vulnerables de la sociedad, en particular las mujeres y niños rurales y urbanos cuya supervivencia depende de organizaciones de caridad, filántropos o programas de seguridad de ONG, están en serio riesgo.  De acuerdo con la Encuesta de Estándar de Vida de Ghana, el porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza cayó significativamente, del 51,7% en 1991/92 al 28,5% en 2005/5, incluyendo un descenso del 17% zonas urbanas y 24% en comunidades rurales.1  Si bien el progreso fue más lento en las tres regiones del norte del país, esta tendencia generó gran optimismo respecto de que Ghana pudiera alcanzar su primer objetivo ODM de reducción de pobreza en pocos años.

Ese optimismo se está viendo eclipsado por la sombra expansiva de la crisis global. Se había pronosticado que el Producto Interno Bruto (PIB) creciera un 7% en 2008, pero la tasa fue del 6,2%. La meta más baja de 5,9% para 2009 refleja la creencia de que un descenso en el crecimiento económico global probablemente empuje a la baja el precio mundial de mercado del cacao, una de las exportaciones principales del país.

Agravando el daño de la baja anticipada en la cantidad y precio de las exportaciones de Ghana, los economistas están proyectando un 20% de caída en las remesas de ghanianos que trabajan en el exterior para 2009.2  Esto constituiría un duro golpe, ya que hoy equivalen a un 30% de las exportaciones. Hablando en el Instituto Real de Asuntos Internacionales de Londres en marzo de 2009, el Presidente Atta Mills admitió que la economía de Ghana enfrenta desafíos preocupantes, y agregó que “el giro negativo en la economía traerá como resultado muy pero muy serias repercusiones para nuestra economía”.  También predijo que la reducción de las remesas del exterior sería seguida por un derrumbe en el apoyo de donantes y el comercio.

La disminución de las remesas agregaría presión sobre el cedi, que ha caído debido a la mayor demanda de moneda extranjera para cumplir con las cuentas del petróleo y precio de los alimentos, las necesidades del desarrollo en infraestructura y el pago de las deudas externas. El cedi perdió terreno ante todas las principales monedas en el segundo trimestre de 2008, a una tasa anual del 31%. En el primer trimestre de 2009, la depreciación llegó al 10%. Se espera que esto acelere la inflación, que ya está subiendo muy por encima de las proyecciones como resultado de los precios internacionales más altos para los alimentos y el petróleo crudo. En 2008, en vez de subir entre el 6% y el 8% como estaba previsto, los precios saltaron entre el 16,5% y el 18,1%. Las depreciaciones de la moneda ayudaron a acrecentar la tasa al 20,53% en marzo de 2009. El precio creciente de las importaciones de combustible podría convertir al transporte en uno de las principales causas de inflación para abril de 2009.3

El presupuesto 2009

En respuesta a la desaceleración del crecimiento y sus beneficios desiguales, es probable que el Gobierno adopte una “estrategia de desarrollo de distribución con crecimiento y estabilidad”, que se dirigiría a grupos y regiones desfavorecidos. No hay certeza de que pueda cumplir sus objetivos. Por el momento no hay señales claras sobre la dirección de su política económica.

El presupuesto 2009 tiene tres objetivos principales: es un primer esfuerzo por poner en práctica las ideas contenidas en el manifiesto del partido de gobierno, Congreso Nacional Democrático (NDC), responder a las crisis globales: financiera, de combustible y de alimentos, y abordar los desafíos socioeconómicos existentes. La fuerza motora está en los cuatro temas fundamentales que aborda el manifiesto del NDC: gobierno transparente, economía fuerte creadora de empleo, inversión en la gente y expandir la infraestructura para el crecimiento. Aun cuando el Gobierno ha delineado algunas iniciativas de políticas para intentar mitigar los efectos de la crisis mundial, éstas no parecen ser adecuadas. Más aún, debería señalarse que las medidas gubernamentales para estimular y subsidiar la producción granjera son mínimas. De acuerdo con el FMI, la agricultura contribuye con cerca del 40% del PIB, y emplea a más de la mitad de la población económicamente activa, pero es éste el sector done es mayor la incidencia de la pobreza.  Alrededor del 70% de la población rural participa en la agricultura.4 Aun así, el país importa más del 40% de su alimento, pero esto podría revertirse. Ghana tiene capacidad para liderar una “revolución verde” en África. Sólo un 16% de la tierra arable del país se usa para labranza.5 Para impulsar la agricultura y contribuir a la creación de empleo, al crecimiento económico y al bienestar general de la población, los agricultores necesitan apoyo para invertir en insumos, fertilizantes, capacitación y acceso a mercados. Sin embargo, en este momento crítico, el presupuesto 2009 destina sólo un 10% de sus fondos a la agricultura.

El desafío mayor

La reducción drástica de la pobreza exigirá una distribución más equitativa, además de mayor crecimiento. En este momento el país está experimentando una inequidad en alza, disparidades regionales crecientes y profunda pobreza. En la sabana rural, por ejemplo, un alarmante 60% de la población sigue siendo pobre, y la pobreza disminuye a un rimo menor que en cualquier otro lugar del país.  En las regiones Oriental Superior y Occidental Superior, la tasa de pobreza no disminuyó en absoluto entre 1991/92 y 2005/6, y en las regiones de Accra Mayor y Occidental Superior, de hecho creció.

El Análisis Integral de Seguridad y Vulnerabilidad Alimentaria para Ghana del Programa Mundial de Alimentación reveló que alrededor de 1,2 millones de personas – 5% de la población – padece inseguridad alimentaria. Sin embargo, el promedio nacional no muestra las diferencias entre regiones, donde, el 34% de la región Occidental Superior, el 15% de la Oriental Superior y el 10% de la región Norte sufren inseguridad alimentaria, lo que suma un total de 435.000 personas. El estudio identificó además unos 2 millones de ghanianos cuyos patrones de consumo alimentario eran apenas aceptables al momento del estudio, y que podrían deteriorarse rápidamente después de un impacto natural o de origen humano. De estos, 1,5 millones viven en zonas rurales de las regiones Occidental Superior, Oriental Superior y Norte.

El impacto de la crisis global sobre la economía de Ghana será grave a mediano plazo. La cuestión que los ciudadanos están tratando de abordar es si el país debería concentrarse en la ayuda de la comunidad internacional para lidiar con la caída de la economía, o recurrir a iniciativas fiscales y monetarias duras. Las agricultoras ghanianas necesitan apoyo urgente en forma de inversión en insumos, como fertilizantes, y además en capacitación y acceso a mercados. Esto estimularía la agricultura y al mismo tiempo contribuiría a la creación de empleo, al crecimiento económico, y al bienestar de la población.

 

1 Daily Graphic, 23 April 2009.

2 UN World Food Programme (UNWFP). (2009). Assessing the Impacts of the Global Economic and Financial Crisis on Vulnerable Households in Ghana. Available from: <74.125.47.132/search?q=cache:5WmMJOIftbcJ:ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx%3Flink%3Docha%26docId%3D1111129+WFp+Assessing+the+Impacts+of+the+Global+Economic+and+Financial+Crisis+on+Vulnerable+Households+in+Ghana&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=uy>.

3 Business & Financial Times, 14 April 2009.

4 La agricultura continúa dominando la economía con un 33.59% de incidencia en el PIB de 2008. El crecimiento del sector fue de 5,1%, impulsado por los sub-sectores cultivos y ganado, los que crecieron 5,82%.

5 Datos de la Iniciativa Economía Verde. Ghana goes biofuel, despite global food crisis”. Disponible en: <www.greeneconomyinitiative.com/news/176/ARTICLE/1205/2008-12-06.html>.

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GUATEMALA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La crisis alimentaria recurrente que vive el país, con 121 de los 333 municipios que lo componen sumidos en la hambruna, hacen imprescindible la intervención estructural en el campo. Terminar con el desplazamiento de las comunidades campesinas, permitiéndoles ser dueños de sus tierras, permitirá hacer más equitativa la tenencia y volver a la autosuficiencia alimentaria. Para ello, es urgente revertir el actual modelo feudal de producción agrícola e impostergable aplicar la prometida Reforma Agraria Integral.

País rico, pueblo pobre

Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala
CONGCOOP
Zully Morales
Helmer Velásquez

La crisis alimentaria recurrente que vive el país, con 121 de los 333 municipios que lo componen sumidos en la hambruna, hacen imprescindible la intervención estructural en el campo. Terminar con el desplazamiento de las comunidades campesinas, permitiéndoles ser dueños de sus tierras, permitirá hacer más equitativa la tenencia y volver a la autosuficiencia alimentaria. Para ello, es urgente revertir el actual modelo feudal de producción agrícola e impostergable aplicar la prometida Reforma Agraria Integral.

En Guatemala, menos del 2% de los productores posee casi el 57% de las tierras productivas. De los 18.937 km2 aptos para el cultivo del maíz, 7.235 km2 – en propiedades privadas de gran extensión – se encuentran sub-utilizados, cubiertos de arbustos, matorrales, pastos cultivados y pastos naturales o yerbazales. Este hecho, sumado a las políticas de ajuste estructural y la apertura comercial de los años 1980, ha provocado que Guatemala pase, de ser un país alimentariamente autosuficiente, a importar el 70% de sus alimentos.

Desigualdad estructural en el agro

La crisis alimentaria mundial se evidenció con más intensidad en Guatemala en el último semestre de 2007, lo que ha motivado una profunda reflexión acerca de los escasos avances en la lucha contra el hambre y la pobreza. Las acciones estatales diseñadas para cumplir con el ODM 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), venía consolidando una tendencia levemente positiva. Sin embargo se considera que debido a la actual crisis alimentaria, el cumplimiento de este objetivo se ve seriamente amenazado.

El Programa Mundial de Alimentos Guatemala estima que la pobreza y la pobreza extrema abarcan a más de la mitad de la población, aproximadamente seis de trece millones de habitantes han caído bajo la línea de pobreza (56,4% en pobreza y 19,7 % en pobreza extrema), el índice subió entre 2008 y 2009, en 5,4 y 4,5 puntos respectivamente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estimó el incremento, entre el 2007 y 2008, en 700.000 nuevos pobres. Un millón trescientos mil hogares pobres se ubican en el campo, 51% de ellos carece de tierra o posee menos de una hectárea.

El salario mínimo para el trabajador en el campo y la ciudad equivale a USD 6,50 por día. Sin embargo, según estimación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, en el campo esto no se cumple y el campesino recibe, en realidad, entre USD 3 y USD 5 al día por un jornal de trabajo de 8 a 10 horas, dependiendo el lugar y el tipo de cultivo. La pobreza se concentra especialmente en la población indígena y campesina. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006 evidencia que se consolida la tendencia de que la pobreza general (quienes viven con menos de USD 2 al día) es inclusive el doble para la población indígena que para lo no indígena1. En cuanto a la pobreza extrema (quienes viven con menos de USD 1 al día), la situación es mucho más grave, pues es tres veces mayor que para la población no indígena. Durante el primer semestre de 2008, los precios de las mercancías que integran la Canasta Básica Alimentaria han experimentado un fuerte incremento que ha motivado que las personas de más bajos recursos restrinjan sus niveles de consumo. Esta situación ha alcanzado e impactado a la capa media.

Desarticulación del aparato productivo

Hasta los años 1970 el aparato público agropecuario, que brindaba servicios de extensión, crédito, dotación de tierra, investigación y transferencia tecnológica al campesino y al pequeño productor, promovía programas y proyectos de fomento al cultivo de los granos básicos, la protección boscosa y la producción pecuaria. Esto, combinado con la no importación de alimentos, mantuvo al país como agente productor de sus propios alimentos. El ajuste estructural determinó el cierre final a los servicios de extensión para principios del siglo XXI, desmantelando el aparato público agrícola, que pasó de tener 18.000 trabajadores a 1.200.

Como una acción paralela se dio en concesión a la “iniciativa privada” la administración de los silos nacionales (almacenamiento de granos básicos), dejando al país sin reservas alimentarias para el caso de catástrofes o tiempos de carencia. Como el Estado dejó además de intervenir en el comercio de granos y se abrieron las fronteras a los granos producidos en el norte del continente a precios subsidiados, el aparato productivo nacional ha sucumbido. Una de las consecuencias mas funestas es que 49% de los niños y niñas padecen desnutrición crónica y 24% de la población en general está desnutrida, lo que genera un atraso en prácticamente todos los indicadores vinculados al desarrollo fisiológico del individuo

La importancia del maíz

En el altiplano guatemalteco, (región en donde coincide hasta un 90% de población indígena e incluye las zonas más pobres del país), el 100% de la población consume maíz en su dieta diaria2, con un promedio de 310 gramos per cápita, 110 kilogramos anuales para un consumo nacional de casi 3 millones de toneladas, lo cual nos provoca un déficit de alrededor de 1,5 millones de toneladas que suplimos con compras en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos de América, por más de USD 73 millones para el 2002.

La dependencia internacional de los granos provocó que, entre enero 2006 y enero 2009, los precios se incrementaran 62 % para el maíz amarillo, 70% para el arroz y 39% para la harina de trigo. Sin embargo, pese a que bajaron los precios internacionales en 2007 y 2008, en Guatemala al día de hoy, con excepción del precio del arroz, que volvió a niveles del año 2006, se mantienen los mismos precios que se ajustaran al precio internacional en su pico más alto.

Nuevas amenazas para la población rural

Desde la reforma a la ley de minería de l996, realizada a instancias del Banco Mundial, esta industria ha ido en aumento. Así, 17 departamentos del país son objeto de exploración y/o explotación minera. La Industria turística amenaza la propiedad campesina e indígena en el norte y sur del país. La urbanización y construcción de polos comerciales desplazan tierra rural, expulsando a sus pobladores y debilitando la capacidad productiva, especialmente de alimentos. La ganadería extensiva desgasta la tierra productiva y deforesta enormes extensiones, expulsando a campesinos e indígenas, sea con argumentos “legales” sea por presión armada. Incluso sucede en las llamadas áreas protegidas (para la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y recursos naturales), en connivencia con la burocracia del sector.

Se promueve ahora la instalación y ensanchamiento de mega monocultivos agrícolas orientados a la exportación, tales como la caña de azúcar, la palma africana y el piñón, que implícitamente expulsan a la población campesina del campo. La superficie sembrada con caña ocupaba un 6% del total en 1995 y 11% en 2007. El crecimiento anual promedio del área para siembra de caña entre 1990 y 2005 fue del 3,6%, mientras que, sólo entre 2005 y 2007, se incrementó un 17.7%.  La Gremial de Aceites estimó para 2012, 150 mil hectáreas sembradas, con una inversión de USD 32,5 millones para compra de tierras que implícitamente expulsan a la población campesina del campo, la que fácilmente ahora pueden ser rebasadas.

Estas nuevas extensiones para la exportación devastan amplias zonas de cultivo alimentario y expulsan diariamente a cientos de familias campesinas, ya que además no generan empleo masivo. El rompimiento de los patrones culturales de la población expulsada provoca no solamente pobreza económica, sino social, cultural y espiritual, sino también desesperanza y violencia.

El narcotráfico es una nueva amenaza, algunas veces aparejada a la ganadería extensiva, que cuenta con la protección de fuerzas del Estado para expulsar campesinos y operar en sus tierras. Las familias campesinas están indefensas frente a las presiones de compra del narcotráfico y del latifundio motocultivador.

Respuestas del Estado

Dentro de las políticas y acciones que plantea el Gobierno en el marco de su Programa de Emergencia y Recuperación Económica, destacan una política fiscal contracíclica, una de protección social y otras políticas sectoriales prioritarias (desarrollo rural, programas de agricultura competitiva ampliada, desarrollo Agrícola y Asistencia alimentaria y sostenibilidad de los Recursos Naturales y fortalecimiento del arrendamiento arrendamiento de tierras).

Se insiste en mantener, a cualquier precio, la estabilidad macroeconómica. Esto implica reservas internacionales altas, bajos salarios, atracción de industrias vía eliminación de impuestos, entre otras medidas. El paradigma fundamental, para el Estado y los sectores oligárquicos, es ensanchar la banda de tratados de libre comercio. Dos de ellos son considerados los más importantes: El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que lleva ya tres años de vigencia y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (en negociación). Ninguno de los dos esquemas propone líneas de beneficio al pequeño productor.

Por otro lado el Gobierno ha implementado programas de transferencias monetarias y bolsas solidarias, que generan un cambio cualitativo en la formación de capital humano – que tendría mayor impacto si, además, se establecieran políticas de desarrollo rural, fiscal y se mejorara la institucionalidad del Estado. Estas medidas, así como el desarrollo de modelos internacionales adaptados a la realidad nacional están en boga en varios países de la región.

Uno de los mecanismos gubernamentales para paliar la crisis fue la ampliación de contingentes de importación con arancel cero para productos como el maíz amarillo, harina de trigo y arroz corriente. Sin embargo, la estructura oligopólica de la importación de alimentos al país provocó que solo uno de los grupos importadores, el Grupo Buena, obtuviera el 82% de las cuotas de importación. Esto, que no condujo a bajar los precios, se redujo en la práctica en un subsidio a esta empresa que no traslada al consumidor los aranceles no pagados.

Por otra parte, el déficit fiscal se cubre prioritariamente con deuda externa e interna; no existen posibilidades de una reforma fiscal. El 20% de los impuestos son directos y el 80% indirectos. No se cumple con la promesa del Gobierno de iniciar un proceso de reforma fiscal que revierta el modelo. La proyectada reforma, en el marco de esta crisis, se ha reducido a las que benefician el ciclo económico macro y los programas asistenciales para la población en extrema pobreza.   

Para el agro, hay programas asistenciales de arrendamiento de tierra; no así para el acceso en propiedad y el crédito campesino. El nuevo Gobierno ha incrementado los desalojos forzados a campesinos (50 al 31 de marzo 2009), lo cual ha generado inestabilidad y descontento en las organizaciones indígenas y campesinas que esperaban la aprobación e implementación de una prometida Política Agraria de Desarrollo Rural. El liderazgo comunitario está siendo cooptado por el Gobierno y las transnacionales extractivas, que generan su propio movimiento social paralelo, de corte clientelista, financiando a discutibles representantes de las bases sociales. Esto ha provocado una sustitución del liderazgo tradicional por el financiado y enfrentamientos entre las organizaciones campesinas de base. A ello se suma la criminalización y persecución de los dirigentes campesinos que luchan por acceder a tierra para producir sus alimentos.

Alternativas sociales

De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, “la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana”. Es decir que todos los guatemaltecos tienen derecho a acceder a la propiedad. A esos efectos, “la propiedad en casos concretos podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas”. La desnutrición, la pobreza y pobreza extrema, el desempleo y ahora la profundización de la crisis alimentaria recurrente tienen su origen en la incapacidad de la población de proveerse los medios de sustento, al carecer de activos para tal fin, especialmente la tierra. Es este un claro caso de utilidad y necesidad pública comprobada; es decir, se trata de una propuesta enmarcada en el ordenamiento jurídico nacional.

La agricultura es una estrategia de salida para el desarrollo y es necesario romper con el modelo feudal de producción. La equitativa distribución de la tierra es una estrategia idónea para fomentar el empleo rural e incrementar la productividad en el campo que apareje el crecimiento de la economía y la capacidad de previsión y provisión alimentaria. La reforma agraria es impostergable. Se trata de un instrumento de paz social y gobernabilidad que pondrá fin a los conflictos propiciados por la usurpación de la tierra indígena y campesina y evitará la depredación boscosa, al tiempo que hará emerger amplios sectores con capacidad productiva y de inversión. A partir de ella, las generaciones contarán con más y mejores capacidades para su auto desarrollo y se incrementará la capacidad de consumo, lo cual dinamizará la cadena productiva3.                                                             

1 La ENCOVI 2006 define la Pobreza Extrema como el nivel en que se encuentran las personas que no alcanzan a cubrir el costo mínimo de alimentos.

2 De acuerdo al Popol Wuj – libro sagrado de los Mayas – “De mazorcas amarillas y de mazorcas blancas se hizo su cuerpo, con masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre, únicamente masa de maíz se utilizó en la carne de nuestros padres”.

3 Con datos y análisis de la Coordinación de ONG y Cooperativas, a través de sus dos Institutos de Análisis, Instituto de Estudios para la Democracia en formación y el Instituto de Estudios Agrarios y Desarrollo Rural. Guatemala, 2009.

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HONDURAS

Publication_year: 
2009
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Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. La crisis financiera internacional ya auguraba que la vida de los hondureños sería aún más difícil, pero el Golpe de Estado, apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad – en particular los defensores de la cultura patriarcal – ha recrudecido los problemas. Las organizaciones sociales, y en particular los movimientos feministas, organizan la resistencia contra el régimen de facto.

TRAS LA CRISIS, DICTADURA

Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)
Suyapa Martínez
Ana Ferrera
Mauricio Aguilar

Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. La crisis financiera internacional ya auguraba que la vida de los hondureños sería aún más difícil, pero el Golpe de Estado, apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad – en particular los defensores de la cultura patriarcal – ha recrudecido los problemas. Las organizaciones sociales, y en particular los movimientos feministas, organizan la resistencia contra el régimen de facto.

El siguiente trabajo está compuesto por dos secciones. La primera, relativa a los impactos de la crisis mundial sobre la economía y sociedad hondureñas, fue redactada previo al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La segunda sobre la respuesta de los movimientos sociales, y en particular los feministas, frente al golpe de Estado.
 
Honduras es el tercer país más pobre de América Latina, después de Haití y Nicaragua. Si bien la pobreza pasó de 63,7% en 2005 a 59,2% en 2008, y la pobreza extrema de 46% a 36,2% en el mismo período1, esa disminución no representa un gran avance. En valores absolutos 73.831 hogares dejaron de ser clasificados como hogares en pobreza extrema, pero se observa que existen 121.390 nuevos hogares en pobreza relativa2. Lo que existió fue, en rigor, un pasaje de hogares en extrema pobreza a pobreza relativa.

Según lo establecido en las Estrategias de Reducción de Pobreza (ERP), desarrolladas para cumplir con  los Objetivos del Milenio, para el año 2015 la pobreza relativa debería situarse en 42% y la extrema en 19%3. Es claro que la meta no se alcanzará porque, a las situaciones existentes en el país, se añaden las que derivan de la actual crisis mundial. Entre finales de 2008 y comienzos de 2009 fueron reportados por la Secretaria del Trabajo más de 10.745 despidos. Se estima, además, que la inflación superó el 11% en 2008.

Las remesas familiares provenientes de Estados Unidos y España han comenzado a desacelerarse y han venido disminuyendo su participación en el Producto Interno Bruto, al representar un 21% en 2007, 20% en 2008 y se espera un 18% en 20094.

El plan Zelaya

El gobierno de Manuel Zelaya Rosales ha continuado con sus políticas asistencialistas de corte populista – según el Banco Mundial, programas de cobertura limitada, la mayoría carentes de sistemas de control y evaluación – a la vez que se ha mantenido la confrontación entre los tres poderes del Estado. Tal es el caso de acciones  tomadas por el poder ejecutivo para el ahorro de combustible, que han sido recusados por anticonstitucionales, recursos aceptados por la Corte Suprema de Justicia. Esto ha llevado a una polarización entre el poder ejecutivo y los poderes legislativo y judicial que se advierte también en la firma de la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), promovida por Venezuela, sin contar con el apoyo del Congreso. Esto ha llevado  a la agudización de los principales problemas del país, tales como la crisis energética y la inseguridad ciudadana.

Desde la aprobación de la ERP en 1999, luego del huracán Mitch, cada gobierno ha realizado sus propias reformulaciones del documento. El presidente Zelaya, por su parte, ha debilitado el marco institucional de la iniciativa, dándole un sesgo favorable a la Red Solidaria que en un inicio se llamó “Manuel Zelaya Rosales”. Además, creó de manera inconsulta el Ministerio de Desarrollo Social y de la Red Solidaria, lo que bajó automáticamente el perfil del Consejo Consultivo de la ERP, en el que están representadas las organizaciones de la sociedad civil y de gobierno.

Algunas expectativas, más retrocesos

Con una fuerte oposición de las empresas privadas, el Gobierno subió el salario mínimo a 5.500 lempiras, la moneda nacional (USD 297), sin incluir a las empresas maquileras y las empleadas domésticas, quienes quedaron exentas del mismo. A su vez, en el mes de agosto de 2008 se firmó el ALBA, que ha despertado gran expectativa en la población hondureña, sobre todo en los sectores más vulnerables. El convenio incluye asistencia médica, educativa, donación de maquinarias y equipamientos y la iniciativa Petrocaribe, que permitirá compras de petróleo con financiamiento a largo plazo y con intereses muy bajos5. El ahorro generado por esta transacción da apertura a un fondo de fideicomiso que será utilizada para financiar proyectos de desarrollo social.

En la presente administración el presupuesto de la secretaría de seguridad pasó de USD 140,6 millones a USD 156,6 millones. Sin embargo, creció el narcotráfico y también la corrupción. Así, en el mes de marzo de 2008 las organizaciones sociales de derechos humanos, movimiento de mujeres y feminista, iglesias y movimiento popular se sumaron a la huelga de hambre iniciada por un grupo de fiscales que denunciaron la corrupción al interior del Ministerio Público. El hecho desencadenó una serie de denuncias contra otras instituciones del Estado. Como casos destacados pueden citarse los nombramientos del Fiscal General del Estado, Magistrados de Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Por otra parte, el retraso en el envío del presupuesto general de 2007, enviado al Congreso Nacional en abril de 2008, y el de 2008 – que aún no había sido presentado a abril de 2009 – permite maniobras en los fondos públicos y retrasa la implementación de los proyectos anti-crisis.

Impacto de la crisis y medidas paliativas

La recesión que resulta de la crisis global agudiza los problemas ya existentes. El mayor impacto se puede observar en:

Crisis energética

El incremento – en más del 100% – de los precios internacionales del crudo y los derivados del petróleo durante el año 2008 disparó los precios del trasporte de mercancías y de la producción de bienes y alimentos. Esto provocó, a su vez, un aumento drástico de la canasta básica y disminuyó el poder adquisitivo de la población hondureña. También aumentaron los costos de producción de energía eléctrica – en la actualidad más de 70% de la energía que se consume en el país es generada mediante plantas que operan con búnker (fuel oil). Las tarifas de la energía eléctrica se dispararon en un 30%, impactando especialmente en los sectores más pobres, la clase media, los pequeños comerciantes y los pequeños productores. El Gobierno trató de contener estos impactos otorgando unos USD 6 millones en subsidios que beneficiaron únicamente al 3,3% del quintil más pobre6 – unas 100 mil familias7. A pesar de la posterior caída de los precios del crudo en el mercado mundial, en Honduras las tarifas de energía eléctrica se mantuvieron tan elevadas como en el peor momento de la crisis energética.

A inicios del año 2009 el Presidente del Congreso Nacional presentó un proyecto de decreto que apuntaba a una drástica rebaja en las tarifas de energía eléctrica. La medida, que no preveía ningún control, agudizaría la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y beneficiaría sustancialmente a las plantas privadas. En respuesta, las organizaciones sociales y populares realizaron una serie de marchas y manifestaciones públicas para exigir al Gobierno la nacionalización de todas las plantas de generación de energía.
Crisis financiera
La economía hondureña es sumamente dependiente del mercado estadounidense. Más del 85% de los productos que se producen se exportan a Estados Unidos. Uno de los sectores donde la crisis golpeó directamente es el de las zonas francas o maquilas. Como consecuencia de esto, la Asociación Nacional de Maquiladores anunció, en noviembre de 2008, la pérdida de 25 mil puestos de trabajo –85% de ellos correspondientes a mujeres – debido al cierre de fábricas.
Como parte del plan anti-crisis el Gobierno ha anunciado que, en el corto plazo, se generará a lo largo y ancho del territorio un número importante de empleos; uno de los principales recursos será el programa de Caminos por Mano de Obra, para la ejecución de proyectos de caminos vecinales8 . Esto no parece fácil de concretar dado que 2009 es el último año de gobierno de Zelaya y cada nuevo gobierno ha venido desconociendo lo planificado por el anterior9.
En el sector bancario, los sectores productivos de bienes de exportación no están solicitando financiamientos a la banca comercial. Esto estancó el flujo de dinero y produjo iliquidez en el sistema. Otro de los problemas es el acaparamiento de capitales por parte de los socios de los bancos, que no desean arriesgar su capital y prefieren que sea el gobierno quien haga las inversiones. Esta práctica se vio reflejada claramente cuando los grandes inversionistas de los capitales bancarios decidieron sacar del país, en un período aproximado de un mes, un promedio de USD 200 millones10. La situación motivó una seria denuncia ante la Comisón Nacional de Banca y Seguros, cuyo presidente fue despedido. Para generar liquidez, el Gobierno redujo el encaje bancario e incrementó el financiamiento a los sectores productivos a una tasa no mayor al 10%.
Crisis alimentaria
En Honduras la subida de precio en el trigo significó un aumento directo de 40% de la harina de trigo, lo que generó, a su vez, un aumento en el precio del pan. Productos de consumo diario para la población, como el arroz y la harina de maíz, sufrieron un incremento durante el último semestre de 2008 de un 110%. La escasez de alimentos no sólo se debe a la falta de producción de los agricultores, sino que también está vinculada a la crisis energética mundial. A raíz de ella, el maíz cosechado para consumo humano fue desviado, exportándolo para producir etanol. La inevitable subida de precio del producto movió al alza el costo de todos los productos procesados en base a harina de maíz. Por otra parte se observó una crisis de producción de granos básicos como secuela directa de la subida de los precios de los insumos agrícolas, que se elevaron 80%.
Para disminuir el impacto de la crisis, el Gobierno ha implementado algunas medidas de asistencia social tales como el Bono Materno Infantil que llega al 61,4% del quintil más pobre, el Bono Educativo 41,6% del quintil más pobre, la Mochila Escolar y la Merienda Escolar, que llega el 29,8% del quintil más pobre.

“Ni golpes de Estado ni golpes a las Mujeres”.

El 28 de junio de 2009 el ejército hondureño perpetró un golpe de Estado contra el presidente constitucionalmente electo, Manuel Zelaya Rosales, enviándolo al exilio y nombrando como su sucesor o “presidente provisional” a Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras. Este golpe se realiza en alianza con los partidos políticos tradicionales, el sector empresarial, la Corte Suprema de Justicia, la Iglesia Católica y la mayor parte de los medios masivos de comunicación, entre otros.

El golpe de Estado ha sido, también, un golpe contra las organizaciones sociales hondureñas. La represión del Gobierno de facto ha provocado muertes, cientos de heridos y desplazados, y la violación de derechos fundamentales de la población.

Tradicionalmente, las hondureñas padecen grandes desventajas. A pesar de que presentan mayor nivel educativo que los hombres y representan el 52,6% del total de la población en edad de trabajar, únicamente 34,3% de ellas forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA). La pobreza de los hogares con jefatura femenina (64,1%) es proporcionalmente mayor que en los  hogares con jefatura masculina (58,8%)11, brecha que se profundiza en la pobreza extrema, donde el 38.8% son mujeres y 34,9% varones.
 
Entre fines de 2008 y principios de 2009 se habían presentado al Congreso Nacional decretos que violentaban el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; tal era el caso del decreto número 54-2009 que penaliza la venta, uso y promoción de las píldoras de anticoncepción de emergencia. Y en enero de 2009 se presentó una reforma del código penal para que se reconociera el derecho a la vida desde la fecundación, aunque todavía se encontraba en discusión cuando las fuerzas reaccionarias se hicieron con el poder.  

Ya la crisis internacional había  generado un escenario propicio para el aumento de la delincuencia, la violencia sexual contra mujeres y niñas – que reporta más de 540 casos anuales12 – y los feminicidios – más de 1.000 en los últimos seis años13.  A esto se sumaba el avance de los fundamentalismos religiosos, llegando al Poder Legislativo llegaron diputadas vinculadas al Opus Dei y a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica que hacían retroceder los derechos de las mujeres, y que fomentaron el golpe de Estado.

La represión desatada por el Gobierno de facto ha provocado muertes, cientos de heridos y desplazados, así como la violación de derechos fundamentales de la población. Se limita el derecho a la libre circulación, a la libre expresión, entre otros, sobre todo de la población aglutinada en la resistencia popular. En este contexto de violencia y pérdida casi total de la institucionalidad, la violencia contra las mujeres recrudeció, catalizada por la cultura patriarcal que considera como de su propiedad el cuerpo femenino. Mujeres de la resistencia popular y también otras que, sin participar, se han encontrado en escenarios de resistencia, han vivido en carne propia la represión de los cuerpos policiales y del ejército. Desde el primer momento en que se supo del golpe de Estado, las integrantes del movimiento de mujeres y feministas se han movilizado en contra de esta acción, sumándose a la resistencia junto a los sectores populares de todo el país.

En este marco surgió Feministas en Resistencia, instancia en la cual se aglutinan organizaciones de mujeres, feministas organizadas e independientes, entre otras. Las Feministas en Resistencia trabajan en pro de defender y visibilizar los derechos y luchas de las mujeres. Con mensajes como “Ni golpes de Estado ni golpes a las Mujeres” han logrado vincular dos grandes problemas del país aportando, así, a una visión más integral de la problemática que hoy se vive.

Las Feministas en Resistencia de Honduras han realizado y planificado diferentes acciones junto a las mujeres movilizadas de Costa Rica, Guatemala y otras organizaciones de  Centroamérica y otros países. Esta iniciativa cuenta con la participación de las distintas organizaciones que componen la coalición nacional de Social Watch en Honduras, incluyendo el Centro de Estudios de la Mujer y el Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras. 

1 Base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

2 Díaz burdett, M. Honduras: ¿Cómo afrontar la crisis financiera internacional?

3 Banco Mundial (2007). Informe sobre el gasto público.

4 Plan del Gobierno de Honduras Para Enfrentar los Efectos de la Crisis Económica y Financiera Internacional. Marzo de 2009.

5 Informe de la Comisión Administradora del Petróleo del mes de noviembre de 2008.

6Banco Mundial (2007).

7 Foro Crisis Energética y Desarrollo en Honduras, UNAH, septiembre de 2008.

8  Plan del Gobierno de Honduras Para Enfrentar los Efectos de la Crisis Económica y Financiera Internacional.

9 Entrevista con el Diputado del Congreso Nacional Marvin Ponce.

10 Entrevista con el Economista Martín Barahona.

11 INE (2007). Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples.

12 Dirección General de Medicina Forense.

13 Base de datos del Centro de Estudios de la Mujer y el informe del Observatorio de la Violencia UNAH, enero de 2009.

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HUNGRÍA

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2009
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La crisis mundial empujó a Hungría al peor declive económico que haya experimentado en casi dos décadas. La misma fue parcialmente responsable de la renuncia del primer ministro Ferenc Gyucsany este año. La economía dependiente de las exportaciones padeció de la desaceleración de sus principales socios comerciales. El sistema social está paralizado por la corrupción, la moneda nacional se desplomó y las finanzas públicas soportan la pesada carga de las obligaciones jubilatorias. El nuevo Primer Ministro planea recortar las jubilaciones, las bonificaciones del sector público y las asignaciones por maternidad, hipotecar la energía y los subsidios al transporte, y elevar la edad de jubilación.

Revisión de la estructura de gobierno

ATTAC HUNGRÍA
Matyas Benyik

La crisis mundial empujó a Hungría al peor declive económico que haya experimentado en casi dos décadas. La misma fue parcialmente responsable de la renuncia del primer ministro Ferenc Gyucsany este año. La economía dependiente de las exportaciones padeció de la desaceleración de sus principales socios comerciales. El sistema social está paralizado por la corrupción, la moneda nacional se desplomó y las finanzas públicas soportan la pesada carga de las obligaciones jubilatorias. El nuevo Primer Ministro planea recortar las jubilaciones, las bonificaciones del sector público y las asignaciones por maternidad, hipotecar la energía y los subsidios al transporte, y elevar la edad de jubilación.

*

Hasta hace algunos años, Hungría tenía uno de los mayores déficits presupuestarios en la Unión Europea, superior a 9% del PIB. Las medidas de austeridad incorporadas en 2006 lo redujeron a uno de los más bajos de la UE (inferior a 3% del PIB). Sin embargo, años de mala gestión dejaron la economía al borde del descalabro y, a partir de setiembre de 2008, la situación se agravó progresivamente. Los efectos de la crisis financiera mundial sobre la economía real se agravaron especialmente en el último trimestre de ese año, cuando el colapso de la demanda interna y externa arrastraron consigo la producción, el consumo, la inversión y el empleo. Al mismo tiempo, los ataques especulativos contra el florín, la moneda húngara, lo rebajaron 19% contra el dólar de Estados Unidos y 13% contra el euro, lo que llevó la inflación por las nubes. Para evitar el colapso total, el Gobierno consiguió un rescate financiero de USD 25.100 millones de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI)1.

Desempeño económico

Tras el escaso crecimiento de 1,1% en 2007, la economía húngara se despertó en el primer semestre de 2008, y posteriormente fue arrastrada por la caída de sus principales socios económicos. El crecimiento del PIB ascendió a aproximadamente 2% en la primera mitad de 2008 y a 0,8% en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre, cayó 2,3%. Es el peor desempeño desde la década de 1990, cuando la transición hacia la economía de mercado generó una considerable turbulencia económica.

En febrero de 2009, la producción industrial bruta descendió 28,9% desde el año anterior (25,4% cuando se cuentan los días reales de trabajo). El volumen de producción fue 26,1% inferior en los primeros dos meses de 2009 que en el mismo período de 2008. El volumen de producción industrial en febrero se desplomó 4,1% desde el mes anterior, ajustado a los días de trabajo.

La crisis mundial recortó el crecimiento de las exportaciones industriales, que habían venido creciendo incesantemente. En enero de 2009, el volumen de exportaciones e importaciones cayó 28% y 27% respectivamente, en comparación con enero de 2008. Las ventas de las exportaciones industriales se desplomaron 30,4% en los primeros dos meses de 2009; en febrero descendieron 31,1% frente a febrero de 2008. Desde diciembre de 2008 hasta febrero de 2009, el desempleo saltó de 1,1% a 9,1%, lo cual dejó a 378 mil personas sin empleo.

La crisis política y económica

El ex Premier Gyurcsany nunca se recuperó de los disturbios desatados en el otoño boreal de 2006 luego de que confesara que su administración había mentido repetidamente acerca del estado de la economía para ganar las elecciones del país. Aunque se mantuvo en el poder y bajó el déficit desde más de 9% del PIB en 2006 a 3,3% en 2008, a través de subas impositivas y recortes al gasto, no conquistó el apoyo del público para realizar reformas económicas más extensas. Cuando la crisis económica golpeó, el Gobierno reforzó aun más su programa de austeridad, consolidando su posición como el primer ministro más impopular en la época de democracia electoral y economía de mercado del país. Asimismo, los círculos financieros no estaban conformes con las dudas que mostró el gabinete para tomar medidas decisivas en respuesta a la crisis económica. Asediado por todos los flancos, Gyurcsany anunció su renuncia en la convención de su gobernante Partido Socialista  (MSZP) en marzo de 2009.

El déficit presupuestario de Hungría complica la reforma tributaria. Mientras muchos países inyectan fondos de estímulo en sus economías, Hungría se concentra en reducir los costos. Aunque disputen entre sí, bajo presión del FMI tanto la izquierda burguesa como los partidos de derecha defienden las políticas económicas neoliberales: la reducción de los impuestos sobre el capital y la restricción del déficit presupuestario mediante drásticos recortes del gasto social.

A pesar del paquete de rescate del FMI, el florín tocó un fondo histórico en marzo de 2009. Según las últimas cifras de Eurostat, el PIB de Hungría descendió 1% trimestre tras trimestre2. El Gobierno pronostica que bajará 3,5% este año, pero otros prevén una caída del 5 al 6%. Como síntesis de la crisis, Hungría permanece paralizada por la corrupción, la fuerte deuda y un mercado negro que podría representar un quinto del PIB. Políticamente, no lo asume. Los intelectuales nacionalistas utilizan el lenguaje de la década de 1930 para poner el grito en el cielo contra los capitales extranjeros y las influencias “cosmopolitas”. Viktor Orban, líder del derechista Fidesz, se lamenta de que más de 80% del sistema financiero esté “en manos de extranjeros”. Su partido ostenta el mayor respaldo en la actualidad.

La caída del florín es particularmente devastadora para los hogares: cerca de 60% de todos los préstamos se contrajeron en monedas extranjeras, principalmente en francos suizos. La constante presión sobre el florín realza el peligro de crecientes incumplimientos de pago sobre estos préstamos e hipotecas personales. El aumento de los incumplimientos de pago podría intensificar la presión sobre el sistema bancario y la crisis crediticia.

Cualesquiera sean sus errores, Hungría también es víctima del sistema capitalista mundial. La desaceleración en Alemania y otros mercados receptores de exportaciones húngaras es mucho más profunda y probablemente durará mucho más de lo previsto en un principio3. Los bancos europeos enfrentan su propia crisis subprime, ya que poseen la mayor parte de la deuda de Europa Central y Oriental. En toda Europa Oriental y Central se culpa a los bancos austríacos por la debacle financiera.

Repercusiones de la crisis

Tras la caída de la Unión Soviética, las antiguas repúblicas socialistas se afanaron en desmantelar sus sistemas estatales. Hungría abrazó con entusiasmo el capitalismo y defendió la privatización de sus bienes. Aún así, los sucesivos gobiernos procuraron retener la red de seguridad social. Los gobiernos del MSZP han sido especialmente protectores de los jubilados, temerosos de que cualquier recorte causaría sufrimientos a los húngaros de mayor edad, que componen un sector clave del electorado socialista. El número de beneficiarios creció a principios de los años 1990 cuando las empresas recientemente privatizadas se deshacían de los obreros que habían pertenecido a las planillas del Estado. Recibir una jubilación se convirtió en una alternativa atractiva frente al desempleo, ya que las jubilaciones de los trabajadores con mayores ingresos les otorgan un porcentaje más elevado de sus salarios que en muchos países. La jubilación promedio asciende a unos USD 350 por mes, sin impuestos. Esto es mucho en un país donde el salario promedio luego de los impuestos asciende a poco más de USD 500 por mes. Los hombres alcanzan la edad jubilatoria a los 62 años, pero pueden jubilarse antes si tienen 40 años de actividad, y hay pocos incentivos financieros para continuar trabajando. El húngaro promedio se jubila a los 58 años, y sólo 1% de los húngaros entre 60 y 64 años trabaja en la actualidad. La OCDE calcula que las erogaciones por concepto de jubilaciones de Hungría estarán entre las de mayor crecimiento en Europa en las próximas décadas. El país ya tiene 3 millones de jubilados, de una población total aproximada de 10 millones de habitantes.

Tanto las empresas como los empleados aportan al plan estatal de jubilaciones, pero sus aportaciones no cubren todos los beneficios que se pagan. El Gobierno salda la diferencia con el presupuesto central. Durante años, Hungría sostuvo déficits fiscales para pagar sus planes sociales; sólo la cuenta anual de las jubilaciones supera el 10% del PIB. Para financiar esas erogaciones, el Gobierno vendió bonos. En octubre de 2008, los inversores dejaron de comprar los bonos públicos. Aunque el FMI proporcionó un rescate de emergencia para que Hungría pudiera pagar sus cuentas, muchos inversores internacionales se retiraron, lo cual causó el desplome de la moneda húngara y ensombreció sus perspectivas económicas.
 
Los detractores señalan que el país no puede permitirse el lujo de un sistema jubilatorio que incentive a los asalariados a jubilarse mientras son jóvenes o a abandonar el mercado de trabajo cuando tengan dolencias relativamente menores. El FMI, con el respaldo de los reformistas húngaros, presiona especialmente para que se recorte el aguinaldo, la bonificación de un pago mensual que se otorga a todos los jubilados y que fuera adoptado en 2003 por el antecesor de Gyurcsany.

Tras su reelección en 2006, Gyurcsany propuso la reforma del sistema jubilatorio, que incluyó la eliminación del aguinaldo, pero quería que los jubilados recibieran el mismo monto que antes, extendido a lo largo de 12 meses. También propuso elevar gradualmente la edad de jubilación a 65 años para 2020 para las mujeres y a 68-69 años para 2050 para los hombres. Gordon Bajnai, el nuevo Primer Ministro, probablemente se vea obligado a proponer recortes más profundos que resultarán devastadores para los húngaros de edad más avanzada. Los jubilados ya están acusando a los políticos de desmantelar las promesas de la generación anterior, dejándolos a la deriva.

En 2003, el gasto en protección social representó 21,4% del PIB en 2003, menos del promedio del 28% de la UE. Los servicios derivados del apoyo a la familia representaron 2,7% del PIB, y sólo equivalieron a 25% del promedio per cápita de la UE. El sistema social está diversificado e incluye a la asistencia social, la asignación familiar, los beneficios dados a las personas que viven con discapacidades o lesiones sanitarias, el sistema jubilatorio y los servicios sociales.

En 2006 se estandarizó el sistema, se hizo más eficiente y se mejoró su objetivo. El valor real de los beneficios condicionados al nivel de ingresos descendió hasta 2004, pero los sistemas de erogación para la asistencia social común y las asignaciones por edad avanzada se modificaron en 2005-06. Desde entonces, los beneficios para los grupos más pobres han sido más generosos. El sistema básico y especializado de asistencia social e infantil establecido en las últimas dos décadas es complejo. Los planes para los servicios individuales dejan brechas importantes en la capacidad y acceso, principalmente en las comunidades más pequeñas.

La tasa de pobreza infantil es aproximadamente 1,5 veces superior al promedio de la UE. Casi 20% de los niños húngaros viven en hogares con ingresos per cápita inferiores a 60% de la media. La pobreza infantil suele ser el resultado del desempleo de los padres y desventajas geográficas. Además, los mecanismos de selección del sistema de enseñanza y capacitación intensifican el impacto de la procedencia familiar en el rendimiento de los niños, en lugar de contrarrestarlo. Cuando los padres tienen un bajo nivel educativo y una posición mediocre en el mercado laboral y viven aislados, suelen trasmitir esas desventajas a sus hijos.

El programa de austeridad de Bajnai

El primer ministro Bajnai asumió el cargo en medio del peor declive económico del país en casi dos décadas. Para rescatar el presupuesto, mantenerse dentro de los ordenamientos del FMI y recuperar la confianza de los inversores, planea recortar las jubilaciones, las bonificaciones del sector público, las asignaciones por maternidad, los subsidios a las hipotecas y los subsidios a la energía y el transporte público.

La característica más sobresaliente del programa inicial de Bajnai – su llamado “Manifiesto político” – es su insistencia en que la urgencia de la situación exige “acción inmediata y decidida”. Advierte que en julio presentará “medidas inevitables, dolorosas”. Su principal objetivo es salvar la mayor cantidad de empleos posible, con el fin de evitar el malestar social y la división ulterior de la sociedad húngara en pudientes y necesitados. También quiere lograr una relativa estabilidad del florín, reducir el déficit e incorporarse a la eurozona lo antes posible. Para alcanzar estos objetivos señala que “se debe revisar la totalidad de la estructura gubernamental para gastar menos en la administración”. Eso incluye congelar los salarios de los empleados públicos durante dos años y eliminar los aguinaldos a los empleados públicos, a partir de 2010. También recortaría las aportaciones nacionales a los gobiernos locales.

Otros puntos de su programa son:

Elevar la edad de jubilación. Actualmente es de 62 años, pero el promedio real está en el entorno de los 58. Bajnai comenzaría las reformas en 2010, incluyendo la eliminación del  aguinaldo.

Reducción de los beneficios por enfermedad. Ahora, si un médico certifica que una persona no puede trabajar por enfermedad, ésta recibe 70% de su sueldo durante seis meses. La mitad lo paga su empresa.

Congelamiento de las asignaciones infantiles. Durante años, han ido en aumento. Bajnai planea reducir el apoyo infantil a los 3 años y los beneficios por cuidado de los hijos a dos.

Recorte de los subsidios. Bajnai pretende cesar temporariamente la asistencia financiera a las parejas jóvenes con hijos que compran su primera vivienda y disminuir los subsidios al consumo de gas, asi como de calefacción. Luego de 2010 terminarían todos los subsidios. Además, planea recortar las partidas para el transporte público, especialmente para los trenes y la radio y televisión públicas. Los pagos del Estado a los agricultores también se restringirán significativamente.

Mientras reduce el gasto del Gobierno, Bajnai quiere darle “primeros auxilios a las pequeñas y medianas empresas húngaras que proporcionan dos tercios de los empleos del país”, limitando la carga tributaria de las empresas y los empleados. Y por último, proyecta un paquete de estímulos financiado por subsidios de la UE para ayudar al país a mitigar la crisis y finalmente superarla.

 

1 Ministerio de Finanzas. 29 de octubre de 2009

2 Ver: <epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15052009-BP/EN/2-15052009-BP-EN.PDF>.

3 Después de Alemania, los mayores consumidores de productos húngaros son Austria, Italia, Francia, Reino Unido, Rumania, Polonia y Estados Unidos.

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Region: 
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INDIA

Publication_year: 
2009
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Aunque existen indicadores que demuestran que la situación de la India no es una de las peores, muchos sectores se han debilitado debido al deterioro de la economía mundial y otros no han mantenido su crecimiento. Por ejemplo, se ha frenado el crecimiento en préstamos personales, al consumo y a la producción. La inflación, el aumento del desempleo y el deterioro de las inversiones institucionales extranjeras constituyen impactos adicionales. El Gobierno debe encontrar un equilibrio entre las reformas económicas para estimular el crecimiento y el alivio a los 250 millones de indios que viven en la pobreza extrema.

Altos en el camino y oportunidades perdidas

Himanshu Jha
Social Watch India

Aunque existen indicadores que demuestran que la situación de la India no es una de las peores, muchos sectores se han debilitado debido al deterioro de la economía mundial y otros no han mantenido su crecimiento. Por ejemplo, se ha frenado el crecimiento en préstamos personales, al consumo y a la producción. La inflación, el aumento del desempleo y el deterioro de las inversiones institucionales extranjeras constituyen impactos adicionales. El Gobierno debe encontrar un equilibrio entre las reformas económicas para estimular el crecimiento y el alivio a los 250 millones de indios que viven en la pobreza extrema.

En contraposición a la hipótesis de la “desconexión” que decía que las economías emergentes permanecerían relativamente indemnes durante la crisis financiera mundial debido a sus considerables reservas de moneda extranjera, a los balances sólidos de las empresas y a los sectores bancarios relativamente fuertes, muchas ya están acusando los impactos1. Entre estas economías se encuentra la de India, que ha experimentado un deterioro importante en su crecimiento – pasando de un sólido 9,3% en 2007, al 7,3% en 2008. Para 2009 el FMI pronostica un crecimiento del 4,5%2.  

El desplome de la bolsa de valores en 2008 constituyó una señal de que la crisis se profundizaba aun más y los mercados no han logrado recuperarse todavía. Aunque es difícil predecir cómo terminará la situación, es obvio que los pronósticos iniciales del Gobierno en cuanto a que el país saldría indemne demostraron poca visión de futuro. Es importante explorar los impactos sobre las poblaciones pobres y marginadas de India, así como la eficacia de las respuestas gubernamentales hasta el momento.

Impactos de la crisis económica

Es posible observar el impacto en el menor crecimiento industrial, la inflación, el crecimiento del déficit de cuenta corriente, el desplome de la bolsa de valores y la depreciación del valor de la moneda nacional, la rupia. La crisis financiera también se ha visto acompañada de un aumento de los precios de algunos alimentos. Según el Índice de Precios al Por Mayor (IPM), el arroz costaba 12,8% más en marzo de 2009 que en marzo de 2008, contra un descenso mundial de 1%; mientras que el trigo aumentó 5,2% contra un descenso mundial de 47,5%. La inflación pasó del 7,7% en marzo de 2008 a un punto máximo del 12,9% en agosto de 2008 (debe señalarse que el IPM descendió bruscamente a 0,3% en ese mes de marzo). La inflación anual de los precios de materias primas clave deja en claro la seriedad del problema. La inflación de los precios de consumo alcanzó entre el 9,6% y el 10,8% en enero/febrero de 2009, en comparación con las cifras de 7,3%-8,8% en junio de 2008 y de 5,2%-6,4% en febrero de 20083.

El impacto más inmediato de la crisis se produjo en la inversión institucional extranjera (IIE). Entre abril de 2008 y marzo de 2009 se registró una fuga de USD 15.000 millones del mercado de valores, en comparación con una entrada de USD 20.300 millones durante el mismo periodo de 2007-2008. En otras inversiones de carteras de acciones tales como los American Depository Receipts (certificados negociables emitidos por un banco de Estados Unidos) /Global Depository Receipts (transacciones fuera de Estados Unidos) se registró la misma tendencia4.

El retiro de IIE, que ascendió a USD 66.500 millones a comienzos 2008, desencadenó el desplome de la bolsa de valores y en consecuencia el sensex, el índice de las empresas más importantes del país, “cayó de un punto máximo de cierre de 20.873 el 8 de enero de 2008 a menos de 10.000 al 17 de octubre de 2008” 5. Las fugas de IIE también dieron lugar a una devaluación brusca de la rupia, que cayó de 39,99 por dólar estadounidense en marzo de 2008 a 52,09 por dólar en marzo de 2009. La rupia también se debilitó frente a otras monedas; entre ellas el euro (6,5%), el yen (22,8%) y el yuan (23,6%)6. Aunque estas devaluaciones podrían parecer beneficiosas para las exportaciones de India, el deterioro de las economías de Estados Unidos, la Unión Europea y el Oriente Medio – que constituyen las tres cuartas partes del comercio en bienes y servicios de India – dio lugar a la falta de demanda. De un crecimiento del 24,5% entre abril de 2007 y noviembre de 2008, las exportaciones han decaído al 17,6% en los mismos meses de 2008 y 20097.

Es probable que el enlentecimiento de la exportación de servicios también se intensifique “a medida que la recesión se agrava y que se reestructuran las firmas financieras – tradicionalmente las mayores usuarias de servicios de subcontratación”8. Por otra parte, para quienes han contraído compromisos de pago en moneda extranjera, la depreciación de la rupia no es una buena noticia, ni ayuda a los esfuerzos del Gobierno por frenar la inflación9.

El crecimiento más lento de la producción industrial es evidente por el hecho de que la tasa anual de expansión, que fue del 8,8% entre abril de 2007 y febrero de 2008, se redujo en forma abrupta al 2,8% en el período 2008-200910. El Índice de Producción Industrial (IPI) registró un crecimiento promedio del 5,6% entre abril y julio de 2008, descendió a un 1,7% en agosto y se recuperó alcanzando una cifra comparativamente sólida del 6% en septiembre. Sin embargo, el IPI registró un crecimiento negativo nuevamente entre diciembre de 2008 y febrero de 2009. El ritmo de crecimiento del sector manufacturero decayó del 9,3% durante el período 2007-2008 (abril a febrero) a una cifra pronosticada del 2,8% en el mismo período de 2008-2009. El medular sector de infraestructura creció a un ritmo del 3% en el período 2008-2009 (abril a febrero), contra el 5,8% durante el mismo periodo de 2007-200811.

Además, los bancos están recortando los créditos que otorgan. Entre febrero de 2008 y febrero de 2009, la tasa de crecimiento decayó en forma considerable del 12% al 7,5% en vivienda, del 13,2% al 8,5% en préstamos personales y del 5,9% a -14,5% en artículos de consumo duraderos12.

Intervenciones para frenar la caída

Luego de la cumbre del G-20 de noviembre de 2008 el primer ministro designó a un grupo, bajo su propia presidencia, para diseñar un plan detallado para la intervención estatal adecuada y oportuna. Los demás integrantes del grupo fueron el ministro de finanzas, el ministro de industria y comercio, el vicepresidente de la Comisión de Planificación y el director del Banco de la Reserva de la India (RBI). Las medidas se agruparon en “paquetes de estímulo” que se anunciaron, el primero en diciembre de 2008 y el segundo en enero de 200913. Entre las medidas anunciadas se encontraban desembolsos de INR 200.000 millones (USD 4.150 millones) para solventar planes esenciales para la infraestructura rural y la seguridad social, una disminución global del 4% en el impuesto al valor agregado central (CENVAT en inglés), medidas específicas para las tarifas aduaneras en sectores como el del acero y el cemento, y exenciones impositivas e incrementos de las tasas de devolución de impuestos para las exportaciones.

También se adoptaron algunas medidas adicionales, como ser la subvención de las tasas de interés y de los créditos pre y post embarque para las exportaciones que emplean mucha mano de obra; facilidades para la refinanciación de INR 40.000 millones (USD 831 millones) para el Banco Nacional de la Vivienda para el sector de la vivienda y de INR 70.000 millones (USD 1.500 millones) para el Banco de Desarrollo de la Pequeña Industria de India para micro, pequeñas y medianas empresas, y la autorización para que la India Infrastructure Finance Company Limited (una compañía financiera para la infraestructura) pudiera recaudar INR 100.000 millones (USD 2.100 millones) por medio de bonos libres de impuestos14. El RBI también adoptó algunas medidas monetarias tales como la reducción de la tasa repo (la tasa a la que el RBI presta rupias a los bancos de la India) del 9% en agosto de 2008 al 5% en enero de 2009, la reducción de la repo revertida y la reducción de la relación de reservas de efectivo del 9% en agosto de 2008 al 5% desde enero de 2009 en adelante15.

Sin embargo, existen ciertos problemas básicos relacionados con la naturaleza, la dirección y los efectos anticipados de estos paquetes. Uno de ellos es que los montos adjudicados son totalmente insuficientes si se tiene en cuenta que el monto total del estímulo de INR 311.000 millones (USD 6.500 millones) constituye apenas el 0,8% del PIB. Es más, existe ambigüedad acerca de los sectores en los que se deberá desembolsar el monto adicional de INR 200.000 millones (USD 4.200 millones). Ya se ha producido un retraso de casi ocho meses en los desembolsos realizados. Agregar fondos adicionales ante la existencia de tal retraso hace que difícilmente puedan ser oportunos los desembolsos16.

Las adjudicaciones presupuestarias centrales para el desarrollo descendieron del 7,5% en el período 2002-2003 al 6,0% en el de 2007-2008 según las normas de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Gestión del Presupuesto. La adjudicación presupuestaria para el desarrollo para 2008-2009 es de alrededor del 6,8% del PIB; deberá aumentar por lo menos hasta alcanzar el 7,5% si ha de producir un impacto general, lo que significa que “los desembolsos adicionales deben llegar a alrededor de INR 400.000 millones (USD 8.300 millones) en lugar de INR 200.000 millones (USD 4.100 millones)”17.

La disminución del CENVAT en 4% significa que solo se aplicará a productos con tasas arancelarias de más del 4%, lo que implica el fomento de la demanda del consumo de bienes duraderos y de lujo, principalmente. Se ha señalado además que ello “provocará un impacto en el apoyo a la actividad económica solo si los productores responden recortando los precios y si tales recortes generan respuestas en cuanto a la demanda”18. No parece funcionar así. Por ejemplo en la industria de la aviación el descenso de los precios de combustible no se tradujo en la reducción de los precios al consumidor que se esperaba.

Se ha exigido con insistencia que se implemente un programa de inversión pública masivo para la infraestructura social y económica que genere empleos y aumente la demanda interna.
                                                                                                 
La pérdida de empleos y el desafío para la seguridad social

La pérdida de empleos en muchos de los sectores clave representa un serio desafío para una política de seguridad social que era ya poco ambiciosa. Una encuesta entre una muestra de industrias relacionadas con la exportación que llevó a cabo el Departamento de Comercio revela que se perdieron unos 109.513 empleos durante el período agosto de 2008 a enero de 2009. El Ministerio de Trabajo llevó a cabo una encuesta similar entre sectores importantes como el de la industria automotriz, la manufacturera, la de minería, la textil, la metalúrgica, y la de piedras preciosas y joyería, que juntas contribuyeron a más del 60% del PIB en 2007-2008. La encuesta reveló que alrededor de medio millón de trabajadores perdieron el empleo entre octubre y diciembre de 2008.

Esta situación constituye un serio desafío para la seguridad social ya que de la plantilla total de trabajadores de 457,5 millones, existen 422,6 millones que se encuentran categorizados como no organizados o desprotegidos. De ellos, 393,5 millones se encuentran en el sector informal y apenas 29,2 millones en el formal. Alrededor del 38% de la plantilla de trabajadores desprotegidos son mujeres19.

Conclusiones

Los indios han demostrado su confianza al votar para un segundo período a la Alianza Unida para el Progreso. Sin embargo, el desafío para el Gobierno actual consiste en la búsqueda de un equilibrio sensato entre llevar adelante el programa de reforma económica en curso y brindar alivio social y económico a los 250 millones de ciudadanos que, según las estadísticas del Banco Mundial, aún viven en la pobreza extrema20. La crisis actual plantea una nueva serie de problemas para un país que ya sufría de desigualdades enormes y niveles alarmantes de hambre y desnutrición21.

1 Subbarao, D. “India: la gestión del impacto de la crisis financiera mundial”. Discurso en la sesión anual de la Confederación de la Industria de la India, 26 de marzo de 2009.

2 Outlook India (revista semanal de noticias). IMF Lowers India’s Growth Estimate to 4.5% for 2009 [El FMI reduce la estimación del crecimiento de la India al 4,5% para 2009], 22 de abril de 2009. Disponible en: <news.outlookindia.com/item.aspx?658780>.

3 RBI. Macroeconomic and Monetary Development in 2008-09 [Desarrollo macroeconómico y monetario en 2008-09]. Banco de la Reserva de la India. Disponible en: <rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/MMDAPRFull2004.pdf>.

4 Ibid.

5 Chandrashekhar C. P. y Ghosh, J., India and the Global Financial Crisis [India y la crisis financiera mundial]. Macroscan, 2008. Disponible en: <www.macroscan.org/the/trade/oct08/trd15102008Crisis.htm>.

6 Ibid.

7 Desarrollo macroeconómico y monetario en 2008-09.

8 Subbarao, D., op.cit.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 “India: la gestión del impacto de la crisis financiera mundial”.

12 Ibid.

13 Ver Gobierno de la India. “Medidas gubernamentales adicionales para estimular la economía.” Comunicado de prensa, 2 de enero de 2009; y “Exenciones adicionales anunciadas para el Impuesto Central de Aduanas y Servicios.” Comunicado de prensa, 24 de febrero de 2009.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Fundación para la Investigación EPW. Stimulus Packages Facing Institutional Constraints [Paquetes de estímulo se enfrentan a restricciones institucionales]. Economic and Political Weekly 44(04), 24 de enero de 2009.

17 Ibid.

18 Ghosh, J. Weak Stimulus [Débil estímulo]. Frontline, 22 de enero de 2009.

19 Gobierno de India. Unorganized Manufacturing Sector in India: Input, Output and Value Added [Sector manufacturero desorganizado de la India: insumos, producción y valor agregado] Informe de la encuesta nacional por muestras 526. Ministerio de Estadística e Implementación de Programas, 2009.

20 Chen, S. y Ravallion, M. “El mundo en desarrollo es más pobre de lo que pensábamos pero no menos exitoso en la lucha contra la pobreza”. Documento de Trabajo de Investigación de Políticas 4703. Washington, D.C.: Banco Mundial.

21 Según el IFPRI (Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias) (2008), la India alberga la población más grande del mundo con inseguridad alimentaria, con más de 200 millones de personas con hambre. El informe demuestra que el fuerte crecimiento económico no se ha traducido en niveles menores de hambre.

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IRAQ

Publication_year: 
2009
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La Constitución iraquí de 2005 intentó incluir medidas que impulsaran el empoderamiento de la mujer; sin embargo, es necesario que exista también una cultura de igualdad de oportunidades. Durante el actual período de transición la mujer no sólo ha perdido la mayor parte de los beneficios provistos por el Estado sino que sufre en forma desproporcionada la contracción del poder estatal, la inseguridad causada por la inestabilidad política, el colapso de las actividades económicas por motivo de la guerra y el deterioro de las estructuras sociales. El aumento de la violencia contra la mujer requiere la intervención urgente de todos los actores sociales.

El empoderamiento de la mujer: un proceso mal entendido

Amal Shlash1
 
La Constitución iraquí de 2005 intentó incluir medidas que impulsaran el empoderamiento de la mujer; sin embargo, es necesario que exista también una cultura de igualdad de oportunidades. Durante el actual período de transición la mujer no sólo ha perdido la mayor parte de los beneficios provistos por el Estado sino que sufre en forma desproporcionada la contracción del poder estatal, la inseguridad causada por la inestabilidad política, el colapso de las actividades económicas por motivo de la guerra y el deterioro de las estructuras sociales. El aumento de la violencia contra la mujer requiere la intervención urgente de todos los actores sociales.

Experiencias recogidas en muchos países han demostrado que la transición al gobierno democrático puede ayudar a eliminar los obstáculos institucionales y culturales al empoderamiento de la mujer.  Para que ello suceda, sin embargo, son las mujeres mismas las que deben abogar por la igualdad de derechos. Es más, si bien las democracias emergentes tienen la oportunidad de reformar las sociedades, al establecer las libertades básicas, el gobierno democrático, la libertad de mercados y los derechos humanos, la inseguridad asociada al conflicto puede socavar tan importantes resultados. Cuando la transición tiene lugar en medio de un conflicto, la necesidad de establecer un sistema democrático estable se convierte en la prioridad principal y puede eclipsar el imperativo de la igualdad. Si ello sucede, es posible que durante la transición, en lugar de disminuir, aumente la prevalencia de la desigualdad de género.

El papel del Estado y la transición

Desde que se estableció el Iraq moderno, el Estado ha creado oportunidades para el empoderamiento institucional de la mujer mediante el acceso más amplio a la educación, los servicios de la salud y la capacitación para el trabajo. Creció el nivel profesional de la mujer, sobre todo en los campos más aceptados socialmente de la educación y los servicios de la salud. Por ejemplo, en el período 1997-2004, el 68% de los docentes eran mujeres y la tasa global de participación de la mujer entre el personal médico era de entre 30% y 60%. Antes de 2003, las mujeres representaban el 46% de los empleados del sector público y eran las principales proveedoras de servicios y de beneficios sociales en la salud y la educación, sobre todo en áreas en beneficio de la mujer. No obstante, el Estado no se ha mostrado en realidad consciente de que el empoderamiento no se logra únicamente por medio de la promulgación de leyes sino que se produce sólo cuando la sociedad aplica esas leyes – lo que a su vez exige que se produzcan cambios culturales. El empoderamiento de la mujer requiere que exista una cultura de igualdad de acceso y de oportunidades.

Las etapas de transición a menudo implican una revisión del papel que desempeñan las instituciones y los mecanismos estatales para que se ajusten mejor a la realidad y realcen la igualdad entre los ciudadanos. Sin embargo las reformas en Iraq se han visto acompañadas por el desmantelamiento del Estado, que por lo tanto ya no fue capaz de cumplir con sus responsabilidades ni de brindar los servicios clave para la economía de transición. Ni el sector privado ni la sociedad civil han sido capaces de asumir ese papel y brindar tales servicios, en tanto la mujer ha perdido la mayor parte de sus beneficios sociales; entre ellos, el de las guarderías apoyadas por el Estado.

Indicadores de desarrollo, empleo y bienes

La imposición de sanciones y la creciente crisis política y económica, con la inseguridad y el conflicto que han generado desde 1990, han empeorado la situación comparativa de las mujeres con respecto a los hombres en los últimos decenios. En lo que se refiere a diversos indicadores clave de desarrollo humano, están peor que antes. En 2007, aunque la expectativa de vida de la mujer (62) era mucho más elevada que la del hombre (55), el 30% de las mayores de 15 años eran analfabetas, contra el 14% de los hombres. Las cifras combinadas de inscripciones escolares (escuela primaria, intermedia y secundaria) eran del 55% para las mujeres y del 68% para los varones. Las tasas de desempleo también eran más elevadas entre las mujeres: el 23% en comparación con el 16%. Los ingresos percibidos por las mujeres ascienden a solamente el 11% de los ingresos que perciben los hombres. El trabajo agrícola constituye el 60% de las horas laborales semanales totales para la mujer y solo el 22% para el hombre, lo que ayuda a explicar los bajos ingresos, ya que se sabe que el trabajo agrícola de la mujer por lo general no es remunerado y exhibe baja productividad. En 2007 el Índice de Desarrollo Humano de Iraq fue de 0,627 mientras que el Índice de Desarrollo de Género fue de 0,584.

En general, la tasa de participación de la mujer en la actividad económica es considerablemente más baja que la del hombre (21% contra 79% en 2004). La transición hacia una economía de mercado abierta tal vez brinde más oportunidades, así como mayores desafíos para la mujer iraquí. La apertura del mercado tal vez ofrezca nuevas oportunidades en el sector privado, pero también aumentará la competencia por los empleos y exigirá destrezas que el sistema educativo brinda en forma desigual. Además, habrá menos empleos para la mujer en el sector público. El artículo 23 de la Constitución de 2005 garantiza “el derecho a la propiedad iraquí” sin discriminación de género. Aunque no existen datos que midan la posesión de bienes tales como la tierra, las propiedades y las empresas, es posible asegurar que, en general, las mujeres poseen menos bienes financieros que los hombres. Por ejemplo, la enorme mayoría de las unidades de tierra y de viviendas se encuentra inscripta a nombre de varones y son ellos quienes dominan claramente en cuanto a la propiedad y gestión del sector privado. Además, las mujeres que son jefas de hogares – esto es el 11% de los hogares – son dueñas de menor cantidad de bienes que otras mujeres.

La condición personal de la mujer

La nueva Constitución de 2005 intentó incluir diversas medidas positivas para la mujer. Por ejemplo, la mujer puede ahora transmitir la nacionalidad a sus hijos (artículo 18). Sin embargo, también contiene varios artículos, cláusulas y consecuencias que se pueden considerar discriminatorios. Como ser, el artículo 41 establece que “los iraquíes son libres de obrar de acuerdo con su condición personal según su religión, creencias, doctrinas u opciones,” lo que permite diversas interpretaciones de la sharia islámica y da lugar a impedimentos para la igualdad jurídica, sobre todo en asuntos relacionados con el Código Civil como el matrimonio y el divorcio. La variedad de interpretaciones puede dar lugar a diferentes prácticas en las diferentes provincias, en las poblaciones rurales y urbanas o entre los adherentes a diferentes religiones. Se considera que estas previsiones constituyen un retroceso si se comparan con las previsiones de la Ley Nº 188/1959, que reglamentaba todos los asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio, la herencia, y la tutoría y custodia de los hijos para todos los iraquíes, fuera cual fuera su secta2.  De hecho, el artículo 41 de la Constitución contradice la garantía fundamental contenida en el artículo 14 de la ley, que establece que “los iraquíes son iguales ante la ley sin discriminación de género o raza”. Tal contradicción compromete la unidad de la legislación aplicable en forma universal.

A la hora de brindarle protección a la mujer y prohibir la violencia en su contra, tanto las estipulaciones constitucionales como las jurídicas pueden resultar insuficientes. La Constitución, por ejemplo, no se refiere en forma específica a la mujer cuando aborda el tema de la violencia en el capítulo sobre derechos. El artículo 4 no considera la violencia matrimonial como un delito específico. El artículo 44 establece que “los iraquíes son libres de movilizarse, viajar y residir dentro o fuera de Iraq”, pero en la práctica la ley no permite que una mujer de menos de 40 años obtenga un pasaporte sin autorización de un tutor. Otro ejemplo es que la mujer tiene derecho a la igualdad de salarios, pero la ley no proporciona previsiones vinculantes que garanticen la igualdad en cuanto a los ascensos laborales. Así, aun cuando la Constitución prevé la no discriminación de jure en contra de la mujer, existen factores jurídicos, sociales y culturales que a menudo constituyen impedimentos de facto a su accionar. El clima jurídico y legislativo en la región del Kurdistán parece ser más positivo. Por ejemplo, se aplica ahí la Ley Nº 188 de la Condición Personal, redactada en 1959, pero considerada progresista para la época, y la Comisión de Asuntos de la Mujer ha logrado introducir algunas enmiendas. En 2007 se impusieron condiciones adicionales para los casos de poligamia, se prohibió la circuncisión femenina y se cambiaron las normas relacionadas con el divorcio para que favorecieran más a la mujer.

En 1986 Iraq ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con salvedades con respecto a los artículos 2, 9 y 29. Tales salvedades, de hecho, invalidan las previsiones de la Convención sobre la igualdad de mujeres y hombres. Desde el comienzo de la transición en 2003, las organizaciones de mujeres han intentado sin éxito que se retiren las salvedades. Por otra parte, la Constitución no incluye ningún artículo que reconozca que la ratificación de las convenciones internacionales sea vinculante para el Estado. De todos modos, el nuevo régimen ha rechazado los compromisos ratificados por su antecesor en cuanto a las convenciones internacionales, sobre todo la CEDAW, con la justificación de que se contraponen a la sharia3.

Inclusión en la toma de decisiones

En 2003 se introdujo un sistema de cuotas para la mujer en la vida política y la nueva Constitución también prevé medidas a favor de las minorías, otorgando en el artículo 49 una cuota para la mujer de no menos del 25% de los escaños del Parlamento. La Ley Electoral Nº 6 de 2005 estipula que las listas de candidatos para las elecciones deben también atenerse a esta cuota. En las elecciones de 2005, las mujeres obtuvieron 87 de los 275 escaños de la Asamblea Nacional (el 31%). En las elecciones concejales locales, mediante listas electorales cerradas, obtuvieron el 28% de los puestos.

Además, la adhesión al sistema de cuotas aumentó en forma considerable la cantidad de electas a los concejos gubernamentales. Desde 2003 la cantidad de mujeres que ocupa cargos administrativos en los que se toman decisiones aumentó del 12,7% al 22,4%. Si bien en la judicatura representaron sólo el 2% en 2006, en el ejecutivo corrieron con mejor suerte. En 2006 había cuatro ministras de Estado y 342 funcionarias de alto nivel; entre ellas, 8 subsecretarias, 22 consejeras e inspectoras generales, 86 directoras generales y 215 subdirectoras generales. Sin embargo debe señalarse que las barreras que deben superar las mujeres para alcanzar y conservar tales oportunidades son mayores y más numerosas.

Un legado de restricciones culturales

Para la mujer, el patrimonio cultural – que surge de la tradición más que por motivos religiosos – es uno de los puntos de referencia básicos en la formación del concepto de conductas aceptables. La imagen estereotípica de la mujer ha persistido durante siglos debido a que, a lo largo de su historia, el Estado ha contribuido a perpetuarla para evitar entrar en conflicto con la sociedad y sus líderes religiosos y culturales. Esta imagen se encuentra tan arraigada que, como lo demuestran diversos estudios, la percepción que algunas mujeres tienen de su propio sexo no se aparta demasiado de la que sostienen los hombres.  

La aceptación de la mujer de esta falsa imagen le brinda al Estado la justificación para demorar la promulgación de legislación que mejoraría la situación en la que se encuentra. La sociedad también justifica el aislamiento de la mujer como una manera de garantizar su protección. De esta manera, la familia continúa siendo el reducto más resistente de intolerancia cultural contra la mujer, en la que se acepta la violencia masculina como derecho disciplinario o preventivo. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Derechos Humanos de la región del Kurdistán señala que 239 mujeres fueron empujadas a incinerarse a sí mismas durante los primeros ocho meses de 2006. Tal situación no difiere mucho en otras áreas y los asesinatos relacionados con el honor son comunes en el centro y el sur de Iraq. Es probable que las denuncias acerca de tales prácticas sean menos que la cantidad real de incidentes debido a la poco desarrollada capacidad de control de las organizaciones de la mujer, así como a los prejuicios de los medios.

Conclusiones

El empoderamiento de las iraquíes debe constituir una meta global y no sólo un objetivo secundario, ya que la mujer tiene un papel igualitario a desempeñar en el desarrollo general económico, político y social. Sin embargo hay pruebas que demuestran que las iraquíes sufren en forma desproporcionada los efectos de la contracción del poder estatal, la inseguridad que resulta de la inestabilidad política, el derrumbe de las actividades económicas y el deterioro de las estructuras sociales, todo ello como consecuencia de los conflictos en curso. El aumento de la violencia contra la mujer constituye, en este momento, la consecuencia más peligrosa de la transición y requiere la intervención urgente de todos los actores de la sociedad. La mujer se ha refugiado dentro de su comunidad, secta o tribu en busca de protección, revirtiendo así los logros de casi un siglo de modernización que había emprendido el mismo Estado.

La falta de seguridad ha obstaculizado el progreso del desarrollo humano y ha dañado los mecanismos para el empoderamiento genuino. Así y todo, aún existe una oportunidad para mejorar la situación. Algunas de las responsabilidades específicas del Estado son:

* Enmendar las leyes (y la Constitución) para eliminar las previsiones, omisiones y contradicciones que perpetúan la discriminación.
* Garantizar la libertad de pensamiento para fomentar el debate y el diálogo públicos; es necesario implementar campañas de sensibilización pública que produzcan cambios profundos en los estereotipos de la mujer que difunden los medios.
* Crear un nuevo ambiente laboral que se aparte de la división actual del trabajo basada en los papeles limitados de la mujer y en restringirla, como trabajadora, a los sectores de baja productividad.
* Enfrentar la cultura de la dominación y de la marginación y difundir una cultura de paz y tolerancia para eliminar la violencia contra la mujer en todas sus formas y poner fin a su perpetuación como parte de la cultura aceptada.
* Brindar nuevas oportunidades por medio de la reforma del sistema de préstamos en los bancos públicos, eliminando el requisito de poseer bienes inmuebles como garantía subsidiaria y promoviendo los servicios bancarios que benefician a la mujer.
* Reformar los sistemas educativos y los programas de estudio para cambiar la percepción de la sociedad con respecto a la violencia contra la mujer e inculcar un sentido de responsabilidad común para poner fin a ella.
* Ampliar el acceso a los proyectos de microcrédito y trabajo ubicado en el hogar para las mujeres con poca educación y capacitación, las mujeres rurales, las ancianas y las viudas con familias a su cargo.

Al adoptar una actitud firme en relación con la cultura de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la igualdad de género, el Gobierno podría poner fin de una vez por todas a la cultura centenaria de la discriminación contra la mujer en el país.

1 Autora principal de Iraq: National Report on the Status of Human Development 2008 [Iraq: informe nacional 2008 sobre la situación del desarrollo humano]. Este artículo se basa en hechos y análisis de aquel informe, disponible en: <www.iauiraq.org/reports/NRSHD-English.pdf>.

2 Esta ley – que incluía el derecho a conservar la vivienda matrimonial luego del divorcio durante un período de tres años, igual edad mínima para el matrimonio para la mujer y el hombre, la equiparación de la dote de la mujer en el divorcio al precio del oro en el momento del divorcio y la exigencia de que el marido deba probar su capacidad financiera para mantener una segunda mujer antes de contraer un matrimonio polígamo – fue sujeta a diversas enmiendas a lo largo de los años, en detrimento de la situación de las mujeres.

3 El mismo rechazo se aplica a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la mujer, la paz y la seguridad.

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Region: 
left

ITALIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La intervención del Gobierno en apoyo de las instituciones financieras expuestas a las fluctuaciones de los mercados internacionales confirma que los bancos italianos se han visto en dificultades desde que comenzó la crisis financiera mundial. Hasta el momento, la peor consecuencia de la crisis ha sido la contracción del mercado de créditos. En un país en el que el 90% de las empresas es de tamaño mediano o pequeño, la respuesta del Gobierno ha sido cuantitativa y cualitativamente insuficiente. Es necesario implementar políticas diferentes que distribuyan los recursos en forma adecuada para luchar contra la pobreza y proteger al trabajador.

Respuesta débil e inadecuada

Coalición Italiana de Social Watch
Jason Nardi, Tommaso Rondinella (Lunaria), Elisa Bacciotti (Ucodep), Andrea Baranes (CRBM), Sergio Giovagnoli (ARCI), Giulio Sensi (Mani Tese), Sabina Siniscalchi (FCRE)

La intervención del Gobierno en apoyo de las instituciones financieras expuestas a las fluctuaciones de los mercados internacionales confirma que los bancos italianos se han visto en dificultades desde que comenzó la crisis financiera mundial. Hasta el momento, la peor consecuencia de la crisis ha sido la contracción del mercado de créditos. En un país en el que el 90% de las empresas es de tamaño mediano o pequeño, la respuesta del Gobierno ha sido cuantitativa y cualitativamente insuficiente. Es necesario implementar políticas diferentes que distribuyan los recursos en forma adecuada para luchar contra la pobreza y proteger al trabajador.

Aunque el Gobierno italiano ha intentado infundir confianza aduciendo que el país no solo no sufrirá las consecuencias de la crisis sino que emergerá de ella con mayor fortaleza, existen pruebas incuestionables que indican lo contrario. Si bien el Gobierno aún no ha debido salir al auxilio de los bancos, ello no significa que las restricciones crediticias no hayan perjudicado a familias y empresas. Las cifras de Istat, el Instituto Nacional de Estadística, demuestran que durante 2008 el desempleo alcanzó el 7,1% – un aumento con respecto al 6,4% del año anterior – y que entre enero y febrero de 2009, 370.561 trabajadores perdieron el empleo; un aumento del 46% en comparación con el mismo período de 2008.

En cuanto al sector industrial, el informe 2008 de la Confederación Italiana Sindical de Trabajadores (CISL en italiano) subraya que hay 900.000 empleos en peligro1, mientras los estudios de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) proyectan una tasa de desempleo del 9% para fines de 2009 y de hasta el 10,1% para 20102. Otro indicador del impacto de la crisis es que, por primera vez en Italia, los inmigrantes enfrentan dificultades a la hora de obtener trabajo, sobre todo en el noreste. Según la CGIA (asociación de artesanos y pequeños industriales), en la región del Véneto el 24% de los desempleados en enero de 2009 eran inmigrantes provenientes de fuera de la Unión Europea3.

Las grietas en el sistema financiero

Hace meses que políticos y agentes financieros, para tranquilizar a ahorristas y mercados, repiten que los bancos italianos y el sistema financiero son sólidos y no corren peligro de quebrar ni fracasar. Sin embargo, una mirada más a fondo revela una situación más compleja. En 2008 la bolsa de valores italiana perdió el 49% de su valor y mantuvo la tendencia a descender en 20094. Las instituciones crediticias que representan casi el 30% de la capitalización de la bolsa de valores italiana han sido las que han acusado el golpe más fuerte.

Aunque el sistema financiero italiano no se había involucrado tanto en actividades especulativas como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, los bancos italianos perseguían políticas enérgicas de expansión, sobre todo mediante la compra de instituciones financieras en Europa Oriental. Las dificultades que experimentan en la actualidad se han visto confirmadas por la intervención del Gobierno en apoyo de los principales grupos bancarios que están más expuestos a los mercados internacionales. Durante los últimos años se ha producido un traspaso continuo del sistema de pensiones hacia un sistema administrado por fondos de pensión privados. Debido a la crisis financiera, el 5,9% de los ahorros administrados por los fondos de pensiones fue cancelado en 2008. Los fondos de inversión, que por lo general presentan riesgos mayores, registraron pérdidas del 8,6%5. En la mayoría de los casos, los ahorros de los trabajadores sencillamente desaparecieron.

La reducción del crédito

Hasta el momento, la peor consecuencia de la crisis financiera ha sido la caída del crédito: varios bancos han reducido el acceso al crédito en forma significativa, sobre todo para pequeñas empresas, que constituyen el sector más importante del sistema italiano de producción. La situación se ve agravada por el hecho de que muchos bancos han estado transfiriendo sus negocios en forma progresiva, de reunir ahorros para la financiación de actividades productivas, hacia operaciones financieras: solo la mitad de sus ingresos proviene ahora de la actividad crediticia, mientras que la otra mitad se compone de comisiones y negocios financieros.

Los grupos más afectados por estas restricciones son los inmigrantes, los trabajadores precarios, los jóvenes y otros sectores de la sociedad que ya antes de la crisis no eran considerados parte del mercado bancario. También las familias se ven afectadas, lo que ha producido un aumento brusco de préstamos no bancarios a altas tasas de interés, sobre todo en el sur, en donde las familias sobreendeudadas aumentaron 69,4% en el último año, en tanto el recurso a tales préstamos lo hizo en 48,2%6.

Las medidas gubernamentales para revitalizar el sistema de préstamos no parecen haber surtido efecto. Los bancos las están utilizando para mejorar sus ganancias y activos sin ampliar los canales de préstamo. En forma similar, la reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo se ha traducido en un aumento de las ganancias para los bancos italianos, en lugar de mejorar el acceso al crédito para sus clientes.

La transferencia de ingresos entre el trabajo y las ganancias ha sido harto evidente. Esta tendencia, común a gran parte de las economías occidentales, ha significado una transferencia de 8 puntos del PBI (EUR 120.000 millones)7 en Italia desde los trabajadores hacia las ganancias de las empresas, derivando en una progresiva “financialización” de la economía.

Respuestas gubernamentales

Tras breve debate parlamentario, el 28 de enero de 2009 se legisló un “decreto anticrisis”. Las medidas adoptadas son del todo deficientes, por dos motivos. En primer lugar los recursos adjudicados son insuficientes, sobre todo cuando se comparan con los de otros países europeos (EUR 5.000 millones en Italia contra EUR 60.000 millones en Alemania, EUR 38.000 millones en España, EUR 26.000 millones en Francia y EUR 22.000 millones en el Reino Unido). En segundo lugar, no fortalecerán el sistema de producción. La evasión de impuestos  presenta dimensiones inquietantes en Italia: alrededor del 18% del PBI, lo que significa que se pierde más de 100.000 millones en ingresos cada año8.

Familias: Las medidas más importantes son retribuciones únicas y cheques para familias de bajos ingresos. Todo aumento al ingreso familiar es bienvenido para la familia que lo recibe, pero la suma de EUR 40 al mes (el valor de la llamada “tarjeta social”) no alcanza a cubrir sus gastos ni la protege de problemas actuales ni futuros.

Trabajo: El Gobierno propone ayudas crediticias y fondos de indemnización por despido para las empresas de mayor tamaño. Sin embargo, como el 90% de las firmas italianas son medianas o pequeñas, la mayor parte de las empresas y de los trabajadores no accederá a este beneficio. Es más, el sector que se beneficia en mayor grado es la industria automotriz. El Gobierno debería haber relacionado las transferencias con inversiones en sustentabilidad ambiental e innovación. Además, existen otros sectores, como el de la vestimenta, que requieren ayuda en forma urgente para mantener competitividad.

Bienestar social: No se ha establecido una política para la transferencia de fondos para el bienestar social; el Gobierno está repartiendo dinero sin la implementación de redes de seguridad, políticas laborales activas, inclusión social, promoción, capacitación profesional, etc. Pronto habrá decenas de trabajadores desempleados carentes de estructuras capaces de garantizarles los servicios básicos necesarios para una vida decente. Al mismo tiempo, y para no tener que enfrentar problemas presupuestarios, el Gobierno ha reducido los fondos específicos para las políticas sociales, la autonomía, el transporte público local y la inclusión de inmigrantes.

Economía: Los llamados bonos Tremonti, por el Ministro de Economía y Finanzas, son esencialmente préstamos públicos que pueden utilizar los bancos para fortalecer sus estados financieros. Su objetivo es efectuar un relanzamiento del sistema crediticio, sobre todo para empresas medianas y pequeñas. Los efectos están por verse.

Otras medidas: Los planes gubernamentales para el futuro incluyen el recorte de recursos para la investigación y el desarrollo y las inversiones en energía nuclear. Las medidas que se supone estimularán la demanda se componen de inversiones en el transporte de alta velocidad y el colosal puente sobre el estrecho de Mesina, así como la flexibilización de la legislación ambiental y los permisos para la industria privada de la construcción. Los temas como la energía renovable, o la reducción de emisiones, o los cientos de pequeños proyectos de infraestructura que el país necesita con urgencia no han recibido atención ninguna.

Además de las medidas anticrisis, el Gobierno propone una consulta muy reducida acerca del modelo de bienestar social. El programa incluye propuestas preocupantes, como ser mayor flexibilidad laboral, la adopción de modelos “workfare” (programas de trabajo a cambio de asistencia social), la visión de la inmigración como un problema y no como un recurso, y la falta de reconocimiento para el sector sin fines de lucro como actor esencial del sistema de bienestar social italiano, refiriéndose solo a los voluntarios y pasando por alto el papel de las miles de los emprendimientos sociales existentes.

Propuestas de la Coalición Italiana de Social Watch

A fin de ofrecer una respuesta diferente a la crisis y relanzar la economía del país desde la perspectiva de los más afectados, la Coalición Italiana Social Watch propone una serie de medidas:

Familia y bienestar social: Las palabras clave deberían ser “luchar contra la pobreza y redistribuir los recursos”. Una verdadera política de bienestar social por medio de los beneficios de los servicios públicos para quienes realmente necesitan ayuda, en lugar de transferencias directas de dinero, constituye la herramienta principal para asegurar la redistribución de recursos en la sociedad. El Gobierno, en sus niveles centrales y locales, debe mejorar los servicios básicos, la salud, la asistencia, las guarderías, las escuelas públicas, la inclusión de los inmigrantes y las políticas de vivienda, ya que tales medidas representan la verdadera lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad, así como una política económica contracíclica para trabajar en contra de los impactos de la crisis.

Trabajo: El imperativo moral de todo gobierno es prevenir que las principales consecuencias de la crisis recaigan sobre los trabajadores. Entre las medidas prioritarias se encuentra la defensa de los trabajadores más desprotegidos desde el punto de vista contractual, por medio de la activación de un plan colchón de seguridad social para los trabajadores precarios, así como incentivos para las compañías que decidan retener a sus empleados.

Para dar forma a una economía diferente se necesita apoyo en forma urgente para hacer posible que los sectores de investigación públicos y privados puedan emprender procesos innovadores. Es más, es esencial implementar un plan a gran escala sobre energía renovable para reducir la dependencia de los hidrocarburos, combatir el cambio climático y apoyar los sectores económicos sustentables que miran hacia el futuro.

En respuesta a la crisis, cada vez más propietarios de cuentas bancarias en Italia están incursionando en el mundo de las finanzas éticas. Al cliente que apoya las finanzas éticas le importa cómo se utiliza su dinero, pero también que su banco no quiebre. Es así que muchos bancos en la actualidad están redoblando sus esfuerzos por mejorar su reputación. Volver al mandato original del sistema bancario de sostener la economía real debe constituir un punto de referencia constante en la búsqueda salidas a la crisis.

Desmantelamiento de la AOD

Las directivas 2009–2011 del Ministerio de Relaciones Exteriores para la cooperación para el desarrollo establecen prioridades claras9. África subsahariana recibirá el 50% de la financiación bilateral y se identificarán países prioritarios en todas las regiones. En el centro de la cooperación internacional estarán, en este orden, la agricultura, el agua y el medio ambiente, la salud mundial, la educación y la gobernanza. Los asuntos de género y los derechos de los niños y de las personas con discapacidades se establecen en forma transversal.

Tales temas constituyen el núcleo del programa para el desarrollo de Italia para la reunión del G8 de 2009, de la que es anfitrión10. A despecho de estas ambiciosas afirmaciones, la cooperación para el desarrollo italiana se encuentra en el punto más bajo de su historia. Si la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) se detuvo en el 0,20% del PBI en 200811, según el presupuesto para 2009 los recursos descenderán en un 56%; de EUR 733 millones en 2008 a EUR 322 millones en 2009, y más aún durante los próximos dos años, hasta alcanzar EUR 215 millones en 201112. Tanto las ONG como los analistas consideran que los recursos comprometidos para la AOD para 2009 podrían caer a un nivel tan bajo como el 0,09% del PBI, de no añadirse nuevos recursos13, lo que se aleja mucho, no solo del objetivo general del 0,7%, sino también del compromiso europeo del 0,51% que Italia debería alcanzar para 2010. En camino hacia el G8, Italia también ha intentado poner sobre el tapete un nuevo concepto para la rendición de cuentas de la ayuda, que busca registrar las contribuciones efectuadas por “el sistema italiano en general” (el Estado, las autoridades locales, los actores sin fines de lucro, las fundaciones y las empresas privadas), minimizando así la importancia de la AOD, a fin de esconder la deficiente trayectoria del país en el cumplimiento de sus promesas.
 
Las ONG sufrirán en forma especial las consecuencias de esta tendencia, ya que sus recursos se verán reducidos a la mitad. Además, se han reducido los fondos para las organizaciones internacionales en un 68%, lo que pone en peligro el cumplimiento de la mayor parte de los compromisos italianos con las Naciones Unidas. Corre peligro sobre todo el financiamiento para el Fondo Mundial para combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que el Gobierno promovió en la reunión del G8 de Génova en 2001.

Es más, la escasa ayuda prestada por Italia dista mucho de ser eficiente y sigue estando fuertemente vinculada a la compra de bienes y servicios italianos, como se puso de manifiesto en la reciente evaluación de Ayuda OCDE-CAD por parte de grupos paritarios. Las políticas exteriores italianas requieren una revisión seria. El Gobierno debe comprender el papel fundamental que desempeña la cooperación para el desarrollo en la construcción del buen nombre de un país.

1 Véase: <www.cisl.it/sito.nsf/Documenti/130BF9D1BE670162C125751300380E3D/$File/Industria2008.pdf>.

2 Véase: <www.ires.it/>.

3 CGIA. A disposición en: <www.gazzettino.it/articolo.php?id=49282&sez=REGIONI>.

4 Véase: <www.borsaitaliana.it/chi-siamo/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2008/081230fineanno.htm>.

5 Felice Roberto Pizzuti, sobre datos de COVIP. A disposición en: <www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Se-la-bolla-scoppia-sulle-pensioni>.

6 Associazione Contribuenti Italiani.Sportello Antiusura. Véase: <www.contribuenti.it>.

7 Datos de AMECO, elaborados en Travaglino (2009).

8  Pisani, S. y Polito, C. (ed.). Analisi dell'evasione fondata sui dati IRAP Anni 1998-2002. Agenzia delle Entrate. 2006.

9  Ministerio de Relaciones Exteriores (2008). La cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2009-2011.

10  Véase: <www.g8italia2009.it>.

11 OCDE-CAD. “Ayuda para el desarrollo en su nivel más alto en 2008”, París, 30 de marzo de 2009.

12  La cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2009-2011.

13  Véase: Viciani, I. y de Fraia, L. (ed.). Aiuto pubblico allo sviluppo italiano nel 2009. Previsione dopo la finanziaria. ActionAid. 2009 <www.actionaid.it>.

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KENIA

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2009
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El capitalismo neoliberal ha perdido la razón de existir. La presente es una crisis estructural de la democracia liberal, pero en Kenia el Gobierno no quiere ver la realidad y hace como el avestruz, que entierra su cabeza en la arena. La élite gobernante sostiene que la crisis es circunstancial y que la economía nacional está suficientemente a salvo por la debilidad de sus lazos con el capital internacional. La sociedad civil keniata sigue advirtiendo que, al contrario de las predicciones del Gobierno, el país está a punto de sumirse en las aguas turbulentas del neoliberalismo.

KENIA

La ortodoxia neoliberal y el juego del avestruz

Social Development Network
Prof. Edward Oyugi
Philip Thigo
SEATINI KENYA
Oduor Ongwen
Kenya Debt Relief Network
Wahu Kaara
BEACON
Rebecca Tanui
Daraja-Civic Initiatives Forum
Don Bonyo
Futa Magendo Chapters
Ayoma Matunga
Mazira Foundation
Eddy Orinda
Haki Elimu
Opiata Odindo
Kenya Land Alliance
Odenda Lumumba
Migori Clan
William Janak
KETAM
James Kamau
Kenya-Cuba Friendship Association
Mwandawiro Mganga
Bunge la Mwananchi
George Nyongesa
ChildFund Africa Region
Andiwo Obondoh
Undugu Society of Kenya
Alloys Opiyo

El capitalismo neoliberal ha perdido la razón de existir. La presente es una crisis estructural de la democracia liberal, pero en Kenia el Gobierno no quiere ver la realidad y hace como el avestruz, que entierra su cabeza en la arena. La élite gobernante sostiene que la crisis es circunstancial y que la economía nacional está suficientemente a salvo por la debilidad de sus lazos con el capital internacional. La sociedad civil keniata sigue advirtiendo que, al contrario de las predicciones del Gobierno, el país está a punto de sumirse en las aguas turbulentas del neoliberalismo.

Treinta años de capitalismo de libre mercado, sin trabas, y basado en el modelo neoliberal ya no pueden ocultar las fallas sistémicas de un sistema cuyo tiempo pasó.

La comoditización y privatización de los activos públicos, hasta ahora considerados esenciales para la prosperidad, llevó a la transferencia de activos de la esfera pública y popular a los dominios privados de las clases privilegiadas. La consiguiente financialización rapaz y especulativa de las transacciones comerciales condujo al aumento pronunciado transacciones financieras diarias en los mercados internacionales, las que pasaron de USD 2.300 millones en 1983 a USD 130.000 millones en 2001. No es de extrañar, entonces, que la desregulación consiguiente permitiera que los sistemas financieros asumieran un papel protagónico en la actividad redistributiva a través de especulación, depredación, fraude descarado y robo. Los planes de estímulo pueden ser pasos técnicos en la dirección correcta, en particular si tienen la virtud de funcionar de abajo hacia arriba y no en el sentido contrario mediante un sistema bancario inerte. Sin embargo, siguen siendo esencialmente acomodos técnicos diseñados para estimular la demanda y conseguir que los consumidores vuelvan a comprar en vez de empoderarlos para cuestionar la tan mentada eficacia del capitalismo neoliberal.

Kenia está más que familiarizada con las promociones de valores, las pirámides financieras (esquema Ponzi), la destrucción de activos estructurados por la inflación que tuvo mucho que ver con el vaciamiento de activos por privatización fraudulenta, la esclavitud de los deudores, las estafas corporativas y el despojamiento descarado de activos, como lo demuestra el caso del vaciamiento desenfrenado al Fondo Nacional de Seguridad Social (FNSS). Esto finalmente condujo a colapsos paraestatales y a la aniquilación de los valores por la manipulación del crédito y las manipulaciones inescrupulosas de personas allegadas al mercado de capital, como Suntra Investments, Nyaga Brokers Ltd., Francis Thuo Ltd. y otros.

El FNSS se creó en 1966 como un fondo previsional obligatorio para todos los trabajadores del país. Aunque tanto los trabajadores como los empleadores contribuyen sólo con KES 400 (USD 5,4) por mes, a fuerza de su tamaño enorme, el Fondo tiene un portafolio acumulado de más de KES 80 mil millones (USD 1.079 millones) o aproximadamente el 8,2% del PIB del país. El Gobierno sigue haciendo uso del Fondo para sus socios cercanos, olvidando que es un plan contractual de ahorro e inversión de apoyo a la jubilación. Originalmente el FNSS fue un departamento dentro del Ministerio de Trabajo, pero en 1987 se convirtió en un ente paraestatal autónomo. Desde entonces los jubilados no han experimentado otra cosa que la melancolía.

Durante la campaña de las primeras elecciones multipartidarias de 1991-1992, el FNSS se usó como la fuente principal de fondos para sobornos destinados a aceitar la maquinaria de campaña del entonces partido gobernante Kenya African National Union (KANU). El dinero de los jubilados se extrajo del Fondo a fin de financiar dudosos negocios inmobiliarios que crearon millonarios de la noche a la mañana entre los jóvenes entonces conocidos como “Juventud para KANU ´92”. El FNSS siguió siendo ordeñado por individuos con conexiones políticas y sólo llegó a los titulares 10 años más tarde, cuando en un acuerdo preelectoral de 2002 perdió KES 256 millones (USD 3,45 millones) por una estafa con el Euro Bank para financiar la campaña presidencial.

Para no perder la costumbre, el FNSS recobró su célebre perfil en una nueva elección. Un lote comercial adyacente al Laico (antes Grand) Regency Hotel, igualmente con su cuota de escándalos, fue vendido a un postor menor. Se supo que el FNSS rechazó una oferta de KES 1.400 millones (USD 18,88 millones) por el lote y aceptó otra de KES 1.300 millones (USD 17,53 millones) después de que el postor menor hubiera ofrecido una coima a los fideicomisarios por un monto de KES 650 millones (USD 8,77 millones). La dirección del Fondo lo negó, pero en julio de 2008 el Ministro del Trabajo disolvió el Directorio y despidió al Fideicomisario Gerente a fin de preparar el terreno para investigar éste y otros escándalos. En septiembre de 2008 se reveló que el FNSS estaba en peligro de perder KES 1.000 millones (USD 13,49 millones) en Discount Security – una firma de corretaje de valores que sufrió un colapso y estuvo asociada con un ex Fideicomisario Gerente del FNSS. La falacia de que el Estado neoliberal debe eludir al mercado por razones de eficacia estratégica se puso al descubierto por el hecho de que, en vez de maximizar su eficacia fuera del mercado, se le adjudicó el papel de agente principal de las políticas redistributivas, invirtiendo el flujo de recursos de la clase alta a la baja que sólo pueden estar asociados con la era del liberalismo enraizado; subsidiando eficazmente a los ricos de la sociedad a través de prácticas confiscatorias deflacionarias1.

Guante de seda para los criminales

En ninguna parte más crudamente esto se manifiesta que en el fraude público de la Oferta Pública Inicial (OPI) de las acciones de Safaricom. A pesar del desacuerdo de las organizaciones de vigilancia de la sociedad civil y del Movimiento Democrático Naranja – el principal socio de la coalición en la administración Kibaki – el Gobierno de Kenia decidió deshacerse del 25% de sus acciones en Safaricom, una compañía de telefonía móvil, para recaudar los KES 50 mil millones (USD 674 millones) necesarios para cubrir su déficit presupuestario.

Surgen aquí dos preocupaciones. Primero, ¿cómo es posible que una compañía anónima y extranjera, conocida como Mobitelea, posea el 10% y luego el 5% de una empresa pública de Kenia y, más desconcertante aun, cómo es que esta compañía extranjera nunca pagó ni un centavo para tener acciones en Safaricom? Segundo, cuando el Gobierno ofreció desprenderse del 25% de sus acciones en Safaricom, se le hizo creer al público que esas acciones harían a esa empresa de propiedad pública. Sin embargo, cuando Safaricom se puso finalmente a la venta, la ciudadanía no tuvo el derecho de tener primera opción a dar una respuesta negativa. Tuvieron que competir con el resto de África Oriental mientras que un enorme 35% del 25% de las acciones del Gobierno en oferta se había reservado para algunos inversionistas extranjeros anónimos. Se cree que estos inversionistas son oligarcas locales con intereses sustanciales en compañías offshore. Como si la estafa no fuera suficiente, la OPI (la primera oferta al público de acciones de la compañía en la bolsa) se sobrevendió groseramente. Al final, los corredores de bolsa de Safaricom tuvieron que reembolsar la enorme cantidad de KES 236 mil millones (USD 3.183 millones), de los cuales KES 119 mil millones (USD 1.605 millones) correspondían a la población local. Cerca de un año después, la mayoría de los candidatos (de la cual una enorme mayoría es gente común que consiguió préstamos bancarios) aún no recibió sus reembolsos mientras las acciones de Safaricom cayeron en más del 50% en la semana del 9 de marzo de 2009.

En el pasado reciente, la Bolsa de Nairobi fue testigo de un repentino aumento de corredores deshonestos. En menos de dos años, cuatro de esas firmas debieron cerrar luego de descubrirse actividades fraudulentas y robo descarado de los fondos de inversión de los clientes. La primera en salir a luz fue la Francis Thuo Stock Brokers, que recibió una suspensión de la Bolsa en 2007. Debe destacarse que el dueño, Francis Thuo, fue presidente de la Bolsa por mucho tiempo. Al mismo tiempo en que se suspendía a esta empresa, se presentaron varias quejas contra otra firma – Nyaga Stock Brokers – ante la Autoridad del Mercado de Capital (AMC), el organismo regulador. Pero nada se hizo. Finalmente, en marzo de 2008 la prensa local publicó que el capital operativo de Nyaga no sólo era negativo sino que también la empresa había estado usando las ganancias obtenidas de comerciar ilegalmente con las acciones de los clientes para apuntalar su capital operativo. La Bolsa fingió sorpresa y rápidamente creó un paquete de rescate de KES 100 millones (USD 1,4 millones) para proteger a los clientes afectados. Luego el tema se barrió debajo de alfombra. Hasta ahora nadie en Nyaga o en Francis Thuo ha enfrentado acusaciones criminales.

En rápida sucesión, Discount Securities y Suntra Investments han seguido el mismo camino. El tratamiento de guante de seda acordado a estas empresas delincuentes no sólo avala la naturaleza desenfrenada de las malas prácticas de la Bolsa, sino, más importante aun, el abuso del tan mentado mercado libre y eficiente. Una sección de la sociedad civil exige sin descanso que un mercado que maneja fondos públicos de esta magnitud necesita un regulador fuerte, eficiente e independiente. La AMC no califica: está obsesionada con el mantenimiento del status quo, dejando a los agentes de bolsa deshonestos mantener el control con sus perpetuos juegos y manipulaciones de poder.

En los últimos 20 años, no menos de 20 bancos comerciales privados se declararon en bancarrota con las fortunas de los depositantes – principalmente las de jubilados y ahorristas de sector informal – estimadas en KES 70.000 millones (USD 944 millones). Entre los bancos privados e instituciones financieras que sufrieron un colapso con los fondos de los depositantes se encuentran: Rural Urban Finance Company, Jimba Credit Finance (de propiedad de la Bolsa de Nairobi, Jimna Mbaru), Trade Bank, Trust Bank, Continental Bank (de propiedad de personas allegadas al presidente Kibaki) y Euro Bank. En Kenia, estos delincuentes siguen siendo designados a altos cargos públicos. El 16 de diciembre de 2008 – en el medio de la creciente crisis financiera mundial – el Gabinete acordó privatizar más instituciones financieras, incluyendo el National Bank of Kenya y el Consolidated Bank.

El juego del avestruz

Mientras surgen cada vez más dudas sobre la eficacia inmutable de las fuerzas del mercado en las principales economías capitalistas, las economías del Sur – sus clientes – todavía se niegan a ver la realidad y mantienen una fe ingenua en la naturaleza cíclica de las crisis capitalistas. Cuando los principios económicos que alimentan las economías de libre mercado comenzaron a derrumbarse, la élite política keniata, como el legendario avestruz de desierto, enterró su cabeza en la arena, esperando que pasara la crisis. Frente a este silencio, las organizaciones de la sociedad civil advierten que el barco económico de Kenia hace agua y las medidas de rescate son urgentes.

Las oportunidades de movilizar el desacuerdo crecen, y deben tomarse antes de que el país experimente un resurgimiento neoconservador. Mientras tanto, es importante rechazar la ilusión de que las economías del Sur estarán protegidas del colapso, por no estar totalmente integradas a la economía capitalista global y que pueden incluso beneficiarse gracias a la escalada de la demanda interna. Confunden el  descenso cíclico (aunque severo) de las fortunas históricas del capitalismo con su crisis fundamental. La élite gobernante keniata sigue sin percatarse del desastre inminente: inseguridad alimentaria masiva, desastre ambiental en ciernes (en el Bosque Mau, el Monte Kenia, el Lago Victoria, etc.), desempleo/subempleo, escalada de delitos, disparidad entre ricos y pobres, disminución del turismo y del volumen de remesas del exterior.

En vez de tener cuidado, la reciente Conferencia Nacional “La Kenia Que Queremos”, así como el actual instrumento político para convertir a Kenia en una economía de ingresos medios para 2030 (“Visión 2030”), siguen adhiriendo al ya totalmente desacreditado Consenso de Washington. Incluso cuando las economías occidentales inyectan nuevos fondos de rescate masivo en sus instituciones financieras, y en algunos casos nacionalizan de nuevo sus bancos, el Parlamento keniata está legislando la privatización de los pocos activos sociales estratégicos restantes a fin de proporcionar una única inyección de ingresos al gobierno2.

Es poco probable que los paquetes de estímulo y rescate preferidos por los gobiernos occidentales marquen una diferencia significativa, más allá de armonizar las respuestas a la crisis del Gobierno y las empresas. Como medidas provisorias, esos paquetes sólo pueden retrasar lo inevitable. Sin democratizar la propiedad de los medios de producción y sin reforzar los mecanismos internos de la economía nacional, la iniciativa de rediseño global de Klaus Schwab, lanzada en Davos en febrero de 2009, hará poco para resolver la crisis. Ante tal situación, incluso los tratados comerciales actualmente en discusión, como los Acuerdo de Asociación Económica (AAE) deben ser renegociados.

A menudo, un momento épico en la historia de la práctica social es catalizado por catástrofes como la que estamos experimentando, en particular las que permiten cambios fundamentales de actitudes y conductas sociales. Los signos de las dificultades del capitalismo se venían notando desde hace mucho tiempo, con avances graduales. Ahora son obvios. El sistema capitalista mundial ya no merece ninguna reconversión. Demanda una reconstrucción por nuevos actores favorecidos por la historia. Ésta es la crisis de la democracia liberal, que ha fracasado en su intento de brindar justicia económica y equidad.

1 Ver: Wade, R. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press, 1992.

2 Organizaciones que serán privatizadas: Compañía de Generación de Electricidad de Kenia (KENGEN); Kenya Pipeline Company; Compañía Azucarera Chemelil; Compañía Azucarera Sony; Compañía Azucarera Nzoia; Compañía Azucarera Miwani; Compañía Azucarera Muhoroni; Autoridad para el Desarrollo del Turismo de Kenia y algunos hoteles; Banco Nacional de Kenia; Consolidated Bank; Banco de Desarrollo de Kenia; Kenya Wine Agencies Ltd; East African Portland Cement Company; Comisión de la Carne de Kenia; New Kenya Cooperative Creameries; Autoridad Portuaria de Kenia, por vía de una terminal de contenedores en Eldoret, la tercerización de los servicios de estiba y la construcción de nuevos amarres.

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LÍBANO

Publication_year: 
2009
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La crisis económica y financiera mundial es un creciente foco de atención en los discursos oficiales porque el Gobierno ha llegado a la conclusión de que, a menos que se aborde con responsabilidad y seriedad, los impactos serán severos. Aunque aún no se sienten los efectos directos de la crisis en el país, la naturaleza de la economía la vuelve muy vulnerable. Sin embargo, aunque sea necesario un diálogo nacional, el Gobierno no ha realizado consultas con las ONG u otros organismos interesados.

No hay diálogo sobre la crisis

Arab NGO Network for Development (ANND)
Ziad Abdel-Samad, Director Ejecutivo

La crisis económica y financiera mundial es un creciente foco de atención en los discursos oficiales porque el Gobierno ha llegado a la conclusión de que, a menos que se aborde con responsabilidad y seriedad, los impactos serán severos. Aunque aún no se sienten los efectos directos de la crisis en el país, la naturaleza de la economía la vuelve muy vulnerable. Sin embargo, aunque sea necesario un diálogo nacional, el Gobierno no ha realizado consultas con las ONG u otros organismos interesados.

Indicadores positivos marcaron el fin de 2008 en Líbano a pesar de la crisis financiera mundial. De hecho, según el Banco Central del Líbano y la Corporación Financiera Internacional, el país experimentó un crecimiento de 8%, impulsado principalmente por los sectores inmobiliario, de la construcción, turístico y servicios financieros (banca). El factor que más aportó continuó siendo el de las remesas de los trabajadores. Éstas, con un monto aproximado de USD 8 mil millones, fueron equivalentes a más del 10% de los depósitos totales en los bancos comerciales y de inversión del país. Además, la relación de la deuda frente al PIB cayó desde 180% a 162%1.

Las razones por las cuales hasta ahora el Líbano ha sentido apenas los efectos de la crisis, son el pequeño tamaño de su economía, sector financiero y operaciones; las modestas tasas de crecimiento que se registraron en años anteriores; la buena situación del sector bancario, que cuenta con una solvencia de USD 95 mil millones – 322% del PIB– y está regulado firmemente por el Banco Central; y la ayuda externa, que contribuye a superar los retos económicos y financieros del país.

Sin embargo, la economía presenta desequilibrios estructurales múltiples que la vuelven vulnerable a las repercusiones de la crisis, incluyendo un déficit presupuestario de 30%, un déficit de dos tercios de la balanza de pagos, la relación deuda/PIB de 162% ya mencionada, y una tasa de inflación por encima de 10%. Para el año próximo, se espera que las remesas disminuyan y, al mismo tiempo, la migración inversa se traducirá en una mayor demanda de empleos. La crisis mundial ya ha comenzado a afectar a los países del Golfo, en particular a Emiratos Árabes Unidos.

Dado este contexto, las predicciones más optimistas (del Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Hacienda) no esperan un crecimiento de más de 5% para 2009. También esperan que la relación deuda/PIB aumente debido al déficit presupuestario y la necesidad de obtener nuevos préstamos para cubrir gastos. El Ministerio de Hacienda estima un aumento de la deuda pública de USD 4 mil millones.

Además, la profundización de la crisis global causará un declive de las inversiones y de la inversión directa extranjera (IED) entre los países árabes, así como una reducción de los montos de la ayuda prometida en la conferencia de donantes de París de enero de 2007 (conocida como París III)2. Aunque el sector bancario sea el motor principal de la economía libanesa, puede perder su capacidad de recuperación debido a la crisis de confianza en los mercados financieros y sus relaciones con los bancos internacionales y regionales3.

Escenario económico y social

El informe del PNUD “Pobreza creciente y distribución de ingresos en Líbano” indica que el 28,5% de la ciudadanía vive por debajo del umbral superior de la pobreza y el 8,1% bajo el umbral inferior4, lo cual revela un gran desequilibrio en la distribución geográfica de la pobreza, que está concentrada en las áreas rurales y en la periferia de las principales ciudades. Esto se confirma aun más por un coeficiente GINI libanés de 0,375. Las causas fundamentales son las políticas económicas adoptadas por los sucesivos gobiernos – la más destacable de las cuales es la búsqueda del crecimiento mediante la atracción de IED y la creación de un paraíso fiscal. Mientras tanto, se pasaron por alto las políticas orientadas a redistribuir justamente los dividendos del crecimiento a través de una estructura fiscal equilibrada y la prestación de servicios básicos.

Las autoridades libanesas, incluyendo al Primer Ministro, promueven el sistema de mercado sin mencionar el papel que le corresponde al Gobierno de monitorear los mecanismos del mercado y alentar las inversiones en sectores productivos o generadores de empleo5. Los inversionistas se concentraron en la construcción, los bienes inmuebles y las finanzas mientras que descuidaban la industria y la agricultura.

Debería mencionarse que el fallecido ministro de Industria, Pierre El Gemayel6, hizo llegar una propuesta al Gabinete en 2006 llamada “Industria para la Juventud 2010”. Este plan de 10 años tenía el objetivo de impulsar y fortalecer el sector, enfatizando su papel clave en la promoción del crecimiento económico y la creación de empleos7; destacaba la necesidad de un compromiso nacional hacia el desarrollo de la industria y denunciaba la falta de coherencia de las políticas nacionales. El Gobierno, sin embargo, no puso en práctica el plan. Como resultado, la economía se orientó, cada vez más, hacia los servicios financieros y bancarios y hacia una economía de rentas, mientras las inversiones en los sectores productivos brillaban por su ausencia.

El plan del Gobierno

Varios meses después de que comenzara la crisis financiera – y con muchas advertencias sobre sus impactos nacionales, regionales y mundiales – el Gobierno finalmente comprendió la magnitud del problema y presentó un plan preventivo de dos años a fin de amortiguar sus efectos en la economía nacional. El plan gira en torno a tres puntos principales: (1) inyectar liquidez en los mercados a través de un aumento de salarios públicos y privados y comenzar proyectos de construcción e infraestructura por medio del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción (CDR)8 y otras agencias gubernamentales; (2) activar los proyectos necesarios para obtener los fondos prometidos en la conferencia París III; y (3) alentar las inversiones y estimular al sector privado por medio de rebajas de impuestos y tarifas, así como por el establecimiento de tres zonas francas en diferentes regiones del país.

Sin embargo, este conjunto de medidas no logra componer un plan nacional integral como el que requiere un reto de esta magnitud. Los proyectos del Gobierno de inyectar liquidez en la economía ascienden al 10% del PIB, en consonancia con las medidas adoptadas por los países industrializados para afrontar la crisis9, pero el déficit presupuestario acumulado limita su capacidad de gastar. En consecuencia, tendrá que recurrir al préstamo, lo que aumentará la deuda pública y el servicio de la deuda.

Además, aunque los planes del Gobierno incluyen un aumento de salarios y la renuncia a las cargas por seguridad social como incentivo para nuevos inversionistas, estas medidas no demuestran su voluntad de desempeñar un papel en la estimulación de la economía. El aumento simplemente elimina un congelamiento de salarios que duró más de una década. El plan también confía en una caída de los precios del petróleo, que conllevaría una reducción de costos en la producción de electricidad y el transporte público. Además, la renuncia a las cargas de seguridad social va en desmedro de los derechos de los trabajadores a la protección social, especialmente porque el déficit presupuestario del Fondo Nacional de Seguridad Social amenaza su capacidad de cumplir con las necesidades de los beneficiarios. La inyección de liquidez, el aumento de la deuda pública y la disminución de las remesas producirán una mayor presión en la economía y en las finanzas públicas10

Además, aunque el Gobierno confía en la agenda de París III como base de su plan de trabajo, en principio ésta se formuló como una serie de medidas para reducir, por una parte, la deuda mediante la contención de gastos y el aumento de ingresos y, por otra, el servicio de la deuda a través de la privatización de los sectores de telecomunicaciones y energía. A fin de aumentar los ingresos, el plan procura incrementar el IVA y los impuestos a otros productos de consumo. En el plano de los servicios básicos, París III fue la primera de las conferencias de los “Amigos de Líbano” para abordar los aspectos sociales; sin embargo, las soluciones propuestas se reducen a unos pocos programas basados en redes de protección social y no en una estrategia nacional para el desarrollo social. Vale la pena destacar que París III mencionó de hecho la necesidad de reformas administrativas en la administración pública y ministerios.

Tanto el Primer Ministro como el ministro de Hacienda han reconocido los impactos negativos que se esperan de la crisis mundial y la necesidad de proteger la economía nacional11. Sin embargo, como respuesta, repiten su compromiso de llevar a cabo la agenda de París III sin encarar revisión alguna o reconsiderar las medidas que ella promovió. Aunque en teoría la agenda estaba diseñada para asumir los desafíos financieros y económicos de Líbano, en la práctica acelera los procedimientos necesarios para que el país se afilie a la Organización Mundial del Comercio (OMC), especialmente cuando ésta está llegando a las etapas finales de la ronda bilateral y multilateral de negociaciones sobre servicios y productos agrícolas y no agrícolas.

El Gobierno deberá revaluar la agenda de París III, incluyendo el alcance de las medidas desregulatorias que emprende y las exigencias relativas a la OMC. Debería revisar y ampliar las consideraciones sociales de su plan y los mecanismos para apoyar la economía, invirtiendo en los sectores productivos y abordando el nivel de monopolización del mercado nacional que dificulta el surgimiento de nuevos empresarios y pequeñas y medianas empresas12

El papel de la sociedad civil

El Foro de Alto Nivel III sobre la Eficacia de la Ayuda, llevado a cabo en Accra en 2008, destacó el principio de “apropiación democrática”. Esto debería reflejarse en procesos de consulta nacionales que incluyan a representantes de la sociedad civil en la formulación de estrategias nacionales y en la definición de prioridades para encarar los desafíos económicos y financieros y las necesidades sociales del país.

A su vez, la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar en Doha en noviembre de 2008 resaltó la necesidad de los aportes de la sociedad civil en la formulación y adopción de políticas nacionales para el desarrollo económico y social. Subrayó, además, el importante vínculo entre democracia, desarrollo social y participación activa de la sociedad civil. También concluyó que los países en desarrollo serían especialmente vulnerables a la crisis mundial si no revalúan sus políticas actuales, establecen objetivos y desarrollan una acción colectiva y responsable para alcanzarlos.

Las organizaciones de sociedad civil (OSC) desempeñan un papel importante en la formulación de estrategias de desarrollo sensatas que responden a las prioridades y los derechos de las comunidades locales. Su trabajo de activismo brinda valor agregado al proceso de adopción de políticas económicas, financieras y sociales adecuadas y al monitoreo de su impacto. Las OSC actúan en favor de leyes que protejan los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Su lucha constante por monitorear, por ejemplo, la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención sobre los Derechos del Niño, ha sabido de éxitos. Además, y entre muchos otros ejemplos exitosos, las OSC han hecho importantes aportes a la reforma de leyes electorales parlamentarias y municipales y en la formulación de muchas leyes anticorrupción.

En Líbano, los mecanismos de consulta para la formulación de políticas entre el Gobierno y OSC no son eficaces. Sin embargo, las OSC son buenos socios  para la prestación de servicios sociales, ya sea en forma particular, brindando servicios a través de centros diseminados por todo el país, o en asociación con instituciones del sector público. Por el contrario, en cuanto a las actividades de cabildeo para lograr reformas económicas y financieras, las OSC no son muy activas, principalmente debido a su inexperiencia en este campo. Ya que esto se está convirtiendo en un proceso muy importante, las OSC deben involucrarse más y desarrollar estrategias y objetivos claros para una labor de activismo exitosa.

En un momento en que lograr los desafíos requiere de la convergencia de esfuerzos para establecer alianzas nacionales y regionales, algunas OSC han intentado comenzar un diálogo sobre la crisis, sus causas y consecuencias y las formas de abordarla. No obstante, el Gobierno persiste en ignorar estos esfuerzos y en tomar decisiones sin realizar consultas efectivas con los diferentes actores de la sociedad.

1 Ministerio de Hacienda. Debt And Debt Markets, 7, Cuarto trimestre, 2008.

2 París III es la tercera de las “Conferencias de Amigos del Líbano para la Inversión y el Financiamiento”, que se llevaron a cabo en París en febrero de 2001, noviembre de 2002 y enero de 2007. La última se celebró algunos meses después de la guerra de Israel contra el Líbano en 2006; su programa se articuló en torno a tres objetivos principales: (1) dar respuesta a los resultados de la guerra israelí en cuanto a rehabilitación y reconstrucción, (2) responder a la crisis económica y financiera que estaba enfrentando el Líbano, (3) adoptar el Plan de Acción Social presentado por el Gobierno libanés. ANND analizó el documento de París III en el informe nacional incluido en Social Watch 2007.

3 Hamdan, K. (2008). “Primary Reading in the Implications of the Financial and Economic Crisis”. Al-Safir, N° 11146, 10 de noviembre.

4 Laithy, H., Abu-Ismail, K. y Hamdan, K. (2008). Poverty Growth and Income Distribution in Lebanon. IPC Country Study N° 13. Brasilia: International Poverty Centre (IPC) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

5 Más recientemente, en su discurso de apertura ante el 17° Foro Económico Árabe celebrado en Beirut del 2 al 3 de abril de 2009, el Primer Ministro Fouad Siniora subrayó la ausencia de alternativas a la economía de mercado.

6 Gemayel fue asesinado en Beirut, en noviembre de 2006.

7 Ver: <www.industry.gov.lb>.

8 El CDR es una estructura autónoma responsable por la planificación e implementación de grandes proyectos de infraestructura en todo el país. Funciona bajo supervisión directa del Primer Ministro.

9 Iskandar, M. “Mr. Prime Minister, Your Plan 2009–2010 is Not Convincing”. Al-Nahar, N° 23612, 15 de febrero de 2009.

10 El Ministerio de Hacienda estima que el costo de esta política significará un aumento de la deuda pública de USD 4.000 millones.

11 El primer ministro actual fue ministro de Hacienda en 1992-1998 y 2000-2004. El ministro de Hacienda actual trabajó en el FMI antes de convertirse en el asesor principal del Primer Ministro en 2005; asumió su cargo en junio de 2008.

12 Hamdan, K. “Primary Reading in the Implications of the Financial and Economic Crisis”. Al-Safir, N° 11146, 10 de noviembre de 2008.

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MARRUECOS

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2009
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La fuerte dependencia de Marruecos respecto a la economía mundial lo ha vuelto vulnerable a la crisis. La caída en la demanda de las exportaciones marroquíes, la fuerte disminución en el monto de las remesas y un severo proceso inflacionario son algunos de los efectos más notorios de la crisis. El escaso éxito de las políticas “anticrisis” impulsadas por el Gobierno agrava la situación e incrementa la inestabilidad social. Desde los gremios y la sociedad civil, surgen nuevas propuestas para crear las condiciones para un modelo económico y social más justo.

MARRUECOS

Impactos directos, respuestas débiles

Espace Associatif1

La fuerte dependencia de Marruecos respecto a la economía mundial lo ha vuelto vulnerable a la crisis. La caída en la demanda de las exportaciones marroquíes, la fuerte disminución en el monto de las remesas y un severo proceso inflacionario son algunos de los efectos más notorios de la crisis. El escaso éxito de las políticas “anticrisis” impulsadas por el Gobierno agrava la situación e incrementa la inestabilidad social. Desde los gremios y la sociedad civil, surgen nuevas propuestas para crear las condiciones para un modelo económico y social más justo.

Si bien el impacto de la crisis sistémica es evidente a nivel económico, esto no debe ocultar el costo social y humano, que podría llegar a ser elevado, si bien resulta difícil de evaluar por al menos dos razones: la primera es que los efectos negativos de la crisis mundial sobre la economía marroquí apenas están en sus comienzos y corren el riesgo de intensificarse en el futuro próximo, con consecuencias sociales cada vez más importantes. La segunda reside en el que, de momento, no hay datos oficiales fiables, desagregados y disponibles sobre los impactos sociales.

La cara social de la crisis

El impacto social va a hacerse sentir a través de varios canales de transmisión de carácter macroeconómico. De acuerdo a las previsiones de crecimiento económico para el año 2009, las actividades no agrícolas van a registrar una neta disminución (3,9% en 2009 contra un 5% en 2008 según el Alto Comisariato de Planificación (ACP), a raíz de la recesión mundial que bajará la demanda mundial de productos marroquíes en un 1,2% en 2009, después de haber crecido un 2% en 2008. Las exportaciones bajaron un 31,8% en enero-febrero de 2009, en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el costo de las importaciones retrocedió un 15,7% como consecuencia de la baja de los precios de las materias primas durante los últimos meses. Los ingresos turísticos y las inversiones extranjeras retrocedieron respectivamente un 25,5% y un 71,9% entre enero-febrero de 2008 y el mismo período de 2009.

El impacto en el empleo ya se hace sentir. Por ejemplo, desde hace algunos meses se asiste en la industria textil y de confección al despido de millares de obreros – en particular mujeres –, así como a importantes reducciones en el horario de trabajo. Del mismo modo, varias empresas comienzan a considerar reducciones salariales, de promoción de su personal y de las primas por capacitación, así como el recorte de los presupuestos de formación. Otros abandonan los proyectos de contratación y/o privilegian los contratos de empleos de duración limitada.

Otra importante vía de transmisión de la crisis a los hogares pobres es la de las remesas enviadas por marroquíes residentes en el extranjero (MRE), que en 2008 representaban más del 8% del PIB de Marruecos. Según algunos estudios, estas transferencias contribuyeron a hacer retroceder el porcentaje de pobreza en 4,2 puntos porcentuales, reduciéndolo, de 23% a finales de los años 1990, a 19% en la actualidad. Ahora bien, los envíos del MRE cayeron alrededor de un 15%, pasando de MAD 8.200 millones (unos USD 1.020 millones) en enero-febrero de 2008, a un poco más de MAD 7.000 millones (USD 870 millones) para el mismo período del año 2009. Debería entonces esperarse una reducción importante de las fuentes de ingresos y del poder adquisitivo de las familias de los emigrantes marroquíes, que pertenecen, en su mayoría, a las capas más pobres de la población. El impacto negativo de la reducción de las transferencias de MRE corre el riesgo de hacerse sentir también en el sector inmobiliario que emplea a millares de marroquíes en numerosas regiones del país, en particular en la parte Oriental2.

Por otra parte, la crisis debería traducirse en un aumento del desempleo entre algunos MRE, que corren el riesgo por lo tanto de caer en la pobreza. En España, por ejemplo, dónde la primera comunidad extranjera, fuera de las de los países de la UE, es la marroquí, la tasa de desempleo es de más de 21% entre MRE contra un 14% entre los españoles. Debe esperarse, además, un aumento de la violencia y los actos racistas y xenófobos contra extranjeros de origen magrebí en varios países de Europa.

El tercer vector de debilitamiento de los estratos sociales vulnerables de la población es la inflación, cuya tasa ha aumentado severamente durante los dos últimos años, pasando de un nivel promedio inferior al 2% durante el período 1996-2007 al 3,9% en 2008. De todos modos, esta tasa oculta la amplitud del alza de los productos de primera necesidad durante los dos últimos años (ver cuadro). El impacto de estas alzas será más perjudicial para los estratos sociales desfavorecidos, entre quienes los productos alimenticios básicos (tales como, entre otros, cereales, azúcar y aceite de mesa) representan más del 50% del presupuesto familiar3.

Por consiguiente, la pérdida de poder adquisitivo habrá de traducirse en una reducción de la calidad y cantidad de los alimentos consumidos y/o en el sacrificio de otros tipos de gasto (en educación, salud y transporte, por ejemplo). Los niños, las embarazadas y las madres de lactantes corren especial riesgo de verse afectados. Por otra parte, se corre el riesgo de que persista el problema crónico de desnutrición debido a la falta de micronutrientes – como vitaminas y sustancias minerales – que padece cerca de un tercio de la población, especialmente los niños menores de 3 años y las mujeres.

Crisis energética y medioambiental

La crisis energética incrementó las dificultades en la vida diaria de las capas desfavorecidas, e incluso de las medias, en particular por el aumento de las tarifas de agua, electricidad y saneamiento, así como por el alza en el precio de los transportes públicos: éstos representan cerca de un 15% del Salario Mínimo Interprofesional Garantizado.

La crisis medioambiental, causada por la presión demográfica y un modelo de desarrollo orientado hacia el crecimiento y la urbanización, amenaza agotar los recursos así como degradar los medios de vida y condiciones higiénicas. Un buen ejemplo de estos peligros fueron las recientes inundaciones, diluvios y caídas de nieve que últimamente han afectado varias regiones del país, matando a más de cuarenta personas y exponiendo a millares a la indigencia total y a la pobreza.

En conclusión, el impacto de la crisis multilateral del capitalismo neoliberal pone en riesgo la realización de los derechos económicos y sociales, en particular, el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud y al acceso al agua, así como el derecho a la movilidad. Por otra parte, nuevas franjas de la población corren riesgo de caer en estado de pobreza. Es decir que la realización en Marruecos de los Objetivos del Milenio puede verse fuertemente comprometida en caso de que la crisis actual persista y empeore.

Las medidas del Gobierno en respuesta a la crisis

Para hacer frente a la crisis, el Gobierno ha tomado medidas para ayudar a algunos sectores especialmente expuestos, como el textil y el de la vestimenta, el cuero y los equipamientos de automóviles. Este plan anticrisis se desarrolla en tres dimensiones:

  • En la social, el Estado asume el 100% de las cotizaciones patronales a la Caja Nacional de Seguridad Social, contra el compromiso de las empresas exportadoras beneficiarias de comprometerse a mantener su personal;
  • en la financiera, se instaura un mecanismo de garantía, por la Caja Central de Garantía en favor de las empresas exportadoras, del acceso al crédito de explotación y aplazamiento de los vencimientos de 2009 para los créditos de inversión, y
  • en la comercial, el Estado asume el 80% de los gastos de las misiones comerciales o de diversificación de mercados.

A nivel social, y para limitar el impacto negativo del alza mundial de los precios de los productos básicos en la población, el Gobierno tomó las siguientes medidas: aumentó la dotación de la Caja de Compensación destinada a los productos subvencionados, suspendió provisoriamente los impuestos sobre las importaciones de trigo, y aumentó levemente el salario horario mínimo.

De la dimensión social del plan anticrisis se favorecieron los exportadores de sector textil y de la vestimenta, sin que eso evitara reducciones salariales de los trabajadores o de su carga horaria. Por el contrario, las medidas financieras y comerciales tuvieron muy escaso efecto a causa de la reticencia de los bancos y del bajo dinamismo de las empresas exportadoras. Los despidos y restricciones de las condiciones de trabajo afectan por otra parte a varios sectores que apenas están cubiertos en dicho plan (entre otros, el turismo, la agricultura orientada a la exportación y la construcción). Las supuestas medidas de carácter social apenas impidieron el alza de los precios de los productos de primera necesidad, la mayoría de ellos liberalizados, mientras que el aumento del salario mínimo apenas compensó el alza del costo de vida. De ahí una neta pérdida del poder adquisitivo para millares de trabajadores y trabajadoras. Se podría concluir que el Gobierno continúa estando más motivado a proteger el capital que a defender os derechos económicos y sociales de los estratos sociales desfavorecidos.

Reacciones desde la sociedad civil

En estas condiciones, no llama la atención que se asista a un recrudecimiento de las luchas sindicales y sociales. Estas últimas son conducidas por los sindicatos, por algunas asociaciones de la sociedad civil, y por coaliciones de ambos grupos, a los cuales se suman miembros de partidos políticos de izquierda, etc. La renovada combatividad de los sindicatos se explica por el deterioro de los derechos económicos y sociales y por el fracaso del diálogo social a raíz de la negativa del Gobierno de satisfacer los reclamos sindicales de revalorización de los salarios y subsidios familiares, de las promociones en la función pública, del cumplimiento de las libertades sindicales y del derecho a la huelga y al desarrollo a la protección social.

Hasta ahora, se han tomado diversas acciones colectivas, en particular, huelgas sectoriales (educación, salud, colectividades locales, etc.) así como una huelga general. Entre otros movimientos sociales especialmente dinámicos, conviene citar las distintas luchas impulsadas por las “Coordinadoras contra la carestía de vida”, así como por las “Asociaciones Nacionales de profesionales desempleados”. Se desplegaron varias estrategias de acción colectiva: sentadas, marchas populares espontáneas, días de movilización nacional contra la pobreza, etc. Las reivindicaciones se refieren al cese del alza de los precios, el mantenimiento de la Caja de Compensación, la aplicación de la escala móvil de los salarios, a la puesta a nivel de los servicios públicos y al cese de las privatizaciones de los controles de distribución de agua y electricidad, al derecho a trabajar en la función pública. El Gobierno ha reprimido algunas manifestaciones con mano dura, tal como ocurrió en las de las ciudades de Sefrou y Sidi Ifni. Sin embargo un cierto ahogo comienza a marcar la acción de estos movimientos, así como disensiones internas, escasas acciones de proximidad frente a las poblaciones vulnerables y ausencia de perspectivas políticas.

Esto no significa que no estén surgiendo propuestas alternativas para hacer frente a la crisis y promover los derechos económicos y sociales de las clases sociales desfavorecidas. A partir del principio de que son los Estados quienes garantizan los derechos económicos y sociales, los movimientos sociales proponen la creación de una caja de seguro contra el desempleo, la defensa y democratización del servicio público, la lucha contra los monopolios y las rentas de situación, la instauración de una renta mínima garantizada, la creación de células de control del impacto social de la crisis destinadas a abastecer a la sociedad civil de datos e información con el fin de sensibilizar a la opinión pública y de movilizar a las poblaciones vulnerables. A largo plazo, se trata de rehabilitar el papel central del Estado democrático en la promoción de los derechos económicos y sociales, a través de la creación de una relación de fuerzas ciudadana en favor de un nuevo modelo económico y social basado en la justicia social, la prioridad de la satisfacción de las necesidades básicas, la soberanía alimentaria, la economía social, la protección del medio ambiente y la diversidad cultural.

1 Participantes en este informe: Asociaciones, sindicatos, investigadores y representantes de los movimientos sociales y de Espace Associatif. La  dirección  de  la redacción fue llevada adelante por Said Saadi (universitario y actor asociacionista).

2 Bourchachen, J. “Apports des transferts des résidents à l’étranger à la réduction de la pauvreté: cas du Maroc”, SessionI-Pa 5c, Montreux, Septiembre de 2000.

3 HCP. Journée africaine de la statistique on “Défis de la hausse des prix des denrées alimentaires”. Rabat, 2009.

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Region: 
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MOLDOVA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Moldova está viviendo tiempos turbulentos. Antes de las elecciones de abril, el gobernante Partido Comunista minimizó los efectos de la crisis financiera, aunque los expertos habían declarado que los países para los cuales las remesas constituyen un tercio del PIB, como Moldova, serían los más vulnerables. Una vez concluidas las elecciones, sin embargo, el Gobierno comenzó a referirse a la crisis como una “catástrofe”. Aun así, las medidas que promueve en respuesta no dan en el clavo.

Hay crisis, después de todo

Partnership for Development Center
Diana Mocanu

Moldova está viviendo tiempos turbulentos. Antes de las elecciones de abril, el gobernante Partido Comunista minimizó los efectos de la crisis financiera, aunque los expertos habían declarado que los países para los cuales las remesas constituyen un tercio del PIB, como Moldova, serían los más vulnerables. Una vez concluidas las elecciones, sin embargo, el Gobierno comenzó a referirse a la crisis como una “catástrofe”. Aun así, las medidas que promueve en respuesta no dan en el clavo.

Actualmente, Moldova está viviendo tiempos políticos tempestuosos. En abril de 2009, cuando el gobernante Partido Comunista de la República de Moldova (PCRM) ganó las elecciones parlamentarias, miles de manifestantes tomaron las calles alegando fraude, se enfrentaron con la policía y saquearon el Parlamento. El Gobierno afirmó que la disputa de los resultados electorales era un intento de golpe encubierto, organizado con la participación de Rumania. Más tarde, después de las elecciones presidenciales de junio, el presidente y líder del PCRM, Vladimir Voronin, públicamente “terminó la asociación política” con la oposición.

Una nueva realidad política

El hecho de que la crisis política se superpusiera con la crisis económica y financiera aumentó la brecha entre el Gobierno y la oposición, en tanto ambos negaron cualquier responsabilidad y se culparon mutuamente. Nuevas elecciones parlamentarias del 29 de julio dieron como resultado un parlamento en el cual ningún partido tiene mayoría, mucho menos los 61 escaños necesarios para elegir a un nuevo presidente. Los cuatro principales grupos opositores combinados obtuvieron 53 escaños. Esto no alcanza para elegir a un nuevo presidente de su preferencia, aunque los líderes anunciaron su voluntad de forjar una alianza para desplazar a los comunistas.

El acuerdo de Transnistria también vuelve a estar sobre el tapete. Esto se debe a la estrategia preelectoral del presidente Voronin, quien firmó la Declaración de Barvikha, considerada por la oposición como una capitulación frente a los intereses rusos1. Como resultado de la declaración, la presencia militar rusa podría terminar por ser legalizada, el país podría volverse una confederación o Moldova podría perder Transnistria. La oposición teme que quede poco de soberanía, independencia e integridad territorial en Moldova y siente que tiene el derecho de discrepar con el precio que el líder del PCRM pagó por el apoyo de Rusia – con el objetivo de eliminar de la carrera electoral a otros contendientes que intentaban atraer al electorado de habla rusa.

Al mismo tiempo, la posición internacional de Moldova se ha deteriorado y su solicitud de afiliación a la Unión Europea peligra. Se apeló muy fuertemente a la retórica para definir a las elecciones de abril como una “prueba” para la democracia moldava, así como para garantizar el progreso hacia la integración en la UE (más de la mitad del comercio de Moldova es con la UE, grandes cantidades de moldavos trabajan en la UE y más del 70% de la población está de acuerdo con la integración europea). Sin embargo, el resultado preliminar de la “prueba” ha sido el abuso de los recursos administrativos, el acoso constante de la oposición – que conduce a protestas y revueltas – y la violación flagrante de los derechos humanos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

La sociedad moldava está profundamente dividida y radicalizada, no solo debido a la forma en que se llevó a cabo la campaña electoral, sino más bien al comportamiento de las fuerzas de seguridad en el período postelectoral. Sólo será posible recobrar la estabilidad política si hay una investigación exhaustiva de los acontecimientos de abril.

Crisis y oportunidades

Aunque antes de las elecciones de abril de 2009 el Gobierno negó vehementemente que la crisis afectaría al país e intentó mantener artificialmente la situación económica, el Banco Mundial no fue tan optimista e incluyó a Moldova entre los países en desarrollo con nivel más alto de vulnerabilidad2. Después de las elecciones, sin embargo, el presidente Voronin declaró, en una reunión con empresarios, miembros del Gobierno interino, parlamentarios y políticos, que “la crisis es un fuego, una catástrofe”. Los funcionarios gubernamentales explicaron que se minimizó la importancia de la crisis, antes de las elecciones, con la intención de “no crear pánico”.

De hecho, a pesar de que en 2008 el crecimiento económico fue impresionante (7,2%), la segunda ronda de efectos de la crisis financiera mundial golpeó al país severamente. Las consecuencias iniciales ya eran visibles en el último trimestre de 2008 y recibieron confirmación por los indicadores estadísticos del primer trimestre de 20093. Según la primera ministro Zinaida Greceanii, los efectos se deben sobre todo al declive de las exportaciones e importaciones, la reducción de la producción y a la disminución de las remesas. En esta situación, sólo una política pensada para asegurar y conservar la estabilidad económica permitirá que Moldova pueda hacer frente a la crisis.

La primera ministro Greceanii subrayó que las inversiones en infraestructura deben venir tanto de recursos presupuestarios como del exterior. A tal efecto, citó un proyecto de inversión checo que se implementará en el norte del país, que aporta EUR 600 millones para la construcción de una central eléctrica. Según la primera ministro, la reforma de liberalización económica (legalización del capital, amnistía fiscal, el impuesto por los ingresos reinvertidos, así como las estrictas políticas bancarias que se han promovido últimamente) ayudará también a asegurar la estabilidad macroeconómica de Moldova y a disminuir el efecto de la crisis.

El ministro de Hacienda ha dicho que el sistema financiero moldavo es muy sólido y que durante el año pasado la capitalización de los bancos aumentó 26,8%, los activos en 22,3% y los portafolios de créditos en 19,4%. Por consiguiente, la liquidez actual del sistema bancario es de aproximadamente 30%, considerablemente más que las exigencias de la limitación de riesgos (de al menos 20%).4

Sin embargo, la Asociación para la Democracia Participativa anunció que, debido a la crisis económica, muchos bancos nacionales han dejado de conceder créditos individuales para consumo personal e hipotecas e inclusive a compañías, ya que éstas, particularmente en el sector de la construcción, no pueden devolver los préstamos. Por otra parte, debido a la posible depreciación de la moneda nacional, el leu, frente a las principales divisas de referencia, los ciudadanos no se han atropellado para solicitar créditos.

La mayor parte de la liquidez de los bancos se debe a las remesas de los moldavos que trabajan en el exterior. Podría ser que, al disminuir las transferencias, los bancos tengan menos dinero en sus portafolios. Los datos del Banco Nacional de Moldova muestran que, en abril de 2009, las reservas monetarias constituyeron USD 1.086 millones, habiendo disminuido en casi USD 586 millones (35%) comparadas con diciembre de 2008. Esta reducción se debió a intervenciones en el mercado monetario bajo la forma de ventas y a pagos hechos a cuenta de la deuda externa del país, entre otros pagos externos, así como la reducción del tipo de cambio de divisas componentes de las reservas monetarias con relación al dólar estadounidense. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, predice que si las remesas y las exportaciones siguen disminuyendo, las reservas monetarias del país podrían caer USD 1.300 millones, lo que en la práctica significa que el país se quedaría sin reservas monetarias.

Por otra parte, según la Academia de Ciencias de Moldova (ACM), la crisis mundial podría tener efectos positivos para el país5. Aunque las remesas y las importaciones se reduzcan, esto “estimulará la verdadera economía a fin de llenar el vacío de productos en el mercado interno”. También se considera que la depreciación del leu tiene algunos efectos positivos, como por ejemplo el aumento de las exportaciones. La necesidad de ser competitivos, afirma el informe de la ACM, podría conducir a una mejora en la calidad de los bienes para equipararse con los estándares europeos6.

Un país dependiente de las remesas

En la opinión de los economistas del Banco Mundial, los países para los cuales las remesas de dinero constituyen un tercio del PIB son los más vulnerables a la crisis económica. Entre estos países están Moldova y Tayikistán – en los cuales las remesas de dinero constituyen 35% y 45% del PIB, respectivamente – y también Armenia y Kirguistán. En 2008, los emigrantes moldavos enviaron USD 1.660 millones sólo por canales oficiales – sobre todo desde Italia y Rusia. Una investigación reciente de la Organización Internacional para las Migraciones confirmó que más de 35% de la población moldava vive en hogares que reciben remesas7.

Una encuesta realizada en Moldova por CBS-AXA reveló que el 20% de los beneficiarios de remesas en 2008 no recibe ahora dinero del extranjero y el 45% informó que recibe menos o mucho menos que el año anterior8. Sin embargo, al contrario de muchas suposiciones y preocupaciones, no hay pruebas de una vuelta masiva de migrantes debido a la crisis económica, aunque el número de los que volvieron temporalmente en 2008 se duplicó (de 4,9% a 9,1%) y el 8% de ellos declaró que volvían para quedarse. Especialmente interesante es que la razón principal mencionada para el regreso fue la familia, mientras que la pérdida del trabajo y la falta de oportunidades económicas interesantes eran sólo motivaciones secundarias.

La respuesta del Gobierno

La prioridad del Gobierno es el pago de los salarios, pensiones, becas y subsidios sociales9. Para asegurar la estabilidad económica de Moldova y atraer nuevas inversiones extranjeras se lanzarán e implementarán nuevos programas pensados para apoyar la creación de nuevas empresas y proyectos de infraestructura. Entre las medidas incluidas en el plan contra la crisis (o anti-catástrofe) anunciado por el presidente Voronin se encuentran: mantener la  “cuota cero” de impuesto a la renta corporativa durante los próximos cuatro años, con el objetivo de sostener a los agentes económicos en el contexto de la crisis mundial; introducir una tasa fija para los ingresos de las personas físicas (por ejemplo, 15%) y aumentar el monto de los ingresos no imponibles; reducir la contribución al presupuesto social en 5%; aumentar el IVA de 20% a 22% para garantizar el Fondo Social y reducir los gastos presupuestarios a un mínimo de 20%.

El plan contra la crisis abarca aproximadamente 40 modificaciones a documentos legislativos. El Parlamento examinará el plan después de que se apruebe la nueva composición del Gobierno. Según el viceprimer ministro interino, ninguna de estas medidas dará ingresos adicionales al presupuesto; en cambio, indicarán a los empleadores que hagan públicos los salarios reales.

Defectos del plan del Gobierno

Ión Sturza, quien fuera primer ministro en 1999, ha declarado que las reformas fiscales no son relevantes para la economía moldava y da la impresión de que los nuevos privilegios se ofrecen a cambio de apoyo. En su opinión, las propuestas confirman el hecho de que las reformas anteriores no fueron eficientes ni produjeron los resultados esperados.

Por otra parte, los economistas dicen que la reducción de 5% de la contribución social llega demasiado tarde porque amenaza con la descapitalización de los fondos sociales y pone en riesgo la capacidad del Gobierno de pagar las pensiones. Además, el aumento del IVA de 20% a 22% dificultará el consumo futuro y reducirá las exportaciones. Ya que la economía nacional está basada en el consumo, habría sido mejor bajar el IVA. Si estas medidas son todo el “paquete contra la crisis”, entonces el Gobierno sólo está procurando acumular nuevos medios financieros en el presupuesto.

1 El 18 de marzo, el presidente Vladímir Voronin, el presidente ruso Dmitry Medvedev y el “presidente” instalado por Rusia en Transnistria, Igor Smirnov, firmaron una declaración conjunta redactada en ruso que declara: “tomando nota del papel estabilizador de la operación de paz existente, las partes consideran que sería recomendable transformarla en una operación de mantenimiento de la paz bajo el patrocinio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para [alcanzar] el resultado de un acuerdo sobre Transnistria”.

2 Organización Mundial del Comercio (2009). “The World Bank has Included Moldova among the Developing Countries with the Highest Level of Vulnerability to the World Crisis”, 10 de abril. Disponible en: <moldovainomc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103:world-bank-has-included-moldova-among-the-developing-countries-with-the-highest-level-of-vulnerability-to-the-world-crisis&catid=1:latest-news&Itemid=50>.

3 Ver: <www.expert-grup.org/?go=biblioteca&n=110>.

4 El primer –y hasta ahora el único- banco en anunciar bancarrota fue el Investprivatbank, en junio de 2009.

5 Frunza, V (2009). “All Bad is for Good: World Crisis Might Have Positive Effects for the Republic of Moldova”. 28 de abril. Disponible en: <moldovainomc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111:all-bad-is-for-good-world-crisis-might-have-positive-effects-for-the-republic-of-moldova&catid=1:latest-news&Itemid=50>.

6 Ibid.

7 Ver: <www.iom.md/materials/studies_reports/2009_05_11_moldova_country_profile.pdf>.

8 Ver: <www.azi.md/en/story/3271>.

9 Ver: <www.businessexpert.md/index.php?r=5&s=1642>.

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MOZAMBIQUE

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2009
Summary: 
Las exportaciones y, probablemente, también la industria turística del país se verán reducidas a consecuencia de la crisis mundial. La seguridad alimentaria y el desarrollo rural peligran por falta de inversiones directas y por el incentivo a los cultivos que sirven de materia prima a los biocombustibles. El gobierno del Frelimo no mantiene un diálogo constante y participativo con los ciudadanos, lo que vuelve casi imposible que, a corto o mediano plazo, se alcancen progresos en lo relativo a desarrollo humano. El fortalecimiento de la democracia y una administración pública más transparente y justa siguen figurando entre los principales desafíos.

Sin diálogo no hay desarrollo humano

Custódio Duma1
Social Watch Mozambique

Las exportaciones y, probablemente, también la industria turística del país se verán reducidas a consecuencia de la crisis mundial. La seguridad alimentaria y el desarrollo rural peligran por falta de inversiones directas y por el incentivo a los cultivos que sirven de materia prima a los biocombustibles. El gobierno del Frelimo no mantiene un diálogo constante y participativo con los ciudadanos, lo que vuelve casi imposible que, a corto o mediano plazo, se alcancen progresos en lo relativo a desarrollo humano. El fortalecimiento de la democracia y una administración pública más transparente y justa siguen figurando entre los principales desafíos.

El Gobierno de Mozambique afirma que la crisis financiera global no afectará la economía nacional. Atento a esto adoptó una política de seguimiento del sector económico y de supervisión directa a los bancos comerciales, además de prestar especial atención a las áreas que puedan resistir a la crisis, como los proyectos de producción de energía y de gas. El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo y Planificación, anuncia además que el país precisa USD 120 millones para financiar la balanza de pagos en 2009, lo que serviría para garantizar la estabilidad de los indicadores macroeconómicos.

Sin embargo, el Banco Internacional de Mozambique, Millennium Bim, ha publicado un informe en el cual prevé que la economía nacional decrecerá en razón de que tanto el grupo de países que contribuyen a financiar el Presupuesto General del Estado, conocido como G-19, así como los que realizan inversiones directas externas tendrán un crecimiento económico negativo. Concretamente, se espera que la caída en el precio del aluminio, el tabaco, el azúcar, el té, la castaña de cajú y las gambas afecte el volumen de las exportaciones, lo que debilitará ciertas actividades que promovían el crecimiento económico y disminuirá los niveles de promoción del turismo internacional.

Creciente desigualdad

Según datos oficiales, entre 2000 y 2007 el país registró un promedio de crecimiento anual del PIB siempre superior al 8,5%, que mostró un estancamiento en 2008, llegando ese año a 6,2%, y se prevé un crecimiento cercano al 4% para el año 2009. Sin embargo, la evolución del país en lo que refiere a nivel de desarrollo humano y al proceso de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos está aún plagada de contradicciones. Hay una evolución positiva del PIB (medido en términos porcentuales), mientras que el costo de vida aumenta progresivamente y los ingresos reales de los ciudadanos, como consecuencia, se ven reducidos y las desigualdades sociales son cada vez más visibles. El informe del PNUD coloca a Mozambique en la posición 172, en una lista de 177 países ordenados según su nivel de desarrollo humano.2

En cuanto a los Objetivos Milenio, Naciones Unidas reconoce avances en lo relativo a tres de ellos, pobreza, mortalidad infantil y salud materna. Sin embargo, pese a que los índices de pobreza se han reducido casi un 4% entre 2000 y 2007, más de la mitad de la población sigue siendo pobre. Hay, por otra parte, disparidades entre las regiones norte, centro y sur del país. En el sur, donde se encuentra la capital, Maputo, la pobreza comienza a agudizarse al alejarse de esta gran ciudad en dirección al norte, y lo mismo sucede al salir de las ciudades hacia el campo. El censo de población de 2007 muestra que cerca del 70% de la población mozambiqueña aún reside en el campo y más del 50% son pobladores de las zonas centro y norte del país3. En las principales ciudades del país, numerosas familias y grupos de jóvenes habitan a cielo abierto, en los espacios públicos y calles, o en casas en ruinas y basurales. La tasa de desempleo afecta entre el 30% y el 35% de la población económicamente activa. Una organización juvenil afirma que el número de trabajadoras sexuales, de edades que oscilan entre los 14 y 25 años, se ha incrementado en los últimos cinco años.

El drástico incremento en el costo de vida desencadenó una revuelta popular, protagonizada principalmente por mujeres y niños en edad escolar, en Maputo, en febrero de 2008. Luego se extendió a la provincia de Gaza y al pueblo de Manica y paralizó por dos días a los principales servicios públicos. El Estado logró evitar que el conflicto tuviera consecuencias graves al reducir el precio de los combustibles y pasar a subsidiar a las empresas de transporte.

No hay transparencia

Mozambique se prepara para sus cuartas elecciones multipartidarias y el Gobierno, electo en 2004, busca la reelección de Armando Guebuza. En 2004, Guebuza recurrió al combate a la pobreza como caballo de batalla, aunándolo con la crítica a la permisividad y el desinterés, considerados la causa de muchos otros males, tales como la corrupción, la falta de transparencia en la administración pública y el mal funcionamiento de los servicios públicos. En sus discursos, afirmó que las causas de la pobreza se encuentran en la mentalidad de la población, que no es emprendedora y no realiza esfuerzos. Incluso culpó al colonialismo, que habría inculcado un complejo de inferioridad en el pueblo, el cual por lo tanto halla dificultades para la autoliberación en la actualidad, ya que la clave para la misma se encuentra en la elevación de la autoestima.

El discurso que enfatiza la autoestima y el espíritu de emprendimiento se expande y es repetido por toda la clase dirigente. En tanto, los servicios públicos, tales como el transporte seguro y de calidad, la educación, la atención a tiempo de la salud y la seguridad pública, entre otros, siguen siendo escasos e inaccesibles para la mayor parte de la población.

El enriquecimiento desenfrenado de individuos cercanos al poder, o al partido en el poder, no deja de preocupar a los ciudadanos y al cuerpo diplomático acreditado en el país. Una minoría privilegiada ostenta un grado de riqueza importante, ante los ojos de una mayoría gravemente empobrecida y excluida. Por ejemplo, organizaciones de combate a la corrupción, como el Centro de Integridad Pública, enfatizan la importancia de que el país cuente con una ley que regule las situaciones de conflicto de intereses, dado que el empresariado nacional coincide en su mayoría con la elite política. Un caso a destacar es el del propio presidente de la República, que posee acciones en decenas de empresas que operan en el país4.

Agro y hambre

Más de la mitad de la población sobrevive gracias a la agricultura de subsistencia. Sin embargo, se han realizado escasas inversiones en esta área. La agricultura recibe por año entre el 3% y 4% del Presupuesto General del Estado, una cifra tres o cuatro veces menor que el dinero destinado a los servicios de seguridad. En este sentido, el país incentivó la producción de jatrofa, una planta venenosa que es materia prima para la producción de biocombustibles, lo que tuvo como consecuencia que varios sectores de la población dejaran de lado la producción agrícola para dedicarse a este cultivo. Un ejemplo concreto es la población de Mogincual, que padeció hambruna en 2008, a causa de la baja productividad agrícola y la prioridad que se otorgó a la producción de jatrofa, cuyo mercado aún no se ha desarrollado en el país5. La elección de tierras altamente fértiles para la producción de jatrofa, básicamente en las provincias de Gaza, Manica, Solafa, Tete y Nampula, puede implicar una reducción de la producción familiar en los próximos años, lo que tendrá como consecuencia la agudización del hambre. Además, otros tipos de cultivos como la caña de azúcar, están siendo elegidos por las empresas especializadas.

Desafíos en educación y salud

En lo que refiere a la educación, el informe 2007 de UNICEF establece que hay más de un millón de niños fuera del sistema educativo y que un maestro en Mozambique atiende en promedio a 74 niños6. Para mejorar la educación, el cobro de todo tipo de matrícula debe ser abolido, al tiempo que deben ser incrementadas las inversiones en infraestructura y materiales escolares, el número de profesores y el acceso a la educación entre los jóvenes debe ser ampliado. Según enfatiza el informe de UNICEF, los significativos progresos en cuanto a la expansión de la enseñanza en el país no se han visto acompañados por mayores inversiones en el sector. Es sabido que cerca de la mitad de los maestros de educación primaria no cuentan con una formación profesional formal.

Los servicios nacionales de salud llegan solamente al 30% de la población. Más del 65% de los niños padecen de falta de vitamina A7. En 2008 el G-19 inyectó cerca de 308 millones de euros al presupuesto general, incluso luego de haber advertido de la necesidad de que el país reforzara su capacidad de garantizar la seguridad social, el acceso a la justicia y el combate a enfermedades como la malaria (todavía la enfermedad más mortífera en el país), el cólera y el VIH/SIDA. Los programas de prevención y combate a las enfermedades son sumamente endebles y se encuentran concentrados en las principales zonas urbanas, en perjuicio de las rurales.8 Otro problema es la falta de recursos humanos calificados para proveer adiestramiento en el sector y la necesidad de mayores recursos técnicos y financieros.

La situación del VIH/SIDA es muy seria. Se estima que contagia a 500 personas por día9 , y actualmente afecta a 16,2% de la población. Naciones Unidas afirma que su tasa de incidencia es 1,7 veces más alta entre mujeres que entre hombres10. Ciertas estimaciones indican que el VIH/SIDA reducirá el crecimiento económico per cápita del país entre 0,1 y 0,3% cada año. Se espera, además, que la expectativa de vida caiga, de 37,1 años en 2006, a 35,9 años en 201011.

Otros desafíos

Los países del G-19 le han pedido al Gobierno que fortalezca su capacidad de garantizar la seguridad social y mejore el acceso a la justicia. También han expresado preocupación por el exceso de burocracia y por la falta de ímpetu en el combate contra la pobreza en general, el escaso progreso en el combate a la corrupción, siendo que ésta ha sido identificada como la causa de tantos otros males que frenan el desarrollo del país.

Para atacar la desigualdad en la distribución de ingresos, el Gobierno creó un fondo conocido como “Siete millones de meticales” (alrededor de USD 264.000), para estimular los distritos rurales adiestrando a la gente en asociaciones de iniciativas de generación de ingresos.  Sin embargo, la iniciativa del fondo local ha sido muy criticada por haber sido lanzada sin criterios claros sobre lo que se pretendía con ella y sobre cómo habría de ser administrada. De hecho, la gestión está a cargo de las administraciones de distrito, que no tienen entre sus competencias atributos bancarios, ni aquellos propios de las instituciones de micro finanzas. Además, es en los distritos donde en general reside y trabaja la mano de obra menos calificada del país. Los informes publicados hasta ahora indican que, además de que se han creado asociaciones fantasmas para recibir el dinero, más de la mitad de los deudores dejaron de ser localizables y no hay garantías de la devolución de los préstamos. Algunos críticos afirman que el fondo fue creado para garantizar una mayor visibilidad y presencia en los distritos y las zonas rurales del país al Frelimo, en el poder desde 1975.

El programa, que comenzó en el año 2007, sigue sin dar resultados en la práctica, en la medida en que los fondos son administrados de forma subjetiva, existiendo un aprovechamiento político de la iniciativa, que beneficia en su mayoría a asociaciones de personas afiliadas al gobernante partido Frelimo.

Por su parte, el Gobierno aprobó la Política Salarial de Mediano Plazo, con intenciones de atraer y retener a los cuadros calificados, con un particular énfasis en los distritos. De todas formas, la realidad muestra que los técnicos con mejor formación prefieren empleos fuera de la función pública, donde pueden obtener mejores salarios y condiciones de trabajo.

A partir de noviembre de 2008, el país fue reorganizado en 43 municipios, de 33 que existían previamente. La iniciativa de continuar descentralizando los fondos sectoriales, así como las competencias en cuanto a la gestión de los mismos, se mantiene vigente. Los distritos son considerados polos de desarrollo, y de haber comenzado el proceso de descentralización de fondos, se constata que, sin embargo, una gran parte del presupuesto todavía es administrado a nivel central y/o provincial. Estos recursos deben ser descentralizados, como lo ha sido la administración. Para que esto tenga lugar, la gente debe ser adiestrada, así como las infraestructuras, tales como el sistema de suministro de energía eléctrica, la telefonía, y las instituciones bancarias, entre otras, deben ser desarrolladas.

De esta forma, persiste el desafío de desconcentrar los recursos en la misma medida que las competencias, lo que pasa principalmente por crear capacidades en materia de recursos humanos,

Conclusiones

Aunque el país haya conseguido sostener una política que ha sido elogiada en el plano exterior, en lo interior no consigue mantener un diálogo constante, inclusivo y participativo con los ciudadanos, lo que vuelve casi imposible que, a corto o mediano plazo, el desarrollo humano pueda mejorar. Las debilidades del sistema judicial, así como la discriminación en función de la pertenencia partidaria, comportan grandes obstáculos para el desarrollo. Así, se mantiene el desafío de fortalecer la democracia y generar una administración pública más transparente y justa.

 

1 Equipo Técnico: Salvador Nkamate – Liga de los Derechos Humanos,
Karina Cabral – Grupo Mozambiqueño de la Deuda, Jorge Cuinhane – AWEPA
Naldo Chivite – MONASO.  

2 UNDP. “Human Development Indices: A Statistical Update 2008.” New York: United Nations Development Programme. Available from: <hdr.undp.org/en/statistics/data/hdi2008/>.

3Ver: <www.ine.gov.mz>.

4 Ver: <bvc.cgu.gov.br/bitstream/123456789/1644/1/Corrup%C3%A7%C3%A3o+mo%C3%A7ambique.pdf>.

5 Ver: <macua.blogs.com/moambique_para_todos/2009/02/atraso-na-assist%C3%AAncia-alimentar-trag%C3%A9dia-espreita-mogincual.html>.

6 Ver: <www.unicef.org/mozambique/media_2877.html>.

7 Ver Rafael Machava, “A situaçao da pobreza en Moçambique: diferenciaçoes regionais e principais desafios”, en < www.cecemca.rc.unesp.br/ojs/index.php/estgeo/article/view/542 >

8 Ibid.

9 Instituto Nacional de Estadística. “Contendo dados do HIV/SIDA.”. CD-Rom. 2004.

10 Ver: <www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/mozambique.asp>.

11  Ver: <www.unicef.org/mozambique/overview.html>.

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Malasia

Publication_year: 
2009
Summary: 
Malasia, cuyo crecimiento económico depende en gran medida de sus exportaciones y que importa la mayor parte de sus alimentos, deberá prepararse para años de dificultades económicas. Existe una fuerte caída en la producción industrial, el desempleo está por las nubes y los analistas advierten que la recesión venidera podría ser peor que la de 1997. El Gobierno recibió críticas por actuar demasiado tarde y por dedicarse a rescatar a las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil realizan protestas y foros públicos para concientizar al público acerca de las repercusiones negativas de estas crisis, especialmente con respecto a los sectores vulnerables de la sociedad.

Un panorama sombrío

Chee Yoke Heong
Red del Tercer Mundo

Malasia, cuyo crecimiento económico depende en gran medida de sus exportaciones y que importa la mayor parte de sus alimentos, deberá prepararse para años de dificultades económicas. Existe una fuerte caída en la producción industrial, el desempleo está por las nubes y los analistas advierten que la recesión venidera podría ser peor que la de 1997. El Gobierno recibió críticas por actuar demasiado tarde y por dedicarse a rescatar a las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil realizan protestas y foros públicos para concientizar al público acerca de las repercusiones negativas de estas crisis, especialmente con respecto a los sectores vulnerables de la sociedad.

Como muchos países, Malasia no se vio librada de las consecuencias de las crisis de índole financiera, económica, energética y alimentaria que arreciaron en la mayor parte del mundo durante 2008 y que continúan haciéndolo en la actualidad. Estos hechos, sumados a los drásticos cambios en el paisaje político malayo tras los inesperados resultados de las elecciones nacionales de marzo de 2008, dominaron la atención de todos los malayos mientras lidiaban con sus efectos. Con un nuevo Primer Ministro en el cargo y el país ingresando en un período de incertidumbres económicas, muchos malayos sopesan cuidadosamente el futuro.

En el camino de la desaceleración económica

Durante gran parte del año, Malasia vivió en denegación respecto a que el país pudiera salir perjudicado por la turbulencia financiera y económica que sacudía a gran parte del mundo, aún cuando país tras país, incluyendo al vecino Singapur, declaraban que la recesión había golpeado sus puertas. Las autoridades malayas sostenían que los cimientos del país eran fuertes y que, por lo tanto, no había necesidad de tomar medidas. Esto pudo haber sido verdad en las primeras etapas de la crisis financiera, que comenzó en Estados Unidos y Europa en 2007 y se agravó durante el primer semestre de 2008, entonces con escasas consecuencias para Malasia. Pero cuando la crisis financiera comenzó a afectar la economía real de la producción e ingresos de los países occidentales en la segunda mitad de 2008, las repercusiones se trasmitieron en forma creciente a Malasia hacia fines de ese año. Esta situación hizo que muchos consideraran que el paquete de estímulo económico de USD 2.000 millones que el Gobierno anunció en noviembre, y que en gran medida no se ha gastado aún, fuera una respuesta insuficiente y tardía. (De los USD 1.800 millones que se canalizaron, sólo se implementaron proyectos por valor de USD 400 millones).

Las estadísticas oficiales indican que las condiciones recesionarias que afectaron a los países occidentales golpearon seriamente a países como Malasia en los últimos meses de 2008. El descenso en indicadores claves tuvo una magnitud sorprendente, demostrando que la economía malaya comenzó a estancarse, y luego a declinar, en los últimos tres o cuatro meses de 2008 y los primeros meses de 2009. La economía se contrajo 6,2% frente al año anterior en el primer trimestre, más rápido de lo previsto, lo que llevó al Gobierno a recortar severamente sus proyecciones a una contracción del entorno del 4% a 5% para este año.

No hay dudas de que la causa de la desaceleración ha sido la crisis mundial, ya que Malasia es una de las economías más abiertas de Asia en cuanto al comercio, con las exportaciones representando más del 90% del PIB en 2007, en comparación con el 14% de India, el 16% de Japón, el 36% de China y alrededor del 60% de Tailandia y Taiwán. Solo Singapur (con 186%) y Hong Kong (166%) superan la relación entre exportaciones y PIB de Malasia.

El precio a pagar por la contracción económica de sus principales socios comerciales se puede apreciar en la drástica caída de la demanda externa. Si bien las exportaciones de Malasia están bien diversificadas, con numerosas materias primas y productos industrializados, el problema es que casi todos los artículos de exportación se ven simultáneamente afectados. Las exportaciones brutas descendieron un 18% en el último trimestre de 2008 respecto al trimestre anterior. La reducción más inquietante se produjo en las exportaciones industriales, especialmente de productos electrónicos, maquinaria y aparatos eléctricos, que representan el grueso de las exportaciones industriales o alrededor del 35% a 40% del total de las exportaciones. Las materias primas, que experimentaron bonanza a comienzos de año antes de que reventara la burbuja de los precios, tampoco se libraron, ya que las exportaciones de petróleo, aceite de palma y caucho cayeron en el mismo período. De este modo, los motores de crecimiento de las exportaciones están detenidos o en marcha atrás. Otra señal problemática es la constante y fuerte caída de la producción industrial desde julio de 2008; los últimos datos disponibles revelan que en enero de 2009 la producción descendió 20% en comparación con un año antes.

Desempleo

La desaceleración del comercio internacional augura un panorama laboral cada vez más difícil. Se prevé que la tasa de desempleo de Malasia alcance 4,5% en 2009, comparada con 3,8% en 2008. Ese año se perdieron aproximadamente 33.000 empleos, en su mayoría durante los últimos meses del año, a medida que la crisis internacional se agravaba con la entrada en recesión de los mercados claves de Asia. De los casi 26.000 empleos que se perdieron desde octubre de 2008, 85% pertenecían al sector industrial, y las industrias electrónica y eléctrica se vieron particularmente perjudicadas. Las exportaciones de este sector cayeron 34% en enero de 2009 respecto al último año. La proyección más severa pertenece a la Federación de Empresarios de Malasia, que proyecta un pico de 200.000 empleos perdidos, superando por lejos los 85.000 empleos que se perdieron durante la crisis financiera de 1997 y 1998.

Esta tendencia negativa no escapa a la interpretación de analistas como el banco suizo de inversiones Credit Suisse, que manifestó que los riesgos de retracción de Malasia son “los más altos de Asia, luego de Hong Kong y Singapur, especialmente debido a la fuerte caída de los precios de las materias primas”. Estos hechos llevaron a algunos a sugerir que es imperioso para el país reevaluar sus políticas industriales y orientadas a las exportaciones, sino la totalidad de su configuración económica. Existe una fuerte sensación de que el país debe reducir seriamente su dependencia de las exportaciones y preparar al mercado interno para el crecimiento.

Reconociendo la gravedad de la crisis, el Gobierno anunció en marzo de 2009 un segundo y mayor paquete de estímulo a distribuirse en los próximos dos años, en un esfuerzo por detener la desaceleración e impedir que el país entrara en una recesión grave que, de no ser abordada, tendrá serias repercusiones sobre la estabilidad social y política. El plan de USD 17.000 millones asignará dinero para inyección fiscal, fondos de garantía y demás instrumentos de ayuda para la industria, inversiones en activos e incentivos fiscales. Los cuatro objetivos principales del paquete son la protección y la creación de empleos, la reducción de la carga de la crisis para la población, la asistencia al sector privado y la capacitación para el futuro.

Con el aumento de la pérdida de empleos y la expectativa de más despidos, el Gobierno comenzó a revisar su política con respecto a los trabajadores extranjeros que han sido una fuente imprescindible para muchos sectores. Preocupado por el alto índice de recortes, anunció que las empresas que deseen reducir su mano de obra deberán despedir primero a los trabajadores extranjeros antes que a los malayos.
Se calcula que Malasia — uno de los mayores importadores de mano de obra en Asia — tiene dos millones de trabajadores extranjeros (predominantemente de la vecina Indonesia – 66% – seguida por Nepal e India), que son el sostén principal de las plantaciones y el sector manufacturero. Pero ahora que el desempleo va en aumento el Gobierno prohibió la contratación de trabajadores extranjeros en los sectores de productos y servicios. Los permisos de trabajo habrían sido restringidos en más del 70% este año. El Gobierno también aprobó una propuesta para duplicar el gravamen sobre los trabajadores extranjeros que se impone a las empresas para desalentar su contratación.
No obstante, activistas temen que las empresas traspasen el aumento de estos costos a sus trabajadores extranjeros, perjudicándolos adicionalmente ya que de por sí se encuentran agobiados por las cuantiosas tarifas de los agentes laborales. En su lugar, se propuso la imposición de salarios mínimos para reducir la contratación de trabajadores extranjeros ya que las empresas tienden a recurrir a éstos debido a que son más baratos de contratar que los malayos. Como consecuencia, sus salarios suelen estar por debajo de la línea de pobreza.

El paquete de estímulo y su incierto resultado

El mini-presupuesto del Gobierno se compromete a tomar varias medidas de mediano y largo plazo, pero algunos observadores indicaron que existe una falta de iniciativas para abordar la necesidad inmediata y urgente de detener la caída de la economía, estimular la demanda e incrementar los negocios, factores considerados críticos en todo “presupuesto de estímulo” originado en una crisis. En cambio, recibió críticas por concentrarse en lo que al parecer es el rescate de compañías, dado que casi la mitad del dinero se destinará a la asistencia del sector privado y sólo el 17% a la ayuda de la población, que en su mayoría padece el alto costo de vida. También existe la preocupación de que durante la crisis económica se han soslayado las necesidades específicas de las mujeres, con la excepción de las madres solteras, ya que sólo 1,4% se destinó a los menos afortunados.
El éxito del paquete de estímulo dependerá de la ejecución, instrumentación y transparencia en el desembolso de sus fondos. Esto determinará si el efecto de goteo y multiplicador del paquete abarca a una porción grande de la población y no beneficie sólo a las empresas e individuos bien relacionados, como solía suceder antes.

En respuesta a los pedidos de transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno anunció que inaugurará un sitio web especial para supervisar el gasto de los fondos de los dos paquetes de estímulo económico. El sitio web brindará información al público sobre las partidas asignadas y el monto gastado, los programas y proyectos que se implementaron y su avance. Este tipo de iniciativas es relativamente nuevo y es un reflejo de la necesidad de dar respuesta a la creciente presión por una mayor rendición de cuentas pública en un gobierno que suele ser caracterizado por la corrupción y el clientelismo político. Pero como ocurre con todas las políticas públicas, su implementación sigue sin concretarse.

Un escenario incierto

A pesar del sombrío panorama, los economistas a menudo señalan las sólidas bases económicas de Malasia y su experiencia tras la crisis financiera asiática de 1997, que creen le permitirá superar la crisis en curso. Pero la naturaleza de la crisis internacional actual sigue en pleno desarrollo y nadie sabe realmente cuál será la profundidad y la duración de la misma. Mientras el sector bancario, de momento, se muestra resiliente, eventualmente se verá afectado a medida que las empresas presenten dificultades para amortizar sus préstamos. Y aunque los préstamos incobrables puedan ser manejados por ahora, esto puede no ser así en el futuro ya que algunos analistas advierten que la recesión venidera podría ser peor que la resultante de la crisis asiática de 1997.

Existe temor por los problemas sociales que pueda causar el desempleo, incluyendo un índice de delincuencia más alto de la mano del deterioro de los valores de la pobreza y una mayor desigualdad del ingreso a medida que muchos trabajadores de bajos y medianos ingresos pierdan sus empleos en las industrias manufactureras. Con la experiencia de la recesión que tuvo lugar de mediados a fines de los años 1980 aún en mente, se presentó una propuesta para un plan de seguridad social integral. Cada vez se hacen oír más voces pidiendo un fondo nacional contra despidos que proteja a los trabajadores ante la posible pérdida de empleos. El gobierno declaró que lo está considerando.

Crisis e inseguridad alimentaria 

Mientras los altos precios de las materias primas beneficiaron a algunos, los altos precios de los alimentos fueron un flagelo para la mayoría de los malayos que ya luchaban contra el elevado costo de los alimentos y otras necesidades básicas provocados por el fuerte incremento en 2008 del precio del petróleo. La inflación bajó en los últimos meses cuando reventó la burbuja de los productos agrícolas y el precio del petróleo descendió de su pico, pero los precios de los alimentos siguen siendo altos y el índice de precios al consumo muestra un fuerte aumento del 9,2% en febrero de 2009 en los alimentos. Se produjeron incrementos significativos en el arroz, el pan y otros cereales cuyos índices se dispararon en un enorme 18%. El precio del petróleo, si bien se redujo varias veces en los últimos meses de 2008 acorde con la caída de los precios internacionales del petróleo, siguió siendo superior a los niveles anteriores a la crisis.
Gran parte del incremento en los precios de los alimentos también se debe a que Malasia es un fuerte importador en ese rubro y por lo tanto es vulnerable a la subida de precios y a la especulación. El rápido desarrollo de las últimas décadas desplazó el objetivo de la planificación económica hacia la industrialización y la agricultura industrial a costa de la producción de alimentos, ya que resultó más barato comprárselos a otros países. Además del arroz, Malasia también importa vegetales, frutas, carne y otros granos.

En la actualidad, Malasia es aproximadamente 60% autosuficiente en cuanto al arroz y el Gobierno prevé inyectar unos USD 2.000 millones para aumentar su producción y alcanzar una vez más el nivel de autosuficiencia del 90%. La Política de Seguridad Alimentaria fue presentada en abril de 2008, y se han pagado subsidios e incentivos para reforzar la producción arrocera en todo el país. Simultáneamente, la campaña Bumi Hijau (Tierra verde), iniciativa similar a una de la década de 1970, busca alentar en los malayos el cultivo de vegetales y otros comestibles verdes, además de la crianza de pollos y peces para consumo propio.

A pesar de estas iniciativas, es necesaria una planificación a largo plazo más eficaz para lograr la recuperación económica. El Gobierno debe considerar seriamente los distintos aspectos del problema, incluyendo el uso más eficiente de la tierra, la mano de obra y la tecnología, que pueda obstaculizar el alcance de los objetivos proyectados.

La respuesta de la sociedad civil

Distintas organizaciones y ONG de la sociedad civil realizaron una serie de protestas y actividades, incluso foros públicos, para concientizar al público sobre las consecuencias negativas de estas crisis, especialmente en los grupos más vulnerables.

La Red de los Pueblos Oprimidos (JERIT; el acrónimo en malayo significa “grito”), una coalición de grupos de la sociedad civil, ha estado especialmente activa. El grupo celebró una protesta contra la suba del precio del petróleo en enero de 2008 y terminó el año con la campaña ciclista “El pueblo: la fuerza del cambio”, para expresar su preocupación por los derechos y los padecimientos de la clase trabajadora ante la desaceleración de la economía.

La campaña consistió en grupos de ciclistas que partieron desde tres sitios centrales de las costas norte, sur y este de Malasia peninsular, y pedalearon simultáneamente hacia el Parlamento en Kuala Lumpur, la capital, para presentar ante el gobierno y el partido opositor un memorándum con sus inquietudes y reclamos.

Sus principales reclamos son la adopción del salario mínimo, vivienda digna, control de precios para los productos básicos, y el fin de la privatización de los servicios básicos. También vincularon estas demandas a derechos civiles y políticos más amplios, incluyendo la reinstauración de la elección de gobiernos locales y la revocación de la Ley de Seguridad Interna, que permite la detención indefinida sin juicio.

Por el camino, entregaron folletos al público y presentaron el memorándum ante el jefe de ministros de los diversos estados (Malasia tiene un sistema federal de gobierno). A pesar de los muchos obstáculos interpuestos por la policía, incluyendo arrestos, lograron llegar a destino. Y durante esas dos semanas de diciembre de 2008, la campaña recibió mucha publicidad y respaldo público a lo largo de su recorrido.

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MÉXICO

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2009
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El país presentaba el peor de los escenarios posibles para afrontar la crisis que se gestó por años. La crisis sistémica ha agravado ya problemas preexistentes, como la creciente pobreza, la desactivación del sector agropecuario, la insuficiente generación de empleos o el decrecimiento del PIB. En tanto los ajustes menores que anuncia el Gobierno profundizan el modelo económico neoliberal y crece la disconformidad ciudadana, también aumentan las propuestas desde la sociedad civil. Se hace imperativo generar alternativas y estrategias capaces de hacer frente a la múltiple crisis, para minimizar sus impactos y para replantear el modelo.

El agravamiento de la crisis y los desafíos para los derechos sociales

Laura Becerra Pozos1
Areli Sandoval Terán2
Adhiere: Espacio DESC3

El país presentaba el peor de los escenarios posibles para afrontar la crisis que se gestó por años. La crisis sistémica ha agravado ya problemas preexistentes, como la creciente pobreza, la desactivación del sector agropecuario, la insuficiente generación de empleos o el decrecimiento del PIB. En tanto los ajustes menores que anuncia el Gobierno profundizan el modelo económico neoliberal y crece la disconformidad ciudadana, también aumentan las propuestas desde la sociedad civil. Se hace imperativo generar alternativas y estrategias capaces de hacer frente a la múltiple crisis, para minimizar sus impactos y para replantear el modelo.

Diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana coincidimos con la visión de que la crisis global actual es sistémica y se expresa, no sólo en el ámbito financiero, sino en el alimentario, el laboral, el ambiental, el energético, entre otros; y es consecuencia del modelo económico capitalista neoliberal basado en la desregulación financiera y la apertura comercial y su agotamiento, cuyos impactos afectan a toda la humanidad pero son más severos para los países del Sur4.

Como lo explica el investigador mexicano Arturo Guillén5, la crisis ha tenido una trayectoria compleja que en su última etapa se desencadena por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y la consiguiente recesión económica, la cual tendió a “globalizarse rápidamente” con decrecimientos del PIB incluso en economías importantes de Europa y Asia. La crisis también se ha extendido a América Latina, con un desarrollo diferenciado entre países, regiones y sectores, pero coincidimos en que no viene exclusivamente de fuera, sino que tiene entre sus causas algunas de carácter endógeno6.

 

La crisis en México7 

Sin menospreciar los efectos de la crisis global sobre nuestro país, es necesario decir que muchos de los problemas ya estaban presentes en el funcionamiento previo de la economía mexicana, como el incremento de la pobreza en números absolutos8, la desactivación del sector agropecuario, la insuficiente generación de empleos (no obstante el saldo levemente favorable entre exportaciones e importaciones anterior a la crisis) y el decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros. Indudablemente la crisis sistémica ha agravado los problemas.

Para dimensionar los efectos de la crisis en México, las siguientes cifras son muy ilustrativas:

  • El encarecimiento de la gasolina y el diesel a nivel mundial, que desde 2007 impactó los precios de los alimentos, se ha reflejado en México en un incremento de la inflación en alimentos por encima de la inflación general. En enero de 2009, la de alimentos fue de 11,3%, mientras que la general fue de 6,3%. El impacto ha sido más severo en la población con menos ingresos, ya que destina un porcentaje mayor a la compra de alimentos9.
  • En el tercer trimestre de 2008, el 71,3% de la población económicamente activa, es decir 31 millones de personas, vivía con un ingreso de tres salarios mínimos –152 pesos (MXN) diarios (aproximadamente USD 11,4) – o menos; la tasa de desocupación se ubicaba en 4,2%, lo que significaba 1,9 millones de personas desempleadas; mientras había 11,8 millones de personas sobreviviendo en el comercio informal10
  • Las exportaciones hacia Estados Unidos se han desplomado y cientos de miles de personas pierden sus trabajos en tanto que las empresas recortan gastos. En noviembre de 2008, las exportaciones manufactureras de México cayeron en promedio 7,3%, mientras que las dirigidas a Estados Unidos cayeron 18%11.
  • Del otro lado de la frontera aumenta el desempleo de los inmigrantes mexicanos y disminuyen las remesas; para diciembre de 2008, el porcentaje de variación anual de las remesas totales a México fue de -9,8%12. Hay que subrayar que las remesas han jugado un papel fundamental en los ingresos de los hogares mexicanos: en el primer quintil de ingreso (20% más pobre de la población) considerando hogares que reciben remesas, MXN 6 de cada MXN 10 provienen de éstas. Es previsible que estos hogares sean los que más sufran el impacto de la disminución de las remesas13.
  • En febrero de 2009, la tasa de desempleo se ubicó en 5,3%14 y la actividad industrial se desplomó un 13,2%15; ambas son las peores cifras registradas en estos rubros desde la llamada “crisis del tequila” originada en México a mediados de los 90. Es así que los analistas coinciden en que este año el país vivirá la recesión más profunda desde dicha crisis.

Los graves impactos de la crisis en el ámbito laboral serán usados como pretexto para congelar o reducir salarios y para precarizar, flexibilizar y tercerizar aún más el trabajo, reduciendo derechos, así como restringiendo el radio de acción de los sindicatos16.

En cuanto al campo mexicano, la ausencia de una justa política agraria e incluso la indiferencia han provocado desde hace años tres tipos de impacto agravados por la crisis: 1) la especulación con los alimentos en las bolsas de valores, que los pone fuera del alcance de las familias más pobres; 2) la invasión que padecen los mercados nacionales de parte de los alimentos producidos y comercializados por las trasnacionales, cuya alta productividad hace que se sacrifiquen suelos, bosques, y mantos acuíferos para poder ganar la loca carrera productiva y librecambista, además de que el dumping destruye los sistemas productivos nacionales, sobre todo los tradicionales; y 3) la inundación de semillas genéticamente modificadas que arrasa con la dotación de simientes naturales y con ecosistemas antiguos17. Frente a la crisis del campo mexicano, la campaña nacional Sin maíz no hay país18, de la cual somos adherentes, propone, entre otras medidas, transitar desde el modelo de agricultura basado en grandes unidades de producción de monocultivo, que implica un uso creciente del agua, maquinaria e insumos contaminantes, hacia una agricultura campesina sustentable, que siendo de pequeña y mediana escala no sólo tiene potencial para responder a las necesidades alimentarias de las y los mexicanos, sino que posee virtudes ecológicas adicionales.

A partir de todo este balance podemos afirmar que México presentaba el peor de los escenarios posibles ante la inminencia de una crisis que se venía gestando desde hace varios años. El Gobierno se ha sometido acríticamente al modelo económico neoliberal, y varias de las medidas que ha anunciado constituyen ajustes menores, que lo mantienen y profundizan.

El Gobierno y la sociedad civil frente a la crisis

En la pasada Cumbre de las Américas, la CEPAL confirmó que los países del continente no tienen una estrategia común de salida a la crisis, sino que han anunciado e implementado medidas de muy diversa índole19.

20

En octubre de 2008, poco después de haber minimizado los impactos que la crisis estadounidense tendría en México dada “la fortaleza de las finanzas públicas”, el gobierno federal anunció el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo(PICE), un plan anticrisis de cinco puntos, consistente en: 1) ampliar el gasto público en infraestructura para estimular el crecimiento económico; 2) cambiar las reglas en el ejercicio de ese gasto en infraestructura por parte del sector público para poder agilizarlo; 3) iniciar la construcción de una nueva refinería; 4) lanzar un programa extraordinario de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en México; y 5) hacer más competitivo el aparato productivo nacional mediante un nuevo programa de desregulación y desgravación arancelaria.

En aquel momento el Ejecutivo Federal destacó que llevábamos varios años disminuyendo el monto de la deuda externa, que registrábamos la inflación más baja de América Latina, y que nuestras reservas ascendían a más 90 mil millones de dólares, lo cual nos permitía resistir presiones en la balanza de pagos21. Pasados seis meses, en la Cumbre del G-20 a principios de abril de 2009, el gobierno recibió respaldo al solicitar al FMI un préstamo de USD 47 mil millones. Asimismo, en la Cumbre se anunció que se destinarían a las economías emergentes –entre ellas México – USD 850 mil millones adicionales para financiar, entre otras cuestiones, gasto contra-cíclico, recapitalización de bancos e infraestructura 22.

Aun sin haber utilizado los USD 57 mil millones de las líneas de crédito del FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, la administración del presidente Felipe Calderón incrementó la deuda pública en MXN 968.477 millones (unos USD 72.744 millones) sólo en los dos primeros años de su gestión (2007-2008), monto que equivale a 12 veces el endeudamiento contratado durante los dos primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo (bienio 1995-1996), cuando el país enfrentó la crisis económica más severa de los últimos 60 años23. Resulta sumamente preocupante que estas medidas, además de incrementar la deuda pública mexicana, reafirman el apego al modelo económico neoliberal y sus instituciones, cuyas limitaciones y contradicciones han sido señaladas en muy diversos foros. Sorprende también cuando varios países de América Latina están probando medidas o procesos diferentes a los que obliga el modelo neoliberal.

Ante el panorama de la crisis la inconformidad ciudadana ha ido creciendo, pero también las propuestas, como la del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, plasmada en la carta del 16 de abril de 2009 dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que proponemos “iniciar un diálogo del más alto nivel, en donde se aborden los temas de la agenda para la urgente renegociación del TLCAN y la salvaguarda de los derechos laborales, sociales y humanos de los ciudadanos de nuestra región”, que pasaría por construir un Fondo de Compensación Asimétrica para Norteamérica, negociar un acuerdo binacional sobre el tema migratorio y firmar un acuerdo para impulsar el Tratado para el Desarrollo Económico y Social de Norteamérica.

Otros piensan que los momentos de crisis ofrecen un terreno fértil para nuevas concepciones teóricas. En todo caso, es urgente generar nuevas ideas, alternativas y estrategias capaces de hacer frente a “las crisis”, ya sea para minimizar sus impactos, o para replantear el modelo.

La vigilancia del gasto público

En el corto y mediano plazo, un tema importante en la agenda de las organizaciones civiles que trabajamos en materia de desarrollo social y derechos humanos, será la vigilancia del gasto público a partir de la obligación del Estado de destinar el máximo de recursos disponibles para el logro progresivo de los DESC, y la premisa de que “aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo”24. Cabe mencionar que el gobierno mexicano respondió a la crisis de 1995 con recortes al gasto que afectaron seriamente a los sectores de educación, salud y electricidad, impactando gravemente la realización de los DESC. Si bien hasta ahora el gobierno federal ha asegurado que mantendrá sus niveles de gasto, es muy necesario que el ejercicio presupuestal enfatice “su sentido social de manera eficaz y sostenida, reduciendo gastos de operación, reorientando prioridades y reduciendo el gasto administrativo en algunas dependencias”25.

Desde la perspectiva de derechos, también será fundamental dar seguimiento a la inversión en infraestructura que se impulse como parte del PICE, sobre todo para asegurar de que, en caso de inversión en megaproyectos de infraestructura (como presas), se informe y consulte debidamente a las comunidades que podrían verse afectadas y se realicen adecuadamente los estudios de impacto social y ambiental para valorar su viabilidad y su capacidad de promover verdadero desarrollo.

En el largo plazo, la oportunidad que se presenta no es sólo para resistir, sino para delinear y empujar un modelo económico y social más justo, como salida a la crisis y en prevención de éstas26. En cualquier caso, consideramos que el respeto al marco internacional de derechos humanos es el referente clave para que “otro país” y “otro mundo sea posible”.

 

1 Directora Ejecutiva de DECA Equipo Pueblo, A.C., organización punto focal de Social Watch en México desde 1996, <laurabecerra@equipopueblo.org.mx>.

2 Coordinadora del Programa Diplomacia Ciudadana, DESCA y Social Watch México <arelisandoval@equipopueblo.org.mx>.

3 Grupo de referencia para Social Watch en México.

4 “Para un nuevo modelo económico y social ¡Pongamos la finanza en su sitio!”. Llamado resultante de una serie de seminarios del Foro Social Mundial de Belem 2009.

5 Arturo Guillén, Profesor Investigador Titular del Departamento de Economía de la UAM. La Crisis Global y la Recesión Generalizada. Versión preliminar. Marzo de 2009, UIztapalapa, México.

6 Declaración del Coloquio Internacional “La Crisis Global y América Latina” en la UAM-U Iztapalapa de México, enero de 2009.

7 Las valoraciones sobre la realidad nacional se basan en documentos integrados por el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas; la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC); así como los resultados de la sesión de “Análisis y Estrategia sobre la Crisis” del Espacio DESC (23 de abril de 2009), articulaciones de las que Equipo Pueblo es integrante.

8 Alberto Serdán Rosales. “México: Pobreza y presupuesto social en el contexto de la crisis financiera 2008-2009”, exposición en sesión de Espacio DESC del 23 de abril de 2009. Más información en: <alserdan.blogspot.com>.

9 Alberto Serdán Rosales, con datos del Banco de México (2009) y de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH 2006).

10 Cifras de INEGI con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al tercer trimestre de 2008, publicadas en: El Financiero, periódico nacional, 18 de noviembre de 2008.

11 Alberto Serdán Rosales, con datos del Banco de México, 2009.

12 Ibid.

13 Alberto Serdán Rosales. “México: Pobreza y presupuesto social en el contexto de la crisis financiera 2008-2009”, exposición en sesión de Espacio DESC del 23 de abril de 2009.

14 ENOE, marzo 2009 en: <www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.asp>.

15 Ver: <www.cnnexpansion.com/economia/2009/04/17/la-produccion-industrial-cae-132>.

16 Héctor de la Cueva(2009). Otra Integración es posible y otra salida a la crisis también: Escenarios de las Américas en el 2009 y los retos del Movimiento Sindical. México.

17 “La guerra que Obama ignora”, Víctor Quintana, Diputado Federal por el estado de Chihuahua, México. La Jornada, 17 de abril de 2009

18 Más información en: <www.sinmaiznohaypais.org/>.

19 “La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional: una presentación sintética de las medidas de política anunciadas hasta el 31 de marzo de 2009”. Quinta Cumbre de las Américas, Puerto España, 17 a 19 de abril de 2009. Disponible en: <www.eclac.org>.

20 Ibídem.

21 “Anuncia Calderón plan anticrisis de 5 puntos”. El Universal, 8 de octubre de 2008. Disponible en: <www.eluniversal.com.mx/notas/545274.html>.

22 La Jornada, 3 de abril de 2009, p. 3.

23 Susana González e Israel Rodríguez. “Calderón elevó la deuda pública casi en un billón de pesos en 2 años”. La Jornada, 13 de abril de 2009.

24 Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 3 sobre la índole de las obligaciones de los Estados Parte, párrafo 12.

25 Alberto Serdán Rosales. “México: Pobreza y presupuesto social en el contexto de la crisis financiera 2008-2009”, exposición en sesión de Espacio DESC del 23 de abril de 2009.

26 Héctor de la Cueva (2009), Op. cit.

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NEPAL

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2009
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Los expertos afirman que Nepal experimentará las repercusiones de la crisis financiera mundial en varios frentes. Otras crisis, relacionadas con el medio ambiente, la alimentación, la energía, las finanzas y la política han embestido a la sociedad desde hace buen tiempo. Es imperioso observar esta realidad desde la perspectiva de género, y analizar cuál es la función de la sociedad civil en la promoción de iniciativas y planes que ayuden a aliviar la situación de las poblaciones vulnerables, las más afectadas por la contracción económica.

Crisis, desafíos y perspectivas

Rural Reconstruction Nepal
Neeraj N. Joshi y Sarba R. Khadka

Los expertos afirman que Nepal experimentará las repercusiones de la crisis financiera mundial en varios frentes. Otras crisis, relacionadas con el medio ambiente, la alimentación, la energía, las finanzas y la política han embestido a la sociedad desde hace buen tiempo. Es imperioso observar esta realidad desde la perspectiva de género, y analizar cuál es la función de la sociedad civil en la promoción de iniciativas y planes que ayuden a aliviar la situación de las poblaciones vulnerables, las más afectadas por la contracción económica.

Nepal, que figura en el lugar 145 entre 179 países clasificados en el Índice de Desarrollo Humano de 2008, padece numerosas crisis relacionadas entre sí (alimentaria, energética, climática y política), al igual que constantes disturbios civiles, aunque en la actualidad sean esporádicos.1 Hasta la fecha no se han registrado consecuencias significativas de la crisis financiera mundial;  sin embargo, los expertos advierten que el país probablemente se vea afectado de diversas maneras.

Por ejemplo, las remesas, que en la actualidad representan 19% del PIB, han sido la salvación de la economía durante prácticamente la última década.2 Las remesas son el motivo principal de que la balanza de pagos continúe con superávit, a pesar del enorme déficit comercial. Además, éstas ayudaron a reducir la pobreza de 42% en 1995/96 a 31% en 2003/04. Más de 1,2 millones de personas trabajan en el exterior.3 La desaceleración de la construcción y de los sectores de servicios en Medio Oriente (que constituye una gran fuente de remesas), y en países como Corea del Sur, Malasia y Japón, reducirá la demanda de la mano de obra nepalesa en el exterior. Dado que más de 34% de los hogares reciben remesas, lo que representa un incremento superior a 80% desde1994/95, su disminución puede perjudicar el avance de la reducción de la pobreza y, en principio, reducir la demanda doméstica, ya que los hogares dudarán antes de gastar dinero debido a la contracción de sus ingresos. El superávit de la balanza de pagos habrá de caer.

La desaceleración mundial y la recesión de las economías desarrolladas también afectarán a las exportaciones, la inversión extranjera y la ayuda oficial al desarrollo, así como a los servicios, que contribuyeron con 50,9% del PIB en 2007. En cuanto al comercio, alrededor de 80% de las prendas de vestir nepalíes se exportan a Estados Unidos. Alemania es el mayor mercado para sus alfombras. La demorada recuperación financiera de esos países probablemente tenga un impacto negativo en la venta de las exportaciones del país.4 La Confederación de Industrias Nepalesas calculó recientemente que el sector manufacturero tendría una pérdida de USD 256,16 millones.5 La caída en picada de la demanda en la industria textil y de la vestimenta, de por sí deprimida, en combinación con el descenso constante de los precios internacionales de materias primas claves, podrían hacer que la pérdida total sea mucho más elevada.

La crisis también tendrá un impacto considerable en el sector turístico. Europa representa 25,7%  y Estados Unidos 5,9% del total de turistas que ingresan al país. A medida que la crisis financiera se agrave en los países de Occidente, los potenciales turistas probablemente aplacen o cancelen sus viajes. La Asociación de Hoteles de Nepal espera, al trabajar junto con el Gobierno y lanzar paquetes promocionales, atraer aproximadamente un millón de turistas en 2010; sin embargo, si continúa la desaceleración económica mundial, este sueño parece inalcanzable.6

Las reservas de divisas del Banco Central también sentirán la presión a la baja. La institución intentará domar la tasa de inflación, actualmente superior a 13%, elevando las tasas de interés. Incluso el sistema bancario podría tener problemas si el pujante mercado inmobiliario se contrae.7 Entre tanto, el sector de la ayuda al desarrollo tampoco estará librado de la crisis. Las ONG de Nepal reciben fondos de donantes empresariales, gobiernos y grandes fundaciones de Occidente. La reducción de esos fondos obligará a esas organizaciones a recortar sus iniciativas en materia de desarrollo. Esto tendrá un impacto negativo en la lucha contra la pobreza y otros problemas de desarrollo.8

Crisis ambiental

El calentamiento planetario como producto del cambio climático, del cual Nepal es un contribuyente mínimo, también amenaza con derretir las nieves y los glaciares del Himalaya, lo que convertiría al medio ambiente glacial en no apto para humanos. Un reciente análisis del Departamento de Hidrología y Meteorología muestra que el país se enfrenta a un aumento anual promedio de temperatura de 0,06oC. El constante recalentamiento afectó la ecología del Himalaya, incluidos los patrones de nevadas y de derretimiento de los hielos, principalmente en función del retroceso de los glaciares y el considerable aumento del tamaño y volumen de los lagos glaciares, algo que los hace más propensos a las crecidas repentinas de los lagos glaciares (GLOF, por las siglas de su denominación en inglés, Glacial Lake Outburst Flooding). Existen al menos 20 lagos bajo riesgo en la región montañosa, y cada vez preocupa más que un terremoto o excesivas precipitaciones provoquen GLOF, lo que arrastraría consigo asentamientos y destruiría obras de infraestructura como plantas hidroeléctricas, carreteras y puentes a lo largo de las cuencas fluviales.9 Más inquietante aun es que el derretimiento de los glaciares del Himalaya podría tener un impacto enorme sobre los recursos hídricos y los sistemas ecológicos fluviales en toda Asia Meridional.10

Asimismo, los patrones de lluvias habrían cambiado drásticamente en los últimos años. Ya no resulta fácil pronosticar la llegada de las lluvias monzónicas ni cuánto habrán de durar, y el rendimiento de los cultivos va en retroceso. En 2006, los agricultores debieron replantar sus arrozales, ya que las lluvias cesaron repentinamente. Y la segunda siembra fue mala, ya que fuertes lluvias cayeron durante la cosecha, lo que dañó los cultivos. Las inundaciones monzónicas de 2008, que también son atribuibles al calentamiento mundial, ya que las inundaciones fueron provocadas por el derretimiento de la nieve de las cumbres montañosas, desplazaron a más de 180 mil personas.

Crisis energética

Luego de Brasil, Nepal es el segundo país más rico del mundo en función de sus recursos de agua dulce. Tiene un potencial de producción de 82 mil megavatios de hidroelectricidad, y la producción de la mitad de ese volumen es técnicamente viable. No obstante, hasta la fecha solo se explota aproximadamente 1% del potencial hidroeléctrico de Nepal, y en 2008 y 2009 el país experimentó la peor crisis de electricidad en años. Se ha generado un desequilibrio crónico entre el consumo de energía y la dotación de recursos energéticos. Cada año, la demanda de electricidad se incrementa 10%, mientras la producción permanece constante. El desfasaje entre la oferta y la demanda obligó al gobierno a declarar una crisis nacional de energía en diciembre de 2008.

Entonces, la Autoridad de la Electricidad de Nepal impuso cortes de energía diarios de 12 horas. Con la proximidad de la temporada seca a principios de 2009, los cortes de electricidad aumentaron hasta 16 horas por día. En consecuencia, la productividad del sector industrial decayó al menos 50%. La escasez de energía provocó el cierre de varias pequeñas y medianas empresas (PyMes). Estas PyMes no solo producen bienes finales y brindan trabajo, sino que también proporcionan bienes intermedios a las empresas más grandes. La falta de energía también perjudicó seriamente a otras empresas, ya que provocó el cierre de varias procesadoras de yute, emisoras de radio FM, cibercafés, fábricas de papel, hoteles y centros turísticos. La gente utiliza cada vez más combustible diesel, cuya oferta es errática, ya que es importado.11 Los bosques de las zonas rurales también sufrieron la presión debido a la falta de fuentes alternativas de energía.

Crisis alimentaria

Nepal se encuentra en la lista de 16 países en peligro de hambruna, que padecen los problemas más graves de inseguridad alimentaria en el mundo.12 Los años de conflicto han alejado la inversión en la agricultura. Cerca de 69% de la población depende de la agricultura. En gran medida son agricultores de subsistencia que poseen pequeñas parcelas de tierra. La “revolución verde” no alcanzó resultados sustanciales en el campesinado y la caída de la productividad acabó con la autosuficiencia alimentaria que caracterizó al país en otros tiempos.

El Programa Mundial de Alimentos proporciona ayuda alimentaria a 2,7 millones de personas actualmente. La situación se agravó mucho en 2008, no solo debido a la subida de los precios sino también a que India decidió suspender las exportaciones de arroz, de las cuales depende Nepal. Los conflictos armados y los frecuentes desastres naturales se han sumado al problema. Unicef señala que la desnutrición es la causa de 60% de la mortandad infantil,13 y el Programa Mundial de Alimentos calcula que 41% de la población está subalimentada.14  

La dependencia generalizada de la agricultura de subsistencia es la causa subyacente de muchos problemas de degradación ambiental, en particular del agotamiento de los recursos forestales, lo que a su vez genera pérdida de biodiversidad y desertificación. Las estrategias de supervivencia, los conocimientos de la población pobre y las opciones de medios de vida sostenibles deben estar vinculados.

Crisis política y social

El Gobierno de coalición se enfrenta a varios desafíos. Su tarea es establecer una paz duradera, institucionalizar la democracia mediante la redacción de una Constitución para la República Federal Democrática de Nepal, e instalar un sistema federal de gobierno que sea aceptable para la mayoría, aunque no para todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, las demoras en este sentido dieron pie a numerosos problemas. Varios grupos armados surgieron en distintas zonas del país y más están emergiendo. Sus secuestros, extorsiones, muertes, saqueos, robos, huelgas y conflictos diarios desestabilizaron aun más al país y son una gran amenaza para la reciente democracia.

Repercusiones de género de las crisis y la función de la sociedad civil
 
Las repercusiones de las diversas crisis afectarán tanto a los medios de vida de las mujeres como a los de los hombres. Los cambios climáticos han hecho que las fuentes tradicionales de alimentos sean menos previsibles y más escasas. El sustento de las mujeres depende más de los recursos naturales amenazados por el cambio climático, que puede provocar la pérdida de cosechas, a menudo su única fuente de alimentos e ingresos. Cuando la tierra se inunda, calles y casas sufren daños. Las mujeres son las que cuidan mayormente de las personas que migran desde las zonas inundadas. El agravamiento de la escasez del agua afecta a las mujeres en particular, ya que son ellas, tradicionalmente, las responsables de la recolección del agua en sus comunidades.

Grandes sectores de la población siguen expuestos a los conflictos civiles, lo cual limita el acceso a los alimentos y a los servicios sociales y económicos. Eso significa un mayor sufrimiento, especialmente para las mujeres, cuyos derechos sobre la propiedad no se garantizan y que carecen de la igualdad en el acceso a los recursos y el trabajo.

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el plano nacional e internacional pueden desempeñar una función destacada al ayudar a difundir el mensaje de las consecuencias de las crisis sobre el género, a través del activismo, el lobby y las campañas. En particular, pueden abogar por la integración de la perspectiva de género en los planes de desarrollo públicos, y en la negociación de estrategias de adaptación y mitigación con el fin de reducir la vulnerabilidad de las mujeres y los hombres nepaleses.

 

1 El fin de la rebelión dirigida por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) en noviembre de 2006, seguido de la instauración de un nuevo gobierno en mayo de 2008, no ha logrado aún el cese total de la violencia.

2 Sapkota, C. “Impact of Global Financial Crisis on the Nepali Economy.” República, 2 de diciembre de 2008. Disponible en: <www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=99>.

3 Parajuili, K. “Nepal Fears Global Financial Crisis, Looks to China.” Disponible en: <www.asianews.it/index.php?l=en&art=13574&size=A>.

4 Pyakuryal, B. (2008). “A Matter of Life and Debt.” Disponible en: <www.kantipuronline.com/columns.php?&nid=165540>.

5 “Impact of Global Financial Crisis on the Nepali Economy.”

6 Singh, M. “Global Financial Crisis: Its Impact.” The Rising Nepal. 2008

7 Adhikari, S. (2009). “Global Economic Crisis and Nepal.” The Rising Nepal.2009

8 Sapkota, C. “Constraints to Industrial Sector Growth in Nepal.” Disponible en: <www.sapkotac.blogspot.com/2009/01/constraints-to-industrial-sector-growth.html>.

9 ICIMOD. “The Melting Himalayas: Regional Challenges and Local Impacts of Climate Change on Mountain Ecosystems and Livelihoods.” Escrito técnico. Katmandú: Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD). 2007.

10 Ibíd.

11 Hassan, M. “Nepal Heading Towards a Dark Future: Needs More Electricity.” Disponible en: <www.southasiabiz.com/2008/02/nepal_heading_towards_a_dark_f.html>.

12 Shamsuddoha, M. et al. “Revamping Policies for Attaining Food Security in the LDCs.” Ginebra: INSouth Centre. Disponible en: <www.insouth.org/>.

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Region: 
left

NICARAGUA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La caída de exportaciones y remesas, que ya se empieza a sentir, seguramente redunde en un aumento del desempleo y el empobrecimiento de los nicaragüenses. En el corto plazo, para limitar los impactos de la crisis el Gobierno deberá aumentar el gasto en el sector público, estimulando así la actividad económica y el empleo. De todos modos, estas medidas no atacan el problema central y se hace imprescindible un cambio de rumbo, replantear el actual modelo de crecimiento, recuperar la agricultura de su actual rezago y efectuar un gran esfuerzo para revalorizar el capital humano.

Se necesita un cambio de rumbo

Dr. Adolfo Acevedo,
Comisión Económica de la Coordinadora Civil.
Coordinadora Civil

La caída de exportaciones y remesas, que ya se empieza a sentir, seguramente redunde en un aumento del desempleo y el empobrecimiento de los nicaragüenses. En el corto plazo, para limitar los impactos de la crisis el Gobierno deberá aumentar el gasto en el sector público, estimulando así la actividad económica y el empleo. De todos modos, estas medidas no atacan el problema central y se hace imprescindible un cambio de rumbo, replantear el actual modelo de crecimiento, recuperar la agricultura de su actual rezago y efectuar un gran esfuerzo para revalorizar el capital humano.

La actual crisis económica internacional no es solo la más severa y profunda desde la
Segunda Guerra Mundial sino también la más sincronizada, ya que, si bien se originó en los países desarrollados, está afectando simultáneamente la economía de cada región del mundo. Por primera vez en más de 60 años, en 2009 la economía mundial verá un crecimiento negativo. Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia un crecimiento negativo (-1,3%), la OCDE señala que el comercio mundial experimentará una contracción del 13,2%. Se espera que esta crisis genere la pérdida de 50 millones de empleos1 y la caída en la pobreza de 200 millones de personas. Por otra parte, el Banco Mundial anunció que, como resultado de su impacto, más de 400.000 niños podrían morir por causas evitables2.

Respecto a Nicaragua, la crisis probablemente afecte en el corto plazo el crecimiento de dos rubros fundamentales para la economía del país, como son las exportaciones y las remesas familiares, y derive en un aumento del desempleo (solo en las Zonas Francas, y desde enero de 2008 hasta marzo de 2009, la pérdida neta de empleos ya se situaba en casi 20.000).

Presumiblemente, el impacto de la crisis económica internacional se vea reflejado en una notoria pérdida de impulso de la demanda agregada, lo que determinará una fuerte disminución del ritmo de crecimiento de la producción y el empleo, con el riesgo inherente de una posible entrada en recesión. Las diferentes proyecciones que se han realizado sobre la economía muestran que, en mayor o menor medida, los principales componentes de la demanda agregada se desacelerarán de manera ostensible en 2009.           

La reducción de la exportación de bienes y servicios, del flujo de las remesas familiares, del crédito interno y externo, así como los problemas de liquidez y una mayor incertidumbre, probablemente se traduzcan en fuertes presiones recesivas que afectarán, con distinta intensidad, a muchos sectores de la economía. La reducción en el ritmo de crecimiento de la demanda agregada posiblemente se refleje en una tasa de crecimiento del PIB que, en el mejor de los casos, podría alcanzar un 0,5%, con alta probabilidad de caer a un negativo -1%.

Caída de exportaciones y remesas
  
La producción de bienes y servicios para la exportación ha venido representando el motor fundamental del crecimiento de la economía nicaragüense, al tiempo que la de bienes y servicios para el mercado interno casi no ha crecido en la última década y media. Al mismo tiempo, Nicaragua muestra una elevada dependencia del golpeado mercado de Estados Unidos para la colocación de sus exportaciones – que hasta 2008 representaban el 26,7% del PIB. Por esta razón, hasta marzo de 2009 las exportaciones registraron una retracción de casi 19%3.

Las remesas familiares, por su parte, que llegaron a sumar USD 807 millones – casi el 13% del PIB – en 2008, ya en mayo de 2009 habían caído 4%4. Cuatro de cada 10 familias nicaragüenses son receptoras de remesas, el 60% de las mismas proveniente de Estados Unidos. Las remesas representan un colchón social fundamental para la economía nicaragüense, ya que se estima que, en su ausencia, la tasa de pobreza crecería 4 puntos porcentuales.

Desempleo y pobreza

La CEPAL estimó un aumento de la tasa de desempleo desde 7,5% en 2008 a entre 7,8% a 8,1% en 2009, además de un incremento del mercado informal. El aumento significará que hasta 1,8 millones de personas se sumen a los 1,6 millones de nicaragüenses ya desempleados5.

Esto factiblemente reflejaría a su turno en un empeoramiento en la cantidad y la calidad del empleo. La pérdida de empleo formal se verá asociada a la pérdida de los beneficios de la protección del seguro social, tanto del receptor principal como de los beneficiarios dependientes.  

Es difícil que quienes pierden su empleo en el sector formal encuentren otro en el mismo sector, ya que  éste se ésta reduciendo fuertemente. Dado que los pobres no pueden darse el lujo de permanecer desocupados, el resultado más probable será la extensión del empleo y el sub-empleo en el sector informal. Este sector, al que recurren en búsqueda de ocupación los desempleados y la mayor parte de los jóvenes que se integran a la población activa, se verá sobre-saturado, con un deterioro del ingreso por persona. Seguramente aumentarán los niveles de pobreza e indigencia ya excesivamente altos, al tiempo que se profundizará la descomposición del tejido social.

En un país con una distribución del ingreso tan desigual (0,56 de coeficiente Gini) la población situada en los peldaños más bajos se beneficia menos en las fases de crecimiento de la economía pero tiende a ser la más afectada por cualquier shock adverso. Los más pobres carecen de ahorros y activos a los que puedan recurrir para amortiguar el impacto y hacer frente a las épocas duras, de manera que los efectos de las crisis sobre ellos pueden ser suficientes para hacerlos descender rápidamente por debajo de la línea de la pobreza extrema o la indigencia.

Lo más probable es que, ante el aumento del desempleo, se creen formas de generación de ingresos a escala pequeña y familiar dentro del sector informal, como estrategia de supervivencia de los hogares, y aumente la búsqueda de empleo por cuenta propia. Tales estrategias podrían tener efectos significativos en el crecimiento del trabajo no remunerado de miembros de la familia, con el peso recayendo en las mujeres y los niños. Al mismo tiempo, la saturación de este tipo de empleos tendería a reducir aún más el ingreso per cápita de los hogares que dependen de ellos, en condiciones en que los niveles de pobreza asociados a este tipo de empleos ya son muy elevados.

Por otra parte, el alza en el precio de los alimentos verificada durante 2007-2008 tuvo un severo impacto sobre los más pobres, reduciendo fuertemente su acceso a los alimentos y agravando su situación. A diciembre de 2007 el índice de precios de los alimentos había aumento 24,9% con respecto a diciembre de 2006, mientras que a diciembre de 2008 había aumentado otro 22,5%.

Esta contracción en el acceso a los alimentos no solo habría ocurrido con los pobres urbanos, un 93,8% de los cuales, según la FAO, constituyen compradores netos de alimentos, sino también con los pobres rurales, cuyo 73% también serían compradores netos de alimentos. El deterioro de la situación económica de los hogares podría agravar aún más las dificultades de acceso a los alimentos y empeorar la situación de hambre en un país en que el 22% de la población padece subnutrición.

Las mujeres se ven más afectadas

Las mujeres constituyen un grupo de la población especialmente vulnerable ante los efectos de la crisis. Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el 71% de las que viven en zonas rurales en edad de trabajar, y el 58% en zonas urbanas, no se incorporan al mercado de trabajo y, por tanto, no tienen fuentes de ingreso propias. La baja de ingresos familiares puede derivar en sobrecargas de trabajo de las mujeres dentro del hogar, para producir los bienes que ya no se podrán adquirir en el mercado.

Por otra parte, el 86,5% de las  nicaragüenses trabaja en los sectores de servicios (35,8%), comercio (32,3%) e industria manufacturera (18,4%), que podrían ser los más afectados por el desempleo o por la precarización del empleo a raíz de la crisis. De hecho, las mujeres han sido las más afectadas por la pérdida de empleos en las zonas francas.

Medidas para contener los efectos de la crisis

Limitar los efectos de la crisis económica internacional significaría principalmente atenuar la desaceleración de la demanda agregada o el gasto total que se orienta hacia la adquisición de bienes y servicios domésticos. El instrumento al que recurren con más frecuencia los gobiernos para enfrentar presiones recesivas es la implementación de una política monetaria y crediticia expansiva, para reanimar el gasto en el consumo y la inversión y atenuar los problemas de liquidez, lo cual significa que el Banco Central podría: 1) reducir el encaje legal (monto legal de reservas), 2) readquirir letras bancarias que ha colocado a través de operaciones de mercado abierto, o 3) reducir la tasa de descuento que aplica a las líneas de crédito que otorga al sistema financiero.

En todo caso, será indispensable disponer de líneas de crédito para apoyar a bancos que eventualmente pudiesen experimentar problemas de liquidez – debido, por ejemplo, al retiro de sus fuentes de financiamiento externo – o para que los bancos apoyen a empresas con problemas de liquidez. En un caso extremo, incluso, para recapitalizar bancos que pudiesen llegar a tener problemas de solvencia. Esto no tiene nada que ver con un trato privilegiado al sector financiero, sino con el hecho de que la inestabilidad del mismo puede tener repercusiones extremadamente severas sobre la economía real (la actual crisis mundial comenzó por una “simple crisis” en el sector financiero).

Hasta ahora, la medida más importante que promovió el Gobierno fue la obtención de una línea de crédito contingente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que sería utilizada en la eventualidad de que algunos bancos llegaran a experimentar dificultades financieras.

Sin embargo, es difícil que los bancos expandan agresivamente sus operaciones de crédito frente a las perspectivas tan magras e inciertas de los diferentes sectores de la economía. De hecho, el crédito bancario tiende a ser pro-cíclico, esto es, a restringirse cuando las circunstancias económicas se deterioran, lo que las deteriora aun más.

Para contrarrestar la contracción en la demanda agregada originada por la disminución del consumo privado y la inversión, la opción lógica es la expansión del gasto público. Éste representa, al igual que el gasto privado, una parte de la demanda agregada, capaz de estimular la actividad económica y el empleo. Por el contrario, si en vez de expandir el gasto público éste se contrae, se profundizará más la recesión; es decir que la reducción del gasto público será pro-cíclica.

La opción más efectiva para contrarrestar una desaceleración tan fuerte de la demanda agregada sería impulsar un paquete de inversiones públicas que compensen la caída en el crecimiento de los demás componentes de esa demanda. Éste es el esquema que se está privilegiando en todo el mundo.

Un agresivo programa de inversión pública en infraestructura básica, de rápida maduración – reparación y mantenimiento de caminos y mejoría de la red vial, expansión y mejoría de la red de distribución de agua potable y saneamiento, expansión de la red de distribución de energía, mantenimiento, reparación y construcción de nuevas aulas, viviendas, etc. –, así como un programa para mejorar la productividad de las pequeñas y medianas unidades económicas, urbanas y rurales, tendría varias ventajas. No solo contribuiría a contrarrestar o al menos atenuar el impacto de la crisis, sino que también se traduciría en la creación de activos y capacidades que contribuirían al desarrollo futuro del país. Tales inversiones constituyen prerrequisitos y elementos fundamentales del proceso de desarrollo.

Resultará esencial, además, proteger por todos los medios posibles el gasto fundamental de inversión en capital humano, especialmente el gasto en educación, atención en salud y acceso a los medicamentos esenciales y nutrición, y extender el gasto en protección social, que debe funcionar como un amortiguador contra los peores efectos de la pobreza en condiciones de fluctuaciones indeseadas de la economía.

Medidas a largo plazo

Sin embargo, no basta con enfrentar el impacto de la crisis a corto plazo. Es imprescindible comenzar a cambiar el rumbo del país, superar, de manera decidida, el enorme rezago y abandono de la agricultura6 y las zonas rurales, replantearse el actual estilo de crecimiento y realizar un esfuerzo extraordinario de inversión en capital humano e infraestructura básica. Nuestra propuesta es hacer un esfuerzo nacional de primer orden para alcanzar, en un nuevo plazo perentorio, una serie de metas fundamentales:
 
· Erradicar el analfabetismo adulto, vale decir, que para la fecha propuesta deberá estar
alfabetizado el 100% de la población mayor de 15 años.
· Universalizar la educación pre-primaria, elevando al 100% la tasa neta de matrícula entre los niños de 3 a 5 años.
· Alcanzar una tasa de matrícula primaria neta del 100%.
· Lograr que al menos el 80% de los niños y niñas que se matriculen en el primer grado de la educación primaria, logren culminar el ciclo completo de la enseñanza primaria.
· Alcanzar una tasa neta de matrícula secundaria del 75%.
· Elevar de manera significativa la calidad y pertinencia de la educación en todos los niveles.
· Lograr que, en el plazo que se establezca, se alcance una escolaridad promedio nacional de 9 años.

1 Ver: OIT. Tendencias mundiales del empleo, 2009. Diponible en: <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_103599.pdf>.

2 Ver: <www.gara.net/paperezkoa/20090322/128371/es/El-BM-compara-profundidad-crisis-actual-Gran-Depresion>.

3 Ver: <impreso.elnuevodiario.com.ni/2008/10/14/economia/87227>.

4 Ver: <www.remesasydesarrollo.org/estadisticas/remesas-familiares-hacia-nicaragua-siguen-cayendo-por-recesion-economica>.

5 Ver: <mpreso.elnuevodiario.com.ni/2008/12/19/economia/91815>.

6 La agricultura representa el 21% del valor agregado bruto producido por los diversos sectores de la economía nicaragüense,  y emplea alrededor del 30% de la fuerza de trabajo ocupada en el país, representando el sector que individualmente genera más empleo.

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Region: 
left

NIGERIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La mayoría de los nigerianos ha vivido por mucho tiempo en una situación de colapso económico. La corrupción es generalizada, hay falta de electricidad en todo el país, la educación y la salud se encuentran en condición deplorable y la lucha armada por el control de los recursos petroleros sigue siendo intensa. La crisis económica mundial profundizó aún más la pobreza. Los expertos subrayan que el país debería tomar medidas para reducir su dependencia del crudo y resolver la escasa implementación de los presupuestos anuales.

Apremio sin fin

Social Watch Nigeria
Luke Chukwu
Judith Ogunniran
Ray Onyegu1

La mayoría de los nigerianos ha vivido por mucho tiempo en una situación de colapso económico. La corrupción es generalizada, hay falta de electricidad en todo el país, la educación y la salud se encuentran en condición deplorable y la lucha armada por el control de los recursos petroleros sigue siendo intensa. La crisis económica mundial profundizó aún más la pobreza. Los expertos subrayan que el país debería tomar medidas para reducir su dependencia del crudo y resolver la escasa implementación de los presupuestos anuales.

Más del 90% de los nigerianos ha estado lidiando con la crisis económica por muchos años, pero su precaria situación ha empeorado desde que el actual Gobierno asumiera el poder. Con el total colapso de la infraestructura pública – como caminos y electricidad – y la corrupción generalizada, la vida se ha vuelto un interminable relato de necesidades, desamparo y miedo. Nigeria está a punto de ser considerado como un estado fallido.

Corrupción

Cada día los medios electrónicos y la prensa escrita denuncian casos de funcionarios del Gobierno que saquean fondos públicos y transfieren el dinero al extranjero. Según el ex presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz, durante aproximadamente cuatro décadas más de USD 300 mil millones fueron robados y escondidos en bancos extranjeros2. Se ha sugerido que si Estados Unidos, con sus billonarios presupuestos nacionales, puede enviar a su Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en busca de los USD 14 mil millones que los evasores fiscales tienen en Suiza, no hay ninguna razón por la cual Nigeria deba ignorar las advertencias del economista y Premio Nóbel Joseph Stiglitz y de funcionarios de la ONU para ir en procura de los miles de millones de nairas nigerianos almacenados bancos extranjeros3. Sin embargo, en vez de hacerlo, se discute pedir más dinero prestado y volver a caer en la trampa de la deuda para luchar contra la crisis económica.

Electricidad

Nigeria debe generar un mínimo de 10.000 megavatios por día para asegurar la normal distribución de electricidad. Sin embargo, cuando el actual Gobierno asumió en 2007, solo se generaban 3.000 megavatios diarios. Dos años después, la producción cayó a menos de 1.500 megavatios. La oscuridad reina en todo el país. Debido a la falta de suministro energético regular e ininterrumpido, los negocios se han venido a pique. El sector industrial está prácticamente extinguido. El desempleo es generalizado. Según un informe en primera página del periódico The Guardian, el Gobierno está solicitando otro préstamo de USD 600 millones del Banco Mundial para mejorar la situación del suministro de energía4. Los problemas que esto plantea son muchos. Por ejemplo, no hay ninguna garantía de que el préstamo no habrá de terminar en las cuentas del extranjero de los funcionarios del gobierno. Y en tanto el proyecto de electricidad es a largo plazo, las necesidades de las personas son inmediatas.

Educación y salud

Los docentes universitarios han realizado varias huelgas este año para llamar la atención sobre el estado deplorable del sector educativo. Entre otras cuestiones, protestan por la falta de instalaciones, el colapso total de infraestructura como electricidad y vivienda, y la arbitrariedad del Gobierno respecto a sus peticiones de mejoras. La situación en los niveles primario y secundario no difiera de la de nivel terciario. Los altos funcionarios del gobierno, así como los políticos, envían a sus hijos a escuelas y universidades en el exterior. Finalizada su educación, muchos de los que estudian en el extranjero se niegan a regresar a la podredumbre del país.

Los hospitales y las instalaciones de salud se han convertido en casas mortuorias; son sitios donde los enfermos van a morir. Los funcionarios gubernamentales y los políticos viajan al exterior para tratar sus problemas de salud. Desde hace varios años viene dándose un éxodo masivo de doctores y otros profesionales de la salud a Europa y América, donde pueden trabajar en mejor condiciones. Los hospitales y otras instalaciones de salud pública carecen de medicamentos; y donde están disponibles, son falsificaciones. Las instalaciones de salud eficientes son privadas y no son asequibles para la mayoría pobre.

Conflicto armado en el Delta del Níger

El conflicto armado entre las fuerzas del Gobierno y los separatistas militantes en la región del Delta del Níger por el control del petróleo que genera el 95% de la riqueza petrolera de Nigeria no da ninguna señal de detenerse. Los militantes secuestran a trabajadores extranjeros y explotan tuberías y otras instalaciones que pertenecen a las compañías petroleras. Varias compañías, entre ellas la BP-Shell, están cerrando sus operaciones en la región. Se teme que, al ritmo actual de disminución de la producción petrolífera, el Gobierno no podrá cumplir sus objetivos de ingresos. El resultado será más pobreza y muerte.

Escasa implementación de los presupuestos anuales

Durante una mesa redonda sobre la perspectiva comercial y económica para el año fiscal 2009 y la revisión del presupuesto 2009, organizada por la Oficina de Información Comercial en Lagos en enero de 2009, los expertos pintaron un cuadro económico sombrío para los nigerianos. Los panelistas fueron el Director General de Asociados Económicos, Dr. Ayo Teriba; el Director de Investigaciones del Comité Nacional de Inteligencia Económica, Sr. Weneso Orogun; y el renombrado economista y decano de la Facultad Académica de la Escuela de Comercio de Lagos, Dr. Doyin Salami. Además de la crisis económica mundial, los panelistas incluyeron la escasa implementación de los presupuestos anuales como factor contribuyente al lento crecimiento de la economía en las últimas décadas. Según los expertos, la cuestión no tiene tanto que ver con el aumento de las dificultades económicas y la deficiente calidad de vida del nigeriano medio, sino cuánto tiempo habrá de durar esta situación.

Orogun tachó de escandaloso el hecho de que la utilización de proyectos de capital hacia el tercer trimestre de 2008 fuera de apenas 33%. Se preguntó por qué, teniendo en cuenta la situación deplorable del sector de transporte, sobre todo las carreteras, el Ministerio de Transporte sólo había utilizado el 42,3% de su asignación en 2008, reembolsando aproximadamente USD 420 millones al  Tesoro. En efecto, en septiembre de 2008, sólo 10 ministerios habían utilizado más del 50% de sus asignaciones de capital. Orogun atribuyó la situación a la escasa capacidad técnica para poner implementar el presupuesto, al monitoreo ineficiente del presupuesto y a la corrupción.

Teriba, que fue el orador invitado, dijo que el colapso mundial significaría no solo una caída de la demanda global de bienes y servicios sino también un brusco descenso de los precios de las materias primas globales, como se manifiesta, por ejemplo, en la drástica reducción del precio del crudo. También dijo que habría escasez de crédito y un aumento de las tasas de interés con los consiguientes efectos multiplicadores. En términos específicos, presentó un panorama en el cual los bancos locales encontrarían muy difícil otorgar préstamos y, si lo hicieran, la tasa de interés sería muy alta. Esto se agregaría a los altos costos actuales de hacer negocios en el país, y empeoraría la situación grave del sector industrial y, en general, de prácticamente todos los operadores comerciales. Además, el experto dijo que las industrias y otras empresas también experimentarían menor demanda de sus bienes y servicios debido a la reducción del poder adquisitivo de la población. Esta situación se traducirá sin duda en pérdida de riqueza, recortes de empleos y otros problemas socioeconómicos.

Teriba enfatizó que los problemas económicos que se avecinan no se solucionarán tan pronto como debieran porque parece no haber ninguna capacidad para manejar la situación, aunque cree que el Gobierno todavía podría aliviar los efectos de la crisis mundial realizando mayores esfuerzos por restaurar la confianza en la economía. Sugirió que la decisión de basar el presupuesto 2009 en USD 45 por barril de crudo proyecta un pesimismo que envía señales erróneas a los actores involucrados. En su opinión, ya que el Gobierno basó el presupuesto 2008 en USD 59 por barril, mientras el precio del crudo era de USD 100, podría basar el presupuesto 2009 en un precio mucho más alto y usar las ganancias de 2008 para compensar la diferencia.

Salami manifestó que a los nigerianos les esperan tiempos difíciles debido a las medidas que tomará el Gobierno respecto a la crisis mundial. Censuró la dependencia del país del petróleo crudo, y destacó que se espera que la demanda mundial disminuya, de 85,84 millones de barriles diarios (mbd) en 2008, a 85,66 mbd en 2009, al mismo tiempo en que los países petroleros no pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se preparan para aumentar la producción de 50,57 mbd en 2008 a 51,15 en 2009. Esto implica que, al caer los ingresos del petróleo, el Gobierno probablemente incremente sus esfuerzos de recaudación fiscal, reduciendo de esa forma los ingresos disponibles y los ahorros de los ciudadanos. Salami enfatizó que se aproximan años flacos para los que dependen únicamente del comercio, y sugirió que una solución sería identificar los activos subvalorados de la economía y convencer a la gente para que invierta en ellos.

A la vista de esta situación, sólo podemos augurar un futuro sombrío. La crisis económica mundial sólo se suma a las ya deplorables condiciones de vida de los pobres de Nigeria. Es éste un muy mal escenario que sólo puede empeorar.

1 Luke Chukwu es Director de la Junta Directiva de Social Watch, Nigeria/ Profesor en Contabilidad de la Universidad de Imo State, Nigeria; Judith Ogunniran es Vice-directora de la Junta Directiva de Social Watch, Nigeria/ Directora Ejecutiva de Women and Youth in Africa; Ray Onyegu es Coordinador Nacional de Social Watch, Nigeria/ Director Ejecutivo de Socio Economic Rights Initiative.

2 Ojiabor, O. “Corruption Has Ruined Nigeria – APRM report.” Economic and Financial Crimes Commission, 2008. Disponible en.

3 Onuorah, M. y Okwe, M. “World Bank Gives Nigeria $600m for Power.” The Guardian, jueves 18 de junio de 2009. Disponible en.  

4 Stolpe, O. Gerente Principal de Projecto de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Delitos, en una conferencia de prensa sobre “Non-Conviction Based Forfeiture of Proceeds and Instrumentalities of Unlawful Activity Bill”. Abuja, 20 de mayo de 2009.

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Nuevo contexto, viejas políticas

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2009
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Los niveles de inflación, pobreza e indigencia son muy superiores a los mostrados por las estadísticas oficiales. Las medidas para combatir la crisis deberían corregir la concentración y desigualdad, partiendo de una agenda de transformación que incluya políticas sociales de corte universal para superar la dinámica excluyente de las últimas décadas y construir ciudadanía basada en los derechos civiles y políticos y sociales. Por otra parte, para avanzar en la sustentabilidad de las políticas sociales, es preciso que, a diferencia de lo que sucede últimamente, se disponga de información pública confiable.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)1

Los niveles de inflación, pobreza e indigencia son muy superiores a los mostrados por las estadísticas oficiales. Las medidas para combatir la crisis deberían corregir la concentración y desigualdad, partiendo de una agenda de transformación que incluya políticas sociales de corte universal para superar la dinámica excluyente de las últimas décadas y construir ciudadanía basada en los derechos civiles y políticos  y sociales. Por otra parte, para avanzar en la sustentabilidad de las políticas sociales, es preciso que, a diferencia de lo que sucede últimamente, se disponga de información pública confiable.

Sin duda, la crisis financiera global repercutirá en breve en el país. En este marco, ¿cuáles son las respuestas alternativas que se están planteando para hacer frente a un inminente aumento de la pobreza? ¿Cuáles son las propuestas en materia de políticas sociales frente a este nuevo escenario? ¿Continúan vigentes las políticas post crisis del año 2001 que han sido sostenidas en un contexto de crecimiento económico? Por otra parte, en materia de políticas centrales a la hora de pensar temas como exclusión, pobreza e indigencia, como las de transferencia de ingresos, ¿qué perspectivas hay de abandonar las respuestas de corte focalizado e incursionar en políticas de corte universal?

Como es sabido, la década de los 1990s significó para América Latina, y particularmente para Argentina, un proceso de transformación en términos económicos, políticos y sociales. En primer lugar Argentina fue el país de la región que implementó de manera más extrema las políticas dictadas por los organismos internacionales de asistencia crediticia, al tiempo que transformó en pocos años el funcionamiento de la economía, del marco regulatorio, la privatización de servicios públicos, la cobertura en materia de seguridad social, las responsabilidades estatales en numerosas áreas y servicios y la propia concepción de una política social ajena a un enfoque de derechos humanos.

En forma paralela, y contraria a los designios de los mentores de dichas políticas, el desempleo, la pobreza, la indigencia y la inequidad fueron creciendo aceleradamente, para desembocar a fines del 2001 en una severa crisis institucional y económica que llevó a la caída del gobierno, al abandono, tras diez años de implementación, del régimen de convertibilidad de la moneda y a un abrupto incremento de los niveles de pobreza e indigencia en el país que llegaron, respectivamente, al 57,2% y al 27,5% de la población en octubre de 20022.

Si bien a partir del año 2003 se hicieron evidentes los signos de recuperación económica, en el primer semestre del año 2008, la población por debajo de la línea de la pobreza alcanzaba todavía el 17,8%3 en tanto por debajo de la línea de la indigencia llegaba al 5,1%. Si bien la producción y difusión de información oficial es hoy día deficiente, informes privados e independientes estiman que esta situación superó el 30% – unas 12 millones de personas – en 20084. Respecto a la indigencia, mediciones extraoficiales la ubican en más de un 10%, – o sea, 4 millones de argentinos.

Ahora bien, más allá de los datos en sí mismos, esto resulta alarmante en un contexto de crecimiento económico que se anuncia se tornará recesivo. Así, más allá de cuánto demore la crisis internacional en llegar, la situación reviste singular gravedad. En este marco se dan situaciones límite, que en algunos casos son de vulnerabilidad social, para las cuales el mayor riesgo lo representa la inflación que, según estimaciones privadas, es 4 veces superior a la oficial. Por lo tanto, un aumento de la canasta básica superior a los ingresos reduciría la ya corta distancia de estos hogares respecto de la línea de pobreza.

Desempleo

En cuanto al mercado laboral, entre el 2003 y el 2007 el desempleo descendió en más de un tercio. En el cuarto trimestre de 2008 la tasa de desempleo se encontraba en 7,3%5. Pocas personas cobran el seguro de desempleo, desalentadas – entre otras razones – porque el beneficio apenas representa el 20% del actual sueldo promedio. Aunque no hay datos oficiales actualizados, se estima que sobre 1.200.000 de desocupados que informa el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) están cobrando el subsidio solamente 125.000 despedidos. Y por su parte, también se contrajo de manera significativa la subocupación a un 9,1%. En todos los casos que se habla de aumentos en la ocupación, no significa que los mismos refieran a la inserción a través de empleos registrados formales. Por otra parte, las inequidades de género en el mercado de trabajo continúan sin variaciones y no se han implementado acciones positivas tendientes a revertir las situaciones discriminatorias. En efecto, persiste un alto nivel de informalidad.

Si bien el empleo no registrado cayó – de 47% en el primer trimestre 2003 a 37,8% en el último trimestre 2008 –, el porcentaje de trabajadores informales sigue siendo extremadamente alto. El efecto concreto es que las regulaciones laborales y las políticas públicas que impulsan el salario indirecto (como el aumento en las asignaciones familiares, las regulaciones sobre obras sociales, el esquema jubilatorio, etc.) excluyen a cuatro de cada diez asalariados.

El acceso a la información

A todo esto se suman los serios problemas de producción y acceso a la información pública del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)6 que ha deparado, entre otras graves consecuencias, la ausencia de estadísticas confiables en temas tan sensibles como empleo, pobreza e inflación.

Sin ir más lejos, han proliferado las mediciones alternativas que revelan, entre otras cosas, que los niveles de inflación, pobreza e indigencia son muy superiores a aquellos sostenidos por las estadísticas oficiales. Este panorama dificulta el análisis de la realidad social y la tarea de diseñar políticas acordes.

¿Cuáles son las respuestas?

En líneas generales podría afirmarse que las políticas sociales argentinas se consolidan, ya desde la salida de la crisis de 2002, a través de dos grandes líneas: por un lado, las dirigidas a los trabajadores asalariados formales y, por otro, las destinadas a los sectores no integrados al mercado laboral formal, concretamente mediante programas sociales de transferencias de ingresos.

La primera línea, la política de recomposición salarial y de adopción de medidas destinadas a trabajadores asalariados formales incluyó también la revisión del régimen previsional y de asignaciones familiares, conjuntamente con estímulos para el registro del empleo, entre otras medidas adoptadas. En este marco pareciera haber una creciente confianza en el mercado como eje integrador y espacio de canalización de las necesidades individuales y sociales, a lo cual se integra un dispositivo de políticas para el “mientras tanto”.

La segunda línea ha consistido en programas de transferencias de ingresos para sectores con diverso tipo de “vulnerabilidad”. Dentro de este grupo de políticas cabe destacar el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), que es el emergente del escenario de crisis económica y alto nivel de conflictividad social que signó los últimos años de la convertibilidad en la Argentina. Constituye, básicamente, un programa centrado en el pago de una ayuda monetaria (unos USD 40 por titular) con el fin retórico de “garantizar el Derecho Familiar de Inclusión Social” a partir de asegurar la concurrencia escolar de los hijos/as y el control de salud, incorporar a los receptores a la educación formal y/o actividades de capacitación laboral que coadyuven a su futura reinserción laboral e incorporar a los receptores a proyectos productivos o servicios comunitarios, bajo la modalidad de “contraprestación” 7.

Sin duda, uno de sus principales logros ha sido su alcance cuantitativo en el breve lapso. Entre los principales destinatarios de las políticas de transferencias de ingresos se encuentra el PJJHD, que comenzó en junio de 2003 y alcanzó a 1.992.497 personas y en noviembre del 2007 contaba con 795.274 receptores8. Luego, como se verá más adelante, se registró una merma a raíz de la opción del traspaso a otros programas sociales como el Programa Familias por la Inclusión Social (PF), otros consiguieron empleo u otros casos en los que sus hijos superaron los 19 años.

Luego, ya en contextos de crecimiento económico, para los receptores del PJJHD considerados “empleables” o en vías de serlo en marzo de 2006 se anunció la creación del Seguro de Capacitación y Empleo sin que su implementación haya avanzado sustancialmente (para marzo del 2007 solamente habían ingresado 32.000 receptores a este programa).

Para los “inempleables” (en particular mujeres con cargas reproductivas) se creó el PF en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Según los datos oficiales, para agosto de 2007 el programa contaba con 504.784 familias destinatarias que reciben una prestación variable según la cantidad de hijos/as o menores de 19 años a cargo o discapacitados de cualquier edad. El monto básico es ARS 155 (USD 42) y la cifra puede llegar a ARS 305 (USD 82) con 6 menores a cargo (ya que luego pueden pasar a recibir la pensión para madres de siete o más hijos) que reciben ARS 390 (USD 105).

En líneas generales estos programas no respetan adecuadamente estándares en materia de derechos humanos. Puntualmente, presentan ciertas debilidades en términos de “contenido mínimo” de estándares aceptables de los derechos sociales y en particular sobre los principios de igualdad, no discriminación, universalidad y acceso a la justicia. Por lo tanto, más allá del discurso en términos de “derechos”, su diseño e implementación continúan pensándose bajo la lógica de beneficios.

Sin embargo, no obstante su magnitud, la disminución del porcentaje de pobreza e indigencia entre los años 2002 y 2007 difícilmente pueda ser atribuida a los programas implementados, cuyo aporte se puede evaluar más como un “alivio” que como una estrategia de “superación” de la pobreza. Pero sobre todo, la sombra que proyecta la crisis internacional hace que aspectos de persistencia e inamovilidad resulten alarmantes. Si bien el número de receptores del PJJHD ha disminuido por diversas razones desde la crisis del 2001-2002, aún el alcance resulta significativo para un país que ha experimentado crecimiento económico. Cabe también recordar que el acceso a ambos programas se encuentra cerrado, por lo que la única vía de ingreso es la judicial y para muchos sectores la universalidad de la cobertura, en el marco de los criterios seleccionados, es solo una ilusión.

Políticas sociales universales, una necesidad urgente

El incremento del empleo y los ingresos se está produciendo básicamente en el mercado formal. El Estado generó y sostuvo las condiciones macroeconómicas que permitieron el proceso de reactivación económica y lo acompañó con algunas políticas y acciones destinadas a mejorar los ingresos de los sectores formales (asignaciones familiares, salario mínimo, etc.) con lo cual reforzó esta tendencia. En líneas generales, las luces en este proceso han estado puestas principalmente en los trabajadores asalariados formales, quienes han mejorado sus condiciones en relación con las políticas aplicadas durante los años 1990.

La persistencia de un elevado nivel de empleo no registrado y de un alto nivel de pobreza e indigencia disminuye el impacto de medidas orientadas al trabajador asalariado formal y aumenta las disparidades entre los dos sectores.

Sin ir más lejos, aquellos trabajadores que se encuentran dentro del mercado de trabajo reciben una asignación familiar (AAFF) por hijo/a pero no así aquellos sectores pertenecientes a la economía informal, cuentapropistas, desempleados no receptores del seguro de desempleo (por ejemplo quienes reciben planes sociales), trabajadoras del servicio doméstico, migrantes, personas privadas de libertad o institucionalizadas por encontrarse afectadas en su salud mental. Si bien cabe aclarar que el objetivo de las asignaciones no fue cubrir directamente a los niños/as sino el crecimiento y expansión familiar del trabajador asalariado formal, no hay razón por la cual un/a niño/a cuyo padre o madre se encuentran por fuera del mercado formal de trabajo, como cuentapropistas o como receptor de un programa social, no pueda ser alcanzado por la política pública.
 
El censo de población de 2001 mostró que el 70% de los niños estaba excluidos. Esta discriminación, por otra parte, se traslada a los programas sociales de transferencias de ingresos como el PF: ahí el hijo de una madre receptora recibe ARS 45 (USD 12), en tanto aquel cuyos padres tienen un trabajo formal puede llegar a percibir hasta ARS 100 (USD 27) por AAFF.

El nuevo escenario

Es posible que la crisis internacional reabra un espacio para redescubrir la pobreza y abrir una ventana de oportunidad para la discusión de la universalidad. Sin embargo, como signo alentador, se han presentado numerosos proyectos legislativos que han sido sólo discutidos a nivel de comisión. Aun así, la provincia de Buenos Aires, la más significativa del país en términos de influencia política y población, está implementando gradualmente una política de beneficio universal. Si bien las políticas universales propuestas no habrán de solucionar la problemática de pobreza y exclusión, al menos pueden poner en marcha un dispositivo de política social acorde con el contexto socio-económico y los cambios en el mercado de trabajo. Se impone, entonces, tomar en cuenta las transformaciones acaecidas y omitir la continuación de políticas acordes a otros contextos, como el de pleno empleo.

La conclusión es obvia: en el marco de la recuperación de la actividad económica, las condiciones de funcionamiento de la economía local (elevada concentración y extrema desigualdad) no se han modificado en lo sustancial. Una agenda de transformación debería incluir, entre otras cosas, políticas sociales de corte universal, lo que en rigor implica reinstalar la discusión sobre universalidad y asumir que la política social sigue siendo cardinal para la construcción de ciudadanía basada en el respeto y la profundización de derechos individuales y sociales. Al mismo tiempo, las políticas de corte universal configuran una vía para superar efectivamente la dinámica excluyente de las últimas décadas. Para esto, es fundamental contar con información pública confiable, de calidad y en cantidad suficiente que permita avanzar en la sustentabilidad de las políticas sociales.

1 Elaborado por Pilar Arcidiácono  y Laura Royo, directora e integrante del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2 Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), Porcentaje de hogares y personas bajo las líneas de pobreza e indigencia en los aglomerados urbanos EPH y regiones estadísticas, desde mayo 2001 en adelante. Disponible en: <ww.indec.gov.ar/>.

3 INDEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

4 “Estiman que la pobreza es casi el doble de la admitida por el Gobierno”. La Nación, 3 de Febrero de 2008.

5 “Seguro de desempleo: lo piden pocos y está desactualizado”. Clarín, 9 de Marzo de 2009. Disponible en:
 <www.clarin.com/diario/2009/03/09/elpais/p-01873175.htm>.

6 Ahora bien, los problemas relacionados con la información no sólo se concentran en el INDEC. Es importante recordar aquí el problema que enfrentó el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), cuya página web se vio suspendida por un tiempo prolongado y cuyo actual relanzamiento no cuenta con la información completa. Así también falta de información para analizar las políticas sociales debido a la falta de publicidad y actualización en las páginas web oficiales.

7 Decreto 565/02.

8 Según información del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a diciembre de 2008 el total de los receptores de programas de empleo alcanzaba a 970.000 beneficiarios. De todos modos, al consagrar una prestación indiferenciada por cada jefe/a de hogar desocupado/a, el PJJHD no realizó distinción alguna según la composición del grupo familiar. De esta manera, cuanto mayor la cantidad de integrantes del hogar, menor la incidencia de la prestación en términos del logro de los objetivos planteados. Por otra parte no existen mecanismos administrativos y/o judiciales de reclamo previstos en la normativa del plan. Pese a numerosas acciones de amparo por parte de personas que reúnen los requisitos establecidos en la reglamentación, que reclamaron su incorporación al PJJHD y cuestionaron el cierre de la inscripción, más allá de las sentencias favorables, el proceso de judicialización no tuvo mayor impacto ni en la revisión de la política pública, ni en el campo del diálogo e interacción entre los diferentes actores. Al respecto, ver Arcidiacono, Pilar y Royo, Laura: “Lejos de un enfoque de derechos”, en Informe Social-Watch 2008.

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PALESTINA

Publication_year: 
2009
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Desde 1948, cuando los convirtieron en una población de refugiados dentro de su propio país y los estados árabes vecinos, las condiciones de vida de los palestinos han sido nefastas. Más aún, desde la ocupación militar de Israel en 1967, la colonización y la discriminación racial se han vuelto prácticas comunes del poder de ocupación. Tanto el muro de separación, que comenzó a construirse en 2002, como el encierro impuesto a los territorios palestinos y el último brutal ataque israelí a Gaza en diciembre de 2008 aumentaron la segregación, el desempleo y la recesión económica.

Pobres y encarcelados

Allam Jarrar
Palestinian NGO Network
 
Desde 1948, cuando los convirtieron en una población de refugiados dentro de su propio país y los estados árabes vecinos, las condiciones de vida de los palestinos han sido nefastas. Más aún, desde la ocupación militar de Israel en 1967, la colonización y la discriminación racial se han vuelto prácticas comunes del poder de ocupación. Tanto el muro de separación, que comenzó a construirse en 2002, como el encierro impuesto a los territorios palestinos y el último brutal ataque israelí a Gaza en diciembre de 2008 aumentaron la segregación, el desempleo y la recesión económica.

Por más de 60 años el pueblo palestino ha sido privado de su derecho básico a la autodeterminación y se le ha impedido establecer su propio estado independiente dentro del cual el desarrollo social pudiera ser una realidad sin mayores impedimentos políticos del exterior. Desde 1948, el año de la Nakba (catástrofe), cuando más de la mitad de los palestinos fueron expulsados de sus propias tierras, todo el proceso de su desarrollo ha sido moldeado por fuerzas externas. El año 1967 fue testigo de una nueva complicación cuando las fuerzas militares israelíes ocuparon el resto de Palestina.

Sólo ha crecido la inestabilidad

El establecimiento de la Autoridad Palestina en 1994 como resultado de los acuerdos de Oslo firmados en Washington DC, le dio la responsabilidad por el bienestar socioeconómico de la población palestina en las zonas de Cisjordania y Gaza. Sin embargo, la incapacidad de llevar a buen término el tratado de paz condujo en 2000 a la segunda Intifada (rebelión) palestina que tuvo como consecuencia un mayor deterioro de los indicadores socioeconómicos de la población.

Según el informe de 2007 del Banco Mundial al Comité de Enlace Ad-Hoc, el PBI per capita cayó de USD 1.612 en 1999 a USD 1.129 en 2006. Es más, el PBI estaba impulsado cada vez más por el Gobierno, el consumo privado de las remesas y la ayuda de los donantes; la inversión había caído a niveles extremadamente bajos, dejando “una base productiva inadecuada para una economía autosuficiente”1

Por otra parte, Cisjordania y Gaza tenían una fuerza laboral en expansión y, debido a lo imprevisible de los cruces y controles de frontera, el sector privado se estaba reduciendo. Por esta razón, el empleo en el sector público aumentó en 60%. Mientras el sector público se expandía, la capacidad productiva de la economía se vaciaba, haciéndola cada vez más dependiente de los donantes2.

Detrás del muro

Las zonas palestinas están completamente segregadas en tres grupos principales; a los palestinos se les niega el acceso a Jerusalén. En los últimos nueve años, el régimen de encierro interno impuesto por el poder de ocupación israelí en Cisjordania, así como la construcción del muro de separación, han producido una profunda recesión económica y crecimiento económico negativo. Además, Israel retiene los ingresos impositivos recaudados a nombre de la Autoridad Palestina. Esto afecta el flujo y el destino de la ayuda de los donantes al tener que redirigirla a apoyar el presupuesto. Al impedir el desarrollo en la Zona C (principalmente, las regiones oriental y sur) Israel evitó que los donantes dirigieran su ayuda a cerca de 60% de las áreas supuestamente bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. Los donantes deberían exigir explicaciones sobre esta limitación porque deja a grandes áreas en situación desesperada.

La pobreza en aumento

El número de palestinos pobres es cada vez mayor y aún más palestinos están en riesgo de caer en la pobreza. Encuestas realizadas en mayo de 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Programa de Asistencia al Pueblo Palestino muestran que 58% de los palestino viven por debajo de la línea de pobreza, y cerca de la mitad de ellos, 30%, viven en la pobreza extrema3. Además, cerca de 9,4% de los hogares de tamaño promedio que técnicamente están por encima de la línea de pobreza (con un ingreso mensual de aproximadamente USD 500–750) corre serios riesgos de caer en la pobreza si se mantienen las condiciones socioeconómicas actuales.

En cuanto a la tendencia negativa de la pobreza de ingresos, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza aumentó de 50% en marzo de 2006 a 60% en agosto de 2007, con picos tan altos como 68%, según la medición de noviembre de 2006. La pobreza en la Franja de Gaza es más pronunciada; los hogares pobres, que en marzo de 2006 representaban el 52%, aumentaron a 71% en agosto de 2007. Es más predominante y severa en las gobernaciones de Khan Younis y Gaza del Norte. En Cisjordania, la proporción de hogares pobres durante el mismo período parece haberse mantenido esencialmente estable, variando de 49% a 51%. Pero estas cifras ocultan picos de pobreza de ingresos de más del 60%4; algunas gobernaciones en la zona norte de Cisjordania, como Toubas, Salfit, Tulkarem y Qalqilya, muestran tasas de pobreza similares a las de la Franja de Gaza.

La persistencia de la pobreza extrema fuerza a muchos hogares a depender de mecanismos de  supervivencia tales como recurrir a otros recursos además de su ingreso principal. Sin embargo, casi 40% de la población ya no puede acceder siquiera a esos medios alternativos para sobrellevar las dificultades, subrayando así la severidad de la pobreza en el territorio palestino ocupado5.

El último ataque masivo

Se impuso un bloqueo total en Gaza; todos los puntos de entrada y salida fueron cerrados; se congelaron todos los proyectos financiados por donantes; Gaza se convirtió en una enorme prisión con 1,5 millón de palestinos encarcelados, donde tan sólo llegaba alguna ayuda humanitaria de emergencia. A fines de diciembre de 2008, Israel lanzó una guerra total contra Gaza que duró 22 días y dejó como saldo más de 1.400 palestinos muertos, miles de heridos y hogares destruidos, muchísimas personas sin hogar y destruyó prácticamente la infraestructura civil y de seguridad de Gaza. Al tiempo de redactar este informe, no se habían tomado medidas efectivas para “reconstruir” Gaza.
 
Más aún, los efectos del conflicto no se determinan sólo por el número de pérdidas humanas o de locales destruidos. Como los métodos de ocupación en su conjunto son violentos, sus impactos calan hondo en la sociedad palestina, con consecuencias sociales, psicológicas, culturales y económicas.

Ayuda bajo presión

Según el informe del Banco Mundial6, los flujos de ayuda que llegan a Cisjordania y Gaza “siguen siendo fragmentados y se concentran en arreglos bilaterales con los donantes en base a posiciones políticas de corto plazo, más que en una visión de largo plazo con fundamentos más amplios sobre economía y gobernanza”. La ayuda ha sido reactiva y temporaria. La agenda de la ayuda está determinada menos por las necesidades de desarrollo de Palestina que por las diferentes agendas políticas de los principales donantes que compiten entre sí. Por otra parte, la ayuda se ha enfocado principalmente en lo que ha sido descrito como políticas de construcción del Estado, en tanto se pasa por alto la necesidad de enfocarse en la construcción de la sociedad palestina.

Además, la ayuda de algunos donantes no ha sido neutral; ha exacerbado el conflicto interno al dar apoyo a un grupo en contra de otro, al retener la ayuda a diferentes facciones debido a su posición política, o al abstenerse de financiar proyectos de desarrollo en conformidad con las restricciones y presiones israelíes. La ayuda al desarrollo cayó de cerca de 28% de desembolsos totales en 2005 a levemente menos de 10% en 2007. Entre tanto, el “apoyo presupuestario” aumentó de cerca de 30% en 2005 a casi 70% de los desembolsos de 20077.

1 Banco Mundial (2007). “Two Years After London: Restarting Palestinian Economic Recovery. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee”. 24 de septiembre. Disponible en: <siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMainReportfinalSept18&cover.pdf>.

2 Ibid.

3 PNUD (2007). “Poverty in the Occupied Palestinian Territory 2007”. Development Times, N° 1, julio. Disponible en: <www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/dtpov.pdf>.

4 Ver: “The Palestinian Poverty Monitor” y las encuestas mensuales de “Pulse”. Disponibles en: <www.neareastconsulting.com>.

5 PNUD (2007), op. cit.

6 Banco Mundial (2007), op. cit.

7 Ibid.

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PARAGUAY

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2009
Summary: 
Pese al severo perjuicio que se espera como resultado de la crisis financiera internacional, las perspectivas para Paraguay no son las peores. Por su bajo nivel de endeudamiento externo –debido también a serias dificultades en la implementación de préstamos por los gobiernos de la llamada transición-, un respetable nivel de reservas internacionales y su vocación de exportar bienes agrícolas, un pequeño país como Paraguay, que produce alimentos y energía limpia, con disponibilidad de agua dulce y de tierras fértiles, tiene ventajas comparativas que deben ser potenciadas.

Se gesta plan anticrisis

DECIDAMOS, Campaña por la Expresión Ciudadana
Genoveva Ocampos
 
Pese al severo perjuicio que se espera como resultado de la crisis financiera internacional, las perspectivas para Paraguay no son las peores. Por su bajo nivel de endeudamiento externo –debido también a serias dificultades en la implementación de préstamos por los gobiernos de la llamada transición-, un respetable nivel de reservas internacionales y su vocación de exportar bienes agrícolas, un pequeño país como Paraguay, que produce alimentos y energía limpia, con disponibilidad de agua dulce y de tierras fértiles, tiene ventajas comparativas que deben ser potenciadas.

En Paraguay la crisis producida por el descalabro financiero en los países del Norte fue, en un principio, percibida como lejana o ajena a la realidad nacional. Por otro lado, tras la sequía que afectó a la región – una de las más perjudiciales en mucho tiempo – se hizo difícil discernir entre los daños derivados de la crisis financiera y los causados por la falta de agua. Muy pronto, se hace evidente que la crisis internacional afectará al país y que puede condicionar, para bien o mal, los proyectos del nuevo gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio (2008-2013) e incluso dificultar importantes negociaciones como, por ejemplo, las de un precio justo por la energía de la Itaipú Binacional, cedida a Brasil.

Si bien todavía es difícil dimensionar la amplitud de sus efectos y, por lo tanto, especificar las medidas necesarias para enfrentarlos con posibilidades de éxito, se ha hecho evidente la necesidad de dejar de lado actitudes mezquinas y oportunistas, así como imposturas e improvisaciones de toda laya, herencia de los malos gobiernos anteriores.

Tendencias, expectativas y reacciones

  1. Desaceleración del crecimiento. Las primeras expectativas del nuevo gobierno, las que sustentan el Presupuesto de Gastos de la Nación 2009, eran optimistas en lo que respecta al comportamiento de la economía. Con el correr de los meses el crecimiento de 5% inicial se redujo a 2% y luego a 1,7%, anunciando un período de desaceleración. Para algunos analistas las previsiones oficiales se quedaron cortas y se especula con una recesión,  o sea un crecimiento negativo del -2%, lo que vendría acompañado de déficit fiscal –que ya no es visto como un problema.
  2. Crecimiento de la pobreza. Un informe del PNUD-UNICEF-UNFPA de comienzos de 20091 alerta que, sin medidas adecuadas, se perfila para este año un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, lo que compromete el cumplimento de los ODM. Los problemas de diseño y la pésima gestión de programas sociales, así como la falta de políticas específicas para el sector campesino de la década anterior, han contribuido a generar – según las estadísticas oficiales – un incremento de un millón de pobres. Hoy se estima que, como producto de la crisis, habría 300 mil nuevos pobres. Por efecto combinado de crecimiento del desempleo, caída de los ingresos y reducción de las remesas, la proporción de pobres se incrementaría de 35,6% en 2007 a 40,3% en 2009, mientras que los pobres extremos pasarían de 19,4% a 22,8 % (la meta intermedia de 2008 era 13%)2.
  3.  Deterioro del precario mercado de trabajo. Las primeras estimaciones indican pérdidas del orden de 80 a 100 mil empleos3, cifra similar al número de empleos que Paraguay debería generar anualmente para responder a la demanda de trabajo digno de jóvenes y campesinos.  Hoy, un 35% de la PEA (población económicamente activa) se encuentra desempleada o subempleada, 70% de los asalariados ganan por debajo del salario mínimo legal y sólo 15% tiene cobertura en salud. Estas cifras son parte del legado del Partido Colorado que previamente sostuviera al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner.
  4. Ayuda estatal para el agro. Los primeros en reclamar ayuda estatal fueron los agraciados con la modernidad y la mecanización agrícola en décadas recientes, los sojeros (o “brasiguayos”, por su procedencia). Luego de un alza excepcional que acompañó el de los precios del petróleo y las expectativas generadas por el frenesí de los biocombustibles, el sector exportador más dinámico enfrenta un brusco descenso de las tasas de ganancia debido al efecto combinado de sequía, baja productividad y caída del precio a nivel mundial.

    El efecto inmediato fue el pedido de asistencia al Estado para financiar el 50% de la cosecha ante el retiro de las empresas trasnacionales encargadas de la operación. El pedido, estimado originalmente en USD 500 millones, se redujo a la mitad cuando se pasó al cálculo del refinanciamiento y siembra del ciclo venidero. Ni el sector financiero privado ni el público parecen disponer de ese monto en lo inmediato; además, se plantea el dilema de a quién o a quienes debería socorrer el Estado, con qué objetivo y en qué orden de prelación.

  5. Encarecimiento del crédito. En el último año el costo del crédito (de por sí escaso) se duplica, situándose en 30% a noviembre del 2008, lo que compromete en lo inmediato toda dinámica de reactivación económica. Las tasas de interés para actividades agropecuarias, mientras tanto, se incrementaron un 50%, pasando de 10% a 15%4. A su vez, el costo del dinero sigue siendo elevado para préstamos en dólares y a largo plazo, como en el caso de viviendas.
  6. Disminución del comercio exterior. Se ha manifestado tanto en la importación de bienes – i.e. automóviles usados de Iquique, Chile, y electrodomésticos chinos – como en la exportación, por las dificultades de colocación de productos manufacturados debidas a la retracción del consumo – por ejemplo, forros de cuero para autos – y creciente proteccionismo en países de destino, en particular Argentina con los textiles. La sequía contribuye con este escenario deprimido; con la bajante del río Paraguay y la falta de dragado periódico, se dificulta y encarece el transporte fluvial.
  7. Congelamiento de las iniciativas para incrementar tributos. Luego de un cálculo inicial de un 25% de incremento en las recaudaciones, se considera hoy que sería todo un logro sostener la recaudación de 2008. Esto significa que será difícil elevar el nivel de la presión tributaria, que es de 11,6% (una de las más bajas del continente). Así pues varias propuestas quedaron en suspenso: un impuesto mínimo a las ganancias extraordinarias de los sojeros, que había generado un fuerte rechazo entre los productores, el rediseño del impuesto a la renta agropecuaria, un ajuste en los valores fiscales de la tierra – lo que contribuiría a una mayor recaudación de gobiernos locales –, además de una nueva demora en la entrada en vigencia del Impuesto a la Renta Personal.5

El Gobierno ante la crisis

El Gobierno ha ido montando una estrategia cautelosa y realista, en etapas, con el propósito de racionalizar y potenciar los recursos disponibles:6

1) 1ª fase, desde octubre de 2008. Medidas monetarias para dotar de liquidez al sistema bancario y medidas fiscales para racionalizar el gasto e incrementar los ingresos.

a) La reducción condicionada del encaje legal sobre depósitos tanto en guaraníes como en dólares para motivar a los bancos a captar ahorros de largo plazo y con la intención de liberar recursos para destinarlos al financiamiento y refinanciamiento de créditos productivos.
 
b) La reducción de las tasas de interés de los instrumentos de regulación monetaria para que los bancos “hagan trabajar su dinero”, es decir, para que aumenten la oferta crediticia.

c) El Banco Central intervino sosteniendo el guaraní ante un dólar que se aprecia, lo cual tiene efectos ambivalentes: penaliza a importadores pero puede constituir un alivio para exportadores, mientras que un guaraní devaluado – la otra cara del fenómeno – podría encarecer los pagos de la deuda.

2) 2ª fase, desde enero de 2009. Política fiscal expansiva.

Se prevé un aumento deficitario del gasto público o más bien un presupuesto expansivo orientado al gasto en obras públicas (empedrados, puentes) y políticas sociales para generar  empleo (viviendas) y proteger de la crisis a sectores vulnerables. Inicialmente se estimó un déficit de financiación de USD 300 millones. Se promete un control periódico de las actividades tendientes a sostener la ejecución de los incrementos presupuestarios (obras públicas, de aproximadamente USD 100 millones a USD 200 millones, y transferencias condicionadas - de 17.000 a 120.000 beneficiados).

3) 3ª fase, desde febrero de 2009. Medidas para satisfacer necesidades financieras y crediticias de los sectores productivos.

Además, se busca reforzar la cartera crediticia de la Agencia Financiera de Desarrollo – con lo que se espera generar más oportunidades de refinanciamiento a mediano y largo plazo – así como la de la banca pública en relación con la demanda de pequeños y medianos productores. El Estado gastará prioritariamente en productos nacionales. 

4) 4ª fase, en diseño. Medidas adicionales para incrementar la inversión pública y privada.

Además de los regulares, se prevé créditos de contingencia que están siendo revisados o que, ya aprobados, deben ser enviados al Parlamento o cuentan ya con media sanción. Los mismos, destinados a caminos, crédito productivo (Banco Interamericano de Desarrollo) y producción agrícola y agua (Banco Mundial) fuerzan la revisión de las modalidades de concesiones y contrataciones público-privadas, así como mejorar la capacidad de ejecución presupuestaria.

Respecto al Plan Anticrisis a ser analizado por los parlamentarios, el nuevo Gobierno ha extremado medidas para discutirlo con distintos sectores – partidos políticos, parlamentarios, exponentes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil – pero ni la pertinencia de las medidas propuestas ni su capacidad para reducir los efectos previstos son para todos evidentes. Hay quienes sostienen que se trata de medidas que tendrían que ser implementados con o sin crisis, por tratarse de préstamos ya comprometidos o con demoras en su aprobación. Para otros, los préstamos de contingencia de la banca multilateral aún deben ser sopesados en términos de beneficiarios, costos y su contribución a mejorar el gasto público.

Emergen, además, nuevos reclamos de corte corporativista, difíciles de justificar y/o satisfacer. Así, por ejemplo, al pedido de aumento salarial de los funcionarios públicos en 2008 se suma ahora el de los demás gremios, mientras que las empresas sojeras reclaman refinanciación y crédito blando en lo inmediato. Por otro lado, el recurrente reclamo por tierras, soberanía alimentaria y reactivación de la economía campesina prosigue de manera intermitente en el campo.

A todo este desconcierto de intereses, se suman las críticas que empresarios y políticos oportunistas realizan a las transferencias condicionadas en dinero para los sectores más vulnerables (de mayor cobertura y monto en relación a la administración anterior, lo que puede generar también mayor competencia y complicaciones de acceso). En realidad las transferencias en dinero no son la panacea ni serán fáciles de aplicar, puesto que es difícil discriminar entre pobres e indigentes cuando el patrón de medición es el ingreso o cuando la baja cobertura y/o la mala calidad de los servicios públicos de salud y educación afecta a todos por igual. Las transferencias condicionadas se justifican en “tiempos de excepción” y ante las dificultades de re-construir alternativas en lo inmediato. Perono serán suficientes: comportan riesgos en términos de gobernabilidad y sostenibilidad, por lo que su adecuada implementación dependerá de la capacidad del Gobierno para sortear los problemas de método y de medición, así como las presiones locales de todo tipo.

En última instancia, se requiere voluntad política y fundamentar la estrategia aún en proceso de ajustes para construir una mayoría parlamentaria que hoy no existe – en gran medida a raíz de la crisis de liderazgo, mediación y representación que afecta a los partidos políticos. El desafío para el Gobierno será entonces neutralizar a las fuerzas retrógradas, recluidas en el Partido Colorado, que ya manifestaron su voluntad de ignorar el plan, lo que significaría boicot en perspectiva.

Respuesta de la sociedad civil

Los primeros en manifestarse fueron los hasta hoy beneficiados por las políticas neoliberales y de integración de mercados: agro-exportadores, industriales, importadores, publicistas. El problema está en que, salvo excepciones, los sectores empresariales se limitan a pedir explicaciones sobre el alcance de las medidas y a esbozar reclamos, más que a proponer alternativas. Así también hay reclamos, como el de los sojeros, que rápidamente se perciben como ilegítimos, ya que no sólo pretenden cubrir pérdidas sino mantener el nivel de actividad y ganancias a través del subsidio público. Se debe tener en cuenta que las ganancias extraordinarias llegaron a su pico en el ciclo anterior, en parte gracias a la especulación en el mercado a futuro de commodities agrícolas, a raíz de la promoción de biocombustibles7. Este es un indicio de que la crisis puede llevar a impases o a reforzar esquemas de asignación de recursos que se buscan superar.

Existe una evidente irresponsabilidad y miopía por parte de la oposición conservadora o de derecha, que se opondrá al plan anticrisis con el propósito de perjudicar al nuevo Gobierno de centro-izquierda. Por su parte, los reclamos de organizaciones de trabajadores y de campesinos corren riesgo de ser instrumentados, ya sea por partidos de izquierda dentro y fuera del gobierno, como por medios de comunicación que buscan confundir a la opinión pública.

Hay quienes descalifican las propuestas anticrisis, tildándolas de medidas neoliberales y argumentando que sólo implican endeudamiento externo perjudicial e innecesario, o que beneficiarán a los ricos, a los bancos y a las finanzas internacionales. Los tiempos, sin embargo, ya no están para sesgos ideológicos que impedirán a los paraguayos asumir una coyuntura crítica, fuertemente condicionada por un legado de mala gestión pública y pendientes estructurales que pesarán cada vez más a la hora de las decisiones. 

Organizaciones de la Sociedad Civil – como la  Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y Decidamos – que conforman la Mesa de Inversión en Niñez y Adolescencia, se plantean contribuir al conocimiento de los efectos de la crisis en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad; lo hacen participando en el debate de las políticas sobre inversión en la infancia a fin de aportar propuestas concretas.

Un plan anticrisis no será lo ideal pero es necesario y será lo que se logre construir en lo inmediato desde el Estado y sumando esfuerzos; teniendo en cuenta los antecedentes de planificación en el país, de llevarse a la práctica ya sería un avance. El éxito dependerá de una cabal comprensión de los problemas heredados y los que surjan en un nuevo escenario caótico e impredecible. De todos modos, puede que la crisis sea clave para reorientar rumbos en lo económico, social y medioambiental, así como para mejorar la capacidad de gestión y de control del Estado, lo que también facilitará la participación de la Sociedad Civil en la esfera pública.

1              Programa Invertir en la Gente. Estudio sobre impacto de la crisis en los índices de Pobreza en Paraguay. PNUD/UNICEF/UNFPA.

2      Última Hora (UH), 17 de enero del 2009.

3       idem.

4       ABC, 29 de diciembre del 2008 y 20 de enero del 2009.

5       ABC, 6 de octubre de 2008 y Última Hora, 18 de octubre de 2008.

6       Última Hora, 31 de enero del 2009.

7       Grassroots Internacional, Carta al Presidente Barack Obama: Especulación de los mercados financieros en la producción de alimentos, www.grassrootsonline.org.

Region: 
left

PERU

Publication_year: 
2009
Summary: 
El Plan de Estímulo Económico del Gobierno para afrontar la crisis agrega USD 3.000 millones al presupuesto de este año, que el gobierno gastará en asociación con empresarios privados, la construcción de viviendas, el financiamiento del sector exportador y en programas sociales asistencialistas. Por su parte los trabajadores han presentado un plan cuyos objetivos son: mantener adecuados niveles de crecimiento económico y generación de empleo, preservar los puestos de trabajo, atender a los sectores menos favorecidos y estimular el crecimiento y el consumo de la producción nacional.

La propuesta de los trabajadores

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Apoyo de CEDEP
Mario Huamán Rivera1

El Plan de Estímulo Económico del Gobierno para afrontar la crisis agrega USD 3.000 millones al presupuesto de este año, que el gobierno gastará en asociación con empresarios privados, la construcción de viviendas, el financiamiento del sector exportador y en programas sociales asistencialistas. Por su parte los trabajadores han presentado un plan cuyos objetivos son: mantener adecuados niveles de crecimiento económico y generación de empleo, preservar los puestos de trabajo, atender a los sectores menos favorecidos y estimular el crecimiento y el consumo de la producción nacional.

Perú no es una excepción en el contexto de la crisis mundial. El crecimiento económico que en el 2008 representara casi el 10% del PIB, en enero del 2009 cayó a menos del 4%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las exportaciones que el año anterior bordeaban los USD 32.000 millones, este año se estima estarán en USD 22.000 millones. Esto representa hasta ahora, según anunció el Presidente de la República, la pérdida de 200.000 puestos de trabajo y una caída de la capacidad adquisitiva de los salarios y el ahorro de la población. Los sectores más afectados son la minería metálica y no metálica, la manufactura fabril de recursos no primarios, la agroindustria, el comercio y los servicios. De no aplicar los correctivos necesarios, en el segundo semestre la situación será aún más grave.

El Plan de Estímulo Económico del Gobierno agrega PEN 10.000 millones (casi USD 3.400 millones) al Presupuesto 2009, que se obtendrán mediante la emisión de bonos soberanos para deuda pública. Ese dinero será gastado por el Gobierno en asociación con empresarios privados en la construcción de viviendas, el financiamiento del sector exportador y en programas sociales asistencialistas que insumirán PEN 500 millones (USD 169 millones).

Normalmente, en tiempos de bonanza se pide a los trabajadores paciencia para gozar del crecimiento, mientras que, durante las crisis se busca ajustar la calidad de vida de sus familias. Lo cierto es que, para afrontar las consecuencias perniciosas de la crisis, es imprescindible fortalecer la demanda interna, lo que implica aumentar el consumo de los trabajadores y proteger la producción nacional, además de suspender los Tratados de Libre Comercio (TLCs) que generan una innecesaria apertura del mercado peruano en tiempos en que los mercados internacionales se encuentran en contracción. 

El gráfico muestra la impresionante caída de las remuneraciones reales de la Población Económica Activa en el Perú durante el período 1970-2006 calculada en soles peruanos anuales (USD 1 = 2,95 soles en julio de 2009). Si un trabajador promedio ganaba 6.000 soles anuales en 1974, en  el año 2006 gana 1.700 menos de la tercera parte.  La pequeña recuperación obtenida desde la aplicación del modelo neoliberal en 1990 está muy por debajo de lo obtenido por los trabajadores durante la década de 1970, en la que se aplicó el modelo keynesiano con una activa intervención del Estado en la economía, organización de sindicatos, negociación colectiva y estabilidad del empleo.

Propuesta de la CGTP

Ante esta realidad, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), trabajando con un grupo de economistas, planteó al Gobierno y a la opinión pública una propuesta alternativa2 que sintetizamos en los párrafos siguientes.

1) Objetivos. Proponemos no enfrentar la crisis con la recesión sino con un nuevo tipo de crecimiento económico. No despedir trabajadores sino asegurar la generación de empleo y la preservación de los puestos de trabajo. Sostenemos que se puede estimular un nuevo tipo de crecimiento mediante el consumo de la producción nacional combinado con un adecuado equilibrio del sector externo. La inversión del Estado debe ser focalizada en los sectores productivos y regiones donde se está perdiendo masivamente empleo y se debe atender de manera preferente a los más pobres, las niñas y los niños y los adultos mayores.

2) Medidas concretas. Para hacer realidad esto se necesitan medidas concretas en los siguientes campos: medidas fiscales; medidas dirigidas a la dinamización del mercado interno; protección del empleo digno y decente; elevación de la productividad agraria y soberanía alimentaria; aliento a la pequeña empresa y protección de los sectores pobres de la población.

a) Políticas fiscales. En el aspecto fiscal proponemos aumentar el gasto público en infraestructura de corta maduración que genere empleo masivo, como una medida contracíclica dirigida a brindar ingresos a las familias pobres que consumen productos nacionales. Esto debe correr en paralelo a una política tributaria redistributiva y reactivadora, basada en impuestos directos para financiar las medidas propuestas y a un impuesto extraordinario al patrimonio de las empresas mineras y a las ganancias de capital para compensar, así, la reducción de los ingresos tributarios. Los impuestos a los combustibles, que en Perú llegan al 40% del precio de cada unidad de gasolina y petróleo, deben ser reducidos a fin de bajar los precios de los alimentos y el transporte, para aumentar la demanda y la competitividad de las pequeñas empresas.
b) Defender la producción nacional para dinamizar el mercado interno. Proponemos un plan especial de inversión de fondos públicos en las regiones, eliminando barreras burocráticas y asegurando mecanismos de transparencia del gasto público y privado. Debe suspenderse la aplicación de los TLCs, que afectan la producción nacional, y son necesarias medidas arancelarias y para-arancelarias que protejan el aparato productivo nacional y el empleo de los peruanos contra las mercaderías que vienen subsidiadas del exterior. Un programa de crédito al agro y a las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES) con intereses reducidos, así como la ampliación de los créditos hipotecarios para las personas de ingresos bajos y medios, puede reconstruir la economía de las familias. Las reservas internacionales deben ser resguardadas y se debe permitir un aumento gradual del tipo de cambio para mejorar la competitividad de las empresas y equilibrar el sector externo.
c) Proteger el trabajo digno y decente. El Estado debe promover la negociación colectiva y la libertad sindical. Compromisos tripartitos por rama permitirán mantener los niveles de empleo, en tanto un programa de reconversión laboral con recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y la cooperación internacional apoyará a los trabajadores que sean cesados por efecto de la crisis, quienes deben ser protegidos, además, por un seguro de desempleo temporal. Las empresas que auspicien la capacitación laboral y la innovación tecnológica deben disfrutar de incentivos tributarios.
d) Elevar la productividad en el agro y defender la soberanía alimentaria. El Gobierno debe impulsar una política concertada para elevar la productividad en la agricultura y la ganadería. Debe reestablecer controles de precios y sobretasas de salvaguarda, así como aranceles a los oligopolios de alimentos. Debe facilitar la obtención y refinanciación de créditos en el sector agrario y derogar los decretos legislativos que propician el despojo de las tierras de las comunidades campesinas y amazónicas.
e) Defensa de la micro y pequeña empresa. La propuesta de la CGTP plantea que el Estado compre de manera preferente a las MYPES y que el financiamiento de estas empresas sea incrementado mediante un aumento de la contribución de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), al Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria.
f) Proteger a los más pobres. La CGTP plantea impulsar programas sociales que combinen el empleo temporal con el mejoramiento de la infraestructura productiva y de los servicios básicos de salud, educación y nutrición. También es necesario un programa de transferencias en dinero para campesinos y ganaderos pobres no partícipes de los programas de empleo temporal, para evitar el remate de sus tierras y animales, pensiones con fondos del Estado a los mayores de 65 años que no perciben ingresos y la urgente puesta en marcha del seguro universal en salud que brinde atención de calidad.

La propuesta de la CGTP es favorable a la integración económica y el intercambio comercial a nivel regional y subregional. Apoya, además, la internacionalización de las empresas peruanas y la diversificación de mercados.

1 Secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

2 Ver: <www.cgtp.org.pe>.

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Region: 
left

POLONIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Incluso antes de que la crisis financiera comenzara a tener consecuencias, que generaron devaluación, mayor desempleo y menores ingresos, inversiones y exportaciones, Polonia ya había experimentado una creciente desigualdad en los salarios y los ingresos durante su transición a la economía de mercado. Como el Gobierno carece de transparencia en sus operaciones, no existe oportunidad para que el debate público discuta las medidas tomadas para lidiar con la crisis, como el uso de préstamos de instituciones financieras internacionales. Al mismo tiempo, la mentalidad patriarcal de la sociedad y la falta de políticas de protección social hacen de las mujeres las primeras víctimas de la crisis.

 Un panorama de desarrollo aún más sombrío

Ewa Charkiewicz
Coalición Karat/Feminist Think Tank
Katarzyna Szymielewicz
Polish Social Watch Coalition/Comisión Internacional de Juristas
Dr Mariusz Czepczyński
NEWW Polska / Universidad de Gdansk

Incluso antes de que la crisis financiera comenzara a tener consecuencias, que generaron devaluación, mayor desempleo y menores ingresos, inversiones y exportaciones, Polonia ya había experimentado una creciente desigualdad en los salarios y los ingresos durante su transición a la economía de mercado. Como el Gobierno carece de transparencia en sus operaciones, no existe oportunidad para que el debate público discuta las medidas tomadas para lidiar con la crisis, como el uso de préstamos de instituciones financieras internacionales. Al mismo tiempo, la mentalidad patriarcal de la sociedad y la falta de políticas de protección social hacen de las mujeres las primeras víctimas de la crisis.

Antes de la crisis financiera mundial, Polonia era un caso ejemplar de transición neoliberal hacia la economía de mercado. Un reciente informe de la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que Polonia ocupaba el penúltimo lugar entre 30 países en pobreza infantil y el cuarto en desigualdad del ingreso; el 10% más rico de la población obtuvo una mayor proporción del ingreso de mercado y pagó una proporción menor de la carga tributaria que en cualquier otro estado de la OCDE, con excepción de Turquía1. Las privatizaciones afectaron con más fuerza a los sectores sociales (pensiones, atención sanitaria y educación), mientras el apoyo estatal se extendió a las empresas (por ej., el viceprimer ministro anunció un plan de apoyo a las empresas que participaron en contratos a futuro de riesgo elevado) pero no a los ciudadanos.

Este sombrío panorama, sin embargo, se obscurece aun más a medida que la crisis se desarrolla. La primera consecuencia fue la drástica devaluación del zloty (la moneda nacional) en relación con el euro y el franco suizo – aproximadamente entre un 25% y un 30% en un lapso de seis meses – y el desplome de la bolsa de valores de Varsovia. Al principio esto afectó principalmente a los mercados financieros y las empresas polacas que operaron con opciones de moneda, pero ahora comenzó a afectar el debate político nacional, en particular con el descenso más reciente de los ingresos nacionales y la caída de las inversiones y las exportaciones. Asimismo, a diferencia de las proyecciones iniciales (bastante optimistas), la crisis financiera tiene un impacto significativo en el acceso a la financiación tanto para las empresas como para los consumidores polacos.

Desempleo

Recientes encuestas del mercado de trabajo indican que el desempleo subió del 9% al 12% desde la crisis, incluso en los cargos administrativos. No obstante, el número real de personas sin medio alguno de sustento es mayor, y sólo 15,5% de esos desempleados tienen derecho a recibir una asignación y atención de salud pública2. Los demás dependen de sí mismos.

Además, el promedio estadístico no refleja las dificultades vividas en los pueblos donde una fuente de trabajo importante, de la cual la mayoría de los hogares derivan su sustento, está por cerrar debido a la caída de los pedidos o a maniobras oportunistas – por ejemplo, algunas empresas se estarían excusando en la crisis financiera para despedir a los trabajadores y recortar los costos.

La crisis afecta con mayor severidad a aquellas personas sin ahorros, medios para producir sus propios alimentos ni lazos familiares rurales (a pesar de estar al borde de la extinción bajo la presión de la agricultura a gran escala, las granjas de pequeños productores aún sobreviven en Polonia). Sin embargo, las nuevas familias de clase media también están pasando dificultades, en especial las parejas jóvenes con hijos que contrajeron enormes hipotecas con tasas de interés variables, o en monedas extranjeras, para comprar sus viviendas.

Acceso a la financiación y perspectivas de crecimiento a largo plazo

Como consecuencia de la llamada “crisis crediticia” (la repentina reducción del acceso al crédito y el incremento de sus costos), las perspectivas para el crecimiento económico del país se redujeron sustancialmente: del 6,5% en 2007 y 5,5% en 2008 al pronosticado para 2009 que varía entre 2,5% y 3,7%3.

Asimismo, Polonia comenzó a verse afectada por el repentino cese del ingreso de capitales, seguido por la creciente aversión al riesgo de los inversores y el efecto de exclusión, a medida que crece la competencia entre las economías más fuertes de la UE por la financiación de deuda pública4. La situación se vio exacerbada por la crisis del cambio exterior: el debilitamiento del zloty perjudicó a las empresas que firmaron contratos con opciones de moneda y a las personas con hipotecas en moneda extranjera.

La oferta de crédito está sumamente limitada en todos los segmentos del mercado crediticio, y más de 80% de los bancos adoptaron criterios mucho más rigurosos para otorgar crédito de algún tipo. En particular, reforzaron los requisitos respecto del nivel de seguridad y, en el caso de los préstamos hipotecarios, el monto de las cuotas de los prestatarios. También, casi todos los bancos elevaron sus márgenes de crédito – del 1%-2% a mediados de 2008 al 7%-8% en el primer trimestre de 20095. El costo del dinero en el mercado interbancario aumentó sustancialmente debido a la caída sin precedentes de la confianza mutua entre las instituciones financieras. La Comisión de Supervisión Financiera de Polonia (CSF) reforzó los coeficientes de liquidez y las obligaciones de declaración6. La evaluación que hace la banca sobre las posibilidades de la economía es muy negativa, y prevén más restricciones en los préstamos a las empresas7.

Estancamiento del mercado hipotecario

La política bancaria vigente que fija en 30% el monto exigido de contribución propia descarta toda posibilidad de compra de la vivienda propia para la mayoría de la gente, a la vez que ya existe una escasez de aproximadamente dos millones de apartamentos en el mercado8. La consecuencia más probable será un drástico incremento en los alquileres, pero los precios de los apartamentos a la venta no necesariamente habrán de descender con rapidez. Asimismo, el costo de amortizar los préstamos hipotecarios en moneda extranjera (79% a 81% del total de la cartera crediticia en 20089) aumentó drásticamente debido a la súbita caída en el valor del zloty y al cambio muy poco favorable en la política bancaria respecto al cálculo de las bandas de flotación.

El público cree que los bancos manipulan el tipo de cambio a costa de los clientes. En la actualidad, la diferencia entre los valores de compra y venta puede llegar hasta el 12%10; y ni siquiera la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor puede imponer restricciones a la tasa de cambio. Por lo tanto, se están formando grupos de consumidores a través de internet con el fin de adquirir moneda extranjera en cantidades mayoristas, con la esperanza de negociar el monto del spread y en ocasiones incluso renegociar las condiciones de los acuerdos crediticios11.

La crisis crediticia y la amenaza de la bancarrota generalizada

El 15% de las empresas ya tiene problemas para conseguir créditos operativos12. Los bancos endurecieron las condiciones para conceder préstamos al 50% de las empresas, situación que seguramente empeorará en 2009. Según pronósticos preliminares, la banca tendrá 50% menos fondos para prestar en 2009 que el año anterior. Es muy probable que comiencen a enviar pedidos en masa a las empresas para que paguen o renegocien los préstamos, reclamando por mora según las condiciones del convenio crediticio13. En 2008, debido a la presión competitiva, los bancos otorgaron una cantidad gigantesca de préstamos con márgenes mínimos de interés, pero ahora esos préstamos se convirtieron en una carga. Las pequeñas y medianas empresas que carecen de garantías significativas en su capital privado se ven especialmente amenazadas.

Además de la crisis crediticia, miles de compañías cayeron en la trampa de las opciones de moneda y ahora están al borde de la bancarrota. Alentadas por los bancos, las empresas compraban opciones en grandes cantidades para proteger las ganancias de sus exportaciones. Tras la rápida devaluación del zloty no sólo perdieron todo el capital invertido sino que acumularon una enorme cantidad de deuda por los contratos con mala protección.

El déficit democrático

Otros grandes problemas son el descenso del ingreso estatal y los crecientes costos del pago de la deuda pública. Ambos van de la mano con el déficit democrático imperante: no existió un debate público sobre el nuevo préstamo de emergencia del Banco Mundial por EUR 3.750 millones y las actividades del Estado son en gran medida poco claras para los medios de comunicación, los políticos electos y el público. Cuando la Depository Trust & Clearing Corp. (que actúa como registro central del comercio de canje de créditos) publicó sus resúmenes, incluidos los mil contratos mayores, resultó que la República de Polonia y otros estados soberanos habían participado del comercio de derivados tanto como el sector privado. Desde principios del siglo XXI, la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) organizaron capacitaciones y seminarios para los funcionarios del Ministerio de Economía con el fin de persuadirlos de participar en la creación y negociación de los mercados de deuda pública. Cuando el Estado opera como una firma comercial, abandona a sus ciudadanos, especialmente a quienes no generan ingresos para el Estado o el mercado.

Consecuencias de género

En 1989 y 1990, cuando Polonia tomó la vía del libre mercado, las primeras víctimas fueron las obreras textiles, ya que las fábricas ineficientes cerraban y nada las reemplazaba. Actualmente, el remozado sector textil, donde predominan las mujeres, se está encogiendo una vez más: a medida que los pedidos de importaciones (principalmente de Alemania) descienden y los subcontratistas locales reducen sus actividades o cierran, lo que lleva a una pérdida neta estimada de 40 mil empleos14.

Atrapados en la economía gris

El descenso de los ingresos familiares debido a la crisis económica podría generar el empobrecimiento de grupos sociales enteros, en particular de las clases bajas y medias. Es muy probable que esto impacte más significativamente entre las mujeres, ya que son ellas quienes tradicionalmente cargan con la mayor responsabilidad del bienestar de la familia (esto es verdad especialmente en los grupos de menores ingresos). Algunos analistas señalan que la crisis amplifica al sector gris (informal) de la economía polaca a medida que muchos empresarios, especialmente los pequeños, intentan minimizar los costos laborales y evitar la tributación y otros costos asociados con el empleo formal. Parece muy probable que el crecimiento de la economía gris afecte a más mujeres que hombres, porque son ellas quienes suelen tener empleos con baja remuneración, especialmente en el sector de los servicios privados (por ej., en la venta minorista).

Límites a la generación de ingresos

La disminución de los medios de sustento transfiere los costos sociales de la crisis financiera a los hogares y a las mujeres en particular. Aproximadamente del 60% al 70% del trabajo no remunerado de sostén y atención de la familia es realizado por mujeres15. La clase social, el origen étnico, la edad y la ubicación geográfica son los diferenciales de este impacto de género de la crisis financiera. Por ejemplo, debido a los elevados costos de alquiler de la vivienda es limitada la movilidad que tienen en el mercado laboral los habitantes de pueblos pequeños en zonas con depresión económica. Las obligaciones institucionalmente arraigadas de proporcionar labores de atención en el hogar limita aun más la capacidad de las mujeres en edad de reproducción para buscar medios alternativos de generación de ingresos.

Organizaciones de mujeres

Numerosas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, incluidas ONG, ya han experimentado la pérdida de fondos a medida que las donaciones de empresas privadas y personas particulares se reducen significativamente. Los fondos públicos también descenderán debido a que la caída estimada del PIB para 2009 obligó a realizar recortes en numerosos programas presupuestarios. El presupuesto del Fondo de Iniciativas Cívicas, un programa gubernamental que apoya a las organizaciones sin fines de lucro, se reducirá a la mitad. Mientras prioriza los objetivos neoliberales (gestión de la diversidad, discriminación, espíritu empresarial) y le pasa a las ONG el papel de proveedoras de servicios a medida que el Estado se retira del sector social, el Fondo proporcionó importantes recursos para sostener las actividades de las ONG. Es muy probable que la financiación que las ONG reciben de las autoridades locales también decaiga.

Asimismo, la crisis económica ya tuvo una consecuencia negativa en la capacidad de las ONG de mujeres para recaudar dinero tanto de donantes privados como públicos para su participación en un proyecto financiado conjuntamente con la Comisión Europea. Esto es especialmente alarmante ya que, mientras los fondos de la UE generaron nuevas oportunidades para las ONG en Polonia, ni el Estado ni las autoridades locales han desarrollado los mecanismos necesarios para apoyar financieramente a las ONG que obtengan fondos de la UE.

Un lúgubre escenario

Es posible que una situación de agravamiento económico duradera cause conflictos sociales y políticos en los próximos años. La posible polarización económica, el creciente desempleo y el colapso de los mercados financieros y el presupuesto público podrían ser la antesala del crecimiento de actitudes y partidos radicales, conservadores y de derecha. El incremento del neoconservadurismo podría fomentar valores tradicionales, patriarcales, y limitar a las mujeres a su función tradicional: “cocina, hijos y quizás iglesia”. Además, porque se los considera mucho más importantes, los temas económicos pueden dominar el discurso público y causar la marginación de los problemas sociales y de género.

 

1 OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (2006). Growing Unequal. Income Distribution and Poverty in OED Countries. París: OCDE.

2 Oficina Nacional de Estadísticas. “Registered Unemployment, first quarter 2008.”

3 Estimaciones reportadas por el sitio web Bankier.pl. Disponibles en: <euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=1886336>.

4 Rybiński, K. Finansowanie rozwoju Polski w kryzysie. Ernest & Young, febrero de 2009.

5 Todos los datos se basan en el informe del Banco Nacional de Polonia (2009). Situation of the credit market in the first quarter of 2009, Varsovia, enero.

6 En julio de 2008, la Comisión de Supervisión Financiera Polaca impuso la obligación a los bancos de mantener y declarar sus estándares de liquidez, con lo cual se mejoró la liquidez de la banca y se ayudó a contener la “crisis de confianza”.

7 FSC (Comisión de Supervisión Financiera) (2008). Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 r. Disponible en: <www.knf.gov.pl/sektor_bankowy/Publikacje_nadzoru_bankowego/publikacje_sektora_bankowego/index.html>.

8 Encuesta en internet por Money.pl. Disponible en: <www.money.pl/banki/raporty/artykul/kredyty;hipoteczne;tylko;dla;bogatych,142,0,376462.html>.

9 Datos de la Asociación de Bancos Polacos reportados en una conferencia en diciembre de 2008. Disponible en:
<www.zbp.pl/site.php?s=MTIyNTk0MTI=>.

10 Encuesta en internet por Money.pl. Disponible en: <www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/ciezki;los;posiadaczy;kredytow;banki;uderzaja;spreadem,207,0,383183.html>.

11 Dominiak, T. “Polacy buntują się przeciwko bankom.” POLSKA The Times, 25 de febrero de 2009.

12 Encuesta realizada por la Confederación Polaca de Empresarios Privados Lewiatan. Ver: <www.pkpplewiatan.pl>.

13 Niklewicz, K, Samcik, M y Hałabuz, N. “Znikające tanie kredyty.” Gazeta Wyborcza, 24 de febrero de 2009.

14 Brzoska, P. “Lodz cienko przedzie, szwaczki znow traca prace.” Polska – Dziennik Łódzki, 29 de diciembre de 2008. Ver: <www.polskatimes.pl/dzienniklodzki/pieniadze/74052,lodz-cienko-przedzie-szwaczki-znow-traca-prace,id,t.html>.

15 Budlender, D. “The statistical evidence of care and non-care work in six countries.” Ginebra: Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD). 2008.

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PORTUGAL

Publication_year: 
2009
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La crisis económica que Portugal enfrenta desde al menos 2001, agravada por la crisis financiera y económica internacional actual, ha tenido como consecuencia un aumento del desempleo y la pobreza. Sin embargo, la pobreza no es solo un efecto de la situación actual, sino que sigue siendo una condición estructural. Casi la mitad de la población, incluyendo a integrantes de la clase media que perdieron sus empleos y/o viviendas, sufrió pobreza entre 1995 y 2000. El cambio climático también afecta la economía y el bienestar de la ciudadanía. Se necesitan nuevos enfoques y medidas específicas para combatir la pobreza y abordar los desafíos ambientales.

Una crisis antigua y desafíos nuevos

Social Watch Portugal; Oikos
Catarina Cordas
João José Fernandes

La crisis económica que Portugal enfrenta desde al menos 2001, agravada por la crisis financiera y económica internacional actual, ha tenido como consecuencia un aumento del desempleo y la pobreza. Sin embargo, la pobreza no es solo un efecto de la situación actual, sino que sigue siendo una condición estructural. Casi la mitad de la población, incluyendo a integrantes de la clase media que perdieron sus empleos y/o viviendas, sufrió pobreza entre 1995 y 2000. El cambio climático también afecta la economía y el bienestar de la ciudadanía. Se necesitan nuevos enfoques y medidas específicas para combatir la pobreza y abordar los desafíos ambientales.

*

Según el Boletín Financiero de la Primavera de 2009 del Banco de Portugal1, la economía comenzó a desacelerarse sensiblemente a principios de 2008 y luego, a partir del segundo trimestre, entró en el período recesivo más profundo en décadas. El Boletín establece que la economía experimentará un declive del 3,5% en 2009, el peor desempeño desde 1975. Esta reducción pone en evidencia que la baja productividad ha tenido un impacto en la tasa de desempleo, que se acercó al 8% en enero de 2009 comparado con el 7,7% de enero de 2008. A fines de febrero de 2009 las casi 500.000 personas desempleadas (el 5% de la población) se habían registrado en oficinas de empleo.

Crédito, vivienda y riesgo de pobreza

La falta de acceso al crédito es otra consecuencia muy negativa de la crisis económica internacional. Aunque no hay datos oficiales al respecto, en 2008 muchas familias perdieron sus casas debido a la imposibilidad de pagar las cuotas de los préstamos. Según la Encuesta sobre Ingresos y Condiciones de Vida 2007 de la Unión Europea (UE-SILC, por su sigla en inglés), los componentes no monetarios de los ingresos como la propiedad de la vivienda contribuyen a amortiguar la incidencia e intensidad de la pobreza2. La pérdida de la vivienda – o los crecientes problemas para adquirirla de las clases media y baja – y la pérdida del trabajo aumentaron el riesgo de pobreza, definida por la UE-SILC como la proporción de habitantes adultos con ingresos anuales por debajo de EUR 4.544 (aproximadamente EUR 379 por mes) en 2006.

Según la UE-SILC, el riesgo de pobreza para el portugués desempleado era de 32% en 2006, ligeramente más que en 2005 (31%). Este aumento es previsible debido al aumento del desempleo mencionado anteriormente. En general, sin embargo, el riesgo de pobreza bajó al 18%, una reducción de aproximadamente 5% a partir de 1994, cuando era de 23%. La mejora refleja los efectos positivos de los programas europeos para combatir la pobreza a partir de 1989 y el Plan de Acción Nacional para la Inclusión 2003-20053, que tenía algunos muy positivos principios rectores:

  • Un enfoque multidimensional y multidisciplinario de la pobreza y las privaciones;
  • el énfasis en las alianzas entre actores públicos y privados;
  • la participación de todas las partes interesadas, sobre todo los pobres;
  • el empoderamiento de los pobres y
  • la aplicación de políticas y acciones tendientes a generar conciencia en cada política sectorial y evitar que la lucha contra pobreza sea reducida a un programa periférico.

 

La UE-SILC mostró que el 47% de las familias había padecido pobreza entre 1995 y 2000, permaneciendo el 72% de ellas en la pobreza durante dos o más años4. Muchas de estas familias son los nuevos pobres, hombres y mujeres que habían pertenecido recientemente a la clase media pero que se empobrecieron debido a una crisis familiar, como la pérdida de un trabajo o el aumento de las tasas de interés de los préstamos para vivienda o hipotecas. A principios de 2009, las ONG pusieron de relieve algunas historias dramáticas de personas que habían sufrido un cambio radical en sus vidas y se volvieron dependientes de la ayuda de terceros. El presidente de la Red Europea contra la Pobreza afirmó que, de los dos millones de pobres de Portugal, 17% está actualmente empleado pero su salario no cubre sus necesidades diarias5. La pobreza aumenta en las ciudades grandes y recientemente se han producido varios intentos de suicidio.

Abordaje de la pobreza

Estas conclusiones sugieren que el problema “no es lo que estamos haciendo, sino lo que todavía falta por hacer”6. Una transferencia de aproximadamente 3,5% de los ingresos de los que no son pobres sería suficiente para cubrir las necesidades de los que lo son7

La pobreza en Portugal – como en otras partes – no se solucionará simplemente con políticas sociales, aunque éstas también sean importantes. Hay una necesidad de políticas económicas que aborden la distribución desigual de los ingresos, la propiedad y el poder. Cada vez más, los economistas y las organizaciones de la sociedad civil señalan que la desigualdad de activos conduce a la ineficiencia económica y que debería haber más inversión en capital humano (capacidades, educación, salud, adiestramiento), que también promovería los derechos humanos. Solo de esta manera Portugal será capaz de vencer las debilidades que han entorpecido su productividad por largo tiempo y lo han condenado a tener una de las tasas de crecimiento económico más bajas de Europa.

Las tres recomendaciones clave para luchar contra la pobreza son:

  • La protección de la población más vulnerable a la pobreza a la hora de definir políticas sociales.
  • La integración de políticas económicas en la lucha contra la pobreza, principalmente en cuanto a oportunidades de empleo e institucionalización del crédito bancario, en especial en relación a la vivienda.
  • La utilización de criterios para garantizar que el Presupuesto General del Estado (PGE) trabaje en favor de la cohesión social. Algunas organizaciones, como Oikos, han sugerido la creación de un grupo para supervisar el PGE, en la órbita de de la Asamblea de la República. Dicho grupo debería contar con representación de la sociedad civil, de académicos y de parlamentarios, y emplear los siguientes criterios: sensibilidad de género, derechos de los niños, derechos de los adultos mayores, promoción del capital humano y consistencia territorial.

 

Impactos del cambio climático

Un completo estudio sobre el impacto del cambio climático en Portugal, el SIAM II8, sugiere que los efectos más importantes del calentamiento global son la erosión significativa de la línea costera, con un aumento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos (como sequías prolongadas e inundaciones repentinas), una reducción de las precipitaciones (de entre 30% y 40%) y un aumento de las temperaturas promedio anuales. Sin llegar a ser catastróficas, las consecuencias del cambio climático en el país implicarán pérdidas de entre el 5% y10% del PIB. Existen impactos potenciales sobre los recursos acuíferos, las zonas costeras, la industria pesquera, la agricultura, los bosques, la biodiversidad, la energía, la salud humana y sobre importantes sectores de la economía nacional como el turismo.

Considerando lo inevitable del cambio climático mundial, se hace cada vez más claro que deben fortalecerse las políticas de mitigación y de adaptación. En cuanto a la mitigación, es necesario reducir las emisiones de dióxido de carbono, mejorar la eficiencia energética, enfatizar la reutilización y el reciclaje de productos, examinar toda la política de transporte y movilidad, así como enfocarse en la producción de energía limpia y renovable. El país también debería desarrollar mecanismos para utilizar una buena parte de los recursos de los proyectos del Fondo de Carbono portugués a fin de conseguir un doble beneficio: compensación de las emisiones de carbón/eficiencia energética; y el combate a la pobreza, en particular en los países en desarrollo.

En cuanto a la adaptación es importante, entre otras cosas, invertir en la protección de la línea costera y los recursos acuíferos, en cultivos más resistentes al cambio climático, en una mayor eficiencia energética en edificios públicos y residenciales.

1 Ver: <www.bportugal.pt/publish/bolecon/primavera_09/econ_port_primavera09_p.pdf>.

2 Instituto Nacional de Estadística (INE). “Dia Internacional de Erradicacao da Pobreza.” Destaque, 15 de octubre de 2007. Disponible en: <www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=8046108&att_display=n&att_download=y>.

3 Ver: <www.pnai.pt/>.

4 Costa, A., Baptista, I., Perista P. y Carrilho, P. (2008). Um olhar sobre a pobreza – vulnerabilidades e exclusão social no Portugal contemporâneo. Lisboa: Gradiva.

5 Ver Rede Europeia Anti Pobreza en: <www.reapn.org/>.

6 Costa, A., Baptista, I., Perista P. y Carrilho, P., op. cit.

7 Ibid.

8 Santos, F. D. y Miranda, P. Alterações Climáticas em Portugal. Lisboa:Gradiva, 2006.

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REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Publication_year: 
2009
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En lugar de disminuir, la pobreza ha aumentado sensiblemente desde 1990. Los desórdenes, saqueos y destrucciones que acompañaron la rebelión que llevó al general François Bozizé al poder destruyeron el ya deteriorado tejido económico del país. El Gobierno, ahora, presenta una estrategia para reducir la pobreza que difícilmente logre cumplir con el ODM 1 de no mediar un giro inmediato y duradero hacia la paz y seguridad, y un crecimiento que, además de excepcional, favorezca a los pobres.

Reducir la pobreza: un objetivo muy distante

Pastor Clotaire Rodonne Siribi
GAPAFOT

En lugar de disminuir, la pobreza ha aumentado sensiblemente desde 1990. Los desórdenes, saqueos y destrucciones que acompañaron la rebelión que llevó al general François Bozizé al poder destruyeron el ya deteriorado tejido económico del país. El Gobierno, ahora, presenta una estrategia para reducir la pobreza que difícilmente logre cumplir con el ODM 1 de no mediar un giro inmediato y duradero hacia la paz y seguridad, y un crecimiento que, además de excepcional, favorezca a los pobres.  

A pesar de sus múltiples recursos, la economía de la República Centroafricana ha sido siniestrada por años de despojo a los fondos públicos y por repetidas crisis político-militares. Los desórdenes, saqueos y destrucciones que acompañaron la rebelión que llevó el 15 de marzo de 2003 al general François Bozizé al poder, acabaron poniendo de rodillas a un tejido económico que ya estaba mal, tras más de veinte años de una gestión mafiosa que vació las arcas del Estado. Fueron destruidos todos los aparatos de producción.

Una gran parte de los 623.000 km2 del territorio de la república está cubierta de bosques y el suelo contiene diamantes. Sin embargo, estas dos riquezas naturales, principales fuentes de ingresos del país, sirvieron durante mucho tiempo para inflar los bolsillos de quienes detentan el poder y sus allegados. Hoy, en plena reestructuración, su producción ha bajado. Aunque la tierra es fértil – si bien sólo la quinta parte es cultivada – y el clima favorable, las producciones de algodón y café no han dejado de hundirse estos últimos años. La cosecha de algodón 2004-2005 no superó las 5.000 toneladas, contra unas 50.000 de 1998. Esto se debe no sólo a la inconsistencia de la estructura que se supone debería manejar el sector, sino además – y principalmente –  a las reglas del juego del comercio internacional, que no son favorables a los productores africanos, y por encima de todo, a las subvenciones concedidas a los productores de los países industrializados. En cuanto al café, República Centroafricana produjo durante algún tiempo más de 18.000 toneladas al año, pero su cultivo ha casi desaparecido. La agricultura está prácticamente abandonada; los campesinos, después de haber sufrido directamente las consecuencias de la rebelión, padecen inseguridad crónica y continúan apenas con cultivos de subsistencia.

La constante reducción de estas actividades reduce también ingresos fiscales y aduaneros ya escasos por la ineficacia recaudadora del Estado centroafricano, algo regularmente denunciado por el FMI (que concedió en julio de 2004 un crédito de 8,2 millones de dólares en el marco de un programa post conflicto). El presupuesto del país, por otro lado, se ve cargado por una deuda externa de más de 1.000 millones de dólares (a finales de 2002), cuyo servicio representaba un 44,7% de los recursos presupuestarios en 2003, según el Banco de los Estados de África Central (BEAC).

Incapacidad del Estado

Desde la tentativa de golpe de Estado de mayo de 2001, se suspendieron las ayudas exteriores y solamente fue gracias a las donaciones específicas de 2004, de los socios tradicionales (UE, Francia, China o la Comunidad Económica y Monetaria del África Central), que la República Centroafricana pudo sacar la cabeza fuera del agua. El Estado se muestra incapaz de pagar a sus funcionarios, las pensiones y las becas. Cuando la caída del Presidente Ange Patassé, en marzo de 2003, los funcionarios ya contaban con 36 meses de atraso en sus salarios. Después de haber simplemente borrado la pizarra, François Bozizé se comprometió a pagar los salarios en un plazo establecido, promesa que no pudo mantener mucho tiempo, ya que el Ministro de Economía se reconoció incapaz de pagar a los agentes del Estado, que recibieron en enero de 2008 sus salarios de julio de 2004. Estos atrasos pesan sobre el consumo interno, y generan inquietante tensión social, exacerbada por la inflación sobre los precios de los productos alimenticios. A pesar de esto, la economía conoció una ligera mejoría en 2004 (2,5%) después de varios años de estancamiento.
Para los Centroafricanos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están muy lejos y seguirán siendo un sueño. Según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), dos tercios de los centroafricanos, es decir 3,8 millones, viven por debajo del nivel de pobreza. La esperanza de vida es apenas de 39,5 años, un niño de cada diez (11,5%) muere antes de la edad de 5 años y menos de la mitad de los adultos (48,6%) son alfabetos. Estos resultados colocan a la República Centroafricana en el lugar número 169 de los 177 que integran la clasificación del Índice de Desarrollo Humano.

Estrategia de reducción de pobreza

Para tratar de revertir esta dramática situación, el Gobierno intenta implementar una estrategia de reducción de la pobreza con dos objetivos principales.  

  1. La creación de riqueza en base al refuerzo de las capacidades humanas e institucionales, la inserción de los  más pobres en el aparato productivo gracias a una buena gobernanza y al restablecimiento de la seguridad;
  2. La mejora y generalización de los servicios sociales básicos a través de un enfoque participativo en la aplicación, el control/evaluación de la ejecución de la Estrategia de Reducción de la Pobreza.

Esta estrategia se despliega en los siguientes cuatro pilares:

  1.  
    1. Restauración de la seguridad, consolidación de la paz y prevención de los conflictos. Esto requerirá, entre otras cosas, el refuerzo de las capacidades materiales y humanas de los FDS, y la la reforma, reestructuración, reorganización territorial y transformación participativa y coordinada del sector de la seguridad.
    2. Promoción de la buena gobernanza y del Estado de Derecho, con el refuerzo de la gobernanza política y judicial, la mejora de la gobernanza económica, la mejora de la gobernanza local y la participación y promoción del género.
    3. Reconstrucción y diversificación de la economía a partir de la estabilización macroeconómica, del desarrollo rural, de la gestión transparente y eficaz de los recursos naturales, de la promoción del turismo y la artesanía y del desarrollo de las infraestructuras de apoyo a la producción;
    4. Desarrollo del capital humano, con la promoción de la educación, en particular, la escuela primaria y secundaria, la accesibilidad a los servicios de salud, la lucha contra el VIH/SIDA, y la promoción del empleo.

 
Diagnóstico de pobreza

El presente diagnóstico de pobreza es el resultado de dos investigaciones conducidas por el Ministerio de Planificación sobre las condiciones de vida en el medio urbano y en el rural, realizadas con el apoyo técnico y financiero del PNUD en 2003, y completadas por una investigación participativa financiada por el Banco Mundial en 2006.
Esta investigación identificó 10 problemas principales: mala gobernanza, problemas relacionados a la inseguridad, debilidad de las rentas, ineficiencia de la educación y la formación, problemas de salud, corrupción, falta de empleo y ausencia de oportunidades, falta de agua potable, ausencia de una política de refuerzo de las capacidades nacionales y problemas medioambientales.

Los problemas elegidos como prioritarios son los que, cuantitativamente, fueron considerados los más importantes por su influencia decisiva e impactos negativos en las condiciones de vida de las poblaciones. Las declaraciones de los participantes, tomados en grupo o individualmente, y en todas las regiones dejan claramente en evidencia tres problemas principales: ausencia de buena gobernanza, inseguridad y falta de paz.
Las malas condiciones prevalecen a lo largo y ancho del país. En algunos barrios de la capital, Bangui, la población sólo tiene electricidad cuatro días de cada siete y, en la mayor parte de los barrios, no tiene acceso al agua potable. Debido a la muy severa reducción del nivel de los ingresos, mucos centroafricanos están invadiendo los espacios verdes no sólo en la ciudad sino también sobre las formaciones forestales periféricas. Dado que la inflación ha reducido los ingresos, la venta de leña para combustible es a menudo la única alternativa para los crecientemente precarios, mal pagos e ilícitos modos de ganarse el ingreso que han venido proliferando. Como resultado, la sabana crece al ritmo de 500 metros al año a uno y otro lado del eje Bangui Boal y ya se ha desplazado 30 kilómetros hacia el sur y suroeste.

La tasa de pobreza es de 73% en las ciudades y 69% en las zonas rurales. Esta privación es se ve acentuada por una enorme desigualdad en el ingreso y gastos domésticos. El nivel de consumo del 10% más pobre de los hogares es apenas un décimo del de los 10% de los hogares más prósperos. Es muy poco probable que el objetivo del 31% para 2015 sea alcanzado de no mediar un giro rápido y duradero hacia la paz y la seguridad en la totalidad del territorio, y un crecimiento excepcionalmente fuerte y favorable que beneficie a los pobres, en particular, en el medio rural.

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REPÚBLICA CHECA

Publication_year: 
2009
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El año pasado el presidente Vaclav Klaus proclamó que el país estaba viviendo un muy buen momento, con “fe en el presente”. Aquella euforia se está evaporando ahora que la economía comienza a mostrar signos de debilidad. La reforma de las finanzas públicas, como la rebaja de impuestos para los más ricos y el aumento del impuesto al valor agregado de los artículos básicos, han creado nuevas cargas para los pobres. Para algunos grupos marginados, como el de los romaníes, la situación se ha vuelto tan difícil que han empezado a emigrar. Un ascpecto positivo es que el país ha hecho algún progreso – aunque insuficiente — para disminuir la brecha de género.

La democracia en un callejón sin salida

Gender Studies, o.p.s.
Linda Sokačová
ADEPTTs
Saša Uhlová
Trast pro Ekonomiku a společnost
Petr Gočev
Ekumenická akademie
Tomáš Tožička

El año pasado el presidente Vaclav Klaus proclamó que el país estaba viviendo un muy buen momento, con “fe en el presente”. Aquella euforia se está evaporando ahora que la economía comienza a mostrar signos de debilidad. La reforma de las finanzas públicas, como la rebaja de impuestos para los más ricos y el aumento del impuesto al valor agregado de los artículos básicos, han creado nuevas cargas para los pobres. Para algunos grupos marginados, como el de los romaníes, la situación se ha vuelto tan difícil que han empezado a emigrar. Un ascpecto positivo es que el país ha hecho algún progreso – aunque insuficiente — para disminuir la brecha de género.

El presidente Václav Klaus comenzó el año 2008 declarando que éste es el mejor período en la historia checa, destacando que el enorme aumento de los préstamos e hipotecas era un síntoma de la “fe en el presente”. También alardeó acerca de la solidez de la moneda nacional, afirmando que era la prueba de una economía fuerte. En realidad, la corona checa (CZK) estaba sostenida artificialmente por la especulación. El Gobierno de derecha, en sintonía con el presidente, insistió en no reconocer la situación, negándose a admitir que la crisis económica mundial afectaría al país. Este optimismo comenzó a evaporarse sólo cuando las estadísticas y la realidad diaria experimentada por la mayor parte de la población hicieron imposible negar que la producción estaba cayendo a pique a una velocidad sin precedentes, en lo que es el quinto peor desempeño dentro de la Unión Europea1.

El impacto de las reformas y la crisis

En 2007, el Gobierno inició una reforma de las finanzas públicas, bajando los impuestos de los asalariados en la categoría económica más alta y aumentando el impuesto al valor agregado (IVA) de los artículos básicos. Tales medidas aumentaron la carga tributaria de los hogares de ingresos bajos y con muchos integrantes. Mientras el Ministerio de Hacienda preveía una inflación de 3,8% para 2008, el índice de precios al consumo subió 6,3%2 y, para el tercer trimestre del año, el ingreso real se había reducido en 2,7%3 comparado con 2007. Incluso antes de que el impacto de la crisis económica mundial se hiciera evidente en el país, las predicciones de que las reformas perjudicarían a la mayoría de la población se hicieron realidad.

La crisis económica mundial que recién comienza a afectar al país está haciendo descender aún más el nivel de vida. En el tercer trimestre de 2008 el número de trabajadores desempleados era más alto que en el trimestre anterior, lo que no sucedía desde 2005. Hacia fines de 2008, la tasa de desempleo oficial llegó a 4,4%. Sin embargo, esta cifra omite 178.000 personas consideradas buscadoras de empleo no activas. Si se agregara este grupo la tasa de desempleo sería 50% más alta4. Los trabajadores extranjeros, en particular los asiáticos, son generalmente los primeros en ser despedidos y los que están sufriendo más. Su protección legal es inadecuada; la mayoría depende de agencias de trabajo, lo que vuelve precaria su situación laboral, y una gran parte pidió dinero prestado para inmigrar. Además de constituir un desastre económico personal, la vuelta a casa pondría en peligro el sustento de sus familias.

Desde que los impactos de la crisis comenzaron a hacerse sentir, una de cada dos pequeñas o medianas empresas ya tuvo que despedir empleados y reducir la jornada laboral, o se apresta a hacerlo en el futuro cercano5. Los índices bursátiles han bajado más de 50% desde sus puntos máximos de 2007. Sin embargo, el Gobierno no ha abandonado sus proyectos de privatizar el sistema de pensiones6. A fines de 2008, comenzó a considerar medidas contra la crisis, en gran parte como respuesta a la creciente preocupación mundial así como a la presión de la industria nacional.

El enorme aumento de la deuda de los hogares ha puesto a la industria financiera en una posición precaria. Hasta hace poco, los préstamos personales aumentaban un tercio cada año. En su mayor parte era deuda hipotecaria, pero casi 20% eran préstamos de instituciones no bancarias, principalmente por compras a plazos. En algunos casos, estos préstamos vienen con una tasa de interés anual efectiva mayor a 200%. El Estado respalda esta usura introduciendo, por ejemplo, mecanismos para facilitar el cobro de deudas. La ley de quiebras de 2008 incluye una opción de bancarrota para particulares, pero su utilización es muy complicada.

Reforma del sistema de salud

Desde que el ministro de Salud declaró “yo quiero al capitalismo en el sistema de salud”, ha hecho todo lo posible por conseguir ese objetivo7. Se privatizaron varios hospitales regionales y se redujeron los llamados servicios no lucrativos, principalmente el tratamiento de casos difíciles o a largo plazo. La responsabilidad por estos casos se transfirió a los grandes hospitales públicos y los hospitales universitarios. En 2008, el gasto público en salud disminuyó a menos de 7% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE, y aproximadamente 20.000 empleados (8%) abandonaron el sistema de salud8. La introducción de tarifas por servicios y el intento de disminuir los impuestos de seguro social, sobre todo para los contribuyentes más ricos, son componentes clave de la estrategia impositiva regresiva del Gobierno.

Los romaníes y la exclusión social

Las reformas antisociales y el inicio de la crisis económica tienen efectos más graves en los ya de por sí excluidos, como los jubilados, las madres solteras y otros grupos vulnerables. No todos los romaníes están excluidos socialmente; sin embargo, la mayoría de los 250 mil que viven en el país han recibido los impactos directos de la decreciente economía. En 2006, último año con información disponible, 80 mil romaníes vivían en cerca de 300 localidades socialmente excluidas9. Esto es debido principalmente a la discriminación institucionalizada y la falta de interés del Gobierno en resolver los problemas de los romaníes.

En enero de 2008, la Agencia para la Inclusión Social en localidades romaníes abrió sus puertas10 con la misión de elevar el nivel de vida de los romaníes socialmente excluidos y facilitar su inclusión en la sociedad checa. Se suponía que el principal vehículo para lograrlo era brindar financiación para la compra inmediata de servicios. Sin embargo, el Gobierno ordenó que la agencia estableciera un marco para la cooperación con las partes interesadas en cada región antes de solicitar cualquier servicio. El personal se pasó todo el año con esta tarea, y luego una auditoría interna concluyó que el enfoque de la agencia violaba políticas de gabinete.

La agencia ha sido una decepción. Su mandato es débil. En vez de dinero, sólo ofrece asesoramiento. El abandono de larga data por parte del Estado y los enormes problemas económicos han convertido a algunos grupos romaníes de localidades socialmente excluidas en objetivos del odio racial. Como ejemplo extremo, en 2008 los neo-nazis y otros habitantes de Litvinov llevaron a cabo grandes manifestaciones contra los romaníes. En abril de 2009, una niña de dos años recibió quemaduras graves en un ataque con bomba molotov contra la casa de una familia romaní en Vítkov; sus padres y otros miembros de la familia también recibieron heridas.

Durante 2008, el Gobierno atribuyó el aumento de la cantidad de romaníes que solicitaban asilo en Canadá a las dificultades económicas, pero éste es sólo un factor entre los muchos que los llevan a emigrar. Los romaníes no se sienten acogidos en la República Checa y tienen temor a la creciente oleada de violencia fascista11

La situación de las mujeres

La participación de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones sigue siendo mínima. Aun así, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida para disminuir la brecha de género en los cargos políticos y decisorios. La proporción de mujeres en la cámara baja del Parlamento es de 15,5%, que en la base de datos de la Unión Interparlamentaria coloca al país en el puesto 69. A excepción del sistema judicial, donde hay 64,5% de juezas en los tribunales de distrito y 60,4% en los tribunales regionales, las mujeres ocupan menos del 25% de la mayoría de los cargos legislativos y ejecutivos. Incluso en el poder judicial, cuanto más alto el tribunal, más baja es la proporción de mujeres. 

En años recientes, el país ha realizado progresos significativos en cuanto a la violencia contra las mujeres, con la aprobación de leyes que criminalizan la violencia doméstica y el acoso. Sin embargo, estas medidas son todavía insuficientes para reducir todas las formas de violencia de género. Lamentablemente, los grupos de mujeres tienen dificultades para conseguir financiación, en parte debido a haber quedado excluidos del concurso de subvenciones 2008 promovido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que estipula que los proyectos “no pueden tener elementos políticos y no pueden promover ninguna causa política o ideológica, incluyendo la ideología feminista”. Por consiguiente, muchos de estos grupos han debido cesar sus actividades.

El sistema legal checo no tiene leyes que prohíban la discriminación. El presidente vetó la ley contra la discriminación que habría alineado al país de conformidad con la ley europea; se requiere una mayoría absoluta del Parlamento para anular el veto presidencial. Hasta que esto ocurra, la República Checa estará violando sus compromisos como miembro de la UE. Existen aún serios huecos en la protección de los derechos individuales. En particular, son notorios en el código laboral, que se había enmendado con la ley vetada por el presidente.

En el plano económico, las estadísticas muestran que muchos más hombres que mujeres entre 20 y 35 años son económicamente activos, fundamentalmente porque todavía se considera que la crianza de los niños es más que nada responsabilidad de la mujer. Esto es solo uno de los muchos estereotipos de género vinculados a la maternidad que coloca en desventaja a las mujeres en el mercado laboral – durante el proceso de contratación, en la carrera profesional y en el acceso a una mejora en su formación.

La brecha de género en los ingresos era de 19,8% en 2007, el promedio más alto de Europa. Casi dos quintos de las mujeres (39%) y un cuarto de los hombres (25%) piensan que las mujeres reciben menos paga que los hombres por realizar el mismo trabajo. Según los sondeos de opinión, las personas consideran la edad (64%) y el género (45%) como las barreras más frecuentes que impiden el éxito en el mercado laboral12.

En enero de 2008, el Gobierno adoptó una nueva política sobre asignaciones familiares, conocida como la licencia de “tres velocidades”. Los padres y madres pueden elegir ahora la cantidad de tiempo que recibirán la asignación familiar. La duración determina el beneficio mensual. Las mujeres de ingresos altos reciben una mayor cantidad y las de ingresos bajos reciben menos. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que es muy conservador en cuestiones de género, rechaza apoyar y desarrollar instituciones de atención infantil y tiene intención de eliminar los jardines de infantes, de los cuales hay sólo unos 40 en el país. El llamado paquete pro familia del Gobierno no incluye el apoyo integral a las instituciones de atención infantil.

Otro problema es la falta de apoyo a las políticas que combinan los programas de atención infantil y familiar con las actividades que promueven la integración de las mujeres inmigrantes. Estas mujeres corren con desventaja para entrar al mercado de trabajo, debido a que no tienen calificaciones y conocimientos académicos. Asimismo las oportunidades de trabajo para las madres solteras son muy escasas. Los inmigrantes de ambos sexos generalmente se ven limitados a trabajar en los lugares menos atractivos y peor pagos, pero las mujeres inmigrantes son las que más frecuentemente soportan el tratamiento desigual. Estas condiciones son en parte debidas a su etnia o nacionalidad, pero también a la discriminación de género en el proceso de contratación, así como a la inequidad de las condiciones laborales y las remuneraciones13.  

Cooperación al desarrollo

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) checa se destina en gran parte a la cooperación de transformación. Su objetivo es promover la llamada democracia de estilo occidental en los países de la antigua Unión Soviética, Cuba, Birmania e Iraq. Según el Gobierno, este enfoque se justifica mayormente por la experiencia de la República Checa sobre la transformación poscomunista. Sin embargo, el Gobierno ha desistido de alcanzar su compromiso europeo de aumentar la AOD. El crecimiento cesó en 2007 y por primera vez la ayuda disminuyó en términos reales como porcentaje del ingreso nacional bruto (INB), de 0,12% a 0,11%, a pesar de la presión de las ONG y otras organizaciones. Funcionarios ministeriales informaron al Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento que el porcentaje de contribución aumentará, principalmente debido a una disminución del INB. El programa no es transparente – el proceso de licitación de 2008 para el proyecto de transformaciones en Cuba no fue realizado a la vista del público. Los proyectos que obtuvieron financiación fueron co-financiados por instituciones neoliberales como la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia.

ONG y medios

Las ONG checas están bajo una enorme presión financiera; gradualmente se han vuelto dependientes del Estado para su financiación, o de fundaciones extranjeras – pocas de las cuales brindan apoyo significativo a iniciativas cívicas independientes. Los solicitantes de subvenciones exitosos deben cumplir con criterios políticos y sus actividades deben realizarse de acuerdo con las políticas del donante. Para evitar la crítica y la exclusión, la mayor parte de las organizaciones evitan trabajar en activismo y se concentran en ofrecer servicios. La ayuda económica menos restrictiva viene de la Comisión Europea, en particular los fondos administrados directamente por la Comisión. La campaña cívica más grande sigue siendo “Los Checos contra la Pobreza”, que forma parte del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza y se concentra en la incidencia y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El periodismo independiente prácticamente no existe. Los medios proporcionan información selectiva e incompleta; su objetivo a menudo parece apoyar los intereses de grupos económicos y políticos particulares. En este ambiente, la democracia en la República Checa está en un callejón sin salida.

1 Ver: <www.ct24.cz/ekonomika/ceska-republika/45209-smutny-pohled-do-statistik-prumysl-v-prosinci-klesl-o-14-6-procenta/>.

2 Ver: <www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace>.

3 Ver: <www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz120108.doc>.

4 Ver: <www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam020209.doc>.

5 Ver: <ekonomika.ihned.cz/c1-34782520-temer-polovina-ceskych-firem-rozda-kvuli-krizi-vypovedi>.

6 Ver: <www.cbw.cz/cs/article/penzijni-reformamene-statuvice-sobe.aspx>.

7 Ver: <www.cuni.cz/IFORUM-5916.html>.

8 Ver: <osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/12_2008/39.html>.

9 Ver: <www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf str.15>.

10 Ver: <www.socialni-zaclenovani.cz/>.

11 Taylor, L. (2008). “Czech minister blasted by Roma”. The Star, 19 de noviembre. Disponible en: <www.thestar.com/News/GTA/article/539490>.

12 En septiembre-octubre de 2008 se realizó una investigación cuantitativa para saber cómo perciben empleados y empleadas la igualdad de oportunidades, y si consideran que su empleador les permite armonizar su trabajo con la vida privada y familiar. Ver Gender Studies, o.p.s., disponible en: <www.genderstudies.cz>.

13 Krchova, A., Viznerova, H. y Kutalkova, P.Zeny migrantky v Ceske republice. Uvedeni do problematiky.Praga: Fes Prag. 2008.

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Region: 
left

RUMANIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La caída de las exportaciones provocó quiebras, contracción de las actividades y aumento del desempleo. Las remesas, que representan el 5% de INB, cayeron 10% a principios de 2009. La privatización y la venta de bancos nacionales durante los últimos años condujeron al país y sus ciudadanos a endeudarse con los bancos occidentales. Un reciente préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional parece diseñado principalmente para beneficiar a las empresas extranjeras. Entre las víctimas de la crisis se cuenta la ayuda al desarrollo: toda la política de cooperación para el desarrollo rumana está en peligro de desaparecer.

Perspectiva funesta

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
(Fundación de la Sociedad Civil para el Desarrollo)
Valentin Burada

La caída de las exportaciones provocó quiebras, contracción de las actividades y aumento del desempleo. Las remesas, que representan el 5% de INB, cayeron 10% a principios de 2009. La privatización y la venta de bancos nacionales durante los últimos años condujeron al país y sus ciudadanos a endeudarse con los bancos occidentales. Un reciente préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional parece diseñado principalmente para beneficiar a las empresas extranjeras. Entre las víctimas de la crisis se cuenta la ayuda al desarrollo: toda la política de cooperación para el desarrollo rumana está en peligro de desaparecer.

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Como sus vecinos del antiguo bloque soviético, Rumania se encuentra atrapada en la inestabilidad de la crisis financiera y económica mundial. El país disfrutó de un boom económico en los últimos años, impulsado en parte por grandes préstamos de los bancos occidentales y el fácil acceso a los préstamos externos. Actualmente, sin embargo, hay una contracción crediticia, la moneda nacional es inestable y la situación parece extrema.

Presupuesto estatal, remesas y desempleo

Rumania depende de los mercados tambaleantes de la Unión Europea (UE). Las exportaciones disminuyeron en 25% y los flujos de capital están cambiando de dirección. Sólo en enero de 2009 hubo repatriaciones por un monto de EUR 539 millones. La disminución de las exportaciones se tradujo en un aumento del desempleo, quiebras y una contracción de las actividades de las empresas. Aproximadamente 500.000 personas (5,7%) estaban desempleadas en abril de 2009 – casi la mitad de ellas eran mujeres – comparado con el 3,9% de abril de 2008. En mayo de 2009, la Comisión Europea estimó que el desempleo se elevaría al 8%. Cada punto porcentual significa 100.000 desempleados más.

Aunque el salario mensual neto promedio era de EUR 327 en marzo de 2009, un aumento de 17,6% comparado con marzo de 2008 según el Instituto Nacional de Estadística, es menos impresionante que en los primeros meses de 2008, cuando hubo aumentos de más del 30%. Se espera que la crisis reduzca aun más los aumentos e incluso los revierta. El Gobierno ha anunciado que congelará los salarios presupuestados, lo que significa menos poder adquisitivo. En una entrevista en la televisión nacional en abril de 2009, el primer ministro Emil Bloc reconoció que existía el peligro de que el Gobierno no pudiera pagar los salarios y pensiones estatales. Además, al contraerse los mercados exportadores tradicionales para los productores de alimentos, los agricultores rumanos también se encuentran amenazados internamente por las importaciones subsidiadas de productos agrícolas y alimentarios de otros estados miembros de la UE que están buscando reorientar sus exportaciones.

Los ingresos presupuestarios comenzaron a bajar en el último trimestre de 2008, una tendencia que continúa en 2009 – con 8,7% menos en enero que en el mismo período de 2008 – y que probablemente empeorará. La disminución más grande se ubicó en los impuestos a las ganancias (-30,7%).  Los fondos recaudados por concepto del IVA, que sigue siendo la fuente principal del presupuesto, cayeron 8% y probablemente disminuyan aún más.

En respuesta, se han propuesto nuevos y más altos impuestos y aumentos de las contribuciones sociales. En marzo de 2009, el Gobierno anunció un aumento de cerca de 1% para las contribuciones a los fondos de seguro médico tanto para empleados como para patrones, en razón de que el aumento del desempleo conduciría a menos contribuciones. Antes, la contribución obligatoria era de 5,2% para empleados y 5,5% para patrones. Los representantes del sector comercial creen que esta medida aumentará aún más el desempleo ya que las empresas seguirán reduciendo costos y funcionarán con menos empleados.

En febrero de 2009, el Gobierno anunció que las empresas que contraten personas desempleadas, que sean el único sostén de la familia o mayores de 50 años, recibirán subvenciones por un período de hasta 12 meses a fin de cubrir la mitad de los salarios de sus nuevos empleados. Las subvenciones también apoyarían el empleo de romaníes y de aquellos que, debido a la carencia de educación o habilidades, no tienen buenas posibilidades en el mercado de trabajo. Para las personas desempleadas durante más de dos años, las subvenciones cubrirán el 75% del sueldo durante 24 meses. El plan, por un valor total de EUR 133 millones, está financiado en un 85% por la Comisión Europea. De éste, EUR 29 millones están asignados para el empleo en las áreas rurales. En marzo de 2009, el Gobierno también decidió ampliar el período de subsidios de desempleo por tres meses más, mientras que los patrones y los empleados serán eximidos durante tres meses de pagar las contribuciones a los seguros sociales durante la suspensión temporal de actividades.

Según datos del Banco Nacional de Rumania, los ciudadanos que trabajan en el extranjero enviaron remesas por EUR 8.700 millones en 2008 (en comparación con EUR 7.000 millones en 2007). Esto representa casi tanto como la inversión extranjera directa total (un récord de EUR 9.000 millones) y el 5% de INB. Un estudio publicado por el Banco Mundial clasifica a Rumania en el octavo puesto entre los países en desarrollo en cuanto a remesas migratorias1. Sin embargo, a principios de 2009, el nivel de remesas cayó 10% comparado con el mismo período de 2008. Italia y España, los dos países que son la fuente del 90% de las remesas totales, enfrentan problemas económicos serios y altas tasas de desempleo. Aproximadamente 800 mil rumanos trabajaban en España, principalmente en los sectores más golpeados (servicios, industria y construcción). En noviembre de 2008, las autoridades españolas anunciaron que 100 mil rumanos estaban desempleados, y se esperaba que 30 mil más perdieran sus empleos en 2009.

En noviembre de 2008, el Ministro del Trabajo y Asuntos Sociales declaró que en 2009 Rumania podría absorber hasta 500 mil trabajadores retornados del extranjero, debido a que existe una escasez de mano de obra para proyectos de infraestructura y del sector agrícola. Sin embargo, estos comentarios parecen destinados básicamente a calmar las preocupaciones de Italia y España respecto a que los trabajadores rumanos se convertirían en una carga para sus planes de subsidio del desempleo, ya demasiado exigidos. De todos modos, según un sondeo llevado a cabo por la Fundación Soros en septiembre de 2008, sólo el 14% de los rumanos que trabajan en España tenía la intención de volver a casa en 2009.
 
Bancos extranjeros, el FMI y la gente

Prácticamente todos los bancos rumanos fueron privatizados durante los últimos años y vendidos a bancos extranjeros. Hasta el inicio de la crisis financiera, los bancos extranjeros tuvieron enormes ganancias en un mercado en plena y rápida expansión. En 2008, BCR (Este Group/Austria) informó sobre un aumento de la ganancia neta del 119,8%, BRD Société Générale (Francia) registró un aumento del 46% y el Banco Raiffeisen (Austria) aumentó su ganancia en 75,6% comparado con 2007. Sólo la ganancia neta de estos tres bancos, los más grandes de Rumania, sumó más de EUR 1.000 millones.

Al inicio de la crisis financiera, el Banco Nacional de Rumania intervino en una tentativa de calmar la locura de préstamos provocada por la competencia, imponiendo una serie de restricciones orientadas a prevenir la cesación de pagos. Sin embargo, el nivel de endeudamiento aumentó bruscamente. Esto ha llevado a un escenario en el cual, como en la mayor parte de Europa Central y Oriental, las deudas rumanas se deben a bancos de Europa Occidental, sobre todo en Austria, Francia, Grecia e Italia. Sin ninguna consideración por el impacto negativo potencial de sus acciones, los bancos alentaron una tendencia de consumo basada no en la producción real de la verdadera economía local, sino en un aumento de las importaciones de Europa Occidental. Básicamente, con el dinero que se tomó prestado de Europa Occidental, estos bancos apoyaron sus propias economías nacionales y endeudaron a Rumania y sus ciudadanos.

Esta situación se agravó por el hecho que los Gobiernos de Europa Occidental hicieron presión sobre sus bancos para retirarse, vendiendo más barato las filiales en Europa Oriental. El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) espera una cesación de pagos de hasta 20% por préstamos de Europa Oriental; Rumania se encontraría entre los más afectados. Los decisores políticos en Bucarest se ven limitados en sus opciones de políticas fiscales por el hecho de que se requieren restricciones para corregir los valores negativos de la balanza de pagos. Al mismo tiempo, un debilitamiento de la moneda nacional podría, eventualmente, desencadenar una cesación de pagos que sacudiría la estabilidad financiera. A fin de contrarrestar estos peligros, el Gobierno solicitó y recibió un préstamo de EUR 19.950 millones del FMI, la Comisión Europea, el Banco Mundial y el BERD. Del total, el FMI proporcionará EUR 12.950 millones.

El Gobierno insiste en que el préstamo se vincula con el compromiso de los bancos extranjeros en Rumania de reanudar el crédito sin externalizar los recursos del país ni afectar las obligaciones del presupuesto nacional para la educación y la salud. A fines de marzo de 2008, el FMI obtuvo compromisos escritos de las sedes centrales de las principales filiales bancarias en Rumania, que seguirían apoyando estas filiales y no retirarían el capital. Sin embargo, el Gobierno tiene una mala historia en cuanto a resistir la presión extranjera. También carece de los medios para sortear las “soluciones” extranjeras a los problemas nacionales. Tanto el Gobierno como la sociedad civil, con pocas excepciones, fueron lentos para exponer lo que realmente está en juego. Las medidas de austeridad propuestas por el Gobierno, incluyendo el congelamiento de los salarios y pensiones públicos y los aumentos fiscales, han provocado el descontento y la movilización de los sindicatos.

El préstamo del FMI parece haberse contraído bajo presiones externas, principalmente para salvar los intereses de las compañías extranjeras en Rumania. No servirá para reembolsar la deuda externa del país, pero cubrirá las deudas de las filiales locales de los bancos extranjeros. De esta forma, se utilizarán los fondos públicos para reparar el daño hecho por el capital privado. En general, los Gobiernos de Europa Occidental han logrado manejar este daño. Sin embargo, los reclamos desesperados del Gobierno austríaco para que el FMI y la UE intervinieran y rescataran sus bancos en Europa Oriental, demuestran que los bancos extranjeros a veces están peligrosamente sobreexpuestos (por ejemplo, los bancos austríacos han prestado a la región el equivalente al 70% del PIB de Austria). El reembolso de un préstamo que representa el 40% del presupuesto anual de Rumania sólo será posible durante los próximos años mediante la disminución del nivel de vida de la población.

Crisis de la ayuda al desarrollo

En 2007, al ingresar a la UE, Rumania se comprometió a contribuir como país donante al alivio de la pobreza en el mundo, participando en la política de ayuda de la UE y configurando su propia política de ayuda oficial al desarrollo (AOD). Es probable que la crisis financiera actual tenga un drástico impacto en los flujos de ayuda rumanos. El presupuesto de la AOD gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) se recortó de EUR 5 millones en 2008 a EUR 1,9 millones en 2009. Mientras tanto, el préstamo multimillonario del FMI ya impuso limitaciones presupuestarias para las áreas “no esenciales”, y el reembolso del préstamo (en 2015) afectará el presupuesto de la AOD por muchos años. Aun cuando las contribuciones multilateral de AOD se mantengan en un nivel relativamente constante, es muy poco probable que se logre el objetivo del 0,17% de AOD al que el Gobierno se comprometió para 2015.

Las organizaciones de sociedad civil (OSC) han advertido que toda la política de cooperación al desarrollo rumana está en peligro de desaparecer. De forma crucial, toda la inversión anterior en capacidad institucional recién desarrollada para el MAE se verá afectada. El Gobierno encaró la mayoría de sus necesidades internas de desarrollo de capacidad a través la tercerización de tareas específicas con el PNUD Rumania. Las OSC están preocupadas porque, de esta manera, el Gobierno pierde su principal objetivo a corto plazo: reforzar la capacidad nacional.

Una señal clara de los impactos de este enfoque fue el cambio de la estructura administrativa interna del MAE a principios de 2009. Mientras que el Gobierno asignó recursos financieros importantes al PNUD Rumania para contratar expertos, a la oficina de Ayuda al Desarrollo dentro del MAE se la bajó de categoría y se redujo su personal a la mitad, con la consiguiente disminución de su capacidad para programar y gestionar la ayuda al desarrollo. Aunque en tiempos de crisis los recortes presupuestarios sean comprensibles, destruir la capacidad administrativa de las instituciones públicas no es aceptable cuando esto tiene implicaciones a largo plazo. Los representantes del PNUD deberían entender que al desviar recursos y retrasar los procesos de empoderamiento, arriesgan perjudicar a los emergentes actores locales de la cooperación al desarrollo en Rumania.

1 Según People Move, un blog sobre la emigración, remesas y desarrollo, se estima que los flujos de remesas a los países en desarrollo excedían los USD 300 mil millones en 2008. Disponible en: <peoplemove.worldbank.org/en/content/remittance-flows-to-developing-countries>.

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Region: 
left

SENEGAL

Publication_year: 
2009
Summary: 
Siendo el país más dependiente de África Occidental en lo referido a alimentos, Senegal se ve enfrentado a varios desafíos como resultado de las múltiples crisis globales – económica, financiera, medioambiental, energética y, por supuesto, alimentaria. Todas ellas redundan en un empeoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos – sobre todo en los sectores más vulnerables – porque repercuten sobre la escasa producción, la disminución de las importaciones y el alto precio de los productos básicos. Los planes del Gobierno no dan debida respuesta a las necesidades. La sociedad civil propone un retorno a la agricultura tradicional, debidamente incentivada y apoyada por el Estado.

La agricultura es la única respuesta

Social Watch Senegal1

Siendo el país más dependiente de África Occidental en lo referido a alimentos, Senegal se ve enfrentado a varios desafíos como resultado de las múltiples crisis globales – económica, financiera, medioambiental, energética y, por supuesto, alimentaria. Todas ellas redundan en un empeoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos – sobre todo en los sectores más vulnerables – porque repercuten sobre la escasa producción, la disminución de las importaciones y el alto precio de los productos básicos. Los planes del Gobierno no dan debida respuesta a las necesidades. La sociedad civil propone un retorno a la agricultura tradicional, debidamente incentivada y apoyada por el Estado.

En Senegal, la crisis alimentaria mundial causada por el aumento de la demanda – particularmente de cereales – en un contexto de baja de los rendimientos y de encarecimiento de los costos de la producción debido al alza en el precio del petróleo, generó motines en todo el país. El alto precio del petróleo y la mayor demanda de energía conspiraron contra la agricultura de subsistencia, en cuanto a superficie cultivada, por la producción caña de azúcar y maíz para biocombustibles (gasoil y etanol). La situación se vio agravada por los problemas causados por el cambio climático y la crisis financiera. Ésta se tradujo en una reducción de los montos de ayuda para el desarrollo y restricciones a las exportaciones en algunos países – por ejemplo, India –, que afectan especialmente a las capas más desamparadas de países subdesarrollados como Senegal.

Algunas consecuencias de la crisis – que en los países desarrollados golpean sobre el poder adquisitivo, más que sobre la disponibilidad de alimentos – son, en Senegal, la desnutrición y el éxodo masivo de las poblaciones hacia los centros urbanos. Además, la pobreza y el desempleo impactan negativamente en las posibilidades de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El país, con más de un 53,9% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza, mantuvo muy bajo el nivel de acceso de las poblaciones a los servicios sociales básicos. Las capas más desfavorecidas en las zonas rurales y los suburbios de las grandes ciudades, junto con los niños, las mujeres y las personas mayores, son las más afectadas. Las medidas del Gobierno no fueron eficaces, ya que apenas facilitaron el acceso a una comida sana y en cantidad suficiente a los senegaleses que se encuentran muy cerca o por debajo del umbral de pobreza. Las medidas deberían tener como objetivo a las personas más desfavorecidas, las que tienen más necesidades ya que  en Senegal el presupuesto del Estado favorece a los ricos, a los asalariados y a los habitantes de las ciudades, teniendo, en particular,  subvenciones para la electricidad, el gas, el agua, el combustible. En los suburbios de las ciudades y en el campo hay familias que apenas pueden acceder a la comida.
                                                                                      
Algunos de los factores que más influyen en el agravamiento de la situación son:  

  1. Un sector agrícola que depende de las lluvias y que enfrenta la degradación de los suelos, la baja producción, la ausencia de políticas de desarrollo agrícola y la instauración de programas impopulares sin ninguna coherencia, tales como Vuelta a la Agricultura o Gran Ofensiva Agrícola para el Alimento y la Abundancia (GOANA), el escaso acceso a los insumos, al material agrícola y al crédito y la debilidad de las inversiones en el sector (por ejemplo, con el incumplimiento del compromiso de Maputo, según el cual el Estado concedería un 10% del presupuesto a la agricultura).                                                                                                           
  2. La dependencia alimentaria del país (Senegal es, per cápita, el país alimentariamente más dependiente de África Occidental). La producción local de arroz cubre apenas entre un 20% y un 30% de las necesidades; el trigo es 100% importado. La producción de cereales cubre menos del 50% de la demanda.
  3. La crisis medioambiental derivada del calentamiento global reduce la pesca en aguas senegalesas. La pesca es una importante fuente de recursos para el sector primario y uno de los principales suministros de proteínas para la población. De acuerdo a la Agencia Nacional de Estadística y Demografía, la escasez de algunas especies se tradujo en un aumento del 13,8% de los precios del pescado y otros productos de mar frescos.
  4. La total dependencia energética del país de las importaciones de petróleo y la producción de la SENELEC lo vuelve incapaz aún de garantizar un servicio eléctrico eficaz y económicamente accesible para los consumidores. Así, pese a sus potencialidades en energía renovable – al ser un país muy soleado –, la energía representa, a veces, el 50% del costo total de la producción.                                           
  5. Poblaciones y empresas enfrentan dificultades de acceso a la electricidad, cuyos precios han tenido varios aumentos. El sistema de facturación es muy criticado por los consumidores, hay cortes recurrentes que causan molestias en los hogares y el enlentecimiento de las actividades de producción artesanal e industrial. Todo esto condujo a la ola de levantamientos encabezados por imanes, sacerdotes y (más tarde) asociaciones de consumo y sindicatos de trabajadores.
  6. Con la crisis que conoce desde hace algún tiempo la Sociedad Africana de Refinado, el gas butano registra una escasez crónica en el mercado y se vende a precios inaccesibles para los consumidores quienes, además, deben hacer cola durante 24 o 48 horas ante los puntos de venta. 

 
Las medidas tomadas por el Gobierno:

  1. El programa GOANA tiene como objetivo la autosuficiencia alimentaria a partir de la producción de 2 millones de toneladas de maíz, 3 millones de toneladas de mandioca, 500.000 toneladas de arroz, 2 millones de toneladas de otros cereales como el mijo, el sorgo y el mijo fonio. Sin embargo este emprendimiento solitario del Gobierno que no asoció a los protagonistas de los distintos sectores agrícolas, o lo hizo muy escasamente, los retrasos en la instauración de los factores de producción (entre otros, semillas, abono y material agrícola), la intervención  de los cuadros de la administración y los comerciantes sobre las tierras y los insumos, no permitieron lograr los objetivos fijados a pesar del buen promedio de lluvias.
  2. La Organización, por parte del Gobierno, de una campaña de distribución de víveres y alimentos para el ganado, por un importe de CFA 10.000 millones (USD 22 millones), en las poblaciones rurales afectadas por la crisis.
  3. La renuncia, por parte del Estado, a derechos de aduana e impuestos de importaciones sobre algunos productos como el arroz y el gas butano subvencionados, aunque los efectos previstos hayan sido reducidos por la fuga de grandes cantidades de estos productos subvencionados vendidos en los países limítrofes por comerciantes deshonestos.
  4. La reducción de impuestos sobre los salarios de los trabajadores por CFA 6.000 millones (USD 13,2 millones) y la subvención de productos alimentarios por CFA 7.000 millones (USD 15,4 millones).

Sin embargo estas medidas son insuficientes por lo coyunturales, además de no ser duraderas, equitativas ni eficaces, ya que no alcanzaron a las capas más vulnerables. En su lugar, se imponen  inversiones sociales en infraestructura para mejorar el acceso de las poblaciones a los servicios sociales básicos (alimentación, agua, energía, educación, salud, hábitat) y reducir las desigualdades entre los sexos y entre los grupos étnicos.

El impacto en la salud
                                                                                                                          
Aunque la asistencia sanitaria primaria, la asistencia  de los riesgos vinculados al embarazo y la asistencia sanitaria de los ancianos registran avances, la crisis social y financiera golpeó al sector de la salud y generó, entre otras cosas, huelgas de personal, endeudamiento de los hospitales, cierre de algunos servicios de maternidad – en particular, en Dakar –, falta de personal calificado y puestos de salud cerrados o administrados por personal no médico. Hay un recrudecimiento de las enfermedades diarreicas y el paludismo. Han aparecido circuitos ilícitos de distribución de medicamentos (se falsifican 10% de los medicamentos en circulación en el país) a causa de la ausencia de textos legislativos adaptados a las realidades del momento y la ausencia de medios de disuasión.

El saneamiento es muy deficitario en todo el país. Las frecuentes inundaciones conllevan, a menudo, el desplazamiento y realojamiento de personas en lugares inadecuados (como escuelas y otros edificios públicos) que desarman el tejido social y cultural y agravan la situación sanitaria.

Un llamativo déficit de estaciones de purificación y una sobrecarga únicamente de la estación de Camberene, en Dakar, causan la contaminación de todas las playas y bahías de la capital que sirven de exutorios a las aguas sucias domésticas e industriales. Además posee un servicio público de recolección de basuras deteriorado.

Crisis y género

Senegal persiste en un modelo muy patriarcal que ha tenido escasos progresos en materia de relacionamiento mujeres/hombres. Sin embargo, para la aplicación de los instrumentos internacionales (cartas, convenios o declaraciones de principios firmadas y ratificadas) el Gobierno se ve obligado a colaborar con socios a los cuales se vincula por compromisos bilaterales o multilaterales. Pese a que instituciones como, entre otras, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad de Desarrollo de los Estados del África Occidental, la Organización Internacional de la Francofonía y los movimientos de la sociedad civil buscan la materialización de todos los acuerdos, la brecha entre el espíritu de los textos y la realidad nacional es grande.

La propuesta de la sociedad civil

Con la intención de encontrar una forma de acción directa sobre los factores endógenos de la actual situación, proponemos:

  1. Favorecer una gestión inclusiva en la concepción, la aplicación y el seguimiento de las políticas y programas de desarrollo económico y social, con respeto de los compromisos asumidos por cada parte.
  2. Estimular el regreso a la tierra, haciendo de la agricultura familiar el pilar del crecimiento en contraste con el agro-negocio, tal como se indica en el Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza. En cuanto a la seguridad y a la soberanía alimentarias, se pide la definición y la aplicación de una política agrícola (a mediano o largo plazo), con una amplia participación de los actores y un plan de financiación consecuente. El proceso de elaboración y aprobación de la ley de orientación Agros-sylvo Pastorale, cuya aplicación se ha demorado, podría ser una fuente de inspiración.
  3. Realizar una verdadera reforma de la propiedad de la tierra cuyo objetivo sea el restablecimiento de los derechos de los campesinos y las colectividades locales concediéndoles la propiedad plena y completa sobre la tierra que es su herramienta de trabajo fundamental. Es necesario romper el desequilibrio entre el medio urbano y el rural en lo que se refiere al derecho de propiedad reconocido por la Constitución.
  4. Modificar los modelos de consumo e inversión pública y privada.
  5. Valorizar la contribución de los senegaleses de la diáspora a través de la transformación de gran parte de las transferencias de dinero procedentes del extranjero en ahorro e inversiones.
  6. Garantizar un desarrollo geográfico equitativo y eficaz para aumentar el tamaño del mercado interno, fijar las poblaciones locales.
  7. Realizar una revolución cultural para cambiar verdaderamente la mentalidad de los campesinos de modo de lograr la aparición de agricultores modernos, lo que implica la erradicación del analfabetismo a través de la escolarización de todos los niños (varones y niñas) del medio rural en edad de escolarizarse, para darles los rudimentos necesarios para un control deliberado de su medio ambiente.
  8. Normalizar las concesiones mineras – en particular de metales preciosos – a efectos de prever, entre otras cosas, un proceso de consulta nacional y acciones previas de refuerzo de las capacidades de la administración y los protagonistas no oficiales locales (empresarios, sindicatos, ONGs y Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos) y una utilización juiciosa de las rentas que abastecen el presupuesto nacional y respetuosa del carácter no renovable del recurso.
  9. Mejorar la orientación social del marco institucional y reglamentario de la micro finanza y mejorar el resultado social de las Estructuras de Financiación Descentralizadas (SFD, por su sigla en francés).
  10. Promover la agricultura urbana y periurbana a través de la micro jardinería, que podría constituir una verdadera revolución verde en el medio urbano y periurbano y una fuente de desarrollo de actividades generadoras de rentas para las mujeres y de mejora de la alimentación y la nutrición de las familias, lo que contribuiría con la buena salud de las poblaciones vulnerables y en la lucha contra la pobreza.

 

El Grupo de Trabajo tuvo la adhesión de la Organización de Juventudes Panafricanas (OJP), miembro de la Coalición Africana de Jóvenes contra el Hambre (AYCAH).

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Region: 
left

SERBIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La indecisión del Gobierno y la falta de una estrategia y visión claras para responder a los efectos negativos de la crisis fomenta el pesimismo y descontento entre la población, que exige acciones – no sólo palabras – para combatir la corrupción y el delito y establecer el estado de derecho. La situación económica se deteriora y pone en peligro los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Los ingresos del Gobierno disminuyeron debido a la privatización en gran escala iniciada en 2003. Presionados por el FMI y el descontento público, los políticos redactan proyectos que son desechados casi de inmediato.

NOTA A INCLUIR EN EL ICB:

* El país no presenta datos en al menos uno de los indicadores del índice, ni para el período actual ni para el anterior. Para calcular su valor actual de ICB se calculó el promedio de los indicadores para los que el país tenía datos (I1+I2, I1+I3 o I2+I3, según correspondiera), dentro de su región de pertenencia. Se normalizó la variable resultante, para luego re-escalar sobre y bajo la media normalizada según las cuatro categorías generadas, ubicando al país en esta categorización e imputándole el dato del indicador ausente correspondiente al límite inferior de la misma.

Crisis mundial, malestar nacional

Association Technology and Society
Mirjana Dokmanovic, PhD
Danica Drakulic, PhD

La indecisión del Gobierno y la falta de una estrategia y visión claras para responder a los efectos negativos de la crisis fomenta el pesimismo y descontento entre la población, que exige acciones – no sólo palabras – para combatir la corrupción y el delito y establecer el estado de derecho. La situación económica se deteriora y pone en peligro los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Los ingresos del Gobierno disminuyeron debido a la privatización en gran escala iniciada en 2003. Presionados por el FMI y el descontento público, los políticos redactan proyectos que son desechados casi de inmediato.

*

Serbia padece un declive en su producción industrial, en las importaciones, exportaciones, y en el comercio interno y externo, así como un pronunciado descenso de la bolsa de Belgrado. Además, existe un elevado déficit comercial. La ausencia de flujos de inversión extranjera y crédito podría causar problemas serios en la balanza de pagos y un aumento del déficit comercial, junto con el aumento del desempleo y la disminución de las ganancias.

La economía en declive

El crecimiento proyectado del PIB de 3,5% por el presupuesto 2009 resultó ser demasiado optimista. La caída del PIB, estimada en -4,8%1, es evidente. Para mayo de 2009, la producción industrial había caído 18% en comparación con el promedio de 2008. Los factores limitantes del desarrollo sustentable son el elevado desempleo y los problemas sociales. Según datos de la Agencia Nacional de Empleo, el número de desempleados hacia fines de junio de 2009 era 763.062 (25,85%, de los cuales el 52,94% eran mujeres), y el 70% de la gente empleada trabajaba medio tiempo2. Las estimaciones del número de trabajadores que perdieron sus empleos entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 varían de 31.0003 a 133.0004, en muchos casos debido a la caída de la producción y la cancelación de órdenes de compra. En promedio, unos 2.500 empleados son despedidos cada mes5. Más de 2.000 pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas en 2008; el contexto económico no favorece el establecimiento de nuevos negocios mientras que la bancarrota amenaza a 60.000 firmas. La deuda interna, que totalizaba más de USD 3.000 millones en febrero, pone en peligro las actividades económicas y el empleo.

La deuda externa está en constante aumento y excedió los USD 30.700 millones en junio de 2009 (64% del PIB)6, 16% más alta que en 2007. Mientras el déficit de comercio exterior fue de USD 9.500 millones en 2008, el valor de la moneda nacional, el dinar, cayó 25% en el último trimestre del año pasado. La falta de inversión extranjera directa (IED), y de dinero de bancos extranjeros, limita los recursos para defenderlo. Se necesita una afluencia de divisas estimada de USD 5.900 millones para mantener la estabilidad del dinar. Sin embargo, dado que el país ganó sólo USD 3.300 millones por la privatización en gran escala iniciada en 2003 (hoy ya completada) y que no se espera un aumento de la inversión extranjera, no se podrá disponer de esa cantidad de dinero.

De hecho, los resultados de la privatización fueron desastrosos. La mayor parte del capital adquirido por la venta de las propiedades estatales se consumió, en vez de invertirse, y no se reestructuró el sector de exportaciones. La mayor parte de la inversión fue destinada a los bancos, al comercio y los bienes inmuebles. Se relegó la producción industrial a un segundo plano y se descuidó el desarrollo tecnológico, por lo que la competitividad de la economía disminuyó drásticamente. No hay cifras oficiales válidas que den cuenta de los ingresos totales del Estado provenientes del proceso de privatización a partir del año 20007. La compra de ramas industriales enteras (por ejemplo, la industria lechera) realizada por inversionistas extranjeros ha contribuido a la creación de monopolios y al aumento de los precios. La venta del 51% de la industria petrolera de Serbia a la compañía rusa Gasprom por USD 528 millones también ha generado descontento entre la población y los expertos, ya que ésta era una de las fuentes de ingresos más grandes del país. Antes de la privatización, las compañías estatales contribuían un 44,5% del PIB, en comparación con el 17% de 2008. El número de trabajadores se redujo de 400.000 a 135.000, y sigue decreciendo. Hasta US Steel, compradora de la mayor compañía siderúrgica serbia, Smederevo, ha anunciado despidos.

La crisis económica y una privatización desfavorable han conducido a un aumento de la pobreza. Durante el primer trimestre de 2009, el número de personas bajo la línea de pobreza aumentó en 60.000, y la tendencia se mantiene8. Quienes se encuentran en mayor riesgo son los desempleados, los niños, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los romaníes, los refugiados, las mujeres, los hogares de personas mayores rurales y las familias numerosas.

Respuesta del Gobierno

Al principio, el Gobierno vaciló ante la crisis, tuvo reacciones lentas y no advirtió a la población sobre el peligro. En una evaluación del impacto de la crisis de diciembre de 2008, sugirió que algunos sectores – sin especificar cuáles – sufrirían fuertemente los impactos, mientras que otros no se verían afectados9. Sin embargo, presentó un “Marco de Medidas” relacionadas con el Estado (en el sentido más amplio), la economía (sectores industriales y financieros) y la población en general10

En febrero de 2009, el Gobierno adoptó un paquete de estímulo con el fin de aumentar la liquidez mediante la aprobación de préstamos a bancos (para que los bancos pudieran, a su vez, ofrecer préstamos a los comerciantes en condiciones favorables), y el suministro de fondos para la promoción de las exportaciones a las empresas (que entonces se comprometían a no reducir el número de empleados). Se establecieron condiciones favorables para las cuentas de crédito de los ciudadanos a fin de estimular el poder adquisitivo y la producción. Según el Ministerio de Economía y Desarrollo Regional, hasta el 4 de agosto se había otorgado un total de USD 874 millones en préstamos para aumentar la liquidez11 y USD 25 millones en préstamos a los consumidores12. Se presentaron casi 1.000 solicitudes de préstamos para instalar pequeñas y medianas empresas. El Sindicato Patronal exigió reglas estrictas para la aprobación de estos préstamos y así evitar la corrupción, ya que antes hubo casos de préstamos concedidos a magnates y fondos que desaparecieron13.

También se implementaron medidas afirmativas para estimular el empleo de grupos vulnerables, como los trabajadores de entre 45 y 50 años, las personas con discapacidades, los romaníes y quienes hubieran permanecido desempleados por más de dos años. El empleo de estas categorías será subvencionado desde USD 1.100 hasta USD 2.200.

Para fines de marzo de 2009, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)  terminaron en un acuerdo stand-by por USD 3.960 millones a implementarse a partir de abril de 2011. Se señaló que, sin la ayuda del FMI, Serbia no sería capaz de cubrir su déficit presupuestario o de pagar pensiones y salarios. El Gobierno también firmó un acuerdo de préstamo con el Banco Mundial por USD 46 millones para el desarrollo de los sectores privado y financiero14.  La Comisión Europea aporta USD 142 millones para alivianar las consecuencias económicas y sociales de la crisis.

El Gobierno anunció que pediría permiso al FMI para aumentar el déficit presupuestal de 2009, del acordado 3% al 4,5% del PIB. Según la prensa, el Gobierno está dispuesto a aceptar como condicionalidad la reducción significativa en el número de funcionarios del sector público – principalmente en educación y salud – como garantía de un estado menos costoso15.

En estado de indecisión

Hasta mediados de 2009 no se había implementado ninguna política consistente ni exhaustiva para contrarrestar las dificultades sociales y económicas de la población, a pesar del gran número de medidas anunciadas y luego revocadas. En marzo el Gobierno también anunció la introducción de un sueldo provisorio “de solidaridad” y un impuesto a las pensiones de 6% para los que ganan por encima de USD 170, declarando que este impuesto sería usado para establecer un fondo para asistir a los más pobres y ayudar a equiparar el peso de la crisis. Sin embargo, la medida, que resultó de la presión del FMI para disminuir el déficit estatal, generó descontento entre los trabajadores y jubilados, mientras que los sindicatos anunciaron protestas. Éstos sostienen que el impuesto de “solidaridad” afectará a los más pobres16, provocará una reducción de salarios, más desempleo y un aumento del sector informal, mientras que los ricos no serán afectados. De la noche a la mañana, el Gobierno revocó todo el plan de ahorros. Se encontraba aprisionado entre el miedo a las protestas sociales y la presión del FMI, y las siguientes semanas estuvieron marcadas por opiniones discordantes de los políticos, que anunciaban nuevos paquetes de medidas de ahorro por la tarde para revocarlas a la mañana siguiente17.

En cierta ocasión, el Ministerio de Economía recomendó que el Ministerio de Justicia urgiera a los tribunales a prolongar los juicios relacionados con disputas laborales en los que los trabajadores reclamaban el no pago de salarios por parte de las empresas recién privatizadas y otros beneficios del proceso de privatización. El Ministerio declaró que el pago de salarios pondría en peligro la producción de esas empresas18, sin preocuparse por la violación de la independencia de la magistratura en que estaba incurriendo19. Esta polémica recomendación fue posteriormente revocada.

El plan de ahorros revisado se adoptó el 16 de abril, junto con una revisión del presupuesto estatal 200920. El Gobierno anunció el establecimiento de un fondo especial del presupuesto que estará constituido por el impuesto a los salarios más altos y a reducir los salarios del sector público.

El Consejo Económico y Social no apoyó el nuevo plan de ahorros porque incluye el despido de trabajadores y reducción de salarios21. El Consejo estimó que las medidas no estimularían la economía y tan sólo ahorrarían recursos del presupuesto, y señaló que, en vez de imponer impuestos a los trabajadores, el dinero debería recolectarse de aquellos que se enriquecieron durante el proceso de privatización.

El pesimismo y el descontento de la población fueron también provocados por la aparente incapacidad de los políticos de pasar a la acción con respecto al combate a la corrupción y al delito, y establecer el estado de derecho que realmente contribuiría al mejoramiento de la situación financiera del país y sus ciudadanos. Se estima que más de USD 500 millones se pierden cada año debido a la falta de control sobre las compras públicas22. En 2008, al tolerar el no pago de impuestos por parte de las grandes sociedades anónimas, el Estado perdió USD 1.300 millones adicionales.

¿Quién tiene que apretarse realmente el cinturón?

Al implementar la recién adoptada Ley de Confiscación de la Propiedad Obtenida Dolosamente, el Estado podría recaudar USD 2.640 millones en un año, suma que iguala la que Serbia está solicitando al FMI23. En la Feria Internacional del Automóvil de Belgrado, todos los modelos más caros se vendieron el mismo día de la inauguración por un total de más de USD 2,6 millones24

El nivel de subsidios para una familia de cuatro integrantes sin ingresos en diciembre de 2008 era de USD 134. El costo de vida mínimo para una familia de cuatro integrantes fue estimado en USD 1.100. Una de las prioridades del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales será abrir comedores populares para los pobres; actualmente hay 58 comedores para 21.000 beneficiarios, pero se necesitan muchos más25. En marzo, el Ministerio de Comercio y Finanzas abrió el primer “Mercado SOS” en Belgrado y anunció la creación de mercados similares en todo el país. Se supone que estos mercados venden productos alimentarios a precios inferiores, y con ellos se intenta mejorar la situación de los grupos vulnerables. Recientemente comenzaron a distribuirse tarjetas SOS26

En lugar de proteger a los trabajadores de la violación de sus derechos, los sindicatos se han inclinado hacia el otro lado. A comienzos de 2009, la Unión de Sindicatos Independientes y la Sección Unificada del Sindicato “Independencia” acordaron con el Sindicato Patronal y el Gobierno en posponer la implementación del Contrato Colectivo General y retrasar algunas obligaciones financieras de los empleadores hacia los trabajadores, como el pago de los beneficios del trabajador27. Esto estimuló la práctica generalizada de los empleadores en el sector privado de no pagar salarios ni otros beneficios. Como consecuencia, uno de cada diez trabajadores en Serbia (180.000 en total) no cobra un salario28. La inspección del trabajo recibe miles de denuncias, pero argumenta que carece de los mecanismos para obligar a los empleadores a pagar salarios.

A mediados de agosto de 2009, 30.000 trabajadores de 29 compañías habían entrado en huelga por salarios impagos, seguro de salud o pensión y violaciones de contratos colectivos o privatizados29. Las huelgas se vuelven cada vez más frecuentes, y las voces de los trabajadores suenan más y más decididas. Por ejemplo, obreros de la fábrica Partizan en Kragujevac realizaron una huelga de hambre para forzar al dueño a pagar los salarios atrasados. Y los de la fábrica First May en Lapovo se acostaron sobre las vías del tren bloqueando el transporte ferroviario internacional. Trabajadores de Zastava Electro en Racha y de la Tienda Belgrado protestaron durante meses contra la mala privatización hasta llegar a la sede del Gobierno en Belgrado. Y durante una huelga de hambre de una semana, los trabajadores de la Compañía Textil Rashka, en Novi Pazar, llamaron la atención pública y lograron el pago de sus salarios después de que uno de ellos se cortara su propio dedo y se lo tragara.

 

1 EMportal, Economist Media Group Web site. 15 de agosto de 2009.  Accedido el 17 de agosto de 2009. Disponible en: <www.emportal.rs>.

2 Agencia Nacional de Empleo (ANE). Gobierno de la República de Serbia. Datos sobre desempleo de junio de 2009. Accedido el 16 de agosto de 2009. Disponible en: <www.nsz.gov.rs>.

3 Ibid.

4   B92. “Citizens’ Standard of Living is Worsening”, 16 de agosto de 2009. Disponible en: <www.b92.net>

5 Gobierno de la República de Serbia. Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. Disponible en: <www.minzs.gov.rs>

6 Banco Nacional de Serbia. Estadísticas monetarias y de divisas. Accedido el 15 de agosto de 2009. Disponible en: <www.nbs.rs/export/internet/english/80/index.html>.

7 Aleksic, J. y Stamenkovic, B. “Nobody Knows Where the Money from Privatisation Goes”. Blic,24 de marzo de 2009. Disponible en: <www.blic.rs/economy.php?id=4119>.

8 Gobierno de la República de Serbia. Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. Disponible en: <www.minzs.gov.rs>

9 Gobierno de la República de Serbia. The Economic Crisis and its Impact on the Serbian Economy. Oficina del Primer Ministro. Disponible en: <www.media.srbija.sr.gov.yu/medeng/documents/economic_crisis280109.pdf>.

10 Ibid.

11 Hasta agosto de 2009, el 90% de las empresas serbias habían solicitado estos préstamos.

12 Ministerio de Economía y Desarrollo Regional. Gobierno de la República de Serbia. Plan de Ahorro del Gobierno 2009. Disponible en: <www.merr.gov.rs>.

13 Solesa, D. “Without Corruption with Loans”. Economic Review, 30 de enero de 2009.

14 Gobierno de la República de Serbia. “World Bank to Provide 34.9m Euro Loan”. Disponible en: <www.serbia.gov.rs/vesti/vest.php?id=54564>.

15 EMportal, Economist Media Group Web site. 15 de agosto de 2009.  Accedido el 17 de agosto de 2009. Disponible en: <www.emportal.rs>.

16 En enero de 2009, la pensión promedio era de USD 305 por mes y el salario promedio USD 440. Los salarios más altos eran los de los gerentes de las empresas públicas (USD 3.100).

17 Por ejemplo, reducir el número de ministros, aumentar los impuestos a las propiedades, introducir un impuesto a las facturas de los teléfonos móviles, la compra de automóviles nuevos y automóviles de lujo, prohibir el ingreso de nuevos empleados en el sector público, limitar los viajes de negocios al exterior y reducir las horas de trabajo.

18 Blic. “It is not Possible to Step Out from Crisis by Violation of Laws”. 24 de marzo de 2009. Disponible en: <www.blic.rs>.

19 El Directorio de la Suprema Corte decidió que esta recomendación viola la Constitución y la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

20 Gobierno de la República de Serbia. “2009 Budget Revision Adopted”. Disponible en: <www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=55061>.

21 FoNet. “Social Economic Council Does Not Support the Government’s Measures”. Blic, 15 de abril de 2009. Disponible en: <www.blic.rs/ekonomija.php?id=88413>.

22 Vucetic, S. “Unbreakable Partnership of Politics and Tycoons”. Blic, 17 de abril de 2009. Disponible en: <www.blic.rs>.

23 Cvijic, V. Z. “In the Serbian Cash Register 2 billion Euro from the Mafia Property”. Blic, 25 de marzo de 2009. Disponible en: <www.blic.rs>.

24 Press Online. “No Crises: Two Million Euros for One Day!” 28 de marzo de 2009. Disponible en: <www. pressonline.com.rs>.

25 Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. Gobierno de la República de Serbia. Consultado en: <www.minrzs.gov.rs>.

26 B92 Net. SOS Cards Are Starting to Be Issued. Consultado el 30 de marzo de 2009 de: <www.b92.net/biz/tv_emisije.php?nav_id=352330>.

27 Solesa, D. “Crisis ‘Tied’ Social Partners?” Economic Review, 30 de enero de 2009.

28 B92 Net. “180,000 Workers do not Receive Salaries”. 15 de agosto de 2009. Accedido el 16 de agosto de 2009. Disponible en: <www.b92.net>

29 EMportal, Economist Media Group Web site. 15 de agosto de 2009.  Accedido el 17 de agosto de 2009. Disponible en: <www.emportal.rs>.

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Region: 
left

SOMALIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La situación calamitosa de este país destrozado por la guerra se está agravando debido a la crisis sistémica mundial. Con los medios de producción, las finanzas y la prestación de servicios básicos en manos de unos pocos, el costo de vida se ha disparado. La devaluación monetaria ha venido acompañada de hiperinflación y un aumento en el precio de los alimentos; la energía es inasequible y limita la prestación de servicios como la educación, la salud y el saneamiento. Además, la degradación ambiental reduce la disponibilidad de agua, el pastoreo y la biodiversidad y, en consecuencia, afecta negativamente el sustento de las personas.

Sin defensas contra la crisis mundial

Ali Mahamoud Osoble
Organización de Actividades para el Desarrollo de la Comunidad Somalí
(anfitrión del Secretariado de la Coalición SW Somalia)

La situación calamitosa de este país destrozado por la guerra se está agravando debido a la crisis sistémica mundial. Con los medios de producción, las finanzas y la prestación de servicios básicos en manos de unos pocos, el costo de vida se ha disparado. La devaluación monetaria ha venido acompañada de hiperinflación y un aumento en el precio de los alimentos; la energía es inasequible y limita la prestación de servicios como la educación, la salud y el saneamiento. Además, la degradación ambiental reduce la disponibilidad de agua, el pastoreo y la biodiversidad y, en consecuencia, afecta negativamente el sustento de las personas.

*

Somalia es el único país de África, si no del mundo, en donde las autoridades centrales son incapaces de brindar incluso los servicios públicos básicos, ya sea en el área de la salud, la educación, el saneamiento o la seguridad. Durante dos décadas la nación sufrió una guerra de clanes conducida por los “señores de la guerra” de Mogadiscio, cuyas milicias se dedicaron a matar principalmente a civiles inocentes y desarmados. En 2006 fueron derrotados por la Unión de Tribunales Islámicos, conformada por islamistas que habían usado una red de tribunales de los clanes como plataforma política. Sin embargo, se sucedieron nuevos enfrentamientos entre los islamistas y otras fuerzas apoyadas por Etiopía antes de que ese país retirara sus tropas en enero de 2009 y el jeque islamista moderado Sharif Sheikh Ahmed asumiera como nuevo presidente. A pesar de la presencia de una misión de paz de la Unión Africana, se siguen produciendo conflictos causados por las luchas de poder entre grupos políticos y religiosos y enfrentamientos entre los clanes por los recursos1.

La guerra civil arruinó al país y afectó a su población económica, social, cultural y políticamente. En ausencia de un gobierno central eficaz, el sector comercial ahora brinda muchos servicios a un costo alto. En Somalia, la crisis mundial también está afectando la seguridad alimentaria, la energía, el agua y el clima, profundizando la inseguridad y la inestabilidad. Como en el resto del Cuerno de África, la escasez de alimentos ha empeorado por el aumento de los precios de las materias primas, los conflictos y la piratería (al restringir el movimiento de las personas y los bienes) y ha puesto en peligro las operaciones de ayuda. El aumento de los costos del combustible, la disminución de la producción agrícola y los impactos climáticos son también causa de la suba de precios de los alimentos.

Crisis alimentaria

La ganadería ha sido tradicionalmente el sector más importante de generación de ingresos en Somalia, mientras que la agricultura produce cultivos comerciales o de consumo básico que incluyen sorgo, maíz, porotos, sésamo y diversas frutas como bananas y sandías. Sin embargo, muchos agricultores han perdido activos productivos, como ganado y equipos de riego debido a la invasión de las milicias o porque fueron expulsados de sus granjas. Además, la producción agrícola ha estado disminuyendo a consecuencia de las sequías y las bajas precipitaciones en la mayor parte del país.

Al mismo tiempo, han aumentado los costos del transporte marítimo para bienes importados debido a las acciones hostiles de piratas somalíes que se dedican a secuestrar barcos. Los precios de los productos básicos, incluyendo los alimentos, subieron entre 200% y 400% en muchos mercados urbanos en los seis primeros meses de 20082. Los efectos de la baja en la producción de cereales, junto con la inseguridad general, han deteriorado el nivel de vida de la mayoría de la población. Debido a la crisis humanitaria, en 2008, más de 3,2 millones de somalíes (es decir, más del 40% de la población) se volvieron totalmente dependientes de la ayuda alimentaria y los servicios de emergencia brindados por las agencias internacionales. Estas agencias, sin embargo, enfrentan dificultades extremas al tratar de ingresar los alimentos al país; la tarea se ve obstaculizada por la violencia que desplazó internamente a un millón de somalíes en sólo 18 meses (de abril de 2007 a septiembre de 2008).

Hasta 70% de la población rural del sur del país está en riesgo debido a la escasez de alimentos. Aproximadamente 36% de los niños sufre insuficiencia ponderal y uno de cada seis sufre de desnutrición grave. Actualmente se estima que el número de niños desnutridos a escala nacional es 200.000, de los cuales 60.000 están severamente desnutridos y podrían morir si no se dispone del tratamiento adecuado. En 2008, UNICEF comenzó a suministrar alimentación suplementaria a 44.000 niños de menos de cinco años a lo largo del corredor de 30 kilómetros entre Mogadiscio y Afgoye y en las zonas central y sur del país3.

Inflación vertiginosa

Al no haber banco central, todo el dinero que circula en el mercado fue impreso antes de que el gobierno colapsara o está siendo producido por comerciantes vinculados a las autoridades locales o a ex jefes militares; así, la inflación se ha vuelto fuera de control. En 1991 el tipo de cambio por un dólar americano era de 2.000 chelines; en 2009 es de 35.000 chelines. Comerciantes deshonestos han llevado la inflación a su nivel más alto durante 18 años caóticos, rechazando aceptar las distintas denominaciones del chelín somalí y sólo tomando dólares americanos. Los manifestantes en Mogadiscio denunciaron a los comerciantes diciendo: “tenemos nuestro propio dinero; si lo rechazan entonces no tenemos ningún modo de vivir”4.

Crisis del agua
 
Las zonas norte y central de Somalia padecen grave escasez de agua. Incluso capitales provinciales importantes como Hargeisa, Dusamareb y Garowe enfrentan esta situación. El sur del país es generalmente más verde porque los ríos Shabelle y Juba lo recorren desde las tierras altas etíopes. Sin embargo, esta zona también se torna semiárida cuando las sequías afectan estos cauces de agua. Según Sidow Ibrahim Addou, de la Red de Sistemas de Advertencia Temprana sobre Hambrunas, financiada por USAID, la escasez de agua en la región Gedo significa la desaparición de prácticamente toda la pradera5.

En la región noreste, donde la mayoría de la población depende de la cría de animales y donde no hay ningún río, los cambios ambientales – sobre todo La Niña, que baja las temperaturas superficiales del océano, lo que causa menores precipitaciones – han producido enormes pérdidas de ganado. En 2007, por ejemplo, las personas abandonaron zonas como el pueblo Hamure, 280 kilómetros al este de Bosasso, debido a la escasez de agua. Allí se han secado los pozos y nadie mantiene las perforaciones, una situación que empeorada por la carencia de un gobierno central que funcione y la debilidad de las autoridades regionales. En tanto la tierra se vuelve cada vez más seca y las precipitaciones disminuyen por debajo del promedio de 250 milímetros por año, la evaporación potencial escala por encima de los 2.000 milímetros anuales.

En Somalilandia, que comprende los territorios del noroeste, la crisis del agua es aún peor. Pueblos enteros están siendo abandonados al reducirse, en vez de reponerse, las fuentes de agua debido al cambio climático adverso.

Crisis de la salud

El movimiento de las poblaciones desde las áreas afectadas por la sequía a los campos para personas desplazadas internamente (PDI) aumenta el riesgo de epidemias como el cólera, diarrea y otras enfermedades trasmitidas por el agua y el contagio de polio6. La carencia de una infraestructura de salud básica en funcionamiento para responder adecuadamente a estas emergencias empeora la grave situación de los afectados, sobre todo las mujeres, los niños y las personas ancianas.

Se estima que la tasa de mortalidad infantil es de 156 por cada 1.000 nacidos vivos, un aumento de los registros previos de la ONU de 132 por cada 1.000. La tasa de mortalidad materna también ha aumentado de 1.400 por cada 100.000 nacidos vivos (según registros previos de UNICEF) a 1.600 por cada 100.000. El SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades siguen cobrando un gran número de víctimas.

Refugiados y desplazados

Más de 60.000 somalíes cruzaron la frontera con Kenia, sólo en enero de 2009, y se estima que los campos Dhadhab en el noreste de Kenia albergan a 230.000 refugiados. Aproximadamente 850.000 huyeron de la violencia en Mogadiscio en 2007-2008, mientras que 400.000 PDI, que antes se encontraban en los campos para PDI de Mogadiscio, escaparon a las afueras de la ciudad buscando seguridad. Otras 50.000 personas fueron desplazadas a consecuencia de la disputa fronteriza de 2008 entre Somalilandia y Puntlandia; esas personas permanecen en campos en Etiopía, Somalilandia y Puntlandia.

Lamentablemente, la ayuda brindada por ONG internacionales y locales se ve dificultada por la inseguridad aparentemente interminable, sobre todo en las regiones sur y central. Dos miembros del personal del Programa Mundial de Alimentos Somalia fueron deliberadamente agredidos y asesinados en enero de 2009, mientras que en 2008 murieron 34 trabajadores de los programas de ayuda; otros trabajadores fueron secuestrados y permanecen en cautiverio. Continúa habiendo cortes de rutas en lugares estratégicos para secuestrar provisiones y piratería contra buques que transportan ayuda humanitaria.

Crisis del combustible

Somalia es un importador de combustible neto. Por lo tanto, cualquier fluctuación en los precios del petróleo afecta directamente al país. El precio del combustible casi se triplicó en el lapso de dos semanas a fines de 2007 y principios de 2008 de USD 0,40 por litro a USD 1,10. En algunos casos, el costo del transporte se ha cuadruplicado, dejando a muchas personas aisladas. Otros bienes como los productos alimenticios importados y los medicamentos y servicios como educación y salud también se han visto afectados. En un país donde la electricidad se produce mayormente por generadores diesel, los aumentos de los precios del petróleo han afectado a las compañías generadoras. El costo extra se transfirió a los sectores que más necesitan la electricidad, y la población soporta la carga de la crisis.

La falta de un gobierno que funcione centralmente o de relaciones bilaterales con países productores de energía ha impedido que la población somalí compre petróleo más barato proveniente de países de Medio Oriente o energía eléctrica de países en el Cuerno de África como Uganda y Etiopía que tienen mayor potencial de producción hidroeléctrica.

Crisis ambiental

La deforestación es una de las causas principales de las bajas precipitaciones y la sequía que, a su vez, producen hambrunas. Se talan los árboles, se ralean los bosques y las ramas y los troncos se queman para la producción de carbón de leña, que en su mayor parte se exporta a los países del Golfo, siendo Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos los compradores principales7. Se estima que los barcos llevan al extranjero el equivalente en carbón de leña de un promedio de 10.000 árboles. Este comercio del “oro negro” de Somalia provoca un desastre ambiental. En tanto los comerciantes demandan cada vez más carbón, la pérdida de árboles conduce a la escasez de agua, bajas precipitaciones y muy alta evaporación.

Lamentablemente, después de las sequías a menudo vienen inundaciones devastadoras de los ríos que fluyen de las tierras altas etíopes. Esto se ha vuelto un ciclo recurrente.

Recomendaciones

Los grupos de la sociedad civil, desde organizaciones comunitarias a foros nacionales, demandan que se aborden las causas de los desastres. Es necesario que los ministerios y autoridades del Gobierno tomen cartas en el asunto para combatir la deforestación. Las acciones en contra de los abusos ambientales limitarán sus efectos adversos sobre las precipitaciones, la capacidad de los suelos para conservar el agua, el clima local, el hábitat para especies animales y la biodiversidad en general.

1 Food Security Analysis Unit – Somalia (2009). “2008/09 Post-Deyr Analysis”. Technical Series Report, 17. Disponible en: <www.fsausomali.org/fileadmin/uploads/1481.pdf>.

2 Ibid.

3 UNICEF. “UNICEF feeds 44,000 children in Somalia.” Centro de Prensa, Nairobi, Kenia, 14 de mayo de 2008. Disponible en: <www.unicef.org/infobycountry/media_43930.html>.

4Abdinur, M.H. “Somalis rally against rising food prices, inflation.” Agencia France Presse (AFP), 6 de mayo de 2008.

5 Integrated Regional Information Networks (2006). “Somalia: Severe food and water crisis in Gedo”. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 5 de abril. Disponible en:  <www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=58667>.

6 Organización Mundial de la Salud. “Drought Worsens Health Crisis in Somalia.” Nairobi: WHO, 31 March 2006. Disponible en: <www.emro.who.int/somalia/pdf/PressRelease_31March06.pdf>.

7 Mohamed, A.E. (2001). “Somalia’s Degrading Environment: Causes and Effects of Deforestation and Hazardous Waste Dumping in Somalia”. Ensayo preparado para un curso de doctorado sobre Análisis y Gerenciamiento de Sistemas Ambientales. KTH, Suecia. Disponible en: <www.mbali.info/doc331.htm>.

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Sin protección ante el colapso

Publication_year: 
2009
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Al principio parecía que la economía de Malta estaba protegida de la crisis económica mundial, pero las consecuencias comienzan a hacerse sentir. El turismo va en descenso y los alimentos y los servicios públicos son más caros. Las encuestas de opinión muestran que los malteses no tienen confianza en el futuro inmediato y que esperan un deterioro en la calidad de vida para 2009. La cantidad de personas que busca asilo crece día a día y su situación tiende a agravarse.

Sin protección ante el colapso

Joseph M. Sammut
Kopin Malta

Al principio parecía que la economía de Malta estaba protegida de la crisis económica mundial, pero las consecuencias comienzan a hacerse sentir. El turismo va en descenso y los alimentos y los servicios públicos son más caros. Las encuestas de opinión muestran que los malteses no tienen confianza en el futuro inmediato y que esperan un deterioro en la calidad de vida para 2009. La cantidad de personas que busca asilo crece día a día y su situación tiende a agravarse.

A fines de 2008, la mayoría de los países desarrollados se encontraba en recesión y la economía mundial en una abrupta caída. Durante los dos primeros trimestres del año la economía maltesa pareció estar, en gran medida, protegida de las consecuencias de la crisis financiera. La demanda interna continuó impulsando el crecimiento, principalmente bajo la forma de un aumento del consumo y una fuerte acumulación de existencias1. La situación del mercado de trabajo, donde el sector privado continuó fomentando la creación de empleo, se mantuvo favorable. Hubo un leve incremento del empleo (1,3%), mientras la tasa de desempleo se mantuvo estable en un relativamente bajo 6%. Sin embargo, las exportaciones netas contribuyeron negativamente con el crecimiento en el tercer y cuarto trimestre.

La suba de los precios internacionales de alimentos y combustibles generó precios más altos para el consumidor e inflación. La tasa de inflación de Malta constituyó 4,7% – la mayor de la eurozona en 20082. Asimismo, los recientes acontecimientos internacionales presentan riesgos cada vez mayores para el crecimiento. El mercado de las exportaciones de Malta fue el más afectado en toda la UE en 2008: cayó 14%, en comparación con la suba promedio de 6,2%. El informe de Primavera de la Comisión Europea de Asuntos Económicos y Financieros prevé un crecimiento del PIB del 0,7%, una inflación de 1,9%,  un desempleo de 7,4%, un saldo negativo de 2,6% en la proporción de déficit presupuestario del PIB y una caída de -7,0% en el saldo de cuenta corriente3.

Los bancos malteses continúan con liquidez suficiente y bien capitalizados para cubrir los riesgos crediticios, operacionales y del mercado. Están bien regulados para proteger a sus clientes, aunque uno de los más importantes sufrió un descenso del 60% en sus ganancias anuales correspondientes a 2008, debido a la quiebra de un banco internacional. El Gobierno garantizó los depósitos bancarios de hasta EUR 100.000 (USD 132.000).

La inflación presionó la economía familiar, en particular a la franja de menores ingresos. Los depósitos de los residentes en los bancos malteses se incrementaron, pero descendió su tasa de crecimiento anual, mientras el crédito a los residentes siguió en expansión. Las tasas de interés bancarias cayeron 102 puntos básicos entre septiembre y noviembre a medida que los bancos trasladaron a los clientes parte de la reducción en las tasas oficiales de interés. Entre tanto, bajaron los rendimientos de los títulos del Estado, y los precios de las acciones siguieron en descenso4.

Alimentos y energía

Malta importa la mayor parte de sus alimentos. Los informes de Eurostat de 2008 muestran que el país experimentó una suba de 9,7% en los precios de alimentos entre abril de 2007 y abril de 2008. Esta cifra representa dos veces la tasa de inflación anual y afectó de gran manera el ingreso disponible de los consumidores. Un puñado de importadores domina el mercado y traba la competencia: el informe de Eurostat reconoce que Malta padece falta de competencia, mientras la suba de los precios probablemente se asocie también al cambio hacia el euro. La Oficina de Competencia Justa de Malta debería analizar e investigar esta situación.

El drástico incremento del precio mundial de mercado del petróleo (USD 147 el barril) en 2008 se reflejó en los precios más altos de los combustibles, la electricidad y en especial el agua, ya que Malta genera una cantidad sustancial de la misma mediante plantas de ósmosis inversa. En octubre de ese año, los costos de los servicios públicos casi se duplicaron para los consumidores. Resultaron especialmente perjudicados los hogares pequeños que no están cubiertos por el plan de reducción ecológica – que incentiva, con rebajas en las tarifas, el ahorro voluntario de energía.

Representantes de 11 sindicatos le plantearon al Gobierno el problema de las nuevas tarifas de los servicios públicos. El 10 de diciembre de 2008 dirigieron una carta al Primer Ministro sobre las discrepancias en la forma en que fueron calculadas5. Afirmaban que el Gobierno manipuló las cifras e infló el número de familias que se beneficiarían con las reducciones ecológicas. En enero de 2009, los sindicatos pidieron a los consumidores que no pagaran las cuentas de los servicios públicos antes de que finalizara el margen de 45 días de prórroga permitido por la Water Services Corporation6. Posteriormente, la organización patronal se sumó a las críticas contra la estructura de tarifas, afirmando que discriminaba a las pequeñas y medianas empresas. La Cámara de Pequeñas Empresas ordenó a sus socios no pagar determinado porcentaje de sus cuentas de servicios públicos7.

El ministro responsable de los servicios públicos prometió en septiembre que las tarifas descenderían cuando el precio internacional del petróleo cayera por debajo de los USD 85 el barril. No obstante, aunque los precios del petróleo bajaron a la mitad de esa cifra (USD 37 el barril)8, a los consumidores se les siguió cobrando los mismos precios elevados. En este sentido, cabe mencionar que el Gobierno está preparando la privatización de Enemalta, la empresa nacional de energía, y debe colocar a la empresa – que presenta pérdidas - en un estado de solidez financiera. El tema de las tarifas de los servicios públicos exige un estudio socioeconómico apropiado, basado no sólo en cifras internacionales o promedio sino también en las encuestas presupuestarias de distintos tipos de hogares, empresas y organizaciones. Este tipo de estudios también debe ofrecer recomendaciones viables sobre los posibles escenarios de energía sustentable en Malta.

Trabajo  

La crisis internacional comenzó a sentirse a comienzos de 2009, cuando muchas empresas manufactureras adoptaron la semana laboral de cuatro días y otras anunciaron despidos para reducir su fuerza de trabajo y sus pérdidas financieras. Los despidos podrían ascender a cientos o incluso miles durante 2009. El turismo desempeña un papel importante en la economía y el empleo en Malta. En la actualidad, el turismo procedente de Gran Bretaña es menor, y representa 33% del mercado9. Esto perjudicará mucho a los trabajadores de este sector.

Los astilleros eran el baluarte de la mano de obra maltesa, con una fuerza de 5.000 a 6.000 trabajadores hasta la reciente década de 1990. En 2008 se puso en marcha la privatización y a los empleados se les ofrecieron planes de jubilación anticipada y renuncia voluntaria. Del total de 1.626 empleados, sólo 59 obreros no se acogieron a alguno de los planes y permanecieron en la planilla de la empresa, mientras 679 que habían solicitado jubilación anticipada siguieron trabajando para concluir los contratos pendientes antes de que la empresa cerrara. Catorce empresas interesadas participaron en la licitación del astillero, pero un diario local reveló que ninguna de las ofertas cumplió con las expectativas del Gobierno. No haber alcanzado un acuerdo aceptable es un fuerte golpe para el Gobierno. En una declaración al Time of Malta, en 2008, la Comisaria de Competencia de la UE, Neelie Kroes, criticó la estrategia de privatización y señaló que la intención del Gobierno de cancelar EUR 100 millones (USD 132 millones) de pérdidas antes de la privatización del astillero no era aceptable bajo la ley de la UE.

Ayuda al desarrollo

La Política Exterior de Desarrollo publicada en octubre de 2007 identificó cinco países prioritarios para la ayuda maltesa al desarrollo, cuatro de ellos de África central y oriental: Somalia, Sudán, Eritrea y Etiopía10. Las ONG maltesas creen que esta es una opción política, ya que la mayoría de los inmigrantes pertenecen a esos países11.

La falta de transparencia y de evaluaciones oportunas e independientes de la ayuda oficial maltesa compromete la participación de las ONG en temas de cooperación con el desarrollo. El Gobierno ha prometido a las ONG un análisis claro de las cifras en sus informes sobre la asistencia oficial al desarrollo (AOD), pero eso no se cumplió. El Gobierno también indicó que se destinarían más fondos de desarrollo a la asistencia técnica y que las tecnologías informáticas y de la comunicación (TIC) serían una prioridad. A las ONG les preocupa que la asistencia técnica no responda generalmente a las necesidades reales de los países en desarrollo y que adolezca de escasa transparencia, mientras las TIC no suelen corresponderse con el principio de apropiación nacional.

Aunque en 2007 Malta mantuvo la relación más alta entre AOD e INB (0,15%) dentro de la UE, a las ONG les preocupa que un porcentaje sustancial de la AOD declarada se gastara en el alojamiento de las personas que buscan asilo durante su primer año en el país. En la práctica, eso significa que la ayuda al desarrollo se gasta en los centros de detención. A las ONG también les preocupa que la ayuda sea inflada mediante la inclusión de presuntos costos estudiantiles.

Migración y solicitantes de asilo

La situación de los inmigrantes y las personas que solicitan asilo no ha mejorado y, en ciertos sentidos, se agravó debido al número récord de personas que llegaron por mar en 2008 y en los primeros dos meses de 2009. Un Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria visitó Malta en enero de este año. Aunque el Grupo de Trabajo destacó muchos puntos positivos, señaló que la detención de los buscadores de asilo no se correspondía con la legislación internacional sobre derechos humanos y calificó de “desastrosa” la situación en los campamentos de Safi y Lyster”12. Para el Grupo de Trabajo, las condiciones en los campamentos afectan la salud física y mental de los detenidos a tal punto que son incapaces de comprender sus derechos o realizar el proceso legal que conduciría, para mejor o peor, a un cambio en su situación.

La tramitación de las solicitudes de asilo lleva una cantidad desmesurada de tiempo: luego de pasar seis meses en Malta, algunos inmigrantes siguen esperando que se les otorgue una entrevista. El llamado sistema de ‘vía rápida’ no es mucho mejor. Aunque pensado para las personas más vulnerables – por ejemplo, embarazadas y personas con discapacidades – lleva hasta tres meses lograr su liberación de los centros de detención. Un inmigrante de Eritrea presentó un caso constitucional contra el Director de la Oficina de Inmigración y el Ministro de Justicia e Interior en mayo de 2007. Aseguró que se habían violado sus derechos humanos debido a la extensión de los trámites de asilo y a las inhumanas condiciones de detención. El veredicto está pendiente13. La próxima audiencia está prevista para julio de 200914.

El Gobierno afirma que debe lograr el equilibrio entre las consideraciones de seguridad y las humanitarias, y que se realizan incesantes esfuerzos para mejorar las condiciones pero que el sistema actual está saturado: en 2008 debió lidiar con 2.775 nuevos ingresos, en comparación con 1.702 el año anterior. Finalmente, aunque se valoran los comentarios del Grupo de Naciones Unidas relativos a que la inmigración ilegal es un problema que el mundo debe compartir como un todo, cabe señalar que estos llamados ya se realizaron anteriormente, con pocos resultados. 15 

La crisis financiera y la opinión pública

El Eurobarómetro16 del otoño boreal de 2008 indica que crece cada vez más el pesimismo de los malteses sobre la economía; la confianza en el sistema político decae y las esperanzas de una mejora en la calidad de vida también se reducen17. Una decisiva mayoría (57%) evaluó negativamente a la economía y sólo 39% la percibió en buen estado, a la vez que 45% espera un deterioro ulterior en 2009 – un sólido incremento de 25% en cuanto a pesimismo económico que el registrado un año anterior.
El 32% declaró que el empleo se agravaría y sólo 23% pensó que la situación mejoraría, mientras un 27% no esperaba cambios en la situación en los próximos 12 meses. Un 65% de los encuestados dijeron haber tenido dificultades para pagar sus cuentas al final del mes, mientras sólo 28% declaró que no había tenido ese problema. El 56% cree que Malta es más estable económicamente gracias a la adopción del euro, con lo cual discrepó el 33%. La confianza de los malteses en el euro supera a la de otros integrantes de la eurozona, donde 48% de los encuestados consideran que el euro ayudó a estabilizar sus economías, frente a la discrepancia del 42%.

En el plano político, 51% de los malteses expresó su insatisfacción con los partidos políticos, y sólo 34% expresó confianza. Eso se reflejó en las elecciones legislativas de marzo de 2008, cuando la participación electoral fue levemente inferior a la habitual. Por otra parte, 59% de los malteses declararon su confianza en la Comisión Europea, frente a la falta de confianza de 13%. El Parlamento Europeo es la institución que más confianza genera entre los malteses – 64% dijo que confía en ella, mientras 14% dijo no confiar. Una proporción más baja, 57%, tiende a confiar en el Parlamento maltés, aunque es un incremento de 15 puntos frente al último año; 50% confió en el gobierno como institución – un incremento de 5 puntos porcentuales – y 37% no lo hizo.

Es difícil cuantificar los problemas de la desigualdad y la pobreza en Malta, ya que no es fácil acceder a las estadísticas. El número creciente de inmigrantes que se instalan en distintas zonas creó un fenómeno de “guetización”. Estos guetos son trampas de pobreza y caldos de cultivo para tensiones sociales futuras. Cuando se toman en cuenta las consecuencias de la crisis económica, la suba de los precios de alimentos y servicios públicos, la semana de cuatro días, los despidos, y los jubilados que sobreviven con una pensión máxima fijada hace 30 años, se puede pronosticar con seguridad que en 2009 habrá más personas en la categoría de los “necesitados”.

 

1 Banco Central de Malta. Quarterly Review 2008, 41:4. Disponible en: <www.centralbankmalta.org/updates/downloads/pdfs/qr_2008_4.pdf>.

2 Eurostat (2009). “Euro Area External Trade Deficit 32.1 bn Euros”, Comunicado de prensa 21/2009. 17 de febrero. Disponible en: <epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-17022009-AP/EN/6-17022009-AP-EN.PDF>.

3 Comisión Europea de Asuntos Económicos y Financieros (2009). “Spring Forecasts 2009–2010.” 4 de mayo. Disponible en: <ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15178_en.htm>.

4 Banco Central de Malta. Quarterly Review 2008.

5 Sindicato de Parteras y Enfermeras de Malta (MUMN), Sindicato de Profesores de Malta (MUT), Sindicato General de Trabajadores (GWU), Sindicato de Tripulantes de Cabina, Sindicato Haddiema Bank Centrali, Unión de Técnicos y Administrativos de la Autoridad de Planificación y Medio Ambiente de Malta, Sindicato Professjonisti Awtorità ghall-Ambjent u Ppjanar, Asociación de Personal Académico de la Universidad de Malta (Umasa), Asociación de Pilotos de Aerolíneas, Sindicato Periti u Inginiera Servizz Pubbliku y Asociación de Ingenieros de Aerolíneas.

6 Ver: <www.di-ve.com/Default.aspx?ID=72&Action=1&NewsID=57111&newscategory=31>.

7 Sansone, K. (2009). “GRTU Has No Faith in Resources Authority”. Times of Malta, 29 de enero. Disponible en: <www.timesofmalta.com/articles/view/20090129/local/grtu-has-no-faith-in-resources-authority>.

8 Departamento de Información. Comunicado de prensa, No. 0164, 3 de marzo de 2009. Disponible en: <www.doi.gov.mt/>.

9 Oficina Nacional de Estadísticas. “Departing Tourists: December 2008”. News release 015/2009. 27 de enero de 2009. Disponible en: <www.nso.gov.mt/statdoc/document_file.aspx?id=2413>.

10 Vea: <www.doi.gov.mt/en/press_releases/2007/10/pr1620.asp>.

11 Concord (2008). No Time to Waste: European Governments Behind Schedule on Aid Quantity and Quality. Bruselas: Concord. Disponible en: <www.concordeurope.org/Files/media/extranetdocumentsENG/NavigationSecondaire/WorkingGroups/Aidwatch/Aidwatch2008/Light-Full-report.pdf>.

12 Naciones Unidas. “Annex to Press Release: UN Working Group on Arbitrary Detention Concludes Visit to Malta”. 26 de enero de 2009. Disponible en: <www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/125F21AAD7DCBD1AC125754A0057F318?opendocument>.

13 Ver: <docs.justice.gov.mt/SENTENZI2000_PDF/MALTA/CIVILI PRIM AWLA (SEDE KOSTITUZZJONALI)/20>.

14 Ver: <www2.justice.gov.mt/kawzi/ccm_sitt.asp?FrmCM=213021&lng=>.

15 Ver: <www.doi.gov.mt/EN/press_releases/2009/01/pr0102.asp>.

16 Ver: <ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>.

17 Ver: <ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>.

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TAILANDIA

Publication_year: 
2009
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El Gobierno tuvo una rápida respuesta a la crisis bajo la forma habitual de los paquetes de estímulo. No obstante, se torna obligatoria una visión más sostenible: una que incorpore a la solución las consideraciones ambientales y de seguridad alimentaria que enfrentan actualmente el país y el mundo. Si el cambio ha de suceder, procederá de un movimiento social revitalizado, con el sólido respaldo de intelectuales y empresarios.

Una respuesta miope (otra vez)

Nantiya Tangwisutijit
Social Agenda Working Group

El Gobierno tuvo una rápida respuesta a la crisis bajo la forma habitual de los paquetes de estímulo. No obstante, se torna obligatoria una visión más sostenible: una que incorpore a la solución las consideraciones ambientales y de seguridad alimentaria que enfrentan actualmente el país y el mundo. Si el cambio ha de suceder, procederá de un movimiento social revitalizado, con el sólido respaldo de intelectuales y empresarios.

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Al principio, el pueblo de Tailandia observó cómo se desarrollaba la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos con poca conciencia de su significado o efectos. La primera pista surgió en noviembre de 2008 cuando las exportaciones, que en la última década tuvieron un crecimiento anual de dos dígitos, cayeron repentinamente 20% en comparación con noviembre de 2007. A continuación, cuando las empresas reaccionaron rápidamente para minimizar los costos, los trabajadores coparon las calles en protesta por los recortes de los salarios y los beneficios sociales. Entonces se hizo oficial: la crisis había llegado.

Tailandia no es ajena a la conmoción económica, ya que fue el epicentro de la crisis financiera asiática hace 12 años, pero la recesión actual parece más profunda. A diferencia de 1997, la crisis actual arrasó con gran cantidad de la riqueza en todo el mundo. Así, el sector exportador de Tailandia se encuentra en caída libre, con un descenso anualizado a un ritmo superior al 30%1.

Como las exportaciones representan 70% del PIB, Tailandia se encuentra entre las economías más expuestas de Asia emergente. Las exportaciones tailandesas se derrumbaron en Estados Unidos, Europa, Japón y ANSEA en su totalidad. Además, las exportaciones a China – el único país que podría proporcionar la energía para sacar a Tailandia y Asia emergente del pantano económico – también han caído.

La velocidad de la decadencia económica también se vio exacerbada por el fracaso recurrente de los gobiernos – hubo cuatro primeros ministros tan sólo en 2008. Esta parálisis política retrasó la finalización de los presupuestos gubernamentales y la instrumentación de proyectos atrasados de obras públicas. El crecimiento económico en 2008 apenas llegó a 2,6%, frente a 4,9% en 2007. El pronóstico para 2009 es una contracción mayor, reducida a -3,9%2.

Trabajo y desempleo

Más de 250 mil trabajadores perdieron sus empleos entre octubre de 2008 y febrero de 2009. El desempleo creció 140% entre enero de 2008 y enero de 2009. La Federación de Industrias Tailandesas calcula que, para fines de este año, el desempleo afectará a entre 1,5 y 2 millones de personas, de 5% a 8% de la mano de obra registrada3. Sin embargo, el desempleo real será mucho peor, ya que los cálculos oficiales omiten al sector informal, que representa 60% de todos los empleos. Eso incluye a los trabajadores cuyos patrones evaden el sistema de seguro de paro, y a quienes siguen desempleados después de agotar sus seis meses de beneficios por desempleo.

Según las cifras oficiales, en la crisis anterior el desempleo sólo alcanzó 5,6% en 19984. Organizaciones defensoras de los trabajadores, como la Fundación Arom Pong-pangan, prevén que pronto el desempleo superará por lejos esa cifra.

Los trabajadores de hoy tienen menos poder de negociación debido a cambios en los trámites de empleo y cese de funciones, señalaron Bundit Thanachaisretavuth y Vassana Lamdee de la Fundación Arom Pong-pangan. Muchas empresas tercerizan la administración del personal con intermediarios “invisibles” para evitar toda responsabilidad legal directa sobre las prácticas de empleo. Asimismo, los despidos masivos del pasado, que podrían asegurar un fuerte apoyo del público para prácticas laborales más estrictas, ya no suceden. A los trabajadores se los despide de a poco y se los traslada a sus pueblos rurales natales para evitar que causen problemas.

Mientras intentan enfrentar la crisis a través de su función de vigilancia, los medios de comunicación y los grupos de la sociedad civil también sufren la crisis. Las ONG son doblemente golpeadas ya que sus donantes extranjeros recortan sus presupuestos y sus monedas debilitadas se convierten en menos baht tailandeses.

Agricultura

Durante la crisis de la década de 1990 numerosos trabajadores desempleados fueron al sector agrícola; ahora, sin embargo, las arroceras rurales tienen menos para ofrecer. Aunque la baja de los precios del petróleo recortó los costos de los insumos agrícolas más que los precios, la reducida demanda de las exportaciones, especialmente de importantes materias primas como el caucho y la mandioca, eliminaron las oportunidades de absorción de los trabajadores desplazados. Peor aún, como consecuencia del creciente ingreso de productos agrícolas baratos desde China, tras la aplicación del tratado de libre comercio de 2003, los granjeros tailandeses perdieron competitividad. Además, en la última década, debido al crecimiento de las deudas familiares y al incremento de la migración laboral desde las granjas a las fábricas, hay menos pequeños productores agrícolas que sean propietarios de tierras.

Los más pobres entre los pobres

 

Estas tendencias ejercen incluso mayor presión sobre los 23 millones de trabajadores en el sector informal, la mayoría de ellos mujeres. A medida que la economía empeora se espera que las mujeres, además de menores ingresos, soporten cargas mayores, indicó Usa Lerdsrisuntad, directora de programas en Women Foundation. En casos de divorcio o separación, de tendencia creciente en Tailandia, la responsabilidad por la crianza de los hijos continúa recayendo mayormente sobre las mujeres. La Oficina Nacional de Estadísticas señala que 30% de los hijos de familias con un solo padre están al cuidado exclusivo de sus madres. Se teme que muchas mujeres se aferren a relaciones abusivas para minimizar las dificultades económicas en sus familias. También es probable que la falta de apoyo estatal para la crianza de los niños, combinada con una economía debilitada, empuje más mujeres a la industria sexual y/o a empleos en el exterior obtenidos a través de organizaciones de tráfico humano.

Como son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, los niños son las víctimas extremas de toda crisis, sea económica, social o política, aseguró Chettha Munkong de Children Foundation. La deserción escolar va en aumento ya que los alumnos van a trabajar. Para aquellos que pueden permanecer en la escuela, los defensores de los derechos de los niños también temen que la crisis ya haya afectado la calidad de su enseñanza. Cada vez más maestros pasan menos tiempo en el aula y más buscando ingresos suplementarios.

La rápida expansión económica de la década pasada, combinada con mayores restricciones a su capacidad para sostenerse a través de recursos naturales, arrojó a un número creciente de minorías étnicas a la mano de obra informal. Las comunidades de gitanos del mar, por ejemplo, han ingresado gradualmente a los servicios de hotelería y turismo, pero ahora que el turismo descendió 20%, los empleos están desapareciendo. Sin educación formal y con una competencia mucho mayor, las consecuencias para ésta y para otras comunidades marginadas pueden ser las más duraderas.

 

Respuesta del Gobierno

En enero de 2009, el Gobierno lanzó un paquete económico de USD 4.500 millones que incluyó exenciones impositivas, amplió la enseñanza gratuita, subsidios para el transporte y los servicios públicos y dinero en efectivo para los asalariados con bajos ingresos. Dos paquetes similares están previstos para antes de fin de año. Pese a esta rápida respuesta, tanto el rumbo de la política como su instrumentación generaron mucha inquietud en la sociedad.

Una de las medidas más polémicas fue la entrega por única vez de THB 2.000 (USD 57) en efectivo a empleados públicos y privados con ingresos menores a THB 14.000 (USD 397) por mes. Incluso quienes estaban habilitados a recibir los fondos criticaron de populismo descarado la política, sin considerarla un estímulo significativo. Por ejemplo, la extensa mayoría de los trabajadores en esta categoría pertenece al sector informal y, por lo tanto, no están habilitados a recibirla, lo cual plantea el problema de la discriminación de género, ya que las mujeres comprenden la gran mayoría de los trabajadores informales.

Activistas sociales como Bundit, de la Fundación Arom Pong-pangan, también critican la estructura verticalista y la falta de transparencia de la administración del fondo que ofrece terreno fértil a la corrupción. Por ejemplo, los THB 7.000 millones (casi USD 199 millones) designados para recapacitar a 240 mil trabajadores sólo se habilitarán a los organismos estatales con una limitada rendición de cuentas, no a las organizaciones de las administraciones locales ni a las asociaciones profesionales comunitarias que trabajan más directamente con los desempleados.

Para complementar su plan de estímulos, el Gobierno también trabaja en una importante reestructura regulatoria de los mercados financieros. Sin embargo, a diferencia de muchos países que establecieron mayores garantías para proteger a los consumidores y sus economías, Tailandia avanza hacia la fuerte desregulación y liberalización para incrementar el papel del mercado de capitales en el desarrollo de la economía. Se teme que esta iniciativa, dirigida por muchas de las mismas personas que participaron de la crisis financiera de 1997 buscando exclusivamente ganancias a corto plazo, allanará el camino a una nueva crisis apenas el país se recupere.

Los grupos de la sociedad civil señalan que la mayor falla de la política gubernamental de estímulos es su falta de estrategia coherente. No existe visión de la forma en que Tailandia podría utilizar los recursos del estímulo para abordar algunas de las causas que radican en la desigualdad y las persistentes dificultades sociales y económicas que padece la mayoría de la población. Surichai Wankaeo, director del Social Research Institute, en la Universidad de Chulalongkorn, señala que el paquete no proporciona un timón a la política económica, que por demasiado tiempo ha seguido los caprichos de la demanda multinacional, lo cual dejó vulnerable al país ante la volatilidad de los mercados internacionales. En muchos sentidos, se asemeja a programas similares aplicados en la década de 1930: proyectos de trabajo subsidiado y programas de ayuda asistencial que al final no hacen más que ofrecer asistencia temporaria y no contribuyen a cimentar una economía ni una sociedad más fuertes.

Para construir una economía más resistente, el país debe implementar estrategias que fortalezcan el consumo interno de los productos nacionales. Sus defensores mencionan el éxito, en los últimos años, de la industria turística, que se comercializó hacia el turista nacional para compensar la reducción de la demanda del turista extranjero. No obstante, un punto de partida mucho mejor sería el de apoyar la seguridad alimentaria. Con un sector agrícola tan fuerte y aún más descentralizado, las políticas, los incentivos y las disposiciones destinadas a la producción de alimentos orgánicos tendrían efectos de largo alcance para la economía nacional y la salud pública. La Organización Mundial del Comercio considera que, si se regulariza el uso de productos químicos y se prohíben los productos que los contienen, Tailandia adquiriría inmediatamente una ventaja competitiva sobre las importaciones. Muchos agricultores tailandeses ya utilizan métodos orgánicos simplemente como medio para reducir el costo de los insumos, con escaso acceso a redes de distribución donde sus productos podrían recibir precios superiores.

El tema de la reforma agraria también es clave para ayudar a los productores de las zonas rurales. En la actualidad, 90% de la tierra de Tailandia le pertenece a 10% de la población. Como mínimo se debe instaurar una estructura tributaria altamente progresiva para la propiedad de la tierra, y asistencia para la compra a quienes compran por primera vez, especialmente en el sector agrícola. Estos programas podrían vincularse a las políticas de agricultura orgánica para que puedan alentar a los nuevos propietarios de tierras a adoptar estos cultivos de alto valor.

Otro ámbito donde el país debe mirar hacia adentro es el de la energía. Casi 90% del petróleo de Tailandia es importado, lo cual absorbe hasta 10% del PIB del país. Esto representa mucho dinero y empleos que podrían integrar un programa de combustibles alternativos, si se dieran los pasos para apoyarlo. De manera similar, se deben otorgar incentivos para la generación de tecnologías autóctonas de energía alternativa y de ahorro de energía para cesar la marcha del país hacia la compra de plantas de energía nuclear y la construcción de plantas de energía a carbón.

El Gobierno debe trabajar para fomentar recursos de energía nacionales más limpios como parte integral de un plan que aborde los desafíos del cambio climático. Destacados científicos y economistas tailandeses han probado que la catástrofe se acerca rápidamente y que el momento para hacer algo y prepararse es ahora. Los organismos estatales deben adquirir la experiencia y tecnologías para comprender mejor los cambios que vivirá el país y las estrategias de adaptación necesarias para que la economía y la sociedad puedan transitar un futuro con clima cambiante.

El sector agrícola es fundamental para esta preparación. La sequía ya es un problema más frecuente y, con los cambios sustanciales proyectados en los patrones de lluvias, los agricultores deben tener alternativas para cultivos, patrones de cosecha y técnicas agrícolas. El fomento de la investigación nacional, el ensayo y la aplicación de estos nuevos enfoques debe ser una prioridad para asegurar la viabilidad del sector.

Los esfuerzos dirigidos a fortalecer la economía no deben ser el único objetivo de la respuesta del país a la crisis actual. Igualmente importante es la evolución del estado de bienestar. Luego del éxito de la atención sanitaria universal durante la década pasada, los grupos de la sociedad civil en Tailandia sienten que es hora de explorar beneficios jubilatorios que abarquen a la mayoría de la población, trabajen en el sector de empleo formal o no.

Oportunidad

Si la crisis económica actual encierra algo de bueno es que brinda la oportunidad de observar detenidamente a los factores que la crearon, y a las estrategias a desplegar para evitar su reiteración. Las exenciones fiscales, la capacitación laboral y la desregulación de los mercados financieros puede brindar estímulos valiosos, pero sólo si el objetivo trasciende a la recuperación de corto plazo. El cambio deberá provenir de un movimiento social revitalizado, con el apoyo de intelectuales y empresarios. Tailandia no es ajena a este tipo de movilizaciones, que generaron la Constitución del Pueblo – un hito en la reforma política democrática y la primera en el país redactada por una asamblea electa – en 1997. La interrogante, sin embargo, es si ese movimiento puede darse con la rapidez necesaria para tener algún impacto en la respuesta del Gobierno a la crisis actual.

 

1 Dirección de Desarrollo Nacional, Económico y Social. Disponible en: <www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/economic/eco_state/4_51/Press_Eng4-2551.pdf>.

2 Ibid.

3 Centro de Investigación Kasikorn. Ver: <www.kasikornresearch.com/portal/site/KResearch/rsh_d/?id=19586&cid=3>.

4 Ministerio de Trabajo. Ver: <www.mol.go.th/info_Mar0409_2.html>.

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TANZANÍA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Aunque el sistema financiero aún no se ha visto seriamente afectado por la crisis económica mundial, la reducción de las exportaciones, de las remesas y de la ayuda hará peligrar los avances de Tanzanía en erradicación de la pobreza. Se deben ampliar los servicios básicos tales como el suministro de agua limpia, el saneamiento y la salud, así como el crédito y la instrucción para los agricultores. Por todo ello, es imperativo que no se interrumpa la ayuda del exterior.

Peligra la reducción de la pobreza

SAHRiNGON (T) Chapter
Armando SwenyaMartina
M. Kabisama
Kambibi Kamgisha

Aunque el sistema financiero aún no se ha visto seriamente afectado por la crisis económica mundial, la reducción de las exportaciones, de las remesas y de la ayuda hará peligrar los avances de Tanzanía en erradicación de la pobreza. Se deben ampliar los servicios básicos tales como el suministro de agua limpia, el saneamiento y la salud, así como el crédito y la instrucción para los agricultores. Por todo ello, es imperativo que no se interrumpa la ayuda del exterior.

La economía de Tanzanía depende principalmente de la agricultura, que asciende a alrededor del 42% del PIB1 El crecimiento económico anual promedio desde 2000 ha sido de 5,8%2, un aumento en comparación con el 3% de fines de los noventa. Aunque el país ha experimentado reformas macroeconómicas y estructurales de consideración – tales como la privatización de empresas públicas, la liberalización del mercado e inversiones en sectores económicos clave como la minería, la agricultura, el turismo y las telecomunicaciones – tiene mucho camino por recorrer en lo que respecta a la disminución de la pobreza. Más de un tercio de la población aún subsiste con menos de USD 1 al día3.

El crecimiento económico no se ha traducido aún en forma adecuada en un aumento de los ingresos per cápita. Las adjudicaciones presupuestarias para los programas de desarrollo, entre los que se cuentan servicios sociales como la salud, la educación y la infraestructura, son mínimas en comparación con los gastos recurrentes como los salarios de los funcionarios públicos y la administración de las oficinas gubernamentales. Además, Tanzanía depende en gran medida de la ayuda del exterior, que en 2007 constituyó aproximadamente el 42% del presupuesto nacional.

Los impactos de la crisis mundial

A pesar de que Tanzanía ha sufrido los impactos de la crisis económica mundial, hasta el momento las instituciones financieras no han sido afectadas4. Son varias las razones que lo explican: el país tiene un bajo nivel de integración a los mercados financieros internacionales; los activos extranjeros cubren solo el 11% de los activos bancarios comerciales totales y la legislación nacional regula, supervisa y otorga licencias a los bancos – es decir, no operan como sucursales de las casas matrices de los bancos en el extranjero, sino como subsidiarias independientes. Además, el país contaba con una limitada cantidad de deuda extranjera y no poseía valores de bancos internacionales afectados por la crisis. El mercado interbancario en efectivo sigue gozando de liquidez y estabilidad, en tanto los préstamos al sector privado aumentaron 47% en 20085.

Sin embargo, la economía tanzana se enfrenta a un serio desafío, ya que los ingresos por exportaciones clave han disminuido debido a la reducción de la demanda y de los precios. Por ejemplo, en enero de 2009 se apilaron en las algodoneras 138.011 fardos de algodón (una cuarta parte de la producción total de la zafra 2008/09) debido a la falta de demanda. Se esperaba que en junio de 2008 los agricultores algodoneros percibieran TZS 300 (USD 0,23) por kilo, pero los precios del mercado mundial se desplomaron y llegaron a un piso de TZS 200 (USD 0,16) por kilo. Es posible que el turismo y la minería también acusen el impacto. El turismo contribuye el 17,2% del PIB, lo que lo coloca en segundo lugar después de la agricultura. Tanzanía recibió 719.031 turistas durante el año fiscal 2006/07 y el dinero percibido fue de alrededor de USD 1.000 millones. Muchos turistas ya han cancelado sus reservas y se estima que las ganancias pueden descender hasta un 20%. La minería puede verse afectada debido a la reducción de las inversiones extranjeras directas. 

La disminución de la pobreza

Desde el año 2000 el país ha estado implementando estrategias para la reducción de la pobreza, con el apoyo de sus socios para el desarrollo, por medio de un Sistema Nacional para el Monitoreo de la Pobreza abarcador y sólido. La Estrategia Nacional para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (NSGRP en inglés) se orienta a la disminución de la pobreza de ingresos por medio del logro y mantenimiento de un crecimiento económico amplio, que garantice a todos la igualdad de acceso a servicios de calidad y promueva la buena gobernanza y el estado de derecho, lo que mejorará la calidad de vida y bienestar social de los tanzanos.

Además, el Programa para la Formalización de la Propiedad y la Empresa (PBFP en inglés) tiene como objetivo transformar las propiedades y las empresas del sector informal para que se conviertan en propiedades legales y empresas que operen en el sector formal. Las justificaciones de esta medida están en el desarrollo de iniciativas tendientes a la formación de capital, hechas a la medida de las circunstancias de la mayoría económicamente desfavorecida y en el empoderamiento de las comunidades.

Sin embargo, la crisis mundial hace peligrar la aplicación de tales programas, así como de la Visión para el Desarrollo de Tanzanía para 2025 y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La economía nacional depende de la ayuda extranjera y se anticipa que los flujos de AOD disminuyan a medida que aumentan las presiones para que los países donantes salven sus propias economías. Las remesas (USD 14 millones en 2006 y 2007) pueden disminuir, ya que es probable que algunos tanzanos que trabajan en países extranjeros pierdan su empleo.

Situación de la alimentación
 
Tanzanía cuenta con unas 45 millones de hectáreas adecuadas para la producción agrícola. De ellas, solo se han cultivado 6,3 millones; es decir, alrededor del 15%6. Para el 2006 existía irrigación en unas 300.000 de 2,3 millones de hectáreas7. Alrededor del 75% de los trabajadores agrícolas se dedica a la producción de subsistencia – que se caracteriza por cultivos a pequeña escala, el uso de herramientas de mano y de métodos de cultivo tradicionales dependientes de la lluvia – y a la cría de animales8. El 25% restante trabaja en establecimientos agrícolas a gran escala que se dedican a la producción de cultivos de exportación9.

La producción es baja, sobre todo entre los minifundistas. La calidad de los cultivos de exportación también sigue siendo baja en relación con la producción de países vecinos. Estos factores han limitado el crecimiento rural en forma significativa. Los agricultores algodoneros de las regiones de Mwanza y Shinyanga debieron enfrentarse a un año especialmente difícil, ya que la situación que se describe ha reducido sus ingresos y su poder adquisitivo en forma considerable10.

La magra producción agrícola es resultado, en parte, del uso limitado de insumos agrícolas tales como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y semillas mejoradas. Ese tipo de insumo es costoso incluso cuando hay disponibilidad de ellos y a menudo faltan los servicios de extensión. En cuanto al ganado, algunos de los problemas principales son el costo de los medicamentos veterinarios y la inexistencia de servicios, además de la sequía, las enfermedades y el acceso limitado a los mercados. Los precios de mercado de los animales y el acceso a la información de mercados también se cuentan entre los problemas que obstaculizan la producción.

La mayoría de los minifundistas tanzanos no están calificados para obtener crédito de las instituciones financieras. Según el Censo Agrícola por Muestras de 2002/03, sólo el 3% del total de hogares agrícolas fue capaz de obtener acceso a créditos. Los principales proveedores de crédito fueron las cooperativas agrícolas (35%), la familia, los amigos y los parientes (32%), los comerciantes o los almacenes de comercio (9%), las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito (8%), las organizaciones religiosas/ONG/proyectos (8%), personas individuales (4%) y bancos comerciales (2%). Sólo el 1,6% recibió crédito de fuentes formales.

El acceso al agua potable segura

Tanzanía cuenta con existencias suficientes de agua para las necesidades de los usuarios según surge de las estadísticas de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que muestran que, en 2006 y 2007, respectivamente, existían 2.466,9 y 2.291,9 metros cúbicos de agua per cápita. Sin embargo, mientras algunas zonas del país reciben más de 1.600 mm de lluvia por año, otras alrededor de 600 mm y el almacenamiento del agua no es adecuado. Los servicios de agua se distribuyen en forma despareja entre los distritos y regiones y entre las poblaciones urbana y rural11. La mayor parte de la población rural dedica un promedio de 27 minutos al acarreo del agua, en comparación con los 5,9 minutos que le insume al habitante urbano. El aumento del costo del abastecimiento de agua segura para uso doméstico resulta en que los pobres no lo puedan afrontar. La falta de agua ha resultado en crecientes presiones socioeconómicas y hasta en conflictos entre los usuarios durante períodos de seca prolongados.

Además, Tanzanía marcha a la zaga de las tecnologías para controlar las inundaciones durante la época de lluvias. Las cañerías de drenaje suelen reventar debido al gran volumen de agua, lo que hace que se mezcle el agua sucia y limpia. Este problema, junto con la falta de un método sistemático para el tratamiento del abastecimiento directo del agua para la población, conduce a la propagación de enfermedades como el cólera, la bilharciosis, la malaria, la sarna y el tracoma en las zonas con instalaciones de saneamiento insuficientes.

Atención y tratamiento del VIH/SIDA

Se estimaba en 2006 que sólo el 10% de las personas que vivían con VIH/SIDA se habían inscripto para recibir tratamiento. De esta cifra, el 57% tenía entre 15 y 49 años y el 61% eran mujeres adultas12. Del número total de inscriptos, se admitía a 60.341 para el tratamiento antirretroviral (TAR). Esta cifra comprende sólo a una cuarta parte de las personas que necesitan tratamiento y atención. Entre los desafíos graves se cuentan la insuficiente provisión de medicamentos e instalaciones para el diagnóstico, la localización en centros urbanos de los servicios (por ejemplo, Dar es Salaam tiene casi el 30% de los pacientes inscriptos para el TAR) y los efectos secundarios del TAR.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno ha iniciado medidas preventivas, tales como la instalación de un sistema de alerta mediante el uso diario de indicadores seleccionados de desempeño del sector financiero, a fin de identificar señales de debilitamiento; la intensificación de la supervisión del sistema bancario y la extensión de la recolección de información sobre el desempeño de los bancos y, además, la provisión de garantías para que el Gobierno y el Banco de Tanzanía cuenten con la capacidad adecuada para intervenir si fuera necesario.

Tanzanía no permanecerá inmune a los impactos de la crisis mundial, ya que su presupuesto depende de naciones que han sido afectadas en forma directa. Se requieren más medidas para reducir los impactos. Sobre todo, los países donantes deben enfrentar el desafío y continuar su apoyo a los países menos desarrollados en lugar de interrumpir la ayuda que prestan.

 

 

1 Earth Trends (Tendencias del Mundo). Economic Indicators Survey, Earth Trends Country Profile (Encuesta de indicadores económicos, Perfil de país de “Earth Trends”). Disponible en: <earthtrends.wri.org/pdf_library/country_profiles/eco_cou_834.pdf>.

2 SAHRiNGON – Sección Tanzanía. NGO Shadow Report to the African Commission on Human and Peoples’ Rights (informe alternativo de la ONG a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos).

3 Ministerio de Economía (diversos años) Libros de presupuesto del gobierno.

4 Ndulu, B. (2009). “The Global Financial and Economic Crisis: Challenges and Responses” (La crisis financiera y económica mundial: desafíos y respuestas). Presentación PowerPoint del director del Banco de Tanzanía, marzo.

5 Ibídem.

6 Política Nacional del Agua (2002), p. 10.

7 Plan Nacional Maestro para el Riego (2004).

8 Ministerio de Planeamiento, Economía y Empoderamiento. Poverty and Human Development Report (PHDR) 2007 (Informe sobre pobreza y desarrollo humano 2007). Diciembre. Disponible en: <www.povertymonitoring.go.tz/documents/phdr_frontpage.pdf >.

9 Censo Agrícola por Muestras 2002/03 (2005).

10  Ver: <www.afrol.com/articles/13874>.

11 Ministerio de Planeamiento, Economía y Empoderamiento (2007).

12 Idem.

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UGANDA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La crisis financiera dificultará los esfuerzos por reducir la pobreza en Uganda. La ayuda extranjera, las remesas y los ingresos derivados de las exportaciones ya están disminuyendo. El Gobierno debe desarrollar nuevas estrategias para identificar las causas profundas de la pobreza, la exclusión y las malas condiciones sociales en el país y, al mismo tiempo, aunar fuerzas con otros países a nivel regional e internacional para impulsar una reforma de la arquitectura financiera mundial. Existen varias iniciativas de la sociedad civil que, si reciben apoyo, podrían ayudar a enfrentar la crisis.

Objetivos de Desarrollo del Milenio en jaque

Development Network of Indigenous Voluntary Associations (DENIVA)
David Obot

La crisis financiera dificultará los esfuerzos por reducir la pobreza en Uganda. La ayuda extranjera, las remesas y los ingresos derivados de las exportaciones ya están disminuyendo. El Gobierno debe desarrollar nuevas estrategias para identificar las causas profundas de la pobreza, la exclusión y las malas condiciones sociales en el país y, al mismo tiempo, aunar fuerzas con otros países a nivel regional e internacional para impulsar una reforma de la arquitectura financiera mundial. Existen varias iniciativas de la sociedad civil que, si reciben apoyo, podrían ayudar a enfrentar la crisis.

A fines de 2008, los líderes del G-20 hicieron un llamamiento a los países desarrollados y en desarrollo y a las instituciones financieras internacionales a tomar medidas “urgentes” para evitar los impactos negativos de la crisis económica mundial. Un informe del Banco Mundial, preparado para la reunión de ministros de finanzas del G-20 en marzo de 2009, advertía sobre las implicancias a largo plazo para los países en desarrollo, entre las cuales se mencionaba la merma de los servicios de educación y salud para los pobres1.

Asimismo, la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) a los países pobres podría disminuir al tiempo que la crisis se agudiza en los países donantes2. La Comisión de Desarrollo Social de la ONU advierte que la crisis actual tendrá graves consecuencias para las políticas sociales y amenazará la estabilidad social; las crisis alimentaria y climática empujarán a los más vulnerables a los márgenes de la sociedad3.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha indicado que los mercados financieros de África Subsahariana son vulnerables debido a la desaceleración del crecimiento mundial y que Uganda está en riesgo a raíz de los préstamos para inversiones en el mercado de valores4. El Banco Central ha advertido que, con la disminución de las ganancias de las exportaciones y el turismo, el crecimiento económico del país estará ahora en el rango del 5% o 6%, en vez del 8% proyectado previamente5.

El Ministro de Finanzas ha informado que aunque Uganda no está “directamente expuesta” al riesgo, el declive económico podría producir una reducción de los ingresos financieros provenientes de las inversiones extranjeras, el turismo, las remesas del exterior y los flujos de ayuda de los países donantes6. Añadió que la reducción de las remesas y del apoyo de los donantes ya ha provocado un déficit en la recaudación de ingresos de UGX 108 mil millones (USD 51,4 millones) de julio de 2008 a febrero de 2009. Las remesas totalizaron USD 1.392 millones en el año fiscal 2007-20087.

Más aún, el comercio exterior no ha tenido un buen desempeño. Aunque se registró un aumento de las exportaciones entre 2003 y 2007, las importaciones ampliaron el déficit comercial en 2007 (ver Figura 1). El Banco Mundial hace notar que los países de ingresos bajos en África Subsahariana ya están sufriendo los impactos de la disminución de los precios de las materias primas8.

Escasas perspectivas de lograr los ODM

Según el informe 2008 del FMI Perspectivas de la Economía Mundial, una disminución del crecimiento mundial de un punto porcentual llevaría a una caída de 0,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) en África. El informe anticipó los posibles graves efectos de la crisis financiera mundial en ese continente en relación al comercio, inversión extranjera directa (IED) y recursos de ayuda. También destacó que en tanto la correlación entre los PIB africano y mundial entre 1980 y 1999 había sido de 0,5, apenas llegó a 0,2 entre 2000 y 2007. Entre tanto, el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2008 de la UNCTAD muestra que los flujos de ingreso de la IED a Uganda para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 fueron de USD 295 millones, USD 380 millones, USD 400 millones y USD 368 millones, respectivamente.

Éstas fueron contribuciones importantes a la economía ugandesa. Una disminución de la IED podría afectar la capacidad del país para alcanzar los ODM, especialmente el objetivo referido a la reducción de la pobreza. Esto será especialmente crítico para los hogares pobres y los encabezados por adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidades y mujeres y niños desplazados, y afianzará la pobreza intergeneracional. Actualmente, el Gobierno está revisando su Plan de Acción para la Erradicación de la Pobreza para integrarlo al Plan de Nacional de Desarrollo9.

La población de Uganda en 2008 era de 29,6 millones, 49% de la cual tenía menos de 15 años. La distribución de la población es 85,1% rural y 14,9% urbana. El índice de fecundidad total es de 6,7 por mujer, y la tasa de crecimiento poblacional se mantiene en 3,2%. Es notable que el porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de pobreza se haya reducido de 38,8% a 31,1% entre las Encuestas Nacionales de Hogares (ENH) de 2002-2003 y 2005-2006, una reducción de 1,4 millones de personas en términos absolutos10. Sin embargo, aún mucha gente enfrentará grandes dificultades para sobrellevar los efectos de la crisis financiera mundial. La proporción de la agricultura en el PIB total continúa disminuyendo y se encontraba en 21% en 2007. Esto significa que se necesitan más estrategias, entre ellas la modernización, para mejorar la producción agrícola y los ingresos de la población rural, como forma de reducir la pobreza.

En 2005-2006 la tasa neta de matriculación en enseñanza primaria era 84%; y la tasa de alfabetización de personas entre 15 y 24 años aumentó de 80% a 84%. Aunque la provisión de educación primaria y secundaria universal ha mejorado de manera significativa, la tasa de deserción escolar es todavía alta: de un total de 1.914.893 alumnos matriculados en primer grado en 2003, sólo 939,804 permanecían en la escuela en 2007. En cuanto a la promoción de la igualdad de género, la relación niñas/niños en educación primaria se redujo de 0,99 a 0,96; mientras tanto, la participación de las mujeres en empleos remunerados del sector no agrícola descendió de 39,2% a 28,2%. 

En salud, las tasas de cobertura de inmunización varían desde 89% para tuberculosis y 85% para sarampión y hepatitis B a 12% para tétanos. Según la ENH 2005-2006, la malaria (60,8%) es aún la enfermedad mortal de más prevalencia, seguida por las infecciones respiratorias (14,2%), diarrea (9,5%, con un porcentaje más alto en áreas rurales) e infecciones cutáneas (3,2%). La tasa de mortalidad infantil descendió de 88,4% a 76%. La mortalidad maternal por cada 100.000 nacidos vivos disminuyó de 505 a 435 y la proporción de partos atendidos por personal de salud especializado aumentó de 39% a 41,1%. En la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, el uso de condones entre las personas de más alto riesgo (de 15 a 24 años de edad) aumentó de 49,8% a 52,9%, en tanto la tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos entre mujeres de 15 a 49 años, que son más vulnerables a contraer una infección, era de 23,6%.  

En cuanto a la sustentabilidad ambiental, la proporción de tierras forestadas disminuyó de 21,3% a 18,3%; y la población rural con acceso a fuentes de agua mejoradas aumentó de 53,5% a 58,5%. En lo que tiene que ver con el ODM 8, el servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios descendió de 20,4% a 15,8%.

Gobierno y sociedad civil: una alianza muy necesaria

Las medidas del Gobierno para mitigar el impacto de la crisis en el año fiscal 2008-2009  incluyen: mejorar la recaudación de ingresos para contribuir con cerca del 13,1% del PIB; asistencia a personas pobres y sin tierras para adquirir parcelas a través del Sistema de Préstamos para la Adquisición de Tierras; aumentar los fondos  para los servicios de mecanización y extensión agrícola a fin de cubrir todos los distritos; modificar la Ley de Sociedades Cooperativas de 1991 para mejorar la supervisión y regulación de dichas sociedades; apoyo a los científicos para el desarrollo de tecnologías y prototipos comerciales; apoyo a la pequeña y mediana empresa; desplegar un sistema de micro-financiamiento para 800 de los 1.020 sub-condados; y asegurar la efectiva regulación y supervisión de los bancos11.

Se espera que el apoyo de los donantes a Uganda, ya sea a través del apoyo directo al presupuesto como en proyectos, constituya el 30% del presupuesto nacional de 2008-2009. El Gobierno debería garantizar una reducción del gasto en la administración pública y tasas de interés más bajas para los préstamos bancarios. El desempeño del sector privado demandará un manejo del crédito saneado y prudente, y las personas que soliciten préstamos con fines comerciales también deberán ser estrictas en la administración de los fondos recibidos. Asimismo son necesarias políticas innovadoras para la industrialización y el comercio, las cuales requerirán mayores esfuerzos del Gobierno para promover la integración económica, especialmente en línea con la Comunidad de África Oriental.

Una variedad de organizaciones de la sociedad civil trabajan en distintos temas de desarrollo, entre ellos, desarrollo humano, paz, VIH/SIDA, monitoreo de la corrupción, seguridad alimentaria y cambio climático. Action Aid Uganda, por ejemplo, ha brindado asistencia a congoleses desplazados y personas afectadas por conflictos en el norte de Uganda. DENIVA está empoderando a las comunidades en asignación de recursos en el presupuesto, monitoreo de la corrupción y concientizando a los retornados en el norte del país en cuanto a sus derechos. La Organización de Apoyo para el SIDA continua brindando servicios de prevención y ayuda a las personas infectadas en todo el país. La Asociación Nacional de Ambientalistas Profesionales y la Coalición de Activistas para el Desarrollo y el Medio Ambiente, que trabajan en el tema de seguridad ambiental, han logrado que el Gobierno revise la proyectada venta de parte de la selva Mabira, una de las reservas naturales más grandes de Uganda. La Alianza por el Derecho a la Alimentación incide a favor de un aumento de la seguridad alimentaria.

Es importante que se genere un entorno favorable en donde los esfuerzos de la sociedad civil – apoyada por el Gobierno con recursos adecuados, así como por los socios del desarrollo y las comunidades – cristalicen en sólidos aportes para paliar la crisis.

1 Banco Mundial (2009). Disponible en:  <web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/O,,ContentMDK:21990236~piPK:146830~theSitePK:258644,00.html>.

2 te Velde, D.W. (2008). The Global Financial Crisis and Developing Countries: Which countries are at risk and what can be done? Londres: Overseas Development Institute (ODI). Disponible en: <www.odi.org.uk/resources/download/2462.pdf>.

3 Gu, Z. and Wang, X. (2009). “UN Commission discusses steps to mitigate negative impact of global financial crisis on social development.” China View online. Disponible en: <news.xinhuanet.com/english/2009-02/06/content_10770873.htm>.

4 Fondo Monetario Internacional. Impact of the Global Financial Crisis on Sub-Saharan Africa. Washington, DC: FMI. Disponible en: <www.imf.org/External/pubs/ft/books/2009/afrglobfin/ssaglobalfin.pdf>.

5 Reuters. “The Financial Crisis”. 23 de octubre de 2008. Disponible en: <customers.reuters.com/community/stayinformed/middleeastafrica/MEA_23.10.08_Newsletter.pdf>.

6 República de Uganda.Budget Speech 2008/9 Financial Year. Kampala: Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico (MFPDE).  

7 FMI, op. cit.

8 Banco Mundial. “Crisis Takes a Mounting Toll on Developing Countries”. 13 de marzo de 2009. Ver: <go.worldbank.org/YGK6U1EFI0>.

9 Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico (MFPDE). Poverty Eradication Action Plan (2004/5-2007/8). Kampala: MFPDE.

10 Oficina de Estadística de Uganda (OEU). 2008 Statistical Abstract. Kampala. Ver: <www.ubos.org>.

11 Ver: <www.finance.go.ug/docs/BudgetSpeechFY202008_09_12thJune2008_Final.pdf>.

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VENEZUELA

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
En medio de una fuerte polarización política, la discusión sobre el impacto de la crisis económica internacional en el país se ha visto postergada. Una serie de planes impulsados desde el Gobierno intentan asegurar la seguridad alimentaria, el acceso universal a los sistemas de salud, a la vivienda y a la educación. Sin embargo, hay problemas con la distribución de alimentos, reducciones en los planes de salud e insuficiente respuesta a la demanda de viviendas. Es en educación donde los resultados se acercan más a los esperados.

Una democracia no tan participativa

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Rafael Uzcátegui

En medio de una fuerte polarización política, la discusión sobre el impacto de la crisis económica internacional en el país se ha visto postergada. Una serie de planes impulsados desde el Gobierno intentan asegurar la seguridad alimentaria, el acceso universal a los sistemas de salud, a la vivienda y a la educación. Sin embargo, hay problemas con la distribución de alimentos, reducciones en los planes de salud e insuficiente respuesta a la demanda de viviendas. Es en educación donde los resultados se acercan más a los esperados.

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Tras lograr la ratificación para un segundo período presidencial en diciembre de 2006, el primer mandatario Hugo Chávez alcanzó, en febrero del 2009, la aprobación de una Enmienda Constitucional que le permitiría la reelección indefinida. Dicho proceso electoral generó una amplia polémica y revitalizó la polarización existente en la sociedad venezolana.

El clima electoral postergó la discusión acerca de las posibles consecuencias de la crisis económica mundial en el país1. A pesar de la alta dependencia de la exportación de los hidrocarburos, el presidente Chávez se mostró optimista frente al impacto de la recesión global: “El precio del petróleo pónganmelo en cero y Venezuela no entra en crisis”2. El incremento de los precios del crudo generó considerables ingresos y excedentes monetarios, lo que redundó en el aumento sostenido de las importaciones y un alto grado de endeudamiento público. La bonanza petrolera posibilitó, a su vez, el desarrollo de diferentes programas sociales – denominados “misiones”– y la reducción de los índices de pobreza.

Según la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 20093, los ingresos petroleros representan 46,5% de las fuentes de financiamiento del país. El 12,5% del total presupuestado se encuentra destinado a los programas y misiones sociales. A pesar de que esta planificación hace énfasis en la inversión de índole social, se estima una inflación de 15% para el período – 4 puntos por encima de la estipulada para el año 2008, cuya tasa inflacionaria real se ubicó en 30,9%, la mayor de la región por tercer año consecutivo4.

Seguridad alimentaria

En 2004, a través del Decreto Presidencial Nº 3118, se creó el Ministerio de Alimentación, cuya misión era generar el establecimiento de las reservas operativas y estratégicas de alimentos que garantizaran la seguridad alimentaria de la población. A su tutela se asignaron la misión alimentación que nació en el año 2003 con la Red de Mercados de Alimentos CA-MERCAL, la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos y las 1.000 casas de alimentación conformadas en el año 2004 y que actualmente llegan, según cifras del ministerio, a 5.963 activas; 65 no-operativas y 47 inactivas5.

Entre los rubros más sensibles a la inflación estuvieron los alimentos. Estadísticas del Banco Central de Venezuela señalan que entre marzo del 2007 y marzo del 2008 su precio aumentó en un 42,6%, la variación más elevada de los últimos 11 años. Dicha tendencia se mantiene hasta el presente, con el permanente incremento de los precios al consumidor. Algunas otras variables atentan contra los esfuerzos estatales por garantizar el derecho a la alimentación de las poblaciones más vulnerables. Desde el año 2006 el país se ha visto afectado por una fluctuante situación de desabastecimiento alimentario, la cual alcanzó su mayor grado de intensidad entre finales del 2007 y comienzos del 2008, época en la cual 13 de los alimentos pertenecientes a la canasta básica registraron problemas de escasez.

A pesar de promover un discurso en favor de la soberanía alimentaria, el Gobierno recurrió al aumento de las importaciones. El ministro de alimentación reconoció que MERCAL, programa social que distribuye productos subsidiados en las zonas populares del país, importaba 70% de los rubros que ofertaba. Para 2008 se calculó que 45,6% de las 2.460 calorías promedio que se consumieron diariamente en Venezuela eran de alimentos comprados en el extranjero. En ese año, MERCAL benefició a 9.642.170 personas, logrando la venta de 1.297.506 toneladas de alimentos. En enero del mismo año, se creó la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), industria filial en el área agrícola de Petróleos de Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, anunció que sería una red alimentaria a escala nacional que permitiría el acceso de los alimentos a precios regulados por el Estado. Al presente, Pdval actúa paralela y bajo similar modalidad a la Red MERCAL, con un estimado de distribución para el 2009 de 755.000 toneladas a nivel nacional.

A su vez, debido a la mejora en su capacidad de compra, los venezolanos y venezolanas incrementaron en casi un 20% los niveles generales de consumo en el 2007. Según cifras reveladas por el presidente Chávez el consumo diario de calorías se había acrecentado un 23%, pasando de 2.202 a 2.717 calorías6. Los propios índices de pobreza se han visto disminuidos por los efectos de la bonanza económica producto de altos ingresos petroleros y fiscales. Datos correspondientes al segundo semestre del 2007 estimaron que la pobreza por ingreso abarca un 33% de la población, mientras que la pobreza extrema había disminuido a 9,6%7. Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano alcanzó el 0,8263, cifra superior al 0,7793 de la década anterior. Además, el Instituto Nacional de Nutrición estableció el Índice de Prevalencia de Subnutrición para el año 2006 en 6%, cuya proyección cumpliría el Objetivo del Milenio relativo a la erradicación del hambre para el 2015. Sin embargo, el alza de los precios merma los salarios de la población. Para enero de 2009, el costo de la canasta alimentaria se ubicó en alrededor de USD 7508, equivalente a dos salarios mínimos (USD 371,73).

Venezuela aún no cuenta con una estrategia integral de seguridad alimentaria caracterizada por su sistematicidad, como lo sugiere la Observación General Nº 12 del Comité de Naciones Unidas de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Si bien la distribución de alimentos a bajo costo ha logrado significativos niveles de éxito, otros aspectos, como el incremento de la producción agrícola nacional, se encuentran menos desarrollados.

El derecho a la educación

Es en el cumplimiento del derecho a la educación donde Venezuela presenta sus cifras más positivas. Para la Campaña Mundial por la Educación el país presenta algunos de los mejores indicadores de América Latina en la materia y, según la Memoria y Cuenta 2008, entregada por el presidente a la Asamblea Nacional el 9 de enero de 2009, en los diferentes niveles del ciclo escolar se encontraban inscritos más de 7,5 millones de venezolanos y venezolanas. Mas aún, se reveló que, con la implementación de la misión Robinson, el nivel de analfabetismo había descendido a 0,4%; y en Robinson II se han graduado más de 437 mil estudiantes, de los cuales 81 mil son indígenas.9 Por otra parte, fueron entregadas 345 mil becas de estudio a personas de escasos recursos, mientras que 67 mil personas fueron capacitadas para ingresar al mercado laboral10. Estas cifras coinciden con las del Ministerio de Educación, el cual para el año 2007 informó sobre un aumento del 2,8% en la disponibilidad de los establecimientos educativos con la construcción de 726 nuevos planteles. La tasa de repetición se ubicó en 5,1% entre el primero y sexto grado, mientras que los niveles de prosecución escolar continúan mejorando: de cada 100 estudiantes que se inscriben en 1º grado, 66 llegan a 9º, tres más que en el período anterior, y 22 más que en el periodo 1999-2000.

Derecho a la salud y a la vivienda

Si bien en la satisfacción en educación y alimentación se registraron avances, en otros derechos económicos, sociales y culturales se constataron estancamientos y retrocesos. En el derecho a la salud los avances normativos en la propia Constitución y el discurso gubernamental a favor de su promoción no han logrado superar los problemas estructurales del sector.

A partir de diciembre de 2003, el ejecutivo activó la Misión Barrio Adentro como forma de mejorar la atención primaria en las zonas populares. A corto plazo se registraron importantes avances, en parte por la participación de 14.345 coordinadores y médicos, y la construcción de diferentes módulos asistenciales en todo el país. Sin embargo, en el año 2008 se constató una desaceleración de esta política sanitaria y se multiplicaron las denuncias de módulos cerrados y la reducción del número de médicos – para ese año se estimó en 8.500 el número de profesionales y coordinadores presentes en la Misión11. Esta estrategia se ha desarrollado de manera paralela a la red hospitalaria nacional, y los principales centros de salud continúan presentando graves deficiencias. Esta descoordinación se ha profundizado debido a la mora de 9 años, por parte de la Asamblea Nacional, de promulgar una Ley Orgánica de Salud.

En cuanto a la satisfacción del derecho a la vivienda el Gobierno no ha podido, en diez años, cumplir sus propios objetivos en el sector. Para 2008, según informaciones oficiales aparecidas en los medios de comunicación, se construyeron 23.223 viviendas nuevas. El Ministerio de Vivienda estimó el déficit habitacional del país en 2.800.000 viviendas – un millón correspondiente a nuevas familias, 800.000 a casas tipo “rancho” que deben ser sustituidos y otro millón a las casas ubicadas en laderas, zonas de vaguadas y de alto riesgo. Se estima que deben construirse 200 mil viviendas anuales para amortizar el déficit en una década; el año 2007 registró la cifra más alta alcanzada por el Gobierno Bolivariano, con 61.512 soluciones habitacionales12. En el año 2005, el Ejecutivo elevó a rango ministerial el despacho encargado de las políticas de construcción de viviendas, medida obstaculizada por la debilidad institucional en el sector. Sólo durante el año 2008, un total de 4 funcionarios y funcionarias diferentes13 fueron designados como ministros de Vivienda y Hábitat, una alta rotación de los cargos de dirección que ha entorpecido la continuidad de las políticas en la materia. Para el año 2009, nuevamente la inestabilidad del ente persevera tras la fusión, en febrero, de los ministerios de Vivienda y Hábitat y el de Infraestructura, en un nuevo organismo llamado Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda.

Derecho a la vida y a la seguridad ciudadana

En el ámbito de los derechos laborales se mantuvo el descenso de la tasa de desempleo, la cual se ubicó en 7,2%.14 Por quinto año consecutivo decrece la economía informal, 43,2% para septiembre de 2008, frente a la formal, calculada en la misma fecha en 56,8%. Sin embargo, continúa siendo elevado el porcentaje de personas que trabajan sin contar con los diversos beneficios laborales establecidos en las leyes venezolanas. Por otra parte, continuó paralizado el proceso de contratación colectiva en el sector público, lo cual redujo la capacidad de la clase trabajadora de enfrentar la inflación. El aumento de homicidios registrados en el marco de conflictos laborales asociados al derecho al empleo constituye un grave retroceso. El enfrentamiento entre sindicatos del sector construcción y petrolero por el control de los puestos de trabajo tuvo, en el año 2007, su cifra más alta – 48 líderes sindicales ejecutados por sicarios. En el año 2008 fueron 21 dirigentes asesinados.

De hecho, la violencia se ha convertido en uno de los principales problemas. Según cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), entre enero y septiembre de 2008 se registraron 10.606 homicidios por armas de fuego en todo el país. En Caracas se estima una cifra de 130 homicidios por cien mil habitantes, una de las tasas más altas del continente. Durante el año 2008 los robos registraron un aumento del 8%, los homicidios del 11% y los secuestros un alarmante incremento del 101%. Durante el año 2008 Provea monitoreó 247 casos de violación del derecho a la vida, siendo el CICPC (18,6%), la Policía del estado Lara (12,55%) y la Policía del estado Anzoátegui (7,2%) los tres cuerpos policiales que acumulan mayores denuncias.

Los altos niveles de violencia atraviesan diferentes sectores y conflictos. Según el Informe 2008 del Observatorio Venezolano de Prisiones, la población penitenciaria del país sumaba 23.457 personas. Durante ese año fallecieron por violencia 422 reclusos y reclusas, en tanto sumaron 854 los heridos y heridas por armas de fuego y objetos penetrantes. Por otra parte, en enfrentamientos vinculados a disputas por tierras fueron asesinados 7 líderes campesinos durante 2008. Según estimaciones difundidas por Braulio Álvarez, diputado y coordinador del Frente Campesino Simón Bolívar, desde que se decretó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se han asesinado 214 campesinos15.

 

Criminalización de la sociedad civil

Durante los años de gestión del presidente Hugo Chávez se ha promovido la participación popular en torno a la construcción de la llamada democracia participativa. Sin embargo, su impacto se ha visto limitado por la tendencia a la exclusión de amplios sectores sociales por motivos políticos o ideológicos. Se ha denunciado presión sobre los empleados públicos para participar en actos proselitistas y el establecimientos de redes clientelistas en las zonas populares que excluyen a quienes no sean partidarios del primer mandatario. En este sentido, preocupa la progresiva militarización de las organizaciones populares y su incorporación a labores de seguridad ciudadana, lo cual podría originar potenciales violaciones a los derechos humanos. En otro aspecto, continúa la tendencia a la criminalización de la protesta. Durante el año 2008 fueron monitoreadas 1.763 manifestaciones en todo el país, de las cuales 83 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por los organismos de seguridad del Estado. Al menos 89 manifestantes fueron sometidos a procesos judiciales penales por su participación en las protestas. Asimismo, 3 personas fueron asesinadas por funcionarios policiales durante manifestaciones.

Continúan evidenciándose serias dificultades de acceso a la información pública, lo cual vulnera, entre otros, el derecho de la ciudadanía a ejercer las labores de contraloría social. Para finalizar, se mantiene la obstaculización y criminalización del trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales en Derechos Humanos del país, a las cuales diferentes voceros del Gobierno acusan de tener motivaciones desestabilizadoras y ser parte de una agenda definida desde Washington. En este sentido se ha establecido como prioridad la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional, la cual reglamentaría una serie de controles y filtros al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

1 En noviembre del 2008 también se realizaron elecciones para gobernaciones y alcaldías.

2 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (2008). Aún con el petróleo a cero dólares Venezuela no entraría en crisis.

3 El Presidente de la República ordenó la revisión de los montos expresados en este presupuesto; sin embargo a la fecha de cierre del presente informe no se había publicado el presupuesto corregido para el año 2009.

4 Banco Central de Venezuela, Índice de precios. Diciembre de 2008.

5 Estadísticas del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. 25 de febrero de 2009.

6 Ministerio del Poder Popular para Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (2008). Consumo per capita de alimentos aumentó y pobreza extrema disminuyó.

7Servicio Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela.

8 Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores.

9 La misión Robinson usa voluntarios para enseñarle a adultos a leer y escribir, así como aritmética. Robinson II le permite a la gente obtener certificados de enseñanza primaria y/o adiestramiento para trabajos específicos.

10 Parlamento Latinoamericano. Aspectos relevantes de la Memoria y Cuenta 2008 presentada por el presidente Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional el día 13 de enero de 2009.

11 Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (2008). Informe Anual octubre 2007 – septiembre 2008 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

12 Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (2008). Memoria y Cuenta 2007.

13 El 05 de enero de 2008 fue designado como titular del MINPOPOVIH el Teniente Coronel (Ej) Jorge Pérez Prado. Fue sustituido, el 12 de marzo de 2008, por Edith Gómez. El 11 de junio de 2008 fue nombrado Ramón Carrizalez, quien ocupaba por segunda vez el cargo. El 19 de junio de 2008 fue designado titular del despacho de vivienda el arquitecto Francisco Sesto.

14 Se está dando una amplia discusión acerca del cambio metodológico del Instituto Nacional de Estadística (INE) para medir los niveles de empleo en el país. Efectivamente, estas estadísticas incluyen a personas que hayan devengado por lo menos un salario durante el período en estudio, afiliadas a una cooperativa u otra modalidad de economía social o que hayan recibido un subsidio por parte del Ejecutivo Nacional. Hay quienes plantean que dicha amplitud legitima diversas formas de flexibilización laboral.

15 Radio Nacional de Venezuela. “Movimientos populares unen esfuerzo para enfrentar el sicariato en el campo”.

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Region: 
left

VIETNAM

Publication_year: 
2009
Summary: 
Vietnam ha trasladado a la acción los principios socialistas y alcanzó la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) mucho antes del plazo acordado. Sin embargo, no es inmune a las múltiples crisis mundiales. Hay una brecha creciente entre ricos y pobres y el nivel del mar, que sube debido al cambio climático, ya está surtiendo efectos negativos. Aunque las organizaciones de la sociedad civil todavía no tienen mayor presencia en el país, algunos grupos han tomado la iniciativa de responder colectivamente a los problemas.

Progreso nacional amenazado por crisis globales

ActionAid International
Oxfam Great Britain

LEAD: Vietnam ha trasladado a la acción los principios socialistas y alcanzó la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  mucho antes del plazo acordado. Sin embargo, no es inmune a las múltiples crisis mundiales. Hay una brecha creciente entre ricos y pobres y el nivel del mar, que sube debido al cambio climático, ya está surtiendo efectos negativos. Aunque las organizaciones de la sociedad civil todavía no tienen mayor presencia en el país, algunos grupos han tomado la iniciativa de responder colectivamente a los problemas.

Cuando en 2008 la crisis global comenzó a hacerse sentir, en febrero Vietnam tenía una tasa de inflación del 14,1%– un pico histórico en Asia Oriental –, casi el doble de la de Indonesia (7,4%) y más de dos veces la de China (6,5%). Esto condujo a una suba de precios de 24% en los alimentos, comparados con el mismo período de 2007, y de 17% en electricidad, agua y gasolina, comparados con el año anterior1. Cerca del Tet (el año nuevo vietnamita), en 2008, el precio del arroz osciló entre VND 5.000 y VND 7.000 (aproximadamente USD 0,30 y USD 0,40, respectivamente) por kilogramo. Desde entonces, el valor aumentó a más de VND 10.000 (USD 0,60). El Índice de Precios al Consumidor alcanzó un nivel récord de 28,9% en diciembre de 2008, aunque se estabilizó en los primeros cuatro meses de 2009 y actualmente se sitúa en 11,6%.

El crecimiento económico durante el primer trimestre de 2009 fue bastante alto (3,4%), pero mucho más bajo que el proyectado para el año. Los principales sectores exportadores (agro, vestimenta y textil) recibieron el peor impacto. Esto añadió más presión a la macroeconomía en general y a los grupos remunerados más vulnerables en particular. La disminución de la demanda está afectando a las industrias y causando desempleo. Nguyen Phu Diep, director del Departamento de Gestión Laboral de los Parques Industriales (PI) de Hanoi  y Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE), informó que 19 empresas redujeron 4.300 empleos, los que representan cerca del 20% de los trabajadores en esos sectores. Se estima que 10.000 trabajadores en el PI de Thang Long perderán sus empleos en 2009. La disminución del poder adquisitivo lleva a las familias a prescindir de gastos esenciales, por ejemplo en salud y  educación; la tasa actual de gastos de salud por cuenta propia es aproximadamente 62,8%.

Causas e impactos de la crisis

Durante la última década, Vietnam fue un modelo ejemplar de desarrollo que sacó a millones de personas de la pobreza, tratando, al mismo tiempo, de asegurar que los beneficios de su vibrante economía de mercado se distribuyeran de forma justa y pareja en toda la sociedad para mantener la orientación socialista del Gobierno. Sin embargo, el objetivo de reducir la pobreza sigue siendo un desafío, como lo es la brecha creciente entre ricos y pobres. Según el Banco Mundial, el consumo del 20% más rico de la población representa el 43,3% del gasto total del país, mientras que el 80% restante gasta modestamente. La situación creó dos grupos dispares: una minoría “con voz”, representada por capitalistas emergentes, y una mayoría muda conformada por comunidades rurales, trabajadores asalariados, pequeños granjeros y quienes van quedando fuera de la competencia.

Pobreza y dinámica rural-urbana

Desde 2005 Vietnam ha sido testigo de un florecimiento de zonas industriales y áreas urbanizadas, con más de 190 zonas industriales y conglomerados construidos en tierras recuperadas de más de 100.000 hogares. Esto deja recursos y medios de vida limitados en las áreas rurales. Aproximadamente el 90% de los pobres depende de la producción agrícola – que se distribuye en forma relativamente pareja. Sólo el 4% de los hogares rurales carece de tierras de cultivo propias, lo que puede considerarse una ventaja para asegurar la seguridad alimentaria del hogar2.

Se estima que dos tercios de los hogares desplazados se benefician de mayores oportunidades de trabajo y de la disponibilidad del dinero en efectivo de sus posesiones de tierra. La igualdad de derechos de propiedad de la tierra se ha vuelto un tema muy importante porque aún existen estereotipos de género muy arraigados. Aunque existen leyes que promueven acceso igualitario a la tierra para las mujeres, su implementación es muy limitada. Como resultado, las mujeres son las más afectadas durante las transiciones. Una gran cantidad de personas trata de encontrar una oportunidad para ganarse la vida en las ciudades. Solamente en Hanoi, el crecimiento demográfico anual es de 3%. Se estima que hacia 2010 entre 120.000 y 130.000 personas emigrarán a la capital.

Un informe de ActionAid de 2008 reveló que los pobres y emigrantes urbanos y los consumidores netos fueron los más golpeados por la suba de precios. También fueron los primeros y más afectados por la crisis económica reciente. La mayoría de los emigrantes trabaja con contratos de corto plazo y es el grupo más vulnerable durante la recesión económica que afecta al sector del empleo. Según el Ministerio de Trabajo, Discapacitados de Guerra y Asuntos Sociales, para enero de 2009 aproximadamente 67.000 trabajadores, sobre todo emigrantes, habían perdido sus empleos. Se espera que esta cifra aumente a 150.000 hacia fines de 2009. Como los desempleados no tienen seguro, esta crisis está poniendo en situación muy difícil a los emigrantes rurales.

Agricultura

Vietnam es el segundo exportador de arroz del mundo, en gran parte manteniendo una tasa de crecimiento anual del sector agrícola del 4% durante las dos últimas décadas. Éste fue el factor principal que contribuyó a que el país no se viera atrapado en la crisis económica de 1997. Casi el 70% de la mano de obra trabaja en el sector granjero. El Comité Central del Partido Comunista pretende industrializar y modernizar el país, reduciendo la mano de obra granjera a 30% hacia 2020. Sin embargo, la crisis actual hace difícil conseguir estos objetivos, a pesar de la introducción de varios programas de modernización en el sector. Más del 75% de la mano de obra no tiene aún formación profesional alguna, y la educación de adultos necesita fortalecerse mucho más.

El ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) amplió las oportunidades de crecimiento económico de Vietnam pero también introdujo varios desafíos en el sector agrícola. Debido al impulso de la producción comercializada y al creciente auge de las fuerzas del mercado, así como a la acumulación de capital, los agricultores pobres enfrentan actualmente severo riesgo de empobrecimiento. Al mismo tiempo, el mayor uso de fertilizantes y pesticidas químicos ya está provocando serios perjuicios al medioambiente local y socavando el conocimiento indígena de la economía local. Los agricultores son más vulnerables durante la transición, en particular en ausencia de una Ley sobre Agricultura, debido a la carencia de facilidades de crédito formales y de seguro para protegerlos. Un aspecto más positivo es que los agricultores introdujeron prácticas más avanzadas y variedades de cosecha de alto rendimiento que contribuyeron al aumento de la producción.

Cambio climático, seguridad alimentaria y desarrollo humano

El cambio climático afectará severamente al país. Gran parte de la población vive en las zonas costeras bajas y es especialmente vulnerable al creciente nivel del mar3. Durante un seminario sobre cambio climático organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en enero de 2008, el ministro Cao Duc Phat reconoció que el 73% de la población, especialmente los pobres, ya están sufriendo los impactos negativos del cambio climático y la degradación ambiental. Las estadísticas muestran que en 2007 las tormentas, los deslizamientos de tierra y las inundaciones causaron daños que excedieron el 1% del Producto Nacional Bruto (PNB) del país.

Un estudio llevado a cabo por ActionAid y los expertos del Centro de Desarrollo Rural del Instituto de Políticas y Estrategias para el Desarrollo Agrícola y Rural muestra algunas pruebas claras del impacto del cambio climático y los desastres en la Provincia de Ha Tinh, donde la productividad de alimentos se redujo hasta 40% en algunas comunas. Los hogares pobres son los más afectados debido a que los patrones de cosecha no están diversificados. El estudio también reveló que la comunidad local ha estado desarrollando proactivamente sus propios mecanismos para adaptarse al cambio climático, como por ejemplo la modificación de los patrones de cosecha y las estructuras de la cría de ganado. Sin embargo, estos instrumentos de adaptación iniciados a nivel local no reciben apoyo alguno del Gobierno ni de los donantes.

Aunque los indicadores de desarrollo humano mostraron un progreso espectacular en los últimos 15 años, el cambio climático plantea una amenaza inminente para el logro de los ODM, en particular en la región del Delta Mekong. El informe sobre pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace notar que las catástrofes constituyen una causa importante de pobreza y vulnerabilidad en el país. La estrategia de alivio de la pobreza requiere una reducción de la vulnerabilidad del sector rural y agrícola a estos fenómenos, mediante la inclusión, en el plan nacional, de estrategias de reducción de riesgos durante desastres.

Respuestas y compromisos políticos

Desde el principio de la crisis global, el Gobierno ha aplicado medidas económicas fuertes para combatir la inflación y mantener un crecimiento sostenible. El foco principal ha estado en cuestiones clave, como la aplicación de una política financiera estricta, un aumento en la producción, aumentos de la exportación y reducción de las importaciones excesivas. Como la crisis económica crece, el Gobierno ha hecho compromisos de asegurar los derechos de grupos vulnerables a través de mecanismos apropiados de protección social. Esto también ha tenido un papel principal en la movilización hacia el logro de los ODM. Sin embargo, como signatario de la mayor parte de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, debe velar por el mayor cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de manera de proteger los derechos de la población afectada a través de políticas apropiadas y programas a nivel local.

Mientras el Gobierno está abordando en forma enérgica el tema, adoptando un plan de estímulo económico de USD 1.000 millones (el 1,1% del PIB), el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por su sigla en inglés) y el Fondo Monetario Internacional han publicado análisis sobre las tasas proyectadas de crecimiento económico para 2009. Aunque el ADB es el más cauteloso – 4,5% –,  igualmente ubica a Vietnam mejor que a la mayoría de las economías asiáticas a pesar del descenso global. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por su parte, proyectan un crecimiento del 4,75% y el 5,5% respectivamente.

El papel de la sociedad civil

Aunque la presencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es todavía escasa en Vietnam, algunos grupos han tomado la delantera en la respuesta colectiva a la crisis. Por ejemplo, en respuesta al Llamado a la Acción del sudeste asiático, las OSC elaboraron y presentaron un informe sobre la crisis alimentaria durante el Foro Popular de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que tuvo lugar en Bangkok en febrero de 2009.

Actualmente, por otra parte, la Academia de Vietnam para las Ciencias Sociales está recolectando evidencia  sobre los impactos sociales de la crisis financiera. Las conclusiones serán presentadas a la Asamblea General, cuyos miembros habrán de discutir estrategias de corto y largo alcance para hacer frente a la fluctuación económica y sus impactos sociales. Las OSC tuvieron oportunidad de participar de este ejercicio a través de la incorporación en el proceso de consultas de la OMC.

Conclusión

Los gobiernos deberían aprovechar la oportunidad que otorga la actual crisis económica global para enfrentar otras crisis – incluyendo alimento, cambio climático, empleo y pobreza – y desarrollar estrategias de solución sostenibles a largo plazo. La crisis global debería ser entendida como una posibilidad para desarrollar una economía global sustentable que respete y conserve los bienes globales comunes, prevenga el calentamiento global y asegure un ambiente sostenible, seguro y limpio para las generaciones futuras.

1 Ver: <tintuc.timnhanh.com/kinh_te/20080225/35A7142E/>.

2ActionAid Vietnam (s/f). “Food Security for the Poor in Vietnam in the Context of Economic Integration and Climate Change”. Disponible en: <www.isgmard.org.vn/Information%20Service/Report/Plenary%20Meeting%20Report%2017-11-2008/Group%203/Bao%20cao%20tham%20luan%20AAV-En.doc>.

3 IHDP. IHDP Update: Magazine of the International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change. No. 2, octubre de 2007. International Human Dimensions Programme. Disponible en: <www.ihdp.unu.edu/file/public/IHDP+Update+2_2007>.

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Region: 
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YEMEN

Publication_year: 
2009
Summary: 
Con una economía dependiente de las exportaciones de petróleo y reservas que comienzan a dar señales de agotamiento, Yemen apuesta a las subas del precio internacional del crudo para financiar su presupuesto. En este país, que ocupa los últimos puestos en desarrollo, las políticas sociales oficiales no surgen de estudios económicos serios y su aplicación es cada vez más desordenada. Una minoría corrupta juega con los recursos del Estado y su riqueza, que no llega a los sectores más necesitados.

El petróleo no basta

Centro de Información y de Habilitación de los Derechos Humanos (HRITC)
El Foro Social Democrático
Observatorio Yemenita de los Derechos Humanos

Con una economía dependiente de las exportaciones de petróleo y reservas que comienzan a dar señales de agotamiento, Yemen apuesta a las subas del precio internacional del crudo para financiar su presupuesto. En este país, que ocupa los últimos puestos en desarrollo, las políticas sociales oficiales no surgen de estudios económicos serios y su aplicación es cada vez más desordenada. Una minoría corrupta juega con los recursos del Estado y su riqueza, que no llega a los sectores más necesitados.

La Constitución de la República de Yemen considera la sharia, el código moral y de conducta musulmán, como la fuente principal de las legislaciones, estipula la separación de los poderes – Legislativo, Ejecutivo y Judicial – y el principio de la pluralidad partidaria. Hay elecciones parlamentarias cada seis años y locales cada cuatro. Tanto la descentralización del Gobierno como la separación de poderes, consagrados en la Constitución, muestran insuficiencias en su aplicación.
 
El Islam es la religión oficial del Estado; existe una minoría de judíos concentrados, básicamente, en las gobernaciones de Amran y Saadah. Los musulmanes se dividen entre creencias chafíta y zaidita y una minoría ismaelita. Todos gozan de la libertad de culto. La sociedad yemenita es agrícola, gobernada por costumbres comunitarias en la mayoría de las regiones del país.

La Constitución insiste sobre el principio de la igualdad entre los ciudadanos y las leyes se consideran positivas en este sentido – salvo un grupo de ellas que conserva una clara discriminación hacia la mujer, como las leyes de fortunas personales, sanciones y confirmación y otras –; el problema mayor radica en su aplicación, debido a la falta de independencia real de los organismos judiciales.

Derechos civiles y políticos

Durante el año 2008 el país fue duramente  criticado por las organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y especialmente en torno a la libertad de opinión y de expresión. Diarios partidarios como Atauri (El Revolucionario) y Al-Uahdaui (El Unionista), o independientes como el diario Al Aiám (Los Días) editado en Adan, enfrentan una serie de juicios. Para los activistas, estos procesos atentan continua y premeditadamente contra la libertad de opinión y de expresión.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, los informes de Transparencia Internacional han mostrado una regresión clara de Yemen, a pesar del importante paso que significó la firma de la convención de las Naciones Unidas en la materia en 2005,1 y la constitución, en julio de 2007, del organismo nacional superior de lucha contra la corrupción como instrumento independiente. La sociedad civil trabaja en estrecha cooperación con el organismo oficial de Gobierno para elevar el nivel de conciencia de la sociedad acerca del peligro de la corrupción y la necesidad de un control social sobre los programas del presupuesto general y el fortalecimiento de la transparencia y la integridad.

En materia electoral, a pesar de algunos pasos importantes – tres elecciones parlamentarias consecutivas en los años 1993, 1997 y 2001, elecciones municipales y presidenciales directas en 2006 – el conflicto entre el partido en el poder y los partidos de la oposición determinó la postergación, por dos años, de los comicios que debían celebrarse en abril de 2009.

Situación económica y social

La economía de Yemen ha sido débil desde la constitución de la república, en 1990. A partir de entonces, el país ha atravesado crisis económicas sucesivas – desde la guerra del Golfo en el año 1991 que provocó el retorno de los emigrantes de Arabia Saudita y el Golfo, que eran la fuente principal de los ingresos de las divisas extranjeras, hasta el conflicto de Saadah2, en el norte, que seguía activo hasta el año 2008.

La divisa oficial, el rial, experimenta una baja en su poder de compra como consecuencia del debilitamiento económico. El valor de un dólar estadounidense llegó a alrededor de 200 riales, mientras su precio a principios de los años 1990s no superaba los 20.

En el año 2007 la suba de los precios del petróleo redundó en una mejora del ingreso. Sin embargo, la baja del precio internacional, a partir de la mitad del año 2008, impactó negativamente. Este golpe será duro, ya que el país no ahorró cuando pudo. El Gobierno ha anunciado una reducción, en 50%, del gasto en construcción e infraestructura, lo que tendrá una fuerte repercusión sobre los servicios y los ingresos nacionales e individuales en 2009. El presupuesto general del Estado depende de las extracciones de petróleo. El posible agotamiento de las reservas, cuyo rendimiento está en continua regresión – de 420 mil barriles diarios en 2005 a menos de 350 mil hoy –, pone en riesgo el presupuesto general. Yemen solo puede apostar, por tanto, a la suba del precio internacional del crudo.
 
El cultivo del kat – una planta estimulante y energizante, considerada una plaga económica ya que malgasta más de veinte millones de horas laborales por día – ocupa más de la mitad de la superficie cultivada, e insume importantes cantidades de agua subterránea, así como la cuarta parte de la fuerza laboral. Su costo diario se estima en USD 7 millones.
 
Estas razones, entre otras, explican que 42% de los yemeníes vivan bajo la línea de pobreza, según estimaciones del programa de alimentación del año 2006. Se espera que esta proporción siga creciendo con el aumento de los precios de los alimentos – principalmente del trigo – en 2009. Hay que recordar que, en 2007, el ingreso promedio individual anual en Yemen era de USD 930. El crecimiento económico disminuyó de 5,6% en 2005 a 3,6% en 2007, según el informe gubernamental. El desempleo de las personas en edad de trabajar alcanzó, según las estimaciones del Banco Mundial, más de 35% – el Gobierno habla de 17%.

Yemen se encuentra entre los países del mundo con peores índices de desarrollo – 157 entre 175 en el Informe Internacional de Desarrollo Humano publicado por las Naciones Unidas para el año 2007 y 131 en el informe de Transparencia Internacional del mismo año.3

Efecto de los acuerdos comerciales

Yemen siguió los programas del FMI y el Banco Mundial y liberalizó totalmente su comercio en 1985. La baja de entre 5% y 25% de los aranceles volvió inviable la producción de muchos productos alimenticios locales. Las importaciones de alimentos representan, hoy, 33% del total de las importaciones y pesan fuertemente sobre la balanza comercial y la de pagos.

La industria nacional es débil y la inversión privada disminuye continuamente. El aumento promedio de la inflación hasta cerca del 17% en el año 2006, según las estimaciones gubernamentales, ha significado una regresión de los niveles de vida y el ingreso y agudizado la pobreza y el desempleo. En esta realidad, Yemen aspira a integrar la Organización Mundial del Comercio, que lo sigue considerando no calificado.

La gran brecha de género

La participación general de las mujeres – 25,7% de la fuerza laboral – sigue mostrando un descenso importante. En educación la brecha es grande, con un analfabetismo femenino – 65% – que está entre los más altos de los países en desarrollo. La tabla siguiente muestra la brecha entre géneros en educación según las estadísticas del año 2005.

En salud, las estadísticas muestran que 366 mujeres de cada 100.000 embarazadas y parturientas mueren a causa de las complicaciones y la escasez del cuidado sanitario. El 55% no recibe ningún cuidado durante el embarazo y el nacimiento, principalmente en las zonas rurales.

A pesar del crecimiento de su participación política como electoras, ya que las mujeres representan más del 42% de las listas de electores, su participación como candidatas y ganadoras en las elecciones parlamentarias (1993, 1997 y 2003) y locales (2001 y 2006) es apenas del 0.5%.

Aún cuando Yemen aprobó el acuerdo CEDAW, la brecha entre los géneros sigue siendo aguda y se mantienen varias leyes que discriminan a la mujer. Muchas organizaciones de la sociedad civil, personalidades y líderes hacen esfuerzos apreciables para crear conciencia y promover cambios concretos, como la adopción del principio de cuotas en las elecciones y las designaciones.

El goce de los derechos sociales

Educación.  La tasa de acceso de los habitantes en edad escolar a la educación básica se estima apenas en 56,6%.  Esto significa dejar 2,9 millones de habitantes de estas edades fuera del ambiente de la enseñanza. Las niñas en esta situación son 1,9 millones.

De acuerdo al tercer informe de desarrollo humano local, la eficiencia interna de la enseñanza es muy baja; hay aumento de la tasa de deserción y repetición, falta de cumplimiento de la cuota obligatoria de horario escolar, además de gran concentración de maestras en la ciudad, contrapuesta a una aguda falta en las escuelas rurales. Los métodos de docencia y práctica son deficientes y no están acompañados de métodos educativos modernos que coincidan con las necesidades del mercado de trabajo; así, el Informe de Desarrollo Humano considera que los métodos y estilos de enseñanza en uso no estimulan ni el desarrollo ni el pensamiento crítico.

Salud. Los servicios de salud son incapaces de acompañar las necesidades crecientes resultantes del crecimiento demográfico, tras el retroceso en el uso de los métodos de planificación familiar. Existe una mala distribución de los servicios de salud,  deficiencia en el equipamiento, insuficiente organización administrativa de los recursos humanos – entrenamiento y calificación de los trabajadores – además de fragilidad del ambiente sanitario y regresión de la conciencia sanitaria. A pesar de que los habitantes del medio rural componen 75% de la población, la cobertura sanitaria para ellos no supera el 30% y no se dedica a ella más que del 3,5% al 4% del presupuesto general del estado. El informe de la Organización Mundial de la Salud indica que el 60% de los habitantes viven en regiones donde están expuestos a la malaria y se estima que se enferman tres millones de personas por año. Según un informe, elaborado por la Comisión de agua y ambiente en el Parlamento, alrededor de 12 millones de habitantes sufren enfermedades en relación con la contaminación del agua.

Trabajo. La Constitución y las leyes de trabajo y del servicio civil se comprometen a acompañar las convenciones internacionales aprobadas por el derecho natural al trabajo para cada ciudadano y el derecho a un nivel de vida digno a través de sueldo justo. Pero las orientaciones gubernamentales en los últimos años denuncian el abandono de estos compromisos. El régimen de seguro social cubre la totalidad de los funcionarios gubernamentales y a 70.000 trabajadores del sector privado, lo que hace que más de 4 millones de trabajadores queden fuera del régimen de seguros. Hasta el momento, no existe régimen de seguro de salud en el país. Cabe aclarar que el estado de pobreza, en crecimiento, hizo que más de 500 mil niños en edad de educación básica (6-14 años) deserten de la educación. La mayoría de ellos van a ayudar a sus padres en la agricultura y el pastoreo, otra cae en la mendicidad y otra es llevada, ilegalmente, a los países vecinos para mendigar o realizar trabajo doméstico. 

La sociedad civil y los DDHH

Hay unas 6.000 organizaciones de la sociedad civil registradas. Más del 75% son de tipo caritativo y se encargan de distribuir ayudas a las familias pobres y de brindar servicios diversos. Las organizaciones con interés en DDHH son pocas y poco especializadas. Así, la misma organización trabaja sobre los derechos de la mujer, el niño y los derechos civiles, políticos y económicos. A pesar de su bajo número y falta de especialización en el trabajo de concienciación de DDHH, han organizado numerosos ciclos de entrenamiento, conferencias, actividades y discusiones de problemas diversos en el campo. A pesar de que no se han producido cambios grandes y claros, hay sí cambios graduales en temas de la mujer, la infancia y los discapacitados, así como se ha conseguido la promulgación de muchas leyes relativas a transparencia y combate a la corrupción.

Se han desarrollado en los últimos tiempos un número de alianzas y redes que trabajan con el objetivo del activismo y cabildeo en torno a campos diversos, tanto políticos como civiles, sociales, económicos e intelectuales.

 

1 ONU (2003). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Disponible en: <www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/corrupcion/docs/convencion_contra_corrupcion.pdf>.

2 En 2004 un grupo armado, liderado por el religioso zaidita Hussein Badreddin al-Houthi, se alzó contra el Gobierno de Yemen.

3 Human Development Report 2007/2008 – Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World. New York: Palgrave Macmillan. <hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf >.

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ZAMBIA

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2009
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: El colapso económico mundial ya está afectando gravemente a Zambia debido a su gran dependencia de la producción y los precios del cobre, su principal exportación. Aunque durante los últimos 45 años los políticos prometieron diversificar la producción hacia otros productos, casi nada se ha hecho. La reacción del Gobierno a los efectos de la crisis ha sido tan previsible como decepcionante. El Presupuesto Nacional 2009 está fuera de la realidad y el Parlamento no presta atención.

El Gobierno se niega a aceptar la realidad

Women for Change
Prof. Michelo Hansungule

El colapso económico mundial ya está afectando gravemente a Zambia debido a su gran dependencia de la producción y los precios del cobre, su principal exportación. Aunque durante los últimos 45 años los políticos prometieron diversificar la producción hacia otros productos, casi nada se ha hecho. La reacción del Gobierno a los efectos de la crisis ha sido tan previsible como decepcionante. El Presupuesto Nacional 2009 está fuera de la realidad y el Parlamento no presta atención.

Zambia fue una de las primeras víctimas del colapso económico mundial. El cobre constituye el 90% de los ingresos nacionales, y en septiembre de 2008 su precio en la Bolsa de Metales de Londres se desmoronó. Mientras que durante su período de auge el cobre alcanzaba entre USD 9.000 y USD 10.000 la tonelada, actualmente se está pagando a menos de USD 4.000. Sin embargo, más allá de los residentes de Luanshya y la provincia de Copperbelt que fueron directamente afectados cuando las minas cerraron o cuando se redujo al personal, la mayor parte de la ciudadanía no tiene conocimiento de la situación. La información en el país, garantizada de mala gana y torpemente en el Artículo 20 de la Constitución1, es un privilegio: sólo los profesionales y unos “pocos afortunados” en el Gobierno tienen acceso a ella. La radio y televisión locales – especialmente la radio, que llega a millones de zambianos pobres y en su mayor parte analfabetos – a menudo no transmite las mismas noticias que en inglés, que muchas personas no hablan, en las lenguas locales.

En medio de la crisis

Zambia está sufriendo la crisis mundial en todos los frentes: energía, alimentos, agua, medioambiente y, por supuesto, el propio sistema financiero2. La caída de los precios del cobre se agrava por los cierres de las minas y, desde que la inversión angloamericana se retiró de Konkola Deep en 2002, los dueños abandonan el país debido a la baja demanda provocada por la disminución del consumo en los países asiáticos y occidentales. Con la contracción del crédito en los principales mercados del cobre, se ahuyentó a los compradores, se despidió a miles de trabajadores de las minas, y se prevé más despidos en el futuro próximo.

A diferencia de los Estados Unidos y otros países que han respondido al colapso económico con nuevos fondos para bancos e industrias principales en quiebra, a fin de mantenerlos a flote, el presidente Rupiah Banda no tiene ningún recurso para distribuir.

Alimentos: precios por las nubes

Los precios de los alimentos están por las nubes. Aunque los altos precios de los alimentos, así como la crisis económica, tienen un alcance global, las políticas económicas y agrícolas poco innovadoras han exacerbado el problema. El sector granjero, que en buenos años produce más de 9.000 toneladas métricas de maíz, ahora produce menos de 6.000 toneladas métricas3. Durante la campaña electoral de 2008, el presidente Banda politizó el fracaso de la agricultura y el hambre consecuente que sufre el país. Enfrentado al tema de la pobreza, anunció emotivamente que reduciría el precio de la harina de maíz (un alimento básico) así como de los fertilizantes. Con esto consiguió votos, pero nunca cumplió sus promesas. Por el contrario, en enero de 2009 la Canasta Básica preparada por el Centro Jesuita para la Reflexión Teológica para Lusaka muestra subas enormes del costo de los alimentos básicos: harina de maíz, alubias, kapenta (pescado pequeño fresco o seco), verduras, leche, aceite de cocina, etc. Todos están por las nubes4

Del mismo modo, hubo grandes subas de artículos no alimenticios esenciales como carbón de leña, jabón, electricidad, agua y saneamiento y vivienda. El precio de la parafina, la principal fuente de energía de los hogares pobres, aparte de la madera, se disparó. La suba de la gasolina y el gasoil aumentó los costos del transporte, que ya está fuera de las posibilidades de la población en gran parte desempleada. Los zambianos no se han beneficiado de la caída reciente en los precios mundiales del combustible, y en el país sigue siendo uno de los más altos de la región. Éste fue uno de los factores principales que llevaron a la bancarrota a la empresa privada de aviación Zambian Airways: las líneas aéreas extranjeras vuelan a Lusaka o Livingstone con combustible cargado en su base de operaciones o en otros países de la región para evitar comprarlo en el país5

Por supuesto, este tipo de información no aparece en el sitio web del Gobierno. Ni siquiera aparece la información que es de público conocimiento, como que los precios del cobre se vinieron abajo y que los compradores asiáticos han rechazado el producto desde entonces. En la “Declaración sobre la situación de las inundaciones en la Provincia Occidental en general”6 del Vicepresidente, la ayuda alimentaria se menciona solo en el contexto de las inundaciones que golpearon Shangombo en la Provincia Occidental. Ni la crisis alimentaria ni la crisis en el “cinturón del cobre” han sido tratadas en el Parlamento, y los representantes electos por el pueblo no han exigido respuestas de los ministros.

Por su parte, el Informe de Avance 2008 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del Gobierno reivindica sus políticas económicas exitosas y declara que el país va por el buen camino en casi todos los objetivos7. El informe, que depende mucho del V Plan de Desarrollo Nacional (PDN) del Gobierno, elogia su “excelente desempeño”. Sin embargo, no menciona que varios actores clave, entre ellos algunos parlamentarios de los partidos de oposición, cuestionaron la legitimidad del Plan y su formulación por medio de un amplio proceso consultivo, ya que sólo se realizaron una o dos sesiones públicas breves por fuera de las filas del Gobierno para buscar aportes del público, y muy poco de esos aportes se reflejó en el documento final.

El PDN afirma que probablemente Zambia alcance todos los ODM en 2015 excepto uno. Y admite – sin explicar por qué – que la excepción es asegurar la sustentabilidad ambiental. Esta admisión fue respaldada por fuentes confiables, entre ellos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo8. Los expertos han demostrado un estrecho vínculo entre la pobreza y la degradación ambiental: la mayoría de la población pobre no tiene otra opción que explotar los recursos naturales, como la madera, para su consumo de energía. La pobreza y el rápido aumento demográfico, junto con la inhabilidad de la Corporación de Suministro de Electricidad de Zambia para llevar la electricidad a más de 50% de los pobres, conducen al uso generalizado de madera como combustible. Incluso aunque Zambia siga teniendo la electricidad más barata de la región, los pobres no tienen ningún acceso a ella. A su vez, el Ministro de Energía Felix Mutati admitió fuertes aumentos de tarifas. En una entrevista para un grupo de posibles inversionistas chinos, Mutati dijo que éstas dificultan las inversiones9.

El Informe de Avance de los ODM también anuncia logros espectaculares en cuanto al objetivo de igualdad de género. La realidad, sin embargo, cuenta una historia diferente. Las noticias de la Fundación de Recursos Legales documentan varios casos en los que las mujeres han sido objeto de discriminación debido a leyes opresivas y actitudes y prácticas tradicionales10. La Constitución, en su Artículo 23, prohíbe la discriminación contra las mujeres, pero esto no se ha traducido, en la práctica, en resultados positivos para ellas.

Políticas económicas liberales

Aunque Occidente elogie las políticas económicas liberales de Zambia, la verdad es que 64% de los zambianos, incluyendo a la mayoría en áreas rurales, todavía está atrapado en la pobreza. Estas mismas políticas significan tasas de interés altas y déficits presupuestarios permanentes que drenan el mercado de trabajo. El Gobierno, en su Informe de Avance de los ODM, elogia su conducción de la economía y su compromiso con políticas orientadas a la reducción de la pobreza que llevaron al país a alcanzar el punto de culminaciónde la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME). También afirma que esto afecta los niveles de pobreza y la mayoría de los indicadores sociales. En otras palabras, el Gobierno declara que está ganando la guerra contra la pobreza y la injusticia social. Sin embargo, en la práctica los hechos apuntan en una dirección diferente: muy pocos hogares, si acaso alguno, fueron afectados por el dinero recibido de la admisión de Zambia al punto de culminación del PPME11

El presupuesto de 2009

El presupuesto anunciado por el actual Ministro de Hacienda Situmbeko Musokotwane en 2009, además de admitir que “como resultado del debilitamiento de la demanda mundial, la economía global, sin lugar a dudas, afectará negativamente nuestra economía y limitará nuestros esfuerzos para reducir la pobreza”, pronosticó para 2009 “una tasa de crecimiento del 5%, una disminución de la inflación del 10% y una reducción de los préstamos domésticos del 1,8% del PIB”12

No hay ninguna estrategia confiable para mitigar los efectos del colapso mundial que ya está afectando a la población. El núcleo del presupuesto de Musokotwane se basa en la inversión extranjera, que ha desaparecido con la crisis económica mundial. Aunque Zambia decretó la Ley de Empoderamiento Económico de la Ciudadanía, que apuntaba a empoderar a la gente común con oportunidades económicas en 2006, el presupuesto 2009 pone a su disposición un capital inicial de apenas ZMK 10 mil millones (aproximadamente USD 2 millones), una suma ínfima desde cualquier punto de vista.

Diversificación respecto al cobre

El Dr. Kapil Kapoor, director nacional del Banco Mundial en el país y presidente del Grupo de Socios Cooperadores, ha observado que “la diversificación respecto al cobre ha sido un objetivo muy señalado del liderazgo zambiano durante varios años”13. Pero destaca que esto “no se ha logrado y más del 70% de las ganancias del mercado de divisas todavía proviene del cobre”, dejando el país vulnerable a las fluctuaciones de precios. No ha habido esfuerzos serios para reducir la dependencia del cobre, a pesar de su magro desempeño. El cobre es una industria tecnológicamente intensiva. La mayor parte de las plantas procesadoras dependen de la disponibilidad de enormes cantidades de divisas extranjeras a fin de que la industria no sea sólo el productor principal de divisas sino también su consumidor principal. Al agotarse el crédito en los mercados monetarios y al retirarse de los mercados los compradores de los productos de cobre14, no es difícil advertir densos nubarrones acumulándose sobre Zambia. Algunos dirían que la tormenta ya se ha desatado.

1 Más que proteger el “derecho a la información”, el Artículo 20 protege la “libertad de expresión”, incluyendo el “derecho a no tener impedimentos en el goce de… la libertad de recibir ideas e información sin interferencias”. Ver: <www.thezambian.com/wikis.constitution/constitution/of-zambia-1996.aspx>.

2 Chongo, A. (s/f). “Business Review: Genesis of Global Financial Meltdown”. Times of Zambia. Disponible en: <www.times.co.zm/news/viewnews.cgi?category=12&id=1230108046>.

3 Ver: <www.norad.no/items/988/38/9645826131>.

4 JCTR. “Basic Needs Basket, Lusaka”. Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR), enero de 2009. Disponible en: <www.jctr.org.zm/bnb/BNB%20Jan09%20-%20Lusaka.pdf>.

5 En enero de 2009, Zambian Airways anunció la suspensión de operaciones principalmente debido a los elevados gastos de combustible. En febrero, el Gobierno anunció su intención de demandar a la línea aérea para recuperar el dinero que debe a diversas empresas.

6 Ver: <www.parliament.gov.zm>.

7 República de Zambia. Millennium Development Goals Progress Report 2008.

8 Ver: Sooka, M. “Energy Statistics: The Case of Zambia”. Ponencia presentada en un taller sobre estadísticas ambientales realizado del 16 al 20 de julio de 2006 en Addis Abeba, Etiopía. También ver: UNDP. The Human Development Report for Zambia 1998. Lusaka: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

9 Xinhua. “Interview: Minister Says High Electricity Tariffs in Zambia Hinder Investment”. China Wire, 17 de mayo de 2008. Disponible en: <www.china-wire.org/2006/ 05/interview-minister-says-high-electricity-tariffs-in-zambia-hinder-investment-2/>.

10 Por ejemplo, un policía golpeó a su novia con tanta fuerza que perdió por completo la vista de un ojo, y una mujer de 25 años, que perdió un ojo después de recibir una herida mientras trabajaba en una granja, solo fue compensada con ZMK 100.000 (USD 20) por su patrón.

11 República de Zambia, op. cit.

12 Musokotwane, S. (2009). Discurso del Ministro de Finanzas y Planificación Nacional sobre el presupuesto ante la Asamblea Nacional, el viernes 30 de enero de 2009.

13 The Post. “Adhere to Governance Agenda, Cooperating Partners Urge Government.” 31 de marzo de 2009. Disponible en: <www.postzambia.com/content/view/6837>.

14 Toovey, L.M. (2008). “Declining Asian Consumption and a Diving US Dollar Battle Copper Prices”. Copper Investing News, 16 de julio de 2008. Disponible en: <www.copperinvestingnews.com/?s=declining+asian+consumption&x=0&y=0>.

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INFORMES TEMÁTICOS

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2009
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Aumentan los desafíos de desarrollo debido a la crisis mundial: opción de políticas en la región árabe

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2009
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La crisis económica mundial llega en un momento en que los países y los ciudadanos de la región árabe están intentando adaptarse a los precios descontrolados de los alimentos y el combustible. Además, en la región se hacen sentir cada vez más los efectos del cambio climático: aumenta la desertificación y el nivel de las aguas costeras y hay escasez de agua potable. La confluencia de estas crisis deja al descubierto vulnerabilidades explosivas en toda la región, cuyos elementos centrales son la pobreza y el desempleo. Esto demanda la intervención de los diferentes grupos involucrados, en tanto las respuestas a la crisis económica deben tener en cuenta la necesidad de abordar las demás crisis. Los gobiernos árabes deben reforzar la coordinación, permitir la participación de los ciudadanos en la fijación de las prioridades de desarrollo y orientar las políticas sociales hacia la reducción de la pobreza de un modo sustentable y equitativo.

Kinda Mohamadieh
Arab NGO Network for Development
Oliver Pearce
Christian Aid1

La crisis económica mundial llega en un momento en que los países y los ciudadanos de la región árabe están intentando adaptarse a los precios descontrolados de los alimentos y el combustible. Además, en la región se hacen sentir cada vez más los efectos del cambio climático: aumenta la desertificación y el nivel de las aguas costeras y hay escasez de agua potable. La confluencia de estas crisis deja al descubierto vulnerabilidades explosivas en toda la región, cuyos elementos centrales son la pobreza y el desempleo. Esto demanda la intervención de los diferentes grupos involucrados, en tanto las respuestas a la crisis económica deben tener en cuenta la necesidad de abordar las demás crisis. Los gobiernos árabes deben reforzar la coordinación, permitir la participación de los ciudadanos en la fijación de las prioridades de desarrollo y orientar las políticas sociales hacia la reducción de la pobreza de un modo sustentable y equitativo.

La crisis económica y financiera mundial llega en momentos en que los países y los ciudadanos de la región árabe están intentando adaptarse a los precios descontrolados de los alimentos y el combustible.Como en otras partes del mundo, la región experimenta una disminución de la actividad económica, crecientes tasas de pobreza y desempleo, una mayor demanda de los servicios sociales, renovada inseguridad económica y un aumento de las violaciones a los derechos económicos y sociales.

Las crisis económicas del pasado tuvieron impactos desproporcionados sobre los pobres y, en ese sentido, ésta no será diferente. Esto se traduce en un mayor estrés para las comunidades que ya están sufriendo el cambio climático y las fluctuaciones de los precios de la energía y los alimentos. Los países árabes son particularmente vulnerables a las consecuencias de la crisis mundial, ya que las mejoras recientes de los indicadores de desarrollo humano son frágiles y no tienen el respaldo de políticas gubernamentales de largo plazo que ayudarían a proteger su sustentabilidad. Además, los conflictos y la inestabilidad política están generalizados y es probable que empeoren debido al deterioro económico.

Desafíos clave para el desarrollo de la región

Aumenta la cantidad de personas que viven en la pobreza

La región árabe fue testigo de una sensible reducción de los niveles de pobreza desde los años 1980 hasta principios de los 1990. A mediados de esta década, sin embargo, el porcentaje de personas que vivían en la pobreza – considerando las líneas de pobreza más básicas de USD 1 y USD 2 al día – se elevó y, en términos generales, permaneció estancado al entrar al siglo XXI, con solo un declive muy gradual. Tomando en cuenta que la población de la región crece constantemente, el número total de personas que viven en pobreza extrema, en realidad, aumentó.

Además, si el umbral de pobreza se sube un poco – por ejemplo, de USD 1 a USD 2 por día o de USD 2 a USD 3 o 4 por día – las cifras aumentan considerablemente. En efecto, al elevar el umbral de pobreza de USD 2 a USD 3 por día se duplica con creces el número total de personas que viven en la pobreza, de 45 millones a 92 millones. En Egipto, más del 70% de la población vive con USD 3 al día o menos; pero esta proporción se eleva a más de cuatro cada cinco personas si el umbral se sube a USD 4 por día2.

Las medidas relacionadas con los umbrales de pobreza más altos importan en particular ahora que las familias en toda la región tuvieron que absorber los mucho más altos costos de los bienes básicos, incluyendo alimentos y combustible, que representan gran parte de sus gastos. Fuentes de la ONU afirman que, a causa de la crisis alimentaria, alrededor de 31 millones de personas en la región árabe pasan hambre (aproximadamente el 10% de la población total). En comparación con 1992, esto refleja un aumento de 6 millones de personas hambrientas, con cifras récord en Sudán y Yemen3, precisamente durante un período en el cual, en general, los indicadores de desarrollo humano mostraron continuas mejoras. En efecto, la crisis de precios de los alimentos ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de una región que importa más del 50% de los alimentos que consume.

Los gobiernos árabes implementaron una variedad de medidas en respuesta a la crisis alimentaria, incluyendo a menudo la provisión directa de alimentos básicos o el aumento de los subsidios para alimentos. Estas medidas – junto con el control de las exportaciones – hicieron poco para garantizar que los precios no habrán de subir excesivamente en el futuro o, más importante aún, que las provisiones de alimentos básicos serán suficientes. Es necesario dirigir la atención a cuestiones esenciales que no han sido suficientemente tratadas, como aumentar la producción de alimentos, facilitar a los pequeños productores la venta de sus productos y el acceso a los mercados, asegurar el suministro de alimentos asequibles para los consumidores pobres y abordar el tema de los desequilibrios del sistema de comercio mundial y los acuerdos sobre agricultura.

Desigualdades persistentes y en aumento

El alto grado de desigualdad entre los países, así como las desigualdades persistentes dentro de muchos de ellos, es otro rasgo notable de la región a ser tenido en cuenta. El aumento de la riqueza en los últimos años no se ha traducido en equidad y, como los privilegiados no comparten, buena parte de la población de la región vive actualmente en la pobreza o en el umbral de la pobreza. Además, los países en conflicto como Iraq, Líbano, Sudán y los territorios palestinos ocupados no han experimentado la tendencia al crecimiento constante que tuvieron muchos otros países de la región.

“ Debemos formar una coalición de vigilancia internacional para monitorear lo que está pasando con los paquetes de estímulo, y ser capaces de dar respuestas rápidas si los gobiernos no utilizan estos dineros adecuadamente. Para terminar con la crisis, debemos elaborar enfoques comerciales y financieros basados en derechos, sobre todo, para reconstruir las redes de seguridad en el Norte y en el Sur. No queremos simplemente “retocar” el modelo económico para arreglarlo, sino reconstruirlo completamente. Para intentar conseguirlo, debemos aprovechar momentos políticos como el de la Conferencia de la ONU o el Foro Social Mundial, a fin de reunir a las personas y los movimientos sociales en este tiempo crucial.”

Tanya Dawkins (Global-Local Links Project, Miami)

Desempleo crónico

Uno de las causas del alto porcentaje de pobreza en la región es el desempleo crónico. De hecho, incluso en los años en que las economías crecían y los ingresos individuales también parecían crecer, el desempleo era alto e iba en aumento. Otros factores que hacen de ésta una de las preocupaciones principales a la luz de la crisis mundial, son: (1) la elevada tasa de natalidad y las poblaciones relativamente jóvenes de la región, lo que significa que muchos nuevos graduados y desertores escolares pasan a formar parte de la fuerza laboral con menores perspectivas de encontrar trabajo y (2) la concentración de la actividad económica en sectores con muy poca capacidad de creación de trabajo, como los negocios inmobiliarios y las finanzas4.

Al disminuir la producción en todo el mundo, es probable que la brecha entre los empleos disponibles y la cantidad de mano de obra aumente bruscamente. El regreso al país de ciudadanos que estaban trabajando en el extranjero como emigrantes económicos presionará aún más sobre el mercado laboral. Asimismo, la reducción de la actividad económica en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) tendrá repercusiones serias en los países más pobres5. Por lo tanto, es importante que los Gobiernos y otras instituciones de las cuales dependen las comunidades pobres y vulnerables – como familias en el extranjero, los donantes de ayuda y los bancos – sean capaces de cerrar las brechas cuando los ingresos individuales están bajo tal presión.

Herramientas gubernamentales de política económica y fuentes de ingreso

Las economías de la región árabe han crecido en base a modelos semi-rentistas y rentistas. Entre ellos hay países productores de petróleo, en los cuales la mayor parte del PIB y los ingresos del Gobierno proviene de las exportaciones de productos del petróleo, y países no petroleros, que dependen de diferentes tipos de ingresos, principalmente remesas, ayuda externa y préstamos bilaterales y multilaterales6.

Desde mediados de los años 1980, los  han llevado a cabo reformas económicas provocadas por la caída de los ingresos que tuvo que ver con los fluctuantes precios del petróleo y la disminución de las remesas. Las medidas de reforma también fueron impuestas desde el exterior; los programas prescritos por instituciones como el FMI y el Banco Mundial incluían recomendaciones a favor de las políticas cíclicas, recortes de los gastos del Gobierno, privatizaciones, así como la liberalización del comercio, políticas de interés y tipos de cambio7. Al mismo tiempo, se marginaron cada vez más las políticas sociales.

Al asumir diferentes opciones políticas y elaborar medidas, los Gobiernos de los países no petroleros dieron cada vez más prioridad a los flujos de ayuda, inversión extranjera directa (IED), liberalización comercial y remesas, mientras que los países productores de petróleo siguieron concentrándose en la rentabilidad de las exportaciones del petróleo8. Sin embargo, experimentaron déficits presupuestarios crecientes, y los déficits de cuenta corriente en 2008 ascendieron a 1% del PIB en Egipto, 2,7% en Siria, 13,5% en Líbano y 18% en Jordania9. El FMI informó sobre un déficit de cuenta corriente de entre 1% y 2,6% para los países del Magreb en 2008, que se espera que empeore hacia 2012. En tanto disminuyen las oportunidades de exportación, se espera que los déficits presupuestarios aumenten – sobre todo debido a la caída de la demanda del mercado europeo, que absorbía la mayor parte de las exportaciones de la región árabe, y de la demanda de los países del Golfo que absorbían las exportaciones de otros países árabes con mano de obra abundante. Además, se espera que los ingresos fiscales disminuyan a consecuencia de la crisis, como también los salarios, las remesas y las transferencias del Gobierno. La disminución resultante en recursos públicos y privados pone en serio riesgo las recientes conquistas de desarrollo, que posiblemente llevará a aumento de la incidencia y la profundidad de la pobreza y el desempleo a menos que se tomen medidas y acciones específicas y decisivas.

La crisis ha expuesto la naturaleza fluctuante de la ayuda y las remesas como también los beneficios limitados de la liberalización comercial. Estas opciones políticas no pueden considerarse factores estables sobre los que se pueda construir una política de crecimiento sustentable a largo plazo. Dichos instrumentos políticos deberían considerarse como complementarios a una política más estable que necesita ser desarrollada en la región, que priorice sobre todo el apoyo a los ciclos de producción intrarregionales, el comercio, el consumo y la producción nacionales así como intrarregionales.

Ayuda e inversión extranjera directa (IED)

Para algunos países árabes, la ayuda constituye un porcentaje significativo del PIB, en particular en los países afectados por conflictos como Iraq, Líbano y los territorios palestinos ocupados, aunque las cantidades fluctúen enormemente. La ayuda oficial al desarrollo (AOD) neta otorgada a 22 países árabes por todos los donantes alcanzó los USD 17.100 millones en 2006. Esto era casi el 20% de la AOD total otorgada por los donantes a los países en desarrollo10.

Sin embargo, este aumento se concentró en apenas algunos países y tiende a reflejar los acontecimientos geopolíticos y militares de la región y las estrategias subyacentes de los principales actores internacionales. En efecto, los países menos desarrollados de la región (como Comoras, Djibouti, Mauritania, Somalia y Yemen) recibieron sólo el 25,3% de la AOD percibida entre 2000 y 2006. Por otra parte, el 46% de la ayuda en de ese período se destinó a Iraq. En general Iraq, los territorios palestinos ocupados y Sudán recibieron el 63% de la ayuda total11. Es evidente que existe una clara brecha entre la orientación de la ayuda que fluye a la región y las prioridades de desarrollo humano12.

En cuanto a la IED total, la participación árabe durante la década entre 1990 y 2000 fue apenas de 2,1% (1% entre 1990 y 1999). Luego aumentó drásticamente de USD 6.000 millones entre 1995 y 1999 a más de USD 24.000 millones en 200613. Alrededor del 34% de la IED de los países proviene de otros países árabes. Entre 1996 y 2006, la participación de la IED como porcentaje del PIB se elevó del 1% al 1,7% para toda la región (excluyendo a Iraq). En los países de pocos recursos y mano de obra abundante, aumentó considerablemente del 2,4% al 8%; en países ricos en recursos y mano de obra abundante fue del 0,2% al 0,9%; y en países ricos en recursos, que importan mano de obra disminuyó del 0,7% al 0,3%.

Estas afluencias – concentradas en Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Emiratos Árabes Unidos – están siendo impulsadas por la finalización de importantes acuerdos de privatización y un aumento de las inversiones en el sector de energía. Por ejemplo, la IED en Egipto aumentó a USD 6.100 millones de en 2006 debido a una licencia de telecomunicaciones y a la privatización del sector bancario. Esto sugiere que los flujos de IED no fueron diseñados según las prioridades de desarrollo humano y no priorizaron el valor social añadido.

Es razonable asumir que tanto la AOD como la IED pueden no estar siendo brindadas según proyecciones anteriores debido a la constricción de los presupuestos a nivel mundial. Esto significará menos inversión por persona en tanto la caída de los ingresos por hidrocarburos e impuestos ya está provocando ajustes presupuestarios. También ejercerá mayor presión sobre los presupuestos de los países de pocos recursos y abundante mano de obra, que actualmente dependen de la IED para más del 8% de su PIB.

Comercio

La liberalización comercial ha sido una de las principales recomendaciones de política promovidas y adoptadas dentro de la región como herramienta para un mayor crecimiento y para atraer más IED. Los países árabes ampliaron y profundizaron tratados comerciales entre ellos y abrieron considerablemente sus economías al comercio, las inversiones y los flujos de capital con países de otras regiones. Sin embargo, a pesar de todas las reformas, el comercio total en 2005 en los países árabes representó sólo el 4% del comercio mundial. Además, a pesar de la exportación masiva de hidrocarburos y la liberalización comercial, la región sólo representa el 5,5% de las exportaciones mundiales, de las cuales el 90% es petróleo14.

En el frente regional, a pesar del lanzamiento del Acuerdo de Libre Comercio Árabe (ACLA) en 1997 y la eliminación de tarifas para el movimiento de bienes entre 19 de los 22 países árabes hasta ahora, hoy el comercio entre estos países varía entre el 10% y el 13% de sus volúmenes comerciales totales, un leve aumento comparado con el 9% conseguido en 1997. Actualmente, uno de los obstáculos principales que enfrenta el ACLA es la falta de acuerdo en cuanto a las reglas de origen para los productos que son importantes desde una perspectiva comercial intrarregional.

Al ampliarse los tratados comerciales regionales y bilaterales15, las tarifas comerciales se redujeron considerablemente en casi todos los países de la región: la mayoría de las barreras no tarifarias se eliminaron o se redujeron significativamente. En general, la región clasifica en segundo lugar entre las regiones en desarrollo en cuanto a reformas tarifarias emprendidas desde 2000, detrás únicamente de Europa y Asia Central.

Todos los países árabes – ya sean exportadores de petróleo o no – sentirán el embate de la crisis en sus cuentas comerciales. Mientras los primeros se ven afectados por las fluctuaciones en el precio del petróleo y la caída de la demanda, los últimos verán una disminución de sus exportaciones a Europa y los países del Golfo debido a la disminución de la demanda, y todos ellos deberán limitar sus importaciones. Junto con los elevados costos relativos de la mayoría de las importaciones necesarias, como los productos alimenticios, el impacto en el equilibrio comercial de la región será dramático.

Remesas

Las remesas, que superan los USD 30 mil millones, constituyen una afluencia mayor que la ayuda a la región árabe y tienen un impacto enorme en familias y comunidades. Una proporción sustancial de los hogares de ingresos bajos dependen de ellas. Los países de bajos recursos y mano de obra abundante – como Djibouti, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y los territorios palestinos ocupados – aumentaron sus remesas de USD 8.000 millones en 1996-1999 a USD 13.900 millones en 200616. De manera similar, en los países ricos en recursos y mano de obra abundante, como Argelia y Siria, las remesas aumentaron de USD 1.000 millones a USD 2.500 millones y de USD 500 millones a USD 900 millones, respectivamente, durante el mismo período17. En 2007, la afluencia de remesas constituyó alrededor del 9% de PIB en Marruecos, el 5% en Túnez y el 2,2% en Argelia18 .

El Banco Mundial pronostica que las remesas, luego de aumentar casi 8% en 2008, se reducirán en 2009. La magnitud de la caída es difícil de calibrar, aunque el peor de los pronósticos, elaborado el año pasado, calcula una caída de 5% en 2009 en comparación con 2008 y un nuevo descenso en 2010.

Políticas sociales

Los países árabes tienen una deficiencia consistente en términos de políticas sociales. Esto refleja, en parte, la falta de niveles satisfactorios de participación en el proceso de elaboración de respuestas políticas o planes de rescate por los distintos grupos involucrados – entre ellos, las organizaciones de la sociedad civil. Además, esto refleja las capacidades limitadas las instituciones oficiales para desarrollar políticas económicas y sociales integrales. Hacen falta servicios sociales de calidad y accesibles; asimismo, el alcance de las medidas de protección social que están disponibles para varios grupos sociales es limitado19.

Los problemas de políticas sociales en el mercado de trabajo se relacionan con la falta de servicios sociales de calidad que sean asequibles y fácilmente accesibles. Otro problema es el alcance de las medidas de protección social que están disponibles para los diferentes grupos sociales. Es necesario implementar políticas sociales integrales para amortiguar los efectos del posible malestar social, especialmente cuando las respuestas gubernamentales no dan la talla frente a los impactos negativos de la crisis. Dichas políticas tienen que extenderse más allá de las redes de protección social normales que ya existían antes de la crisis y que a menudo se limitaban a subsidios para los alimentos y la electricidad, transferencias en efectivo y apoyo a planes de microfinanzas. Las políticas sociales integrales también tienen que abarcar al sector informal, que ya emplea a un gran segmento de la población en los países árabes y que, a la luz de la crisis, seguramente se ampliará.

Persistente carencia de coordinación y elaboración de políticas integrales

Las diversas capacidades y la naturaleza de las economías de los países árabes implican que las respuestas a la crisis habrán de variar, así como los marcos temporales. A nivel regional, no se emprendieron planes de cooperación o respuestas comunes. En general, no hay ningún sentido de urgencia, ni tampoco una visión integral que preste cuidadosa atención a las políticas sociales.

Las respuestas de los países del CCG surgieron más rápidamente y fueron más extensas. A nivel subregional, acordaron coordinar sus políticas fiscales, monetarias y financieras y establecer medidas para mejorar los tipos de interés interbancarios y añadir nuevas regulaciones a sus bolsas de valores. A nivel nacional, aflojaron la política monetaria y establecieron políticas fiscales más expansivas en algunos sectores. En otros países de la región, las respuestas fueron más lentas; muchos Gobiernos insistieron, en los primeros meses de la crisis, que sus países quedarían aislados de los impactos. Como sus políticas fiscales daban poco espacio para maniobrar, estos países fueron cautelosos a la hora de tomar cualquier decisión sobre políticas expansionistas y sus intervenciones carecieron de planificación y se concentraron en la estabilización a corto plazo.

Mirando hacia delante: consideraciones políticas para hacer frente a las crisis

Es evidente que los gobiernos árabes necesitan priorizar cambios estructurales a largo plazo y abordar las necesidades a corto plazo, a la luz de la crisis. Al hacerlo así, pueden agregar valor al (1) trabajar juntos y capitalizar sus capacidades y cooperación regionales para enfrentar la crisis, (2) brindar mayor protección de sus derechos económicos y sociales a las comunidades pobres y vulnerables y (3) proveer espacios para la participación activa de los diferentes actores sociales, incluyendo a la sociedad civil y los grupos de mujeres, en la elaboración de los marcos económico y de gobernanza.

Esto debería ser una oportunidad para los  de examinar los supuestos que hay detrás de los procesos de elaboración de políticas relacionadas con la reforma social y económica, que incluyen revisar las relaciones entre economía, finanzas y modelos de consumo y producción. Para ello es necesario priorizar el desarrollo sustentable y la equidad social, el trabajo decente, la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental. También incluye apoyar el crecimiento estable a largo plazo de los sectores productivos y el desarrollo de políticas integrales dirigidas a la erradicación de la pobreza. La creación de empleo debería ser el núcleo de las políticas a corto y largo plazo, con un énfasis en las oportunidades de trabajo decente en sectores productivos sustentables.

Como la crisis económica está entrelazada con las crisis alimentaria y climática, las respuestas deben dirigirse a todas ellas. En el período previo a las negociaciones de Copenhague de diciembre de 2009, los  deberían asumir un papel más eficaz y proactivo, en coordinación con otros países en desarrollo. En el núcleo de las discusiones para reformar el sistema de desarrollo deberían estar las nuevas formas de producción y consumo, y el comercio sustentable para el medioambiente.

Sobre las políticas sociales

Las prioridades sociales, entre ellas el refuerzo de estabilizadores macroeconómicos automáticos y sistemas de seguro social, deberían determinarse a través de la participación y representación de los diferentes grupos involucrados, como las organizaciones de la sociedad civil. Los sistemas de seguro social deberían alentar a las personas a trabajar o a ser reconocidas por su papel en los hogares, familias y comunidades. Además, los paquetes de políticas sociales orientados adecuadamente deberían emplearse para limitar los impactos del desempleo creciente y la incidencia y profundidad de la pobreza que conlleva en muchas comunidades.

Sobre el comercio

Es necesario evaluar y, donde corresponda, revisar los resultados de la liberalización emprendida como parte de la membresía a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos de libre comercio regionales y bilaterales. Las políticas comerciales deberían llevarse adelante dentro del contexto de estrategias de desarrollo integrales, construidas sobre evaluaciones de su sustentabilidad e impactos sobre los derechos humanos. Los Gobiernos deberían asegurar que cualquier continuación de la ronda de Doha de la OMC garantice un tratamiento especial y diferencial real a los países en desarrollo, incluyendo un mayor acceso a los mercados de los países desarrollados mediante la reducción de los subsidios.

Además, los  deberían considerar medidas para examinar los acuerdos de comercio e inversión que limitan el espacio de las políticas y pueden impedir su capacidad de responder eficazmente a la crisis, sobre todo en el área de los flujos de capital y la liberalización de los servicios financieros.

La cooperación comercial y económica intrarregional en general debería conducirse sobre la base de un tratamiento y opciones especiales y diferenciales por parte de los países; deberían resolverse las limitaciones y barreras que dificultan la cooperación comercial y económica entre los países árabes, que resulta de la participación superpuesta de estos países en bloques económicos regionales múltiples. Esto incluye la urgente coordinación y armonización de las políticas de integración económica.

Sobre la ayuda y la IED

Los Gobiernos deberían establecer políticas claras que permitan dirigir la ayuda y la IED a áreas y sectores que contribuyen directamente a la erradicación de la pobreza, al aumento de las oportunidades de empleo, la igualdad de género y las prioridades de desarrollo humano.

Además, los recursos financieros regionales deben movilizarse a favor del desarrollo sustentable, en particular el acceso a la infraestructura económica y social básica de calidad. Por lo tanto, los países árabes deberían trabajar para aumentar la liquidez por canales regionales. Los acuerdos regionales de cooperación pueden resultar particularmente eficaces debido a un mayor reconocimiento de las externalidades fronterizas y su mayor sensibilidad respecto a las condiciones particulares de los países vecinos.

Sobre el abordaje de la caída de los ingresos del Gobierno

Los gobiernos árabes podrían aumentar sus fuentes estables de ingreso mediante un sistema de impuestos justo, eficaz y progresivo, que debe complementarse por sistemas y prácticas de gestión de las finanzas públicas eficientes, eficaces, transparentes y responsables a través de mecanismos participativos. La evasión fiscal debería abordarse por medio del apoyo a una mayor transparencia en los pagos impositivos, un estándar de información país por país para las corporaciones multinacionales y un acuerdo realmente multilateral para el intercambio automático de información fiscal.

Sobre la cooperación regional

Al ser global la crisis, ningún país puede afrontar sus ramificaciones en forma individual; de ahí que el esfuerzo deba ser más colectivo en la región, tanto a nivel gubernamental como privado. Repensar la cooperación regional como una solución a la crisis puede dar un poderoso impulso a la construcción de un proyecto de desarrollo alternativo que sea más sustentable y equitativo. Tal cooperación permitiría mejorar la coordinación de las políticas laborales, entre otras prioridades. Dentro de este contexto, es necesario establecer mecanismos de implementación con plazos acordados para llevar a cabo las decisiones tomadas en la Cumbre Árabe de Desarrollo Económico y Social .

A la luz de esta orientación, es necesario revisar y reformar los mandatos y mecanismos de las instituciones regionales existentes, entre ellos, los bancos de desarrollo regionales. Tal reforma debería servir para alcanzar vínculos más fuertes entre las finanzas y las necesidades de la economía real.

En conclusión, los gobiernos de la región árabe deberían fortalecer su coordinación, permitir a la ciudadanía participar en la elaboración de las prioridades de desarrollo y orientar sus políticas sociales hacia la reducción de la pobreza de un modo sustentable y equitativo. La convergencia actual de crisis presenta una oportunidad de revisar políticas anticuadas y fomentar acciones que impidan que la crisis se transforme en una catástrofe humana en la región.

1 Este artículo es una versión abreviada de un documento político desarrollado por las dos organizaciones en ocasión de la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre “La crisis económica y financiera y su impacto sobre el desarrollo”.

2 Iqbal, F. Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle East and North Africa. Washington DC: Banco Mundial, 2006.

3 Según Jacques Diouf, director general de la FAO, en su discurso ante el foro preparatorio del sector privado y la sociedad civil para la Conferencia de Alto Nivel de la ONU, 19 de junio de 2009.

4 Organización Internacional del Trabajo. Global Employment Trend Brief. Ginebra: OIT, 2007. El informe destaca el gran crecimiento de mano de obra de la región árabe, con un promedio del 3,7% anual entre 2000 y 2005. En 2005-2007, el desempleo superó el 13%, mientras que las tasas de desempleo juvenil en Medio Oriente y Norte de África eran las más altas de todo el mundo, estimadas por la OIT en 25,7% en 2003 (variando entre el 46% en Argelia y el 6,3% en los Emiratos Árabes Unidos). Es probable que estos datos agregados oficiales subestimen la tasa de desempleo general y que también oculten tasas más altas en los países más pobres como Egipto, donde un 20% significa que más de 10 millones de ciudadanos están desempleados y buscan trabajo.

5 Khan, A., Abimourched, R. y Ciobanu, R. O. “The Global Economic Crisis and the Impact on Migrant Workers”. Global Job Crisis Observatory, OIT, 2009. Disponible en: <www.ilo.org/public/english/support/lib/financialcrisis/featurestories/story11.htm>.

6 Allisa, S. “The Challenge of Economic Reform in Arab World: Toward More Productive Economies”. Carnegie Endowment for International Peace, 2007. Disponible en: <www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=19147>.

7 Al-Jourchi, S. “Economic and Social Rights: Preliminary Review of International and Regional Initiatives”. Documento preparado para la Red Árabe de ONG de Desarrollo, 2008.

8 El Banco Mundial ha indicado en varios de sus informes que el crecimiento del PIB en los países árabes de bajos recursos y mano de obra abundante fue motivado por los fuertes flujos de ingresos provenientes del turismo y las remesas y un aumento de la IED.

9 Saif, I. y Choucair, F. “Arab Countries Stumble in the Face of Growing Economic Crisis”. Carnegie Endowment for International Peace, mayo de 2009. Disponible en:
<www.carnegieendowment.org/files/economic_crisis_wc_english.pdf>.

10 Mahjoub, A. “Official Development Assistance in Arab Countries”. Documento preparado para la Red Árabe de ONG de Desarrollo para su presentación en la Conferencia de Revisión de la Financiación para el Desarrollo de Doha, 2008.

11 Otro gran receptor de ayuda en la región es Egipto; entre 2000 y 2006 recibió 10% de la AOD a los países árabes del Comité de Asistencia al Desarrollo.

12 Ibid.

13 Esta sección se basa en cifras del Banco Mundial (2007). Economic Developments and Prospects: Job Creation in an Era of High Growth. Washington DC: Banco Mundial.

14 Fondo Monetario Árabe. Joint Arab Economic Report 2006. Disponible en (solo en árabe): <www.amf.org.ae>.

15 Actualmente, seis países árabes están en proceso de acceder a la OMC. Aunque hay ventajas obvias al ingreso en términos de acceso a mercados multilaterales y protección regulada, los términos de acceso actualmente bajo negociación socavan las perspectivas de desarrollo. A la mayoría de los países que están tramitando el acceso se les ha exigido mayores compromisos de implementación y liberalización que los miembros originales de la OMC tuvieron que realizar.

16 Banco Mundial, op. cit.

17 Ibid.

18 Saif y Choucair, op. cit.

19 Incluso en un país como Túnez, donde el fondo de seguridad social es considerado un modelo, el Gobierno enfrenta problemas para responder a las necesidades de los recién desempleados a consecuencia de la crisis. Saif y Choucair, op. cit.

20 Esto incluye la implementación de proyectos acordados, como el programa de emergencia de seguridad alimentaria y los programas sobre ferrocarriles comunes, seguridad del agua, un proyecto de electricidad común, limitación del desempleo, implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los países menos adelantados de la región y educación y atención de la salud.

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Region: 
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Desafíos energéticos para Europa

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes

Elena Triffonova
Bulgarian-European Partnership Association

La Unión Europea es un enorme consumidor de energía. En 2006 los 25 Estados Miembro1 consumieron 1.722,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep). Casi dos tercios provenientes de hidrocarburos: 706,3 millones de toneladas de petróleo (14,9 millones de barriles por día) y 420,6 Mtep (476.400 millones de metros cúbicos) de gas natural. El 34,6% restante provino del carbón y de fuentes nucleares y renovables2. Algunos pronósticos sugieren que hacia 2030 el consumo de energía de la UE habrá aumentado 15%3.

Sin embargo, la UE no tiene un mercado de energía integrado. La fragmentación de este sector se remonta a los años 1970, cuando los Estados Miembro respondieron individualmente a la crisis del petróleo. Algunos de ellos, como Alemania, acumularon reservas estratégicas de gas e invirtieron en el desarrollo de infraestructura; otros, como el Reino Unido, comenzaron a explorar sus propias reservas.

Rusia es el mayor productor de gas del mundo, y actualmente suministra alrededor del 30% de las necesidades de gas totales de la UE4. Se puede dividir a los países europeos en tres grupos con niveles diferentes de dependencia de las importaciones de gas ruso5

  1. Países con dependencia muy baja – aproximadamente 15%: Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.
  2. Países con dependencia moderada – 20-40%: Francia, Italia y Alemania.
  3. Países muy dependientes – más de 50%: Austria, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovenia. Algunos países – Bulgaria, Croacia, Finlandia, Letonia, Lituania, Serbia y Eslovaquia – dependen de Rusia para todas sus importaciones de gas.

Por tanto, la disputa del gas entre Rusia y Ucrania a principios de enero de 2009 afectó directamente a un total de 17 países europeos. En una declaración realizada a mediados de 2009, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, llamó la atención sobre la peculiar vulnerabilidad de varios países6, entre ellos, Bulgaria y Eslovaquia.

En Bulgaria, el Estado es el único comprador de energía. Durante la década pasada firmó varios contratos exclusivos con el consorcio ruso Gazprom y, como resultado, el país aumentó su dependencia (de 90%) del gas ruso. Por otra parte, desde 1956 el Gobierno búlgaro ha favorecido el uso de energía nuclear. El IRT-2000 fue construido en un principio como reactor de investigación y luego, en 1966, se firmó un acuerdo con la Unión Soviética para instalar unidades comerciales que proporcionarían la base para el programa de energía del país. Como condición para el ingreso en la UE, Bulgaria clausuró dos reactores nucleares. Los dos reactores restantes generan aproximadamente el 35% de la electricidad del país7. El consumo de electricidad ha crecido desde 1980 y Bulgaria es también un importante exportador de energía. En 2006, la Compañía Nacional de Electricidad (NEK) produjo 46.000 millones de kilovatios hora y exportó 7,8 de ellos a Grecia, Macedonia, Serbia y Turquía8

En el caso de Eslovaquia, aunque su mercado de generación y distribución de energía eléctrica sea pequeño, comparado a otros países de Europa Central, las proyecciones indican que su red eléctrica deberá ser ampliada para satisfacer la creciente demanda. La generación de electricidad depende principalmente de recursos hidroeléctricos y nucleares, aunque esto se equilibre en cierta forma con centrales eléctricas térmicas (carbón, gas natural y petróleo). El mercado de gas eslovaco se caracteriza por un alto nivel de dependencia del suministro ruso y el dominio de una empresa predominantemente estatal e integrada verticalmente.

Eslovaquia desempeña un papel significativo en la red de gas europea, ya que es un imporante país de tránsito para el transporte del gas natural a los países de Europa Central y Occidental. En general, uno de los desafíos en las relaciones relativas a la energía entre Rusia y la UE es el transporte de gas por terceros países. Aunque Europa atribuya su “vulnerabilidad” a Rusia, parte del problema – como ocurriera con Belarús a principios de 2007 y con Ucrania a principios de 2006 y 2009 – está en los países de tránsito.

La crisis energética de enero de 2009 pone de manifiesto la carencia de una política de energía integrada de la UE, aunque la Comisión Europea haya aprobado la necesidad de tal política y se hayan presentado varias propuestas. La carencia se refleja en el hecho de que la energía proveniente de Rusia no fluye en cantidades iguales a toda la región. Además, el problema de la dependencia mutua es especialmente complejo. No es difícil entender por qué la Comisión Europea ha sido incapaz de coordinar una visión común, ni por qué algunos países, entre ellos Francia, Alemania e Italia, han tratado de desarrollar sus propias relaciones de dependencia energética. Los gobiernos nacionales tienen que decidir sobre el equilibrio entre dependencia y diversificación y sobre las alternativas para el futuro.

Durante la última década la presión en favor de la industria de energía renovable ha ganado terreno en la UE. Una de las propuestas contenidas en la Política Energética 2007 para Europa fue incorporar un mínimo de 10% de biocarburantes en el total de combustibles transportados hacia 2020, a ser acompañado por la introducción de un plan de sustentabilidad para los biocarburantes. La regulación existente fija el objetivo en 5,75% para 20109. También se ha propuesto un objetivo obligatorio del 20% para la participación total de la energía renovable hacia 2020, esfuerzo que será compartido de modo apropiado entre los Estados Miembro.

Los objetivos principales a lograr en la implementación de una estrategia europea común para promover los biocombustibles son: 1) aumentar la seguridad energética, ya que los crecientes precios del petróleo afectan rápidamente el costo de la energía y reducen el poder adquisitivo de los europeos y 2) reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el principal determinante del cambio climático. El aumento de la temperatura y los cambios en las temporadas de precipitaciones podrían afectar los recursos acuíferos así como la producción agrícola.

El futuro de los recursos energéticos alternativos pone sobre el tapete el tema de la nutrición y el futuro de la Política Agrícola Común de la UE. La diversificación del suministro de energía y la inversión en fuentes de energía alternativas son más asequibles entre los Estados Miembro más antiguos. En medio de las exigencias de reducir las centrales eléctricas de carbón debido a razones ambientales y la resistencia al desarrollo de la energía nuclear, es limitado el potencial de energía renovable para los recién llegados a la UE.  

Con el fin de afrontar posibles desavenencias políticas entre Rusia y Europa en relación al gas, así como los riesgos específicos a la seguridad del suministro de gas de los países de Europa Central y Oriental, la UE debería priorizar la integración del mercado del gas en su política estratégica de energía10. También deben tomarse medidas para mejorar el desarrollo de la seguridad energética, incluyendo la eficiencia, las fuentes renovables y la administración de acuerdo a la demanda.

 

1 La integración de Bulgaria y Rumania en 2007 llevó el total a 27 miembros.

2 Los datos son de BP, “BP Statistical Review of World Energy”, junio de 2007, pp. 11-12, 27-28, y 41. Disponible en: <www.bp.com/productlanding.do? categoryId=6848&contentId=7033471> (consultado el 20 de agosto de 2007).

3 Comisión Europea, Dirección General de Energía y Transportes, European Energy and Transport: Trends to 2030 – Update 2005, 2006. Disponible en.

4 Las relaciones respecto del gas datan de 1968, cuando la Unión Soviética suministró gas a Austria por primera vez.

5 La presente clasificación se extrajo de Sánchez Andrés, A. (2007). “Russia and Europe: Mutual Dependence in the Energy Sector”. Disponible en.

6 Barroso, J. M. “Statement of President Barroso at European Council Press Conference”. 19 de junio de 2009. Disponible en: <europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/303&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.

7 Datos de la Compañía Nacional de Electricidad (NEK). Ver: <www.nek.bg/cgi?d=1000>.

8 World Nuclear Association. “Nuclear Power in Bulgaria”, 2009. Disponible en: <www.world-nuclear.org/info/inf87.html>.

9 Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, del 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte. Diario Oficial de la Unión Europea, 17 de mayo de 2003, No. 15. Disponible en: <www.miliarium.com/Legislacion/Energia/Europa/D03_30.asp>.

10 Noël, P. “Beyond Dependence: How to Deal with Russian Gas.” Policy Briefs, European Council on Foreign Relations (ECFR), noviembre de 2008.Disponible en.

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Igualdad de género y crisis financiera

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
La igualdad entre mujeres y hombres tiene que ser un elemento clave en el desarrollo de medidas y políticas contra la crisis financiera, ya que ésta comienza a afianzarse en sectores dominados por trabajadoras y está aumentando la tasa de violencia contra las mujeres. Es necesario un análisis de género a fin de entender la profundidad y el alcance de la crisis, así como para diseñar las respuestas adecuadas. Sin embargo, además de los desafíos, la crisis económica también presenta oportunidades para el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, como ya se ha visto en países en los cuales éstas han surgido como líderes.

Nancy Baroni
Canadian Feminist Alliance for International Action
Mirjana Dokmanovic, PhD
Association Technology and Society, Serbia y Women in Development Europe (WIDE)
Genoveva Tisheva
Bulgarian Gender Research Foundation y Bulgarian-European Partnership Association
Emily Sikazwe
Women for Change

La igualdad entre mujeres y hombres tiene que ser un elemento clave en el desarrollo de medidas y políticas contra la crisis financiera, ya que ésta comienza a afianzarse en sectores dominados por trabajadoras y está aumentando la tasa de violencia contra las mujeres. Es necesario un análisis de género a fin de entender la profundidad y el alcance de la crisis, así como para diseñar las respuestas adecuadas. Sin embargo, además de los desafíos, la crisis económica también presenta oportunidades para el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, como ya se ha visto en países en los cuales éstas han surgido como líderes.

La desigualdad de género no es un fenómeno nuevo; sin embargo, la actual crisis económica ha exacerbado las desigualdades de género en todo el mundo. En tanto persiste la recesión mundial, los gobiernos y la industria negocian rescates y préstamos de capital; se privatizan cada vez más servicios públicos para “proteger” los fondos gubernamentales y se recortan impuestos corporativos para beneficiar a las grandes empresas y a los ricos. Cada vez es más claro que las mujeres están siendo perjudicadas profundamente por la recesión mundial y las respuestas nacionales a la crisis.

La ONU informa que, si bien al principio la pérdida de empleo entre los hombres aumentó más rápido que la de las mujeres, la tasa masculina se está enlenteciendo, mientras que para las mujeres sigue en crecimiento; la tasa de desempleo mundial para las mujeres podría alcanzar el 7,4%, comparado con el 7,0% para los hombres1. Y aunque la crisis financiera en Estados Unidos y Europa golpeó primero a los sectores financieros e industriales, dominados sobre todo por hombres, sus efectos comienzan a tomar fuerza en los sectores dominados por mujeres, como la industria de servicios y el comercio al por menor.

Las mujeres en el mundo en desarrollo son las más perjudicadas debido a la crisis financiera. Su control sobre la propiedad y los recursos es más débil, son mayoría en los empleos vulnerables o a destajo, ganan menos y tienen menor protección social; es por eso que, junto a sus hijos e hijas, las mujeres son más vulnerables a la crisis financiera. Por consiguiente, están en una posición social y económica mucho más débil que la de los hombres en términos de su capacidad de enfrentar la recesión. Suelen tener que trabajar más horas y asumir otras formas de empleo extra, al tiempo que continúan con sus responsabilidades primarias en el cuidado del hogar.

El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo ha señalado que la crisis financiera ofrece una oportunidad crucial para cambiar la arquitectura financiera mundial con el objetivo de adherir a principios equitativos y basados en los derechos. El grupo demanda una alternativa a la decisión del G-20 de reposicionar al Fondo Monetario Internacional. Esa decisión solo perpetuaría el fracaso de las políticas económicas neoliberales, reforzaría las desigualdades estructurales del pasado y aumentaría el endeudamiento de los países en desarrollo. Esta situación continúa el anticuado e injusto enfoque de unas pocas naciones ricas que deciden en nombre de muchas naciones que se encuentran en circunstancias diversas. El Grupo de Trabajo de Mujeres exige soluciones y medidas para la crisis financiera que provengan de un proceso amplio, consultivo e inclusivo, no dentro del marco del FMI sino de Naciones Unidas, donde están consagrados los derechos humanos de las mujeres y donde cada estado miembro tiene voz en la mesa de debate2.

“ Sin duda, la crisis financiera ha afectado a Benín. Hoy en día muchos hogares apenas pueden permitirse una comida al día. Aumentaron los matrimonios forzosos porque las familias venden a sus hijas como forma de hacer frente a la crisis. Esto ha echado por tierra los avances realizados para eliminar la violencia contra las mujeres. Aumentan los impactos de la crisis en relación al género; por ejemplo, está disminuyendo la matriculación de niñas en la escuela y la presencia de mujeres en el mercado de trabajo formal. Son las primeras en perder sus empleos, y a menudo deben encargarse del cuidado de sus familias sin ayuda social alguna”

Sonon Blanche (Social Watch Benín)

Los enfoques gubernamentales al tratamiento de la crisis económica y financiera no están, en su mayoría, basados en principios de igualdad o de derechos humanos. Muchos países del Norte negociaron enormes rescates para las principales industrias usando dineros públicos. Muchos también invierten en proyectos de infraestructura destinados principalmente a actividades dominadas por los hombres (construcción, transporte, etc.), en vez de invertir en el tipo de infraestructura que tradicionalmente beneficia a las mujeres (atención médica, cuidado de niños y niñas, asignaciones familiares, etc.). Los programas de seguro de desempleo, allí donde existen, suelen cubrir a los trabajadores de tiempo completo y rara vez al personal que trabaja horario parcial, donde a menudo las mujeres son mayoría. Los informes sobre violencia contra las mujeres van en aumento; al faltarles seguridad económica y social, tienen más dificultades para escapar de situaciones violentas.

“ El Gobierno búlgaro recién admitió que el país estaba siendo afectado por la crisis en febrero de este año. A la fecha, 44.000 personas (96% de las cuales son mujeres) perdieron sus empleos debido a la crisis. Muchas de las industrias afectadas – como la de la vestimenta, el calzado, los servicios gastronómicos y la administración pública – tienen personal mayoritariamente femenino. La crisis también está teniendo su impacto en la violencia contra las mujeres. En general, en mi ciudad se presentan ante la justicia, en promedio, entre 17 y 19 casos por año; en lo que va de éste ya se presentaron 42 casos. En muchos casos los hombres abandonan a sus mujeres e hijos cuando es despedida de su trabajo; esas familias ahora deben sobrevivir con EUR 50 o menos que reciben como seguro de desempleo. Muchas de las mujeres entrevistadas habían sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo y tenían problemas para encontrar empleo en el sector formal”

Milena Kadieva (Gender Research Foundation, Bulgaria)

El más reciente informe sobre tráfico humano del Departamento de Estado de Estados Unidos3 señala que la crisis económica mundial contribuye al tráfico laboral y sexual, ya que el aumento del desempleo y la pobreza hace a las personas más vulnerables frente a los traficantes y hay una creciente demanda de bienes y servicios baratos. El informe pronostica que la crisis económica provocará que más negocios pasen a trabajar de manera ilegal a fin de evitar el pago de impuestos y las leyes de protección laboral contratando mano de obra no sindicada, lo que aumentará el empleo de trabajo forzado, barato e infantil por parte de empresas multinacionales escasas de dinero.

Según Amnistía Internacional, la crisis económica agrava los problemas de derechos humanos existentes y algunos problemas muy importantes – como la pobreza, los derechos reproductivos y la violencia contra las mujeres - no consiguen la atención y los recursos que necesitan. Los gobiernos invierten en enderezar nuevamente el mercado, pero éste no va a tener en cuenta los problemas de derechos humanos. En el pasado los gobiernos recurrían a la seguridad como excusa para socavar los derechos humanos; ahora que la crisis económica impone a los gobiernos otra prioridad, los derechos humanos vuelven a ser ignorados.

Las reacciones ante la crisis económica implican reducciones de la financiación para los mecanismos de igualdad de género y la implementación de legislación sobre la materia, lo que pondrá en peligro los logros obtenidos e inevitablemente reforzará los estereotipos existentes. Al mismo tiempo, disminuye el apoyo a las organizaciones de mujeres, que son una parte esencial del movimiento mundial de mujeres.

En una conferencia de la Comisión Europea sobre la “Igualdad entre hombres y mujeres en tiempos de cambio” (15-16 de junio de 2009) se identificaron algunas tendencias regionales del impacto de género de la crisis económica. Los problemas identificados son similares a las tendencias globales: en Europa, las mujeres son mayoría en los empleos inseguros, de media jornada y a corto plazo, en gran parte debido a sus desproporcionadas responsabilidades en la atención del hogar. A pesar de los estándares de la Unión Europea sobre empleo  e igualdad de género, los problemas de salario desigual y la necesidad de equilibrar el trabajo con la vida familiar siguen vigentes. Si bien la crisis en Europa ha afectado tanto a mujeres como a hombres, lo ha hecho de manera diferente.

Entre otras cosas, la conferencia concluyó que: son necesarias más medidas de aliento para que las mujeres participen del mercado de trabajo; la igualdad entre mujeres y hombres debe ser un elemento clave en el desarrollo de medidas y políticas contra la crisis; debería alentarse la participación de mujeres en cargos altos del sector privado; las empresas deben adoptar políticas que tengan en cuenta a las familias; es esencial invertir en su educación y capacitación. Además, se destacó la importancia de las leyes y los mecanismos de igualdad de género en tiempos de crisis.

Fortalecer los derechos de las mujeres durante la crisis

Recientemente, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavia, anunció una importante iniciativa: la creación del pacto mundial de empleos de emergencia, diseñado para promover una respuesta política coordinada a la crisis mundial del trabajo y al aumento del desempleo, los trabajadores pobres y los empleos vulnerables4. Esta respuesta busca evitar la recesión social mundial y a mitigar sus efectos en las personas. El pacto ayudará a las medidas de estímulo extraordinarias, junto con otras políticas gubernamentales, a abordar más cabalmente las necesidades de las personas que necesitan protección y trabajo a fin de acelerar combinadamente la recuperación económica y del empleo.

Recientemente, Amnistía Internacional lanzó una campaña llamada Exige Dignidad para luchar por los derechos amenazados por la crisis económica y por los que fueron ignorados en las respuestas a la crisis. La cuestión fundamental es empoderar a las personas que viven en la pobreza. La campaña se enfoca en fortalecer su voz junto con la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, para que las personas puedan exigir el cumplimiento de los compromisos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres y participar en las decisiones que afectan sus vidas. La campaña pone especial énfasis en los derechos y la participación de las mujeres en las decisiones relativas a sus derechos.

Además de estas iniciativas, debe ponerse especial atención a los desafíos y oportunidades que la crisis mundial presenta para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Somos testigos de ejemplos positivos de mujeres que acceden a cargos de alto nivel como resultado de la crisis económica y financiera mundial; los más notables son los casos de la nueva Primera Ministra de Islandia y la nueva presidenta de Lituania, que fueron elegidas en gran parte debido a la frustración de los votantes ante las fracasadas políticas económicas que contribuyeron al impacto de la crisis en esos países.

Según el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo, una respuesta a la crisis basada en derechos requiere, inter alia, la reforma inmediata de la arquitectura financiera mundial con el fin de gestionar eficazmente la escasez de liquidez y los desequilibrios de la balanza de pagos, y asegurar que las respuestas políticas no trasladen la carga del bienestar familiar y la prestación de servicios a la economía del cuidado. El Grupo de Trabajo de Mujeres incide para establecer medidas y procesos nacionales, regionales e internacionales que respeten el espacio de política nacional, y sean consistentes con los estándares y compromisos acordados a nivel internacional, entre ellos los que involucran los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Las políticas y acuerdos comerciales deberían permitir a los países evitar los desequilibrios del régimen de la OMC y la fracasada ronda de Doha. Además, estas medidas deberían ser acompañadas por la cancelación de las deudas ilegítimas de los países en desarrollo y la creación de un mecanismo de prueba de deudas con la participación de los gobiernos deudores, grupos de derechos de las mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil.

En la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto en el Desarrollo (24-26 de junio de 2009), el Grupo de Trabajo de Mujeres recordó a los Estados Miembro de la ONU que las mujeres no pueden esperar, y que es éste el momento para actuar sobre la reforma fundamental de la arquitectura financiera mundial5. A pesar del unánime llamado a la acción de las organizaciones de la sociedad civil, el documento final de la conferencia no llenó las expectativas. A fin de salvaguardar un consenso frágil, los Estados Miembro mostraron apenas un compromiso débil con la reforma de la arquitectura financiera, mientras que el papel central de la ONU (llamada el “G-192”) en la gobernanza económica casi ha desaparecido.

Los defensores y defensoras de los derechos de la mujer apreciaron en el documento el reconocimiento de que las mujeres enfrentan “mayor inseguridad de ingresos y un aumento de la carga del cuidado de la familia” (párrafo 3), y de que las mujeres y los niños y niñas se han empobrecido particularmente a causa de la crisis (párrafo 7). El documento también reconoce que las respuestas a la crisis deben contener una perspectiva de género (párrafo 10), que las medidas de alivio deben tomar en cuenta la igualdad de género, entre otras (párrafo 21), y que las designaciones de cargos en las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) deben tomar en consideración el equilibrio de género (párrafo 49). La gran decepción fue la falta de un fuerte compromiso de seguimiento. La referencia constante a un “Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas” a lo largo de todo el texto representa una restricción del papel de la ONU a un campo limitado a la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo. Los grupos de la sociedad civil concluyen que el documento final representó una clara tentativa de dejar al G-192 al margen del sistema de gobernanza económica mundial.

Mirando hacia el futuro, sin embargo, el Grupo de Trabajo de Mujeres hace hincapié en que éstas seguirán exigiendo justicia económica y de género dentro de la órbita de la ONU, a pesar de la continua resistencia de las IFIs y el G-20 a poner a las personas, en lugar de las ganancias, en el centro del desarrollo. A pesar del probado fracaso de sus recetas de políticas neoliberales y del irresponsable sistema de gobernanza financiera, el FMI y el Banco Mundial siguen promoviendo sus políticas fallidas e imponiendo sus condicionalidades a los países en desarrollo, actuando no como agencias especiales de la ONU, sino como si la ONU fuese su agencia especial. En el sistema de la ONU, en el cual todos los Estados Miembro deberían ser iguales, algunos – ahora ampliados a 20 – son más iguales que los restantes 172. La declaración del Grupo de Trabajo de Mujeres afirma su fuerte oposición a esta práctica, y exige que todos los Estados Miembro tengan igual poder de voto, iguales derechos e iguales obligaciones en la toma de decisiones.

La crisis en Europa Oriental: impactos de género
 
Las tendencias globales del impacto de la crisis mundial en las mujeres son también características de los países de Europa Oriental, como se puede ver en los informes nacionales incluidos en esta publicación. En la República Checa, por ejemplo, las reformas de las finanzas públicas, así como la reducción de impuestos para los más ricos y el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) de los artículos básicos, pusieron la mayor carga sobre los más pobres, incluidas las mujeres. Lo mismo ocurre con la introducción de las tarifas de servicios y el intento de disminuir los impuestos de los seguros sociales, especialmente para los contribuyentes más ricos. Incluso antes de la crisis, los salarios desiguales y la discriminación por género y edad ya eran cuestiones importantes. Los nuevos problemas de igualdad de género en la República Checa se deben a la política conservadora del Gobierno y la falta de apoyo a las instituciones de atención infantil. Como resultado de la crisis también se ha exacerbado la discriminación contra las inmigrantes, en particular de Asia.

En Hungría, uno de los países de Europa Oriental más afectados por la crisis, el nuevo Gobierno acordó una serie de medidas que incluyen el recorte de las pensiones, sobresueldos para el sector público, apoyo a la maternidad, subsidios hipotecarios, de energía y transporte público como condición del paquete de rescate del FMI para lidiar con el impacto de la crisis económica. Todas estas medidas afectarán negativamente a las mujeres y aumentarán su carga de atención familiar, como también sucederá con algunas medidas adicionales planteadas, que incluyen la reducción de las asignaciones y beneficios familiares y la ayuda a las parejas jóvenes con hijos.

En Polonia, la disminución de los ingresos familiares como resultado de la crisis económica amenaza con el empobrecimiento de grupos sociales enteros, en particular entre las clases media y baja. Es muy probable que esto tenga, a su vez, un impacto más significativo en las mujeres, ya que ellas son tradicionalmente responsables del bienestar familiar. Según algunos analistas, la crisis también podría ampliar la zona gris en la economía polaca, ya que muchos empresarios, sobre todo pequeños, intentarán minimizar los costos laborales y evitar el pago de impuestos, así como otros costos asociados con el empleo formal. Por consiguiente, parece muy probable que el crecimiento de la economía gris afecte más a las mujeres, ya que es más frecuente encontrarlas en trabajos mal pagos, sobre todo en el sector privado de servicios (por ejemplo el comercio minorista). Otras problemas de igualdad de género son: la contracción del sector de vestimenta, mayormente femenino, y la limitada movilidad del mercado de trabajo debido a los más altos costos de alquiler de vivienda, sobre todo en áreas económicamente deprimidas de pequeñas ciudades.

En Bulgaria, las ONG y los sindicatos no estuvieron de acuerdo con lo que consideraron un cambio de política del Gobierno hacia la aceptación de la necesidad de reducir los gastos sociales en tiempos de crisis. Estos gastos ya eran escasos cuando comenzó el control monetario y cualquier otra reducción podría romper la paz social en el país. El desempleo aumenta (debe señalarse que los desempleados no registrados igualan – o incluso exceden – a los registrados) y afectará sobre todo a la gente joven que carece de antecedentes laborales, a los trabajadores no calificados, a los mayores, los discapacitados y las mujeres.

En Serbia, los sindicatos aceptaron la propuesta del Gobierno de posponer la implementación del Contrato Colectivo General y retrasar algunas obligaciones financieras de los patrones hacia los trabajadores, entre ellas el pago de los beneficios laborales, “para ayudar al sector privado a salir de la crisis económica”. Los derechos de los trabajadores se violan abiertamente con la excusa de mantener la estabilidad económica, mientras las grandes compañías y los magnates tienen la libertad de no pagar impuestos, salarios y otros beneficios. Recientemente se anunció que el mantenimiento del nuevo acuerdo stand-by con el FMI, por un monto de USD 3.960 millones, producirá recortes en las pensiones, la educación y la atención de la salud, deteriorando aún más la posición social de la mujer. Y en Eslovaquia, a pesar de los pronósticos iniciales de que el país no se vería afectado, las estimaciones oficiales en cuanto a la pérdida de trabajo excedieron las 30.000 personas en abril de 2009. En estas condiciones, persiste la discriminación contra las mujeres en el mercado de trabajo.

Por regla general, en todos los países de la región las mujeres constituyen el mayor número de los trabajadores temporarios, zafrales y contratados así como de los no calificados, que en general no tienen cobertura de seguro de desempleo formal o planes de protección social. Como advierte el informe Transición y Desarrollo de julio de 2009, es probable que la crisis afecte a las mujeres en áreas como el empleo y las redes de protección social, cuidado no remunerado, educación, migración y violencia de género. Por ejemplo, en Kazajstán, el acceso limitado a los recursos financieros necesarios para actividades económicas formales las empuja hacia actividades comerciales independientes y de pequeña escala en el sector informal. La vulnerabilidad de las mujeres podría profundizarse fácilmente al avanzar la crisis. La magnitud de la migración laboral femenina a menudo no se conoce con exactitud, y con ello el impacto en las familias que dependen de sus salarios para sobrevivir. Por otra parte, las mujeres podrían encontrarse en una posición aún más vulnerable al regresar a su hogar, siendo rechazadas por sus comunidades y familias al percibirlas como prostitutas7.

 

Impactos de género de la crisis en África Subsahariana

Mientras que los países industrializados rescataron a sus empresas, en el Sur la crisis ha producido un aumento de las privatizaciones y una caída de la recaudación de ingresos de los inversionistas extranjeros. En muchos países de África Subsahariana, las empresas aprovecharon la situación congelando los salarios, despidiendo personal e incluso clausurando sus puertas con la excusa de reducir los costos generales. Por ejemplo, en Zambia, para lidiar con los efectos de la crisis financiera mundial, el Gobierno eliminó en primer lugar los impuestos a las ganancias eventuales de la minería, en un intento de evitar que los inversionistas del sector minero cerraran sus operaciones. Todas estas medidas han limitado la recaudación de ingresos. Por consiguiente los Gobiernos en el Sur continúan recortando la provisión de servicios sociales como educación y salud.

Al reducirse los gastos en el sector de la salud, aumentó la carga de las mujeres en la atención de los enfermos, especialmente de quienes padecen VIH/SIDA; las mujeres siguen siendo las primeras en perder sus empleos y se encuentran cada vez más limitadas al menudeo informal de verduras y tomates como mecanismo de supervivencia. Asimismo, al aumentar el número de personas que pierden sus empleos cada vez se registran más casos de violencia de género.

Lo más preocupante es la ausencia de voces femeninas en la resolución de la crisis. Para resolverla se siguen tomando decisiones con sesgo masculino de forma de servir primero a los intereses masculinos. Por lo tanto, es necesario aumentar la voz y la participación de las mujeres en la toma de decisiones para que sus problemas sean incluidos en las medidas nacionales orientadas a solucionar la crisis económica y financiera mundial.

Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones y redes de mujeres, demandan un enfoque del desarrollo basado en derechos. Una revisión de la implementación de este enfoque por parte de las agencias de la ONU muestra que puede ser eficaz en la erradicación de la pobreza, el desarrollo de la democracia y los derechos humanos y el apoyo a los grupos vulnerables, en particular las mujeres, para que participen en la toma de decisiones6. La aplicación de este concepto contribuye a la realización de los compromisos de los Estados Miembro derivados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing.

Sin embargo, hay una necesidad de mejorar este enfoque a fin de abordar con eficacia las necesidades de las mujeres y mejorar las relaciones de igualdad de género. Hay varios defectos derivados de la excesiva generalización, los débiles mecanismos de implementación y la aplicación insuficiente del concepto de derechos humanos. El enfoque del desarrollo basado en derechos se fundamenta en los principios de participación, responsabilidad, no discriminación, igualdad, atención especial a los grupos vulnerables, empoderamiento, vinculación a los estándares de derechos humanos, realización progresiva, no regresión y estado de derecho. Sin embargo, este enfoque del desarrollo no apunta al desmantelamiento de las relaciones sociales, económicas y políticas basadas en la discriminación y la distribución desigual de la riqueza, el poder y los recursos. El marco de derechos humanos no es suficiente en sí mismo para cambiar la ideología neoliberal que socava considerablemente la realización de los derechos humanos y de las mujeres, ya que la mayoría de los estándares de derechos humanos no es obligatoria y hasta ahora no existe ningún mecanismo que obligue a los estados a cumplir con sus compromisos.

Un análisis de género muestra que dicho enfoque implica desarrollar buenas herramientas analíticas para entender las desigualdades inherentes tanto a la economía de mercado neoliberal como a las relaciones de género. Las economistas feministas han analizado las desigualdades de género en la elaboración de las políticas macroeconómicas y han desarrollado herramientas tales como indicadores específicos, un presupuesto y estadísticas sensibles al tema de género para ser usados conjuntamente con un enfoque basado en derechos, que fortalezca el empoderamiento de las mujeres en el proceso de desarrollo y permita exigir la responsabilidad corporativa de las instituciones financieras internacionales.

 

1 Ver: Organización Internacional del Trabajo. Global Employment Trends for Women. Ginebra: OIT, 2009.

2 El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo está coordinado por Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) y comprende las siguientes organizaciones y redes: African Women’s Development and Communication Network (FEMNET), Arab NGO Network for Development (ANND), Association for Women’s Rights in Development (AWID), Feminist Task Force-Global Call to Action against Poverty (FTF-GCAP), Global Policy Forum (GPF), Consejo Internacional de Educación para Personas Adultas (ICAE), Red Internacional de Género y Comercio (IGTN), Confederación Sindical Internacional (ITUC), Network for Women’s Rights in Ghana (NETRIGHT), Red de Educación Popular entre Mujeres para América Latina y el Caribe (REPEM), Red del Tercer Mundo-África (TWN-Africa), Women’s Environment and Development Organization (WEDO), y Women in Development Europe (WIDE).

3 Departamento de Estado de Estados Unidos. Trafficking in Persons Report. Washington DC, 2009. Disponible en: <www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009>.

4 Las proyecciones de la OIT sobre trabajadores pobres en todo el mundo indican que hay 200 millones de trabajadores en riesgo de unirse a las filas de personas que viven con menos de USD 2 diarios entre 2007 y 2009. Ver: OIT. “Global Employment Trends Update”, mayo de 2009.

5 Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo (GTM-FpD). “Time to Act: Women Cannot Wait. A call for rights based responses to the global financial and economic crisis”. Junio de 2009.

6 Inter-Agency Standing Committee (2002). Growing the Sheltering Tree;UNICEF. Protecting Rights through Humanitarian Action, Programmes & Practices Gathered from the Field; Moser, C. y Norton, A. (2001). To Claim Our Rights: Livelihood Security, Human Rights and Sustainable Development. Londres: Overseas Development Institute; OECD (2006). Integrating Human Rights into Development: Donors approaches, experiences and challenges; OHCHR (2002). Draft Guidelines: A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies. UN, 10 de septiembre.

7 Sperl, L. “The Crisis and its consequences for women”, en Development & Transition, No. 13, 2009.

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Region: 
left

Justicia para enfriar el planeta

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
Es posible que a la larga la recesión mundial actual beneficie al planeta, dado que un menor crecimiento económico implica una menor presión sobre el medio ambiente y es necesario reducir las emisiones. La crisis ofrece una oportunidad única para cumplir con la justicia social y ambiental. Solo una situación más justa permitirá la sostenibilidad y, para que esto suceda, es imperativo un paquete de ayuda financiera que erradique la pobreza mundial, rehabilite el medio ambiente y estabilice el clima. Sin embargo, esto no será posible hasta que los ricos cambien sus formas de consumo y producción y aprendan a vivir dentro de límites sostenibles. Simultáneamente, los países en desarrollo deben evitar el camino que tomaron los países industrializados y cambiarse ya al de la producción y consumo ecológicos.

Isagani R. Serrano
PRRM/Social Watch Filipinas

Es posible que a la larga la recesión mundial actual beneficie al planeta, dado que un menor crecimiento económico implica una menor presión sobre el medio ambiente y es necesario reducir las emisiones. La crisis ofrece una oportunidad única para cumplir con la justicia social y ambiental. Solo una situación más justa permitirá la sostenibilidad y, para que esto suceda, es imperativo un paquete de ayuda financiera que erradique la pobreza mundial, rehabilite el medio ambiente y estabilice el clima. Sin embargo, esto no será posible hasta que los ricos cambien sus formas de consumo y producción y aprendan a vivir dentro de límites sostenibles. Simultáneamente, los países en desarrollo deben evitar el camino que tomaron los países industrializados y cambiarse ya al de la producción y consumo ecológicos.

La huella que la humanidad ha dejado en el actual cambio climático es evidente. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)1 y su derivado, el Protocolo de Kioto2, indican la forma de deshacer lo que ya se hizo y evitar la catástrofe. Sin embargo, aunque es necesario tomar medidas, el enfrentamiento entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo continúa sin solución a la vista. Entre tanto, incluso los mejores científicos parecen subestimar la rapidez real del cambio climático. Por ejemplo, mientras el Cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) proyectó que el océano Ártico seguiría presentando hielos durante todo el año hasta aproximadamente 2050,3 poco después quedó demostrado que se había subestimado considerablemente el grado de reducción de los hielos marinos y que se prevé que el océano pierda su hielo marino veraniego mucho antes.4

Es evidente que algo tiene que cambiar antes de que se cruce el umbral tras el cual el cambio climático será irreversible. Pero ninguna de las partes quiere ceder. Los países ricos porque consideran que son presionados para cumplir con objetivos difíciles y exigentes antes de que los países pobres hagan algo. Y los países pobres tampoco quieren ceder porque consideran que se les pide apoyar las mismas metas que los países ricos antes de tener la posibilidad de alcanzarlos en su crecimiento.

¿Fin de la partida?

En la década de 1880, luego de que comenzamos a utilizar combustibles fósiles e instalamos la sociedad industrial actual, la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera equivalía a 280 partes por millón (ppm). En los años 1950 había llegado a 315 ppm. Cuando el científico de la NASA James Hansen lanzó por primera vez la voz de alerta sobre el cambio climático a fines de la década de 1980, fijó 350 ppm como el nivel más alto posible “si la humanidad desea preservar un planeta similar al que permitió el desarrollo de la civilización y en el cual se adaptó la vida en la Tierra”.5

“ En Colombia hay cerca de 84 tribus indígenas con 64 lenguas bien diferenciadas, que viven en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela, Perú, y Brasil, precisamente donde se encuentran las reservas de recursos naturales más preciadas. Luchamos para defender nuestro territorio y por la preservación de nuestra cultura. Como consecuencia de esta lucha, más de 1.400 de nuestros líderes han sido asesinados desde los años 1970. Ahora mismo, muchas regiones indígenas están militarizadas y las que no lo están, tienen fuerzas paramilitares presentes. El Gobierno está tratando de desplazar nuestras comunidades para poder negociar con compañías transnacionales la explotación de los recursos naturales – como la madera o el petróleo – de esas zonas. ”

Jesús Avirama (Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia)

No obstante, ya hemos pasado ese punto. Ahora estamos en 380 ppm y se dice que el nivel de CO2 en el aire aumenta dos ppm por año. De hecho, no existe consenso aún sobre el umbral de seguridad. Algunos dicen que se encuentra en 450 ppm. Otros afirman que debería ser mucho menos. En la Conferencia de las Partes de Poznan, celebrada en diciembre de 2008, el ex-vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, no pudo lograr consenso en torno a 350 ppm. Rajendra Pachauri, presidente de CMNUCC/IPCC, ha dicho que, si no se adoptan reformas básicas para 2012, podríamos presenciar la desintegración del sistema climático. A la vez, sostuvo que las emisiones mundiales de CO2 deben comenzar a descender para 2050.6

El IPCC evita las recetas, sin embargo, y se limita a ofrecerles a las autoridades una serie de escenarios posibles. Desde 1990 ha elaborado 40 de estos escenarios, fundamentados en cuatro argumentos principales. Estos escenarios están categorizados según si en el futuro primará el desarrollo económico (denominado A) o ambiental (B) y si está orientado hacia el plano mundial (número 1) o regional (número 2). Así, A1 es económico/mundial, A2 es económico/regional, B1 es ambiental/mundial y B2 es ambiental/regional. El escenario A1 se divide a su vez en tres más: de uso intensivo de combustibles fósiles (A1F1), intermedio entre el uso de fósiles y no fósil (A1B); y la transición hacia los combustibles no fósiles (A1T). El escenario sin cambios (ESC) – no tomar medidas para reducir la emisión de gases de invernadero (GI) –  es, por supuesto, inaceptable.

Entre tanto, crecen los indicios de que el peor de los escenarios posibles podría ocurrir antes de lo imaginado. Hechos extremos tales como tormentas, inundaciones y sequías tienen consecuencias devastadoras para los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, la agricultura, los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana. En agosto de 2003 se produjo una ola de calor en Europa que provocó la muerte de casi 15.000 personas en Francia y de 35.000 más en otros nueve países europeos. Recientemente se produjeron incendios forestales en California, Estados Unidos, y Australia, junto con inundaciones sin precedentes en otras partes. Estos hechos fueron previstos por todos los estudios de evaluación del IPCC. No obstante, ahora son comunes en todas partes y ocurren cuando menos se los espera. Las sequías prolongadas en países que son grandes productores de alimentos podrían provocar un descenso en la producción de alimentos de entre el 20% y el 40% en 2009. Enfermedades contra las cuales se había logrado avances, como la tuberculosis, la malaria y la fiebre del dengue están resurgiendo en muchas zonas. La deforestación, que representa aproximadamente 17% de las emisiones de GI, recientemente se agravó con la creciente demanda de biocombustibles. Unos seis millones de hectáreas de bosques vírgenes se perdieron por año entre 2000 y 2005 y, en ese lapso, la biodiversidad no cesó de decaer.

Justicia climática

Un mundo más equitativo tiene mejores posibilidades de sobrevivencia y adaptación al cambio climático. El mundo sería más resistente si se fijaran límites al crecimiento (más allá de que se haya traspasado los umbrales temidos o no) y se estableciera la equidad entre y dentro de los países y las comunidades, entre los hombres y las mujeres, entre las generaciones actuales y futuras.

El principio de justicia climática deriva directamente de la CMNUCC, cuyo artículo 3.1 estipula que los países deben actuar “sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades
comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades”. Esto se complementa con dos principios más en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21 acordados en la Cumbre de la Tierra de 1992: precaución y el que contamina debe pagar. El primero señala que si no se tiene seguridad sobre los beneficios y las consecuencias de las medidas, no se deben tomar. El segundo se explica por sí solo. La justicia climática también está expresada o implícita en numerosas declaraciones y acuerdos más de la ONU.

El cambio climático no perdona a nadie, ni a ricos ni a pobres, pero tiene consecuencias peores sobre la población pobre, aunque su responsabilidad en el tema sea menor. Los países en desarrollo, también conocidos como no incluidos en el Anexo I, contribuyeron mucho menos a las emisiones de GI que los países desarrollados o del Anexo I, pero padecerán más por ellas. Los países menos desarrollados (PMD), que menos aportaron a la contaminación, serán los que más sufran. Muchos pequeños países insulares en desarrollo podrían simplemente desaparecer del mapa.

Compartir la labor de estabilización de la concentración de GI en la atmósfera en el escenario elegido para la estabilización de las emisiones (350 ppm, 450 ppm, 550 ppm, 650 ppm) deberá tener como base la proporción diferenciada de la responsabilidad por lo que ha ocurrido y continúa sucediendo, y en los distintos niveles de desarrollo. Los países y los pueblos del mundo pueden dividirse en tres grupos: los superconsumidores o altos emisores; los subconsumidores o subemisores; y los sostenedores o aquellos que viven dentro de límites sostenibles. Esta clasificación corresponde respectivamente a (a) los países industriales – los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); (b) los países menos desarrollados, incluida la mayoría de África; y (c) los países en desarrollo avanzados, como Brasil, China, India y otros países del este y sudeste asiático.

No obstante, en cada país, rico o pobre, algunos no encajan fácilmente en estas categorías: un filipino rico, por ejemplo, tiene un estilo de vida similar (y, por lo tanto, el mismo nivel de emisión de CO2) que su contraparte en Estados Unidos. Los 600 millones de chinos e indios que no son pobres, pertenecen a la clase media o son ricos constituirían una mezcla de sostenedores y altos consumidores. Los subconsumidores o subemisores excluidos serían las más de 2.000 millones de personas mal alimentadas, con escasa educación formal, sin empleo, voz ni acceso a la atención médica, el agua y el saneamiento, que viven en medio ambientes degradados. Ellos deben ser los primeros con respecto al derecho al desarrollo y los principales beneficiarios de las transferencias de recursos entre y dentro de los países.

La solución para evitar la catástrofe es lisa y llana: los ricos de los países ricos y pobres deben ceder mucho más para que los pobres y el resto de nosotros podamos vivir de manera sostenible.
 
Mitigación, la base de la justicia

Hay numerosas propuestas planteadas referentes al principio de “la cuota justa”, por ejemplo, los derechos al desarrollo ecológico, la convergencia en común pero diferenciada, la contracción y la convergencia para 2050, etc. Básicamente todos están referidos a la estabilización climática.

Los países con altas emisiones deben comprometerse a realizar recortes drásticos, profundos y vinculantes de sus emisiones de GI, en comparación con los niveles de 1990, y ayudar a los países en desarrollo con dinero “blando” y tecnología limpia. La contracción que se les exige es enorme, cualquiera sea el escenario de estabilización de las emisiones acordado. La misma varía entre 25% y 50% o más de recorte entre 2020 y 2050. La reducción abarca a los seis gases incluidos en el Protocolo de Kioto: CO2, metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) – que se reflejan en toneladas de CO2 equivalente (CO2e) en los inventarios de GI de cada país.

Los países en desarrollo tienen derecho al desarrollo, pero este derecho no debe tomarse como un permiso para contaminar el medio ambiente. El derecho al desarrollo según el principio de justicia climática no sólo refiere al crecimiento de la economía; lo más importante es que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas que generen un nivel de seguridad digno y de bienestar para todos y todas. Los autores del Greenhouse Development Rights Framework sugieren un ingreso de USD 9.000 por persona por año como el nivel de convergencia de todos los países.7 Eso significa que los países en desarrollo, todos ellos por debajo de esa línea, deberían tener derecho a recibir transferencias (de AOD, tecnología, etc.) y permitírseles aumentar sus emisiones en pos de lograr ese ingreso.

¿Cuál es la carga de carbono equivalente a USD 9.000 en PIB per cápita? Probablemente unas nueve toneladas de CO2 por persona. Incluso si los países ricos accedieran a bajar a ese nivel y los países pobres lograran alcanzarlo, e incluso si nuestras vidas funcionaran con una mezcla de combustibles fósiles y energía renovable, imagínese cuánta energía y carbono significa eso, especialmente si consideramos que la población mundial se proyecta a 7.600 millones para 2020 y a 9.100 millones para 2050.

Frente a ese nivel de ingreso, las metas fijadas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) parecen insuficientes aun si se cumplieran a tiempo para 2015, algo que al ritmo actual no será posible. Los países en desarrollo deben evitar el camino insostenible que tomaron los industriales. Cuanto antes adopten modelos de producción y consumo con energías limpias, mejor será para el planeta y para todos y todas. Con la agricultura y la pesca sostenible, la conservación del agua y los recursos forestales, el desarrollo de energías renovables y la reducción de la pobreza y la desigualdad, tienen la posibilidad de adaptarse al cambio climático. Una auténtica revolución verde en la agricultura y la pesca, y no contribuir con la deforestación, pueden ayudar a capturar carbono y reducir su huella.

Los países no incluidos en el Anexo I no están obligados por los compromisos de mitigación, pero pueden ayudar, por ejemplo, adoptando un impuesto progresivo al carbono sobre sus superconsumidores ricos y al adoptar tempranamente vías de desarrollo con energías alternativas y bajas en carbono. Mantenerse dentro de su capacidad demográfica8 debe ser el norte de cada país. La estabilización de la población en niveles sostenibles debe ser una inquietud particular de países como Filipinas, cuya población superará los 100 millones para 2020 y tendrá, según las proyecciones, casi 150 millones en 2050.

Los países con emisiones altas insisten en que la balanza se inclina a favor de los países en desarrollo más avanzados, donde los niveles de emisión crecen rápidamente. En la 13ª Conferencia de las Partes celebrada en Bali, Indonesia, en 2007, aquellos sugirieron que las metas vinculantes de reducción de las emisiones también deberían aplicarse a China e India. Este es un tema delicado y problemático y dice mucho acerca de las complejidades que genera la “negociación” de la justicia. Es verdad que las emisiones de China crecen con rapidez debido a su alto crecimiento económico y su dependencia del carbón sucio. Pero la concentración actual de carbono en la atmósfera ha sido consecuencia de una acumulación constante a lo largo de muchas generaciones y China e India incidieron relativamente poco en esto (aunque su huella de carbono, debido a su actual crecimiento elevado, aparecerá después).

“ La actual crisis es global, por lo que las políticas diseñadas para terminar con ella deben ser también globales pero vinculadas con los movimientos locales. Creemos que los paquetes de estímulo deberían invertirse en cosas como una infraestructura ecológica y social, que permita la creación de trabajo ecológico, un reconocimiento de los impactos desproporcionados de la crisis en las trabajadoras y la recuperación de la economía de cuidado. El movimiento de los trabajadores está trabajando en el marco de la ONU para difundir la Agenda del Trabajo Decente y Empleos Ecológicos. No se trata sólo de aumentar la ayuda al desarrollo. Es necesaria la transformación social. La instituciones multilaterales deben reformarse en forma sistemática y se necesitan mecanismos específicos para asegurar que tendremos soluciones duraderas a la crisis económica y financiera.”

Gemma Adaba (Confederación Sindical Internacional)

Además, el nivel de emisiones de China sigue siendo, en promedio y en proporción a su población, muy inferior al de Estados Unidos. China utiliza las materias primas del mundo, pero a la vez acepta montañas de residuos que otros países no quieren mantener dentro de sus territorios. Está reciclando los residuos del mundo y aplica la agricultura sostenible y la plantación masiva de árboles. De hecho, es probable que China tenga la mayor capacidad demográfica del planeta, ya que cuida de uno de cada seis integrantes de la humanidad en un espacio comparativamente pequeño. No obstante, uno puede preguntarse quién paga por el hecho de que China produzca barato para todos nosotros. Otra interrogante es por qué Beijing no puede adoptar de una vez la producción limpia y producir más bienes duraderos. Si China puede ayudar a rescatar la economía mundial con su dinero excedente, ¿por qué no lo gasta en la limpieza de sus propios residuos y adopta una vía de desarrollo con un bajo consumo de carbono?

Las emisiones de carbono de Estados Unidos, el 25% del total mundial, siguen siendo muy altas. Su nivel de emisión per cápita de CO2 tuvo escasa o nula reducción desde 1990. El Informe sobre desarrollo mundial 2006: Equidad y desarrollo lo cuantificó en 19,8 toneladas por persona ese año.9 Europa, Japón y otros países industrializados lograron reducir sus niveles, pero aún no cumplieron con el mínimo fijado por el Protocolo de Kioto. En general, las emisiones anuales mundiales de CO2 no han cedido desde 1990. Para algunos, eso es una señal de prosperidad, ya que indica que las economías siguen en crecimiento. Para otros es nefasta, ya que nos aproxima más al punto sin retorno. Los esfuerzos de contracción y convergencia deben impedir que las temperaturas mundiales promedio aumenten más de 2 grados Celsius para 2050, el umbral que se nos aconseja que respetemos, so pena de morir. No queda mucho tiempo, evidentemente.

Adaptarse o morir

Los países pobres no pueden esperar que se adopten drásticas medidas mitigantes. Pueden perecer antes de que se haga justicia. Con o sin asistencia, deben hallar la forma de adaptarse al cambio climático antes de que sea demasiado tarde.

10

La adaptación, definida en el Tercer informe de evaluación del IPCC, y ya incluido en el mandato original del organismo en 1988, refiere a los ajustes en los sistemas ecológico, social o económico en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados y sus efectos o consecuencias.11 Hace referencia a los cambios en los procesos, prácticas o estructuras para moderar o compensar los posibles daños, o para aprovechar las oportunidades asociadas con los cambios en el clima. Tiene que ver con los ajustes para reducir la vulnerabilidad de las comunidades y regiones ante el cambio climático y la variabilidad.

El User’s Guidebook on the Adaptation Policy Framework (APF) de la Entidad de Medio Ambiente Mundial del PNUD define la adaptación como “un proceso por el cual las estrategias para moderar y lidiar con las consecuencias del cambio climático – incluida la variabilidad del clima – se realzan, desarrollan e implementan”.12 El APF incluye siete componentes: evaluación de la vulnerabilidad actual, caracterización de los riesgos futuros, desarrollo de la estrategia de adaptación, continuación del proceso de adaptación, logro de la participación de los interesados y mejora de la capacidad adaptativa. Las decisiones acerca de cómo utilizar este marco dependerán de la labor previa del país, sus necesidades, objetivos y recursos.

El IPCC señala que entre los requisitos necesarios para que un país posea una elevada capacidad de adaptación se incluyen: una economía estable y próspera, un alto grado de acceso a la tecnología en todos los niveles, roles y responsabilidades bien definidos para la instrumentación de las estrategias de adaptación, sistemas instalados para la divulgación nacional, regional y local de la información sobre el cambio climático y la adaptación y una distribución equitativa del acceso a los recursos. En gran medida, esto excluye a los países no incluidos en el Anexo I.

La inquietud sobre la adaptación fue tratada por decisiones de la Conferencia de las Partes (COP, por su sigla en inglés). Los acuerdos de Marrakech que surgieron de la COP-7 delinearon los instrumentos y mecanismos de apoyo a la adaptación, incluida la creación de tres fondos: (a) el Fondo Especial para el Cambio Climático bajo el CMNUCC para apoyar la “implementación de actividades de adaptación donde exista información suficiente”,  (b) el Fondo para los PMD dedicado a la preparación e instrumentación de programas de acción nacionales de adaptación (NAPA) que “comunicarán las actividades prioritarias que abordarán las necesidades y las preocupaciones urgentes e inmediatas de los PMD relativos a la adaptación de los efectos adversos del cambio climático” y (c) el Fondo de Adaptación creado por el Protocolo de Kioto y las recomendaciones de la Entidad de Medio Ambiente Mundial (GEF) sobre sus actividades.

La agricultura y la pesca sostenible, la forestación y la gestión de cuencas hidrográficas sostenibles y la gestión ecológica de los recursos son vías de adaptación que pueden ayudar a enfriar el planeta. La seguridad alimentaria exige un cambio radical en la agricultura, una opinión que defienden desde hace tiempo los movimientos de productores agrícolas de todo el mundo. Esto recibió un fuerte impulso por parte de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología Agrícola para el Desarrollo (IAASTD, por su sigla en inglés) en la conferencia celebrada en abril de 2008 en Johannesburgo, Sudáfrica. La IAASTD reconoció las deficiencias de la tecnología de la Revolución Verde y reconoció el papel fundamental que le corresponde al conocimiento indígena y a la agricultura sostenible para alcanzar la seguridad alimentaria. Presentó un informe que señala que la agricultura moderna deberá cambiar radicalmente frente al modelo empresarial dominante si el mundo ha de evitar la desintegración social y el colapso ambiental.13

El informe – con la oposición de Australia, Canadá y Estados Unidos – también criticó la modificación genética (MG) y la conversión de las tierras agrícolas para destinarlas a la producción de biocombustibles. Señaló que la llamada tecnología MG no era el camino para alimentar a los pobres del mundo, y que el cultivo de los agrocombustibles destinados a los automóviles en tierras que deberían labrarse para alimentar a la gente seguramente agravará el hambre en el mundo y la ya de por sí frágil situación de seguridad humana.14

Aunque la adaptación surgió como una cuestión política clave en las negociaciones sobre el cambio climático, el tema aún no ha sido abordado en todos los niveles de la planificación del desarrollo de políticas. La generación de la capacidad de adaptación, o el cumplimiento de las metas de los ODM, es muy distinto a hacer crecer la economía o trabajar en pos del desarrollo de la manera habitual. Se trata de cumplir con la justicia social y ambiental, una condición necesaria para asegurar el camino a la sostenibilidad.

Justicia en las transferencias financieras y tecnológicas

La CMNUCC señala que los países ricos tienen la obligación de realizar transferencias a los países en desarrollo, pero nadie debería asumir el papel de mendigo. Si los campesinos pobres adoptaran la agricultura orgánica o si los pescadores municipales gestionaran sus recursos costeros adecuadamente, lo harían no solo por su bien sino por el de toda la humanidad. Si un país pobre cuida su biodiversidad, está haciendo un bien no solo a sí mismo sino a toda la humanidad. Estos esfuerzos merecen recompensa o la reciprocidad de alguna manera a través de, por ejemplo, un impuesto al carbono para los ricos, AOD sin condiciones, alivio incondicional de la deuda, términos comerciales más justos, tecnología u otras formas de transferencias de recursos.

“ En El Salvador, ya hace años que nos enfrentamos a los impactos del cambio climático: sufrimos inundaciones, sequías, huracanes, la seca de los principales ríos y el colapso de las comunidades. Cada año los costos materiales son altos, como también lo son la pérdida de vidas humanas y la emigración de nuestra gente, especialmente los jóvenes. Debemos trabajar en pos de una nueva era en la que el desarrollo se mida por el bienestar de la humanidad y el de la Madre Tierra, y no sólo por las riquezas materiales.”

Marta Benavides (Grupo de Trabajo Feminista de GCAP, El Salvador)

El financiamiento de la estabilización climática exige enormes cantidades de dinero. Oxfam International15 ha dicho que el costo de la adaptación de los países en desarrollo ascenderá al menos a

USD 50.000 millones por año, además del nivel actual de AOD, que ya incluye compromisos de fondos para los ODM. Sin embargo, en la presentación en Bali del Cuarto Informe de Evaluación, el presidente del IPCC Pachauri dijo que “en realidad el costo de la mitigación no es tanto”, ya que se calcula que anualmente representa menos de 1% del PIB mundial. Los países ricos están rescatando a los bancos que provocaron el actual lío financiero mundial. Es justo que los países en desarrollo soliciten un rescate equivalente para la erradicación de la pobreza mundial, la rehabilitación del medio ambiente y la estabilización del sistema climático.

Aunque las partes del Anexo I concuerdan en que el cambio climático es la amenaza más grave que enfrenta el desarrollo sostenible, sus acciones hasta el momento han sido sencillamente decepcionantes. Las decisiones que realmente importan para erradicar la pobreza y remediar las disparidades mundiales llevan mucho tiempo y, con frecuencia, terminan en transferencias netas insuficientes o incluso negativas, con fuertes condiciones. Además, los ricos también deben comenzar a cambiar drásticamente la forma en que ven el mundo y cómo producen y consumen. En otras palabras, deben abandonar su estilo de vida insostenible.            

“ Aunque los países industrializados del Norte son los principales responsables de las emisiones de efecto invernadero que provocan el cambio climático, especialmente medido per cápita, los países del Sur y, en particular, los pobres y las mujeres, son los que cargan con el mayor peso de los efectos ambientales adversos del cambio climático y sus impactos socioeconómicos. Algunos de estos efectos son el desplazamiento de las poblaciones que viven en zonas costeras bajas; la pérdida de las fuentes de sustento; inseguridad alimentaria; y la reducción del acceso al agua. Desde la perspectiva de la deuda ecológica, los países ricos e industrializados no solo tienen la responsabilidad de reducir drásticamente las emisiones de gas de efecto invernadero, sino que también tienen la obligación ética y moral de brindar financiamiento compensatorio y reparador a los países en desarrollo para que puedan costear los esfuerzos de adaptación y alivio del cambio climático.”

Athena Peralta (Consejo Mundial de Iglesias)

Ir más despacio para enfriar la Tierra

¿Qué escenario podrá enfriar a un planeta que se recalienta y así librarnos del desastre? ¿350 ppm o 450 ppm? Cualquiera sea la respuesta, la acción debe ser la misma: todos debemos ir más despacio. En rigor, los escenarios no son predicciones; son una escala de posibilidades que pueden conducir a distintos futuros alternativos. Dado que el futuro es inherentemente imprevisible, no existen certezas sobre qué podrá ocurrir con la acción de tantas personas. Sin embargo, los escenarios son útiles porque una de las causas de la imprevisión y la incertidumbre es la acción humana (o su posibilidad) para cambiar el rumbo de los hechos. El futuro adquiere la forma de lo que creemos que habrá de ser y de lo que hacemos para que así suceda.

Paradójicamente, es posible que la recesión mundial actual termine siendo un beneficio. Quizás cuanto más profunda sea y más dure, mejor para todos y todas. Un menor crecimiento implica menos emisiones y menos presión sobre el medio ambiente. Una producción más limpia y la reducción universal del consumo per cápita implican una huella de carbono menor y – quizás – una forma de vida más sana. Es posible que todas estas cosas sucedan sin importar cuáles sean las conclusiones de las negociaciones climáticas en Copenhague y posteriores.

¿Queda tiempo para salvarnos? Quizás sí, quizás no. En todo caso, que no se diga que nuestra generación no hizo lo suficiente por la justicia.

 

1 Naciones Unidas. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 1992. Vigente desde 1994. Disponible en: <unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>.

2 Naciones Unidas. “Protocolo de Kioto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.” 1998. Disponible en: <unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>.

3 IPCC. “Climate Change 2007: Synthesis Report.” Cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Ginebra: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático.

4 Lovett, R. “Arctic Ice Melting Much Faster Than Predicted.” National Geographic News, 1 de mayo de 2007. Disponible en: <news.nationalgeographic.com/news/2007/05/070501-arctic-ice.html>.

5 Hansen, J. Testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, 23 de junio de 1988.

6 McKibben, B. “Think Again: Climate Change.” Foreign Policy, enero/febrero de 2009.  Disponible en: <www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4585>.

7 Baer, P., Athanasiou, T., Kartha, S. y Kemp-Benedict, E. The Greenhouse Development
Rights Framework: The Right to Development in a Climate Constrained World. 2a edición. Berlín: Heinrich Böll Foundation, 2008. Disponible en: <www.ecoequity.org/docs/TheGDRsFramework.pdf>.

8 El número de personas que pueden mantenerse en un territorio dado dentro de los límites de los recursos naturales y sin degradar el medio ambiente natural, social, cultural y económico para las generaciones actuales y futuras. Véase <www.carryingcapacity.org/>.

9 Banco Mundial. Informe sobre desarrollo mundial 2006: Equidad y desarrollo. Washington, DC, 2006.

10 Disponible en: <maps.grida.no/go/graphic/projected-impact-of-climate-change>.

11 IPCC. “Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.” Aporte del Grupo de Trabajo II al Tercer Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Cambridge: Cambridge University Press.

12 Dougherty, B. y Spanger-Siegfried, E. User’s Guidebook on the Adaptation Policy Framework. Boston: Stockholm Environment Institute US y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2005.

13 IAASTD. Agriculture at the Crossroads: Global Report. Washington, DC: Island Press. 2008

14 Vidal, J. “Change in Farming Can Feed World – Report.” The Guardian, 16 de abril de 2008.

15 Oxfam International. “Adapting to Climate Change: What’s Needed in Poor Countries and Who Should Pay.” Oxfam Briefing Paper 104, mayo de 2007. Disponible en: <www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/adapting%20to%20climate%20change.pdf>.

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Region: 
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La crisis económica mundial y los países menos adelantados: preocupaciones ciudadanas

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
Los países menos adelantados (PMA) son los que más sufren las consecuencias de la crisis económica mundial. En los PMA la crisis económica se traduce en crisis alimentaria, energética, climática, política, de la deuda, del desarrollo. La arquitectura financiera global necesita una transformación fundamental ya que, para las muchas personas que viven en la pobreza en los PMA, el modelo actual de crecimiento económico casi no aparejó ventajas. La crisis económica mundial debe aprovecharse para generar una verdadera transformación del sistema mundial de modo que todos y todas tengan mejores oportunidades de gozar de una vida significativa y segura.

Arjun Karki
LDC Watch

Los países menos adelantados (PMA) son los que más sufren las consecuencias de la crisis económica mundial. En los PMA la crisis económica se traduce en crisis alimentaria, energética, climática, política, de la deuda, del desarrollo. La arquitectura financiera global necesita una transformación fundamental ya que, para las muchas personas que viven en la pobreza en los PMA, el modelo actual de crecimiento económico casi no aparejó ventajas. La crisis económica mundial debe aprovecharse para generar una verdadera transformación del sistema mundial de modo que todos y todas tengan mejores oportunidades de gozar de una vida significativa y segura.

De acuerdo con la definición de la ONU, en el mundo hay 49 Países Menos Adelantados (PMA)1, que suman una población de aproximadamente 750 millones de personas. La ola creciente de la globalización neoliberal amenaza sin descanso la vida y el sustento de las personas que viven en los PMA. En general, la economía de estos países se caracteriza por tener una creciente carga de la deuda, colapsos económicos, hambre, y violaciones de los derechos humanos, entre los que se incluyen la injusticia de género, los conflictos, una gobernanza débil, y vulnerabilidades ambientales inherentes.

“ En Kenia empezamos a ver los impactos de la crisis hacia fines de 2008: se redujo el turismo y siguió un aumento del desempleo. Además, muchos keniatas dependen de las remesas provenientes de Estados Unidos, que cayeron drásticamente. Debido a la crisis, aumenta el número de familias que no pueden enviar a sus hijos e hijas a la escuela. Los inversores extranjeros están retirando sus proyectos del país. Mucha de la tierra está sin cultivar y ha habido escasez de agua en el último año. Todos estos factores, combinados con la gran desigualdad de ingresos y la corrupción ya existentes, son la receta para el desastre que sufren la economía y la población de Kenia.”

Edward Oyugi (SODNET, Kenia)

La actual crisis económica mundial no sólo sacudió los cimientos de las economías más poderosas, las bolsas de valores y las instituciones financieras más influyentes de todo el mundo, sino que también puso en peligro las pequeñas y ya frágiles economías de los PMA, y empujó a millones de mujeres, hombres y niños a una mayor pobreza y privaciones. Aunque la crisis económica resultó de la falibilidad de los países ricos, industrializados y desarrollados, los PMA están a la cabeza de los que sufren sus peores consecuencias. En los PMA, la crisis económica también se tradujo en crisis alimentaria, energética, climática, política, de deuda y de desarrollo.

Crisis alimentaria

La crisis alimentaria sin precedentes provocada por la enorme suba de los precios, causó varios “disturbios por alimentos”, que sacudieron más de 30 PMA, donde los trabajadores y los campesinos ya no pueden comprar los alimentos básicos para sobrevivir. Las protestas por los precios de los granos en Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Haití, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Senegal y otras partes de África, y una marcha de niños hambrientos en Yemen, son algunos ejemplos2. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hay 22 países especialmente vulnerables ante el reciente aumento del precio de los alimentos, porque no sólo son muy pobres sino también muy dependientes de las importaciones de alimentos. En 2008-2009 Eritrea produjo apenas cerca del 30% de sus necesidades alimentarias. La UNICEF advirtió que los altos precios mundiales podrían afectar a cerca de 2 millones de eritreos, más de la mitad de la población. Las agencias de la ONU pronostican que 1,3 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza serán los que más sufran. FAO advirtió que el aumento de los precios “provocó una crisis alimentaria” en 36 países. Otra vez, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 12 de los 16 países con mayores problemas de hambre forman parte de los PMA (Afganistán, Djibouti, Etiopía, Guinea, Haití, Liberia, Mauritania, Nepal, Senegal, Somalia, Uganda y Yemen)3.

Debido a que en los PMA la mayoría de las personas pobres gasta el 70-80% de sus ingresos en alimentación, sufre enormemente los drásticos aumentos de los precios de los alimentos básicos. Las consecuencias de la crisis alimentaria, que la directora del Programa Mundial de Alimentos ha calificado de “tsunami silencioso”, incluyen miseria y desnutrición generalizadas para millones de personas. La crisis alimentaria demuestra que el enfoque actual de la seguridad alimentaria orientado al mercado y agro-industrial fracasó totalmente en su intento de alimentar a la gente hambrienta que vive en los PMA. Una variedad de otros factores, como la promoción de la agricultura corporativa y la introducción de la extrema dependencia de productos alimenticios del exterior, la falta de inversiones productivas en los sistemas agrícolas locales, el calentamiento global, los desequilibrios comerciales y la liberalización comercial son también responsables de la inseguridad alimentaria en los países en desarrollo. Estos factores han conducido a la crisis actual y obligan a miles de millones de personas a pasar hambre, reduciendo drásticamente la biodiversidad y casi arruinando el ecosistema.

La alimentación fue declarada un derecho humano básico en diversas Cumbres Mundiales sobre Alimentación y en acuerdos internacionales, entre los cuales destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Preámbulo de la Constitución de la FAO y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Durante casi dos décadas, en reuniones de alto nivel con participación de jefes de Estado y de Gobierno, la comunidad internacional reafirmó reiteradamente su compromiso con la erradicación de la desnutrición y asegurar la seguridad alimentaria para todos. La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1992, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación adoptado en 1996 y confirmado en la conferencia de revisión cinco años después en 2002, prometió concentrar sus esfuerzos en la erradicación del hambre como primer paso esencial y estableció el objetivo de reducir a la mitad el número de personas hambrientas en el mundo para 20154. En la Cumbre del Milenio (2000) y en una serie de reuniones de seguimiento se reafirmaron los compromisos de alcanzar seguridad alimentaria y buena nutrición para todos. Sin embargo, a pesar de todos los compromisos asumidos por los líderes mundiales sobre la urgente necesidad de reducir el hambre y la desnutrición, el progreso hacia el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ha sido harto decepcionante, no obstante los grandes avances logrados individualmente por algunos países. Hasta ahora, el derecho humano a la alimentación continúa siendo negado; los alimentos se consideran más como un artículo comercializable que como un bien esencial para la supervivencia.

Crisis climática

Las preocupaciones de los PMA por los alimentos, el agua y la seguridad energética se agudizan aún más por la crisis climática que pone en peligro los objetivos de crecimiento económico inclusivo y ambientalmente sustentable. Los PMA, que ya experimentan pobreza, catástrofes, conflictos y limitaciones geofísicas, corren ahora el riesgo de recibir nuevos impactos devastadores del cambio climático, que incluyen un aumento de la desertificación y de los niveles del mar, mayores precipitaciones y posibles inundaciones y huracanes que perpetuarán los ciclos de pobreza, de falta de alimentos y energía, de conflictos, desigualdad, endeudamiento y subdesarrollo. Aunque las personas que viven en los PMA son las que más sufren el cambio climático, rara vez sus preocupaciones se escuchan o son abordadas en los procesos de negociaciones oficiales a cualquier nivel. Por tanto, es importante presentar los reclamos de las víctimas del cambio climático de los PMA en las próximas negociaciones sobre el clima, por ejemplo, en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP15) que se realizará en Copenhague en diciembre de 2009, donde se espera llegar a un acuerdo sobre los principios para un nuevo tratado que sustituya al Protocolo de Kyoto.

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

También se pronostica que los flujos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hacia los PMA se reducirán debido a que los gobiernos de los países desarrollados están desviando recursos para estimular sus propias economías y seguir rescatando las instituciones financieras que han sido el centro de la crisis económica. Puesto que la mayoría de los PMA siguen estando muy endeudados, la perspectiva de una reducción de los flujos de ayuda obliga a los gobiernos de los PMA a mantener el equilibrio entre la inversión para el desarrollo y la devolución de los préstamos, lo que provoca una disminución de los recursos que se destinan a las necesidades de desarrollo. Por consiguiente, a los PMA les resulta cada vez más difícil cumplir con las necesidades económicas básicas y los derechos sociales y culturales de sus poblaciones.

Remesas y empleo en el exterior

Las remesas hacia los PMA de las personas que trabajan en otros países también están disminuyendo a raíz de que los trabajadores migrantes pierden sus empleos a causa de la recesión económica en los países donde residen. El FMI predice una caída de entre 4% y 8% para 2009. Las remesas son particularmente importantes en países como Haití, Lesotho y Nepal, donde representan más del 15% del ingreso nacional bruto (INB). Del mismo modo, las industrias orientadas a la exportación en los PMA, como por ejemplo la industria de la vestimenta, reducen o hasta detienen la producción debido al colapso económico.

La disminución de las remesas también se ha sentido en los PMA del Pacífico como Samoa, Tuvalu y Kiribati, debido a los efectos del enlentecimiento de los mercados de trabajo y al aumento del desempleo en los países de acogida, en particular Estados Unidos, Nueva Zelandia y Australia. La ya elevada tasa de desempleo en los PMA probablemente aumente aún más en el futuro próximo, lo que acarreará conflictos socioeconómicos y malestar político. En el caso de los PMA que invirtieron en establecer mercados financieros offshore como una fuente de ingresos del Gobierno, tales como Tuvalu y Kiribati, se espera que disminuya el valor de los fondos de inversión que establecieron en la medida en que las bolsas mundiales se mantienen muy inestables.

En Senegal, uno de los PMA africanos, las remesas representan hasta el 10% del PIB. En 2008 se estimaron en cerca de EUR 1.000 millones (635.600 millones de francos CFA), lo que es más del 11% del PIB de ese año. La disminución de las remesas reduce el consumo de los hogares en muchas regiones, junto con la cantidad de trabajos públicos y proyectos de construcción. Además, los recortes de los servicios del Gobierno provocan más privaciones y dificultades para mujeres y niños, en particular en términos de salud, educación, sustento y seguridad alimentaria.

Exportaciones

En Afganistán, los principales artículos de exportación, como alfombras y pieles de cordero, están sintiendo fuertemente los impactos de la crisis financiera. Las exportaciones de alfombras cayeron 25% y las de pieles de cordero sedosas conocidas como Karakul cayeron 20%, según la Agencia de Apoyo a las Inversiones Afganas (una agencia de promoción de las exportaciones). Los medios de vida de más del 50% de la población en las provincias del Norte dependen de la producción de alfombras. La industria de la piel de cordero ya ha sufrido las consecuencias de un año de sequía; ahora aumenta la carga financiera sobre agricultores al disminuir la demanda del producto a nivel internacional.

En Etiopía, los ingresos por importaciones disminuyeron este año USD 803.000 millones. El Ministerio de Industria y Comercio afirmó que la crisis económica mundial actual ha afectado el mercado de exportaciones para los productos etíopes, sobre todo café y semillas oleaginosas. En muchos casos, los productores principales son pequeños agricultores que se verán directamente afectados.

Mirando hacia delante

Estas circunstancias, que empujan a millones de personas en los PMA hacia una mayor pobreza y vulnerabilidad, exigen acciones inmediatas y urgentes. Para superar la crisis económica mundial y crear un ambiente propicio al desarrollo en los PMA, es crucial que la comunidad internacional y los gobiernos de los PMA se pongan de acuerdo para combatir juntos los impactos de la crisis económica en esos países.

Esto sólo se logrará con una transformación fundamental de la arquitectura financiera mundial. El drástico fracaso del actual sistema no solo expone sus insuficiencias sino que también pone de manifiesto el fracaso de enfoques actuales del desarrollo. Para muchas personas que viven en la pobreza en los PMA, el modelo actual de crecimiento económico casi no trajo ventajas. En la búsqueda de soluciones a los problemas creados por la crisis económica, son cruciales las acciones que se detallan a continuación.

1. Apertura de mercados en los países desarrollados a las exportaciones de los PMA sin condicionalidades. Se trata de una medida necesaria para promover el comercio justo y apoyar a las economías PMA para que puedan regenerarse y crecer. Según el informe del Grupo de Trabajo ONU-ODM-Gap 2008 sólo el 79% de las exportaciones de los PMA puede acceder sin impuestos a los mercados de los países desarrollados. De acuerdo a la Declaración Ministerial 2005 de la OMC, debe honrarse el tratamiento sin impuestos del 97% de las líneas tarifarias de las exportaciones de los PMA (excluyendo armas y petróleo),

2. Hay urgente necesidad de transformar y reestructurar la gobernanza de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de promover la rendición de cuentas pública y la transparencia, que debe darse de acuerdo a las necesidades de los PMA. Además, para asegurar un sistema financiero más equitativo, democrático y sustentable, es crucial la participación democrática de todos los países en las negociaciones con las IFI e instituciones monetarias, teniendo como centro a la ONU.

3. A fin de afrontar la crisis económica en los PMA, deben ser inmediata, incondicional e irreversiblemente canceladas todas las deudas. Para facilitar este proceso, se necesita urgentemente establecer un mecanismo de proceso integral, que sea internacionalmente aplicable, transparente e imparcial.

4. Del mismo modo, es esencial la equitativa movilización de recursos financieros nacionales e internacionales a fin de alcanzar un desarrollo sustentable en los PMA, concentrándose especialmente en el acceso a infraestructura económica y social básica y a la protección social. Deben implementarse sin más retrasos las recomendaciones del CAD de la OCDE de 2001 referentes a desvincular la ayuda a los PMA5.

5. Es urgente aumentar los flujos de ayuda a los PMA a fin de permitirles hacer frente a la crisis económica y promover el desarrollo. A pesar del Consenso de Monterrey de 2002 sobre Financiación para el Desarrollo, que urgió a los países desarrollados a hacer “esfuerzos concretos para cumplir con el objetivo del 0,7% del producto nacional bruto (PNB) como AOD a los países en desarrollo”, y del 0,15% al 0,20% del PNB de los países desarrollados a los PMA para 2010, según lo convenido en la Plataforma de Acción  de Beijing, varios países parecen haber ignorado o fallado en cumplir estos objetivos.

6. Los PMA necesitan un paquete de estímulo especial en forma de subvenciones para combatir los impactos de la crisis económica. Si no se introduce ese paquete aumentarán las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos en esos países. En este contexto, son bienvenidas las recomendaciones de la Comisión de Expertos establecida por el presidente de la Asamblea General de la ONU (conocida como la “Comisión Stiglitz”) en cuanto a la reforma del sistema monetario y financiero internacional. Además, es necesario crear un sistema global de reservas y un consejo mundial de coordinación económica dentro de la ONU como parte de la reforma fundamental de la arquitectura financiera internacional. Del mismo modo, deben ponerse en acción inmediatamente los compromisos internacionales para abordar las causas subyacentes de la crisis económica mundial, y cumplir con los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, entre ellos, el Programa de Acción de Bruselas, los ODM y la Agenda de Accra para la Acción sobre la Eficacia de la Ayuda a los PMA. Es pertinente destacar y llamar la atención de la comunidad internacional sobre el hecho de que fracasar en el logro de los ODM en los PMA significará su ruina absoluta.

Conclusión

El mundo globalizado en el que vivimos exige nuevos enfoques globales. Si pretendemos alcanzar los objetivos a los que todos proclamamos aspirar, debemos asegurarnos de que el trabajo que realizamos para aliviar las devastadoras consecuencias de la presente crisis económica mundial sea usado como una oportunidad para alcanzar una verdadera transformación del sistema global, de modo que cada habitante del planeta tenga mejores oportunidades de tener una vida significativa y segura. El éxito dependerá de cómo abordemos las necesidades de quienes enfrentan los mayores desafíos, en particular de aquellos que viven en los PMA.

1 Criterios para los PMA: En la revisión de 2006 de la lista de los PMA que se realiza cada tres años, el Comité de Naciones Unidas para Políticas de Desarrollo (CPD) usó los tres criterios siguientes para identificar dichos países:
(i) Un criterio de bajos ingresos, basado en una estimación promedio de tres años del ingreso nacional bruto (INB) per cápita (menos de USD 745 para la inclusión, más de USD 900 para la graduación);
(ii) Un criterio del estado del capital humano, medido por un Índice de Activos Humanos (IAH) compuesto basado en: (a) nutrición: porcentaje de población desnutrida; (b) salud: tasa de mortalidad de niños de 5 años o menos; (c) educación: tasa de matriculación en enseñanza secundaria bruta; y (d) tasa de alfabetización de adultos; y
(iii) Un criterio de vulnerabilidad económica, medido por un Índice de Vulnerabilidad Económica (IVE) compuesto de: (a) tamaño de la población; (b) apartamiento; (c) concentración de exportación de mercancías; (d) participación de la agricultura, silvicultura y pesca en el PIB; (e) falta de hogar debido a desastres naturales; (f) inestabilidad de la producción agrícola; y (g) inestabilidad de las exportaciones de bienes y servicios.
Para ser añadido a la lista, un país debe cumplir con los tres criterios. Además, ya que el sentido fundamental de la categoría PMA – esto es, el reconocimiento de deficiencias estructurales – excluye a las economías grandes, la población no debe exceder los 75 millones. Para ser elegible para la graduación, un país debe alcanzar niveles de umbral de graduación en al menos dos de los tres criterios, o su INB per cápita debe exceder al menos dos veces el nivel de umbral, y debe considerarse alta la probabilidad de que el nivel de INB per cápita sea sustentable. Ver: <www.un.org/ohrlls>.
En cuanto a la revisión 2006 del trienio, el CPD recomendó que Papua Nueva Guinea fuera incluida en la lista de los PMA y que Samoa se graduara. Se consideró que Guinea Ecuatorial, Kiribati, Tuvalu y Vanuatu eran elegibles para graduación por primera vez. En resoluciones recientes (59/209, 59/210 y 60/33), la Asamblea General  decidió graduar a Cabo Verde a fines de 2007 y a Maldivas en enero de 2011. A fines de 2007, Cabo Verde se convirtió en el segundo país en graduarse del grupo PMA desde su establecimiento en 1974. Botswana abandonó el grupo en 1994.

2 Martin Khor, “Global Trends,” The Star Online, 14 de abril de 2008; ver “LDC Watch: Food Crisis: Defending food sovereignty in LDCs,” 2008. Disponible en: <www.ldcwatch.org>.

3 Ver WFP, “Cash roll-out to help hunger hot spots,” Roma, 12 de agosto de 2008. Disponible en: <wfp.org/english/?ModuleID=137&Key=2899>; “UN System Response to the World Food Security Crisis (a septiembre de 2008)”. Disponible en: <www.un.org/esa/sustdev/publications/trends_Africa2008/indx.htm>.

4 Ver FAO, “International Conference on Nutrition”, Roma, 1992; FAO, “World Food Summit Plan of Action”, 1996; FAO, “World Food Summit: Five Years Later”, 2002. Disponible en: <www.fao.org/worldfoodsummit/english/index.html>.

5 Las Recomendaciones del CAD de 2001 en cuanto a desvincular la AOD a los PMA fueron enmendadas el 15 de marzo de 2006, y más recientemente en julio de 2008, cuando se extendieron las Recomendaciones para incluir países de la iniciativa PPME que no sean PMA. Ver: <www.oecd.org/dac/untiedaid>.

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Region: 
left

La crisis mundial en el precio de los alimentos

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
En los países en desarrollo los pobres gastan más del 50% de sus ingresos en alimentos – los más pobres gastan 80% o más. La suba de los precios de los alimentos ha hecho crecer no solo la pobreza sino también el hambre. En la suba de precios de los productos agrícolas influyeron, entre otras circunstancias, los escasos suministros de agua, los altos costos de producción, las sequías y el cambio climático. Es necesario un nuevo sistema alimentario que respete los derechos políticos, sociales, culturales y ambientales tanto como la importancia económica de la agricultura. Los gobiernos deben integrar el respeto al derecho humano universal a la alimentación en toda planificación económica.

Sophia Murphy
Asesora principal, Trade and Global Governance Programme
Institute for Agriculture and Trade Policy

En los países en desarrollo los pobres gastan más del 50% de sus ingresos en alimentos – los más pobres gastan 80% o más. La suba de los precios de los alimentos ha hecho crecer no solo la pobreza sino también el hambre. En la suba de precios de los productos agrícolas influyeron, entre otras circunstancias, los escasos suministros de agua, los altos costos de producción, las sequías y el cambio climático. Es necesario un nuevo sistema alimentario que respete los derechos políticos, sociales, culturales y ambientales tanto como la importancia económica de la agricultura. Los gobiernos deben integrar el respeto al derecho humano universal a la alimentación en toda planificación económica.

Comenzando en 2005 y alcanzando su punto máximo en julio de 2008, muchos de los precios de los productos agrícolas alcanzaron sus niveles más altos en 30 años en los mercados mundiales. En algunos casos, batieron nuevos récords. Desde marzo de 2007 a marzo de 2008, el precio del arroz subió 74%, y la mayor parte del aumento se registró en apenas unas semanas de marzo de 2008. El precio del trigo se duplicó con creces, con un aumento de 130% durante el mismo período: de marzo de 2007 a marzo de 20081.

Pero cuando el precio del petróleo colapsó (desde su pico más alto, de USD 150 el barril en junio de 2008, cayó a USD 40 unos meses más tarde), los precios de los productos agrícolas en los mercados mundiales también cayeron. Sin embargo, tal como nos siguen recordando la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de la ONU y otros, los precios de los alimentos casi no disminuyeron en muchos países en desarrollo; por el contrario, están más altos que hace dos o tres años. En 10 países los últimos precios son los más altos registrados. La FAO informa que la persistencia de precios altos es más evidente en África Subsahariana, donde en cada país considerado los precios del arroz están muy por encima de los registrados 12 meses antes. En 89% de los países africanos, los precios del maíz, mijo y sorgo han subido en comparación con el año anterior. Según el artículo, otras regiones también se ven afectadas, especialmente por el precio del arroz en Asia y del maíz y el trigo en Centro y Sudamérica.

Las personas pobres gastan más del 50% de sus ingresos en alimentos, mientras que las más pobres gastan 80% o más. Por ende, la reciente suba de precios hace inasequibles los alimentos. El resultado no es solo un aumento de la pobreza (no hay dinero para gastar en atención médica, en educación, en un emprendimiento o en cualquier otra cosa), sino también del hambre. Esto se traduce en una disminución de la productividad, insuficiencia en el desarrollo físico y mental de fetos, bebés y niños y, en última instancia, la muerte. Ninguna de estas muertes es inevitable. Tomemos en cuenta que, en 1966, una de cada tres personas padecía hambre crónica. Casi el 35% de la población global pasaba hambre, día tras día. Hacia 2005, la cifra se aproximaba a una de cada siete, alrededor del 15%. Esta drástica reducción ocurría al tiempo que la población mundial crecía rápidamente – el efecto neto era salvar a millones de personas de una vida con riesgos de salud y capacidad mental reducida.

El hambre crónica es algo que nosotros – gobiernos, sociedades, organizaciones comunitarias, y la ciudadanía en general – podemos eliminar.

¿Por qué sucedió?

El precio refleja una relación entre la oferta y la demanda, complicada por valores monetarios y especulación sobre lo que depara el futuro. Hay que tomar en consideración la oferta, la demanda y los factores institucionales.

La disminución de la oferta es frecuente en agricultura. Por lo general, un déficit de la oferta provoca un aumento de la producción por medio de precios más altos (más agricultores tienden a plantar la cosecha que alcanza los precios más altos). Generalmente hay un retraso (las cosechas llevan tiempo para madurar) y a menudo la respuesta de la oferta abruma la demanda potencial, de modo que hay un patrón común en la agricultura por el cual las alzas de precios conducen a períodos de mucha oferta y una depresión relativa de los precios, que duran mucho más que la suba de precios. Este fenómeno va unido a lo que los economistas llaman “demanda inelástica”: la gente debe comer para sobrevivir pero, una vez que la alimentación está cubierta, buscan gastar su dinero en otras cosas. Cuanto más ricas sean las personas, más pequeña será la porción de sus ingresos que gastan en alimentación. Esto también se conoce como la Ley de Engels, llamada así por el famoso economista del siglo XIX, quien fue el primero en escribir sobre este comportamiento.

En el siglo XXI, algunas cosas son un poco diferentes. En particular, hay una nueva y teóricamente ilimitada fuente de demanda de productos agrícolas que proviene del sector de los biocombustibles, junto a una  mayor presión sobre la cantidad y calidad de suelo y agua disponibles y de la incertidumbre respecto a cómo el cambio climático habrá de afectar las condiciones de crecimiento de las cosechas. Hay pruebas perturbadoras que sugieren que los últimos 50 años de constante mejora en la productividad agrícola pueden estar llegando a su fin.

Éstos son cambios estructurales que tienen implicaciones dramáticas en lo relativo a políticas públicas que protejan la seguridad alimentaria y la futura producción agrícola. Si la crisis alimentaria se refiere a problemas a corto plazo o reversibles (por ejemplo, una ley defectuosa, una urgente necesidad de flujos de fondos, una necesidad de subsidiar los fertilizantes) entonces los gobiernos harán cosas muy diferentes que si se entiende que la crisis es sobre problemas más profundos de los sistemas agrícolas y alimentarios.

A continuación presentamos una revisión rápida de las causas del aumento repentino y dramático de los precios de los productos agrícolas. Actualmente, existe un debate sobre la importancia que tiene y sigue teniendo cada uno de estos elementos.

Primero, la oferta:

1. Agua. La agricultura irrigada representa casi el 70% del uso de agua mundial. Produce el 40% de los alimentos mundiales en el 20% de las tierras agrícolas del planeta. Es muy productiva, pero la cantidad de agua que emplea a menudo es insustentable. Aproximadamente 1.400 millones de personas viven en áreas con escasez de agua. Una dieta rica en carne y productos lácteos, común en los países más desarrollados y cada vez más común en la mayor parte del Sur global, ejerce mucho más presión sobre el abastecimiento de agua en el mundo que una dieta basada en proteínas vegetales.

2. Reservas. Las reservas mundiales de alimentos se han reducido a la mitad desde 2002. Se estima que hoy día el mundo tiene reservas para aproximadamente dos meses, que es la protección mínima recomendada por la FAO en caso de interrupción del suministro. Que haya bajas reservas significa que pequeños cambios en la oferta tienen un gran efecto en los precios. La relación reservas-uso para los granos no había sido tan baja desde 1972-1973; las reservas de trigo en particular nunca fueron tan bajas. Los gobiernos y las empresas privadas confiaron en que las bajas reservas a nivel nacional se podrían compensar por medio del acceso a un mercado global sujeto a tratados comerciales liberalizados. Por tanto, la disminución de las reservas no provocó inmediatamente una suba de precios, como hubiera sucedido en épocas pasadas. Cuando el mal tiempo golpeó a varios de los principales proveedores mundiales simultáneamente, y por varios años consecutivos, nadie estaba preparado con reservas adecuadas y los precios comenzaron a subir – tardía pero rápidamente.

Hay un cierto debate en cuanto a si los bajos niveles de reservas eran tan importantes. Por ejemplo David Dawe, de FAO, sugiere que la mayor parte de la caída se debió solamente a China, que decidió disminuir sus muy considerables reservas a un nivel más manejable2. Sin embargo, es posible argumentar que cuanto más dependa China (que alberga a más del 15% de la población mundial) de los mercados mundiales, más importante será mantener una reserva fuerte porque China, por sí sola, necesita enormes cantidades de alimentos para mantener la seguridad alimentaria a nivel interno. Dawe también señala que las reservas de algunas cosechas, como el trigo, han venido descendiendo durante décadas. Y aquí se plantea la pregunta: ¿qué tan bajo es demasiado bajo? El trigo sigue siendo fundamental para la seguridad alimentaria. ¿Habrá un punto en donde simplemente la reserva de trigo sea demasiado poca como para confiar que esté disponible en los mercados mundiales si uno o varios exportadores grandes padecen malas cosechas?

“ El 69% de los sudaneses vive bajo la línea de pobreza, especialmente las mujeres que trabajan en el sector agrícola. En los últimos años mejoraron los servicios de salud, pero los pobres todavía sufren debido al aumento del precio de los alimentos. La sociedad civil sudanesa reclama más financiación para el desarrollo, pero desde una perspectiva multidimensional, no sólo económica, que permita mejorar efectivamente la calidad de vida de toda la población. El desarrollo tiene que ser estratégico y debe incluir la participación de las mujeres a nivel de base.”

Niemat Kuku (Gender Research and Training Center, Sudán)

3. Costos de producción. El precio de los fertilizantes, el petróleo, los pesticidas y las semillas aumentaron abruptamente entre 2007 y 2008. Los fertilizantes se elevaron más que cualquier otro grupo de materias primas (incluso el petróleo) desde 2007 y desde 2000 (es decir, tanto en el corto como en el largo plazo). El encarecimiento del petróleo fue responsable de la mayor parte de la inflación del precio de los alimentos en los países desarrollados y perjudicó también a los países pobres. Los costos más altos de los insumos encarecen la producción de alimentos y reducen los ingresos netos de los productores agrícolas en áreas rurales que dependen de insumos externos para su labor.

4. Sequía. Las sequías parecen ser más frecuentes y más extendidas hoy que en cualquier momento de la historia reciente, exacerbadas por la desertificación y la deforestación,  por una deficiente planificación urbana y el uso excesivo de las reservas de agua subterránea. En 2007, la mayoría de los principales exportadores de trigo - entre ellos Australia, Argentina y Estados Unidos - sufrieron problemas con las cosechas relacionados con el clima. El resultado fue una disminución de la oferta en los mercados mundiales.

5. Cambio climático. El cambio climático afecta las precipitaciones y las temperaturas, ambas vitales para la productividad agrícola. Apenas una variación de uno o dos grados (un umbral que la mayoría de los expertos pronostica será superado) reducirá la producción de alimentos en las regiones tropicales y subtropicales. Los expertos predicen que entre 75 y 250 millones de personas en África sentirán los impactos del cambio climático; y se espera que en algunas regiones alimentadas por lluvia, la producción agrícola pierda la mitad de su potencial hacia 2020. En Asia Central, Meridional y Sudoriental, los niveles decrecientes de los ríos reducirán la irrigación y, por lo tanto, la producción. La FAO estima que 65 países – que albergan aproximadamente a la mitad de la población del mundo – verán una caída de la producción de cereales debido al cambio climático3.

Luego, la demanda:

6. Población. Cada año, se agregan otros 78 millones de personas a la población total de la tierra. El crecimiento disminuye gradualmente, pero se espera que alcancemos los 9.000 millones de personas antes de que la población mundial se estabilice en 2050.

7. Dieta. Más importante aún, lo que la gente come está cambiando. Cada año, más personas comen como los occidentales ricos. En otras palabras, comen demasiadas calorías, especialmente grasas y azúcar, y alimentos preparados, tratados y transportados empleando un exceso de agua y energía. En los países desarrollados se desperdicia cerca de la mitad de los alimentos, la mayor parte se tira en los hogares, en los supermercados o en restaurantes cuyas porciones son demasiado grandes4. La dieta occidental degrada los ecosistemas y deteriora la salud. El cambio en lo que comen los ricos hace más cara la dieta de los más pobres, al reducir la tierra disponible para cultivos tradicionales, como mandioca, mijo, trigo y vegetales locales.

8. Biocombustibles. Los biocombustibles (también llamados agrocombustibles) son combustibles líquidos fabricados con materias vegetales. La mayoría de los biocombustibles comerciales de hoy se fabrican a partir de caña de azúcar, maíz, colza, aceite de palma o de soja. También se extienden cada vez más las plantaciones de jatrofa, una planta rica en aceite que puede usarse para la fabricación de biodiesel. Desde 2006, tanto la demanda como la oferta de biocombustibles han crecido exponencialmente. Se cree que en 2007 los biocombustibles consumieron más del 7% de la oferta mundial de semillas oleaginosas y aproximadamente el 4,5% de la cosecha global de cereales. Se estima que esta demanda puede haber afectado los precios mundiales de los alimentos entre un 10% a más de 70%. Los resultados dependen de suposiciones. Sin embargo, la expectativa de crecimiento constante de la demanda de biocombustibles, apoyada por los ambiciosos objetivos para su uso en la Unión Europea y Estados Unidos, ha provocado un alza de precios especulativos en los mercados de títulos futuros y ha ampliado la producción de materias primas de los biocombustibles, incluso en tierras ambientalmente sensibles, como las turberas de Indonesia y el Cerrado de Brasil.

Finalmente, un tercer elemento a considerar son los mercados, que median la relación entre la oferta y la demanda. La gobernanza de los mercados ha cambiado bastante en los últimos 20 años. Las nuevas regulaciones sobre comercio, inversiones y bolsas de comercio han jugado su parte en la crisis de los precios de los alimentos.

9. Especulación. La mayor parte de los productos agrícolas se comercializan en bolsas internacionales. Hasta hace poco, las bolsas de comercio (que en su mayoría se encuentran en Estados Unidos o en el Reino Unido) se regían por leyes que limitaban la participación de actores que no tuvieran la intención de comprar o vender materias físicas, sino que estuvieran interesados sólo en la especulación de precios. De esa forma, las leyes controlaban el nivel de la actividad especulativa. Las leyes se fueron cambiando gradualmente desde fines de los años 1980. En la bolsa de granos, por ejemplo, los especuladores estaban limitados a 11 millones de búshels5 de granos. En 2008, los dos mayores índices de fondos tenían una posición combinada de más de 1.500 millones de búshels. Cuando las regulaciones se flexibilizaron, las inversiones de los especuladores aumentaron rápidamente, de USD 13.000 millones en 2003 a USD 260.000 millones en marzo de 2008.

10. Inversión. Los gobiernos en todo el mundo liberalizaron considerablemente las leyes sobre inversiones desde el advenimiento de los programas de ajuste estructural y la proliferación de los tratados comerciales regionales y bilaterales. Muchos países redujeron o eliminaron las leyes que prohibían la propiedad extranjera de la tierra; otros redujeron las exigencias a las empresas extranjeras para invertir nuevamente sus ganancias en el país anfitrión, lo que disminuyó las ventajas potenciales de la inversión para la economía del país. Recientemente hubo un pronunciado aumento de los arrendamientos o compras de tierras en el extranjero para cultivar productos alimenticios o aptos para combustible para la reexportación al país inversor o, cuando están involucradas empresas privadas, para exportar a dondequiera que la demanda lo exija. Por ejemplo, una empresa con sede en Londres (Central African Mining and Exploration Company) arrendó 30.000 hectáreas en Mozambique para cultivar caña de azúcar. En Kenia, el Gobierno firmó el arrendamiento de 40.000 hectáreas para cultivar fruta y verduras frescas para exportar a Qatar. Estos negocios aumentan la presión sobre la tierra, el agua y la infraestructura, y se corre el riesgo de excluir la producción de alimentos para los mercados locales.

11. Comercio. Los tratados comerciales regionales e internacionales cambiaron el modo en que los precios mundiales se relacionan con los mercados de alimentos internos. Cuando las barreras comerciales se reducen, los precios mundiales están cada vez más directamente relacionados con los precios nacionales – que no son necesariamente los mismos, pero tienen un mayor impacto sobre los precios internos. A menudo se promueve que los mercados globales proporcionen acceso a un fondo global de ofertas. Sin embargo, el aspecto no examinado de esta integración es la creación de una competencia global entre los consumidores. Sin protección, los consumidores pobres pierden inevitablemente la batalla, y permiten a la globalización adueñarse de más y más tierras para la producción de combustibles y forrajes, en vez de destinarlas a la alimentación humana.

Causas estructurales

Vale la pena examinar en detalle algunas cuestiones que están detrás de la crisis. Por ejemplo, hay acuerdo generalizado en la necesidad de invertir para aumentar la capacidad productiva. La proporción de la Ayuda Oficial para el Desarrollo destinada a apoyar la agricultura cayó de 11,5% en los años 1980 a aproximadamente 3% en años recientes. La inversión nacional también disminuyó, sobre todo en los países en desarrollo. Esta tendencia debe revertirse y hay algunas señales de que esto pueda estar sucediendo. Sin embargo, la pregunta se mantiene: ¿inversión en qué tipo de tecnologías y sistemas productivos? El Gobierno estadounidense, la Fundación Gates y varios grupos de expertos y empresas privadas promueven la biotecnología como forma de aumentar la producción de los países en desarrollo. El lema que acuñaron es: “Una nueva revolución verde para África”. Pero la revolución verde en África ya se intentó. Y fracasó. Si la cuestión se ve nada más como un problema tecnológico y de productividad, entonces los nuevos esfuerzos también están condenados a fracasar.

El Banco Mundial, entre otros, alienta a los países a liberalizar los mercados de fertilizantes e incluso subsidiar el acceso a los fertilizantes y pesticidas (mediante recursos nacionales y de los donantes). Éste no es un modelo sustentable. La política también obliga a los pequeños productores a comprar (y a menudo a importar) los insumos, aumentando su dependencia en una economía de dinero en efectivo y reduciendo su poder de mercado.

Hay alternativas. Por ejemplo, el potencial para la agro-ecología es enorme, y cada vez mejor documentado. En 1988, en Bangladesh, un área llamada Tangail al noroeste de Dhaka fue afectada por inundaciones. La organización no gubernamental Unnayan Bikalper Nitinirdharoni Gobeshona (UBINIG) [Investigación de Políticas para Alternativas de Desarrollo], que ya trabajaba con los tejedores de la zona, ofreció su ayuda. El equipo de UBINIG conversó con mujeres que denunciaron que los pesticidas usados en la agricultura dañaban su salud y la de sus hijos, y mataban los vegetales silvestres y el pescado que constituyen su alimentación. Los aldeanos comenzaron a trabajar en un proyecto para desarrollar un sistema de producción agrícola que no utilizara insumos químicos. El proyecto creció y ahora se llama “Nayakrishi Andolon”, que en bengalí significa Nuevo Movimiento de Agricultura. El movimiento integra a más de 170.000 hogares rurales en 15 distritos de todo el país. Algunas administraciones municipales han declarado que sus jurisdicciones están libres de pesticidas6.

La Evaluación Internacional de Conocimiento, Ciencia y Tecnología Agrícolas para el Desarrollo (IAASTD), un proyecto de cuatro años en el que participaron más de 400 expertos y que hasta ahora han ratificado 58 gobiernos, afirma: “El conocimiento, la ciencia y la tecnología agrícolas deben abordar las necesidades de los pequeños establecimientos agrícolas en ecosistemas diversos y crear oportunidades realistas para su desarrollo donde el potencial para mejorar la productividad del área sea baja y donde el cambio climático pueda tener sus consecuencias más adversas”.

 

Petróleo y biocombustibles

Entender la importancia del petróleo como un componente central de la agricultura industrial ayuda a comprender las más profundas causas estructurales de la crisis alimentaria. En efecto, la Revolución Verde usó la cría de plantas y la tecnología para aumentar la fotosíntesis – el sistema agrícola impulsado por energía solar que ha alimentado a la humanidad, y a todas las criaturas del planeta, desde siempre – con combustibles fósiles. La Revolución Verde confió en la cría de semillas para responder a los más altos niveles de fertilizantes inorgánicos y agua. Y consiguió resultados extraordinarios, con un aumento considerable del rendimiento por planta. Una revolución tecnológica anterior ya había sustituido el trabajo humano y animal rural con máquinas impulsadas por petróleo. Con la Revolución Verde, los combustibles fósiles también comenzaron a proveer fertilizantes, pesticidas y electricidad para las bombas de irrigación.

Una implicación del aumento del petróleo como ingrediente vital de la producción alimentaria es que la agricultura se ha convertido en una fuente principal de emisiones de gas de efecto invernadero. Otra es que la agricultura se ha vuelto dependiente de un recurso finito. Una tercera es que la economía en el establecimiento agrícola se ha transformado con el reemplazo de insumos generados por el establecimiento (energía, semillas, fertilizantes, fumigación) con insumos que deben comprarse. Para muchos agricultores del Norte y del Sur los insumos comprados son importados, por lo que su precio es menos previsible.

Cifras recientes de Estados Unidos muestran que los aumentos de los costos agrícolas en 2007 y 2008 fueron los más grandes registrados de un año a otro: USD 20.500 millones en 2007 y USD 36.200 millones en 2008. Se espera que disminuyan a USD 22.700 millones en 2009, pero aún así son 9% más altos que en 20077. Los precios de los combustibles, forraje y fertilizantes contribuyeron al aumento considerable de los costos.

Hay todavía un candente debate sobre el papel de los biocombustibles en la crisis alimentaria. Nadie niega que la demanda de biocombustibles desempeñara un papel en el aumento de los precios de los alimentos, pero cuánto y a qué efecto es todavía tema de discusión. Los precios más altos para la mayoría de los agricultores son una necesidad. Al mismo tiempo, deben protegerse los intereses de los consumidores pobres, entre ellos los pequeños agricultores que a menudo son consumidores netos de alimentos. Pero los precios más altos para los agricultores son solo parte de la respuesta. El desafío es cómo asegurar una división más equitativa del valor de las materias primas entre agricultores, procesadores y minoristas. Los responsables de elaborar las políticas deben reparar el desproporcionado poder en el mercado de las grandes corporaciones de alimentos.

Inversiones en tierras en el exterior

La crisis alimentaria provocó un fenómeno inquietante: una explosión de interés entre los inversionistas por comprar o arrendar tierras en el extranjero. La prensa calificó al fenómeno como un arrebato de tierras. En octubre de 2008, la ONG con sede en Barcelona GRAIN incluyó una lista de cerca de 180 negocios propuestos en una revisión sobre el tema publicada en línea titulada ¡Se adueñaron de la tierra! El proceso de acaparamiento de la tierra por seguridad alimentaria y de negocios en  2008. Un informe sobre la cuestión del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), publicado en abril de 2009, estima que, desde 2006, 20 millones de hectáreas de tierra se vendieron en aproximadamente 50 acuerdos económicos, principalmente en África8.

Los dos grandes motores son las preocupaciones por la seguridad alimentaria y la demanda de biocombustibles. Los países importadores netos de alimentos, como Arabia Saudita y Corea del Sur, no confían en que los mercados mundiales sean suficiente garantía para el suministro. Mientras tanto, los mandatos y los objetivos para la incorporación mínima de biocombustibles en las políticas energéticas - en particular en la Unión Europea y los Estados Unidos, pero también en otros países alrededor del mundo - han creado un enorme interés entre los inversionistas privados por cultivar las materias primas de los biocombustibles (soja, aceite de palma y jatrofa para biodiesel; y caña de azúcar y maíz para bioetanol).

Los acuerdos son preocupantes desde varios puntos de vista. Las relaciones de poder son asimétricas; las grandes empresas y (mayormente) los países más ricos tratan con países pequeños y a menudo muy empobrecidos, muchos de ellos con instituciones de gobernanza débiles9. Entre ellos están Sudán, Pakistán, Etiopía, Madagascar y Zimbabwe. Algunos países de interés para los inversores reciben ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos: Camboya, Níger, Tanzanía, Etiopía y Birmania10.

El derecho a la alimentación

La Observación General sobre el Derecho a la Alimentación establece: “las raíces del problema del hambre y la desnutrición no son la falta de alimentos, sino la carencia de acceso a los alimentos disponibles”11. Un informe reciente del Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) afirma que “Estados Unidos tiene seguridad alimentaria, pero el Gobierno no protege el derecho a la alimentación de su población. El Departamento de Agricultura informa que aproximadamente el 11% de los hogares estadounidenses (y el 18% de los niños y niñas) carece de acceso a la alimentación adecuada en algún período del año. Dicha estadística representa 12,6 millones de personas. Y sin embargo, incluso descontando las exportaciones, la oferta interna de alimentos en Estados Unidos podría alimentar dos veces a cada persona en todo el país”12.

El informe continúa realizando una comparación entre Estados Unidos y Nepal, uno de los países más pobres del mundo, “Nepal está… tomando medidas para realizar el derecho a la alimentación. El nuevo Gobierno, formado tras una década de guerra civil, incluyó el derecho a la soberanía alimentaria en su Constitución preliminar. El 25 de septiembre de 2008, la Corte Suprema de Nepal, en reconocimiento de ese derecho, ordenó que el Gobierno suministrara inmediatamente alimentos a 32 distritos en donde hay escasez”.

¿Qué está haciendo la comunidad internacional?

En abril de 2008, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon creó un Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Crisis Alimentaria. El objetivo establecido era “promover una respuesta unificada al desafío de lograr la seguridad alimentaria mundial”13. El Grupo de Trabajo se estableció para coordinar las acciones de la ONU y las agencias de Bretton Woods con el objetivo de elaborar una respuesta colectiva a la crisis alimentaria. El Grupo de Trabajo está integrado por cerca de 15 agencias, oficinas y programas de la ONU, y por el Banco Mundial, el FMI y la OMC. Carece de recursos y no está claro todavía qué papel debería desempeñar.

De hecho, el Grupo de Trabajo produjo un Marco Integral para la Acción (MIA) en julio de 200814. El documento refleja las fuerzas y debilidades de su complicada composición: realiza un buen trabajo al establecer las causas múltiples que contribuyeron a la crisis, y también hace algunas recomendaciones importantes. Pero, por otra parte, también promueve políticas macroeconómicas que socavan sus propias recomendaciones15. Por ejemplo, destaca la importancia de invertir en la agricultura de pequeña escala. En efecto, si hay un acquis que rescatar de la crisis alimentaria, empezando por el Informe de Desarrollo Mundial 2008 del Banco Mundial, es la aceptación en el discurso multilateral respecto a la importancia de que los pequeños agricultores tengan una voz política. Sin embargo, a continuación el MIA alienta a los gobiernos a completar la Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales, y apoya aumentar la financiación de la Ayuda para el Comercio. La Agenda de Doha no tiene prácticamente nada que ofrecer a los países que enfrentan una crisis de precios de los alimentos16. La agenda es el producto de otro tiempo, aunque reciente, y parece cada vez más fuera de lugar ante la escasez de materias primas, la ambivalencia en relación al comercio entre los principales exportadores de alimentos y una severa contracción del crédito que contribuye a lo que la OMC espera será la más grande en volúmenes comerciales globales desde la Segunda Guerra Mundial17.

Al presidente francés Nicolas Sarkozy se le ocurrió otra idea: una “Alianza Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria”. Presentada primero durante la cumbre de la FAO sobre la crisis alimentaria en junio de 2008, la idea fue recogida por los miembros del G-8 en los meses siguientes e impulsada por el Gobierno de España, que hizo circular un documento llamado “El Proceso de Madrid: Hacia una Alianza Mundial Inclusiva para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria”, unos días antes de la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria para Todos que se celebró en Madrid en enero de 2009. Esto puso en movimiento un esfuerzo conjunto para aumentar la eficacia de la lucha contra el hambre tanto a nivel local como mundial.

La iniciativa de la Alianza Mundial tiene potencial, pero no está claro hacia dónde se dirige. La propuesta inicial de Sarkozy preveía una iniciativa orientada a las políticas de gran alcance que, además de generar nueva financiación, brindaría un espacio para que los gobiernos diseñaran una estrategia global para la seguridad alimentaria basada en el liderazgo de un grupo de expertos internacionales con autoridad en la materia. Las discusiones sobre el tema han tendido a concentrarse en aumentar la coordinación de los donantes, dejando de lado las discusiones políticas. También hay desacuerdo sobre si la iniciativa sería liderada principalmente por el G-8 o quedaría en la órbita de la ONU. Hasta ahora, no se ha identificado ningún calendario ni apoyo económico disponible para facilitar el proceso.

¿Qué más se podría hacer?

El fracaso en la erradicación del hambre es el resultado de opciones políticas. Sabemos cómo practicar una agricultura más sustentable. Sabemos regular mejor los mercados. Sabemos que la seguridad alimentaria debe construirse partiendo de una fuerte base local. Los nuevos sistemas agrícolas y alimentarios deberían promover la integridad ambiental, la soberanía democrática, la responsabilidad extraterritorial; deberían dar prioridad a las necesidades locales; y deberían proteger la equidad así como la eficacia en los intercambios mercantiles18.

No hay un único y simple camino para terminar con la crisis alimentaria y transformar el sector agrícola a fin de proteger a la gente del hambre. Se necesitan medidas de corto, medio y largo plazo. Las acciones tienen que incluir una amplia variedad de grupos de presión. Tienen que abarcar a una diversidad de sectores: agricultura, energía, finanzas, comercio, ambiente, investigación y desarrollo. Para obtener resultados rápidos, algunas medidas importantes serían: controlar la presión generada por la demanda de biocombustibles (por ejemplo, eliminando los objetivos de los biocombustibles o insistiendo en criterios mucho más estrictos que tengan el apoyo público); más y mejor ayuda humanitaria que priorice la inversión en la capacidad productiva local y regional; regular la demanda especulativa de los mercados futuros de productos agrícolas; examinar las restricciones internas al comercio agrícola; y aumentar la producción agrícola.

Un segundo conjunto de acciones debe señalar el camino hacia la transformación de los modelos industriales agrícolas a uno más sustentable ecológicamente y más controlado a nivel local. Estas medidas de acción más lenta incluyen la inversión en infraestructura y capacidad productiva que respete la producción y el procesamiento locales, la inversión en investigación y extensión, con énfasis en patrones culturales y de consumo de alimentos locales, el fortalecimiento de las instituciones (que abarquen los procedimientos legales y la responsabilidad política), una revaloración de las políticas comerciales agrícolas, una mayor regulación del poder del mercado (sobre todo de las corporaciones transnacionales activas en el sistema alimentario), el establecimiento de reservas de granos que conlleven una rendición de cuentas pública, e inversión en energías renovables. También es absolutamente prioritario terminar con el desperdicio colosal de alimentos. En el Sur la basura se acumula debido a malos almacenajes, transportes y otra infraestructura. En el Norte, se debe a un sistema alimentario excesivo en cada fase de la producción, procesamiento y distribución de los alimentos. Todo esto puede y deber ser contenido.

La crisis alimentaria es más que problemas a corto plazo, reversibles. Los gobiernos deben establecer simultáneamente redes de protección para quienes padecen hambre, invertir en la producción agrícola sustentable y comenzar a abordar el tema del acceso. Éste es el quid del asunto desde la perspectiva del derecho a la alimentación, y el núcleo de la verdadera crisis de alimentos que aflige a nuestro mundo.

1 El aumento de precios fue mucho más dramático en dólares nominales que en otras monedas. Desde 2002, los precios mundiales del maíz aumentaron 143% en dólares nominales, pero sólo 37% en euros reales (es decir, constantes). Los países en desarrollo que pagan sus importaciones de alimentos en una moneda vinculada al dólar estadounidense vieron variar los precios mucho más que los países que son más independientes o cuyas monedas están vinculadas al euro.

2 Dawe, David. “The Unimportance of ‘Low’ World Grain Stocks for Recent World Price Increases”, ESA Working Paper No. 09-01, Ginebra, febrero de 2009.

3 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “Falling prices in perspective, 2009”. Disponible en: <www.fao.org/docrep/011/ai474e/ai474e13.htm>.

4 El Instituto Internacional del Agua de Suecia estima que el mundo en desarrollo también desperdicia la mitad de los alimentos que produce, porque se deja en los campos, se almacena en malas condiciones, o no puede ser transportado por falta de caminos adecuados u otra infraestructura de transporte.

5 El búshel es una unidad de peso que se usa para comprar o vender en los mercados de materias primas. A cada grano que debe ser medido en búshels se le asigna un peso estándar. Según el grano de que se trate y el contenido de humedad, el búshel puede variar entre 14 y 27 kg.

6 Ver Mazhar, F. et al. Food Sovereignty and Uncultivated Biodiversity in South Asia, Academic Foundation: New Delhi; International Development Research Centre: Ottawa, 2007 pp. 3-4. Disponible en: <www.idrc.ca/openebooks/337-9/>.

7 Ver: <www.ers.usda.gov/Briefing/FarmIncome/nationalestimates.htm>. Consultado el 7 de mayo de 2009. Las cifras se actualizan regularmente.

8 Van Braun, J. y Meinzen-Dick, R. “Land Grabbing by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities”, IFPRI Policy Brief, 13 de abril de 2009.

9 Cotula, L., Dyer, N. y Vermeulen, S. Bioenergy And Land Tenure: The Implications Of Biofuels For Land Tenure And Land Policy. International Institute for Environment and Development (IIED) y FAO: Londres y Roma, 2008.

10 World Food Programme Operations List. Disponible en: <www.wfp.org/operations/list>.

11 Citado en Smaller, C. y Murphy, S. “Bridging the Divide: A Human Rights Vision for Global Food Trade”, 2008 Disponible en: <www.tradeobservatory.org/library.cfm?RefID=104458>.

12 Cotula, L., Dyer, N. y Vermeulen, S. op. cit.

13 Ver: <www.un.org/issues/food/taskforce/>.

14 Disponible en: <www.ransa2009.org/docs/Comprehensive_framework_for_action_ransa2009.pdf>.

15 Para una perspectiva crítica de la MIA ver también Foodfirst Information & Action Network (2008).

16 Ver: Institute for Agricultural and Trade Policy (IATP) “Can Aid Fix Trade? Assessing the WTO’s Aid for Trade Agenda”, 22 de septiembre de 2006. Disponible en: <www.iatp.org/tradeobservatory/genevaupdate.cfm?messageID=120812> y “Seven Reasons Why the Doha Round Will Not Solve the Food Crisis”, mayo de 2008. Disponible en: <www.iatp.org/iatp/publications.cfm?refid=102666>. También Trócaire. Briefing Paper: Implementing Aid for Trade (AfT) to Reduce Poverty, marzo de 2009. Disponible en: <www.trocaire.org/uploads/pdfs/policy/implementingaidfortrade.pdf> y Caliari, A. “Civil Society Perspectives on the Aid for Trade Debate,” en Njinkeu, D. y Cameron, H. (eds.), Aid for Trade and Development, Cambridge University Press: New York, 2007.

17 Organización Mundial del Comercio (OMC). “WTO sees 9% global trade decline in 2009 as recession strike’, Comunicado de Prensa, 23 de marzo de 2009. Disponible en: <www.wto.org/english/news_e/pres09_e/pr554_e.htm>.

18 Ver: De la Torre Ugarte, D. y Murphy, S., “The Global Food Crisis: Creating an Opportunity for Fairer and More Sustainable Food and Agriculture Systems Worldwide.” Ecofair Trade Dialogue Discussion Papers, 11, 2008 Misereor & the Heinrich Böll Stiftung: Alemania.

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Las obligaciones de las empresas transnacionales frente a los derechos humanos y el papel de la sociedad civil

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
Las organizaciones de la sociedad civil emplean una variedad de métodos para que las corporaciones se responsabilicen por sus obligaciones relativas a derechos humanos y laborales. Estas iniciativas y mecanismos pretenden, con diverso grado de efectividad, promover y proteger los derechos humanos y laborales fundamentales. Aun cuando representan un primer intento de abordar las debilidades inherentes del modelo unilateral y voluntario de la Responsabilidad Social Empresarial, la única solución realmente eficaz sería un cambio de paradigma tanto del marco de los derechos humanos para las corporaciones como del modelo económico en general.

Jana Silverman,
Social Watch
Álvaro Orsatti,
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas

Las organizaciones de la sociedad civil emplean una variedad de métodos para que las corporaciones se responsabilicen por sus obligaciones relativas a derechos humanos y laborales. Estas iniciativas y mecanismos pretenden, con diverso grado de efectividad, promover y proteger los derechos humanos y laborales fundamentales. Aun cuando representan un primer intento de abordar las debilidades inherentes del modelo unilateral y voluntario de la Responsabilidad Social Empresarial, la única solución realmente eficaz sería un cambio de paradigma tanto del marco de los derechos humanos para las corporaciones como del modelo económico en general.

La crisis financiera y económica que azota el mundo no es simplemente otro declive cíclico, de tipo endémico, del sistema capitalista. La misma representa un colapso espectacular del modelo económico neoliberal. La implementación de este modelo, que prescribía la desregulación del sector financiero, la liberalización comercial y la privatización de las empresas y organismos del Estado, llevó no solo a la desestabilización de los mercados mundiales, sino al establecimiento de un severo y global desequilibrio de poder entre los trabajadores, las empresas privadas y los Estados.

Durante el auge de neoliberalismo, muchas empresas aprovecharon el avance de las comunicaciones y la infraestructura del transporte, las laxas regulaciones nacionales y la venta de los activos lucrativos del Estado para transformarse en gigantescos conglomerados transnacionales con una considerable presencia en todo el mundo, obteniendo ganancias sin precedentes durante el proceso. Su poder económico les dio enorme influencia política en los países en desarrollo, ansiosos por atraer la inversión directa extranjera. Estos países intentaron hacer “más atractivos” sus territorios para las multinacionales reforzando la legislación sobre protección de las inversiones y debilitando las leyes laborales y ambientales. De esta forma, además de sus consecuencias económicas, la proliferación de las inversiones de las empresas multinacionales en los países en desarrollo, durante las últimas décadas, ha tenido impactos sociales y ambientales profundos, a tal punto que algunas multinacionales han sido cómplices de graves violaciones de los derechos humanos, sociales, laborales y ambientales fundamentales.

Corporaciones transnacionales y obligaciones en materia de derechos humanos

Generalmente, las empresas – en particular las compañías transnacionales – son entidades privadas no gubernamentales, sujetas solo a las leyes nacionales del país donde está su sede central o a las de aquellos en los que posee inversiones. Aunque estas compañías pueden tener una significativa presencia en muchos países, se considera que, técnicamente, no tienen personería jurídica internacional – limitada a los Estados y a ciertas organizaciones intergubernamentales como la Unión Europea o la ONU. Esto significa que, en términos generales, las empresas no han estado sujetas a los derechos y obligaciones de la ley internacional, incluida la ley internacional sobre derechos humanos.

Sin embargo, en la práctica, esta interpretación está siendo gradualmente revisada. Algunos académicos contemporáneos abogan por conceder a las empresas transnacionales derechos neo-feudales o corporativos1. Varios tratados internacionales – especialmente, los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre comercio e inversiones – otorgan a las empresas transnacionales derechos específicos que pueden exigirse ante los tribunales del país anfitrión o en tribunales internacionales de arbitraje2. Por ejemplo, las disposiciones del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte permiten que los inversores presenten reclamos directamente contra los Estados participantes por supuestas violaciones de los requisitos de inversión del tratado. Del mismo modo, muchos tratados de inversión bilaterales incluyen mecanismos que permiten que las compañías presenten reclamos contra los Estados signatarios ante tribunales de arbitraje, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por expropiaciones, pérdidas derivadas de perturbaciones civiles y restricciones a la repatriación de capital y otros asuntos3. Las implicaciones de estas cláusulas son profundas. Desde 1995 se firmaron más de 370 tratados comerciales bilaterales y multilaterales y se concluyeron más de 1.500 tratados de inversión bilaterales, que involucraron a prácticamente todas las principales economías del mundo4. Estos acuerdos confieren a las corporaciones derechos supranacionales, sin conceder los respectivos derechos a las personas que se ven perjudicadas por sus acciones.

Hoy en día, las obligaciones referidas a promover y proteger los derechos humanos se están volviendo, tanto en la teoría como en la práctica, más explícitas para los actores no estatales – como las empresas comerciales. Por ejemplo, el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos llama a que “cada individuo y cada órgano de la sociedad” defiendan y promuevan los principios contenidos en la Declaración. Según los expertos legales, esa obligación incluye a todas las personas y a todas las entidades legales, como las empresas5. Otros estándares internacionales en el campo de la “ley blanda” que, en forma directa, imponen a las empresas obligaciones sobre derechos humanos son la Declaración Tripartita de la OIT, formulada en 1977, y las Directrices OCDE sobre Multinacionales (adoptadas en 1976 y revisadas en 2000).

Además, cada vez más compañías diseñan y ponen en práctica políticas específicas sobre derechos humanos. Según el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos6, más de 240 empresas han formulado sus propias pautas y más de 5.200 compañías están listadas como miembros activos del Pacto Global de la ONU7, una iniciativa multisectorial que compromete a las empresas a respetar los principios universales relativos a los derechos humanos, laborales y ambientales y a las prácticas anticorrupción.

Sociedad civil y Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

La cambiante relación entre las empresas y los derechos humanos está estrechamente unida al surgimiento de la RSE, definida por la Comisión Europea como un “concepto por el cual las empresas integran, en forma voluntaria, la temática social y ambiental en sus operaciones comerciales y en sus interacciones con otros actores interesados” 8. Aunque desde al menos los años 1950 algunas compañías hayan puesto en práctica programas filantrópicos para beneficiar a sus empleados, comunidades locales y sociedad en general, el concepto actual es diferente. Éste promueve la incorporación de los derechos humanos, sociales y ambientales como parte integral de las estrategias empresariales, no con el fin de cumplir un imperativo moral o ético, sino simplemente como una buena práctica empresarial que puede minimizar los riesgos y mejorar el desempeño de la compañía.

“ Los impactos de la crisis se manifiestan en los despidos masivos en bancos extranjeros, tales como el Banco BBVA, el Santander y el HSBC. A los trabajadores nos han quitado las reivindicaciones que hemos tenido. Sobre los deudores el impacto también es bastante grande, ya lo estamos viendo. Les están quitando sus viviendas cuando no pueden pagar. Lo hacen utilizando cuerpos militares del Estado que son para la seguridad, no para dejar en la calle a una pobre y humilde persona que tiene una vivienda y que no ha podido pagar.”

Janio Romero (Dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, Colombia)

Este cambio en el concepto y la práctica de la RSE no provino de un cambio de opinión espontáneo dentro de la comunidad empresarial. Es el resultado del trabajo de periodistas y organizaciones de la sociedad civil que expusieron las graves violaciones de derechos, directa o indirectamente cometidas por los actores empresariales, lo que llevó a protestas generalizadas e impulsó la demanda de un mayor control social de las empresas. Las primeras iniciativas de la sociedad civil tendientes a exigir la rendición de cuentas de las empresas responsables por los abusos de los derechos incluyeron las campañas innovadoras de principios de los años 1990, relativas a la mala praxis laboral incurrida por Nike en Indonesia y otros países del sudeste asiático y la complicidad de la Royal Dutch Shell en la ejecución de Ken Saro Wiwa y otros activistas de derechos humanos en Nigeria. Entre las campañas más recientes se pueden mencionar las denuncias a Coca-Cola por la presunta participación de sus embotelladores en Colombia en el asesinato de líderes sindicales.

La reacción típica de las empresas bajo escrutinio, en tales casos, fue tratar de mitigar el daño a sus operaciones y su imagen, estableciendo principios y prácticas como “códigos de conducta” e “informes de sustentabilidad” para prevenir que volvieran a suceder acontecimientos similares. Muchas otras empresas, que no fueron prácticamente afectadas por ese tipo de campañas, han adoptado medidas similares. Por ejemplo, en 2008, más de 1.000 compañías publicaron informes detallados sobre su desempeño social y ambiental, aplicando las pautas de la Global Reporting Initiative9.

“ Comencé a trabajar en una importante productora española de cine y publicidad, que abrió una sucursal aquí en Argentina en el 2007. Cuando estalló la crisis, todo empezó a complicarse. El trabajo disminuyó muchísimo, y pasamos hasta un mes sin filmar. En enero me avisaron que me iban a despedir. Recibí la indemnización correspondiente y comencé a buscar trabajo. Desde entonces y hasta ahora, no conseguí nada digno. Lo poco que hay son trabajos prácticamente esclavos de 8 o 9 horas, por sueldos indignos. A mi ya no me quedan muchos ahorros, y vivo sola en un departamento que alquilo, así que tengo que conseguir algo urgente. ¿Qué voy a hacer si no?”

Joven trabajadora de Buenos Aires

A pesar de la diversidad de iniciativas surgidas en los últimos años, casi todas fueron, voluntarias, unilaterales y carecieron de mecanismos obligatorios que podrían usarse para invocar sanciones reales y no solo morales, en casos de complicidad empresarial por violación de los derechos. Por esta razón, un amplio segmento de la sociedad civil, que incluye a sindicatos, organizaciones de derechos humanos y grupos ambientalistas, tiende a considerar esas iniciativas de responsabilidad empresarial con escepticismo, como mecanismos para mejorar la imagen pública de las empresas pero que no abordan los problemas de fondo, derivados de sus prácticas sociales y ambientales. Dicho esto, muchos grupos de la sociedad civil utilizan el concepto de responsabilidad social para desarrollar mecanismos más transparentes y eficaces a la hora de reclamar la responsabilidad de las empresas respecto de sus obligaciones en materia de derechos humanos, laborales y ambientales, según se definen en las normas internacionales y las leyes nacionales.

Algunos de los desafíos fundamentales que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil al tratar de buscar reparaciones por violaciones de los derechos humanos, apoyadas o instigadas por las corporaciones multinacionales, son la falta de mecanismos legales en la jurisdicción del país anfitrión con leyes nacionales laxas, sistemas de justicia ineficaces, falta de voluntad política para procesar a los inversores o una combinación de todos estos obstáculos. Sin embargo, desde 1992 se iniciaron varios juicios civiles contra las corporaciones transnacionales desde un criterio poco usado de una ley estadounidense llamada Alien Tort Claims Act (ATCA), que fue invocada y reafirmada en los años 1980 en un caso que involucraba a individuos10, y la sucesiva aprobación de la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura11. Basándose en el precepto de jurisdicción universal para delitos que implican la “ley de las naciones”, esta legislación da derecho a los tribunales estadounidenses a dictaminar en casos de graves violaciones a los derechos humanos, independientemente de la ubicación y la nacionalidad de los autores y sus víctimas. Entre 1993 y 2006 algunas ONG, como International Labor Rights Fund, Earthrights International y Center for Constitutional Rights, entablaron 36 juicios basados en la ATCA contra empresas multinacionales en los Tribunales Federales estadounidenses, denunciando la supuesta complicidad empresarial en casos de violación de los derechos humanos.

Hasta la fecha, sin embargo, ninguna empresa ha sido encontrada culpable de acuerdo a la ATCA. De los 36 casos presentados, 20 fueron sobreseídos12, unos a causa de que los delitos cometidos no entraban dentro del ámbito de la ley (que sólo se aplica a violaciones de normas “específicas, universales y obligatorias” como tortura, genocidio, delitos de lesa humanidad y ejecuciones sumarias) y otros por motivos relacionados con una ley de prescripción aplicable o la incapacidad de presentar pruebas suficientes que unieran a la empresa con el delito cometido. Varias de las empresas, como Drummond Mining y Chevron, fueron encontradas no culpables por el jurado. En los restantes casos las empresas llegaron a un acuerdo extrajudicial o el proceso aun continúa.

Por el lado positivo, los acuerdos privados a los que se llegó por la vía extrajudicial, como en el caso del juicio contra la Shell por el asesinato de los activistas nigerianos mencionados anteriormente, han sido ejemplares: la empresa acordó un pago de USD 15,5 millones a las víctimas13. En general, aunque la ATCA no haya creado todavía un fuerte efecto disuasivo entre las corporaciones potencialmente implicadas en abusos de derechos humanos, estableció un importante precedente para el uso de mecanismos legales innovadores basados en la jurisdicción extraterritorial que podrían preparar el terreno para la creación de nuevos foros como un “Tribunal Criminal Internacional”, que brindaría soluciones obligatorias a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por empresas comerciales.

Sindicatos e instrumentos de RSE

La experiencia de los sindicatos en el uso de instrumentos de RSE está basada en una estrategia que fue definida previamente por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en el campo internacional. Esta estrategia establece que las compañías tienen “una responsabilidad interna” hacia sus trabajadores que debería ser regulada y obligatoria. Los mecanismos para llevarla a cabo incluyen la Declaración Tripartita de la OIT, las Directrices OCDE sobre Multinacionales y los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) negociados entre las Federaciones Sindicales Internacionales y las empresas multinacionales.

Se estima que las Federaciones Sindicales Internacionales firmaron cerca de 70 AMI; aunque no existe ningún registro centralizado y actualizado14. Estos acuerdos están basados en la “responsabilidad social interna” de las empresas, y vinculados claramente con las normas de la OIT. Especialmente la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), la federación de trabajadores del sector de servicios (UNI), la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM, por su sigla en inglés) y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), que constituyen el 80% del total, participan intensamente en la negociación de estos acuerdos. Las Federaciones Sindicales Internacionales participan también en otras clases de trabajo con empresas e institutos copatrocinados por organizaciones empresariales, como el que tiene que ver con la Federación Internacional de Periodistas (FIP), y con foros multisectoriales, como el relacionado con la producción de café en la cual participa el Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA). A nivel subregional se han organizado otros acuerdos marco.

Una vez firmados, los AMI pueden usarse de diferentes modos. Las compañías tienden a usarlos como prueba de su compromiso con la responsabilidad empresarial, ya que su firma y cumplimiento son voluntarios. El movimiento sindical y diversos académicos europeos ponen esta perspectiva en tela de juicio, con el objetivo de construir una estrategia para hacer que los contenidos de los acuerdos marco sean vinculantes. Mientras tanto, las denuncias sindicales de prácticas empresariales que violan las cláusulas de un acuerdo marco a veces obligan a las empresas multinacionales a cambiar sus políticas; por ejemplo, aprobando la formación de sindicatos en sus filiales en el exterior.

Los 30 países miembro de la OCDE adoptaron las Directrices para Empresas Multinacionales, así como nueve países observadores, que incluyen a Argentina, Brasil, Chile y Perú en América Latina. Este instrumento incluye un mecanismo de quejas explícito que puede ser activado cuando se identifica una violación al espíritu y la letra de una cláusula de las Directrices. El alcance temático de las Directrices es bastante amplio. Además de los derechos laborales, las cláusulas cubren el medio ambiente, los derechos del consumidor, ciencia y tecnología y la competencia. Las quejas se presentan ante “puntos de contacto nacionales” que los Estados deben establecer obligatoriamente. Las Directrices piden la conformidad voluntaria de las empresas, lo que significa que pueden ignorar los esfuerzos de mediación de los Estados con respecto a las denuncias presentadas por una parte interesada. Sin embargo, una vez que el proceso se completa, el punto de contacto nacional puede hacer públicas las acciones negativas de la empresa y las opiniones críticas en su contra. Por consiguiente, recurrir al mecanismo de quejas de las Directrices tiene consecuencias similares a los fallos de la Comisión de Expertos de la OIT. Aunque los empleadores afirman con frecuencia que este mecanismo va más allá de su concepto de RSE, se reconoce ampliamente no sólo por las organizaciones de la sociedad civil sino también por los Estados de países que pertenecen a la OCDE.

Hasta la fecha, se han presentado aproximadamente 200 quejas ante los puntos de contacto nacionales, 80% de las cuales fueron presentadas por sindicatos. Según el Comité Asesor Sindical (TUAC, por su sigla en inglés), los reclamantes consiguieron resultados satisfactorios en cerca de la mitad de los casos. A fines de 2008, había 24 quejas presentadas por sindicatos en América Latina, y otras 10 presentadas por ONGs. La proporción de reclamantes que obtuvieron un resultado positivo fue similar al nivel global.

La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), creada en marzo de 2008 con sede en Sao Paulo, ha desarrollado una estrategia explícita en cuanto a la RSE, basada en la de la CIS. Está trabajando con las federaciones de Sindicatos Globales y el TUAC en cuestiones relacionadas con los acuerdos marco globales y las Pautas de la OCDE, en particular, apoyando a las organizaciones sindicales al testear los mecanismos de quejas de estos instrumentos. También extendió una invitación al OCDE Watch para coordinar el trabajo relacionado con las Pautas. Además, ha organizado campañas para responder al concepto de responsabilidad social promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo. La CSA, en colaboración con las federaciones de Sindicatos Globales y la Fundación Friedrich Ebert en América Latina, así como con ONGs afines, ha creado un Grupo de Trabajo sobre Empresas Transnacionales para desarrollar nuevos conceptos y estrategias relacionadas con las perspectivas sindicales.

La necesidad de un cambio de paradigma

Aunque no todos los mecanismos presentados anteriormente sean igualmente eficaces para proteger y promover los derechos humanos y laborales fundamentales que las empresas están obligadas a mantener, al menos comienzan a abordar las debilidades inherentes al modelo unilateral y voluntario de la RSE. Aunque pueda argumentarse que la generación de iniciativas empresariales vinculadas a este modelo ha ayudado a introducir los temas de derechos humanos en la cultura empresarial, desde el punto de vista de la sociedad civil estas medidas no sustituyen leyes de derechos humanos vinculantes a nivel nacional que sean coherentes con las normas internacionales y vayan acompañadas por sistemas judiciales fuertes, independientes, que brinden resarcimientos concretos a las víctimas. Lamentablemente, muchos gobiernos eligen no emprender acciones fuertes para exigir la rendición de cuentas de las empresas responsables de violar sus obligaciones de derechos humanos, porque temen que la inversión extranjera se desvíe hacia países que son más permisivos a la hora de hacer cumplir los derechos. Esto crea una “carrera hacia el fondo”, una competencia entre países y empresas para reducir normas regulatorias con deplorables consecuencias en cuanto a la promoción y la protección de los derechos humanos y estándares laborales.

No obstante esta tendencia, la protección de derechos humanos debe ser un juego de suma cero. La solución es cambiar los paradigmas del marco de derechos humanos para las empresas y del modelo económico en general. Un tratado internacional exhaustivo formulado dentro del sistema de derechos humanos de la ONU podría clarificar las obligaciones sobre derechos humanos de las empresas, que se enturbiaron por los cientos de iniciativas de RSE que han surgido en las últimas dos décadas, y establecer mecanismos obligatorios para resarcir a las víctimas cuando sea imposible procesar a las empresas infractoras en las jurisdicciones nacionales. Constituye un paso adelante el marco conceptual propuesto en 2008 por John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que se basa en la obligación gubernamental de proteger los derechos, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos, y la necesidad de que las víctimas puedan acceder a remedios eficaces cuando ocurran abusos. Sin embargo, este marco necesita mecanismos eficaces para instrumentalizarlo.

Además, es necesaria una transformación más amplia para revertir el impacto negativo del modelo económico neoliberal impuesto en los países en desarrollo en los últimos años. Debe revitalizarse el papel del Estado como modelador y regulador activo de las políticas económicas y sociales, junto con caminos endógenos al desarrollo, basados en el refuerzo de los mercados internos y la capacidad productiva nacional. Esto rompería el ciclo de dependencia de las inversiones de multinacionales poco escrupulosas. La crisis económica y financiera actual pone en tela de juicio la “benevolencia” del sector privado y destaca los defectos inherentes al modelo neoliberal. Esto podría transformarse en una oportunidad histórica de establecer un pacto social entre las empresas, los trabajadores, los consumidores y el Estado, lo que puede generar un nuevo modelo económico basado en los derechos humanos y el desarrollo sustentable. No deberíamos dejar pasar esta oportunidad.

 

1 Ver: Teitelbaum, Alejandro (2007). Al margen de la ley: Sociedades transnacionales y derechos humanos, Bogotá: ILSA, p. 31.

2 Ibid.

3 Damrosch, Lori (ed.) (2001). International Law, St. Paul, USA: West Publishing, pp. 809-12.

4 Adlung, Rudolph y Molinuevo, Martín (2008). Bilateralism in Services Trade: Is There Fire Behind the (BIT) Smoke? Ginebra: Organización Mundial del Comercio, pp. 1-2.

5 Avery, Christopher, Short, Annabel y Tzeutschler Regaignon, Gregory (2006). “Why all companies should address human rights”. Disponible en: <www.cca-institute.org/pdf/averybusiness%26humanrights.pdf>.

6 Ver: <www.business-humanrights.org/Documents/Policies>.

7 Ver: <www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/search_participant.html>.

8 Comisión Europea (2009). “What is CSR?”. Disponible en: <ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm>.

9 Global Reporting Initiative. “Number of Companies Worldwide Reporting on their Sustainability Performance Reaches Record High, Yet Still a Minority”. Disponible en: <www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressResources/PressRelease_14_July_2006_1000GRIReports.htm>.

10 Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d 876 (Segundo Distrito, 1980).

11 Ley de Protección de las Víctimas de Tortura, aprobada el 12 de marzo, como Ley Pública No. 102-256, prevé el juicio de cualquier persona que someta a tortura a otra, una vez agotadas todas las instancias locales. Ver: <www.derechos.org/nizkor/econ/TVPA.html> y <www.derechos.org/nizkor/econ/ACTA.html>.

12 Baue, Bill. “Win or Lose in Court” en Business Ethics, Summer 2006, p. 12.

13 Kahn, Chris (2009). “Settlement Reached in Human Rights Cases against Royal Dutch Shell”. Disponible en: <www.globalpolicy.org/international-justice/alien-tort-claims-act-6-30/47879.html>.

14 Ver: <www.global-unions.org/spip.php?rubrique70>.

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No es fallo regulatorio; es crisis estructural

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
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El hecho de que uno de los riesgos inherentes al sistema capitalista – la sobreproducción de capital derivada de los intentos por contrarrestar la caída de las tasas de ganancia mediante un aumento de las tasas de acumulación – se haya hecho realidad, evidencia el carácter estructural de la actual crisis económica. Esto no solo desmiente la teoría de que la falta de regulaciones estatales al capital financiero produjo la crisis sino que, además, exige medidas diferentes a las aplicadas hasta ahora para superarla: esencialmente, aumentar la deuda pública para sostener los balances de las empresas.

Carlos Arze Vargas
CEDLA

El hecho de que uno de los riesgos inherentes al sistema capitalista  – la sobreproducción de capital derivada de los intentos por contrarrestar la caída de las tasas de ganancia mediante un aumento de las tasas de acumulación – se haya hecho realidad, evidencia el carácter estructural de la actual crisis económica. Esto no solo desmiente la teoría de que la falta de regulaciones estatales al capital financiero produjo la crisis sino que, además, exige medidas diferentes a las aplicadas hasta ahora para superarla: esencialmente, aumentar la deuda pública para sostener los balances de las empresas.

La mayoría de las muchas interpretaciones que se han hecho de la actual crisis internacional hablan de una crisis financiera, consecuencia de la ausencia de regulaciones estatales y de prácticas adecuadas de las entidades financieras, al tiempo que evitan referirse a un problema estructural del propio sistema. A partir de este diagnóstico, las soluciones propuestas insisten con el retorno del Estado para salvar a los bancos y las industrias privadas y, a lo sumo, postulan el financiamiento del consumo a través del aumento del gasto fiscal. Esto es, reeditar las viejas y, en otro tiempo, fustigadas recetas fiscales del keynesianismo.

Algunos elementos a tener en cuenta

La posibilidad de la crisis está en la propia naturaleza de cualquier economía mercantil, en la que la producción no se orienta a la satisfacción de una necesidad vital sino a la obtención de una ganancia a partir de la venta. Esta función especulativa hace que el productor pueda decidir no vender si las ganancias no son las esperadas o, incluso, no producir.

Las crisis en el capitalismo son crisis de sobreproducción. Este peligro surge de la necesidad del productor de acumular cada vez más capital, ahorrando parte de sus ganancias (plusvalía), con el objeto de ganar espacios en el mercado. Como el precio de venta – en el que la oferta y la demanda juegan su papel – incluye la ganancia promedio de todos los productores del sector, cada capitalista intentará acumular capital atendiendo los aspectos técnicos necesarios para elevar la productividad por encima de la media vigente; es decir, a acrecentar la proporción del capital compuesto por los medios de producción, en detrimento de la fracción destinada al pago de la fuerza de trabajo (generadora de plusvalía).

Paradojalmente, la constante maquinización y modernización del acervo de capital irá ocasionando el efecto opuesto: la caída paulatina de la plusvalía obtenida por la explotación del obrero, debida a la caída proporcional del capital variable, que deriva en la caída de la tasa de ganancia media – en la medida que ésta no es sino su expresión como relación cuantitativa entre la plusvalía y el capital invertido. En respuesta, se producirá más para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia con una mayor masa de ganancia. La saturación de este proceso puede generar una crisis de sobreproducción de capital.

La sobreproducción acarrea la destrucción de capitales, no solo en la forma de medios de producción inutilizados, sino también de títulos que no representan su valor anterior. Los capitales sobrevivientes, más concentrados, podrán reiniciar la producción en condiciones renovadas, merced a la labor destructora de la crisis sobre el empleo y los salarios. También el sistema monetario sufrirá las consecuencias, en la medida en que la desvalorización de los capitales impedirá la concreción de los pagos y el endeudamiento creciente desequilibrará el sistema de crédito.

Antecedentes de la crisis actual

La tasa de ganancia capitalista estadounidense vivió periodos de auge y depresión que se alternaron durante los años 1950, aunque nunca bajó de un 4% promedio. Tras la recesión de 1958, se mejoró la rentabilidad, mediante las innovaciones tecnológicas y la flexibilización de las condiciones laborales. La inversión en tecnología hizo descender la tasa de ganancia durante los años 1960. En 1973 comenzó otra fase depresiva para la economía estadounidense que acabó contagiando a las principales economías y quebró el sistema monetario internacional. Las políticas inflacionarias implementadas para mejorar la situación terminaron precipitando la crisis de la deuda de los años 1980.

En respuesta a la nueva crisis comenzó la aplicación del modelo neoliberal – una contra-revolución anti-keynesiana – que derribó una a una las barreras al capital y desmoronó el llamado Estado benefactor. La ampliación del espacio capitalista permitió una recuperación ostensible de la rentabilidad del capital hasta que, en 1991, la economía de Estados Unidos entró en recesión, agotada la fuerza que impulsó su crecimiento.

La salida a esta nueva recesión y el posterior auge de la economía estadounidense fueron la disponibilidad de capitales – tras el fin de la Guerra Fría –, la depreciación del dólar desde mediados de los años 1980,  que otorgó mayor competitividad a los productos estadounidenses, los precios estables del petróleo y, fundamentalmente, el incremento de la explotación de la fuerza de trabajo merced a la flexibilización de las condiciones laborales. Las tecnologías de alto costo elevaron la productividad y frenaron la caída de la tasa de ganancia. Así, la tasa de ganancia de las empresas no financieras creció constantemente desde 1992 hasta 1997, en forma acorde al incremento de la inversión. La masa de ganancias también se elevó, debido a la caída de las tasas de interés que debían pagar las empresas1.

Las expectativas de ganancias elevadas dieron lugar a un explosivo crecimiento de los índices bursátiles, principalmente del índice NASDAQ desde mediados de los años 1990. Las empresas se endeudaron más y más, ante la percepción de que los ingresos continuarían creciendo de manera sostenida en la “nueva economía”. Adicionalmente, el aumento del valor de los activos, junto a condiciones en los tipos de cambio, produjo un incremento del flujo de capitales del exterior que compraban títulos estatales y activos financieros de las empresas. Como consecuencia, se apreció el dólar y aumentó el precio de los mismos activos. Este proceso es conocido como la burbuja de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que explotó a principios de los años 2000.
 
Al detenerse el frenético ritmo anterior, el exceso de inversión, o sobreproducción de capital, se tradujo en recesión: la sobreproducción de valores de uso que no se realizaban en condiciones de rentabilidad esperada, se expresó poco a poco en la caída de la producción y el crecimiento de la capacidad ociosa instalada en varios sectores productivos2.

La elevada sobreacumulación y subsiguiente caída de la rentabilidad y de la masa de ganancias, desvalorizó los activos cuando se hizo evidente que las expectativas de ganancia no eran reales. Como consecuencia, se produjo falta de liquidez y crédito e incremento de las tasas de interés. Durante la recesión de 2001, la Reserva Federal estadounidense, que había empezado una reducción de su tasa referencial, aceleró la misma a fines de año3 y el Gobierno Federal incrementó inusitadamente los gastos de defensa, amparado en los efectos políticos de los atentados del 11 de septiembre, lo que reanimó la demanda. Estas políticas expansivas permitieron detener la desvalorización de los activos e, incluso, re-inflar el precio de los mismos, lo que se reflejó en la recuperación de la caída de la bolsa en 20034.

Esto fue posible por las excepcionales capacidades de Estados Unidos para endeudarse frente al resto del mundo, como principal centro monetario y por las políticas comerciales de países que impulsan su competitividad, manteniendo una depreciación artificial de sus monedas a través de la neutralización del incremento de sus saldos comerciales con la compra de títulos de deuda estadounidenses – como sucede especialmente con China. Esto incrementó aún más el déficit fiscal así como el de la balanza de pagos del Estado – el primero llegó al 6% del PIB, el corriente pasó de USD 100.000 millones en 2001 a cerca de USD 250.000 millones en 2005.

La depreciación del dólar, al tiempo que atenuó la caída de los activos bursátiles, elevó los precios en el mercado inmobiliario5, gracias a la orientación de nuevos créditos hacia ese sector y a la difusión de nuevos mecanismos de refinanciación de hipotecas. El Estado y los capitales privados intentaban la reanimación del consumo en base a la capacidad de endeudamiento de las personas – que sobrepasó mucho su capacidad real de pago y el valor de los propios activos. Este es el escenario en el que se produjo el explosivo incremento de las hipotecas de alto riesgo o “subprime”, que derivó en la crisis de las principales entidades financieras de Estados Unidos – que arrastró inclusive a los fondos ahorrados por los trabajadores para su jubilación –, al sumergirse miles de prestatarios en la insolvencia absoluta6.
 
En 2004, la política de la Reserva Federal elevó la tasa efectiva de interés del 1% al 4% en 2005. Los deudores, que habían sido alentados a endeudarse por las bajas tasas de interés y por la creencia de que los precios de las viviendas continuarían en aumento, se vieron muy afectados. Se habían generado enormes masas de capitales ficticios, sobre los valores artificialmente elevados de los activos bursátiles7, divorciados de la única fuente de valor nuevo – la explotación de la fuerza de trabajo en actividades productivas.

El marco global

Todo esto sucedió, además, en el contexto de una economía mundial que asumió nuevos rasgos a partir de los profundos cambios suscitados por las crisis previas y repetidas derrotas de la clase obrera frente al capital en los años 1980. La caída de los regimenes socialistas – especialmente el caso de la URSS –dio nuevos bríos al capitalismo en crisis, lo que se reflejó en la adopción, prácticamente sin oposición,  de políticas neoliberales en la mayor parte del mundo.

A esta nueva realidad mundial  vino a sumarse China, con su proceso de apertura al mercado, paulatino y controlado pero constante (ver recuadro: La caja china). El enorme mercado potencial que se abría, y la sobreacumulación de capital en las principales potencias, generaron un flujo creciente de inversiones hacia China. Estos capitales aprovecharon, además, la desregulación y flexibilización de las condiciones laborales y el bajo precio de la mano de obra para incrementar las tasas de ganancia, que se habían visto notablemente reducidas en la etapa anterior.

Ahora bien, del mismo modo que la sobreacumulación en la metrópolis hizo posible la llegada de grandes capitales a China, una crisis como la actual en el mundo desarrollado – que reduce la demanda de productos chinos – generarían sobreacumulación en la propia China, lo que tendría consecuencias insospechadas para la economía mundial. A la relación de dependencia con Estados Unidos – de cuya demanda depende la plusvalía que logran los capitales chinos – debe agregarse el fenómeno financiero, por el cual China se ha convertido en el principal acreedor de Estados Unidos al financiar parte del déficit creado para activar la demanda. 
 
La destrucción como salida

De acuerdo a lo visto, podemos concluir que estamos ante una crisis estructural que se explica por una caída tendencial de largo plazo de la tasa de ganancia que socavó las condiciones de valorización del capital. Pero tal caída, común a los ciclos industriales, en este caso no puede ser revertida a través de la modificación de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo – tal como se intentó en China – ni la recomposición del capital, debido a la existencia de una elevada sobreacumulación de capital. En otras palabras, a diferencia de los otros episodios de crisis ocurridas en el siglo XX, en éste se plantea la necesidad de culminar la crisis con la destrucción y “limpieza” de capitales/valores, para dar lugar a la recuperación de la tasa de ganancia.

El mismo carácter estructural de la actual crisis la hace general, no solo porque abarca un conjunto de países y sectores fundamentales – cuya evolución puede derivar en una profunda depresión mundial –, sino porque obedece a las propias tendencias del capitalismo contemporáneo, principalmente su rasgo especulativo, potenciadas por la actual capacidad del capital de saltar las fronteras nacionales.

Por su gravedad, la crisis agudizará la explotación de la fuerza de trabajo. Toda crisis deteriora las condiciones laborales – con la interrupción de la producción, primero, y con destrucción de capitales, después –, al agudizar las estrategias de los capitalistas para mantenerse en el mercado. Esta situación se torna aún más violenta en las fases iniciales de recuperación, cuando los empresarios aprovechan el desempleo y las ganancias extraordinarias que ofrece la concentración de los capitales que sobreviven.

Frente a esta perspectiva, queda claro que las soluciones adoptadas por los organismos internacionales y los gobiernos de los países industrializados apuntan a impedir una salida radical por la vía de la destrucción de capitales, sosteniendo artificialmente los balances de las empresas a costa de aumentar el déficit o las obligaciones de los estados que, tarde o temprano, deberá transferirse a los trabajadores. En el mismo sentido, las políticas fiscales expansivas pretenden mantener niveles de consumo que favorezcan el retorno de las inversiones, en tanto que las recomendaciones sobre reformas en la regulación del sector financiero van acompañadas de otras orientadas a intensificar la flexibilización del mercado laboral. Contrariamente, no disponen ninguna medida importante –  más allá de los llamados de la OIT de establecer un pacto general para el empleo –, que atenúe los efectos sociales y el incremento de la pobreza de las clases trabajadoras. En definitiva, se orientan a probar la reiterada utilización de políticas que, en el pasado, no hicieron más que retardar el colapso del sistema, a costa de acumular poderosas tendencias que están acercando a la sociedad a la barbarie.

La caja china

China fue un caso especial, aunque al final no radicalmente diferente a la Unión Soviética y Europa del Este, debido a su tránsito gradual y organizado hacia el capitalismo. El gobierno de Deng Xiaoping comenzó las reformas a fines de los años 19708, inclyendo las siguientes:

  • En el agro, se permitió la apropiación individual de una parte de la producción –excedentaria a la cuota asignada- y la transferencia del uso de la tierra en ausencia de propiedad privada reconocida.
  • En lo estatal, se apuntó a elevar la productividad y competitividad, mediante cambios graduales en la propiedad, empezando por el otorgamiento de derechos limitados sobre el uso del excedente, pasando por la distribución de utilidades, y culminando en la posibilidad de venta de las empresas pequeñas y medianas a sus ejecutivos y trabajadores y la venta de paquetes accionarios a extranjeros en las empresas grandes.
  • Se comenzó una liberalización gradual del comercio exterior, lo que alentó la competencia externa e internamente. Las medidas arancelarias y para-arancelarias a las importaciones se redujeron y se procedió a la exención de aranceles para las empresas exportadoras. En el caso de las exportaciones, junto a la ampliación de derechos a exportar para las empresas locales se fueron eliminando las restricciones a los productos de exportación, excepto en algunos casos como los minerales y los textiles sujetos ya por efecto de los acuerdos internacionales de acceso a mercados externos, a cuotas cuantitativas. Con todo, la medida más destacable para alentar las exportaciones paree ser la devaluación importante del yuan en un 300% entre 1981 y 1995.
  • Los precios se liberaron a mediados de los años 1990.
  • Se crearon nuevos bancos estatales destinados a la intermediación financiera y el comercio exterior, aunque la función de abastecer de créditos a las empresas del Estado con un alto contenido de subsidio, sigue siendo una prioridad del sistema bancario nacional. Las restricciones a la operación de bancos extranjeros han hecho que la presencia de estos sea prácticamente irrelevante.
  • En el caso de la inversión extranjera, China alentó su ingreso mediante el establecimiento de 5 zonas de atracción en el país, que contaban con infraestructura, leyes especiales y tratamiento impositivo preferencial. Aunque las empresas extranjeras tuvieron restringido el acceso al mercado interno, pudieron aprovechar los costos más bajos de producción, principalmente el laboral9, y obtuvieron incentivos para la exportación de su producción.

 

Las  reformas convirtieron últimamente a la economía china en la más dinámica del mundo. En el curso de los últimos 25 años, el PIB se ha multiplicado por 11, con una tasa anual promedio mayor a 9%, sus exportaciones se han multiplicado por 100 y sus reservas de divisas han pasado de USD 160 millones de dólares a USD 610.000 millones10. La principal causa de este espectacular desempeño fue el crecimiento exponencial de las inversiones extranjeras – fundamentalmente en la industria de productos electrónicos y computación (20% y12%) y minería (15%)11 –, desde un promedio anual de USD 360.000 millones en los primeros 5 años de reformas, más USD 50.000 millones en la presente década12.

En el mismo sentido, la participación del capital extranjero es destacable en la formación bruta de capital, que alcanza, como promedio de la última década, a más del 13% – la inversión representa el 40% del PIB chino, comparado con el 18% en Estados Unidos, 25% en Japón y 22% en la Unión Europea13. Estos resultados excepcionales de la aplicación de capitales extranjeros no serían posibles, sin embargo, sin el elevado desempleo y los bajos estándares laborales ocasionados por la liquidación de las conquistas del pasado socialista de China. Esto quiere decir que el comportamiento de la economía tendría grandes dificultades al enfrentar una caída de la demanda externa que posibilita ingresos mucho más elevados que los vigentes en los sectores del mercado interno.

Para algunos analistas, el proceso se parece mucho al de acumulación originaria de capital, dirigida por un régimen absolutista cuya agenda es la restauración capitalista. Pero esta restauración está sometida a la dinámica del capital monopólico internacional y no únicamente a los intereses y objetivos del Partido Comunista chino. En efecto, los capitales de países industrializados, enfrentados a una sobreacumulación interna, intentan conquistar el enorme mercado chino para aprovechar el bajo costo de la fuerza de trabajo y las materias primas que ofrece China y revalorizar, así, su capital.

Las mismas reformas que convirtieron a China en factoría para el mundo desarrollado, crearon enormes masas de desocupados, como producto de la liquidación del colectivismo en la agricultura y la atracción de los enclaves modernos en ciertas áreas urbanas, basados en procesos productivos intensivos en capital. En respuesta, el Gobierno ha promovido planes de inversión pública, subsidiados y muy poco eficientes económicamente. Pese a estas medidas, una tasa de crecimiento de 8% no ha podido absorber la desocupación que alcanza a 9 millones de personas.

La otra cara de este proceso, que incuba el riesgo de una crisis de sobreproducción, es la escasa capacidad de consumo interno, debido a la naturaleza intensiva en capital de la inversión y a los bajísimos salarios, que fueron útiles para la obtención de elevada rentabilidad, pero que se convierte en su propia e infranqueable limitación.

 

 

1 Caputo y Radrigán, 2007. Acumulación, tasa de ganancia e inversión en los países desarrollados refieren que el pago de intereses de las empresas no financieras cayó de 60% a sólo 22% y los impuestos sobre las ganancias se redujeron desde un 32% a  menos de 29%. Ramos y Ryd, por su parte, señalan en Estados Unidos y China: Ciclos económicos y políticas en un capitalismo maduro y uno naciente, Development Macroeconomics Series 4, ECLAC, Santiago de Chile, 2005, que en la primera mitad de la década de los años 1990 la tasa efectiva de la Reserva Federal, bajó del 8% al 3%, tendencia que se revirtió desde 1994, llegando en 2000 al 6%.

2 El porcentaje de utilización de la capacidad utilizada cayó sostenidamente: en la industria de bienes durables desde el 83%  para el año 1997, hasta sólo 69% en 2002; en el caso del sector automotriz, desde el 87% de 1994 al 72% en 2001 y en el sector de alta tecnología, desde el 93% de 2000 hasta 58% en 2001.

3 La tasa de interés referencial, que a principios de año fuera de 6%, cayó hasta el 1.8% en diciembre, sin detenerse hasta el 2004 cuando llegó al histórico 1.3%

4 Ramos y Ryd, op. cit.

5 Según datos de Standard & Poor’s y de la Agencia Federal de Vivienda, el índice de precios de la vivienda en Estados Unidos se elevó desde 2001 a una tasa promedio anual mayor a 13% hasta el año 2006. En el último trimestre de 2007 presentó una caída cercano al 9% y en 2008 acumuló una caída anual de 8.2%.

6 De acuerdo a datos oficiales (Flow of funds accounts of the United States 1995-2004 y 2005-2008, Board of governors of the Federal Reserve System, Washington, junio de 2009), el endeudamiento de las familias a través de las hipotecas inmobiliarias, se elevó desde los USD 55.000 millones de 2001, hasta USD 1,1 billones en 2005, para caer sostenidamente desde 2006 y revertirse a fines de 2008 con una cifra negativa de USD 109.000 millones.

7 En el extremo de la especulación, se produjeron fraudes millonarios como el de las pirámides orquestadas por el financista Madoff, que involucró la suma de USD 50.000 millones, y recuerda el citado caso Enron de 2001, que ocasionó una pérdida calculada en USD 150.000 millones.

8 Este acápite se basa en: Claro, Sebastián, 25 años de reformas en China: 1978-2003,  FCEA-Pontificia Universidad Católica de Chile. Disponible en: <www.faceapuc.cl/personal/sclaro/china25.pdf>.

9 Según Fung, Lau y Lee U.S. Direct Investment in China, AEI Press, Washington, 2005, el salario medio mensual en la región de Shangai, que poseía los salarios más altos, en el año 2000 era de 186 dólares, mientras que el salario medio en México alcanzaba los 800 dólares.

10 Bustelo, Pablo. El auge de China: ¿amenaza o ascenso pacífico?, Real Instituto Elcano, 2005.

11 Datos para 2002 del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

12 Datos del National Bureau of Statistics de Estados Unidos.

13 García Martínez, Carlos. “Economía China – Su prospectiva en los bloques del siglo XXI”, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2005.

Region: 
left

Reforma del sistema político: devolver el poder al pueblo

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
Tanto en los países del Sur como en los del Norte, los partidos parecen agotar sus energías en las disputas electorales que les permitan ocupar los espacios de poder. En muchos casos estos espacios son luego utilizados para perpetuar formas oligárquicas de gobierno, en las que el nepotismo, la corrupción y los personalismos muestran toda su fuerza. En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil aparecen como las únicas capaces de impulsar cambios políticos reales, que trasciendan lo electoral y enseñen y permitan a la gente no alcanzar sino a “ser” el poder.

José Antônio Moroni1
INESC

Tanto en los países del Sur como en los del Norte, los partidos parecen agotar sus energías en las disputas electorales que les permitan ocupar los espacios de poder. En muchos casos estos espacios son luego utilizados para perpetuar formas oligárquicas de gobierno, en las que el nepotismo, la corrupción y los personalismos muestran toda su fuerza. En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil aparecen como las únicas capaces de impulsar cambios políticos reales,  que trasciendan lo electoral y enseñen y permitan a la gente no alcanzar sino a “ser” el poder.

La reforma política es un tema recurrente en la vida política de Brasil y de otros países, tanto del Sur como del Norte. Esto, por sí solo, demuestra cierto malestar con la política y con las formas de hacer y pensar la política. Los mecanismos tradicionalmente erigidos (partidos, procesos electorales, representación, etc.) y reconocidos como legítimos para “hacer política” están en crisis y han perdido el reconocimiento de amplios sectores de la población. Eso quiere decir que la población no se reconoce en estos procesos. Siendo así, la política se ha elitizado más, quedando limitada a las instituciones tradicionales. Por otro lado, las instituciones se cierran cada vez más, en un instinto de supervivencia y corporativismo. Este proceso provoca una mayor pérdida de legitimidad.

Ante este panorama, ¿cómo pensar en nuevas formas de hacer política, creando nuevas institucionalidades democráticas?  Este es un programa para las organizaciones de la sociedad civil, puesto que la mayoría de los partidos están volcados exclusivamente a las disputas electorales.

En el caso de Brasil, por ejemplo, la reforma política está presente en la agenda de los parlamentarios hace varios años, pero siempre orientada por intereses electorales y partidarios, o por grandes escándalos de corrupción. Es el llamado casuismo electoral: en general, modificaciones de corto plazo y de corta duración. Un ejemplo es el de la reelección. Es por esto que la mayoría de la población concibe a la reforma política como una mera reforma del sistema electoral.

El tema de la reforma política está presente también en las discusiones académicas y en los medios de difusión. En el ámbito académico, más como un objeto de estudio o investigación, y en los medios, casi siempre, como la solución de todos los males del país o tratada de forma peyorativa. En los dos casos, se la considera como un instrumento para mejorar la gobernabilidad del Estado (mantener las elites en el poder) o aumentar su eficiencia (cómo atender mejor los intereses de las elites).

En el ámbito de la sociedad civil organizada, de las organizaciones y los movimientos que defienden el interés público – aquí entendido como los intereses de la mayoría de la población y la radicalización de la democracia –, la reforma política está insertada en un contexto más amplio, que necesariamente implica cambios en el sistema político, en la cultura política, en la sociedad y en el propio Estado. En resumen, entendemos por reforma política la reforma del propio proceso de decisión, por lo tanto, la reforma del poder y de la forma de ejercerlo.
 
Principios y sistemas democráticos

Debemos pensar en los principios democráticos que deben orientar una verdadera reforma política y ser portadores de una nueva institucionalidad. Los principios deben ser los de igualdad, diversidad, justicia, libertad, participación, transparencia y control social. La plataforma de los movimientos sociales que promueven la reforma del sistema político define así estos principios:

Igualdad: equilibrio de derechos y responsabilidades entre los ciudadanos y ciudadanas, con respeto por la diversidad. Se opone a la disparidad en materia de: ingresos, propiedad de la tierra, acceso a los servicios de salud, acceso a la educación, acceso a los espacios de decisión, representación política, acceso al comercio internacional entre los países, y apropiación de la riqueza producida en las relaciones de trabajo, entre otras disparidades.

Diversidad: diferencias determinadas por aspectos de género, generación, raza o color, etnia, orientación sexual, discapacidad u otros factores. También se refiere a los diferentes espacios geográficos donde las poblaciones se organizan (zonas urbana y rural, comunidades tradicionales, quilombolas, comunidades ribereñas, indígenas) y a las distintas actividades económicas practicadas (extractiva, artesanal, agrícola familiar, pesquera, industrial).

Justicia: defensa de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que busca restaurar los derechos amenazados y garantizar el cumplimiento de los derechos no reconocidos o la creación de nuevos derechos. Se orienta contra las prácticas que benefician a los intereses privados en detrimento del interés público, entre ellas el clientelismo, el patrimonialismo, el nepotismo, la corrupción, los preconceptos y la discriminación. Observa el sistema democrático, la forma de gobierno republicana y el estado de derecho, y combate todas las formas de desigualdad e injusticia.

Libertad: principio que prevé la libre expresión, la movilización, la actividad política y la organización de los ciudadanos y ciudadanas. Orienta a la ciudadanía a expresarse y actuar políticamente en defensa de valores democráticos, como la igualdad y los derechos humanos, como también a oponerse y actuar políticamente contra situaciones de desigualdad social, política, jurídica y económica. El principio de la libertad presupone la libre organización partidaria.

Participación: actuación de los movimientos democráticos de sociedad civi (movimientos sociales, organizaciones) en los espacios públicos de toma de decisión. Debe ocurrir, preferentemente, por medio de la institucionalización de mecanismos de democracia participativa y directa, incluso en la elaboración, deliberación, aplicación, vigilancia y evaluación de políticas públicas. Es también un proceso de aprendizaje, en la medida en que habilita la intervención de la ciudadanía para la actuación en los espacios públicos de toma de decisión.

Transparencia: acceso universal a la información pública, por medio de la disponibilidad inteligible para el conjunto de la población. Incluye también la divulgación amplia, permanente e imparcial de las decisiones públicas, ya sean oriundas de la burocracia o de los representantes elegidos o designados. Se trata de una postura ética que se espera del poder público. La transparencia y el acceso a la información pública forman parte de la defensa del derecho humano a la información.

Control social: vigilancia del Estado por parte de la sociedad civil que actúa en el campo democrático, por ejemplo los movimientos sociales, teniendo como meta el control de las acciones gubernamentales. La calidad del control social presupone la transparencia y el acceso a la información pública. El control social tiene por objetivo la defensa y la aplicación de políticas públicas que respeten los conceptos de igualdad, universalidad, diversidad, justicia y libertad.

Confrontar problemas arraigados

Una verdadera reforma política debe enfrentar problemas que están en el origen de muchos países, como el patriarcado, el patrimonialismo, la oligarquía, el nepotismo, el clientelismo, el personalismo y la corrupción. La plataforma presenta también las siguientes definiciones:

Patriarcado: cualquier sistema de organización política, económica, industrial, financiera, religiosa y social en el cual la gran mayoría de cargos jerárquicamente superiores están ocupados por hombres.

Patrimonialismo: conducta política de las elites dominantes en el ejercicio de funciones públicas de gobierno, que se caracteriza por la apropiación de lo que es público (del Estado, sus instituciones y recursos) como si fuese patrimonio privado.

Oligarquía:forma de gobierno en que el poder está concentrado en manos de un pequeño número de individuos, en general con lazos familiares o vínculos partidarios, y pertenecientes a clases sociales privilegiadas. La organización política patriarcal y la conducta patrimonialista son características de los poderes oligárquicos.

Nepotismo: práctica del favorecimiento y la distribución de empleos a parientes por parte de personas que ejercen cargos y funciones públicas.

Clientelismo:práctica basada en el intercambio de favores y el apadrinamiento, que usa las estructuras y los servicios públicos para favorecer a quienes ejercen la función pública.

Personalismo: culto a la personalidad, con la consiguiente desvalorización del debate político y la despolitización de los conflictos.

Corrupción: apropiación y desvío de recursos públicos para fines privados, además de servir como medio para lograr la impunidad y mantenerse en el poder. La corrupción también se entiende como una forma de usurpación del poder del pueblo.

A quién pertenece el poder y quién debe ejercerlo

Volviendo al caso de Brasil, la Constitución del país define como objetivos fundamentales de la República “construir una sociedad libre, justa y solidaria”, “garantizar el desarrollo nacional”, “erradicar la pobreza, la marginación y reducir las desigualdades sociales y regionales”, “promover el bien de todos, sin preconceptos de origen, raza, etnia, sexo, color, edad y cualquier otra forma de discriminación”, y establece que “todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio de representantes elegidos o en forma directa”.

Si todo el poder emana del pueblo, como lo establece la Constitución, pensar la reforma política es pensar cómo se debe devolver este poder al pueblo, que tiene derecho a ejercerlo de forma directa, y no solo por delegación o representación. Significa, también, pensar en los mecanismos existentes para que el pueblo ejerza el poder. Hoy, básicamente, el poder se ejerce por medio de partidos políticos y procesos electorales. ¿Eso es suficiente? ¿O debemos ser osados y pensar en otras formas de ejercer el poder?

La incapacidad de las instituciones vigentes de concretar plenamente los objetivos de la República y la Constitución, sumada al aumento del sentimiento de distanciamiento entre los electores y sus representantes, pone en riesgo la confianza en los procesos democráticos. Esto se escucha en los comentarios de la gente: “Para qué votar, si voto para cambiar y las cosas no cambian”, o “Votar para qué, si después hacen lo que quieren”. La confianza del pueblo en los progresos democráticos corre riesgo. La democracia, para sobrevivir, debe reinventarse y crear nuevos mecanismos de participación y decisión, que devuelvan el poder de decisión a la población.

Las cuestiones políticas y las organizaciones heterogéneas

La reforma política debe aspirar a la radicalización de la democracia, para enfrentar las desigualdades y la exclusión, promover la diversidad y fomentar la participación ciudadana. Esto implica una reforma que amplíe las posibilidades y oportunidades de participación política, capaz de incluir y procesar los proyectos de transformación social que segmentos históricamente excluidos de los espacios de poder, como las mujeres, los afrodescendientes, los homosexuales, los indígenas, los jóvenes, los discapacitados, los ancianos y todos los desposeídos de derechos, traen al escenario político.

Estos segmentos no quieren la “inclusión” en el orden establecido; quieren cambiar este orden. Por eso, deben pensar la reforma política como un elemento clave en la crítica a las relaciones que estructuran este mismo sistema, tanto políticas como personales. Entienden que el patrimonialismo y el patriarcado asociado, el clientelismo y el inseparable nepotismo, la relación entre el populismo y el personalismo, que eliminan los principios éticos y democráticos de la política, y las oligarquías, escoltadas por la corrupción y basadas en múltiples formas de exclusión (por el racismo, el etnocentrismo, el machismo, la homofobia y otras formas de discriminación), son elementos estructurantes del actual sistema político y por eso desean transformarlo.

Pero, ¿cómo se articulan estas nuevas cuestiones con las existentes? Por ejemplo, con los partidos políticos y los momentos electorales. La estrategia de crear núcleos o sectores dentro de los partidos demostró ser frágil. Hasta la estrategia de construir un partido político demostró sus limitaciones. ¿Qué nueva estrategia debe construirse? Todavía no se tiene la respuesta, pero existen “cosas en el aire” que pueden surgir con un potencial innovador. Cito como ejemplo todo el proceso de construcción del Foro Social Mundial, la construcción de redes de organizaciones de la sociedad civil de forma horizontal, la asamblea popular que discute un proyecto popular para Brasil, etc.

Pero para hablar de “nuevas cuestiones políticas” debemos pensar la forma en que este mismo campo de organizaciones de la sociedad civil se organiza y construye sus relaciones políticas. Este campo político no es homogéneo; por el contrario, es heterogéneo, complejo y con concepciones políticas muy distintas.

Convivimos con concepciones según las cuales el instrumento de transformación es el Estado y todo se resolverá cuando se resuelvan las contradicciones de la relación entre el capital y el trabajo, por lo tanto necesitamos un instrumento para competir por ese Estado (partido político). Según estas concepciones, por ejemplo, las desigualdades derivadas de las relaciones de género, étnicas o raciales, de orientación sexual, etc. se resolverán automáticamente cuando lleguemos al socialismo o comunismo. En este sentido, hacen una jerarquización de los movimientos: el movimiento general (que actúa en la relación capital-trabajo, principalmente el sindical) y los movimientos específicos (que actúan en las relaciones entre las personas, las mujeres, los afrodescendientes, los niños, los homosexuales, etc.). Es lógico que, en esta concepción, el movimiento más importante sea el que se llama general.

Al mismo tiempo, hay concepciones que prácticamente desconocen la importancia de la relación entre el capital y el trabajo, y por ende la lucha de clases, y creen que será posible resolver las desigualdades provocadas por las cuestiones de género, étnicas, raciales, etc., solamente con ganar las conciencias individuales. Para estas concepciones, la lucha institucional y, por tanto, del papel del Estado como uno de los principales promotores de estas desigualdades, no es relevante.

Esta caracterización de los dos tipos de concepciones explicita las diferencias políticas, y por tanto de las estrategias. Sin duda hay muchas más concepciones que las dos mencionadas, y la cuestión es mucho más compleja y profunda de lo que planteamos aquí.

Ejes para una reforma política: nuevas estructuras institucionales

En el caso de Brasil, para iniciar un proceso de radicalización democrática se debe actuar en cinco grandes ejes:

1 - Fortalecer la democracia directa.
2 - Fortalecer la democracia participativa.
3 - Perfeccionar la democracia representativa: sistema electoral y partidos políticos.
4 - Democratizar la información y la comunicación.
5 - Democratizar al Poder Judicial.

La Constitución define como manifestaciones de la soberanía popular el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular. Pero sucede que la reglamentación de estos instrumentos (plebiscito y referendo) le quitó al pueblo el derecho de convocarlos. Ahora, esto es prerrogativa del Parlamento. El pueblo fue excluido del proceso y, una vez más, solo es llamado para votar. En 20 años, el Parlamento solo aprobó dos veces estos instrumentos.

En el caso de la iniciativa popular, la reglamentación la burocratizó tanto que la inviabilizó como instrumento de participación directa. En definitiva, la reglamentación parlamentaria inviabilizó estos tres instrumentos de democracia directa.

Además de una nueva reglamentación de estos instrumentos, también es necesario crear nuevas formas y mecanismos de participación directa, por ejemplo, el veto popular. Esta nueva reglamentación debe tener como principio el poder del pueblo de usar estos instrumentos.

También debe repensar la actual arquitectura de la participación. La multiplicación de espacios participativos no significa automáticamente la repartición del poder. Actualmente hay unos 70 consejos nacionales de políticas públicas (espacios institucionalizados, con la participación de la sociedad civil y del gobierno), y en siete años hubo más de 50 conferencias nacionales que poco lograron influir en la concepción de las políticas públicas. Debemos encaminarnos a la construcción de un sistema integrado de participación que incluya la política económica y no solo las políticas sociales.

Debemos perfeccionar y fortalecer la democracia representativa, priorizando la democratización de los partidos y la habilitación de procesos electorales. Deben ser prioridades la fidelidad partidaria, el financiamiento público exclusivo de las campañas, la votación en lista cerrada, con alternancia de género y representatividad étnica o racial, y la posibilidad de que la ciudadanía revoque mandatos. Ante todo, es necesario crear equidad en las disputas políticas que tienen lugar por medio de mecanismos de la democracia representativa.

Debemos democratizar la información y la comunicación. La información debe ser considerada un bien público, y todos los ciudadanos deben tener el derecho de producirla y divulgarla, en las mismas condiciones. Esto pasa por la construcción de un sistema público, más que estatal, de comunicación, que esté en condiciones de contraponerse al poder del sistema privado.

Debemos democratizar el poder judicial. No es posible, en un país republicano, tener un poder tan centrado en sí mismo como lo es el judicial en el Brasil de hoy. Este poder debe tener un sistema público de rendición de cuentas y de información. Debemos repensar las formas de designación de los jueces, así como de los promotores de las instancias superiores (tribunales de justicia, tribunal supremo, etc.).

Es necesario democratizar la vida social, las relaciones entre hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes y ancianos, tanto en la vida privada como en la esfera pública. Es necesario democratizar las relaciones de poder. Por consiguiente, la democracia es mucho más que un sistema político formal, y también es la forma en que las personas se relacionan y organizan. En este sentido, la reforma política consiste en devolver el poder al pueblo, quien nunca debió perderlo.

Y la pregunta que debemos responder en un debate público, democrático, amplio y abierto, pensando en nuevas estrategias, nuevas formas de hacer y concebir la política, no es cómo el pueblo puede llegar al poder, sino cómo puede “ser” el poder.

1 Miembro del órgano colegiado de gestión del INESC y de la Junta Ejecutiva nacional de la ABONG.

Region: 
left

Respuesta europea a la crisis económica y financiera mundial

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
Para ser un actor global en la respuesta a la crisis, Europa debería trabajar en favor de una alianza inclusiva con todos los países y no solamente con los más poderosos. Debería asegurar que las medidas que instituye atiendan las necesidades de todos, especialmente de aquel los más vulnerables a los efectos de la crisis, tanto dentro de Europa como en los países en desarrollo. Éstos son los desafíos del nuevo Parlamento y la nueva Comisión Europeos, cuyos mandatos comienzan ahora y finalizan en 2015, coincidentemente con el plazo establecido para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Mirjam van Reisen
Europe External Policy Advisors (EEPA)
Simon Stocker, Louisa Vogiazides
Eurostep

Para ser un actor global en la respuesta a la crisis, Europa debería trabajar en favor de una alianza inclusiva con todos los países y no solamente con los más poderosos. Debería asegurar que las medidas que instituye atiendan las necesidades de todos, especialmente de aquel los más vulnerables a los efectos de la crisis, tanto dentro de Europa como en los países en desarrollo. Éstos son los desafíos del nuevo Parlamento y la nueva  Comisión Europeos, cuyos mandatos comienzan ahora y finalizan en 2015, coincidentemente con el plazo establecido para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Desde el inicio de la crisis económica y financiera, la Unión Europea invariablemente se ha presentado a sí misma  como un actor clave en la respuesta global a la crisis y para cualquier reforma de la arquitectura financiera mundial. Los líderes europeos citan los logros de la UE de los últimos 50 años y sus compromisos para con la justicia social y la solidaridad a fin de justificar su posición de liderazgo en el escenario mundial. Como afirmara el premier británico Gordon Brown en el Parlamento Europeo el 24 de marzo de 2009, la UE se encuentra “en una posición única” para liderar la “construcción de una sociedad realmente global, sustentable para todos, segura para todos y justa para todos”. Otros líderes, haciéndose eco de esas palabras, reconocen que la crisis financiera mundial tiene impactos sociales y humanos en todas partes del mundo, en particular en los países en desarrollo. Sus respuestas, dicen, reconocerán plenamente las necesidades y realidades de los países en desarrollo. Qué es lo que realmente significa esto en la práctica ya se está percibiendo en la forma en que la UE y sus Estados Miembro están abordando la crisis y sus impactos. A pesar de que son obvias las fallas sistémicas de los abordajes actuales para promover el desarrollo equitativo y sustentable, hasta ahora no hay mayores señales de compromiso en favor de un cambio real.

Parte 1: La posición europea frente a la arquitectura financiera mundial

Los líderes europeos reconocen de buena gana que ha habido fallas en el sistema financiero global. Sin embargo, parece que las medidas que prevén para combatir esas fallas están muy lejos de comportar una transformación radical del sistema. Aunque no todos los líderes europeos integran el G-20, existe una amplia aceptación del liderazgo del G-20 en la respuesta a la crisis. Las medidas adoptadas en la Cumbre del G-20 de Londres en abril de 2009 reflejan el enfoque europeo del abordaje de la crisis económica y la reforma del sistema financiero mundial para prevenir futuras crisis. Estas medidas incluyen la recomendación de inyectar fondos adicionales en las instituciones financieras internacionales (IFIs) por USD 1,1 billones, de los cuales apenas una pequeña proporción  (USD 50 mil millones) se destina a “garantizar el desarrollo de los países de bajos ingresos”. Los USD 1,1 billones se reparten en USD 750 mil millones para el FMI, USD 100 mil millones para el Banco Mundial y USD 250 mil millones para apuntalar el comercio mundial. Los líderes europeos, junto con los demás líderes del G-20, acordaron inyectar cerca de USD 5 billones para fines de 2010 para impulsar sus economías y proteger el empleo.

La posición de la UE ciertamente incluye el compromiso de fortalecer la supervisión y regulación financiera, con varios niveles de apoyo para mejorar el monitoreo de las agencias de evaluación de créditos, el establecimiento de estándares regulatorios para poner fin a los paraísos fiscales y el secreto bancario, la necesidad de nuevas normas de contabilidad para colocar los bonos bajo contralor.
 
Si bien algunas de estas medidas son bienvenidas – en tanto sean suficientemente amplias – de todos modos no reflejan un compromiso de transformar la arquitectura financiera mundial. Por el contrario, reflejan la determinación de mantener intactas las estructuras y enfoques actuales, y de restaurar la estabilidad a través de una mejor gestión de los actuales modelos económicos y financieros globales.  Es una respuesta que busca asegurar que el control sobre cualquier cambio se mantenga en manos de los principales actores económicos mudiales, entre los que se encuentra Europa. Debido a que el G-20 está integrado por países que se beneficiaron sustancialmente del sistema global vigente, existen muy pocos incentivos reales para una verdadera transformación. Y, ya que la arquitectura financiera mundial no sólo fracasó en eliminar las desigualdades sino que a menudo las aumentó, no es para nada seguro que mantener el modelo actual haya de traer los resultados que Gordon Brown y otros líderes europeos proclaman.

Para que la respuesta a la crisis sea verdaderamente global y efectiva debe involucrar no solo a las principales potencias y a las grandes economías emergentes, sino a toda la comunidad mundial, incluyendo a todos los países en desarrollo. La Comisión de expertos sobre las reformas al sistema monetario y financiero internacional, presidida por el economista Joseph Stiglitz, argumenta que “el bienestar de los países desarrollados y en desarrollo es mutuamente interdependiente en una economía cada vez más integrada”. Por lo tanto, “sin una respuesta verdaderamente inclusiva, que reconozca la importancia de todos los países en el proceso de reformas, no es posible restaurar la estabilidad económica mundial, por lo que tanto el crecimiento económico como la reducción de la pobreza se verán amenazados en todo el mundo”1.

La falta de voluntad de Europa de incluir efectivamente a los países en desarrollo en el esfuerzo global para abordar la crisis se evidencia en su compromiso con el proceso del G-20, más que con otros foros internacionales, especialmente la ONU. En general, el enfoque de Europa ha sido confinar el rol de la ONU al abordaje de los impactos de la crisis en los países en desarrollo. Para los gobiernos europeos, el G-20 es el foro en el que cualquier modificación al sistema global reflejará mejor sus intereses. La mayoría de ellos no demostró interés alguno en la Conferencia de la ONU sobre la Crisis Económica Mundial y sus Impactos sobre el Desarrollo.

Esta preferencia también queda de manifiesto en la falta de compromiso real de los líderes europeos en favor de aumentar la representación de los países en desarrollo en las estructuras de las IFIs. A pesar de haber acordado, en el marco del G-20, asignar USD 750 mil millones al FMI para apoyar a los países afectados por la crisis, esto no se vio acompañado por un compromiso fuerte para transformar el sistema de gobernanza de las IFIs a fin de resolver su déficit democrático.  El comunicado del G-20 hizo un llamado a reformar “los mandatos, el alcance y la gobernanza [de las IFIs] para reflejar los cambios en la economía mundial y los nuevos desafíos de la globalización”, y añadió que “las economías emergentes y en desarrollo, incluyendo las más pobres, deberían tener más voz y representación”. Los miembros del G-20 reiteraron su compromiso con la implementación de un paquete de reformas relativas a la  voz, acordado por el directorio del FMI en abril de 2008, y acordaron que “las principales autoridades” de las IFIs deberían designarse mediante un “proceso de selección abierto, transparente y en base a méritos”. No obstante, esto está muy lejos de comportar un compromiso para cambiar las instituciones en favor de una mayor representación y participación, en la toma de decisiones, de los países en desarrollo.

Muchas de las propuestas y comentarios públicos sobre la reforma de la gobernanza del FMI fueron planteados por gobiernos que provienen de regiones del mundo que tienen muy poca representación real. Los líderes europeos han venido argumentando a favor del status quo. En una entrevista para Reuters, el Ministro de Finanzas belga Didier Reynders declaró que, “de momento, la representación en la mesa de discusión es atractiva. Los países europeos están financiando muy significativamente al Fondo, así que tenemos que tomar en consideración el tamaño de la participación de cada país en el Fondo”. En otras palabras, debe mantenerse el principio de que los derechos de voto tienen que reflejar las contribuciones financieras. Los cambios en la gobernanza solo deben reflejar los cambios en la riqueza global: si las economías emergentes realizan una contribución financiera pueden opinar. Los pobres seguirán siendo excluidos.

La posición europea respecto a la gobernanza del FMI y el papel de la ONU indica con claridad el deseo de mantener la arquitectura del sistema financiero mundial prácticamente intocada. Por supuesto, los gobiernos están aprovechando la oportunidad para implementar cambios que fortalezcan la posición respectiva de sus propias economías dentro del sistema financiero, como los que tienen que ver con los paraísos fiscales o el secreto bancario, lo cual, al mismo tiempo, les permite evitar cambios más abarcadores.

Parte 2: Impactos sociales de la crisis en Europa

Desde su creación en 1957, la Comunidad Económica Europea (CEE) ha traído mayor prosperidad y mejorado las condiciones de vida de la mayoría de sus ciudadanos. Fundada con uno de sus objetivos centrales en la integración de las economías de sus Estados Miembro, ha evolucionado gradualmente hacia un mercado común europeo, que implica el libre movimiento de bienes, servicios y personas2.

En paralelo con el crecimiento de la economía de mercado, la CEE buscó disminuir las desigualdades económicas entre las regiones a través de subsidios y otras formas de ayuda, para promover la justicia social y la solidaridad. En general, los países europeos comparten una visión común sobre cómo mejorar el bienestar de sus ciudadanos; esta visión, que se conoce como el “Modelo Social Europeo”, implica la promoción del pleno empleo, trabajo decente, igualdad de oportunidades, y protección social e inclusión social universales.

En los últimos años, la creciente desregulación financiera y las privatizaciones pusieron en riesgo el Modelo Social Europeo. En el nuevo paradigma, el bienestar de los ciudadanos queda a cargo, cada vez más, del mercado, lo que resulta en un progresivo retroceso del Estado de diversas esferas sociales y económicas.  Y aunque la economía de mercado contribuyó con éxito a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos europeos, también trajo problemas. Esto queda bien ilustrado con la desregulación y privatización de los sistemas de pensiones. Con el fin de solucionar el agobio creciente del sistema público de pensiones, muchos Estados europeos recurrieron a la privatización y liberalización. Se alentó a la ciudadanía a confiar cada vez más en los fondos de pensiones privados que, a su vez, dependen de las vicisitudes del mercado. Antes de la crisis, los fondos de pensiones gozaban de buena salud porque el valor de sus activos crecía constantemente. En forma colectiva, los fondos de pensiones se convirtieron en actores sustanciales del mercado de valores. Sin embargo, la crisis económica y financiera actual redujo significativamente el valor de muchos fondos de pensiones, poniendo en riesgo las jubilaciones futuras de muchos europeos.

La recesión económica resultante de la crisis amenaza aun más el enfoque europeo del bienestar social. La UE pronostica una recesión del 4% en 2009 en la eurozona y, según algunas estimaciones, 8,5 millones de personas perderán sus empleos en Europa entre 2009 y 2010. Esto se traduce en una tasa de desempleo de 11,5% en 2010, su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis también tiene un fuerte impacto en los presupuestos. Se espera que el déficit público en la eurozona alcance 5,3% en 2009 y 6,5% en 20103.

¿Cuál es la respuesta de Europa? Desde el comienzo de la crisis la Comisión Europea y sus Estados Miembro han tomado una serie de medidas para contrarrestar los efectos del declive económico, principalmente mediante planes de recuperación y paquetes de rescate que, en su mayor parte, se enfocaron en el sector financiero. En abril de 2009 la UE indicó que el costo de las medidas aprobadas por la Comisión para apoyar a las instituciones financieras asciende a un estimado de EUR 3 billones. Esta cifra comprende el monto total de las garantías (hasta EUR 2,3 billones), planes de recapitalización (EUR 300 mil millones) y apoyo para el rescate y la reestructura de bancos individuales e instituciones financieras (cerca de EUR 400 mil millones).4

La lógica del apoyo al sector financiero es que las garantías y recapitalizaciones estatales permitirán que los bancos puedan disponer del dinero necesario para conceder más préstamos y estimular así un aumento de las inversiones, que se espera que creen y mantengan más empleos. Sin embargo, no está nada claro que la asignación de esas enormes cantidades de recursos públicos para apoyar al sistema bancario sirva para atender las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. Hay muchas razones para el escepticismo. Primero, la financiación y el apoyo a los bancos provienen de los aportes de los contribuyentes, quienes a su vez se encuentran en una situación más insegura debido a la recesión económica. Segundo, la mayoría de las medidas tienden a aumentar la disponibilidad de crédito, a través de la prestación de EUR 2,3 billones en garantías estatales. Con el mismo objetivo, el Banco Central Europeo bajó las tasas de interés a menos de 1%, un nivel históricamente bajo. No obstante, fueron precisamente las laxas políticas de crédito las que contribuyeron a crear las condiciones para el colapso financiero. Es irónico que los contribuyentes, muchos de los cuales están sufriendo severamente la crisis, estén proporcionando dinero a esas instituciones en problemas – y a muchos de sus directores – que contribuyeron al colapso del sistema.

La creciente crisis de desempleo sugiere que los impactos sociales de la crisis exigen ser abordados con mayor energía. Son necesarias diversas medidas para integrar a aquellos que se encuentran excluidos del mercado de trabajo, invertir en servicios sociales y de salud y mejorar los sistemas de protección social. Pero el tamaño de los paquetes de estímulo financiados desde el Estado y el importante aumento de los déficits presupuestarios de los gobiernos europeos reducen severamente su capacidad de financiar planes de bienestar social e inversiones en servicios sociales, no solo en el corto plazo sino en el futuro previsible.

Víctima de la crisis fue la sesión extraordinaria del Consejo Europeo sobre empleo que hubiera congregado a los ministros de trabajo de todos los Estados Miembro de la UE. En su lugar, se celebró una reunión de la llamada “troika social” (España, República Checa y Suecia), el CE y actores sociales. Esta “degradación” de la cumbre sobre el empleo no fue vista con buenos ojos por los que han perdido sus trabajos como consecuencia directa de la crisis. Según John Monks, presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, esta renuncia “da la impresión de que los políticos de Europa no están demasiado preocupados por el tema del desempleo”5.

La crisis provocó reacciones inesperadas entre los políticos europeos. Los que antes de la crisis promovían políticas desenfrenadas de libre mercado ahora trabajan sin descanso para asegurar los rescates estatales. El Comisario de Competencias Neelie Kroes, conocido como un ferviente promotor de las políticas de libre mercado, dijo que “los últimos seis meses mostraron que el control de la ayuda por parte del Estado desempeña un papel clave en el abordaje de los desafíos de la crisis económica de forma coordinada a través de Europa… Ahora le toca al sector financiero la responsabilidad de ordenar sus cuentas y reestructurar para asegurar un futuro viable”6. En este marco, la intervención estatal ya no se considera un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento económico. Por el contrario, en general hay acuerdo en que los Estados tienen la responsabilidad de afrontar la recesión actual mediante la activa intervención en el mercado. Este cambio de paradigma sugiere que, cuando los beneficios y el crecimiento están asegurados, se alienta al Estado a retirarse, mientras que durante las recesiones se impulsa la intervención estatal como la solución imprescindible. En otras palabras, las ganancias siguen siendo privadas y las pérdidas se socializan. Esto es una clara contradicción con los principios de justicia social y solidaridad que se basan en la idea de que las ganancias y pérdidas deben repartirse por igual.

En otro nivel, la crisis puede haber disparado un aumento del “europeísmo”. Una encuesta de opinión de la CE realizada entre mediados de enero y mediados de febrero de 2009 señala que cerca de dos tercios de la población de la UE cree que los europeos estarían mejor protegidos si los Estados Miembro adoptaran un enfoque coordinado, mientras que sólo un 39% cree la coordinación existente es suficiente7. Esto sugiere un amplio acuerdo en la necesidad de cooperación a nivel europeo para abordar la crisis financiera.

Los recientes resultados electorales en Islandia sugieren que el creciente sentimiento de europeísmo no se limita a los ciudadanos de la UE. Después de que el país quedó al borde de la bancarrota, los islandeses eligieron por amplio margen un presidente que está a favor de la integración a la UE. El presidente de la Comisión, Sr. Barroso, argumenta que los países que actúan por su cuenta, como Irlanda, Reino Unido, Francia o Alemania, tienen muchas menos herramientas para combatir la crisis que si actuaran en conjunto: “Creo que, de existir algún impacto de la crisis en la actitud hacia el Tratado de Lisboa, probablemente sería a favor del tratado”8.

“ Cuando observamos los sistemas de bienestar y protección social, la capacidad de los Estados Miembros de la UE para abordar la creciente demanda de seguridad social varía considerablemente. En algunos casos, tenemos un aumento de los beneficios de desempleo, extensión de la cobertura por desempleo como también beneficios sociales, rebajas o exenciones impositivas para grupos específicos, entre ellos, los pensionistas. Por otro lado, otros Estados están recortando los beneficios. Hungría redujo los subsidios, los salarios del sector privado, y canceló los planes de gastos jubilatorios; y en Finlandia también se espera una reducción del gasto de los servicios sociales. Para contrarrestar los efectos en el mercado de trabajo, algunos países también están tratando de instaurar políticas de empleo proactivas al mantener a los trabajadores mediante tiempo flexible, pero, a pesar de estos esfuerzos, los efectos siguen siendo muy drásticos.”

Verena Winkler (Eurostep, Bélgica)

Parte 3: El papel de Europa en la promoción del desarrollo

La UE también reclama un papel protagónico en los esfuerzos para aliviar los efectos sociales de la crisis en los países en desarrollo. Según el presidente de la CE Barroso, “Europa ha asumido el liderazgo para asegurar que el G-20 siente las bases para la recuperación justa y sustentable de todos, incluyendo los países en desarrollo”9. Sin embargo, existe una asimetría entre las medidas de la CE para abordar los efectos de la crisis a nivel interno y las que se establecen para ayudar a los países en desarrollo, como lo demuestran los fondos inyectados en las economías europeas comparados con los fondos disponibles para ayudar a los países en desarrollo. Esta asimetría también se puede ver en su apoyo al FMI, que ha impuesto condicionalidades muy duras para los préstamos a países pobres, lo que les impide implementar políticas económicas anticíclicas para lidiar con la crisis.

Con la brusca caída de los ingresos de las exportaciones, flujos de inversión extranjera y remesas, los países en desarrollo se ven duramente afectados por la crisis económica y financiera mundial.  El Banco Mundial estima que estos países deberán enfrentar una brecha financiera de entre USD 270.000 millones y USD 700.000 millones, y que aproximadamente 53 millones de personas caerán en la pobreza en 200910. El presidente del Banco, Robert Zoellick, dijo en Londres en la víspera de la reunión del G-20 que aproximadamente “200.000 a 400.000 recién nacidos morirán este año debido a la caída del crecimiento”11. La ONU estima que la financiación necesaria para mitigar los efectos de la crisis pueda alcanzar USD 1 billón. Muchos países en desarrollo tienen un espacio fiscal muy limitado para reaccionar frente a la crisis y necesitan urgentemente de apoyo externo.

Aunque Europa reconoce que los países en desarrollo enfrentarán una paralizante brecha financiera, la ayuda oficial para desarrollo (AOD) comprometida sigue siendo insuficiente. Casi EUR 50 mil millones se desembolsaron en 2008, pero los volúmenes de la ayuda son exiguos comparados con los recursos inyectados en las economías europeas para rescatar a los bancos e impulsar el crecimiento. En abril de 2009, los gobiernos de la UE se comprometieron con EUR 3 billones para apoyar las instituciones financieras a través de garantías o ingresos en efectivo. Si se puede disponer tan rápidamente de ese volumen de financiamiento para apoyar a las instituciones financieras, es muy difícil entender por qué los gobiernos europeos no pueden aumentar el presupuesto de la ayuda.

En mayo de 2009, los Estados Miembro de la UE confirmaron su intención de cumplir su promesa colectiva de asignar 0,56% del PNB europeo en 2010 y 0,70% del INB europeo en 2015 para AOD12. No obstante Italia, Irlanda, Letonia y Estonia ya recortaron sus presupuestos de ayuda como resultado de la crisis.

Al mismo tiempo, la CE propuso acelerar el envío de ayuda mediante el adelanto de una porción significativa de las transferencias financieras a los países en desarrollo, por un monto de EUR 4.300 millones en 2009. Esto incluye EUR 3.000 millones correspondientes al apoyo presupuestario, EUR 800 millones para las necesidades alimentarias y EUR 500 millones a través de un mecanismo FLEX ad hoc diseñado para ayudar a los países más vulnerables. Sin embargo, no se trata de nueva financiación; si los países acuerdan recibirla ahora, habría menos fondos disponibles en los próximos años. Además, los Estados Miembro que tendrán que proporcionar los recursos ya están dando señales de resistencia.
 
Paralelamente con sus compromisos de ayuda, los países europeos contribuyeron con cerca de USD 100.000 millones a los USD 1,1 billones de dinero extra para las IFIs. Los USD 50.000 millones previstos para apoyar el desarrollo en los países de bajos ingresos no parecen verse acompañados de una mayor flexibilidad de las políticas fiscales y monetarias para acceder a los préstamos del FMI. A pesar de la reciente “modernización” de las políticas de condicionalidades del FMI, se siguen aplicando las mismas viejas recetas de estricta disciplina fiscal y recortes de los gastos del gobierno. En este contexto, la posibilidad de invertir en el sector social sigue siendo reducida13. Una vez más, hay una clara contradicción entre las políticas anticíclicas aplicadas dentro de Europa y las restricciones fiscales que se imponen a los países en desarrollo14. Si los europeos piensan que las políticas financieras y monetarias expansivas son el camino para salir de la crisis, ¿por qué promueven exactamente lo opuesto en los países más pobres?

La crisis: ¿un medio para promover los intereses europeos?

Otro impacto de la crisis sobre la relación de Europa con los países en desarrollo parece ser el impulso de medidas controversiales como el apoyo presupuestario y la conclusión de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE).

Apoyo presupuestario
En reconocimiento de que las economías más pobres necesitan urgentemente financiación externa como resultado de la crisis, las propuestas de adelantos de la CE prevén un aumento del uso del apoyo presupuestario que incluye cerca de EUR 500 millones del 10º Fondo Europeo de Desarrollo para apoyar a aquellos países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) más golpeados por la crisis. La CE también señaló que revisaría las operaciones en curso de apoyo presupuestario en los países más vulnerables a fin de evaluar las posibilidades de desembolsos por adelantado. El argumento de la CE en favor del apoyo presupuestario se basa en que se trata de un instrumento de impacto rápido que permite una financiación predecible a largo plazo para los gastos del gobierno, incluyendo los sectores sociales como salud y educación.

Sin embargo, el apoyo presupuestario plantea una serie de preocupaciones. Primero, la mayoría de los países no dispone de capacidad interna y oportunidades para monitorear la asignación de los recursos del presupuesto, que es un tema crucial para la rendición de cuentas democrática. El empleo de empresas de contabilidad internacionales para monitorear la implementación tiende a mejorar la imagen del gobierno en el exterior en relación a la implementación del presupuesto, pero socava la “apropiación” interna y la rendición de cuentas democrática frente al parlamento nacional. Segundo, la CE identificó una serie de condiciones que deberían cumplirse antes de que se considere el apoyo presupuestario, por ejemplo, democracia y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, en diversos estudios sobre varios acuerdos de apoyo presupuestario no se encontró evidencia ninguna de que se realizaran evaluaciones exhaustivas para comprobar que se cumplieran esas condiciones15. Finalmente, la CE incluye el apoyo presupuestario en sus cálculos para cumplir con el requerimiento legal establecido por el Parlamento Europeo de que se debe usar el 20% de la ayuda para salud y educación básicas, aunque incluso el CAD de la OCDE, que maneja el sistema de clasificación de la ayuda al desarrollo, considera que el apoyo presupuestario debería clasificarse independientemente de las asignaciones a los sectores de la salud y la educación.

EPAs

El establecimiento de los Acuerdos de Sociedad Económica (EPAs, por su sigla en inglés), que crean un régimen de libre comercio entre la UE y los países ACP, es uno de los elementos más polémicos del Acuerdo de Cotonou. La intención de los EPAs es suplantar los acuerdos de comercio preferencial de la Convención de Lomé, porque éstos se consideran incompatibles con las reglas de la OMC sobre barreras comerciales. En un principio, se esperaba que los EPAs hubieran sido establecidos para comienzos de 2008, pero a mediados de 2009 siguen siendo centro de acalorados debates16.

La CE siempre ha presentado a los EPAs como acuerdos de desarrollo, pero sus términos contradicen tal afirmación. Primero, es probable que tengan como resultado una pérdida importante de tarifas aduaneras para muchos países ACP, para los cuales la UE es a menudo su principal socio comercial. Segundo, los países ACP carecen de la infraestructura necesaria para competir en una economía de mercado abierto. Como un agregado al paquete financiero original provisto por la CE, se proyecta una ayuda de adaptación al EPA “ayuda por comercio”, pero algunos análisis indican que la mayoría de esa ayuda no será adicional. Tercero, con la inclusión de áreas de comercio en donde no hay acuerdo, tales como servicios y adquisiciones, se dejan abiertas partes de la economía de los países ACP a las empresas europeas.

A pesar de estas preocupaciones, la CE sostiene que, en la crisis actual, los AAE contribuirán a promover el crecimiento económico y el desarrollo en los países socios. João Aguiar Machado, uno de los principales negociadores de la CE sobre los AAE, explica que los acuerdos apoyarán al desarrollo al crear un ambiente comercial predecible que, a su vez, impulsará las inversiones y creará empleos. A fin de apaciguar a los desconfiados gobiernos de los ACP, la Comisaria de Comercio Catherine Ashton reconoció la necesidad de dar mayor flexibilidad a las negociaciones y prometió que la negociación de una EPA total reflejará y respetará las particularidades regionales de las partes del acuerdo. Sin embargo, en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria Conjunta en Praga en abril de 2009, expresó su deseo de llegar rápidamente a un acuerdo aceptable para todas las partes y que todos los AAE provisorios fueran firmados antes del fin del mandato de la actual Comisión en octubre de 2009. Las negociaciones por los AAE estuvieron estancadas por largo tiempo, pero parece que la urgencia por abordar los efectos de la crisis financiera y económica se está usando como excusa para acelerar el proceso y aumentar la presión sobre los gobiernos ACP para que se den por vencidos.

Audiencia Popular sobre la Crisis

El 20 de junio de 2009, en la Iglesia de la Santísima Trinidad en Nueva York, la iniciativade la Audiencia Popular sobre la Crisis reunió a activistas de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y grupos de base a nivel local, nacional e internacional para analizar las consecuencias sociales y ambientales de la crisis financiera y económica en hombres y mujeres, trabajadores o desempleados, de todo el mundo. Durante el evento, activistas por los derechos sociales, económicos, de género, laborales y ambientales ofrecieron testimonios sobre cómo la crisis afecta a las comunidades locales, desde Sudán hasta San Salvador y el sur del Bronx.

Este foro fue también una oportunidad para que líderes de la sociedad civil compartieran ideas y experiencias sobre cómo construir un movimiento mundial con raíces locales que pueda incidir en la creación de un nuevo sistema económico basado en los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental.

La Audiencia Popular sobre la Crisis se llevó a cabo en el contexto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica y su Impacto en el Desarrollo, el primer foro realmente multilateral convocado para abordar los impactos sociales del actual colapso financiero. El orador principal de la Audiencia Popular fue el Padre Miguel D’Escoto Brockmann, presidente de la 63ª Sesión de la Asamblea General de la ONU, quien agradeció el apoyo de la sociedad civil a las soluciones de la crisis que están tomando forma en el corazón de la ONU y exhortó a los participantes “a inyectar un nuevo espíritu de responsabilidad y solidaridad” con la gente que está sufriendo los efectos de la crisis de manera desproporcionada. El evento concluyó con un llamamiento del Coordinador de Social Watch, Roberto Bissio, en favor de una reforma de la actual arquitectura financiera mundial que ayude a sacar a la gente de la pobreza, en lugar de reforzar las desigualdades económicas y sociales existentes tanto dentro como a través de las fronteras.

A lo largo de la Sección Temática del Informe 2009 de Social Watch usted ha leído intervenciones clave de participantes en esta actividad, junto con algunos testimonios sobre el impacto de la crisis en la gente común que la red de Social Watch recogió en países del Sur.

· Organizaciones adherentes a la Audiencia Popular sobre la Crisis: Social Watch, Eurostep, LDC Watch, Institute for Policy Studies, Global Policy Forum, Center of Concern, Red-DESC, Institute for Agriculture and Trade Policy, Global-Local Links Project, Jubilee USA Network, Jubilee South, GCAP Feminist Task Force, Alliance for Responsible Trade, Women's Environment and Development Organization, Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas, Servicio de Enlace de Naciones Unidas con Organizaciones No Gubernamentales, Global Action on Aging, Latindadd, US Human Rights Network, CONGO Social Development Committee, Sub-Committee on the Eradication of Poverty, Hemispheric Social Alliance, Women’s Working Group on Financing for Development, Medical Mission Sisters International, World Federation of United Nations Associations, International Youth and Student Movement for the United Nations, Enlazando Alternativas, Transnational Institute, Our World Is Not For Sale Network.
Los videos de la Audiencia Popular sobre la Crisis están disponibles en el canal de Social Watch en YouTube: <www.youtube.com/SocWatch>.

 

1 Comisión de expertos sobre las reformas al sistema monetario y financiero internacional (2009). Recomendaciones, 19 de marzo. Disponible en: <www.un.org/ga/president/63/letters/recommendationExperts200309.pdf>.

2 La CEE se creó en 1957 para llegar a la integración económica (incluyendo un mercado único) entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Más tarde se amplió para incluir a otros seis países y, a partir de 1967, sus instituciones también pasaron a gobernar la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA o Euratom) bajo el nombre de Comunidades Europeas. Cuando se creó la Unión Europea (UE) en 1993, la CEE se transformó en la Comunidad Europea, uno de los tres pilares de la UE; las instituciones de la CEE continuaron como instituciones de la UE.

3 Comisión Europea. Economic forecasts Spring 2009. Disponible en: <ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15048_en.pdf>.

4 Comisión Europea (2009). State Aid Scoreboard – Spring 2009 update. Disponible en: <ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2009_spring_en.pdf>.

5 Anon. “Exit le sommet sur l’emploi”. Le Soir. 21-22 de marzo de 2009, p. 17.

6 Comisión Europea (2009). State aid: latest Scoreboard reviews Member States’ action to fight economic crisis. Disponible en: <europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/554&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.

7 Parlamento Europeo (2009). European Parliament Eurobarometer hears calls for coordinated EU action in fight against financial crisis. Disponible en: <www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-54004-110-04-17-907-20090420IPR54003-20-04-2009-2009-false/default_en.htm>.

8 Smyth, J. (2009). “Crisis likely to favour Lisbon Yes – Barroso”. The Irish Times,8 de mayo de 2009. Disponible en: <www.irishtimes.com/newspaper/world/2009/0508/1224246132086.html>.

9 Comisión Europea (2009). Commission first to act on G20 with strategy to support developing countries. Disponible en: <europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/550&format=HTML>.

10 World Bank News, 12 de febrero de 2009.

11 Eurodad (2009). Not much on offer for poor countries to counter the crisis. Disponible en: <www.eurodad.org/whatsnew/articles.aspx?id=3599&LangType=1036>.

12 Consejo de la Unión Europea. Comunicado de Prensa, 18-19 de mayo de 2009. Disponible en: <www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/107921.pdf>.

13 Ibid.

14 Aunque los países en transición como Letonia y Rumania también se ven obligados a solicitar préstamos del FMI, están en major posición para hacerlo porque la CE ha recolectado un fondo de EUR 50.000 millones para ayudar a los países europeos que están fuera de la eurozona con sus obligaciones de balanza de pagos.

15 Alliance2015. “The EU‘s contribution to the Millennium Development Goals Poverty Eradication: From Rhetoric to Results?” Ed. EEPA, Bruselas, septiembre de 2008.

16 A junio de 2009, sólo los países de CARIFORUM (15 países en el Caribe) habían firmado un AAE completo, y sólo Botswana, Camerún, Costa de Marfil, Lesotho y Swazilandia habían firmado un AAE provisorio.

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Region: 
left

Una respuesta a la crisis financiera y económica desde los derechos humanos

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
Aunque la herencia de la crisis financiera actual sea sombría, habrá otro legado: las ideas cruciales sobre derechos humanos ya no podrán ser descartadas. La crisis presenta una oportunidad histórica – y una responsabilidad generacional – para repensar la toma de decisiones en la política económica. Un enfoque basado en los derechos humanos exige una reforma de las estructuras de gobernanza para asegurar que toda la política económica se lleve adelante de acuerdo con el contenido legal del régimen de derechos humanos. Esto asegurará la participación en todos los niveles, sometiendo las decisiones al escrutinio público, la transparencia y la rendición de cuentas a cada paso.

Aldo Caliari1
Center of Concern (COC)

Aunque la herencia de la crisis financiera actual sea sombría, habrá otro legado: las ideas cruciales sobre derechos humanos ya no podrán ser descartadas. La crisis presenta una oportunidad histórica – y una responsabilidad generacional – para repensar la toma de decisiones en la política económica. Un enfoque basado en los derechos humanos exige una reforma de las estructuras de gobernanza para asegurar que toda la política económica se lleve adelante de acuerdo con el contenido legal del régimen de derechos humanos. Esto asegurará la participación en todos los niveles, sometiendo las decisiones al escrutinio público, la transparencia y la rendición de cuentas a cada paso.

Lo que comenzó, en el verano de 2007, como una crisis en el sector de créditos hipotecarios de alto riesgo (sub-prime) en Estados Unidos se convirtió en una crisis económica de dimensiones mundiales que ha sido llamada la peor crisis desde la Gran Depresión.

La magnitud de la crisis arroja una luz totalmente nueva sobre las consecuencias del enfoque tradicional de los derechos humanos y la regulación de las finanzas. Bajo este paradigma, se ha dicho a los defensores de los derechos humanos que los temas de la regulación financiera son estrictamente técnicos y deben dejarse en manos de los expertos, mientras que las políticas y preocupaciones sobre derechos humanos deberían ser abordadas independientemente de las cuestiones reguladoras financieras o, simplemente, circunscritas al enfoque que decidan darle los expertos financieros. Sin embargo, la crisis ha revelado las carencias de esta estrategia y fortalece una crítica a la regulación financiera, basada en los derechos humanos. Aunque hubo muchas explicaciones sobre los orígenes de la crisis, hay amplio acuerdo respecto a la importancia de varios fracasos debidos a la laxa regulación y supervisión de los mercados financieros, sus operadores y los instrumentos que utilizan2.

Al mismo tiempo, no es difícil encontrar apoyo a la noción de que, en todas partes, el goce de los derechos humanos se verá considerablemente afectado por la crisis. Por ejemplo, la drástica disminución de la demanda acumulada a nivel mundial provocó un desempleo generalizado y, para muchos, la destrucción de sus medios de vida. Tras años de decreciente desempleo, según pronósticos de la OIT3 habrá cerca de 20 millones más de desempleados en 2009 que en 2007. Aproximadamente 50 millones de personas podrían quedar desempleadas si la crisis alcanza la magnitud de desempleo de los años 19904. Estas cifras generales esconden los mayores impactos que sufren las mujeres, la infancia, los pobres, los indígenas, las minorías étnicas y los trabajadores migrantes. Junto al desempleo creciente, la protección social – en muchos países condicionada a tener un trabajo – está disminuyendo. Para aquellos que todavía tienen un trabajo, más desempleo se traduce en una mayor presión sobre sus salarios y su cobertura social. La seguridad social para los adultos mayores también padece los efectos de la crisis: los fondos de pensiones registran pérdidas, en algunos casos, cercanas al 50%5. El pasaje a menos sistemas de pensiones financiados por el Estado de las últimas décadas amplía estos impactos. Por su parte, las rentas públicas que debían reforzar el apoyo necesario a la cobertura social y jubilatoria tuvieron una caída considerable, lo que acotó las opciones del Gobierno.

Se espera que la pobreza aumente en 53 millones de personas en todo el mundo6. Pero incluso esta cifra podría pecar de optimista, ya que se basa en la definición de pobreza ampliamente cuestionada del Banco Mundial y probablemente subestime la cantidad real de pobres7. El empeoramiento del estado nutricional y de salud de los niños y niñas, que sufren deficiencias en el consumo de alimentos (por menor cantidad o peor calidad), puede ser irreversible. Las estimaciones sugieren que la crisis alimentaria ya aumentó en 44 millones el número de personas que padecen desnutrición8.

Es probable que los efectos de la crisis también lleven a un aumento de la desigualdad. La brecha entre los hogares ricos y pobres, que se venía ensanchando desde los años 1990, se hará aún más grande. De acuerdo a una muestra de países investigados en un informe de la OIT de 2008, la brecha de ingresos entre el 10% con salarios más altos y el 10% con salarios más bajos había aumentado en 70%9.

Si el malestar social y las expresiones de desesperación y frustración públicas chocen con la represión violenta de las fuerzas del gobierno, como ya ha sucedido en algunos países, entonces los derechos civiles y políticos también también se verán amenazados por la crisis económica. El aumento de las manifestaciones xenofóbicas u otro tipo de sentimientos discriminatorios que están teniendo lugar en varios sitios también podrían poner en peligro los derechos de los trabajadores migrantes y los grupos minoritarios, que son los más vulnerables a la discriminación.

En vista de estos impactos, y de acuerdo con el consenso sobre los orígenes de la crisis, es preciso concluir que las decisiones tomadas en cuanto a la regulación financiera tienen consecuencias tangibles para el goce de los derechos. Lo contrario también es cierto: un enfoque que procure mantener estándares de derechos humanos sin abordar los impactos de las políticas financieras y las opciones reguladoras resultará lastimosamente insuficiente e ineficaz.

Sin embargo, las evidencias generadas en esta crisis no son diferentes de las que surgieron de otras crisis financieras que, en el siglo pasado, golpearon periódicamente diferentes lugares del mundo – en particular en Asia Oriental a fines de los años 1990. Todos ellas conllevan privaciones y graves sufrimientos a los ciudadanos comunes, sobre todo a los más vulnerables y marginalizados, mientras que los que lucraron con la especulación financiera no rinden cuentas por sus acciones. Por ejemplo, en los últimos años no sólo ha continuado la tendencia creciente en la desigualdad de ingresos sino también en el volumen de riqueza controlado por los “super ricos”10. Este fenómeno ha sido posible por estrategias de inversión agresivas – léase, especulación – facilitadas por flujos de capital sin restricciones11. Sin embargo, serán los grupos de ingresos bajos, y no los que lucraron con el auge previo a la crisis, los que se verán desproporcionadamente afectados por la recesión posterior a la crisis.

En este aspecto, la crisis financiera también cuestiona la creencia de que la riqueza generada por los mercados se “derramaría” hacia el resto de la población. Recientemente, el premio Nóbel de economía Joseph Stiglitz declaró que los mercados financieros – y, de hecho, el crecimiento del PIB tal como se mide actualmente – no son un fin en sí mismo sino que existen para servir al bienestar de las personas. Lo que es bueno solamente para las finanzas o para el crecimiento del PIB, no es necesariamente bueno para el bienestar económico de todos. Este colapso sistémico es un llamado para que los gobiernos nacionales asuman un nuevo papel en la elaboración de las políticas económicas – tanto a nivel nacional como, cada vez más, a nivel internacional.

Una respuesta de derechos humanos: los principios

Una respuesta a la recesión financiera y económica que coloque las normas de derechos humanos en su centro no es sólo necesaria por una cuestión de justicia; también hará que las reformas del sistema financiero y económico sean más sustentables y resistentes a futuras crisis.

Una respuesta política basada en los derechos humanos no presupone un determinado tipo de sistema económico. No obstante, toma como punto de partida un marco claro y universalmente reconocido – un conjunto de estándares fundados en los instrumentos centrales de la ley internacional de derechos humanos – para guiar el diseño y la realización de políticas y programas económicos para resolver la crisis. Los derechos humanos no solo ponen límites a la opresión y el autoritarismo; también imponen obligaciones positivas a los Estados para defender los derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados tienen el deber de respetar y proteger los derechos humanos en todo momento, así como de cumplir con ellos, y más en tiempos de crisis.

Los gobiernos tienen el deber de asegurar niveles esenciales mínimos de goce de los derechos sociales y económicos como cuestión prioritaria, y tienen la obligación específica y constante de trabajar con toda la prontitud y eficacia que les sea posible hacia su plena implementación. Los estándares de derechos humanos exigen que los gobiernos no tomen ninguna medida deliberadamente regresiva – por ejemplo, la eliminación de programas esenciales – a menos que esto sea absolutamente justificado en cuanto a la totalidad de los derechos asegurados en los principales tratados de derechos humanos y en el contexto del uso pleno del máximo de los recursos disponibles. Incluso con ingresos públicos limitados, los Estados deben reunir el máximo de recursos disponibles para asegurar que los derechos económicos y sociales se implementen plenamente en forma progresiva en el corto y largo plazo.

Además, el principio de no discriminación requiere que los Estados aseguren que todas las medidas adoptadas en respuesta a la crisis no tengan efectos desproporcionados y que se establezcan medidas deliberadas y orientadas a asegurar una igualdad sustancial en el acceso a los servicios básicos de los países y los grupos demográficos. Los miembros desfavorecidos de la sociedad deben ser protegidos en forma prioritaria, incluso cuando haya una limitación severa de recursos.

Aunque las obligaciones primarias de derechos humanos de los Estados cae dentro de sus jurisdicciones, también se requiere que – en el espíritu de la Carta de la ONU y las leyes internacionales aplicables – contribuyan con la cooperación internacional para la plena realización de los derechos humanos. Al actuar en los foros intergubernamentales como la ONU, el Banco Mundial y las reuniones ad hoc del Grupo de los 20 (G-20), los Estados deben garantizar que sus políticas sean consecuentes y conducentes a la realización de los derechos humanos. En este sentido, los Estados que han disfrutado de una posición más poderosa en la toma de decisiones sobre políticas económicas globales tienen una mayor responsabilidad por haber causado, a través de sus acciones y omisiones, este colapso mundial. Por tanto, también significa que tienen la mayor responsabilidad de mitigar las consecuencias y tomar las medidas necesarias para asegurar una salida justa y sustentable. Conforme a la ley internacional, los Gobiernos también deben asegurar que los estándares de derechos humanos toman precedencia sobre los compromisos comerciales, de inversiones o financieros.

Los principios de derechos humanos básicos incluyen la participación social, la transparencia, el acceso a la información, la protección jurídica y la rendición de cuentas. La gente debe poder participar en la vida pública e interactuar significativamente con el proceso de toma de decisiones que los afecta, lo que permite la posibilidad de impugnación de los procesos que afectan sus vidas. Además, los Estados deben asegurar que nadie está por encima de la ley. Las personas cuyos derechos fueron afectados deben disponer de soluciones accesibles y eficaces para exigir reparación. Los responsables de los perjuicios, incluso si son actores privados, deben ser llevados a la justicia, y deben prohibirse futuras actividades que afecten los derechos humanos.

Reforma del proceso decisorio de las políticas económicas

La crisis que enfrentamos hoy brinda una oportunidad histórica y, en efecto, una responsabilidad generacional de repensar la manera en la que se han tomado las decisiones sobre políticas económicas hasta ahora. Un enfoque de derechos humanos exige la reforma de las estructuras de gobernanza para asegurar que toda la política económica a nivel nacional e internacional se lleve a cabo de acuerdo con el contenido legal que ofrece el régimen de derechos humanos.

Demasiado a menudo, las decisiones oficiales sobre la regulación de los flujos de capitales financieros, por ejemplo – o la necesidad de prescindir de ellos – son tomadas por unos pocos “expertos”, que generalmente incluyen a los propios representantes de las industrias del sector privado. En esencia, este proceso cierra caminos para la participación pública en discusiones políticas y legales fundamentales que afectan a todos, con impactos en los más vulnerables y marginalizados en particular. Una respuesta política basada en los derechos humanos transformaría este proceso, asegurando la participación en todos los niveles ysometiendo las decisiones al escrutinio público, la transparencia y la rendición de cuentas en cada paso.

La rendición de cuentas y la participación en la política económica también se ven perjudicadas cuando se exigen condiciones políticas invasivas por parte de las instituciones financieras internacionales y los donantes o a través de reglas inflexibles contenidas en los acuerdos de inversión y comercio. Los Estados deberían tener el poder de asegurar que sus obligaciones respecto a los derechos humanos tengan prioridad por sobre los compromisos económicos o los derechos de los inversionistas.

Estos mismos principios de derechos humanos deben ser infundidos a nivel internacional, donde la cooperación para su realización es una obligación de todos los Estados, en particular de los responsables de los daños. A pesar de las consecuencias de gran alcance de las medidas de políticas financieras, los organismos intergubernamentales que establecen la agenda y diseñan las reformas financieras, como el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, el Foro de Estabilidad Financiera y el G-20, limitan la participación de la mayoría de los países. Por su parte, el FMI y el Banco Mundial siguen estando gobernados por principios sobre toma de decisiones que marginan la participación de los países en desarrollo y limitan la transparencia. Igualmente importante: en estos foros se excluye a otras organizaciones internacionales que tienen el mandato expreso de proteger los derechos humanos del diseño de respuestas políticas.

La ONU, como guardián del marco legal internacional, es el foro más apropiado y legítimo para discutir las reformas necesarias para reestructurar el sistema económico y financiero internacional teniendo como fundamento los derechos humanos. Su papel se vería enormemente reforzado si se estableciera un Consejo de Coordinación Económica Mundial, como lo recomendó la Comisión de Expertos de la ONU12. Dicho organismo, que funcionaría bajo el principio de representación constitutiva y en un nivel igual a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, podría brindar una mayor eficacia, representación y transparencia a la elaboración de políticas para abordar las políticas económicas cuando se relacionan con las prioridades de desarrollo, más allá del limitado alcance de los ministerios de finanzas o de economía.

“ Los afroamericanos y los indígenas tienen una historia común de explotación y conquista y están sufriendo los impactos de la crisis de manera desproporcionada. Nuestro imperio estadounidense actual se construyó sobre el llamado sueño estadounidense, pero vemos que también se usó tierra robada y trabajo robado para construir este país, el más rico que el mundo haya visto jamás. Desde el principio, las instituciones financieras ayudaron e instigaron a los especuladores que procuraban construir el imperio por cualquier medio a su alcance. Debemos rechazar la teología neoliberal y construir teorías teológicas más progresistas.”

Jean Rice (Picture the Homeless, New York)

Regulación del sector bancario y financiero

Un aspecto llamativo de la crisis es cuánto lograron las entidades financieras transferir la carga de su irresponsable asunción de riesgos a los más vulnerables de la sociedad; y fueron las políticas específicas del Gobierno, diseñadas para desregular el sistema financiero en su conjunto, las que permitieron esto. Por lo tanto, los gobiernos – a nivel nacional y de acuerdo con otros – deben adoptar medidas para proteger los derechos humanos de sus pueblos a través de una sólida regulación del sector bancario y financiero. También deben fortalecer la responsabilidad y el estado de derecho mediante el control estricto del comportamiento delictivo. Aunque actualmente ciertos actos no son vistos como delitos (por ejemplo, la “evasión fiscal” en algunos países) o como ofensas que conllevan responsabilidad legal, deben ser aprobadas leyes adecuadas al respecto y hacerlas cumplir. Más aún, los gobiernos deben actuar con seriedad para asegurar que las personas y los países afectados que no han tenido culpa o responsabilidad obtengan resarcimiento.

De todas las entidades del sector financiero los bancos son los más regulados. No obstante, su conducta está cada vez más gobernada por principios de supervisión que dependen de sus propios mecanismos internos de gestión de riesgos, en vez de estarlo por estándares desarrollados externamente por una entidad supervisora nacional. En respuesta a la presión de los países industrializados, muchos países pobres han adoptado progresivamente estos mismos principios, en parte cautivados por la posibilidad de atraer bancos internacionales. También accedieron, por la misma razón, a que esos bancos movieran capital sin restricciones. Sin embargo, la desregulación para atraer a los bancos extranjeros no siempre produjo la rentabilidad deseada. Las pruebas empíricas demuestran que no existe vínculo alguno entre las cuentas de capital liberalizadas y el aumento del crecimiento económico. El acceso al crédito, sobre todo de los grupos más marginados, no mejoró mucho, mientras los grandes los bancos internacionales tienden a eliminar el sector bancario doméstico del cual dependen los más necesitados. Hoy día los países que están expuestos y dependen de los bancos extranjeros son los más afectados por la crisis financiera, porque estas instituciones se están retirando a sus países de origen y se niegan a conceder préstamos en las frágiles economías actuales.

Las reformas del sector bancario deberían incluir espacios para que los gobiernos nacionales puedan regular los servicios brindados por los bancos a fin de asegurar un amplio acceso al crédito y otras funciones sociales claves. Si se considera que los servicios brindados por los bancos públicos son una mejor opción para garantizar los derechos, deberían ser respaldados plenamente.

Los fondos de inversión libre (hedge funds), los fondos de capital privado y las agencias de calificación crediticia tienen sus propios esquemas de autorregulación. En muchos países, se ha permitido que los hedge funds se conviertan en el mecanismo principal para que los ciudadanos comunes depositen sus ahorros, lo que pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a la seguridad social. Los hedge funds y los fondos de capital privado también han provocado desempleo repentino y otras violaciones de los derechos laborales por su influencia excesiva en los procesos decisorios de la reestructuración de empresas en todo el mundo. También se obtuvieron ganancias extraordinarias mediante estrategias de apalancamiento dependientes de exenciones fiscales sobre la financiación de las deudas, poniendo de esta manera en riesgo las fuentes de ingresos públicos. Esto limita las posibilidades de expansión fiscal de muchos gobiernos justo cuando más lo necesitan para estimular la creación de empleos y fortalecer las medidas de protección social.

Reconociendo que las actividades de estos actores financieros tienen impactos profundos y medibles sobre los derechos humanos, el Estado no debe abdicar de su deber de proteger. Los gobiernos deberían trabajar juntos en la adopción de las medidas necesarias para evitar que los hedge funds, los fondos de capital privado, los instrumentos derivados y las agencias de calificación crediticia afecten negativamente sobre los derechos humanos.

La liberalización del capital y la creación de paraísos fiscales impenetrables hizo más difícil aplicar impuestos progresivos a los flujos de capital y erosionó aún más la base impositiva en países tanto del Norte como del Sur al facilitar el traslado de las ganancias, desde donde se obtuvieron a otros lugares con regímenes impositivos poco o nada rigurosos. Esto tiene consecuencias negativas sobre los ingresos públicos, cruciales para que los gobiernos puedan cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Los gobiernos deben estar a la altura de sus deberes para con la ciudadanía y proteger los ingresos públicos de un modo transparente y responsable, cerrando los paraísos fiscales y tomando medidas apropiadas para controlar el movimiento del capital y reforzar las cuentas fiscales.

A su vez, los bancos centrales son agencias públicas y, como parte del gobierno, tienen obligaciones de derechos humanos. El principio de la “independencia del banco central” a menudo significaba independencia de intereses sociales y de derechos humanos. Sin embargo, no significa estar libre de la interferencia de los grupos de presión financieros privados. Los bancos centrales deben reconocer que la independencia no significa ausencia de responsabilidad para servir a los intereses de la sociedad en su conjunto. Deben equilibrar la necesidad de lograr una inflación baja y estable con sus obligaciones de combatir la desigualdad de ingresos y estabilizar el empleo y los medios de vida de la población a través de diversos instrumentos de crédito y supervisión.

La crisis y los derechos humanos en el Sur

El grado al cual la crisis compromete el logro de los compromisos de derechos humanos se expone más dramáticamente en el Sur. Por mucho tiempo se les dijo a los países en desarrollo que debían confiar en el crecimiento orientado a las exportaciones y en las políticas de libre mercado. Pero ahora son los que más sufren debido a la caída de la demanda externa provocada por la crisis. A estos países deberían permitirles una flexibilidad para que puedan cumplir plenamente con sus obligaciones de derechos humanos al tiempo que desarrollan políticas comerciales para lidiar con la crisis y prevenir vulnerabilidades relacionadas con la exportación en el futuro. El perfil y la estrategia de exportación elegida por un país, y su equilibrio entre las exportaciones y las necesidades del mercado interno, deberían guiarse cuidadosamente por sus obligaciones de derechos humanos, en particular por la necesidad de asegurar la no discriminación y la realización progresiva de los derechos.

Los niveles de la deuda también están a punto de elevarse en los países en desarrollo. La crisis no sólo empeorará sus situaciones comerciales y financieras, provocando la necesidad de solicitar más préstamos; es probable, también, que una respuesta eficaz a la crisis que no recurra a gastos deficitarios para acelerar la recuperación socave los niveles básicos mínimos de bienestar. Sin embargo, no pueden ignorarse las consecuencias e impactos para los derechos humanos de los préstamos futuros. Parte del aumento de la deuda se debe a la proliferación de líneas rápidas de crédito facilitadas por las instituciones de finanzas multilaterales, como el Banco Mundial, que supuestamente ayudan a los países en desarrollo a enfrentar la crisis. Estas líneas de crédito desembolsan cantidades de dinero enormes con poca o ninguna oportunidad de control ciudadano y responsabilidad pública y, verdaderamente, se corre el riesgo de que eludan completamente las salvaguardias sociales y ambientales. Parte del aumento de los niveles de endeudamiento se relaciona con la necesidad de refinanciar la deuda en mercados de capital privado con problemas donde los fondos son escasos, donde los países en desarrollo intentan en vano competir con los países industrializados para componer sus sectores bancarios deficitarios e implementar planes de estímulo.

Mientras en el corto plazo estas líneas de crédito pueden ser necesarias para permitir que los gobiernos estabilicen gastos, los principios de derechos humanos son críticos para determinar: (1) el mínimo estrictamente necesario de préstamos que deben solicitarse, (2) las demandas que deberían satisfacerse a través de financiación concesionaria en lugar de préstamos, y (3) los principios de rendición de cuentas y transparencia que asegurarán que los nuevos préstamos se realizan de un modo responsable, con el control social apropiado, para prevenir la generación de más deudas ilegítimas que las futuras generaciones se verán obligadas a pagar.

Algunos predicen que los recortes presupuestarios provocados por la crisis, y el traslado de fondos a los paquetes de estímulo fiscal, llevarán a los países donantes a reducir su ayuda al desarrollo. Pero el goce de los derechos humanos de muchísimas personas está en juego debido a la crisis financiera, y los gobiernos donantes de ningún modo deben echarse atrás respecto de sus obligaciones de ayuda internacional cortando la ayuda al desarrollo.

Paquetes de estímulo económico orientados a los derechos humanos

Los lineamientos de un enfoque de la crisis basado en los derechos humanos no estaría completo sin hacer referencia al papel muy particular que los estándares de derechos humanos deberían jugar en los paquetes de estímulo económico nacionales. Son particularmente relevantes en este aspecto los principios ya mencionados de no discriminación, transparencia, rendición de cuentas y participación.

Los paquetes de estímulo económico no deben discriminar de ningún modo. Los Gobiernos deberían evaluar las consecuencias en cuanto a su distribución de los paquetes a la sociedad para asegurar que los beneficios son equitativos en cuanto a género, etnicidad, orientación sexual y clase. Quizá se necesiten medidas extra para promover una igualdad sustancial para los grupos históricamente marginados y especialmente vulnerables. Las políticas sensibles al género, por ejemplo, requieren la participación femenina en el diseño y la implementación de los paquetes de estímulo. Durante la duración del paquete estímulo las decisiones también deben estar abiertas a los cuestionamientos y estar basadas en la participación y la transparencia para fortalecer la rendición de cuentas pública.

Un área prioritaria particular para los gobiernos en sus paquetes de estímulo fiscal debería ser la estabilización y el fortalecimiento de los sistemas de protección social para toda la ciudadanía, y especialmente para los más vulnerables. El derecho a la seguridad social está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en numerosos tratados de derechos humanos internacionales, y todos los Estados tienen la obligación de establecer inmediatamente un sistema de protección social básico y ampliarlo progresivamente según los recursos disponibles. El fortalecimiento de esos sistemas cumple con el deber a corto plazo de proteger a las personas de un declive económico así como con la prioridad económica a más largo plazo de invertir en la gente.

Sin embargo, en la actualidad no todos los países tienen la capacidad de invocar paquetes de estímulo económico para evitar medidas regresivas para el cumplimiento de los derechos e impulsar sus economías nacionales. En tanto garantizan que dichos paquetes cumplen con los estándares de derechos humanos básicos internamente, los Gobiernos deberían igualmente mantener sus obligaciones con la cooperación internacional cerrando la brecha financiera del Sur global.

Es importante que, en un esfuerzo por estabilizar el empleo y los medios de vida, los paquetes de estímulo no amplíen la demanda en cuanto a patrones de consumo anticuados e insostenibles tanto en los países ricos como en los pobres. Mantener una economía con alto consumo de carbono, que merma los recursos de la Tierra y aumenta las emisiones de gas de efecto invernadero, sólo multiplicará los desafíos que muchos países ya enfrentan a la hora de defender los estándares de derechos humanos.

Comentarios finales

Deberíamos esperar una herencia sombría de la crisis financiera en curso, más que la de cualquier otra crisis que la generación actual haya visto. Pero junto a esto, hay una herencia de ideas importantes que ya no pueden ser desdeñadas y que deberían ser el núcleo de la reestructuración del sistema económico mundial. Una de ellas es la importancia indiscutible que, para las diferentes opciones de políticas económicas y financieras, tienen los compromisos de derechos humanos que la comunidad internacional ha respaldado desde 1948. La humanidad haría bien en no olvidar a qué precio se forjaron los modernos instrumentos de derechos humanos.

1 Una versión preliminar de este artículo sirvió de base para una declaración publicada por la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) en consulta con un gran número de organizaciones de derechos humanos. El autor agradece a Nicolas Lusiani, que ayudó a completar la declaración, y a muchas organizaciones de derechos humanos que hicieron comentarios y brindaron aportes sobre el documento. La responsabilidad por cualquier error es, por supuesto, únicamente del autor.

2 Para una revisión detallada de las principales fuentes oficiales (FMI, Banco de Asentamientos Internacionales, Foro de Estabilidad Financiera), que muestran las notables semejanzas en la comprensión de las causas próximas de la crisis financiera, ver Caliari (2009), “Assessing Global Regulatory Impacts of the U.S. Subprime Mortgage Meltdown: International Banking Supervision and the Regulation of Credit Rating Agencies”, Documento preparado para el simposio sobre Mercado financiero y riesgo sistémico: la repercusión global del derrumbe de los créditos hipotecarios sub-prime, co-organizado por el Journal of Transnational Law and Contemporary Problems en el colegio de Leyes de la Universidad de Iowa y el Centro para las Finanzas Internacionales y el Desarrollo de la Universidad de Iowa.

3 OIT. “The Financial and Economic Crisis: A Decent Work Response”. Documento de discusión GB.304/ESP/2, 2009.

4 Ibid.

5 Banco Mundial. The Financial Crisis and Mandatory Pension Systems for Developing Countries. Washington DC: Banco Mundial.

6 World Bank News, 12 de febrero de 2009.

7 La clasificación arbitraria del Banco Mundial en la que las personas que viven con menos de USD 2 por día son pobres y los que viven con menos de USD 1 por día son extremadamente pobres ha sido criticada reiteradamente porque no captura la realidad de la pobreza en los distintos países, con umbrales de pobreza nacional muy diferentes, y la canasta de bienes que estos ingresos podrían comprar en países diferentes. En 2008, el Banco actualizó su cálculo de la paridad de poder adquisitivo (PPP) ya muy desactualizada; sobre esta base, el número de personas que el Banco define como extremadamente pobres (que viven con menos de USD 1,25 al día) fue recalculado hacia arriba en 1.400 millones, casi 50% más que la estimación anterior de 1.000 millones (ver el Informe 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU: 4-7).

8 Banco Mundial (2009). Swimming Against the Tide: How Developing Countries Are Coping with the Global Crisis. Washington DC: Banco Mundial.

9 OIT. World of Work Report 2008: Income Inequalities in the Age of Financial Globalization. Ginebra: OIT.

10 Según un estudio de 2007 de Merill Lynch y Capgemini, “El número de personas con USD 1 millón o más para invertir creció en 8% a 9,5 millones el año pasado, y la riqueza que controlan se amplió a USD 37,2 billones. Aproximadamente el 35% está en manos de apenas 95.000 personas con activos de más de USD 30 millones”. Ver Thal Larsen, P. “Super-rich Widen Wealth Gap by Taking More Risks”. Financial Times, 28 de junio de 2007.

11 Thal Larsen, ibid, citando al ejecutivo de Merill Lynch que dijo que la diferencia entre los ricos y los super ricos reflejaba “la voluntad del muy rico de asumir mayores riesgos”.

12 Asamblea General de las Naciones Unidas. “Recomendaciones de la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General sobre las Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional”. A/63/838, 29 de abril de 2009.

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Primero la gente (Roberto Bissio)

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes
Summary: 
La declaración de bancarrota del banco de inversiones Lehman Brothers en septiembre de 2008 es percibida por muchos como el momento de quiebre para una serie de colapsos del sistema bancario que se propagaron como un incendio forestal por las bolsas y mercados financieros de las economías más ricas del mundo. La palabra “crisis” ha sido desde entonces el centro de todas las noticias y discursos políticos. La Gran Depresión que sacudió al mundo a principios de los años 1930 es citada con frecuencia como el único precedente y el historiador Eric Hobsbawn comparó la caída de Wall Street con la del Muro de Berlín. En la opinión de quien es considerado el mayor historiador del siglo XX, “la economía capitalista de libre mercado desprovista de cualquier tipo de restricciones o controles (…) que capturó al mundo y sus gobiernos desde los años de Margaret Thatcher y el presidente Reagan (…) se está desmoronando ante nuestros ojos” de la misma manera en que lo hicieran las economías planificadas centralmente desde el estado de tipo soviético hace 20 años .

La declaración de bancarrota del banco de inversiones Lehman Brothers en septiembre de 2008 es percibida por muchos como el momento de quiebre para una serie de colapsos del sistema bancario que se propagaron como un incendio forestal por las bolsas y mercados financieros de las economías más ricas del mundo. La palabra “crisis” ha sido desde entonces el centro de todas las noticias y discursos políticos. La Gran Depresión que sacudió al mundo a principios de los años 1930 es citada con frecuencia como el único precedente y el historiador Eric Hobsbawn comparó la caída de Wall Street con la del Muro de Berlín. En la opinión de quien es considerado el mayor historiador del siglo XX, “la economía capitalista de libre mercado desprovista de cualquier tipo de restricciones o controles (…) que capturó al mundo y sus gobiernos desde los años de Margaret Thatcher y el presidente Reagan (…) se está desmoronando ante nuestros ojos” de la misma manera en que lo hicieran las economías planificadas centralmente desde el estado de tipo soviético hace 20 años .

La polvareda aún no se ha asentado y mientras los bancos de inversiones con fuertes vínculos con el sistema político de Estados Unidos, como Goldman Sachs, ya han vuelto a tener ganancias y a recompensar a sus ejecutivos con bonos multimillonarios en dólares, el desempleo sigue creciendo en la mayoría de las llamadas economías “avanzadas” y recién ahora, un año después del terremoto ocurrido en el epicentro de las finanzas globales, la ola del tsunami está comenzando a llegar a las orillas más distantes. En Bolivia, por ejemplo, la coalición de Social Watch local describe en su contribución para este informe que “el país ha visto pasar un ciclo de crecimiento mundial [antes de la crisis] y no supo aprovechar el aventón para acompasar a ritmo propio [el desarrollo]. Ahora que la crisis global se profundiza, la economía boliviana apenas se enteró de que hubo auge, y ya lo mira de lejos”.

En este informe de Social Watch se incluyen las conclusiones de las organizaciones de la sociedad civil en más de 60 países. Se trata del primer informe global desde las bases sobre los impactos sociales de la crisis. Las agencias de Naciones Unidas y otras instituciones han producido estimaciones valiosas sobre los millones de empleos que se perderán en todo el mundo, la creciente pobreza e incluso el aumento de la mortalidad infantil debidos a la incapacidad de los mercados para solucionar los problemas que ellos mismos crearon (contrariamente al credo imperante hasta el año pasado). Pero esas estimaciones son inferencias realizadas a partir de agregados globales, y no el resultado de la observación directa sobre el terreno. La acumulación de conclusiones de países ricos y pobres de todos los continentes muestra semejanzas notables y también una diversidad de situaciones que enriquece el panorama disponible hasta ahora, lo revela aún más dramático y urge a los responsables de tomar las decisiones a implementar políticas que pongan por delante a las personas. No es sólo una cuestión de justicia social, sino también de sólida política económica, tal como queda de manifiesto en la breve descripción de los informes nacionales a continuación.

Víctimas inocentes

En las finanzas capitalistas, como en un casino, cuanto más arriesgadas son las apuestas más altas son las ganancias. Pero las apuestas arriesgadas también significan pérdidas frecuentes. En esa lógica, lo escandaloso no es la bancarrota de Lehman Brothers, sino la decisión del presidente estadounidense George W. Bush y su Secretario del Tesoro Hank Paulson de gastar miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para rescatar bancos y compañías de seguros en quiebra, como Goldman Sachs, del que Paulson era Director Ejecutivo antes de entrar a formar parte del Gobierno. Cuando Yayi Boni, presidente de Benín, quien fue electo por su sólida reputación como banquero, se enteró de esa decisión, cuestionó públicamente la procedencia de los billones de dólares de los fondos de rescate y concluyó que los pobres terminarían pagando por la crisis. El informe de Bélgica concuerda: cuando las acciones de los bancos y las principales empresas del país colapsaron, el Gobierno fue al rescate de los bancos y proporcionó garantías de depósito. La crisis todavía provoca que el desempleo continúe incrementándose, mientras el costo del rescate bancario se hace sentir en el drástico aumento de la deuda pública, con graves repercusiones para la provisión de la seguridad social. En el propio Benín, la vibrante coalición de Social Watch local ha descubierto que, en sus esfuerzos por estimular la economía, el Estado compite con los pobres por los escasos materiales de construcción y las organizaciones de base se movilizan contra el aumento del costo de vida.

Muchos de los informes nacionales de Social Watch aportan datos de cómo las mujeres tienden a sufrir desproporcionadamente los efectos de la crisis. En palabras de la coalición polaca, “el descenso de los ingresos familiares” tiene un impacto más significativo “entre las mujeres, ya que son ellas quienes tradicionalmente cargan con la mayor responsabilidad del bienestar de la familia (esto es verdad especialmente en los grupos de menores ingresos). (…) La crisis amplifica al sector gris (informal) de la economía polaca a medida que muchos empresarios, especialmente los pequeños, intentan minimizar los costos laborales y evitar la tributación y otros costos asociados con el empleo formal. (…) El crecimiento de la economía gris afecta a más mujeres que hombres, porque son ellas quienes suelen tener empleos con baja remuneración, especialmente en el sector de los servicios privados (por ej., en la venta minorista)”.

En Francia la crisis mundial ha tenido un impacto directo en la población, al igual que en todos los países desarrollados – que es donde la crisis comenzó. Los efectos más obvios son el aumento del desempleo y la exclusión social, “y hasta problemas de alimentación que sufren sectores de la sociedad que, no hace mucho, estaban en una situación cómoda” según el informe francés de Social Watch. Del mismo modo, la estrategia de gestión de la crisis del Gobierno alemán no incluye objetivos sociales o incluso ecológicos. Sus paquetes de estímulo y reducciones de impuestos son socialmente injustos; los despidos y aumento del número de trabajadores a tiempo parcial revelan la cara fea de la desregulación. La pobreza se vuelve “masiva” tanto en Europa Oriental como Occidental, informan las coaliciones de Social Watch de Portugal y Moldova.

En la República Checa, “la crisis económica mundial está haciendo descender el nivel de vida” principalmente debido al aumento del desempleo. La coalición checa de Social Watch cuestiona la cifra oficial de desempleo, porque omite las 178.000 personas consideradas buscadoras de empleo no activas; si se agregara este grupo la tasa de desempleo sería 50% más alta. Los trabajadores extranjeros, especialmente los asiáticos, son los que más sufren en la República Checa, pero también las coaliciones de Social Watch en Malta, Eslovaquia y Chipre informan sobre las crecientes dificultades para los extranjeros y hasta casos de xenofobia.

En el otro extremo, desde Filipinas, Marruecos, México, Nicaragua y muchas otras partes se informa sobre las dificultades económicas derivadas de la disminución de las remesas enviadas por los trabajadores en el exterior. En el caso de Egipto “la caída de las remesas y el regreso de emigrados amenazan a un mercado laboral mal preparado para absorberlos”. En El Salvador, “más de 300.000 familias son receptoras de dinero del exterior, que sufraga gastos de alimentación, vestimenta y servicios básicos”. Los flujos de las remesas prácticamente no aumentaron en 2008 y se estima que comenzarán a disminuir en 2009.

La velocidad en la que los países se ven afectados por el tsunami de la crisis no está relacionada con su distancia física de Wall Street, por supuesto, sino con la forma en que su economía se vincula a las economías del epicentro. Por ejemplo, en Mozambique, que es uno de los países más pobres del mundo, el Banco Internacional de Mozambique (Millennium Bim) ha publicado un informe en el cual prevé que la economía nacional decrecerá en razón de que tanto los países donantes que financian más de la mitad el presupuesto nacional, así como los que realizan inversiones extranjeras directas, tendrán un crecimiento económico negativo. Social Watch Mozambique informa que han caído los precios de aluminio, tabaco, azúcar, té, castañas y langostinos. Los ingresos de las exportaciones se verán afectados y, a su vez, esto debilitará ciertas actividades que promovían el crecimiento económico y disminuirá la promoción del turismo. Con el 42% de su presupuesto financiado por la ayuda, Tanzanía está en una situación similar. El informe de Social Watch francés muestra que, debido a la crisis y la incapacidad del país de generar nuevos recursos para la Ayuda Oficial al Desarrollo, esta ayuda se redujo drásticamente, por lo que Francia no cumplirá sus compromisos en esta área. Por el contrario, España ha reafirmado su compromiso de canalizar el 0,7% de su ingreso nacional hacia la AOD para 2012. Pero aun si todos los países donantes cumplieran con sus compromisos, los objetivos se expresan en porcentajes de la economía y, por lo tanto, los presupuestos de AOD tenderán a disminuir en tiempos de recesión.

Entre los países en desarrollo, cuanto mayor sea la vinculación con la economía globalizada, más grande y más rápido es el impacto. Por ejemplo, el impacto fue inmediato en México y Chile, dos países latinoamericanos vinculados estrechamente con la economía de Estados Unidos por medio de acuerdos de libre comercio e inversiones. El precio del cobre, la exportación principal de Chile, alcanzó su punto máximo en más de USD 4 por libra a mediados de 2008, pero cayó a USD 1,4 a fines de año. Sin embargo, el impacto más notable de la crisis, según el informe chileno de Social Watch, lo ha constituido la caída en los fondos de pensiones, cuyos recursos están colocados en activos financieros en Chile y en el exterior. A fines de 2008, el valor de los ahorros previsionales sufrió una pérdida de USD 27.000 millones, más del 26% de los fondos totales. Debido a esto, Chile es el país latinoamericano en el que se produjo la mayor pérdida de riqueza de los hogares. A pesar de las numerosas protestas de los afectados, no tuvieron la misma suerte que los accionistas de los bancos grandes mundiales y nadie vino a rescatarlos ni se hizo nada para compensarlos.

La caída de los precios de las materias primas extendió la crisis a muchos países. En Uganda la coalición local de Social Watch estima que la crisis podría revertir los recientes avances sociales y hacer imposible el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Zambia sufre aun más que Chile la caída de los precios del cobre, del que el país es muy dependiente. La contribución zambiana al informe de Social Watch destaca con acierto que “a diferencia de los Estados Unidos y otros países que han respondido al colapso económico con nuevos fondos para bancos e industrias principales en quiebra, a fin de mantenerlos a flote, el presidente Rupiah Banda no tiene ningún recurso para distribuir”.

El informe de Ghana comenta sobre el mismo problema: “la cuestión que los ciudadanos están tratando de abordar es si el país debería concentrarse en la ayuda de la comunidad internacional para lidiar con la caída de la economía, o recurrir a iniciativas fiscales y monetarias duras”.

Como escribe el experto financiero brasileño Fernando Cardim en su análisis preparado para el informe de Social Watch local: “Aumentar los ingresos y la recaudación fiscal (…) es precisamente lo que intenta lograr el presidente Obama en Estados Unidos. Es también lo que ha defendido repetidamente desde 2007 Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Sin embargo, “el Fondo mismo se ha resistido a adoptar este punto de vista, como lo demuestran las condiciones impuestas a los países de Europa Central que fueron rescatados por el FMI”.

En el caso de Rumania, el informe nacional de Social Watch destaca que “el préstamo del FMI parece haberse contraído bajo presiones externas, principalmente para salvar los intereses de las compañías extranjeras en Rumania. No servirá para reembolsar la deuda externa del país, pero cubrirá las deudas de las filiales locales de los bancos extranjeros. De esta forma, se utilizarán los fondos públicos para reparar el daño hecho por el capital privado”.

En vez de reaccionar a las necesidades locales, el FMI fue a Rumania a consecuencia de “los reclamos desesperados del Gobierno austriaco para que el FMI y la UE intervinieran y rescataran sus bancos en Europa Oriental”. Los bancos austriacos habían prestado a la región una cantidad equivalente al 70% del PIB de Austria. Ahora, “el reembolso de un préstamo que representa el 40% del presupuesto anual de Rumania sólo será posible durante los próximos años mediante la disminución del nivel de vida de la población”.

En Hungría, se hizo necesario un rescate del FMI para evitar el colapso total de la economía y esto condujo a devaluación, aumentos impositivos y otras medidas impopulares y procíclicas, como el recorte de gastos. El primer ministro Ferenc Gyucsany fue obligado a dimitir en marzo de 2009. El nuevo gobierno planea recortar las jubilaciones, las bonificaciones del sector público y las asignaciones por maternidad, hipotecar la energía y los subsidios al transporte, y elevar la edad de jubilación.

Del mismo modo, en Serbia la presión del FMI para disminuir el déficit estatal condujo al Gobierno a anunciar en marzo de 2009 “la introducción de un sueldo de ‘solidaridad’ provisorio y un impuesto a las pensiones de 6% para los que ganan por encima de USD 170. (…) Esto generó descontento entre los trabajadores y jubilados, mientras que los sindicatos anunciaron protestas. Éstos sostienen que el impuesto de ‘solidaridad’ afectará a los más pobres, provocará una reducción de salarios, más desempleo y un aumento del sector informal, mientras que los ricos no serán afectados. De la noche a la mañana, el Gobierno revocó todo el plan de ahorros”. Según la coalición serbia de Social Watch, el Gobierno “se encontraba aprisionado entre el miedo a las protestas sociales y la presión del FMI, y las siguientes semanas estuvieron marcadas por opiniones discordantes de los políticos, que anunciaban nuevos paquetes de medidas de ahorro por la tarde para revocarlas a la mañana siguiente”. El menú de nuevas ideas incluía reducir el número de ministros, aumentar los impuestos a las propiedades, introducir un impuesto a las facturas de los teléfonos móviles, la compra de automóviles nuevos y automóviles de lujo, prohibir el ingreso de nuevos empleados en el sector público, limitar los viajes de negocios al exterior y reducir las horas de trabajo. Sin embargo, los Watchers serbios subrayan que, si la recién adoptada Ley de Confiscación de la Propiedad Obtenida Dolosamente se implementa de forma efectiva, “el Estado podría recaudar USD 2.640 millones en un año, suma igual a la que Serbia está solicitando al FMI”.

En Bulgaria las ONG y los sindicatos no están de acuerdo en que la reducción de los gastos sociales sea aceptable en tiempos de crisis. “Cualquier otra reducción podría destrozar la paz social del país”, advierte la coalición nacional de Social Watch. Aunque los expertos de las ONG apoyan el aumento de la proporción de inversión destinada a la infraestructura del transporte, critican duramente al Gobierno por no utilizar los fondos estructurales de la Unión Europea asignados a Bulgaria en sus dos primeros años como miembro pleno. “Hacia fines de 2008 sólo se había gastado 0,6% de los EUR 2.200 millones. La falta de capacidad financiera, la excesiva burocracia y los procedimientos escasamente transparentes impidieron que los fondos lleguen a sus destinatarios”.

El enlentecimiento puede ser dramático

Cuando comenzó la crisis financiera, algunos economistas aventuraron la hipótesis de la “desvinculación”, según la cual las economías emergentes permanecerían relativamente intocadas por la crisis financiera mundial debido a sus reservas sustanciales de divisas extranjeras, estados de cuentas corporativos sólidos y sectores bancarios relativamente saneados. Sin embargo, igual sintieron el impacto. Según Social Watch India, “es obvio que los pronósticos iniciales del Gobierno en cuanto a que el país saldría indemne demostraron poca visión de futuro” y el crecimiento económico cayó de un sólido 9,3% en 2007 a 7,3% en 2008. Para 2009 el FMI pronostica un crecimiento del 4,5%. Caídas similares ocurrieron en Vietnam, Perú y Camboya, que pasaron de tener cifras de crecimiento de dos dígitos al 5%.

Un crecimiento del 5% puede provocar la envidia de los Ministros de Hacienda de los países de la OCDE, ya que la mayoría trata de salir del crecimiento negativo (es decir, recesión), pero no debería ignorarse el punto de salida. El crecimiento del 5% anual en los países de ingresos bajos significa un aumento de menos de diez centavos por día para una persona común. Pero unos pocos centavos marcan una enorme diferencia cuando se es pobre. Según el ejemplo planteado por Social Watch Camboya, la reducción de la tasa de crecimiento a la mitad significa que “las personas que viven en torno al Tonle Sap, el lago más grande del país, (…) ya se habían endeudado para lograr llegar a fin de mes. En 2008 tuvieron que vender sus activos productivos y sacar a los niños de la escuela para ponerlos a trabajar”.

Crisis permanente

El término “crisis” se refiere a un momento decisivo, un tiempo inestable, pero para muchas de las coaliciones de Social Watch que remitieron su informe nacional, la crisis que sufren sus países viene de décadas atrás y no comenzó con el colapso de los mercados financieros. En la República Centroafricana, la pobreza aumenta en vez de disminuir desde 1990, con inestabilidad política y violencia que perjudica una economía de por sí débil.

Eritrea “ya estaba inmersa en un profundo caos propio” mucho antes de que se agudizara la crisis mundial, mientras en Nigeria la mayoría de las personas “ha vivido por mucho tiempo en una situación de colapso económico. La corrupción es generalizada, hay falta de electricidad en todo el país, la educación y la salud se encuentran en condiciones deplorables y la lucha armada por el control de los recursos petroleros sigue siendo intensa”.

En Yemen, el informe de Social Watch local entiende que la ausencia de derechos es el origen de las crisis sucesivas desde 1990, con el 42% de la población bajo la línea de pobreza y una situación aún peor para las mujeres. En Birmania se vive una “crisis perpetua, ya sea económica, política, alimentaria o ambiental”, con un Gobierno que se muestra incapaz de apoyar a sus ciudadanos después del ciclón pero que gasta casi la mitad de su presupuesto en los militares.

En Nepal se espera que la crisis golpee pronto, añadiendo sus efectos “a otras crisis, relacionadas con el medio ambiente, la alimentación, la energía, las finanzas y la política” que han golpeado a la sociedad “durante mucho tiempo”.

En Bangladesh, el ciclón Sidr, además de dos inundaciones consecutivas, muestra la vulnerabilidad extrema de millones de personas amenazadas por el cambio climático. Una absoluta ausencia de autoridad gubernamental está en la raíz de los problemas de Somalia, mientras la ocupación extranjera es la preocupación principal en Palestina. También haciendo su aporte desde una situación de conflicto crítica, Social Watch Iraq decidió este año enfocar su informe en la situación de las mujeres. Sus conclusiones, sin embargo, tienen valor universal: el empoderamiento de la mujer requiere que exista “una cultura de igualdad de acceso y de oportunidades”, además de legislación adecuada.

Polarización

En marzo de 2009, en medio de la crisis y el debate político sobre cómo recortar gastos en Serbia, tuvo lugar una feria de automóviles en Belgrado. ¡Todos los modelos más caros se vendieron el primer día por un total de más de USD 2,6 millones!

La crisis exacerba la polarización en todas partes. El informe de Social Watch de Bahrein afirma que “cada vez hay más millonarios, la clase media se achica y la clase baja se empobrece”. La sensación de injusticia, más que la pobreza absoluta, ha llevado a “confrontaciones y tensiones entre los grupos empobrecidos y las fuerzas de seguridad”, sobre todo en los pueblos. “Debido a ello, el Banco Mundial ha bajado la clasificación de Bahrein en cuanto a estabilidad política”.

En Vietnam, citado frecuentemente como un modelo ejemplar de desarrollo que sacó a millones de personas de la pobreza, “el consumo del 20% más rico de la población representa el 43,3% del gasto total del país, mientras que el 80% restante gasta modestamente”.

Una polarización similar se describe en el informe de Social Watch de Honduras, donde la confrontación entre ricos y pobres claramente es la raíz del golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, reavivando una práctica de “cambio de régimen” que América Latina parecía haber abandonado a favor de métodos democráticos desde hace dos décadas.

En la vecina Costa Rica, que por muchos años ha sido un oasis de paz y estabilidad constitucional en América Central, los Watchers locales advierten que si no se asumen los retos de la crisis “a partir del diálogo social (…), la persistencia de las soluciones tradicionales (asistencialismo y recorte de gasto público, así como disminución de derechos) se traducirán sin duda alguna en una mayor desigualdad y pobreza, y en el riesgo de convertir pobreza coyuntural por pérdida de ingresos en pobreza estructural, así como en la profundización de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas y las personas adultas mayores”.

El juego del avestruz

Según los Watchers keniatas, “en Kenia el Gobierno no quiere ver la realidad y hace como el avestruz, que entierra su cabeza en la arena. La élite gobernante sostiene que la crisis es circunstancial y que la economía nacional está suficientemente a salvo por la debilidad de sus lazos con el capital internacional”.

Situaciones similares se viven en muchos países. En Moldova, Social Watch informa que antes de las elecciones de abril de 2009 el Gobierno negó vehementemente que la crisis hubiera de afectar al país e intentó mantener artificialmente la situación económica. El Banco Mundial no fue tan optimista e incluyó a Moldova entre los países en desarrollo con más alto nivel de vulnerabilidad. Después de las elecciones, sin embargo, el presidente Voronin declaró, en una reunión con empresarios, miembros del Gobierno interino, parlamentarios y políticos, que “‘la crisis es un fuego, una catástrofe’. Los funcionarios gubernamentales explicaron que se minimizó la importancia de la crisis, antes de las elecciones, con la intención de ‘no crear pánico’”.

En otras situaciones, no sólo los políticos en funciones minimizaron la importancia de la crisis, sino que también ha sido una estrategia de algunos líderes de organizaciones sociales, temerosos de que el miedo a una catástrofe pudiera conducir a funcionarios con poder de decisión a aceptar demandas oportunistas de los privilegiados. Social Watch Bolivia relata que los empresarios bolivianos son parte de esta tendencia: la reacción del empresariado pasa por promover “negociaciones desiguales” que colocan el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, con el objetivo de reducir sus beneficios y salarios, junto con el incremento de los despidos.

En Eslovenia, los Watchers locales también denuncian a empleadores que abusan del miedo a la crisis y restringen los derechos de los trabajadores. En Guatemala, los mecanismos para paliar la crisis, como las cuotas de importación con arancel cero, beneficiaron sólo a un grupo importador, pero no a los consumidores.

En Paraguay, la coalición local de Social Watch informa que los primeros sectores en exigir mayor apoyo “fueron los hasta hoy beneficiados por las políticas neoliberales y de integración de mercados: agro-exportadores, industriales, importadores, y ejecutivos publicitarios”. Los productores de soja, por ejemplo, no sólo pretenden que el Gobierno cubra sus “pérdidas sino mantener el nivel de actividad y ganancias a través del subsidio público”. Ellos tuvieron ganancias extraordinarias en el ciclo anterior, en parte gracias a la especulación en el mercado a futuro de commodities agrícolas que acompañaron la promoción de biocombustibles en muchos países.

En Polonia la población “cree que los bancos manipulan el tipo de cambio a costa de los clientes. En la actualidad, la diferencia entre los valores de compra y venta puede llegar hasta el 12%; y ni siquiera la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor puede imponer restricciones a la tasa de cambio. Por lo tanto, se están formando grupos de consumidores a través de internet con el fin de adquirir moneda extranjera en cantidades mayoristas, con la esperanza de negociar el monto del spread y en ocasiones incluso renegociar las condiciones de los acuerdos crediticios”.

Después de asistir a un seminario organizado por la Red del Tercer Mundo sobre las respuestas asiáticas a la crisis, la coordinadora de cabildeo de Social Watch Natalia Cardona escribió que parece existir “una atmósfera defensiva entre los gobiernos de la región. Más que un enfoque proactivo y nuevo en relación al cambio del sistema financiero internacional, confían en viejas políticas para tratar de solucionar problemas económicos nuevos y graves”.

Social Watch Argentina halla que su gobierno está igualmente mal preparado para la magnitud de los desafíos planteados por la crisis, y la coalición brasileña cree que sus líderes confunden “la incapacidad para actuar con la prudencia financiera y fiscal”. En tiempos de recesión, “los ingresos fiscales se reducen mientras que aumentan los gastos de la seguridad social. Los déficits fiscales entonces aumentan, justamente debido a que los gobiernos no tuvieron la suficiente audacia para actuar en contra de la contracción de la economía. Es paradójico que al intentar parecer prudentes, los países se coloquen en una situación fiscal aún peor de lo que sería si los gobiernos hubieran actuado con decisión en apoyo de la demanda”.

Apoyar a los ya privilegiados

Además, no todos los intentos de estimular la economía resultan acertados o justos. Los Watchers canadienses creen que el “plan de estímulo económico cortoplacista [del gobierno] desatiende las necesidades de los miles de ciudadanos que soportan lo peor de la crisis. Los empleos creados por las inversiones públicas son para los hombres, mientras las mujeres obtienen empleos precarios o de tiempo parcial y, con frecuencia, son las primeras en ser despedidas”.

Ésas son casi las mismas palabras usadas por el informe de Social Watch tailandés: “Una de las medidas más polémicas fue la entrega por única vez de THB 2.000 (USD 57) en efectivo a empleados públicos y privados con ingresos menores a THB 14.000 (USD 397) por mes. Incluso quienes estaban habilitados a recibir los fondos criticaron de populismo descarado la política, sin considerarla un estímulo significativo. Por ejemplo, la enorme mayoría de los trabajadores en esta categoría pertenece al sector informal y, por lo tanto, no están habilitados a recibirla, lo cual plantea el problema de la discriminación de género, ya que la vasta mayoría de las mujeres trabaja en el sector informal”.

Mientras las economías occidentales inyectan nuevos fondos de rescate masivos en sus instituciones financieras, y en algunos casos nacionalizan de nuevo sus bancos, el Parlamento keniata legisla sobre la privatización de los pocos activos sociales estratégicos restantes a fin de proporcionar por única vez una inyección de ingresos al Gobierno, denuncia la coalición keniata de Social Watch. Entre las organizaciones en lista para ser privatizadas se encuentran: la Compañía de Generación de Electricidad de Kenia (KENGEN), la Kenya Pipeline Company, las empresas estatales del azúcar, hoteles, bancos y otros.

En Líbano, tanto el Primer Ministro como el ministro de Hacienda han reconocido los impactos negativos que se esperan de la crisis mundial y la necesidad de proteger la economía nacional. Sin embargo, el análisis de Social Watch local concluye que las medidas que están implementando aceleran los procedimientos necesarios para que el país se afilie a la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que se traducirá en la liberalización de servicios y sectores productivos de la economía.

Del mismo modo, en Tailandia “para complementar su plan de estímulos, el Gobierno también trabaja en una importante reestructura regulatoria de los mercados financieros. Sin embargo, a diferencia de muchos países que establecieron mayores garantías para proteger a los consumidores y sus economías, Tailandia avanza hacia la fuerte desregulación y liberalización para incrementar el papel del mercado de capitales en el desarrollo de la economía”. Los Watchers tailandeses temen que “esta iniciativa, dirigida por muchas de las mismas personas que participaron de la crisis financiera de 1997 buscando exclusivamente ganancias a corto plazo, allanará el camino a una nueva crisis apenas el país se recupere”.

Los Watchers de Malasia informan que el país, cuyo crecimiento económico depende en gran medida de sus exportaciones y que importa la mayor parte de sus alimentos, “deberá prepararse para años de dificultades económicas. Existe una fuerte caída en la producción industrial, el desempleo está por las nubes y los analistas advierten que la recesión venidera podría ser peor que la de 1997. El Gobierno recibió críticas por actuar demasiado tarde y por dedicarse a rescatar a las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil realizan protestas y foros públicos para concientizar al público acerca de las repercusiones negativas de estas crisis, especialmente con respecto a los sectores vulnerables de la sociedad”.

Esto es lo contrario de lo que sucede en Venezuela, donde la reducción de la pobreza es un objetivo principal del Gobierno, el cual desembolsa grandes cantidades de dinero a tal fin, aun cuando las políticas no siempre son tan transparentes como a los Watchers locales les gustaría.

Argelia, por otra parte, parece haber aprendido algunas lecciones de la crisis. En septiembre de 2008 Sid Saïd, dirigente de la Unión General de los Trabajadores Argelinos, anunció que el Gobierno se retractaba en lo atinente a la política del “todo puede ser privatizado”. El informe de Social Watch local estima que unas 220 empresas públicas, “destinadas inicialmente a una operación de privatización que sólo esperaba la aplicación de las medidas reglamentarias, fueron al final retiradas de la lista de las que debían venderse”. Además, el Gobierno “condonó las deudas contraídas por empresas viables [y encargó] la supervisión y seguimiento de estas medidas de saneamiento a un Grupo de Trabajo interministerial (Finanzas-Industria y promoción de las inversiones-PYME)”.

Invertir en la gente

Muchos ciudadanos en todo el mundo pueden compartir la conclusión de los Watchers peruanos: “en tiempos de bonanza se pide a los trabajadores paciencia para gozar de los beneficios del crecimiento, mientras que, durante las crisis” se espera que se ajusten sus cinturones. Pero eso no es justo y, según entienden ahora los economistas, ni siquiera funciona. Los paquetes de estímulo que dependen de las rebajas de impuestos a los ricos y de subsidiar a los grandes bancos y corporaciones no produjeron los resultados esperados. Anticipando una recesión prolongada, los ricos y las clases medias tienden a ahorrar cualquier dinero adicional, en vez de gastarlo, mientras que los bancos, en vez de prestar el dinero del estímulo, lo usan para reconstruir sus activos.

Pero cuando los fondos se canalizan hacia los pobres se gasta inmediatamente. No porque tengan un mejor entendimiento de su papel como contribuyentes a la recuperación de la economía global, sino simplemente porque no tienen otra opción.

Por todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil exigen cosas similares de modos diferentes. En Marruecos, como informa la coalición de Social Watch local, “se han tomado diversas acciones colectivas, en particular, huelgas sectoriales (educación, salud, colectividades locales, etc.) así como una huelga general. Entre otros movimientos sociales conviene citar las distintas luchas impulsadas por las Coordinadoras contra la Carestía de Vida, así como por las Asociaciones Nacionales de Profesionales Desempleados. Se desplegaron varias estrategias de acción colectiva: sentadas, marchas populares espontáneas, días de movilización nacional contra la pobreza, etc. Las reivindicaciones se refieren al cese del alza de los precios, el mantenimiento de la Caja de Compensaciones, la aplicación de la escala móvil de los salarios, a la puesta a nivel de los servicios públicos y al cese de las privatizaciones de los controles de distribución de agua y electricidad”.

En Estados Unidos, donde comenzó la crisis, y donde el número de los desempleados aumentó a 13,1 millones (5,6 millones más que al principio de la recesión), el partido Republicano fue “castigado” por el electorado que eligió a Barack Obama con una plataforma de esperanza y cambio. Ahora, según el informe de los Watchers estadounidenses, “los movimientos a favor de los derechos humanos, trabajos ecológicos, comercio justo, asistencia médica y vivienda están presentando propuestas innovadoras y aumentando sus demandas de un cambio verdadero y estructural. Estados Unidos no puede permitirse desperdiciar esta oportunidad”.

En Ghana, Social Watch exige que, para “impulsar la agricultura y contribuir a la creación de empleo, al crecimiento económico y al bienestar general de la población, los agricultores necesitan apoyo para invertir en insumos, fertilizantes, capacitación y acceso a mercados”. Una demanda similar proviene de Senegal, el país más dependiente de la importación de alimentos de África Occidental, donde la sociedad civil propone “un retorno a la agricultura tradicional, debidamente incentivada y apoyada por el Estado”.

“Un aumento real de salarios debería ser el estímulo” es el resumen de lo que Social Watch propone en Bulgaria. Y en Filipinas “definitivamente se impone crear un paquete de estímulo pero, a diferencia del propuesto por el Gobierno, debería estar basado en una estrategia nacional clara que esté sujeta a derecho, a favor de los pobres, y sustentable. Debería priorizar la seguridad alimentaria, la creación de empleos fortaleciendo las empresas locales para beneficiar a las mujeres y hombres trabajadores, así como la inversión en proyectos de infraestructura ecológicos y a favor de los pobres (por ejemplo, la construcción de una red de sistemas de riego, la electrificación de pueblos apartados y el desarrollo de energía limpia), así como la extensión de la seguridad social y económica para los pobres y los desempleados. Finalmente, debe considerarse seriamente la renegociación de la deuda pública de modo que el grueso de los ingresos del país se destine a cubrir las necesidades elementales y urgentes de las personas en vez de ponerse al servicio de la deuda”.

En Tailandia, Social Watch trabaja en favor de una amplia alianza similar a la que concluyó en la “Constitución Popular” de 1997, luego de la crisis financiera del sudeste asiático.

En Perú los Watchers enfatizan que “para afrontar las consecuencias perniciosas de la crisis, es imprescindible fortalecer la demanda interna, lo que implica aumentar el consumo de los trabajadores y proteger la producción nacional, además de suspender los Tratados de Libre Comercio (TLC), que generan una innecesaria apertura del mercado peruano en tiempos en que los mercados internacionales se encuentran en contracción”. La coalición de Social Watch mexicana también quiere una revisión del Tratado de Libre Comercio: el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas – en una carta del 16 de abril de 2009 dirigida a Barack Obama –propone “iniciar un diálogo del más alto nivel, en donde se aborden los temas de la agenda para la urgente renegociación del TLCAN y la salvaguarda de los derechos laborales, sociales y humanos de los ciudadanos de la región, que pasaría por construir un Fondo de Compensación Asimétrica para Norteamérica, negociar un acuerdo binacional sobre el tema migratorio y firmar un acuerdo para impulsar el Tratado para el Desarrollo Económico y Social de Norteamérica”.

Los Watchers italianos argumentan que “en respuesta a la crisis, cada vez más propietarios de cuentas bancarias en Italia están incursionando en el mundo de las finanzas éticas. Al cliente que apoya las finanzas éticas le importa cómo se utiliza su dinero, pero también que su banco no quiebre. Es así que muchos bancos en la actualidad están redoblando sus esfuerzos por mejorar su reputación. Volver al mandato original del sistema bancario de sostener la economía real debe constituir un punto de referencia constante en la búsqueda de salidas a la crisis”. Su conclusión tiene validez en todo el mundo: las palabras clave deberían ser “luchar contra la pobreza y redistribuir los recursos”.

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Region: 
left

Social Watch en el mundo

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes

ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN Y DESARROLLAN LA INCIATIVA SOCIAL WATCH:

Albania:
Human Development Promotion Centre (HDPC), hdpc@icc-al.org

Alemania:
Social Watch Germany, jensmartens@globalpolicy.org, www.social-watch.de; Coordinating Committee: Evangelischer Entwicklungsdienst (EED); Global Policy Forum Europe; Terre des Hommes Germany; Werkstatt Ökonomie; WOMNET; Asienhaus; Aktion Brot für die Welt; Deutscher Caritasverband; DGB-Bildungswerk; Diakonisches Werk der EKD; FIAN Sektion der Bundesrepublik Deutschland; Friedrich-Ebert-Stiftung; IG Metall; Ökumenischer Trägerkreis Armut/Reichtum – Gerechtigkeit; Pax Christi; Pro Asyl e.V.; ver.di – Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft; WEED (Weltwirtschaft, Entwicklung und Ökologie.e.V.)

Angola:
Sindicato Nacional de Professores (SINPROF), sinprof@angonet.org, www.sinprof.org

Argelia:
Association El Amel pour le Développement Social, mselougha@yahoo.fr; Algerian Youth Forum

Argentina:
CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales, parcidiacono@cels.org.ar, www.cels.org.ar, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES); Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO); Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)

Armenia:
"Sociometr" Independent Sociological Research Center, svetaslan@hotmail.com

Azerbaiyán:
Public Finance Monitoring Center (PFMC), kenan@pfmc.az, www.pfmc.az

Bahrein:
Bahrain Human Rights Society (BHRS), bhrs@bhrs.org, anhalekry@yahoo.com, www.bhrs.org/arabic/; Bahrain Transpraency bahts@batelco.com.bh

Bangladesh:
Unnayan Shamannay, shamunnay@sdnbd.org, www.shamunnay.org; Action on Disability and Development (ADD); Bangladesh Adivasi Forum; Campaign for Good Governance (SHUPRO); Community Development Library (CDL); Education Watch (CAMPE); Ganoshastho Kendro; Manusher Jonno Foundation; People's Health Movement (PHM); Steps Towards Development

Bélgica:
Plateforme belge pour le travail décent coordinado por el Centre National de Coopération au Développement (CNCD), cncd@cncd.be, www.cncd.be, and 11.11.11 (North-South Flamish Cooperation), www.11.be

Benín:
Social Watch Benin, swbenin@yahoo.fr, www.socialwatchbenin.org; Action Citoyenne pour un développement durable (ACIDU-SUSUNYUEN); Art-Culture Tourisme Sans Frontière (ACT-SF); Assistance à la Promotion de la Femme et de la Jeune Fille (APROFEJ); Association Béninoise de Droit du Développement (ABDD); Association de Lutte contre le Régionalisme, l’Ethnocentrisme et du Racisme (ALCRER); Association des Bonnes Volontés pour l'Excellence (ABOVE ESPOIR); Association des Femmes Alphabétiseures du Bénin (AFA-BENIN); Association des Femmes pour le Développement Rural Intégré (AFDRI); Association des Instituteurs et Institutrices du Bénin (AIIB); Association des Jeunes pour le Progrès et le Développement de l’Education (AJPDE); Association des Personnes Rénovatrices des Technologies Traditionnelles (APRECTECTRA); Association Femmes et Vie (AFV); Association pour la Promotion des Initiatives Locales (ASSOPIL); Association Vinavo et Environnement (ASSOVIE); Caritas-Benin; Centre Afrika Obota (CAO); Centre Béninois pour l’Environnement et le Développement Economique et Social (CEBEDES); Centre de Réflexion et d’Action sur le Développement Intégré et la solidarité (CeRADIS); Cercle d’Auto promotion pour le Développement Durable (CADD); Comité Inter-Africaine sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé de la femme et de l’enfant (CI-AF); Conseil des Activités Educatives du Bénin (CAEB); Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB); Espace & Vie; Espoir Plus; Flourished Youth Association (FYA-BENIN); Forces Nouvelles pour un Développement Humain Durable (FNDHD); Groupe d’Action pour l’Amour du Bien-être Familial (GABF); Groupe d’Action pour la Justice et l’Egalité Sociale (GAJES); Groupe d’Appui à l’Education et à la Santé de Base (GRAPESAB); Groupe de Recherche et d’Action pour la Promotion de l’Agriculture et le Développement (GRAPAD); Groupe de Recherche et d’Action pour le Développement de la Femme au Bénin (GRAD-FB); Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives de Base pour un Développement Durable (GRAIB); Groupe de Sécurité Alimentaire pour Tous (GSAT); Jeunesse Sans Frontière Bénin (JSF-ONG); Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale (LARES); Le Jour Utile - ONG (LJU); Le Rural; Ligue pour la Défense du Consommateur au Bénin (LDCB); Nouveau Défi pour le Développement (NDD); Nouvelles Perspectives Afrique (NPA); Organisation Communautaire pour la Santé, l'Education et le Développement (OCSED); Organisation pour le Développement Economique et Social (ODES); Our Conviction; Projet d’Appui aux Producteurs Agricoles du Bénin (PAPA BENIN); Recherche et Action pour la Promotion des Initiatives de Développement Local (RAPIDEL); Recherches, Actions Communautaires, Initiatives pour un Nouvel Espoir (RACINES); Regard sur notre Développement – Notre Santé la Sécurité Alimentaire de nos Peuples et la Prévention du Sida sur les Cotes Africaines (RD-SSAP-PSCA); Réseau d’Intégration des Femmes des ONG et Associations du Bénin (RIFONGA); Réseau de Développement d’Agriculture Durable (REDAD); Réseau des Journalistes Economique du Bénin (RESEAU JEB); Réseau Glegbenu; SIDA HONYI; SINAÏ; SIN-DO; Sœurs Unies à l'Œuvre (SUO); SUBLIME EXCELLENCE; Syndicat National des Agents Experts Maritimes et Assimilés (SYNAEMAB); Syndicat National des Paysans du Bénin (SYNPA-Synergie Paysanne); Union des Femmes Aboméennes pour la Démocratie et le Développement (UFADD); Victory Way; Women in Law and Development in Africa (WILDAF)

Birmania:
Burma Lawyers’ Council, aunghtoo@csloxinfo.com, www.blc-burma.org

Bolivia:
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), cedla@cedla.org, www.cedla.org; Red UNITAS, Fundación ACLO Dir. General, Fundación ACLO reg.Chiquisaca, Fundación ACLO reg. Potosí, Fundación ACLO reg. Tarija, APT, CEDIB, CENDA, CEJIS Santa Cruz, CEJIS Trinidad, CEJIS Riberalta, CEJIS La Paz, Centro de Asesoramiento Multidisciplinario “VICENTE CAÑAS”, CEPROMIN, CEPROMIN Oruro, CER-DET, CESA, CIAC Central, CIAC Tarija, CIAC Potosí, CIAC CINTI, CIAC Tupiza, CIDEM, CIPCA NACIONAL Biblioteca (Lola), CIPCA Beni, CIPCA Cochabamba, CIPCA Cordillera, CIPCA La Paz, CIPCA Norte (Riberalta), CIPCA Pando, CIPCA Santa Cruz, D.N.I. Nacional, D.N.I. Cochabamba, D.N.I. La Paz, D.N.I. Oruro, D.N.I. Santa Cruz, DESAFIO, INDICEP, IPTK, IICCA, ISALP, IIADI, KURMI Cochabamba, KURMI La Paz, Mujeres en Acción, OASI Santa Cruz, OASI Bermejo, PIO XII, PIO XII Oruro, PIO XII Cochabamba, PROMUTAR, PIDEP, QHANA, SEMTA, TEAPRO, YUNTA

Brasil:
Grupo coordinador: Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), observatorio@ibase.org.br, www.ibase.br; Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea); Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes (Cesec/Ucam); Criola-Rio; Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase); Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc); Rede Dawn; Ação pela Tributação das Transações Especulativas em Apoio aos Cidadãos (Attac); ActionAid; Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB); Articulação de Mulheres Negras Brasileiras; Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero (Themis); Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais (Abong); Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia); CEN/Fórum de Mulheres do Piauí; Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap); Centro de Atividades Culturais, Econômicas e Sociais (Caces); Centro de Cultura Luiz Freire; Centro de Defesa da Criança e do Adolescente/Movimento de Emus; Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento Rubião; Centro de Estudos de Defesa do Negro do Pará; Centro de Mulheres do Cabo (CMC); Centro de Pesquisa e Assessoria (Esplar); Cidadania Estudo Pesquisa Informação e Ação (Cepia); Comissão Pastoral da Terra (CPT/Fian); Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem); Comunicação, Informação e Educação em Gênero (Cemina); Comunidade Baha’í; Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim); Fala Preta; Fórum da Amazônia Oriental (Faor); Fórum de Mulheres de Salvador; Fórum de Mulheres do Rio Grande Norte; Grupo de Mulheres Negras Malunga; Instituto da Mulher Negra (Geledés); Instituto de Estudos da Religião (Iser); Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Estudos Sociais (Pólis); Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur/UFRJ); Instituto Patrícia Galvão; Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais (LAESER); Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH); Nova; Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh); Rede Mulher de Educação; Rede Saúde; Ser Mulher – Centro de Estudos e Ação da Mulher Urbana e Rural; SOS Corpo; SOS Mata Atlântica

Bulgaria:
Bulgarian Gender and Research Foundation (BGRF), bgrf@fastbg.net, www.bgrf.org; BGRF Sofia, BGRF Plovdiv, BGRF Haskovo, ATTAC Bulgaria; Bulgarian-European Partnership Association (BEPA); Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (KNSB); “Demetra” Association Burgas

Camboya:
SILAKA, silaka@silaka.org, www.silaka.org; NGO Committee on CEDAW; NGO Forum on Cambodia; Gender and Development for Cambodia GAD/C; Women for Prosperity WFP; Committee for Free and Fair Election in Cambodia COMFREL; Cambodia Development Research Institute CDRI; Cambodia Women for Peace and Development CWPD; Neutral and Impartial Committee for Free and Fair Election in Cambodia NICFEC

Camerún:
Fédération des Organisations de la Société Civile Camerounaise (FOSCAM), mballamballa2001@yahoo.fr; andelac@yahoo.com, www.foscam.org; COSADER, CSP, INTERACTION, AGAGES-Consult, CRADIF, CRADEC

Canadá:
The North-South Institute (NSI), jfoster@nsi-ins.ca, www.nsi-ins.ca; Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA), ccpa@policyalternatives.ca, www.policyalternatives.ca; Canadian Feminist Alliance for International Affairs (FAFIA)

Chile:
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), www.cendachile.cl, mpascual@cendachile.cl

Chipre:
Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (CARDET), pambos@cardet.org, www.cardet.org

Colombia:
Corporación Región, coregion@region.org.co, antoja@region.org.co, www.region.org.co; Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Congo, Rep. Dem.:
www.societecivile.cd

Corea, Rep.:
Citizens' Coalition for Economic Justice (CCEJ), suyoung@ccej.or.kr, iccej@ccej.or.kr, www.ccej.or.kr

Costa Rica:
Red Costarricense de Control Ciudadano, Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, cep.ciudadania@alforja.or.cr, www.alforja.or.cr/centros/cep/; Agenda Cantonal de Mujeres de Desamparados (ACAMUDE); Agenda Política de Mujeres; Asociación Centro de Educación Popular Vecinos; Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud, y el Ambiente (ASEPESA); Asociación de Profesores/as de Segunda Enseñanza (APSE); Asociación Madreselva, Derechos Humanos y Salud Integral; Asociación para el Desarrollo del Trabajo; Capacitación y Acción Alternativa (PROCAL); Centro para el Desarrollo y Capacitación en Salud (CEDCAS); Colectiva por el Derecho a Decidir; Comisión de Derechos Humanos (CODEHU); Coordinadora de Organizaciones Sociales para la Defensa de los Derechos de la Niñez (COSECODENI); Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI); Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a Distancia; Federación Costarricense de Organizaciones de Personas con Discapacidad (FECODIS); Fundación Pedagógica Nuestra América; Fundación Promoción; Liga Internacional de Mujeres por Paz y Libertad (LIMPAL); Movimiento Diversidad; Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE); Redes Comunitarias de Salud de la Provincia de Puntarenas (Pacífico Central); Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); Sindicato de Empleados/as del Banco Nacional (SEBANA); Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, UNDECA)

Ecuador:
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), cdes@cdes.org.ec, www.cdes.org.ec

Egipto:
The Egyptian Association for Community Participation Enhancement (EACPE), cpe_eg@yahoo.com, www.mosharka.org; National Association for Human Rights; New Woman Centre; Research and Resource Centre for Human Rights

El Salvador:
Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), cidep@cidepelsalvador.org, www.cidepelsalvador.org;
Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos de El Salvador “Marianela García Villas” (CODEFAM); Fundación Maquilishuat (FUMA); Centro para la Defensa de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”

Eslovaquia:
Slovak-European Cultural Association (FEMAN), daniel.klimovsky@upjs.sk;
University of Pavol Jozef Šafárik in Košice

Eslovenia:
Humanitas, info@humanitas.si, www.humanitas.si

España:
Plataforma 2015 y más, coordinacion@2015ymas.org, www.2015ymas.org; Intermón Oxfam, info@intermonoxfam.org, www.intermonoxfam.org; ACSUR-Las Segovias; Arquitectos Sin Fronteras; Asamblea de Cooperación por la Paz; Associació Catalana per la Pau, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Cooperacció; Economistas sin Fronteras; Fundación CEAR; Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA); Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE); Instituto Sindical de Cooperación y Desarrollo (ISCOD); Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL); Observatorio DESC; Paz y Solidaridad; PTM-mundubat; Solidaridad Internacional

Estados Unidos de América:
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), iatp@iatp.org, aspieldoch@iatp.org, www.iatp.org; Action Aid USA; Center of Concern; Global-Local Links Project; Hunger Notes

Estonia:
Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ), anu@terveilm.net, info@terveilm.net, www.terveilm.net

Filipinas:
Social Watch Philippines, sowat@info.com.ph; Action for Economic Reforms (AER); ALAGAD-Mindanao; Albay NGO-PO Network; Alliance of Community Development Advocate; Alliance of Community Development Advocates Provincial NGO Federation of Nueva Vizcaya; Alliance of Concerned Teachers(ACT); Alternate Forum for Research in Mindanao (AFRIM); Alternative Community-Centered Organization for Rural Development (ACCORD); Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC); Bantay Katilingban; Banwang Tuburan; BAPAKA; Bataan NGO-PO Network; Bisaya Alliance Growth and Sustainable Sugar Estate (BAGASSE); Bohol Alliance of Non-Governmental Organizations (BANGON); Broad Initiative for Negros Development (BIND); CARET Inc.; Caucus of Development NGO Networks (CODENGO); Caucus on Poverty Reduction; CCAGG; CCF Reconciliation Center; Center for Migrant Advocacy Philippines (CMA - Phils.); Center for Policy and Executive Development (CPED); Centro Saka, Inc.; Civil Society Network for Education Reforms (E-Net); CMLC; COMPAX - Cotabato; Co-Multiversity; Convergence; Daluyong Ugnayan ng mga Kababaihan (National Federation of Women’s Group); DAWN-Southeast Asia / Women & Gender Institute; Earth Savers Movement; Ecowaste Coalition; ELAC - Cebu; Emancipatory Movement for People’s Empowerment; Focus on the Global South – Philippine Program; Freedom from Debt Coalition (FDC); Global Call to Action Against Poverty – Philippines; Health Care without Harm; IBASSMADC; Iloilo Code of NGOs; Indicative Medicine for Alternative Health Care System Phils., Inc. (INAM); Initiatives for International Dialogue (IID); Institute for Popular Democracy (IPD); Institute for Social Studies and Action (ISSA); Institute of Public Health Management (IPHM); Integral Development Services, Phils. (IDS-Phils); Jaro Archdiocesan Social Action Center; Jihad Al Akbar; Justice for Peace and Integrity of Creation-Integrated Development Center (JPIC-IDC); KAMAM; Kaisampalad; Kalipunan ng Maraming Tinig ng Manggagawang Inpormal (KATINIG); Kasanyagan Foundation Inc. (KFI); Kinayahan Foundation; Kitanglad Integrated NGO’s (KIN); Konpederasyon ng mga Nobo Esihano para sa Kalikasan at Kaayusang Panlipunan; La Liga Policy Institute; Labing Kubos Foundation, Inc.; Lubong Salakniban Movement; Management & Organizational Development for Empowerment (MODE); Medical Action Group (MAG); Micah Challenge; Midsayap Consortium of NGOs and POs; Mindanao Land Foundation (MLF); Mindanawon Initiative for Cultural Dialogue; Multi-sectoral organization of CSOs for environmental and development in Marinduque (KASAMAKAPA); Nagkakaisang Ugnayan ng mga Manggagawa at Magsasaka sa Niyugan (NIUGAN); National Council of Churches in the Philippines(NCCP); NATRIPAL; NEGRONET; Negros Oriental Center for People’s Empowerment (NOCFED); NGO-PO Network of Quezon; NGO-PO of Tabaco City; Oxfam Great Britain; Paghiliusa sa Paghidaet-Negros; Panaghugpong sa Gagmayng Bayanihang Grupo sa Oriental Negros (PAGBAGO); Participatory Research Organization of Communities and Education towards Struggle for Self Reliance (PROCESS Bohol); Partido Kalikasan; Partnership for Clean Air; Peace Advocates Network; Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA); Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ); Philippine Human Rights Info Center; Philippine Network of Rural Development Institutes (PhilNet-RDI); Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas -Davao; Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM); Phil-Net Visayas; Piglas Kababaihan; PIPULI Foundation, Inc.; Positive Action Foundation Philippines, Inc. (PAFPI); Public Services Labor Independent Confederation (PSLink); Research and Communication for Justice and Peace; Rice Watch and Action Network (RWAN); Rural Development Institute of Sultan Kudarat (RDISK); Rural Enlightenment & Accretion in Philippine Society (REAPS); SAMAPACO; SARILAYA; Save the Ifugao Terraces Movement (SITMO); Silliman University; Social Action Center of Malaybalay Bukidnon; Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE); Student Council Alliance of the Philippines (SCAP); Sustainability Watch; Tambuyog Development Center; Tanggol Kalikasan; Tarbilang Foundation; Task Force Detainees of the Philippines (TFDP); Tebtebba Foundation, Inc.; Technical Assistance Center for the Development of Rural and Urban Poor (TACDRUP); The Community Advocates of Cotabato; Third World Studies Center (TWSC); U.S. Save the Children; Unity for the Advancement of Sus Dev and Good Governance; Unlad Kabayan; UPLift Philippines; Womanhealth Philippines; Youth Against Debt (YAD)

Francia:
Secours Catholique-Caritas France, michel-roy@secours-catholique.asso.fr, www.secours-catholique.asso.fr; Coordination SUD, europe@coordinationsud.org, www.coordinationsud.org

Ghana:
Network for Women’s Rights in Ghana (NETRIGHT) – Convenor of Social Watch Ghana: netright@twnafrica.org; Third World Network Africa (TWN Af), ABANTU for Development (ROWA), Ghana Trades Union Congress (GTUC), General Agricultural Workers’ Union of GTUC (GAWU), Gender Studies and Human Rights Documentation Centre (Gender Centre), Women’s Initiative for Self Empowerment (WISE), The Coalition on the Women’s Manifesto for Ghana (WMC), Integrated Social Development Centre (ISODEC), Foundation for GrassRoots Initiatives in Africa, Centre for Democracy and Development (CDD), Civic Response, National Coalition Against Water privatisation (NCAP), Institute for Democratic Governance (IDEG), Save the Children Ghana, Ghana National Association of Teachers (GNAT), Ghana Association of the Blind, Consumers Association of Ghana, Christian Council of Ghana, Ghana Registered Nurses Association (GRNA), University of Ghana Students Representatives Council, National Union of Ghana Students (NUGS), Ghana Federation of Labour,Ecumenical Association for Sustainable Agriculture and Rural Development (ECASARD), Fataale Rural Foundation, Civil Society Coalition on Land (CICOL)

Guatemala:
CONGCOOP – COORDINACIÓN DE ONG Y COOPERATIVAS, congcoop@congcoop.org.gt, www.congcoop.org.gt; Asociación de Desarrollo Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (ACCION ECOLOGICA), Asociación de Desarrollo para América Central (ADEPAC), Asociación para el Desarrollo Integral (ADI), Alternativa para el Desarrollo Ambiental (APDA), Centro de Documentación y Educación Popular (CIEP), Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos (CIEPRODH), Coordinadora Cakchiquel de Desarrollo Integral (COKADI), Coordinadora Mesoamericana para el Desarrollo Integral (COMADEP), Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo (CONCAD), Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala (FEDECOAG), Fundación para el Apoyo Técnico en Proyectos (FUNDATEP), Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUNDESCO), Asociación (IDEAS), Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA), Servicios y Apoyo al Desarrollo de Guatemala (SADEGUA), Servicios de Capacitación Técnica (SERCATE)

Honduras:
Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), cemhhonduras@yahoo.es, anmfech@yahoo.es, www.cemh.org.hn; Articulación Feminista de Redes Locales; Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras (CESADEH); Centro de Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC); Marcha Mundial de la Mujeres - Capítulo Honduras; Mujeres Sindicalistas (Sindicato de la Educación SIEMPE), Red de Mujeres Colonia Ramón Amaya Amador, Red de Mujeres Colonia Cruz Roja, Red de Mujeres del Municipio de La Paz, Red de Mujeres Jóvenes del Distrito Central, Red de Mujeres Positivas de Honduras, REDMUNA

Hungría:
ATTAC Hungary, benyikmatyas@gmail.com, www.attac.hu; Foundation for the Hungarian Social Forum Movements, Hungarian Antifascist League, Karl Marx Society, Workers' Free Time Association of Ferencvaros

India:
National Social Watch Coalition (NSWC), info@socialwatchindia.com, nationalsocialwatch@yahoo.co.in, www.socialwatchindia.net; Adivasi Sanghamam, Agragati, Asian Development Research Institute, Association for Democratic Reforms (ADR), Centre for Community Economics and Development Consultants Society (CECOEDECON), Centre for Policy Studies (CPS), Centre for World Solidarity (CWS), Centre for Youth and Social Development (CYSD), Community Development Foundation (CDF), Dalit Bahujan Shramik Union (DBSU), Ekta Parishad, Forum of Voluntary Organisations (West Bengal, Kolkata), Gene Campaign, Gramin Yuva Abhikram (GYA), HOPE, Institute of Development Studies, Institute for Motivating Self Employment (IMSE), KABIR, Karnataka Social Watch, Kerala Social Watch, LJK, Madhya Pradesh Voluntary Action Network (MPVAN), Mayaram Surjan Foundation (MSF), National Centre for Advocacy Studies (NCAS), Oxfam Novib, People's Campaign for Socio-Economic Equity in Himalayas (PcfSEEiH), Pratham, PRS Legislative Research, Rejuvenate India Movement (RIM), RTDC- Voluntary Action Group (RTDC- VAG), SAFDAR, Samarthan Centre for Development Support, South Asian Network for Social and Agricultural Development (SANSAD), SPAR, Swaraj Foundation, Tamilnadu Social Watch (TNSW), Uttar Pradesh Voluntary Action Network (UPVAN), Vidyasagar Samajik Suraksha Seva Evam Shodh Sansthan, Vikas Sahyog Pratisthan (VSP), Youth for Voluntary Action (YUVA)

Indonesia:
Women Headed Household Empowerment Program (PEKKA), naniz@centrin.net.id; Alfa – Omega, ASPPUK, FITRA, Formasi Indonesia, Forum Keberdayaan Masyarakat Bengkulu, Forum LSM DIY, Forum Perempuan, Kalimantan, INFID, LP2M Padang, Nurani Perempuan, PCSSF – Papua, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PKM) Sultra, Perekumpulan Sada Ahmo, Perkumpulan Panca Karsa, PERSEPSI, PKBI Bengkulu, PKM Nasional, Seknas Walhi, Swara Parangpuan Sulut

Iraq:
Iraqi Al-Amal Association, baghdad@iraqi-alamal.org, www.iraqi-alamal.org; Iraqi Council for Peace and Solidarity, Iraqi Women Network, REACH org

Italia:
Social Watch Italian Coalition, info@socialwatch.it, jason.nardi@socialwatch.it; Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI); Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI); Campagna per la Riforma della Banca Mondiale; Fondazione Culturale Responsabilità Etica; Lunaria; Mani Tese; Sbilanciamoci; Ucodep; World Wildlife Fund Italy (WWF)

Jordania:
Jordanian Women Union, jwu@go.com.jo; Jordanian Association to Combat Illiteracy

Kenia:
Social Development Network (SODNET), sodnet@sodnet.or.ke, www.sodnet.or.ke; Kenya Human Rights Commission (KHRC), Kutuo Cha Sheria, Huruma Social Forum, Agakhan Foundation, Centre for Governance and Democracy (CGD), CRADLE, Kenya Organization for Environmental Education (KOEE), Sustainability Watch – Kenya, Logolink

Letonia:
MiTi Foundation, miti@telenet.lv

Líbano:
Arab NGO Network for Development (ANND), annd@annd.org, www.annd.org; Ecole Sociale-USJ; Lebanese Development Forum; Lebanese NGO Network; Najdeh Association; Secours Populaire Libanais

Lituania:
Centre for Civic Initiatives, girvydas@pic.lt, www.pic.lt

Malasia:
Third World Network (TWN), twnet@po.jaring.my, www.twnside.org.sg; Consumers' Association of Penang, meenaco@pd.jaring.my; Cini Smallholders' Network; Penang Inshore Fishermen Welfare Association; Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth, Malaysia); Teras Pengupayaan Melayu

Malta:
Koperazzjoni Internazzjonali (KOPIN), kopin@maltaforum.org, jmsammut@maltanet.net, www.kopin.org

Marruecos:
Espace Associatif, contact@espace-associatif.ma, www.espace-associatif.ma; Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM); Association Marocaine des Droits Humains (AMDH); Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH); Union Marocaine du Travail (UMT); Transparency Maroc; Réseau pour le droit à la santé; Association de Développement Local Rabat (ADL); Association Professionnelle des Tapissiers; Association Chantier Jeunesse; Association Marocaine pour l’Education de la Jeunesse; Confédération Démocratique du Travail; Organisation Démocratique du Travail; Forum des Economistes Marocains;Centre d'Etudes et de Recherches Aziz Blal (CERAB); Coordination contre la cherté de la vie; Said SAADI;Abderrahim DIAB

Mauritania:
Réseau des organisations de la société civile pour la Promotion de la Citoyenneté (RPC), resrpc@gmail.com, dogoli56@yahoo.fr

México:
DECA Equipo Pueblo, pueblodip@equipopueblo.org.mx, www.equipopueblo.org.mx; ESCR civil society coordination forum (Espacio Desc): DECA Equipo Pueblo; Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Defensoría del Derecho a la Salud Chiapas; FIAN Sección México, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) - Guadalajara; Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (LIMEDDH); Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat; Radar-Colectivo de Estudios Alternativos en Derecho

Moldova:
National Women’s Studies and Information Centre “Partnership for Development”, cpd@progen.md, www.progen.md

Mongolia:
Democracy Education Centre (DEMO), demo@magicnet.mn, www.demo.org.mn

Mozambique:
Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, cnesta@gmail.com; Grupo Moçambicano da Divida; Associacão dos Parlamentares Europeus para Africa (AWEPA); Rede de Organizações Contra Sida (MONASO); Sociedade Aberta; Jornalistas Para os Direitos Humanos

Nepal:
Rural Reconstruction Nepal (RRN), akarki@rrn.org.np, sarba@rrn.org.np, prajeena@rrn.org.np, www.rrn.org.np; National Alliance for Human Rights and Social Justice (the national network of more than 1,000 human rights organisations); Child Workers Concern Centre (CWIN); NGO Federation of Nepal (the national network of more than 4,500 NGOs);General Federation of Nepalese Trade Union; South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE); LDC Watch; Jagaran Nepal; Children-Women in Social Service and Human Rights (CWISH)

Nicaragua:
Coordinadora Civil (CC), mquintana@ccer.org.ni, fmoreira@ccer.org.ni, www.ccer.org.ni; Acción Ciudadana; Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE); Consejo de la Juventud de Nicaragua (CJN); Coordinadora de ONGs que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI); Federación de Organismos No Gubernamentales (FONG); Federación de Organizaciones por la Rehabilitación e Integración (FECONORI); Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH); Mesa Agropecuaria y Forestal (MAF); Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN); Movimiento Pedagógico Nicaragüense (MPN); Red de Mujeres contra la Violencia; Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (RENICC); Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local; Red de Vivienda; Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)

Nigeria:
Social Watch Nigeria: Socio Economic Rights Initiative (SRI), sri@hyperia.com, seri@hyperia.com, onyegur@hyperia.com, onyegur@yahoo.com; Africa Youth Growth Foundation; Campaign for Child’s Right and Survival (CCRS); Care and Action Research (CaRE-NGO); Chiamaka Cooperative Union; Christian Foundation for Social Justice & Equity; Community Conservation Initiative; Community Health and Development Advisory Trust (COHDAT); Community Life Advancement Project (CLAP); Conscientizing against Injustices and Violence (CAN); Credit & Thrift Society; Daughter of Virtue and Empowerment Initiatives (DOVENET); Destiny Daughters of Nigeria (DEDAN); Federated Ebonyi Women Association (FEWA); Friendly Environment and Human Development Foundation (FEHDF); Initiative Development Now (IDN); International Centre for Youth Development (ICYD); Kanewa Women Group; Life Intervention Project (LIP); Methodist Diocese of Enugu; Mindset and Community Advancement Operations (MICADO); National Council of Women Societies (NCWS Abia State Branch); National Productivity Centre Coop; Natural Resources Development Motivators; Nigerian Concerned Group for Environment, Population and Development; NOB Movement for the Less privileged; Oasis of the Elderly, Youth & Family Development (OEYFAD); Osa Foundation; Otia Development Foundation; People’s Rights Organization (PRO); Rural Life Improvement Foundation (RULIF); Safe Motherhood & Child Survival Organization of Africa (SMACS); Safe Motherhood Ladies Association (SMLAS); SEDAFRICA; Survival Foundation Network (SUFON); Volunteer Societies of Nigeria Organization on AIDS (VOSONOA); Women Empowerment and Poverty Alleviation (WEPA); Women in Nigeria (WIN); Women in Nigeria (WIN), Imo State; Women of Virtue; Women Survival and Development Association; Women United for Economic Empowerment (WUEE); Youth Resource Development Education and Leadership Center for Africa (YORDEL AFRICA)

Países Bajos:
OXFAM-NOVIB Netherlands, sita.dewkalie@oxfamnovib.nl, www.oxfamnovib.nl; National Committee for International Cooperation and Sustainable Development (NCDO)

Pakistán:
Civil Society Support Programme (CSSP), csspsindh@yahoo.com, soonharani@yahoo.com; Indus Development Foundation, qureshiaijaz@yahoo.com

Palestina:
Palestinian NGO Network (PNGO), j_allam@hotmail.com; Arab Association for Human Rights, Bisan Center for Research and Development

Paraguay:
Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana, direccion@decidamos.org.py, www.decidamos.org.py; Educación Comunicación y Tecnología Alternativa (BASE - ECTA); Centro de Documentación y Estudios (CDE); Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG); FE Y ALEGRÍA Movimiento de Educación Popular Integral; ÑEMONGUETARA Programa de Educación y Comunicación Popular; Servicio de Educación y Apoyo Social (SEAS - AR); Servicio de Educación Popular (SEDUPO); Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ - PY)

Perú:
Comité de Iniciativa, Grupo de Acción Internacional de la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES), cedep@cedepperu.org, hecbejar@yahoo.com, www.conades.org.pe; Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo; Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP); Grupo de Economía Solidaria; Grupo Género y Economía; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Comité Perú; Red Jubileo 2000

Polonia:
KARAT Coalition, secretariat@karat.org.pl, www.karat.org; The Network of East-West Women (NEWW-Polska), neww@neww.org.pl, www.neww.org.pl

Portugal:
Oikos - Cooperação e Desenvolvimento, jjfernandes@oikos.pt, catarina_cordas@hotmail.com, www.oikos.pt; Portuguese Network of Local Development Associations (ANIMAR) Portuguese National Platform of Development NGOs (Plataforma Nacional de ONGD).

Reino Unido:
Oxfam GB for UK Coalition against Poverty, eileen.devaney@ukcap.org, cecily.craven@ukcap.org, www.oxfam.org.uk; Anti Poverty Network Cymru (APNC), Wales; European Anti Poverty Network, England; Northern Ireland Anti Poverty Network (NIAPN); Poverty Alliance (PA),Scotland; Trades Union Congress of the UK (TUC)

República Centroafricana:
Groupe d'Action de PAix et de FOrmation pour la Transformation (GAPAFOT), crosiribi@yahoo.fr, gapafot@yahoo.fr, www.grip.org/rafal/membres/gapafot.htm

República Checa:
Ecumenical Academy Prague, tozicka@ceskoprotichudobe.cz, ekumakad@volny.cz, www.ekumakad.cz; Advanced Development Technologies; Centre of Global Studies; Gender Studies, o.p.s.; Forum 50%

Rumania:
Civil Society Development Foundation (FDSC), fdsc@fdsc.ro, valentin.burada@fdsc.ro, www.fdsc.ro; Asociatia pentru Dezvoltarea Organizatiei (SAH ROM); Asociatia Specialistilor in Resurse Umane (AUR); Confederatia Caritas Romania

Senegal:
Association pour le Développement Économique Social Environnemental du Nord (ADESEN), adesen@yahoo.com; ACAPES; ENDA Tiers-Monde

Serbia:
Association Technology and Society, dana@eunet.rs, mirad@eunet.rs, www.eccf.su.ac.yu/tid/english.htm; Victimology Society of Serbia vds@eunet.rs, www.vds.org.yu, Group 484 ms@grupa484.org.rs www.grupa484.org.rs

Siria:
Syrian Environment Association (SEA), sea-sy@scs-net.org, www.sea-sy.org

Somalia:
Somali Organization for Community Development Activities (SOCDA), socda@socda.org, socda@globalsom.com; Afgoi Agricultural Development Organization (AADO); Afgoi Center for Education and Community Development (ACECOD); Banadir University; Baniadam Relief and Development Organization; Civil Society in Action; Coalition of Grassroots Women Organization (COGWO); Community Organization for Relief and Development (CORD); Dr. Ismael Jumale Human Rights Organization (DIJHRO); Elman Peace and Human Rights; Hamar University Islamic University; HINNA; Horn Relief; Humanitarian Agency for Relief & Development (HARDO); Iida Women Development Organization; Iiman Women Development Organization; Indian Ocean University; Iniskoy Human Rights Organization; Isha Human Rights Organization; Kalsan Voluntary Organization for Women (Kalsan); Mogadishu Standard Newspaper (Independent newspaper); Mogadishu University; Muslim Aid; Network for Somali NGOs (NETSON); Network in Somalia (FPENS); North and South Somali Women Widows Group; Peace Action Society for Somalia (PASS); Peace and Human Rights Network (PHRN); Pen Network; Private Formal Education; Resource Management Somali Network (RMSN); Saacid Voluntary Organization; School Association for Formal Education (SAFE); Sifa Women Voluntary Organization; SIRWA; Somali Business Women Association (SBWA); Somali Consultant Association (SOCA); Somali Engineering Union; Somali Health Care Organization (SHCO); Somali Independent Newspaper Association (SOINA); Somali Institute of Management & Administration Development (SIMAD); Somali Journalists Network (SOJON); Somali Law Society; Somali National Network of AIDS Service Organization (SONNASO); Somali Peaceline; Somali Rehabilitation Relief and Development Organization (SORRDO); Somali Scout Organization (SSO); Somali Women Journalist (SOWJA); Somali Young Women Activist (SOYWA); Somali Youth Council; Somalink Relief and Development Organization; SSWC; Subiye Development Volunteer Organization; Tadamun Social Society (TASS); Talowadaag Network; Ummu Ruman Women Organization; Umul Kheyr; Wanle Weyn Human Rights and Development Organization; We Are Women Activists (WAWA); Women Care Organization (WOCA); Youth Anti HIV/AIDS (YAA); Youth Movement for Democracy

Sri Lanka:
Movement for National Land and Agricultural Reform (MONLAR), monlar@sltnet.lk, www.geocities.com/monlarslk; Law & Society Trust (LST)

Sudán:
National Civic Forum, h_abdelati@hotmail.com, hassan.abdelati@usa.net; Al Amal Social Association

Suiza:
Alliance Sud - Swiss Alliance of Development Organisations, pepo.hofstetter@alliancesud.ch, www.alliancesud.ch; Bread for All; Caritas; Catholic Lenten Fund; Helvetas; Interchurch Aid; Swissaid

Tailandia:
Social Agenda Working Group (Social Watch, Thailand), suiranee@yahoo.com; Arom Pongpangan Foundation; Centre for Social Development Study; Chulalongkorn University Research Institute; Drug Study Group; Focus on the Global South Thailand; Foundation for Children’s Development; Foundation for Women; Peace and Conflict Study Centre; Peace and Culture Foundation; Political Economy Centre; Thai Development Support Committee; Women Network for the Advancement and Peace

Tanzanía:
Southern Africa Human Rights NGO Network (SAHRiNGON)-Tanzania Chapter, sahringontz@yahoo.com, rshilamba@yahoo.com; The Legal and Human Rights Centre (LHRC), National Legal Assistance (NOLA), Taaluma Women Group (TWG), Journalists' Environmental Association of Tanzania (JET), Women in Law and Development in Africa (WILDAF), Women's Legal Aid Centre (WLAC), Children Education Society (CHESO), Disabled Organization for Legal Affairs and Social Economic Development (DOLASED), Chama Cha Walemavu Tanzania (CHAWATA), Action for Relief and Development Assistance (AFREDA), Environmental and Human Rights Organization (ENVIHURO), Tanzania Volunteer Women Association (TAWOVA), Association for the Prevention of Torture (APT), Tanzania Media Women's Association (TAMWA), Tanzania Gender Networking Programme (TGNP), Tanzania Home Economics Association (TAHEA), Environmental Human Rights Care and Gender Organization (ENVIROCARE), Women Advancement Trust (WAT), United Nations Association of Tanzania (UNA-Tanzania), Women's Research and Documentation Programme, Tanzania Youth Awareness Trust Fund (TAYOA), Walio Katika Mapambano Na Aids Tanzania (WAMATA), Development Peace and Human Rights Centre (DPHRC), Lumbesa Group, Economic, Health and Social Development Association, Hakielimu, Tanzania Women and Children Welfare Centre (TWCWC), Tanzania Women Lawyers' Association (TAWLA), The Leadership Forum, The Human Rights Centre for Disabled Persons (HRCDP), PCNW, Environmental and Human Rights Organization (ENVIHURO), Upendo Women's Group, Tanzania Youth Association, Campaign for Good Governance (CGG), Centre for Human Rights Promotion (CHRP), Kagera Group for Development (KADGE), Women Economic Group Co-ordinating Council, Tanzania Mineworkers Development Organization (TMDO), Mbozi Biogas and Environmental Protection Association (MBEPA), Kilimanjaro Women Information Exchange and Consultancy Company Limited (KWIECO), Centre for Social Ethics, Morogoro Parelegal Centre, Mwanza Women Development Association (MWDA), Kivulini Women's Rights Organization, Kuleana Center for Children's Rights Profile, Youth Partnership Countrywide (YPC), Wazee Na Ukimwi Singida (WAUSI), Paralegal Aid Scheme for Women and Children, Mategemeo Group Mlalo (MGM), Tanga Aids Working Group (TAWG), Zanzibar Legal Services Centre, Umoja Wa Walemavu Zanzibar

Túnez:
Tunisian League for Human Rights, sjourshi@voila.fr; Tunisian Association for Democratic Women, bochra.bhh-avocate@voila.fr

Ucrania:
Liberal Society Institute, okisselyova@voliacable.com; okisselyova@yahoo.com

Uganda:
Development Network of Indigenous Voluntary Association (DENIVA) deniva@utlonline.co.ug, info@deniva.org.ug, www.deniva.org.ug; Acoke Rural Development Initiatives (ARDI); Action Aid Uganda; Action for Development (ACFODE); Action for Slum Health and Development; Action for Youth Organization Uganda; Action Line for Development (ALFORD); Action to Positive Change on People with Disabilities; Adult Education Centre; Adyaka Orphan Development Initiatives (AODI); Africa 2000 Network Uganda; Africa for Christ International; African Child Care Foundation; African International Christian Ministry (AICM); Agency for Promoting Sustainable Development Initiative (ASDI); Agriculture and Rural Development Programme; Akiika Embuga Women’s Self Help Association; Akwata Empola Women Development Association; Anaka Foundation Gulu; Anthony Youth Development Association (AYDA); Anti Corruption Coalition Uganda (ACCU); Arua District Farmers Association; Arua District Indigenous NGO Network (ADINGON); Awake Bushenyi; Bagya Basaaga Orange Freshed Potato Growers and Processors (BBOFPGAP); Bahai Faith International National Spiritual Assembly of The Bahai of Uganda; Bakatawamu Information and Development Empowerment (BIDE); Bakonzo Culture Association; Balyalwoba Rehabilitation and Development Agency (BARDEA); Banyo Development Foundation; Basic Needs UK in Uganda; Bedmot Child and Family Programme; Benevolent Support Child Programme Kampala; Bidhompola Community Development Association Mayuge (BICODA); Bileafe Rural Development Association (Arua); Blessings Christian Rehab Ministries; Blind But Able Self Help Project; Budde Women’s Development Association; Budongo Forest Community Development Organization (BUCODO); Bugiri District Literacy and Adult Education Network (BLAEN); Bugisu Civil Society Forum (BUCINET); Build Up Again Ex Prisoners Association (BAP); Bukogolwa Widows and Orphans Care Centre; Bundibugyo Association of the Disabled; Bundibugyo District NGOs/CBs Forum; Bunyoro Youth Development Network; Bushenyi District Civil Society Organization Forum (BUDCOF); Buso Foundation; Buwagi Rural Development Foundation; Ceazaria Complex Public Library; Centre for Community Enterprise; Centre for Conflict Resolution (CECORE); Centre for Environmental Technology and Rural Development (CETRUD); Centre for Peace Research (CPR); Centre for the Integrated Development; Child Aid International Lyantonde; Christian Children’s Network International; Community Action for Rural Development Association (CARD); Community Based Rehabilitation Alliance (COMBRA); Community Development Resource Network (CDRN); Community Effort for Women Development Concerns (CEWDCO); Community Empowerment Partnership; Community Health and Development Association-Uganda (COHEDA-Uganda); Community Integrated Development Initiatives; Concern for the Girl Child; Cultural Agency for Social and Environment Development (CASRDEN); Development and Rehabilitation Organization (DABO); Development Training and Research Centre (DETREC); Ebnezer Rural Ministries Uganda (ERIMU); Engabu Za Tooro Tooro Youth Platform for Action; Enhance Abilities Initiatives (EAI); First African Bicycle Information Office (Fabio); Forum for Women in Democracy; Foundation for Development and International Links (FODILI); Foundation for Human Rights Initiatives (FHRI); Foundation for Rural Development (FORUD); Foundation for Rural/Urban Poverty Alleviation (FORUPA); Foundation for Urban and Rural Advancement (FURA); Foundation for Young Orphans (FYO); Fountain of Hope Ministry Pader; Friends in Need Association (FINA); Friends of Orphans Pader; Friends Orphanage School; General Community Development Association; Genesis Microfinance Bureaux Ltd (Genefina); German Development Services; Goal Uganda; God’s Mercy Uganda (Traditional Herbs); Good Hope Foundation for Rural Development; Gospel Pace-Setting Ministries (GPM); Grass Root Women Development Organization (GWODEO); Green Pasture Christian Outreach; Gukwatamanzi Farmers Association Ltd; Gulu Community Based Management Network Project (GCBMNT); Gulu District NGO Forum (GDNF); Gulu Foundation Community Based Rehabilitation; Gulu Women Empowerment Network; Gwosusa Emwanyi Women’s Association; Habitat for Humanity; Hamukungu Women Association Group; Hewasa Health through Water and Sanitation Programme; HIV/AIDS Care and Support Project; Holistic Services for Uganda; Hope after Rape; Hope Association; Huys Link Community Initiative; Ibanda Rural Development Promoters; Ibanda Zero Grazing Association (IZGA); Iganga District NGO/CBO Forum; Ikongo Rural Development Association; Initiative for Women Equation (IWE); Integrated Care and Development Initiative; Integrated Environmental Defence (INED); Integrated Family Development Initiatives (IFDI); Integrated Rural Development Initiatives; International Anti Corruption Theatre Movement; International Child Welfare Organization; International Institute for Cultural and Ethical Development; Jamii Ya Kupatanisha; Jinja Diocesan Coordinating Organization (JIDDECO); Jinja Mothers’ Savings and Credit Scheme; Joint Energy and Environment Project (JEEP); Joint Energy to Save the Environment (JESE); Jonam Development Foundation; Kabaale District Civil Society Organizations Network; Kabale Civil Society Forum (KACSOF); Kabale Farmers Networking Association; Kabarole Intergrated Women’s Effort in Development (KIWED); Kabarole NGOs and CBOs Association (KANCA); Kabarole Research and Resource Centre (KRC); Kabbo Women’s Assistance Finance and Project; Kabongo Women’s Group / Dodoth Community Based Development Association; Kakuuto Network of Indigenous Voluntary Associations (KANIVA); Kamengo Business Institute; Kamuli Lutheran Church; Kamuli Lutheran Church HIV/AIDS Care and Support Project; Kamuli Network of NGOs (KANENGO); Kamwenge Bee Keepers Cooperative; Kamwenge District Indigenous Voluntary Development Organizations Network (KADIVDO); Kanyenze Rural Women’s Organization; Kapchorwa Civil Society Organizations Alliances (KACSOA); Karambi Women’s Association; Kasangati Orphans Fund Society; Kasawo Namuganga Development Association; Kaserengethe Rural Development Initiative Women Group; Kasese District Development Network; Kasilo Christian Youth Association; Katakwi Evangakinos People Living with AIDS (HIV/AIDS (KEPLWA); Kayunga District Farmers Association; Kibaale District Civil Society Network; Kibuku Multipurpose Cooperative Society Ltd; Kicwamba Nyankuku Rural Development; Kigezi Health Care Foundation; Kigulu Development Group; Kiima Foods; Kiira Adult Education Association; Kinawataka Women Initiative; Kinyamaseke United Women Club; Koboko Civil Society Network; Koka Women Development Programme; Kumi Network of Development Organizations; Kumi Pentecostal Assemblies of God; Kyakulumbye Development Foundation; Kyebando Associates Club; Lira Community Development Association; Literacy and Adult Basic Education; Little Sister of St. Francis; Makindye Multipurpose Youth and Vendors Group-CBO; Malukhu Youth Development Foundation; Masindi District Education Network; Matilong Youth Mixed Farming Organization; Mbarara District Civil Society Organizations Forum; Mengo Child and Family Development Project Ltd; Mpigi Widows Entrepreneurs (MWEA); Mpigi Women Development Trust (MWODET); Ms Uganda; Mt. Rwenzori Initiative for Rural Development; Mukono Multipurpose Youth Organization (MUMYO); Musingi Rural Development Association; Nabinyonyi Development Group; Namutumba District Civil Societies Network; Nangabo Environment Initiative (NEI); National Community of Women Living with HIV/AIDS (Nacwola) Kamuli; National Foundation for Human Rights in Uganda (FHRI); National Union of Disabled Persons in Uganda (NUDIPU); National Women Association for Social & Education Advancement; Ndiima Cares Association (NDICA); Network of Ugandan Researchers and Research Users (NURRU); Ngeye Development Initiative (NDI); Nile Vocational Institute (NVI); Northern Uganda Rural Association; Northern Uganda Vision Association; Ntulume Village Women's Association; Ntungamo District Farmers Association; Ntungamo District Local Government CBO; Ntungamo District NGOs/CBOs Forum; Ntungamo Rural and Urban Development Foundation; Nyabubare United Group; Nyio Development Association; Organization for Rural Development; Osia Integrated Farmers’ Cooperative; Palissa Development Initiative; Pallisa District NGOs/CBOs Network; Pamo Volunteers; Participatory Initiative for Real Development (PIRD); Participatory Rural Action for Development; Peace Foundation; Plan International Kampala; Poverty Alert and Community Development Organization (PACDO); Poverty Alleviation Credit Trust; Prayer Palace Christian Centre Kibuye; Protecting Families against HIV/AIDS (PREFA); Rakai Children Trust; Rakai Community Strategy for Development (RUCOSDE); Redeemed Bible Way Church Organization; Riamiriam Moroto Nakapiripiriti Civil Society Network; Ruhama Bee Keeping Group; Rural Initiative for Community Empowerment; Rural Initiatives Development Foundation (RIDF); Rural Productivity for Development Africa; Rushenyi Youth Drama Actors; Rushooka Orphans Education Centre; Rwenzori Agriculture Diversification Promotion Organization; Rwenzori Information Centre (RUCNET); Rwenzori Organization for Children Living Under Difficult Circumstances; Rwenzori Peace Bridge of Reconciliation; Rwoho Bakyara Twimusyane Tukore; Samaritan Partners for Development; Saving and Credit Society; Single Parents Association of Uganda; Small World Counselling Health Education Association; Soroti District Association of NGOs/CBOs Network; Soroti Rural Development Agency; South Eastern Private Sector Promotion Enterprise Limited; Spiritual Assembly of Uganda; St. Francis Tailoring Helper Programme; Sustainable Agriculture Society of Kasese; Sustainable Agriculture Trainers Network; Talent Calls Club; Tecwaa Child and Family Project Bweyale-Masindi; Temele Development Organization (TEMEDO); The Aged Family Uganda; The Forestry College at Nyabyeya; The Modern Campaign against Illiteracy; The Organization for the Emancipation of the Rural Poor; The Uganda Reach the Aged Association; The United Orphans Association; The Youth Organization for Creating Employment; Tirinyi Welfare Circle; Tororo Civil Society Network; Tororo District NGO Forum; Trinita Rural Integrated Community Development Association; Tripartite Training Programme; Triple B Kasese Community; Tukole Women’s Group; Tusubira Health and Research Foundation; Twezimbe Rural Development Organization; Uganda Change Agent Association; Uganda Christian Prisoners Aid Foundation; Uganda Church Women Development Centre; Uganda Coalition for Crisis Prevention (UCCP); Uganda Development Initiatives Foundation; Uganda Environmental Education Foundation; Uganda Environmental Protection Forum (UEPF); Uganda Gender Resource Centre; Uganda Human Rights Activists; Uganda Indigenous Women’s Club; Uganda Joint Action for Adult Education; Uganda Martyrs Parish; Uganda Media Women's Association; Uganda Mid Land Multipurpose Development Association; Uganda Mid Land Multipurpose Development Foundation; Uganda National Action on Physical Disabilities (UNAPD); Uganda Orphans Rural Development Programme; Uganda Project Implementation and Management Centre (UPIMAC); Uganda Restoration Gospel Churches Organization; Uganda Rural Development and Training Programme; Uganda Rural Self Help Development Promotion (SEDEP); Uganda Support for Children and Women Organization; Uganda Women Foundation Fund; Uganda Women Tree Planting Movement; Uganda Women’s Finance and Credit Trust Limited; Uganda Women’s Welfare Association; Uganda Women's Effort to Save Orphans; Uganda Young Men’s Christian Association; Uganda Youth Anti AIDS Association; UN Association of Uganda; United African Orphanage Foundation; United Humanitarian Development Association; United Orphanage School; Urban Rural Environment Development Programme; Victoria Grass Root Foundation for Development; Voluntary Service Team Mubende; Voluntary Services Overseas; Voluntary Services Trust Team; Volunteer Efforts for Development Concerns; Vredeseilanden Coopibo-Uganda; Wakiso Environment Conservation and Development Initiative; Wera Development Association; Women Alliance and Children Affairs; Women Together for Development; World Learning Inc; World Light Caring Mission Initiative; Youth Alliance in Karamoja (YAK); Youth Development Foundation; Youth Development Organization - Arua; Youth Initiative for Development Association; Youth Organization for Social Education and Development

Unión Europea:
European Solidarity Towards Equal Participation of People (EUROSTEP), admin@eurostep.org, sstocker@eurostep.org, www.eurostep.org

Uruguay:
Social Watch Secretariat, socwatch@socialwatch.org, www.socialwatch.org; CNS Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía; Instituto del Tercer Mundo

Venezuela:
PROVEA, provea@derechos.org.ve, www.derechos.org.ve

Vietnam:
VUFO-NGO Resource Centre (NGO RC), director@ngocentre.org.vn, www.ngocentre.org.vn

Yemen:
Human Rights Information and Training Center, hritc@y.net.ye

Zambia:
Women for Change (WFC), wfc@zamnet.zm, www.wfc.org.zm

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Region: 
left

Social Watch: La promoción de la responsabilidad

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes

Social Watch, una red que hoy cuenta con miembros en más de 60 países de todo el mundo, fue creada en 1995 como un “punto de encuentro de organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género”, respondiendo a la necesidad de promover la voluntad política requerida para hacer realidad las promesas de las Naciones Unidas. Desde entonces, esta red, que crece continuamente tanto cualitativa como cuantitativamente, ha publicado 14 informes anuales sobre los avances y los retrocesos en la lucha contra la pobreza y a favor de la igualdad de género, que han sido usados como herramientas de incidencia a nivel local, regional e internacional.

Desde el número 0, publicado en 1996, a la presente edición, la número 14, el Informe de Social Watch ha reunido a más de 600 informes de organizaciones de la sociedad civil, todos ellos compartiendo el objetivo de recordar a los gobiernos los compromisos asumidos y rastrear de manera independiente su implementación, país por país y en el plano internacional.

La presente edición, que contiene contribuciones de 61 organizaciones nacionales, mantiene la llama encendida en el momento de la creación de la red en 1995: la necesidad de generar herramientas y estrategias que corrijan la falta de mecanismos de rendición de cuentas y aseguren el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con las políticas sociales y los objetivos de desarrollo.

En la década en que se creó Social Watch, una serie de conferencias de alto nivel de Naciones Unidas – comenzando por la Cumbre de los Niños en 1990 y concluyendo con la Cumbre del Milenio en 2000 – redefinió la agenda social internacional. En 1995, la Cumbre Social (en Copenhague) y la Conferencia de las Mujeres (en Beijing) definieron por primera vez la erradicación de la pobreza y la igualdad de género como objetivos universales en común y fijaron metas y cronogramas concretos para alcanzar la meta que la Carta de la ONU formulara vagamente en 1946 como “dignidad para todos”. Para fomentar la voluntad política necesaria para convertir esas promesas en realidad, Social Watch fue creada como “un punto de encuentro de organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género” (Social Watch No. 0, 1996), por un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

Así, el Informe de Social Watch se formuló como una poderosa herramienta para la presentación de información estadística disponible internacionalmente, que a la vez diera cuenta del aspecto cualitativo de los problemas abordados mediante el análisis realizado por organizaciones sociales que trabajan directamente con diversas problemáticas a nivel nacional. Desde entonces, Social Watch ha publicado informes anuales sobre los avances y retrocesos en la lucha contra la pobreza y en favor de la igualdad de género, dos objetivos en gran medida superpuestos, ya que la mayoría absoluta de las personas que viven en la pobreza son mujeres.

Los informes anuales de Social Watch, al tiempo que agregan una dimensión internacional a los esfuerzos y campañas locales, se convirtieron en la primera iniciativa sustentable de monitoreo a nivel nacional dedicada al desarrollo y la equidad de género, y la primera en combinar ambos enfoques dentro de una perspectiva internacional.

El número 0 del Informe, publicado en 1996, incluía las contribuciones de 13 organizaciones; desde entonces, la red ha crecido de forma constante. Actualmente, Social Watch tiene miembros (“watchers”) en más de 60 países en todo el mundo, y su membresía crece todos los años.

Una red flexible

El “punto de encuentro” ha crecido y se ha transformado en varios aspectos, pero manteniendo siempre las ideas y objetivos que acompañaron su fundación. En el proceso preparatorio de la Cumbre Social de Copenhague, las organizaciones de la sociedad civil adoptaron formas ad hoc flexibles de organizarse como red. No se crearon estructuras formales ni se estableció un comité de dirección o grupo coordinador estable. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) prefirieron coordinar las acciones en espacios horizontales y abiertos, lo que para algunos analistas sentó un precedente para el formato organizativo que asumiría luego el Foro Social Mundial. Varias de estas organizaciones formaron, y aún conforman, la espina dorsal de Social Watch, lo que hace que la estructura y funcionamiento de la red mantengan gran parte de la flexibilidad y apertura originales.

Además de las coaliciones nacionales, la estructura de la red tiene tres componentes centrales: la Asamblea General, el Comité Coordinador y el Secretariado Internacional. En los últimos años también se establecieron estructuras de coordinación regionales y subregionales, como un espacio de coordinación pero no necesariamente como una instancia intermedia para vincular lo local con lo global.

Memorando de Entendimiento entre los grupos nacionales y la red Social Watch

  1. Las coaliciones deben estar basadas en el país y ser activas en los temas del desarrollo social en ese país (no exclusivamente académicos o consultores).
  2. Su compromiso básico con la red internacional es aportar un informe nacional, con sus propias conclusiones y definiciones de prioridades, a ser incluido en la publicación anual.
  3. Se espera que utilicen su informe nacional y el informe global en las actividades de cabildeo a nivel nacional.
  4. Deben estar abiertas a incorporar a otras organizaciones y a trabajar activamente para ampliar el conocimiento sobre Social Watch y promover la participación de otras organizaciones.
  5. Son responsables de recaudar fondos para sus actividades. Las coaliciones nacionales no dependen del Secretariado ni de otro organismo internacional de Social Watch para obtener sus fondos, y tampoco están obligadas a rendir cuentas de su situación financiera.
  6. Cada coalición escoge su propia estructura organizativa.
  7. Existe una incompatibilidad total entre ser miembro de Social Watch y ocupar puestos gubernamentales.
  8. Deberá buscarse la cooperación con otras plataformas nacionales a nivel subregional, regional y global.

El Memorando de Entendimiento se adoptó durante la I Asamblea General, realizada en Roma en 2000. Está disponible en: <www.socialwatch.org/es/acercaDe/asambleaRoma.htm>.

La red Social Watch no es una entidad constituida con personería jurídica y su punto de partida no fue la redacción de sus estatutos de funcionamiento. En cambio, se creó un Memorando de Entendimiento básico entre las coaliciones nacionales y la red, que funciona como marco, donde se establecen las expectativas para el trabajo en conjunto, respetando la autonomía de los miembros y la toma de decisiones democrática y horizontal. Uno de los principios fundamentales que distingue a Social Watch de otras redes internacionales de la sociedad civil es que no existe una estructura central que provea de fondos a sus miembros. Esta lógica de funcionamiento evita no solo las tensiones asociadas a una relación de tipo donante/receptor al interior de la red, sino también la pérdida de energía en discusiones sobre fondos, presupuestos, informes y procedimientos, lo que ha fortalecido el sentimiento de pertenencia de los miembros.

Cada una de las Coaliciones Nacionales decide la manera en que se organiza, de acuerdo a las condiciones en cada país. La membresía de Social Watch es muy diversa, incluyendo desde institutos o centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, sindicatos, grupos de mujeres, organizaciones rurales y otras. Dado que el informe internacional de Social Watch sólo puede dedicarle algunas páginas a cada país y está disponible exclusivamente en español e inglés, las coaliciones nacionales publican informes nacionales más extensos en Alemania, Benín, Brasil, Filipinas, India, Italia, Polonia, la República Checa, y la región árabe, en sus idiomas nacionales.

Asamblea General

La Asamblea General es el órgano máximo de dirección de la red. La discusión política y planificación estratégica de largo y mediano plazo se realiza en este espacio, que sirve como un foro para la toma de decisiones pero también como un espacio para reforzar el sentido de pertenencia y fortalecer la identidad y unidad de la red. Esta instancia tiene lugar cada tres años y hasta ahora se ha realizado tres veces, en Roma en 2000, Beirut en 2003 y Sofía en 20061. Además de fijar las prioridades para el mediano y largo plazo e identificar las alianzas potenciales dentro de la estrategia de incidencia, la Asamblea elige a los miembros del Comité Coordinador a quienes se delega la coordinación y el liderazgo político entre asambleas.

Comité Coordinador

El Comité Coordinador (CC) es el organismo político central en el trabajo “cotidiano” de la red, con una estructura que necesita de una comunicación fluida y se instrumenta principalmente a través de una lista de correo electrónico, además de las reuniones cara a cara realizadas dos veces al año y conferencias telefónicas regulares para abordar temas específicos.

Dado que el CC tiene la tarea de “asegurar la visibilidad política y la participación de la red en espacios y procesos relevantes”2, su integración busca la representación geográfica y el equilibrio de género pero también considera el aporte en términos de experiencia y capacidades que sus miembros pueden brindar al conjunto de la red. En general, las decisiones del CC han sido adoptadas por consenso, y las mismas son oportunamente informadas a los watchers. La participación constante de dos miembros del Secretariado como miembros ad hoc del CC asegura la coordinación entre los dos organismos. Al Secretariado le corresponde apoyar y llevar adelante las decisiones tomadas en este espacio.

Secretariado Internacional

El Secretariado es el principal organismo ejecutivo de Social Watch. La primera evaluación externa de la red (1995-2000) ya destacaba que “De los varios roles al interior de la red, el del Secretariado es el que más ha cambiado” (Hessini y Nayar, 2000). En sus inicios la tarea del Secretariado se limitaba a garantizar la producción del Informe, pero evidentemente ha ido incorporando una serie de funciones nuevas resultantes del crecimiento de la red, incluyendo actividades de investigación, capacitación, promoción de campañas, y representación de la red en varios foros internacionales.

 

Lo local, lo global y el Informe

Cada año Social Watch analiza en profundidad un tema distinto a través del Informe, por lo general relacionado con los temas en discusión en la agenda internacional que pueden abordarse desde una perspectiva local. Expertos de distintos orígenes y disciplinas aportan visiones alternativas a los problemas a través de los artículos temáticos. Esta perspectiva internacional se complementa con la elaboración de los informes nacionales y regionales en los que las organizaciones que forman parte de la red aportan la visión local, informando sobre el estado de situación en sus países en relación al tema específico de cada año.

Además, Social Watch produce índices y tablas estadísticas con información comparable a nivel internacional que presentan una perspectiva macro de la situación en determinadas dimensiones del desarrollo, pero a la vez habilitando la lectura a nivel nacional. Social Watch ha desarrollado indicadores alternativos para medir los avances y los retrocesos en la equidad de género y en la satisfacción de las capacidades humanas básicas, usados actualmente como referencia tanto por la sociedad civil como por instituciones internacionales.

Si bien los miembros utilizan el informe para incidir en distintos ámbitos, uno de los momentos clave para la difusión son los lanzamientos, que tienen lugar no solo en espacios relevantes del debate internacional sino también en cada uno de los países, donde gran parte de la atención se vuelca a los resultados del capítulo nacional. Este año, algunos hallazgos preliminares del Informe 2009 fueron destacados en la publicación Who Pays? The Global Crisis and What Needs to Be Done,3 que fue presentada en Junio en Nueva York en la Conferencia de la ONU sobre la Crisis Financiera y Económica y sus Impactos sobre el Desarrollo, así como en la Audiencia Popular sobre la Crisis, un evento que reunió a mas de 100 activistas de la sociedad civil mundial.

Se han publicado Cuadernos Ocasionales, principalmente con miras a la capacitación de las coaliciones miembros4, se han realizado varios talleres de capacitación a nivel regional y producido varios documentos de referencia. Por ejemplo, este año Social Watch formuló recomendaciones sobre temas relacionados a la arquitectura financiera y su impacto sobre el desarrollo que fueron presentadas a la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de la ONU sobre Reformas al Sistema Monetario y Financiero Internacional.  Además, a fin de compartir mejores prácticas en cuanto al trabajo de los grupos nacionales de Social Watch, se redactó y se divulgó la publicación Aprendiendo de experiencias exitosas – Un resumen del análisis de cuatro estudios de caso sobre coaliciones nacionales de Social Watch.5Asimismo, a través de su página web, blog, y presencia en redes sociales virtuales, Social Watch también está utilizando nuevas herramientas multi-media para divulgar información sobre temas relacionados con género, desarrollo y derechos humanos, fomentar discusiones entre integrantes de la sociedad civil y transmitir ideas a políticos y periodistas.  En varias oportunidades, voceros de Social Watch han hablado ante la Asamblea General de la ONU y otros organismos intergubernamentales en representación de la red o de sectores más amplios de la sociedad civil.

Referencias

Friedlander, E. y Adams, B. (2006). Informe de evaluación externa 2001-2005. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/noticias/documentos/Evaluacion_Externa_SW.doc>.
Hessini, L. y Nayar, A. (2000). Un Movimiento hacia la Justicia Social. Informe de Evaluación. Análisis Estratégicos para la Equidad de Género (SAGE). Nueva York. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/acercaDe/evaluacion.htm>.
Social Watch No. 0 (1996). Punto de partida. Instituto del Tercer Mundo. Montevideo. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/informeImpreso/informe1996.htm>.
Social Watch (2006). Estrategia y Marco de Actividades 2007-2009. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/noticias/documentos/Estrategia2007_2009_AGSofia2006.doc>.
Van Reisen, M (2001). Los dientes del león. La prehistoria de Social Watch. Instituto del Tercer Mundo. Montevideo. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/informeImpreso/images/otrasPublicaciones/ZOOM_01_esp.pdf>.

1 Los Informes finales, documentos de base y otros materiales de estas tres Asambleas están disponibles en: <www.socialwatch.org>.

2 El documento que describe la naturaleza y el mandato del Comité Coordinador se acordó en la II Asamblea General de Beirut en 2003. Disponible en: <www.socwatch.org/es/acercaDe/beirut/documentos/SW_PrincipiosCC.doc>.

3 Social Watch (2009) Who Pays? The Global Crisis and What Needs to Be Done, disponible en:  <www.socialwatch.org/en/avancesyRetrocesos/poster09/index.htm>.  

4 El primer Cuaderno Ocasional de Mirjam Van Reisen Los dientes del león aborda el contexto político que dio origen a la creación de Social Watch. El segundo, de Ana Ma. Arteaga, Control ciudadano desde la base realiza un análisis de la experiencia de democratización de los instrumentos internacionales de DDHH realizada en Chile en 1997. La tercera de estas publicaciones, compilada por Patricia Garcé y Roberto Bissio, introduce la experiencia de monitoreo de las metas de Copenhague a través del ejemplo concreto de Social Watch. Los Cuadernos 4 y 5, coordinados por el equipo de Investigación de Social Watch, abordan la pobreza y desigualdad en América Latina y los vínculos entre pobreza y DDHH. Los Cuadernos Ocasionales están disponibles en: <www.socialwatch.org/en/informeImpreso/cuadernosOcasionales.htm>.

5  Social Watch (2009) Learning from Successful Experiences: Summary of the Analysis of Four Case Studies from the Social Watch National Coalitions. Disponible en <www.socialwatch.org/en/informeImpreso/publicacion09.html>.

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left

Tabla de contenidos

Publication_year: 
2009
INFORME ANUAL: 
Yes

INFORME SOCIAL WATCH 2009

Voces que marcan la diferencia
Roberto Bissio

Visión preliminar de la crisis sistémica
Roberto Bissio

 

INFORMES TEMÁTICOS

Una respuesta a la crisis financiera y económica desde los derechos humanos
Aldo Caliari, Center of Concern

Igualdad de género y crisis financiera
Nancy Baroni, Canadian Feminist Alliance for International Action; Mirjana Dokmanovic, Association Technology and Society, Serbia and Women in Development Europe (WIDE); Genoveva Tisheva, Bulgarian Gender Research Foundation and Bulgarian-European Partnership Association and Emily Sikazwe, Women for Change

La crisis mundial en el precio de los alimentos
Sophia Murphy, Institute for Agriculture and Trade Policy

Justicia para enfriar el planeta
Isagani Serrano, PRRM, Social Watch Filipinas

Desafíos energéticos para Europa
Elena Triffonova, Bulgarian-European Partnership Association

Las obligaciones de las empresas transnacionales frente a los derechos humanos y el papel de la sociedad civil
Jana Silverman, Social Watch y Álvaro Orsatti, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas

La crisis económica mundial y los países menos adelantados: preocupaciones ciudadanas
Arjun Karki, LDC Watch

Aumentan los desafíos de desarrollo debido a la crisis mundial: opción de políticas en la región árabe
Kinda Mohamadieh, Arab NGO Network for Development and Oliver Pearce, Christian Aid

Respuesta europea a la crisis económica y financiera mundial
Mirjam van Reisen, Europe External Policy Advisors (EEPA), y Simon Stocker y Louisa Vogiazides, Eurostep

 

INFORMES NACIONALES

1

Alemania

 

32

Italia

2

Argelia

 

33

Kenia

3

Argentina

 

34

Líbano

4

Bahrein

 

35

Malasia

5

Bangladesh

 

36

Malta

6

Bélgica

 

37

Marruecos

7

Benín

 

38

México

8

Birmania (Myanmar)

 

39

Moldova

9

Bolivia

 

40

Mozambique

10

Brasil

 

41

Nepal

11

Bulgaria

 

42

Nicaragua

12

Camboya

 

43

Nigeria

13

Canadá

 

44

Palestina

14

Chile

 

45

Paraguay

15

Chipre

 

46

Perú

16

Costa Rica

 

47

Polonia

17

Egipto

 

48

Portugal

18

El Salvador

 

49

República Centroafricana

19

Eritrea

 

50

República Checa

20

Eslovaquia

 

51

Rumania

21

Eslovenia

 

52

Senegal

22

España

 

53

Serbia

23

Estados Unidos de América

 

54

Somalia

24

Filipinas

 

55

Tailandia

25

Francia

 

56

Tanzanía

26

Ghana

 

57

Uganda

27

Guatemala

 

58

Venezuela

28

Honduras

 

59

Vietnam

29

Hungría

 

60

Yemen

30

India

 

61

Zambia

31

Iraq

 

 

 

 

EL PROGRESO HACIA LAS METAS

Seguridad alimentaria
Escenario fragmentado

Educación
Se acentúan las diferencias

Información, ciencia y tecnología
El distanciamiento más acelerado

Asistencia al desarrollo
Cada vez más lejos de los compromisos asumidos

Agua y saneamiento
Se ensancha la brecha

Salud
Mejora desigual

Salud reproductiva
Marcada polarización

Ratificaciones de los convenios fundamentales de la OIT

Ratificaciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos

Cómo leer las tablas de Social Watch

Notas metodológicas: tablas temáticas

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Region: 
left

Voces que marcan la diferencia (Roberto Bissio)

Publication_year: 
2009
Summary: 
Este Informe de Social Watch entra en imprenta en septiembre de 2009, un año después de que el Gobierno de Estados Unidos fracasara en su intento de rescatar de la bancarrota a Lehman Brothers. El colapso de esta banca de inversión global marcó el punto álgido de una crisis que comenzó en el epicentro de las finanzas globalizadas de Wall Street y se extendió rápidamente a las economías de la enorme mayoría de los países del mundo.

Este Informe de Social Watch entra en imprenta en septiembre de 2009, un año después de que el  Gobierno de Estados Unidos fracasara en su intento de rescatar de la bancarrota a Lehman Brothers.  El colapso de esta banca de inversión global marcó el punto álgido de una crisis que comenzó en el epicentro de las finanzas globalizadas de Wall Street y se extendió rápidamente a las economías de la enorme mayoría de los países del mundo.

Dado que “crisis” ha sido la palabra clave del año, la pregunta que Social Watch formuló a su red de organizaciones nacionales de base para que estructurasen sus informes nacionales era bastante obvia: ¿cuál es el impacto social y ambiental de la crisis? ¿Qué está haciendo su gobierno al respecto? ¿Cuáles son las propuestas de la sociedad civil?

Cada coalición nacional de Social Watch, examinando la situación de su propio país, ha identificado diversas maneras en las que los efectos de la crisis se hacen sentir. Esas conclusiones son el núcleo de este informe y brindan la perspectiva de las personas que trabajan con y desde las bases.

El presente informe no fue realizado por encargo. Cada coalición nacional de Social Watch está compuesta por organizaciones y movimientos que, a lo largo de todo el año, trabajan en temas de desarrollo social. Sus conclusiones no buscan agotarse en la investigación; son utilizadas para llamar la atención de las autoridades sobre los problemas y ayudan a la elaboración de políticas más equitativas, sensibles a los problemas de género en favor de  los pobres.

Al comentar sobre la crisis, los grupos nacionales de Social Watch decidieron en base a sus propias prioridades y énfasis e incluso en base a su propia definición respecto al alcance de la actual crisis. Para hacer posible el informe, cada coalición nacional de Social Watch recaudó sus propios fondos y definió sus propios métodos de consulta con las bases para recabar evidencias y validar sus conclusiones. No rehuyeron la crítica a las autoridades, políticas, elites o sistemas de gobernanza nacionales siempre que lo estimaron necesario. La manifestación de opiniones críticas ayuda a fortalecer los procesos democráticos. Pero incluso cuando los informes encuentran que hay mucho que se puede (y se debe) mejorar internamente en cada país, estas conclusiones también señalan las limitaciones internacionales que no pueden ser solucionadas a nivel nacional.

La toma de decisiones a nivel internacional es poco democrática, tanto para la sociedad civil como para muchos gobiernos. Las organizaciones de la sociedad civil ni siquiera pueden asistir, en calidad de observadores, a la mayoría de los foros internacionales clave de toma de decisión y, en muchos casos, esto también se aplica a los gobiernos de los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los dos principales pilares de la gobernanza financiera mundial, están controlados por siete países y Estados Unidos tiene poder de veto en ambas instituciones (como también la Unión Europea, si sus países miembro asumen una posición común). En este sentido, la convocatoria a nivel de jefes de Estado de un “G-20”, una agrupación informal de las 22 economías del Norte y el Sur consideradas de “importancia sistémica”, es un bienvenido avance hacia el reconocimiento de la nueva realidad de la economía mundial. De todos modos, esto es claramente insuficiente por dos principales motivos: en primer lugar, porque aproximadamente 170 países quedan fuera, como ha sucedido en las cumbres del G-20 en Washington (noviembre de 2008), Londres (abril de 2009) y Pittsburg (septiembre de 2009). Y en segundo lugar, porque el G-20 no tiene ningún peso institucional, ningún estatus legal, ninguna responsabilidad, ninguna secretaría responsable de dar seguimiento a sus resoluciones y reglas ocultas para alcanzar una decisión en caso de que las negociaciones a puertas cerradas no logren llegar a un acuerdo.

Sin embargo, se ha esgrimido que la ventaja del G-20 consiste en que la reunión de un grupo reducido de líderes al más alto nivel es capaz de producir resultados significativos, en tanto que una reunión amplia, conducida de modo transparente, apenas podría generar discursos acalorados para consumo político y ningún acuerdo significativo. Lo que sucedió en los últimos doce meses, sin embargo, fue que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Doha en diciembre de 2008 y en Nueva York en junio de 2009, logró un consenso del “G-192” (el número total de miembros de las Naciones Unidas) que profundiza mucho más en su análisis de la crisis que cualquier otro documento acordado internacionalmente.

Social Watch fue un activo participante en todas las audiencias convocadas por el Padre Miguel D’Escoto, presidente de la 63ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y remitió sus recomendaciones a la comisión de expertos liderada por  el economista Joseph Stiglitz que asesoró al más alto organismo internacional en sus deliberaciones sobre la crisis y sus impactos sobre el desarrollo. Social Watch organizó, junto con docenas de organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, la “Audiencia Popular sobre la Crisis”, evento que tuvo lugar en Nueva York y que reunió a las víctimas locales de la crisis con activistas e investigadores de todo el mundo. Nuestra red también participó activamente en las mesas redondas que se desarrollaron durante la misma Conferencia de Alto Nivel de junio y, aun cuando solo algunas de nuestras recomendaciones quedaron plasmadas en el documento final, tuvimos ocasión de felicitar públicamente a los negociadores de los gobiernos por haber alcanzado un consenso que parecía imposible.

Ahora es el momento de poner en práctica esos acuerdos, de pasar de las palabras a la acción.

El porqué y el cómo llevar esto a cabo lo descubrirá el lector en este Informe 2009 de Social Watch.

Roberto Bissio
Secretariado Internacional de Social Watch

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